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created: 22 mar 2015 21:42:28 UTC ~ updated: 21 feb 2019 09:12:56 UTC ~ rssv2 ~ TTL 10 min. ~ es

El espionaje policial a Luis Bárcenas para favorecer al Partido Popular, entonces en el Gobierno, ha llevado a los investigadores hasta el corazón de la brigada política que funcionó en el Ministerio del Interior durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. Después de que fuera imputado su máximo responsable, el comisario Eugenio Pino, ha llegado el turno de sus dos lugartenientes, los inspectores jefe José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano, así como del que fuera jefe de la Unidad de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas. El juez del caso Villarejo ha decidido citar a los tres mandos en calidad de investigados en la pieza secreta de la Operación Kitchen, según han revelado a eldiario.es fuentes del caso.

Las citaciones de Martín-Blas, Fuentes Gago y Díaz Sevillano se han acordado después de las declaraciones como investigados del propio Pino, el comisario Villarejo, Enrique García Castaño y el policía asesor de María Dolores de Cospedal, Andrés Gómez Gordo. Todos ellos como protagonistas del espionaje a Luis Bárcenas a través del pago de fondos reservados al que fuera chófer de la familia, Sergio Ríos Esgueva, también imputado.

La consecuencia de la decisión del juez Manuel García Castellón supone que toda la primera línea de la policía política que actuó en el Ministerio del Interior entre 2012 y 2016 ya está siendo investigada en el caso Villarejo. En la cúspide, el comisario Pino, el policía que el PP eligió para dirigir la Policía cuando Rajoy llegó a Moncloa. Eugenio Pino era, como el nuevo investigado Martín-Blas, un policía de la confianza de Génova.

Ambos habían colaborado con el Partido Popular en materia de Interior cuando los conservadores estaban en la oposición. Al llegar al poder, uno llegó a lo más alto y al otro, Martín-Blas, se le asignó Asuntos Internos, la unidad dedicada a investigar a otros policías y cuya opacidad decidió a Pino a convertirla en una pieza clave de la policía política y, en especial, de la Operación Catalunya. Sus agentes trabajaron sobre el terreno en las investigaciones prospectivas a líderes del procés y sus entornos personales, según desveló eldiario.es en noviembre de 2014.

Asimismo, Asuntos Internos albergó una nueva Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC) dedicada supuestamente a reabrir investigaciones de la Policía que no habían llegado a buen puerto. Con esa excusa, el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz repasó la investigación policial del 11-M, una década después de los atentados y con sentencia firme del Tribunal Supremo; o el caso Faisán, que igualmente afectaba a la época del PSOE en el Gobierno. Contra Podemos, la brigada política fabricó el informe PISA. 

Los investigadores del caso Villarejo sospechan que, como otros encargos "parapoliciales", Asuntos Internos pudo participar en la Operación Kitchen. Martín-Blas defiende que él nunca ha trabajado junto a Villarejo. El enfrentamiento entre ambos comisarios acabó con Martín-Blas cesado

En autos recientes, el juez García Castellón incluye la siguiente afirmación en relación con la Operación Kitchen: "Dirigentes del Partido Popular se habrían servido a su vez de miembros del Cuerpo Nacional de Policía para conseguir objetivos particulares de dicho partido político o de cargos del mismo a través de la comisión de hechos delictivos con abuso de funciones". Por encima de Pino en Interior solo estaban Ignacio Cosidó, director general de la Policía; Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad; y el ministro Fernández Díaz. Como parlamentarios, a día de hoy los tres están aforados ante el Tribunal Supremo.

Fuentes Gago, una coartada para Villarejo

También en un destacado lugar de las maniobras policiales, pero sin unidad que mandar, estuvo José Angel Fuentes Gago. Este inspector jefe hizo las veces de jefe de gabinete en la Dirección Adjunta Operativa de Eugenio Pino durante la mayor parte del mandato del comisario.

Bonifacio Díaz Sevillano, quien ya trabajaba en la brigada política, sustituyó a Fuentes Gago cuando éste fue premiado con un destino en el extranjero. Ambos aparentaron actuar como jefes de gabinete de Pino. Su papel en la trama de la policía política tuvo que ser, sin embargo, desvelado por informaciones periodísticas que iban dibujando la verdadera silueta de ambos policías.

El Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz se vio obligado a abrir sendas investigaciones internas cuando El País publicó el patrimonio millonario del comisario Villarejo y otros dos medios de comunicación reprodujeron un extracto de la conversación mantenida entre el policía e Ignacio González, a cuenta del origen del lujoso ático de éste último. El elegido para dirigir esas pesquisas sobre Villarejo fue Fuentes Gago, a pesar de que trabajaba junto a Villarejo en la Dirección Adjunta Operativa y de que era un policía de menor rango que el investigado. En ambas , Fuentes Gago concluyó que no había irregularidad alguna en la actuación de Villarejo.

José Ángel Fuentes Gago guardaba en su teléfono móvil el pantallazo de la falsa cuenta de Xavier Trias en un banco suizo. El exdirector de la Oficina Antifrau de Catalunya Daniel de Alfonso confesó ante la comisión de investigación del Congreso que el inspector jefe le mostró esa información en su terminal telefónico. De Alfonso es el protagonista, con Jorge Fernández Díaz, de las grabaciones en el despacho del ministro, en las que este describe buena parte del funcionamiento de la Operación Catalunya. En esas grabaciones, tanto Fernández Díaz como De Alfonso reconocen a Fuentes Gago como muñidor del encuentro entre ambos. Ante el Congreso, Fuentes Gago dijo no haber pertenecido a ninguna brigada política. 

La información por la falsa cuenta de Trias fue portada de El Mundo y su origen está en la Policía, según ha admitido públicamente el director adjunto operativo de la época y artífice de la brigada política, Eugenio Pino. A día de hoy no ha trascendido cuánto dinero de los fondos reservados se utilizó para comprar esa información falsa, ni qué policías se desplazaron a un país extranjero a obtenerla, como fuentes policiales aseguran que ocurrió.

Por su parte, Díaz Sevillano se sentará en el banquillo junto a Pino por intentar introducir información robada en la investigación que se sigue a los Pujol en la Audiencia Nacional. Por eso y por mentir al juez José de la Mata cuando abrió una pieza separada para investigar la maniobra. El juez ha dictado auto de pase a procedimieno abreviado por los delitos de revelación de secretos, fraude procesal y falso testimonio. La acusación particular les pide más de dos años de cárcel.

El club de los 'diezmileuristas'

Díaz Sevillano, Fuentes Gago y otro policía compartían un despacho en la calle Rafael Calvo de Madrid, sede de la Dirección General de la Policía, que mandos policiales describen como la auténtica sede de la policía política. Durante su declaración en la Audiencia Nacional por el pendrive de los Pujol, Díaz Sevillano le dijo al juez que allí guardaban un disco duro externo con las informaciones que les llegaban y que lo destruyeron por orden de Pino.

Condecorados en ese periodo con una medalla pensionada, esta no fue la única recompensa para ambos inspectores jefes. Los dos fueron destinados a embajadas españolas con remuneraciones estratosféricas, convirtiéndose así en miembros del club de diezmileuristas que el comisario Pino creó con sus máximos colaboradores. Fuentes Gago marchó a La Haya como agregado de Interior con una remuneración de 10.000 euros brutos mensuales. Cuando llegó, su mujer, también policía, llevaba meses en otro destino de la Policía española en esa misma ciudad, con un sueldo muy parecido. El destino de su esposa también lo había decidido Eugenio Pino.

Díaz Sevillano, por su parte, fue agraciado con la embajada española en México. Su sueldo bruto, más de 11.000 euros mensuales. El actual equipo de Interior cesó a ambos en una de sus primeras medidas tras el cambio de Gobierno y ahora ocupan destinos burocráticos en el Cuerpo Nacional de Policía.

El Gobierno y Unidos Podemos continúan su acercamiento para tratar de salvar las medidas de reforma del mercado del alquiler antes del inminente fin de la legislatura. Este miércoles ha habido una reunión de cargos políticos en la sede del Ministerio de Fomento. Se trata del tercer encuentro desde que se retomaron las conversaciones tras el fiasco de la convalidación del primer decreto. Ha habido avances, pero el control de las subidas de precios continúa siendo un escollo.

El primer decreto fracasó por la negativa del grupo confederal a dar su apoyo a un texto que incluía el alargamiento de los contratos y daba más facilidades a los ayuntamientos para invertir en vivienda, pero no contenía los límites de subida de precios del alquiler. En aquel momento, el Ministerio advirtió de que renunciaba a aprobar un nuevo decreto y que prefería el desarrollo de las medidas a través de un proyecto de ley. La posterior convocatoria anticipada de elecciones podría haber cambiado este criterio. 

Las negociaciones entre las partes se retomaron hace dos semanas. La idea que surgió de estas reuniones, y que aceptaba Unidos Podemos, era que los límites de precios se incluyeran en los Presupuestos de 2019. Pero este camino está cerrado una vez que las cuentas para el año que viene han sido rechazadas ya en el trámite de votación de las enmiendas a la totalidad. 

El Ministerio estaría ahora abierto a la opción de que se aprobase otro decreto siempre que se garantizase su convalidación en la diputación permanente (el órgano de representación parlamentaria que sustituye al pleno del Congreso en periodos inhábiles, como el que comienza en breve cuando se disuelvan las Cortes el día 5 de marzo).  

Esta semana, el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, explicaba que no descartaba la aprobación de un nuevo decreto. "El presidente del Gobierno y el ministro han dicho que vamos a gobernar hasta el último minuto porque hay urgencias sociales y miles de ciudadanos que necesitan de una política social", afirmó.

En cuanto a los índices de precios, Saura señaló que es una decisión que debería depender de ayuntamientos y autonomías. En el pacto presupuestario que firmaron en octubre el Gobierno y Unidos Podemos, se especificaba que esta medida se desarrollaría a lo largo de 2019.

Pero en todo caso, el Gobierno asegura que la regulación de precios no puede incluirse en un real decreto porque afecta al derecho a la propiedad, y que solo se puede desarrollar vía proyecto de ley. Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea no comparte este criterio y cree que debe introducirse ya.

Con la competencia de regulación de precios de alquiler en manos de los gobiernos locales y regionales, Fomento defiende un planteamiento similar al que mantiene en relación a la regulación de los vehículos de alquiler con conductor (VTC). Este esquema competencial exigió la aprobación de un decreto específico, que es lo que reclama Unidos Podemos para el alquiler.

Vuelta a la ley de 2013

El Gobierno aprobó en Consejo de Ministros el pasado diciembre un real decreto que no incluía la potestad para CCAA y ayuntamientos de limitar las subidas de precios del alquiler, motivo por el que Unidos Podemos, así como ERC, votaron en contra del texto. El rechazo de PP y Ciudadanos, por otros motivos, supuso su caída. Votaron a favor PSOE, Coalición Canaria, Compromís, PDeCAT y PNV.

La derogación del decreto supuso la vuelta a las condiciones de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 2013, tras poco más de un mes en el que estuvieron en vigor contratos de cinco o siete años (frente a los tres actuales) o la limitación de las fianzas. Los contratos que se firmaron en ese periodo sí han quedado sujetos a las condiciones ahora revocadas. 

Desde el primer momento, la voluntad de Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea ha sido redactar junto al Gobierno un nuevo decreto con el que se sientan más cómodos. Su relato es que el anterior lo aprobaron sin avisarles, cuando estaban aún abiertas las negociaciones. "Su Gobierno ha decidido sentarse a hablar seriamente con nosotros en los últimos días. Hemos avanzado más en dos tardes que en dos meses", dijo Lucia Martín a José Luis Ábalos desde la tribuna el día de la derogación. "Hoy votaremos en contra, y sin embargo nuestro voto no busca humillarles, ni hacerles daño ni deshacer la mayoría de progreso de la moción de censura", añadió.

Ciudadanos ya no inspira confianza ni al PP ni al PSOE. Ambos partidos que en el pasado reciente suscribieron distintos acuerdos políticos, de investidura o de gobierno con la formación que preside Albert Rivera, denuncian ahora sus "bandazos" y cambios de criterio y prefieren no contar con el grupo que se define como liberal –hasta 2017 se identificaba como socialdemócrata– para hipotéticos pactos postelectorales tras los comicios generales del 28 de abril y las autonómicas y municipales del 26 de mayo.

Los de Rivera, que tras las generales del 20N de 2015 lograron un acuerdo para investir como presidente a Pedro Sánchez y que tras fracasar el pacto hicieron a Mariano Rajoy presidente después de las elecciones del 26J, aprobaron en su Ejecutiva del lunes no pactar con el PSOE para que el actual jefe del Gobierno pueda resultar reelegido. Consideran que "los socialistas tienen que pasar a la oposición" como castigo por el diálogo del Ejecutivo con la Generalitat catalana y las fuerzas independentistas.

