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created: 22 mar 2015 21:42:28 UTC ~ updated: 28 feb 2020 10:43:13 UTC ~ rssv2 ~ TTL 10 min. ~ es

Andrés Betancor estuvo menos de dos años como vocal en la Junta Electoral Central (JEC) –de octubre de 2017 a julio de 2019–, un periodo corto pero intenso en el que el máximo órgano electoral afrontó hasta cuatro elecciones que se convocaron en ese lapso de tiempo: generales, autonómicas y municipales, y europeas.

En esos meses Betancor participó en cerca de medio centenar de reuniones convocadas por la JEC mientras compatibilizaba ese cargo con su puesto de asesor en Ciudadanos con sueldo y despacho, tal y como ha desvelado eldiario.es. En esos 48 encuentros el organismo adoptó un total de 744 acuerdos, entre ellos varios relativos a recursos que presentó Ciudadanos, el partido que le pagaba como asesor jurídico. Aunque no todos tuvieron la misma enjundia.

Betancor fue uno de los