El veto no incluye posibles pactos con los socialistas en comunidades y ayuntamientos, lo que ha despertado los recelos tanto de PSOE –que sitúa a los de Rivera en el mismo bando que a la extrema derecha– como del PP, que en los últimos meses había incluido siempre a Ciudadanos y a Vox en el "bloque de centro derecha" que pretende liderar para desbancar a la izquierda de todas aquellas administraciones en las que los tres partidos puedan sumar apoyos. 

La desconfianza por parte del PSOE hacia Ciudadanos se motiva, principalmente, en el acuerdo alcanzado por la derecha para gobernar Andalucía después de 36 años de hegemonía socialista y en la foto de la concentración de la Plaza de Colón del pasado 10 de febrero convocada por el PP y el partido de Rivera, a la que se sumaron Vox y fuerzas ultraderechistas y neonazis. 

Las "chaquetas" de Rivera

Esa imagen de Colón en la que se pudo ver por primera vez juntos a Rivera y Santiago Abascal –una foto que el líder de Ciudadanos había tratado de evitar a toda costa en las últimas semanas– es mencionada permanentemente por los dirigentes del PSOE y del Gobierno para atacar al partido naranja y volvió a ser utilizada este miércoles por el propio Pedro Sánchez durante la sesión de control al Ejecutivo que tuvo lugar en el Congreso. 

"Usted debe de tener un armario lleno de chaquetas", ironizaba el jefe del Gobierno durante su respuesta a Rivera, que le preguntaba sobre su valoración acerca de la actualidad política. En opinión de Sánchez, durante la concentración de Colón Rivera "dejó la chaqueta de supuesto liberal y se puso una chaqueta que huele a naftalina, la de la ultraderecha".

El presidente del Gobierno también lamentaba que Ciudadanos ponga al PSOE "un cordón sanitario" siendo el suyo "un partido que lleva 140 años sirviendo a España y que ha gobernado el país durante la mayoría de los años de la democracia". Para Sánchez el concepto de la democracia de Rivera es "excluyente", porque con su veto no excluye solo al PSOE o a él como candidato a la Moncloa, sino a los millones de españoles que votan a este partido.

Cada vez que se le pregunta sobre los posibles pactos futuros con el partido de Rivera, el líder del PP, Pablo Casado, insiste, por su parte, en que la "única garantía" de que no gobierne la izquierda es votar a los populares. El presidente del PP asegura tener una "muy buena relación" con Albert Rivera porque ambos dicen defender "la Constitución y la unidad de España", pero recuerda que el líder de Ciudadanos pactó con Sánchez en 2015 y con Susana Díaz en Andalucía, por lo que considera que no es de fiar. "A nosotros no nos preguntan si vamos a pactar con Sánchez porque somos creíbles", apuntaba el martes en una entrevista en Telecinco.

"El juego del filibusterismo"

Fuentes de la dirección del PP insisten en que, pese a lanzar esas sospechas, la intención de Casado es "no tocar un pelo" a Ciudadanos durante la campaña electoral porque no quiere "polemizar" con sus "posibles socios". Génova advierte, de todas formas, de que ante los "bandazos" de los de Rivera en el caso de tener que lograr algún acuerdo con el partido "todo quedará por escrito" para garantizarse ese respaldo durante toda la legislatura. 

Este miércoles, el vicesecretario de Comunicación del PP, Javier Maroto, consideraba que si en la noche electoral del 28A se vislumbra que "hay un gobierno del PP, con una mayoría clara que lo sustente, no habrá retraso", pero advertía de que "si hay cualquier otra posibilidad, retrasarán todo lo posible y comenzaran el juego del filibusterismo con las consultas al rey, con engaños y pactos por detrás".

El de Maroto era un contundente dardo contra los de Rivera, a quien reprochaba que en 2016 ya prometió que no haría presidente ni al propio Sánchez ni a Mariano Rajoy y finalmente alcanzó acuerdos con ambos.

Golpista, fascista, chaquetero... Hace tiempo que el decoro parlamentario dejó paso a la crispación política, pero ahora se ha recrudecido cuando la campaña se ha trasladado ahora a las Cortes, a dos semanas de su disolución ante la convocatoria de las elecciones generales. Las estrategias de Pablo Casado, Pedro Sánchez, Albert Rivera e Irene Montero quedaron claras durante la primera sesión en el Congreso tras la confirmación del adelanto electoral, que anticipó una bronca competición hasta el 28A.

El PP no ha dudado en verter acusaciones falsas contra Sánchez en el Congreso y el Senado, al igual que en actos de la precampaña. La última fue la exageración de Casado sobre el diálogo del Gobierno con los independentistas al acusar al presidente de "intentar vender la nación". El jefe de la oposición invitó al socialista a "empaquetar el colchón" de la Moncloa, en referencia a su libro Manual de Resistencia en el que confiesa que su primera decisión como presidente fue cambiar el que había usado en los últimos años Mariano Rajoy.

"Ojalá la mentira y la crispación salgan de la vida política", le respondió el presidente. No obstante, el enfrentamiento total entre Casado y Sánchez comenzó mucho antes: el socialista rompió relaciones con el jefe de la oposición cuando le acusó en el hemiciclo de ser responsable del Golpe de Estado en Catalunya. Desde entonces, Casado ha subido el tono y llegó a agraviar en más de una docena de ocasiones a Sánchez en un mismo discurso en el que le llamó desde "felón" hasta "traidor". Los conservadores sitúan el inicio del 'vale todo' en el debate televisivo en el que Sánchez llamó "indecente" a Rajoy. Han pasado de eso casi cuatro años.

Tras acusar al líder del PP de tener "la lengua del insulto muy larga y las patas de las mentiras muy cortas", Sánchez evitó entrar en la confrontación con Casado y se despachó con la línea argumental de su precampaña: "Está dibujando una España en la que solo caben los que piensan como usted y yo defiendo una España en la que cabemos todos", dijo el presidente, a quien interrumpía constantemente la bancada de los conservadores y las llamadas al orden de Ana Pastor. 

La "naftalina" de la "chaqueta" de Rivera

Sánchez sí pasó al ataque con Albert Rivera, que intervino por última vez en una pregunta al presidente en una sesión de control al Gobierno. "Hemos venido a liderar el cambio y usted lo que está liderando es el cambio de chaqueta permanente –le reprochó el socialista–. Después de la foto con Abascal y Casado en Colón debe de tener un armario lleno de chaquetas. Ha dejado la chaqueta del liberal y se ha debido de poner una chaqueta que huele a naftalina, la de la ultraderecha".

El PSOE pretende explotar el pacto de la derecha para gobernar en Andalucía del que Ciudadanos trató de desvincularse. Los socialistas consideran que Rivera se deja votos en el centro que pueden capitalizar y por eso se esfuerzan en situarle al lado de Vox. El auge de la extrema derecha y la posibilidad de una "involución" en España con una reedición del acuerdo andaluz. 

El líder de Ciudadanos, por su parte, reiteró la decisión de su partido de no pactar con el PSOE tras las elecciones del 28 de abril. Los de Sánchez ven detrás del anuncio de esa posición el temor de Rivera a una fuga de votos hacia Vox. "Olvídese de cualquier pacto que no pase por los populistas y los independentistas", advirtió a Sánchez. PP y Ciudadanos han usado en los últimos meses el conflicto territorial como arma arrojadiza contra el PSOE, donde ese debate causa convulsiones internas periódicamente. Los conservadores llegaron a pedir a diputados socialistas que no apoyaran los Presupuestos de Sánchez. 

"Golpistas" vs "fascistas"

Joan Tardà, por su parte, aprovechó para denunciar que Ciudadanos había vuelto a calificar a los independentistas de "golpistas" y, como anunció que haría hace unos cuantos plenos, le ha devuelto el golpe a Rivera llamándole "fascista".

La batalla del relato frente a los independentistas Sánchez la llevó al Senado este martes, donde pasó al ataque al acusarles de "querer vivir del conflicto" y de estar más cómodos "cuando gobierna el PP". El presidente socialista ha querido marcar distancias con ERC y PDeCAT tras la asunción de que las cuentas públicas no verían la luz y provocarían unas generales inminentes. La foto con los separatistas no interesa a los socialistas en la campaña electoral. 

En esa cita en la que se celebró la última sesión de control al Gobierno en el Senado, el PP mantuvo la bronca a la que ha acostumbrado en los últimos meses. Despidió a Sánchez con un abucheo y el presidente de la Cámara, Pío García Escudero, llegó a comparar el hemiciclo con un "estadio de fútbol". "Este es el último pleno. Vamos a acabar bien la fiesta", pidió a los senadores. La pugna por romper la mayoría absoluta del PP en el Senado será una de las protagonistas de la campaña. Los de Casado están apelando al voto útil precisamente para mantener esa superioridad que le ha permitido esta legislatura imponer su rodillo contra el resto de grupos con la creación, por ejemplo, de una comisión de investigación sobre la financiación irregular de los demás partidos en respuesta a la que se creó en el Congreso por las finanzas del PP. 

También Unidos Podemos ha pasado a la gresca contra el Gobierno ante la inminencia de las elecciones. La portavoz del grupo confederal, Irene Montero, destapó que el Gobierno ha impuesto el mismo control al gasto público que el Gobierno de Rajoy hace un año y que los socialistas denunciaron. "Han traído los recortes por la puerta de atrás a este país. Imponer estos recortes es la prueba más evidente de que ustedes no son de fiar", reprochó Montero: "Cuando creen que nadie les ve, se comportan como el PP de Montoro". 

Los socialistas mantienen un tono más bajo con los que hasta ahora han sido sus "socios preferentes". Aunque el presidente agradeció el apoyo a Unidos Podemos, Sánchez afeó a Montero que hiciera un "planteamiento más de campaña que un relato fidedigno de lo que ha pasado durante estos ocho meses". 

Pensiones y recortes: los choques de Unidos Podemos

El socialista también reprochó al grupo confederal que dinamitara el Pacto de Toledo. La decisión de presentar votos particulares a las distintas recomendaciones sobre pensiones pilló por sorpresa al resto de formaciones en un momento en el que el consenso estaba cerca, aunque el PP tampoco estaba dispuesto a permitir que el Gobierno se anotara ese tanto. 

Esa decisión de última hora de Unidos Podemos ha desatado una batalla cruzada entre distintos grupos. La diputada de En Marea Yolanda Díaz ha acusado al Gobierno de dejar "promesas incumplidas". "Promesas incumplidas con este grupo, con la sociedad española y los sindicatos de clase", ha clamado Díaz, que ha pedido al Gobierno socialista que "acaben ya con la reforma laboral del PP". "Queremos hechos y no palabras", le ha reclamado la parlamentaria a la ministra de Trabajo: "Le vamos a decir la España que queremos –le ha dicho en alusión al lema de precampaña del PSOE–; esa en la que los jóvenes puedan volver del exilio y puedan trabajar con dignidad, en la que las mujeres cobren idénticos salarios y que los españoles no tengan que trabajar en negro porque su pensión es de 600 euros".

La ministra Magdalena Valerio le reclamó que bajara el tono y que no culpara al PSOE de la voladura del Pacto de Toledo. La titular de Trabajo le recordó que todos los grupos acusan a Unidos Podemos de haber propiciado la ruptura y achacan la decisión a la cercanía de los comicios así como a la división en el propio grupo confederal. 

La pelea también se produjo entre Compromís y Podemos, que se presentaron juntos a las elecciones pero no lo harán en esta ocasión: "Algunos deberán explicar por qué rechazan IPC, garantizar pensiones dignas acorde a la Carta Social Europea, terminar déficit de la Seguridad Social en 2025, terminar brecha salarial, etc.", expresó el diputado valenciano Ignasi Candela. "Está muy bien ser el recadero del PSOE pero es mejor no mentir", le espetó la portavoz adjunta de Unidos Podemos, Ione Belarra. 

Catalunya, los Presupuestos, las pensiones, la marcha de la economía española... los grupos cogieron impulso en las últimas sesiones parlamentarias ante la campaña electoral que se avecina. 

El espacio político de Unidos Podemos peligra. La alianza electoral que se ha ido fraguando entre Podemos e IU a nivel estatal, autonómico y municipal se resquebraja. En las elecciones del próximo 26 de mayo, ambas formaciones irán por separado en algunas regiones. También en municipios. Y si acaba saltando por los aires la negociación en Madrid es probable que el 28 de abril se repita el escenario de diciembre de 2015, cuando hubo dos papeletas para las elecciones generales.

La coalición que lidera Alberto Garzón da por imposible el acuerdo ya en cuatrc  comunidades autónomas de las 13 en las que habrá urnas en mayo. Y ve en serio riesgo otras tres. Fuentes de la Secretaría de Organización de Podemos consultadas por eldiario.es aseguran que el partido "sigue haciendo todos los esfuerzos para alcanzar acuerdos en todos los territorios".

Entre las regiones donde el pacto es inviable hay dos ya conocidas: Asturias, donde las relaciones han sido siempre malas y donde nadie contaba con un acuerdo; y Murcia, donde IU ha cerrado un acuerdo con Anticapitalistas para concurrir juntos al margen de Podemos. 

A esta lista se sumaban este miércoles Navarra según informaba el secretario de Organización de IU, Ismael González, a Europa Press. Y apuntaba con mucha fuerza otras dosdmás: Castilla y León yyAragón. Las conversaciones para formalizar la papeleta autonómica, sumado a los problemas para repetir la candidatura de Zaragoza en Común, no avanzan.

Fuentes de Podemos señalan a eldiario.es precisamente como principal punto de fricción "las exigencias de IU" sobre las listas electorales y la falta de acuerdo en la capital aragonesa.

Otras dos autonomías donde ha habido problemas son Cantabria y La Rioja. En ambas regiones Podemos ha visto cómo sus primarias acababan en los tribunales por diferentes querellas. En Cantabria todo parece indicar que el acuerdo será posible. En La Rioja, todo dependerá del resultado del juicio sobre el proceso interno que, en principio, está previsto para este mismo jueves.

Madrid, pieza clave

Con todo, la clave está en Madrid y lo que allí ocurra. Los movimientos en la ciudad, y en la región, adquieren de forma habitual un carácter estatal que no siempre le corresponde. En el caso de Podemos y de IU, esta realidad se multiplica, máxime desde el anuncio de alianza de Íñigo Errejón con Manuela Carmena al margen de de la dirección de Pablo Iglesias.

Hoy por hoy, el acuerdo entre Podemos e IU en Madrid está parado. La coalición de izquierdas ha iniciado un proceso para conformar una candidatura a la que ha invitado a su principal aliado. De él ya forma parte Anticapitalistas, como ocurre en Murcia.

En Andalucía, Podemos e IU sellaron su acuerdo para las autonómicas del pasado mes de diciembre con una fórmula que no gustaba a la dirección estatal. La dirigente andaluza, Teresa Rodríguez, es precisamente una de las principales referencias de Anticapitalistas que, a su vez, es una escisión de la propia IU de 2007.

Podemos, de momento, se mantiene al margen de este proceso. El Equipo Técnico (gestora) que dirige el partido en la región tras la dimisión del secretario general, Ramón Espinar, ha abierto una consulta entre sus bases, pero las negociaciones las ha asumido directamente la dirección estatal de Pablo Iglesias.

También se desconoce aún si Podemos ha encontrado ya a la candidata que buscaba, junto a IU, para sustituir a Errejón.

El adelanto electoral de las generales podía servir como catalizador para forzar un acuerdo en Madrid ya que, sin él, se ponen el peligro las alianzas de ámbito estatal, incluida la europea. Pero la situación no parece mejorar. "Madrid caerá con toda probabilidad", apuntan a eldiario.es desde la dirección de IU. 

Si esto ocurre, se abrirá un cisma en el espacio de Unidos Podemos difícil de calcular a priori. Las partes han puesto sobre la mesa sus cartas y la amenaza de la ruptura generalizada (con las posibles excepciones de Catalunya y Galicia) existe. De producirse, la izquierda española podría volver al escenario electoral de 2015 o incluso de 2014. Pero en un momento histórico bien distinto y con un partido más de ámbito estatal en el reparto de escaños.

El secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, no es partidario de oponerse a la exhumacion de Franco del Valle de los Caídos. El Vaticano, al contrario que el prior del Valle al que apoya la Iglesia española, cree que se debe permitir sacar al dictador. En una carta fechada el 14 de enero, Parolin se dirige a la vicepresidenta Carmen Calvo para mostrarle el apoyo de la Santa Sede, la más alta institución de la Iglesia con mando sobre el prior y los obispos españoles de la Conferencia Episcopal. 

En uno de los párrafos de la misiva señala que "la Iglesia no se opone a la exhumación de los restos mortales del general Franco, si la Autoridad competente así lo dispone". Continúa recordando a Calvo que han intercedido con el prior: "A la comunidad benedictina de la abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos fue recordado y se seguirá recordando su deber cívico de observar plenamente el ordenamiento y de respetar a las Autoridades civiles".

Al parecer, es una postura que ya le expresó a Calvo en su encuentro en Roma, ya que empieza diciendo que desea "reiterar lo que señalé a Vuestra Excelencia durante nuestra reunión en el Vaticano, el pasado 29 de octubre". 

El prior Santiago Cantera ha reiterado hace dos días que no dejará pasar a los técnicos y la Iglesia española señala que esperan un pronunciamiento del Supremo antes de desbloquear la situación.

"Un pacto con Ciudadanos sería lo ideal para el PSOE". 20 feb 2019 20:14:38.eldiario.es - eldiario.es.

A sus 72 años, Miguel Ángel Revilla (Polaciones, 1943) vive uno de los momentos más dulces en su carrera política. Ejerce como presidente de Cantabria, es una de las voces más escuchadas a nivel nacional y el partido que creó en los inicios de la democracia, el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), ha puesto la maquinaria electoral en marcha con serias posibilidades de ganar por primera vez en su historia las elecciones autonómicas y lograr representación en el Congreso de los Diputados, algo que ya intentaron sin éxito en 1993 y 2011. En apenas un mes, entre el 28 de abril y el 26 de mayo, el líder regionalista se enfrenta a uno de sus mayores retos. Por delante, dos campañas electorales en las que se mueve como pez en el agua. 

Tenía clarísimo que si había un adelanto electoral el PRC se presentaría a las generales.

Naturalmente. Hay dos razones: nuestros 100.000 votantes –el 30% de Cantabria– se encontrarían en una situación increíble si 25 días antes de las elecciones regionales, que son nuestro objetivo fundamental, hay otras elecciones y no encuentran nuestra papeleta. Recuperar veintitantos días después a esos votantes es muy complicado. No podemos dejar las urnas sin la papeleta de los regionalistas.

Aparte de eso, lo que nos ha movido a tomar esta decisión por unanimidad, porque ha sido un clamor dentro del partido, es esta situación de crispación que yo no he conocido nunca y estoy en política desde el año 1976, y que es fruto, sobre todo, de haber hecho del tema catalán la única preocupación. Entendemos que la presencia en Madrid de un partido como el nuestro, que es un partido sensato, moderado, progresista, que tiene una trayectoria de dar estabilidad al Gobierno y que sabe pactar y negociar, es necesaria en estos momentos.  

Si las elecciones se hubieran convocado en octubre como se especulaba, ¿también se habrían presentado?

Probablemente sí por esta situación que estamos viviendo en España. Estoy muy preocupado con la dialéctica de insultos y con este un barullo político que hay. Creo que la voz de los regionalistas impondría mesura. Somos un partido muy previsible en las decisiones que tomamos. Yo, ahora, al partido que veo con más sensatez en Madrid es al PNV.

¿El papel que busca hacer el PRC podría equiparse al que ha hecho hasta ahora el PNV?

Sí, pero con una diferencia: nosotros no somos un partido soberanista, sino que somos un partido autonomista, que defiende el Estado de las autonomías, pero que no tiene ninguna duda en que nos sentimos encantados de pertenecer a España. Nuestra región es Cantabria y nuestra nación es España, por eso nos llamamos regionalistas. Ese es un matiz importante que nos diferencia del PNV, pero en el aspecto reivindicativo sí porque en Madrid lo que impera es el voto unánime. En el Congreso son voces de orfeón que se levantan al dictado de cada partido y Cantabria es una región que tiene un inconveniente: el peso electoral de una decisión contra Cantabria no tiene la trascendencia que tiene contra Andalucía, contra Madrid, Valencia o Catalunya. Somos quinientos sesenta y pico mil habitantes y es fácil sacrificar decisiones. Por ejemplo, la conexión ferroviaria, que es la gran asignatura pendiente que tenemos. Por aquí pasan en campaña electoral todos los presidentes a decir "ahora va, ahora va, ahora va…" y no hay ni un metro adjudicado. Sabemos que en Madrid los diputados de Cantabria dirán que van a defender a nuestra comunidad, pero no, van a defender a su partido, como han venido haciendo hasta ahora y como pasó por ejemplo con el fracking.

No hay una independencia más allá de partidos que como el PNV defienden sus intereses, pero al mismo tiempo demuestran una moderación a la hora de permitir pactos y gobernabilidades. En esa línea con la que vamos nosotros allí. Un par de diputados y un senador sería un antes y un después porque empezaríamos a oír a hablar de las necesidades de Cantabria. Como digo, las decisiones se toman muchas veces están en función de los votos y los votos están en otros territorios, y en los próximos años hay unas batallas políticas muy importantes que hay que librar en Madrid, como la financiación autonómica.

Usted siempre ha sido muy crítico con los partidos nacionalistas que han aprovechado sus escaños en el Congreso para chantajear en cierto modo al gobierno de turno y conseguir más recursos para sus comunidades. Llegó a decir que "esto de convertir el Congreso en un chabaneo es un peligro" y ahora dice que va a hacer lo mismo. No sé cómo encaja.

Encaja perfectamente porque nosotros no vamos a plantear que seamos el epicentro del mundo. Nosotros pedimos lo que tienen todos, nada más. Poner el mapa encima de la mesa y decir miren dónde está Galicia, dónde está Asturias y dónde está el País Vasco y miren los trenes que están terminando en todos los sitios y aquí ni un metro de tren. Eso no es plantear ningún chantaje, es decir todos los españoles iguales.

En caso de obtener representación el voto del PRC irá para el partido que asuma los compromisos pendientes con Cantabria, ¿independientemente de que sea un gobierno de derechas o de izquierdas?

No, hombre. He dicho antes que somos un partido previsible y progresista. Nosotros llegamos a pactar una vez con el Partido Popular y fue una gestión muy eficaz, pero nos cuesta que este partido pueda pactar con fuerzas que, por ejemplo, defienden la supresión de las autonomías. Eso no cabe en mente humana. Un partido que ha nacido precisamente como autonomista cómo vamos a estar dando el voto a partidos que dicen que hay que suprimir las autonomías. Eso no hace falta ni que nos pregunten.

¿Y si se reproduce un pacto a la andaluza con VOX fuera del Gobierno?

Hasta que no llegue ese momento yo no quiero entrar en esa batalla. Lo que sí digo es que somos radicalmente contrarios al modelo territorial de algunos de esos partidos. Y desde luego, nosotros apostamos por el diálogo con los independentistas siempre que respeten la Constitución. En este país no se pueden hacer referéndums de autodeterminación mientras no se modifiquen las leyes. Ahí nosotros somos inflexibles. Ahora, ¿hablar? Naturalmente, y me sorprende muchísimo lo que he escuchado el otro día al señor Casado diciendo que han cazado a Sánchez vendiendo España. Nadie puede vender España desde la presidencia de un gobierno; ni el anterior, ni el que está, ni el que venga porque este es un Estado de derecho. El que lo haga, le procesan.

¿Cree que la derecha ha sobreactuado contra el Gobierno de Pedro Sánchez? En su opinión, ¿ha habido concesiones al independentismo?

Yo hasta ahora no he visto concesión ninguna. La derecha está utilizando el tema catalán de una manera muy peligrosa. Habiendo perdido allí el Partido Popular prácticamente toda su representación hace del tema catalán un vivero de votos en el resto del país. Explotar esto da réditos electorales, pero agudizar esta historia es muy peligroso porque, al final, esto habrá que arreglarlo hablando, aunque sea a largo plazo porque ahora no está la situación para ello.

Por otro lado, las fuerzas independentistas también son aliadas de la derecha. En la medida en que haya esa tensión y esa verborrea tan radical, polarizan allí el voto y tienen un motivo electoral. Ahora en Cataluña no hablan de lo que le preocupa a las personas, como las listas de espera, que son las más largas de España, o los colegios que están en una situación muy complicada, o los trenes de Cercanías que no funcionan, o que el 20% del presupuesto del Estado iba a Cataluña… Eso les importa tres cominos. Ellos solo tienen un eje y una bandera electoral.

También hubo una época en la que el tema de ETA fue muy rentable para algunos partidos y hacer bandera contra el terrorismo dio muchos votos. Yo espero que en algún momento en Cataluña aflore alguien con una cierta lucidez y que cuando vean que la situación económica les va a ir degradando de ser la región más pujante de España a estar en una situación por debajo de la media en crecimiento, digan que por ese camino no van a ningún sitio.

¿La figura del relator le parece adecuada para sentar las bases de ese diálogo?

Yo lo critiqué mucho porque una cosa es la idea que probablemente pudiera estar en la mente del presidente y otra lo que ellos querían, que no era un relator sino un mediador internacional. El problema que tienen los independentistas es que no han llegado a calar suficientemente en el contexto internacional y lo que querían era la foto de un señor sentado con dos Estados.

¿Va a tener un papel relevante en la campaña?

Sí, sí, claro, pero no para decir a la gente de un bando o de otro lo que le gusta oír, sino para decir que esto tendrá que tener en algún momento una solución política en base a respetar los textos legales que nos hemos dado los españoles. Otra fórmula no te lleva a ningún lado. ¿Qué es eso del 155 reforzado? Hay quien habla de suprimir partidos políticos, de suprimir televisiones… ¿y las elecciones también las van a suprimir? Porque habrá elecciones y si en esas elecciones sacan más votos, ¿qué? Es muy bonito decir “a por ellos”, pero los que tenemos más años y queremos que España permanezca unida creemos que hay conflicto que tenemos que solucionar dialogando y convenciendo.

¿Usted es partidario de que se modifique la Constitución para permitir un referéndum?

Eso no lo va a aceptar nadie en España, por lo menos en un horizonte de años. Yo no lo veo. Además, en estos momentos es impensable porque tiene que haber un consenso y ahora no hay consenso para nada. Si es que hemos visto que el Pacto de Toledo ha volado también por los aires y se han cargado unos presupuestos que no siendo los ideales, porque para Cantabria no eran excesivamente buenos, eran mejor que nada.

Hay quien le ha acusado de contradecirse porque primero cargó contra los presupuestos porque bajaban un 9% las inversiones para Cantabria y luego, cuando decayeron, usted…

Yo dije que Cantabria no se merecía, con las necesidades que tiene, aparecer en el ranking de las comunidades autónomas donde los presupuestos son inferiores. Así se lo trasladé al presidente del Gobierno, que cogió un gran rebote. A renglón seguido digo: un mal presupuesto es mejor que no tener presupuesto. Efectivamente, no estaban las obras en el Desfiladero de La Hermida, no estaba el estudio informativo con Bilbao…, pero había 177 millones de euros que ahora no tenemos.

¿Cuándo fue la última vez que habló con Pedro Sánchez?

El pasado domingo, que me llamó por los incendios.

No le llamó por las inundaciones, pero sí por los incendios.

Exactamente. Debe ser más partidario del fuego que del agua.

¿Comentaron alguna otra cuestión además de los incendios?

Pues hombre, la verdad es que yo me quedé un poco perplejo que por haberle hecho esa crítica privada, su reacción fue mandar aquí al suyo a ponerme verde al día siguiente. Y vienen las inundaciones y me llama el Rey y no llama él, ni ningún ministro. Ahora con los incendios me mandó un mensaje. Hablamos de la situación, de que hay que ser encajador y desde luego, yo tengo mis motivos porque había hablado con él y habíamos concretado una serie de cosas que deberían de aparecer en los presupuestos.

¿Y qué le respondió?

Bueno, él ya me puso aquí en otro mensaje que vía enmiendas iba a intentar a modificar el presupuesto.

¿Se cree la palabra de Pedro Sánchez?

A ver… Yo tengo un problema: creo a todo el mundo. Creí a Mariano… Recuerdo que salí de la reunión con Mariano y me dijeron “te ha abducido”; pues oye, es que me ha dicho que me va a hacer todo esto y es que, además, me lo ha dado por escrito. Luego no lo hacen… Fiarte en política… Tengo una tendencia a creerme lo que me dicen porque cuando yo digo que voy a hacer una carretera la he hecho siempre, antes o después. Habrá poca gente en los pueblos que pueda decir que he prometido algo y luego no se haya hecho.

No hay presidente que no haya venido aquí a decir “el año que viene empiezan las obras del AVE”, “pagaremos íntegramente las obras de Valdecilla”… Todos. ¿Por qué luego no lo hacen? Una de las razones es que Cantabria no desequilibra un mapa electoral. Eso lo hacen en Andalucía y se la maman, pero claro hay 8 millones de personas y aquí votan trescientos y pico mil. Esa es la razón por la que un partido como el nuestro, que no va en plan de pasar la gorra, tiene que estar en Madrid para decir que todo ciudadano viva donde viva ha de tener los mismos servicios. Eso lo he practicado yo en Cantabria. A mí se me ha criticado que todo Valderrible esté lleno de carreteras que han costado un dineral y viven 900 personas. ¿Pero qué hacemos? ¿Cerramos Valderredible? Rentable desde el punto de vista electoral no es, porque haces una obra en Marqués de la Hermida, en Santander, y tienes 35.000 teóricos votantes; en Valderrible todos los que votan son 580. Este es el criterio y esto es trasladable a Madrid.

¿Qué le dice su olfato que va a pasar el 28 de abril?

Es muy difícil, ahora se me escapa. Lo que estoy seguro, seguro, seguro es que el Partido Regionalista estará en el Congreso y en el Senado. Tenemos que conservar el 75-80% de los votos que tenemos para sacar un par de diputados.

¿Cree que lo que suceda el 28 de abril puede ser un indicador de lo que después pase en las elecciones autonómicas?

Sí, pero multiplicado. En el año 2011 me obligaron a presentarme a las generales en contra de mi voluntad y nos quedamos a 1.700 votos de ser diputado, cosa que me alegro. A los dos años y pico hubo elecciones regionales y pasamos de 44.500 a 100.000 votos. La gente tiene claro que una cosa es la elección regional y otra la nacional. La gente no quería que me fuera a Madrid y dijeron “no, no, quédate”, pero ahora el candidato es otro. No sé, yo tampoco puse mucho entusiasmo en la campaña y casi salgo. Ahora, no cabe duda de que si el día 28 como yo creo sacamos dos diputados, uno seguro, y un senador que se preparen para el día 26.

¿Y a nivel nacional qué resultado vaticina?

Creo que el PSOE va a tener más votos de lo que dicen ahora las encuestas. Pedro Sánchez ha conseguido posicionar el partido en el centro izquierda y este país es de centro, no quiere grandes aventuras. Ese papel le tenía Rivera que lo ha perdido estos días.

¿Se cree ese veto que ha anunciado Ciudadanos al PSOE y a Sánchez?

No. Nuestro partido es el único al que no nos llama nadie para decirnos lo que tenemos que hacer y si nos llaman, hacemos lo contrario… A mí me llamaron para participar en una operación contra Sánchez y me volví como loco a favor. Creo que hice más por él en los programas que cualquiera de su partido. Yo no soy del PSOE, pero a mí me vienen a ver para que me una a una campaña contra este señor y me tienen que dar razones. Él dijo “no es no”, lo cumplió y dimitió.

Con esto quiero decir que al día siguiente de las elecciones habrá una especie de mesa de las fuerzas vivas de este país, que mandan mucho y que están incluso por encima de los partidos, donde dirán: “¿Qué es bueno para España y para Europa?” Y no creo que a las fuerzas económicas les interese una involución de un corte tan radical.

¿No ve un Gobierno dependiente de VOX?

Yo creo que no. Lo que le iría al PSOE es un pacto con Ciudadanos. Ciudadanos ya había cerrado más puertas a un pacto de manera más radical y todos recordamos el veto a Mariano Rajoy, muy justificado entonces en cuanto que era el jefe por omisión de todo un equipo de delincuentes que se lo han llevado crudo. Usted no ha arrobado a lo mejor más que esos sobres de dinero negro, que es una pasta, ¿eh? 

Después de las elecciones se van a mover muchas teclas, también desde Europa. La situación está convulsa, lo de Italia no gusta en ningún sitio y no quieren que aparezca otro Salvini. Macron es un radical contra los extremismos y está en el mismo equipo que Rivera. Yo no creo que esto esté cerrado por más que se diga. Los que no vamos a engañar a nadie somos los regionalistas porque tampoco debemos nada a nadie.

Entonces cree que lo más probable es un pacto PSOE-Ciudadanos si dan los números.

Desde luego. Por parte del PSOE sería lo ideal. El centro antes era Rivera, pero ahora se ha unido a esos otros dos que están echados al monte. Pedro Sánchez tiene la campaña facilona.

Tradicionalmente en Cantabria el voto del PRC que no concurría en las generales iba mayoritariamente al PSOE. Ahora, con los dos en liza, ¿puede generar roces que condicionen la reedición del pacto de Gobierno autonómico?

No, no, creo. El voto del PSOE es un voto inútil en la línea de los intereses de Cantabria porque ellos no van a imponer nada allí. No voy a dar el nombre, pero una persona muy solvente del Partido Socialista, de las que han estado gobernando aquí, me dijo una vez: "La diferencia es que a mí mañana el PSOE me manda cerrar la carretera de La Hermida y yo la cierro; yo lo que me manda el partido, Cantabria la quiero pero yo soy PSOE y yo no discuto las decisiones que me llegan". Eso al PRC no se lo puedes ni mencionar. 

Si el PRC logra representación en el Congreso de los diputados y usted ganara las elecciones autonómicas, ¿sería el momento idóneo para dar el relevo en la dirección del partido?

Hombre, claro. Cuando hay que hacer los relevos es cuando las cosas van muy bien. Pero cuando acabe la legislatura, ¿eh? No me voy a retirar antes.

Cambio considerable de tono y estrategia en las declaraciones en el Supremo de los exconsellers. La exconsellera de Trabajo Dolors Bassa se ha desmarcado de la línea marcada por el líder de ERC, Oriol Junqueras, en las declaraciones del Tribunal Supremo. Bassa, que fue diputada de ERC hasta el mes de marzo y consellera por mandato de Junqueras, ha realizado una defensa técnica, negando punto a punto los hechos de los que la acusa la Fiscalía, alejándose por completo del alegato político del exvicepresident. 

Bassa ha sido la primera en alegar abiertamente que obedeció la suspensión del referéndum ordenada por el Tribunal Constitucional. “No hice absolutamente nada a partir de la suspensión de la ley del referéndum”,  ha afirmado. En la defensa menos política que se ha escuchado hasta ahora, Bassa ha insistido en que desde su departamento no hizo "nada para no cumplir las sentencias del Constitucional".

Incluso ha recordado que todo el Govern "acató" las multas que el Constitucional impuso a la Sindicatura Electoral del referéndum, que acabo disolviéndose. La exconsellera ha sido la primera de los dirigentes acusados que ha mostrado su respeto al Constitucional: "Es el máximo intérprete de la Constitución, pero la Constitución tiene miradas más amplias. Siento la autoridad del Constitucional pero estábamos en un conflicto e íbamos a resolverlo".

Por contra, Junqueras criticó abiertamente al Constitucional, al que responsabilizó del inicio del proceso soberanista por su sentencia que recortó el Estatut aprobado por el Parlament y el Congreso. "La sentencia fue devastadora", afeó, para también culpar al tribunal de "censurar y cerrar el paso a cualquier elemento que ponga en tela de juicio el status quo del régimen del 78".

Junqueras renunció a una defensa jurídica, rechazó responder las preguntas del fiscal y la abogada del Estado y pronunció un alegato político en defensa del 1-O. Votar no es un delito, impedirlo por la fuerza sí", proclamó, obviando los distintos requerimientos del Constitucional para que la Generalitat no impulsara el 1-O.

Por contra, Bassa sí ha respondido al fiscal Fidel Cadena y no ha tenido dudas en alegar que tanto su departamento como el resto obedecieron la suspensión de la consulta. "No se hizo ninguna acción ni ningún gasto, no se hace absolutamente nada, no se materializa ni se hace ninguna acción por parte del gobierno de la Generalitat", ha aseverado.

Ha recalcado además que el Govern aprobó el decreto de convocatoria del referéndum y el acuerdo que autorizaba a los departamentos a gastar dinero en el 1-O un día antes de que el Constitucional suspendiera la ley del referéndum. "Cuando se suspende la ley desistimos, no podíamos materializar nada", ha cerrado, en una búsqueda de la absolución mediante fórmulas exclusivamente técnicas. 

A diferencia de la defensa a ultranza de Junqueras del 1-O, Bassa ha sostenido que el referéndum "nunca" se contempló "como un acto concluyente para la independencia", sino como "un acto para llegar al dialogo y a la negociación" con ell Gobierno central.

"Teníamos claro que si mucha gente iba a votar, nos ayudaría a la negociación", ha indicado Bassa, en lo que ha supuesto un torpedo a la línea de flotación del discurso de Junqueras, que definió el 1-O como un "instrumento para hacer efectiva la voluntad popular" y no como una herramienta para negociar con el Gobierno. "Siempre se planteó la independencia como algo pactado con acuerdo, durante el tiempo que fuera necesario. La prueba es que estamos aquí y no está la independencia", ha reconocido Bassa, en una fría constatación de que los independentistas no lograron su objetivo.

El director general para la Memoria Histórica, Fernando Martínez, se ha reunido este miércoles con representantes de las comunidades autónomas en esta materia para poner en marcha un "plan de choque de exhumaciones de fosas comunes". No obstante, Martínez ha confiado la suerte de ese plan a los trabajos que se vienen realizando a nivel autonómico y ha supeditado la intervención de la administración central, por la vía del convenio, a que "realmente podamos encontrar alguna vía de financiación".

Los malogrados Presupuestos Generales del Estado para 2019 preveían una partida para esta materia de 15 millones de euros, de los que "la inmensa mayoría iban destinados a exhumación, porque creemos que es una cuestión prioritaria", ha indicado el director general de memoria histórica, dependiente de Justicia, justo antes de reconocer que "en este momento tenemos cero euros". La última dotación fue de 2,5 millones, en 2012, contemplados en los primeros presupuestos de Mariano Rajoy, que dejó sin financiación a la memoria histórica desde entonces y hasta la fecha.

Las exhumaciones

Entre 2000 y 2012 se habían desenterrado en España tan solo 332 fosas comunes, con restos de unos 6.300 desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo. Martínez ha refrescado esos datos, "todavía en proceso de actualización", y ha indicado que, desde el año 2000 al hasta el año 2018, "se han intervenido sobre 740 fosas, con una exhumación de un poquito más de 9.000 cadáveres". Es decir, en los últimos cuatro años se han intervenido 408 fosas y se han exhumado restos de 2.700 personas. "Donde más exhumaciones hay es en el periodo de José Luis Rodríguez Zapatero y después de (la aprobación) la ley de Memoria Histórica, en 2007. Hay un bajón a partir del Gobierno del PP, pero empieza a subir, fundamentalmente, gracias a las comunidades autónomas", ha señalado.

"Hemos visto que bastantes comunidades, actualmente, tienen sus procesos de exhumaciones, su convocatoria de subvenciones en función del presupuesto que tienen y el plan, en algunos casos, ya está puesto en marcha. Nosotros, en ese proceso, entraríamos a colaborar en el supuesto de que podamos tener financiación", ha explicado Martínez. Ha puesto como ejemplo a Andalucía, que tiene actualizado el número de fosas (en torno a 709, ha dicho); de Navarra, que actualiza su mapa cada tres meses; o el de Euskadi, "que prácticamente nos viene a decir que allí no hay fosas ya", ha indicado. En este sentido, el responsable de memoria histórica ha pedido a las comunidades "que en el plazo más inmediato" hagan llegar al ministerio de Justicia esas actualizaciones para poder volcar los datos en el Mapa Integrado de Fosas, que actualmente sitúa 2.000 fosas.

"Una cuestión de humanidad"

Respecto a la posición de los representantes de memoria histórica de las comunidades, Martínez ha explicado que todas han coincidido en que "tiene que ser el Estado quien lidere el proceso de exhumaciones" y que "el Estado somos todos: comunidades, ayuntamientos y diputaciones". Además, ha resaltado una "voluntad claramente a favor" de impulsar el mapa de fosas. "Ha habido unanimidad en que esto, realmente, es una cuestión de humanidad, de democracia y, fundamentalmente, de derechos humanos. Es algo que sistemáticamente nos están requiriendo los organismos internacionales humanitarios", ha explicado.

La pasada semana, Vox anunció que llevaría a la comisión de Cultura y Patrimonio del Parlamento andaluz, que preside, la derogación de la Ley de Memoria Histórica. Preguntado por la posición de Andalucía en la reunión, Martínez ha comentado que han asistido a la reunión "por deferencia" y para recoger toda la información que le trasladarían al representante de memoria histórica, que todavía no ha sido nombrado. "En Andalucía, en estos momentos, hay 74 autorizaciones de exhumaciones. La representante no se ha pronunciado sobre que no las vayan a realizar", ha indicado para matizar que "no era la persona adecuada y tampoco tenía esa responsabilidad".

El rey Felipe VI ha afirmado este miércoles que "es inadmisible apelar a una supuesta democracia por encima del Derecho", ya que sin respeto a la ley no hay "convivencia, ni democracia, sino inseguridad, arbitrariedad" y "quiebra de los principios morales y cívicos de la sociedad".

"Que no hay libertad sin leyes se ha sabido siempre, así como que sin leyes no puede haber democracia", ha dicho el jefe del Estado al recibir el Premio Mundial de Paz y Libertad (World Peace and Liberty Award) que concede la Asociación Mundial de Juristas, por "su inquebrantable compromiso con el Estado de Derecho".

Felipe VI ha pronunciado un largo discurso plagado de referencias a cómo la ley es un elemento intrínseco de la democracia. El jefe de Estado no ha hecho alusión alguna a Catalunya, ni al juicio del procés, pero sí lo ha hecho, poco antes, el expresidente Felipe González.

El expresidente ha elogiado su discurso del 3 de octubre de 2017, dos días después del referéndum independentista. Un "momento decisivo", ha dicho González, porque se estaba presenciando cómo quien era un representante del Estado pretendía "destruirlo".

En un acto celebrado en el Teatro Real de Madrid, Felipe VI ha recalcado que el respeto al Estado de Derecho en democracia es la garantía de los derechos y las libertades, el fundamento de la convivencia en paz, en línea con la Declaración de Madrid que han adoptado los alrededor de 2.000 juristas de 67 países reunidos en Madrid.

"El Derecho no puede hacerlo todo, pero también es cierto que sin Derecho no puede hacerse nada que sea legítimo, duradero, racional y seguro", ha ilustrado. Y ha dejado claro que democracia y Estado de Derecho son "realidades inseparables" y que defender una implica necesariamente defender al otro.

La Constitución es la guía de sus actos

El rey ha hecho hincapié en que la Constitución es la guía de todos sus actos, y la "independencia y neutralidad de la Corona" es su "compromiso cívico con España, al servicio de la democracia y la libertad". "La Corona está indisolublemente unida, en la vida de España, a la democracia y la libertad", ha dicho, repitiendo las palabras que pronunció en el 40 aniversario de la Constitución.

Acompañado por la Reina, Felipe VI ha recibido el galardón de manos del presidente de la Asociación, Franklin Hoet-Linares, y del presidente del World Law Congress, Javier Cremades, que se han referido al jefe de Estado como el "primer Rey jurista" de España y como estadista "capaz de alzar la voz por los valores democráticos". También ha intervenido el presidente de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, que ha hecho hincapié en la relación de amistad entre los dos países.

Adaptar la democracia "mediante amplios consensos"

En sus palabras, el Rey ha recordado que las instituciones democráticas tienen problemas "a escala global", y ha advertido de que éstos deben resolverse "no abandonando la democracia ni renunciando a sus principios", sino fortaleciéndola y reivindicándola, adaptándola "sin desnaturalizarla" a cada época histórica "mediante amplios consensos".

En línea con la defensa del Derecho que ha sido la base de su intervención, ha incidido en que "el Derecho es el mejor camino para el logro y el mantenimiento de la paz", un Derecho que sea "justo" y formado por normas e instituciones "que impidan los excesos del poder, protejan a las minorías, amparen a los más necesitados y aseguren por igual las libertades ciudadanas".

Además, ha remarcado que "frente al totalitarismo, la tiranía y la demagogia, que tanto mal han hecho ya en el pasado, hay que proclamar y defender la legitimidad del pluralismo político, social, territorial, religioso o cultural y fomentar la convivencia y la tolerancia".

Para el rey, convivencia y tolerancia sólo pueden darse en torno a un consenso básico alrededor de valores y principios comunes, que solo piden ser la dignidad de la persona, los derechos humanos y los valores propios del Estado de Derecho.

Vivir juntos y no separados

Convivencia, ha dicho, es vivir "juntos y no separados, unidos y no enfrentados", con respeto mutuo y no con uniformidad, pero sí partiendo de que los desacuerdos y discrepancias que surjan de esa pluralidad deben resolverse "conforme a Derecho".

El rey ha reconocido que la democracia española "ha tenido que hacer frente a dificultades serias y graves", pero ha añadido que "la España constitucional ha demostrado su fortaleza democrática, sus firmes principios y sus convicciones sólidas y profundas". Se ha mostrado convencido de que el Estado, la Corona y la "inmensa mayoría del pueblo español" no escatimarán esfuerzos para que siga siendo así.

Felipe VI ha interpretado el premio no solo como una distinción a su persona y a la Monarquía Parlamentaria, sino como reconocimiento a la democracia española, a quienes fueron artífices de la Transición y la Constitución y a quienes siguen velando por su vigencia.

Un Congreso de juristas como muestra de confianza

Es la segunda vez que este Congreso de juristas se celebra en España. La primera fue en 1979, con Juan Carlos I en la clausura, "como manifestación de apoyo a la naciente democracia constitucional española", y la segunda ahora "como muestra de la confianza de los juristas del mundo" en el Estado Social y Democrático de Derecho español, ha resumido el rey.

En el acto han tenido una presencia destacada la ministra de Justicia, Dolores Delgado; el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes y el del Constitucional, Juan José González Rivas; los presidentes del Congreso y el Senado, Ana Pastor y Pío García-Escudero; el exalto representante de la UE, Javier Solana; el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido y la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena.

Entre el público estaban la exvicepresidenta del Gobierno y consejera de Estado Soraya Sáenz de Santamaría; el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y el de Vox, Santiago Abascal.

El juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, ha citado en calidad de testigo al comisario Enrique Barón, jefe de la estructura antiterrorista de la Policía durante el Gobierno de Mariano Rajoy. De Barón dependían varias unidades, entre ellas la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), utilizada para los seguimientos a Rosalía Iglesias, esposa de Luis Bárcenas, en el verano y el otoño de 2013, han informado a eldiario.es fuentes del caso. 

Como comisario general de Información, Enrique Barón era el jefe directo del también comisario Enrique García Castaño, uno de los principales investigados del caso Villarejo. Dentro de la UCAO que dirigía García Castaño se enmarca el Área Especial de Seguimientos (AES), que destinó cerca de setenta agentes a controlar al entorno de Bárcenas una vez éste entró en la cárcel por primera vez y confesó la financiación irregular del PP durante al menos veinte años. 

En la Comisaría General de Información han aparecido “notas de seguimiento” que han sido desclasificadas por el Gobierno y remitidas al juzgado. Esas notas recogen los seguimientos realizados por los agentes de la AES en distintos turnos y días. Los documentos que se han encontrado en la Comisaría General de Información a raíz de la petición de los jueces del caso Villarejo y el caso de la caja B no aclaran quién ordenó los seguimientos ni por qué. Al menos los que estaban en los archivos cuando se han ido a buscar. Y este es uno de los motivos por los que se ha citado al máximo responsable antiterrorista de la Policía en la época, añaden las citadas fuentes. 

La declaración de Barón adquiere más importancia al valorar que es un mando enfrentado a dos de los ya imputados, el que fuera máximo responsable operativo de la Policía, Eugenio Pino, y el citado García Castaño. Barón y Pino se enfrentaron al principio de la primera legislatura de Rajoy por el empeño del director adjunto operativo en crear una estructura de inteligencia que invadía las competencias de la Comisaría General de Información. En aquel enfrentamiento está la raíz de la brigada política, el grupo que Eugenio Pino articuló en el seno de la Dirección Adjunta Operativa y que protagonizó las investigaciones prospectivas en Catalunya o contra Podemos.

Una vez Pino se jubiló, su sustituto cesó a García Castaño. Ocurió a raíz de que publico.es grabara sin su consentimiento al comisario. En el audio, García Castaño aparece insultando a su jefe directo, el comisario Enrique Barón, quien declara mañana en la Audiencia Nacional. 

Los mandos que dirigieron la Operación Kitchen han explicado ante el juez que se trató de un dispositivo oficial encaminado a descubrir los testaferros y el dinero que supuestamente escondía Luis Bárcenas después de haber entrado en prisión. Juez y fiscales creen, sin embargo, que se trató de una operación para robar documentación y adivinar los próximos movimientos de Bárcenas. Además de los segumientos se han acreditado pagos con fondos reservados al chófer de la familia.

En los autos sobre medidas cautelares impuestas en las últimas semanas en el marco de la pieza secreta 7 del caso Villarejo, la que investiga la Operación Kitchen, el juez Manuel García Castellón incluye la siguiente frase: "Dirigentes del Partido Popular se habrían servido a su vez de miembros del Cuerpo Nacional de Policía para conseguir objetivos particulares de dicho partido político o de cargos del mismo a través de la comisión de hechos delictivos con abuso de funciones".

El juez también ha citado para mañana como testigo a Luis Bárcenas, el dueño del material que los policías investigados sustrajeron para presuntamente evitar el perjuicio de su publicación a dirigentes del Partido Popular. 

Ni Poder Judicial catalán, ni agencia de ciberseguridad de la Generalitat ni Ejército para defender la integridad territorial del nuevo Estado. El exconseller de Territorio Josep Rull ha alegado en su declaración en el Tribunal Supremo que la Generalitat no implementó la Declaración Unilateral de Independencia (DUI). Rull se ha limitado a decir que "se teorizó" sobre todas las estructura de estado clave para que la independencia fuera efectiva, pero que no se llevaron a la práctica. 

Rull ha ido más allá que los otros exconsellers que le han precedido en el Tribunal Supremo. No solo ha rebajado la DUI del 27 de octubre a una "declaración de voluntad política", tal y como expresaron, en parecidos o idénticos términos, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull o Raül Romeva. "No queríamos apartarnos en ningún momento de lo político y de la democracia", ha justificado.

Una vez rebajada la DUI, a preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal, Rull ha rechazado que el Govern impulsara ningún aspecto del nuevo estado que se acababa de "declarar políticamente". Así, ha negado que la Generalitat desarrollara una agencia nacional de inteligencia catalana, una política de defensa (es decir, un ejército), una agencia de ciberseguridad propia y un nuevo sistema judicial. "No me consta, francamente", ha rezado Rull.

A continuación, Rull ha defendido que todos los aspectos de un estado catalán, por ejemplo el control de las infraestructuras desde el departamento de Territorio que ocupaba, son una aspiración sobre las que "siempre se teoriza". "Tiene toda la lógica", ha remachado, negando en cualquier caso que se pasara de la teoría a la práctica.

El resto de interrogatorio de la fiscal Consuelo Madrigal ha estado marcado por las pocas pregunta sobre la rebelión, el delito por el que se reclaman a Rull 16 años de cárcel. No se ha preguntado a Rull sobre un alzamiento violento y el uso de la fuerza, elemento clave del delito.

Sí se le ha interrogado sobre otro aspecto de la rebelión, esto es, si alentó a las "masas" para manifestarse e imponer así la independencia. Rull lo ha negado, y de hecho ha indicado que el procés va en sentido en contrario: no son los políticos los que dirigen las manifestaciones, sino que ellos recogen "la movilización ciudadana, que es la base de todo".

Y respecto a su negativa a que un barco para alojar a policías del 1-O atracara en el Puerto de Palamós (Girona), Rull ha justificado que la decisión no la tomo él sino los funcionarios del puerto. Lo hicieron por dos motivos, según Rull: no hubo petición formal y no había espacio suficiente en el muelle. El exconseller también se ha permitido lamentar que los policías del 1-O estuvieran “hacinados” en los barcos del puerto de Barcelona conocidos como "el piolín".

Ni un euro al 1-O y sin noticias de las urnas

Al igual que el exconseller de Presidencia Jordi Turull, Rull se ha desvinculado de los aspectos logísticos del 1-O y los ha dejado en manos de terceras personas "de la sociedad civil" sin ningún contacto con el Govern. "Yo no sabía donde estaban las urnas, pero tenía una confianza en que las habría", ha explicado Rull, para sorpresa de la fiscal Madrigal, que le ha insistido de dónde salía dicha confianza.

"Confianza en mi país, donde hay un volumen muy importante de ciudadanos comprometidos  con esta causa de libertad. Tenia esta confianza en mi país, en esta gente, para poder articular el 1-O", ha aseverado. 

El juicio contra los líderes políticos del ‘procés’ ha vuelto a sacar al independentismo a la calle. Después de una multitudinaria manifestación el sábado, este jueves llaman a la huelga. Pese a que la convocatoria es de un sindicato minoritario, Intersindical CSC, cuenta con el respaldo de las principales entidades soberanistas, ANC y Òmnium, y del mismo Govern, que ha decidido vaciar su agenda.

Los Comités de Defensa de la República (CDR) tienen previstas acciones desde primera hora de la mañana para paralizar, como en anteriores ocasiones, las principales calles de Barcelona y las carreteras catalanas. Además, bajo el lema ‘Sin derechos no hay libertad’, los convocantes de la huelga han organizado protestas frente a los ayuntamientos de las ciudades a las 12 horas y también por la tarde, a las 18 h, en el caso de Barcelona en los Jardinets de Gràcia.

Además de Intersindical CSC, el paro tiene el apoyo de sindicatos como USTEC-STEs -el mayoritario en la enseñanza pública catalana- o CGT Ensenyament, así como en asociaciones estudiantiles como Universitats per la República. CCOO y UGT no lo secundan.

No es la primera vez que esta organización llama a la huelga por motivos relacionados con el procés (aunque, oficialmente, hay también reivindicaciones laborales): lo hizo el 21D, coincidiendo con el Consejo de Ministros en Barcelona, y el 8 de noviembre de 2017, semanas después de la DUI. En ambas ocasiones, la movilización fue remarcable en las calles, pero no tuvo un impacto notable en los centros de trabajo.

En su manifiesto, aseguran que del Tribunal Supremo solo aceptarán la “inmediata absolución de todas las personas imputadas, encarceladas y exiliadas”. “No podemos dejar de exigir que se deje de juzgar a nuestro pueblo por querer ejercer su libertad”, reclama el texto en su pasaje más político, puesto que en su mayoría hace referencia a peticiones como la derogación de la reforma laboral del PP, un mayor aumento del salario mínimo o pensiones mínimas de 1.200 euros.

El Govern, por su parte, suspenderá toda su agenda pública. Lo confirmó este martes el conseller de Interior, Miquel Buch, tras decidirlo así el Consell Executiu. Buch precisó que no es que se sumen a la huelga, sino que respetan el derecho de los catalanes a hacerla, y en este caso aún son “más sensibles”, en alusión velada a que la huelga se ha convocado formalmente para protestar contra el juicio del 1-O.

Con todo, el Ejecutivo no llega al extremo del 3 de noviembre de 2017, dos días después de la jornada del 1-O, cuando se sumó al llamado “paro de país” con una suerte de cierre patronal. Aquel día permitió a los trabajadores no acudir a sus puestos asegurando que no perderían sueldo, como sucede siempre con una huelga, aunque al final les hizo recuperar las horas.

El Gobierno ha dado orden a los ministerios de que no gasten más del 50% de lo estipulado en los presupuestos prorrogados de Mariano Rajoy, aún en vigor, han confirmado a eldiario.es fuentes gubernamentales. Estas fuentes explican que es una consecuencia de la prórroga presupuestaria y que si se quiere incurrir en un gasto superior al 50% comprometido, se tendrá que pedir autorización a Hacienda.

"Siempre que se prorrogan unos presupuestos, se incluye una instrucción para que los Ministerios no puedan gastar mas del 50% de ese Presupuesto. La razón es lógica. No es una prorroga para todo el año sino hasta que se aprueben los nuevos. No obstante, es un límite formal. Hacienda puede autorizar superar ese limite hasta el 100, y así lo hace habitualmente", añaden fuentes del Gobierno.

La portavoz parlamentaria de Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea, Irene Montero, ha sido quien ha dado a conocer públicamente esta medida, al pedir a Pedro Sánchez en la sesión de control al Gobierno que confirmara si ha dado la orden "secreta" a sus ministerios de "no gastar más del 50% de lo presupuestado en los presupuestos" prorrogados, aunque el presidente ha eludido responder.

Todavía siguen en vigor las cuentas prorrogadas de 2018, debido a la imposibilidad de aprobar unos Presupuestos para 2019, que la semana pasada fueron devueltos al Gobierno con la aprobación de las enmiendas a la totalidad, una circunstancia que ha acabado precipitando la convocatoria de elecciones anticipadas.

Cuando el Ejecutivo del PP aprobó en enero del año 2018 un una medida de control del 50% sobre los presupuestos prorrogados de 2017, el PSOE tildó la iniciativa de Cristóbal Montoro de "extorsión" y "chantaje". Tanto este grupo parlamentario, entonces en la oposición, como Unidos Podemos, pidieron entonces la comparecencia del ministro de Hacienda.

Fuentes socialistas matizan que la diferencia ahora es la convocatoria de elecciones: "No es lo mismo limitar el gasto cuando gobiernas que hacerlo cuando se convocan elecciones. Es más, supone respeto institucional para evitar que el nuevo gobierno acceda al poder y se encuentre el presupuesto del ejercicio ya comprometido", alegan.

Pedro Sánchez, Pablo Casado, Irene Montero y Albert Rivera han llevado este miércoles la campaña electoral a la penúltima sesión de control al Gobierno antes de la disolución de las Cortes.

El líder del PP ha mantenido su tono bronco contra el presidente, al que ha acusado de "intentar vender la nación" a los independentistas. Sánchez ha tirado del argumentario electoral del PSOE para responder: "Está dibujando una España en la que solo caben los que piensan como usted y yo defiendo una España en la que cabemos todos".

El cruce de acusaciones con el relato que las formaciones van a hacer en los dos meses que quedan hasta las elecciones ha protagonizado la primera sesión de control tras el anuncio de convocatoria de generales para el 28 de abril. "Ojalá la mentira y la crispación salgan de la vida política", ha terminado el presidente en su 'cara a cara' con Casado en la línea de lo que mantendrá en la precampaña.

El líder del PP le había pedido previamente que fuera "empaquetando el colchón" de la Moncloa, ironizando sobre lo relatado por Sánchez en su libro, donde asegura que lo primero que hizo al llegar a la presidencia fue cambiar el colchón. En opinión de Casado, el mandato socialista "se puede resumir en que nadie hizo tanto daño a España en tan poco tiempo". "Quiso vender la nación a quienes quieren destruirla, pero como le hemos pillado han convocado elecciones", ha zanjado.

"Qué nivel señor, Casado", le respondía Sánchez. "Usted ha traído aquí el insulto y la mentira. Usted tiene la lengua muy larga, usted insulta porque no tiene ni razones ni argumentos para hacer oposición", le acusaba el presidente del Gobierno al líder del PP, a quien le ha recordado la "foto del bloque de la involución" que se vio en la Plaza de Colón el pasado 10 de febrero.

Rivera, por su parte, que ha asegurado que se metió en política "para que no hubiera" presidentes como Sánchez, ha obviado la pregunta que había registrado en el Congreso y directamente ha ido a los pactos postelectorales: "No se puede ir a las elecciones sin saber qué va a hacer", ha reconocido el líder de Ciudadanos, que le ha preguntado si "está dispuesto a negociar con el señor Torra una mesa con un mediador y 21 puntos inaceptables" así como si defiende "indultar de las posibles condenas a los golpistas". Sánchez ha evitado contestarle.

"Olvídese de cualquier pacto que no pase por los populistas y los independentistas", le ha dicho Rivera en la línea de lo que ha decidido su partido: no pactar con los socialistas tras el 28 de abril.

"¿Pretende poner un cordón sanitario al PSOE?", le ha preguntado Sánchez, que ha cuestionado el "concepto de democracia" que tiene Rivera al excluir a los votantes que tenga el PSOE. "Hemos venido a liderar el cambio y usted lo que está liderando es el cambio de chaqueta permanente". "Después de la foto con Abascal y Casado en Colón debe de tener un armario lleno de chaquetas. Ha dejado la chaqueta del liberal y se ha debido de poner una chaqueta que huele a naftalina, la de la ultraderecha", le ha espetado Sánchez. Los socialistas pretenden explotar el acercamiento de Rivera a PP y Vox para intentar arrebatarle votos de centro.

La militancia madrileña de Equo eligió este lunes a última hora formar parte de una candidatura conjunta con Más Madrid para las elecciones autonómicas de mayo frente a la opción de sumarse a Podemos. Así se decidió en una asamblea extraordinaria a la que acudieron medio centenar de personas. Los asistentes que votaron a mano alzada instaron a la dirección regional casi por unanimidad (hubo dos abstenciones) a cerrar un acuerdo con el partido instrumental de Íñigo Errejón "a la mayor brevedad posible", explican fuentes del partido, para que las bases lo ratifiquen esta misma semana en una consulta online, tal y como establece el reglamento de la formación ecologista.

Horas después de que se produjese la votación lo que trascendió fue una versión distinta. La formación ecologista afirmó durante la mañana del martes que la decisión que se tomó fue la de cerrar los preacuerdos con Más Madrid y Unidos Podemos para que la militancia de Madrid escogiera entre las dos opciones, algo que desde la dirección de Equo Madrid defienden que todavía pasará. Sin embargo, varios asistentes a la asamblea explican a eldiario.es que se descartó la opción de Podemos en la asamblea extraordinaria de este lunes. "No preveíamos que Podemos fuera a poner encima de la mesa una cosa en breve", explican.

"Se votó a favor de Más Madrid. Lo que se acordó fue darle un mandato a la mesa de coordinación para que cerrara un acuerdo con Más Madrid que tiene algunos flecos y se sometiera a votación lo antes posible, a poder ser esta misma semana", afirman varios de los asistentes de los alrededor de cincuenta que acudieron a la asamblea. "Fue una reunión bastante larga y salvo por dos abstenciones, el resto de la asamblea decidió por la candidatura de Errejón".

Estas mismas fuentes aseguran que ha sido la Comisión Ejecutiva Federal la que "presionó" para que la consulta a la militancia se ampliase también al acuerdo con Unidos Podemos. De fondo, el escenario de negociaciones a nivel nacional para una candidatura conjunta entre Podemos, Izquierda Unida y Equo tras la convocatoria de elecciones generales para el 28 de abril. "La cosa está regular y la decisión de este lunes podía suponer una piedra en el zapato para lo que estén negociando", añaden fuentes de Equo Madrid. "Estos temas son complejos, tenemos un acuerdo a nivel nacional que condiciona", explican otras fuentes de la formación.

Antes de que estallara la crisis en Podemos por la alianza de Errejón con Carmena, el proceso de negociaciones que estaba abierto debía concluir con la gestación de una candidatura con los aliados de Unidos Podemos: la formación morada, IU y Equo. A nivel nacional, los tres partidos suscribieron en julio del año pasado un acuerdo general de alianza para las elecciones europeas, autonómicas y municipales del próximo mes de mayo. Un pacto cuyo aterrizaje en las distintas comunidades y localidades no estaba exento de dificultades y que tenía en Madrid su principal foco de atención mediática con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, poniendo sus propias condiciones.

El adelanto electoral ha acelerado las negociaciones de ámbito estatal y apremia para cerrar pactos para el resto de los comicios. Fuentes de IU y de Podemos daban por sentado que habrá acuerdo para las generales, pero tampoco descartaban una quiebra total provocada por el lodazal en el que se ha convertido la realidad del "espacio político del cambio" en la capital y su área metropolitana. Si se rompe Madrid, sostienen en ambos partidos, puede romperse Unidos Podemos.

Lo que la formación ecologista tiene claro es la alianza con la primera edil madrileña para concurrir a las elecciones municipales a las que Podemos ha dicho que no se presentará. "El acuerdo con Carmena es indiscutible", aseguraba este lunes a eldiario.es la coportavoz de Equo Madrid Ana Álvarez. Las conversaciones con la plataforma de la alcaldesa para una candidatura conjunta a la Alcaldía de Madrid se iniciaron el pasado octubre con la presentación de la plataforma.

La concejala de Equo en el Ayuntamiento, Inés Sabanés, asistió este sábado al primer acto público de Carmena y Errejón para presentar Más Madrid. Sabanés ha sido además una de las caras más visibles del Gobierno de Carmena. La edil ha dirigido la política medioambiental y de restricción del tráfico privado, una de las medidas estrella del Gobierno de Ahora Madrid.

Los militantes de Equo además trabajan activamente desde hace meses en la plataforma de la regidora. Desde el partido ecologista no entienden que el espacio que tanto costó aunar en 2015, y que tan buenos éxitos deparó, se rompa ahora. Desde Equo Madrid creen además que el comunicado que lanzó este lunes Izquierda Unida de Madrid rompe con el acuerdo marco alcanzado en julio.

"La hoja de ruta de IU Madrid es completamente distinta y superaba el acuerdo marco, además de su línea roja a la Operación Chamartín, y entre eso y que Podemos no responde, se acordó apostar por completo por Más Madrid algo que entendemos además es lo más lógico", explica un dirigente de la formación ecologista.

Para Equo Madrid no es "lógico" separar la actividad del Ayuntamiento y la Comunidad. "Lo lógico es que esté todo coordinado". El partido ecologista, que abogó por la unidad, no descarta sin embargo que Podemos en el futuro se una al acuerdo que se alcance con Más Madrid para una candidatura liderada por Errejón.

Si hay urnas a la vista, hay marejada entre las diferentes sensibilidades surgidas de la antigua Convergència. La convocatoria de elecciones Generales para el próximo 28 de abril ha reabierto la pugna entre JxCat, PDeCAT y la Crida, formaciones condenadas a entenderse pero que se miran con las espadas en alto desde hace tiempo. Ante la premura electoral, los partidarios del expresident Carles Puigdemont y los herederos de la formación nacionalista negociarán una lista común al Congreso en el momento de mayor distancia organizativa y estratégica.

Este lunes se reunieron, cada uno por su lado, tanto las direcciones de PDeCAT como la de la Crida de Puigdemont. Ambas preparaban las conversaciones que necesitan mantener sin dilación para confeccionar su lista. Con una campaña electoral que comenzará en apenas dos meses, no hay tiempo que perder. El presidente del PDeCAT, David Bonvehí, calculó este lunes en una semana el tiempo que podrían tardar en tener lista la negociación sobre el número uno de la lista y sobre el equilibro interno.

Bonvehí y los suyos han aceptado que Junts per Catalunya es una marca mucho más potente que la suya para la competición electoral. "La mejor solución", consideró el líder del PDeCAT, es concurrir con "el espíritu y la fórmula de JxCat" a todas las elecciones. Pero la formación no está dispuesta a hacer más concesiones a cambio de nada. Los postconvergentes avisan de que no aceptarán ser dejados al margen de la sala de control de la candidatura y que negociarán número por número para colocar a sus candidatos.

El pulso que plantea el PDeCAT, que posee los derechos electorales heredaros de Convergència, tiene que ver con la experiencia sufrida en las elecciones del 21 de diciembre de 2017 al Parlament. Según expresan fuentes de la formación, en aquel momento el entorno de Puigdemont diseñó una candidatura a su gusto y pasando por encima de los intereses del PDeCAT, que además era quien ponía la infraestructura electoral, organizativa y económica. Hasta el punto de que ahora es JxCat quien controla los derechos económicos del grupo parlamentario que comparten. Pero esto no se repetirá, reiteran voces del partido.

Presos y moderados

Hasta el momento, lo único que ha funcionado como pegamento entre ambas formaciones son los presos, fieles a Puigdemont pero de larga trayectoria convergente y que, por eso, son reivindicados en ambas casas. Siendo así, colocar a uno de los enjuiciados en el número uno también al Congreso puede servir para rebajar la tensión entre las familias. Con todo, los partidarios de Puigdemont piensan en la vicepresidenta del PDeCAT y actual diputada Míriam Nogueras para repetir en Madrid, pese a que la política sonaba como alcaldable de su ciudad, Mataró.

El PDeCAT, por su parte, apuesta por tocar poco su equipo en el Congreso. La formación de Bonvehí cuenta en Madrid con un sector moderado muy mayoritario, liderado por Carles Campuzano y Jordi Xuclà. Pero para mantenerlos, el PDeCAT deberá de emplear a fondo toda su fuerza, habida cuenta de la opinión que mantienen algunas corrientes de JxCat sobre ambos. Entre los partidarios de Puigdemont cundió la sensación durante la moción de censura y, después, en el conato de negociación sobre los presupuestos, de que el PDeCAT en el Congreso jugaba contra sus intereses.

Congreso, antes que municipios y Europa

Debido a la urgencia, JxCat y el PDeCAT han priorizado la negociación sobre las elecciones al Congreso, sin haber cerrado aún las candidaturas municipales y europeas. Las conversaciones sobre Barcelona, de hecho, se vienen eternizando durante los últimos meses debido al choque entre las formaciones. La consellera de la Presidència y cara reconocible de JxCat, Elsa Artadi, ha manifestado que le hace "ilusión" formar tándem con Quim Forn, que es aceptado por todas las partes como alcaldable de JxCat. Con todo, el paso de la consellera aún no está decidido.

En Barcelona, la pugna viene algo más arriba en la lista. El PDeCAT aprieta para colocar a su candidata, Neus Munté, en el número tres, puesto que Artadi prefiere reservar a eventuales fichajes, dejándole a ella el cuatro. El resto de puestos, hasta los nueve que tienen ahora, son una batalla campal entre las formaciones que no acaban de resolver.

Y algo similar ha ocurrido con la candidatura a las europeas. El PDeCAT hizo hace meses una apuesta decidida por acudir a Bruselas en la coalición con el PNV, opción a la que los vascos pusieron condiciones. Ante eso, la corriente afín a Puigdemont, que guarda un recuerdo muy negativo de la intermediación hecha por el lehendakari Urkullu en octubre de 2017, puso distancia con esa alianza para Europa. Por el momento 

Si el recurso de un grupo de juristas expertos en protección de datos no lo impide, las próximas elecciones tendrán dos terrenos de juego para la propaganda electoral. Uno serán los medios tradicionales como la televisión, la radio o los medios escritos, donde todo el mundo podrá acceder a los mensajes de los políticos. Como siempre, las preguntas que no contesten, sus contradicciones y donde dije digo, digo Diego estarán bajo un cierto control.

La otra dimensión del debate tendrá un nivel de personalización mucho mayor y opaco. Las campañas electorales de 2019 serán las primeras en las que la ley permita a los candidatos rastrear Internet en busca de información ideológica de cada votante y sus datos de contacto, con el fin de enviar mensajes electorales personalizados a su WhatsApp o redes sociales sin consentimiento previo. 

La fiscalización de ese nivel personalizado será mucho más compleja. ¿Cómo vigilar qué dice cada partido a cada ciudadano? o ¿está compartiendo información imprecisa, incorrecta, o directamente, falsa? son algunas de las preguntas que preocupan a los especialistas. Sin embargo, hay otra cuestión que inquieta todavía más a los juristas que intentan que el Tribunal Constitucional ilegalice estas prácticas: la creación de bases de datos con información ideológica de los ciudadanos y sus posibles usos maliciosos.

Si su recurso ante el Defensor del Pueblo no prospera y la ley sigue vigente cuando comience la campaña, el único freno ante prácticas abusivas será la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Será un encargo ingente. El organismo no tendrá que vigilar solo a los partidos o los equipos de campaña de cada candidato, sino también y muy especialmente a las agencias marketing político que ofrecen servicios de intervención en el debate público que cualquiera puede contratar.

Las estrategias basadas en la guerra sucia, como el uso de granjas de bots o influencers mercenarios, no suelen estar firmadas por los equipos de campaña de los candidatos, sino que se encargan a terceros como estas agencias. De cara a las campañas electorales de 2019 los partidos pueden subcontratarlas agencias especializadas para las labores de rastreo de información ideológica y datos de contacto en la red con los que enviar propaganda electoral personalizada o desinformación dirigida a segmentos clave del censo.

La Agencia deberá acometer esta misión de árbitro de la mercadotecnia basada en datos electorales con el cinturón bien apretado. Sus recursos económicos apenas han variado desde 2012 tras sufrir la congelación de cuentas característica de la era Rajoy. El plan de Sánchez de aumentar un 9,3% sus fondos para 2019 cayó en saco roto junto a los presupuestos presentados por el PSOE. El millón de euros extra que iba a recibir la AEPD estaba destinado íntegramente a la contratación de personal.

Hay nueva ley para la propaganda electoral, pero no un nuevo presupuesto para controlarla.

 

La AEPD es consciente de lo que se le viene encima. Participó en la primera redacción de la Ley de Protección de Datos, en la que los partidos introdujeron una modificación de la Ley de Régimen Electoral General y legalizaron las prácticas de minado de datos ideológicos. Entonces el texto aún no incluía la disposición final tercera, en la que los partidos camuflaron esa modificación. "Esa disposición no fue informada preceptivamente por la Agencia", enfatizó su directora, Mar España, en un encuentro con periodistas a finales de enero.

"Actuaremos con toda la contundencia" 

"Si tenemos denuncias donde haya pruebas de que un partido ha hecho ese perfilado a través de una contratación de una agencia de big data, de analítica, de fake news, actuaremos con toda la contundencia", avisó España. "Esperamos que no se produzca", añadió.

La AEPD comunicó entonces que no hay ninguna denuncia interpuesta contra los partidos políticos por usos abusivos de datos personales. No en vano, la ley solo autoriza el envío de propaganda personalizada en periodos electorales. En cambio, España mostró preocupación ante el derecho a oposición que "cientos, miles" de ciudadanos están ejerciendo contra los partidos políticos con carácter previo a que estos les envíen su propaganda, a través de formularios como el que hizo público la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) en colaboración la Asociación de Internautas y juristas especializados en protección de datos.

En caso de que los partidos no atiendan cada una de esas solicitudes, los ciudadanos pueden acudir a la AEPD para que proteja sus derechos. "Necesitaríamos que se aprobara el presupuesto cuanto antes, o que el Ministerio de Hacienda nos habilitara una generación de crédito porque puede haber cientos, miles, de peticiones de derecho de oposición que no sean atendidas y vengan a la Agencia, y tendremos que ver cómo lo podemos manejar", pidió España antes de que el Congreso derribara los presupuestos de Sánchez y el presidente convocara elecciones.

Circular de aviso  

Será una carrera cuesta arriba, puesto que no es previsible que ningún partido renuncie a la utilización de estos métodos de mercadotecnia avanzada para ganar el favor de los votantes o desacreditar a un rival con campañas orquestadas por agencias de marketing político. Como aviso a navegantes, la Agencia abrió recientemente el borrador de una circular que detalla las garantías que deben cumplir los partidos en este campo.

La AEPD lo envió a los partidos y al resto de agentes interesados para que hicieran sus aportaciones antes del 13 de marzo. Si un partido se la juega y lo pillan haciendo uso de prácticas prohibidas puede caerle una multa de hasta 20 millones de euros. "Me consta que los partidos políticos saben lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer", informó España: "Apelo a la responsabilidad de los partidos políticos y a la de las empresas que hayan contratado".

El PP no logra escapar del debate sobre el aborto. 19 feb 2019 21:05:51.eldiario.es - eldiario.es.

En la primera semana de la precampaña de las elecciones generales del 28 de abril, el Partido Popular no ha conseguido escapar del debate sobre el aborto, uno de los objetivos que se fijó el pasado miércoles cuando el Gobierno perdió la votación de los Presupuestos Generales del Estado y la legislatura llegó a su fin. Tanto el líder del PP, Pablo Casado, como la candidata del partido a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han tenido que posicionarse al respecto en las últimas horas y lo han hecho lanzando mensajes contradictorios. 

El presidente de los populares, que hace apenas dos semanas pidió retroceder en la legislación sobre el aborto volviendo a la ley de supuestos de 1985 y aseguró que en España había "barra libre" para abortar hasta la semana 22 de gestación gracias a la ley de plazos vigente, evitaba este martes defender esos mismos argumentos. Tras ser preguntado al respecto en una entrevista en Telecinco, se limitaba a reivindicar la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo lograda hace más de tres décadas.

Díaz Ayuso, por su parte, aprovechaba el martes otra entrevista en Telemadrid para sostener que "el aborto no es solo una cuestión de ideología sino de principios", y que defenderlo "es apología de la muerte". La candidata intentó envolver el discurso, dudoso y contradictorio en algunos momentos, como un "tema personal". Incluso redujo la posición inicial de Casado sobre el aborto, favorable a volver atrás, a una "opinión personal". "Es padre de una criatura que pesó medio kilo", dijo. 

Consciente de que la de la interrupción voluntaria del embarazo es una de las discusiones que más diferencias internas provoca en las filas populares, hace una semana, nada más producirse la votación de las enmiendas a la totalidad de las cuentas del Gobierno y cuando PP, Ciudadanos y las fuerzas independentistas catalanas tumbaron a Sánchez los Presupuestos, la dirección popular que preside Pablo Casado anunció su intención de evitar ese debate durante la larga campaña electoral que se avecina. 

Génova explicó entonces que su intención era dejar de "morder" los que consideró "señuelos" de sus rivales políticos, entre los que además del aborto citó la memoria histórica o la exhumación de Franco. Uno de los objetivos de esa nueva estrategia tenía que ver con el propósito de la dirección del PP de suavizar la imagen de dureza cultivada en los últimos siete meses por el giro a la derecha emprendido por Casado nada más llegar a la presidencia del partido, para "abrir" sus puertas al electorado y acercarse incluso a votantes del PSOE que puedan estar descontentos con la gestión de Sánchez en la Moncloa. 

Este martes, sin embargo, Casado no lograba evitar ese debate considerado incómodo por su propia dirección: "Si el PP gobernara, ¿se cambiaría la ley del aborto?", le preguntaba al presidente de los populares la periodista Ana Rosa Quintana, que mostraba su interés por las declaraciones del líder del PP del pasado 7 de febrero en una entrevista a la agencia Efe en la que abogó por volver a la ley del 85 utilizando argumentos falsos, como que esa normativa tuvo un "consenso social" en España, si bien Alianza Popular, germen del PP, votó entonces en contra de la misma.

"No es cuestión de no tocar" la ley del aborto, respondía este martes Casado, porque, a su juicio, "su despenalización está superada en España hace cuarenta años". "Desde el año 85 nadie quiere que se penalice esa decisión y las leyes que despenalizan las cosas son buenas", apuntaba.

Para el presidente de los populares, que ya no habla de ninguna "barra libre" como hace apenas dos semanas, de lo que se trata "es de hablar en positivo y que ninguna mujer se vea presionada ni por su pareja, ni por sus padres ni por sus situación económica para abortar si esa es la cuestión que le lleva a hacerlo". Para ello, ha recordado que el PP trabaja "en una ley de apoyo a la maternidad".

El argumentario de Génova se impone desde lo alto de la jerarquía al discurso de los candidatos autonómicos y municipales. La aspirante a presidir la Comunidad de Madrid reconoce abiertamente que el aborto es un asunto que no les conviene. "Le conviene a la izquierda y a los que nos quieren dividir, no a nosotros", dijo Isabel Díaz Ayuso en Telemadrid. 

Las discrepancias internas sobre este tema, más o menos públicas, son históricas en el PP, que se enfrenta de nuevo al debate con los bandazos del nuevo líder en torno al asunto hasta el punto de reducir las posiciones de cada uno a un "tema personal". "Es un tema tan personal que es difícil tener un 100% de consenso, hay diferentes sensibilidades", admitía Díaz Ayuso. Su postura, eso sí, la dejó clara: "Abortar es interrumpir una vida, es apología de la muerte". 

El PP pretende evitar en cualquier caso un debate planteado en la dicotomía de avanzar o retroceder porque "volver atrás siempre es incómodo", admite la candidata, que apela al "consenso" como guía para actuar (la ley de plazos aprobada por el Gobierno de Zapatero no lo tuvo por la oposición del PP). 

Una encuesta encargada por Telemadrid revela que la norma actual despierta un consenso relativamente amplio: el 64% de los madrileños y madrileñas preguntadas se mostraron favorables a mantener la regulación en vigor. Esta amplia proporción, sin embargo, se reduce a la mitad en el caso de los votantes del PP entrevistados. Solo el 32% está de acuerdo con la ley del PSOE y casi el mismo número, un 28%, prohibiría totalmente la interrupción voluntaria del embarazo. "Ninguna mujer va a ir a la cárcel por abortar. Y no se trata de hecho", resolvió Díaz Ayuso ante los resultados. "Lo que concite el consenso está bien", añadió después.

Así que, ante un debate que parece inevitable, el PP busca la definición de su posición sin romper la paz entre sus filas ante un asunto que, como un bumerán, le vuelve a Pablo Casado ahora que hay que poner sobre el programa las medidas que repitió en su carrera por presidir el PP. 

Al poco de comenzar el interrogatorio del exconseller Jordi Turull, el fiscal Jaime Moreno lanzó una pregunta que no es la primera vez que se escucha en el juicio del procés: "¿Es usted socio de Omnium?". Turull no podía negarlo –lo es desde hace más de veinte años–, y además comentó que es socio de Cáritas, Oxfam Intermón y el RAC. No era suficiente con la ironía y siguió: "Me sorprende que se me haga esa pregunta. No sabía que fuera delito. No lo era durante el franquismo".

No todos los días un fiscal del Tribunal tiene que escuchar eso. No debe sorprenderse si los fiscales preguntan a varios consellers sobre su militancia política, por lo demás bien conocida.

El exconseller de Presidencia, antes al frente del grupo parlamentario de JxSí, se presentó combativo en su comparecencia. Aceptó responder a las preguntas del fiscal –no así después Raül Romeva– y fue contundente y polemizó siempre que lo estimó necesario. Pero cuando se tocaban temas más sensibles sobre la organización y ejecución del referéndum, no se dejó arrastrar por la belleza del combate verbal. Ahí llegó el turno de alegar desconocimiento.

Los defensores ya se habrán ocupado de dejar claro lo obvio a sus clientes: si quieren pringarte en algo potencialmente delictivo, que lo demuestre la fiscalía. Tú, callado. Puedes elegir entre 'no lo sé', 'no recuerdo' o 'no me consta'. Turull apostó por el primero.

En el espinoso terreno en el que se mueve la fiscalía, está claro que para conseguir condenas por delitos muy graves tiene que tirar de varios palos al mismo tiempo. No en todos se mueve sobre posiciones sólidas. Cuando hay resoluciones parlamentarias, contratos o adjudicaciones, trabaja sobre hechos concretos. Al intentar dibujar una gran estrategia conspiratoria responsabilidad de los políticos que están en el banquillo, se sumerge en interpretaciones y especulaciones políticas menos claras y que permiten a los acusados iniciar un animado debate. En este momento del juicio, eso le sirve a la acusación entre poco y nada.

Marchena pone orden

Como presidente del tribunal, el juez Manuel Marchena no está aquí para organizar un buen espectáculo televisivo. En la sesión del martes tuvo que intervenir varias veces para marcar límites a las dos partes. Nunca de forma descortés. Para mantener la calma en este juicio, lo importante es que nadie se sienta ofendido.

Marchena fue firme para decir a Turull que no hiciera "juicios de valor" sobre las preguntas de la fiscalía (ya había hecho unos cuantos). "Vamos a evitar ejercicios especulativos sobre lo que podría haber pasado. Preguntemos lo que el acusado sabe o no", comentó al fiscal Moreno para frenar una de sus expediciones a la caza de la respuesta que no iba a recibir. "Puede preguntar sobre eso, pero no puede aspirar a que la respuesta le satisfaga", fue el comentario que recibió la abogada del Estado Rosa María Seoane. Hubo para todos.

En realidad, Marchena está dando un amplio margen a las acusaciones y las defensas. Eso no quiere decir que haya barra libre para eternizar el juicio.

"De abajo hacia arriba"

Cuando Turull estaba más lanzado, intentó dar una teórica sobre el origen del procés. "El movimiento independentista va de abajo hacia arriba y después hay políticos y entidades que quieren recoger este sentimiento y darle una salida política, pacífica y democrática", dijo. Es precisamente la "salida política" lo que se juzga en el Tribunal Supremo, porque fueron los políticos los que tomaron las decisiones que cruzaron los límites de la ley, según la fiscalía. No fueron los ciudadanos de ideas independentistas los que trazaron la estrategia, sino los gobernantes elegidos en las urnas. 

Sobre la supuesta intención de tener planeado elevar el umbral de conflictividad –la fiscalía intenta constantemente recurrir al presunto uso de la violencia–, Turull lo negó todo: "Los hechos lo desmienten. El Govern y el Parlament han buscado de forma insistente la negociación y el diálogo". 

El exconseller sí concedió una pequeña victoria a la fiscalía cuando le preguntaron qué se hizo tras recibir las advertencias del Tribunal Constitucional (TC) para que no hicieran en el Govern lo que finalmente hicieron. "Hicimos un ejercicio de ponderación. Ponderar que el Govern se debe al Parlament, que estaba despenalizado el convocar referendos, que el voto nunca puede ser ilícito en una democracia, ponderar nuestro compromiso con los ciudadanos", explicó Turull. 

El listado de tareas pendientes antes de decidir si se cumple o no un auto del TC resultaba tan amplio que el tribunal habrá tomado nota de que cumplir las resoluciones del TC no era una prioridad para los acusados.

Ahí fue donde Turull disfrutó del momento de denunciar un doble rasero al introducir los incumplimientos de sentencias del TC por el Gobierno central. Un argumento de peso ante la opinión pública, pero irrelevante en este juicio. El tribunal no puede denunciar la hipocresía de algunos políticos ni juzgar a todo el sistema político, sino sólo a unos acusados en concreto. 

"No lo sé"

Luego llegó el momento en que el exconseller se vio obligado a reconocer su ignorancia sobre hechos que tuvieron relación con él. Ese es el instante en que un abogado defensor está más atento. No es momento para errores.

Fiscal: "Cuando presentaron las urnas que se emplearon en el referéndum, ¿sabe quién las pagó?".

Turull: "Ni idea".

Fiscal: "Pero estuvo en la rueda de prensa en la que se presentaron esas urnas". 

Turull: "Fue la primera vez que vi la urna".

"¿Quién dio la orden de crear un censo universal?" (para que la gente pudiera votar en cualquier colegio), preguntó la abogada del Estado. "Ni idea". Otra pregunta de Seoane: "¿De quién dependían los resultados electorales?" (del referéndum). "No lo sé", fue la respuesta.

Turull fue uno de los tres responsables de la Generalitat que anunciaron los resultados en rueda de prensa, pero dice desconocer de dónde salieron. En este caso, no ocultó que no iba a decir de dónde vinieron, porque "estamos en una causa penal". Hay que insistir en que las acusaciones no pueden pretender que los acusados se incriminen a sí mismos o a otras personas. 

Turull negó que saliera dinero público de la Generalitat para financiar el referéndum al tener las cuentas controladas por el Ministerio de Hacienda. En su escrito de acusación, la fiscalía hace referencia a facturas de la empresa Unipost por valor de 979.000 euros que finalmente no se pagaron. El exconseller respondió que la Generalitat no firmó ningún contrato con Unipost. 

Fiscal: "En Unipost la Guardia Civil encontró material electoral". 

Turull: "Lo leí en la prensa". 

Fiscal: "Esas cartas llevaban el logo de la Generalitat".

Turull: "No lo sé". 

Cuando la fiscalía te pide una pena de 16 años de prisión, es mejor tener claro cuáles son las cosas que no recuerdas. 

créditos

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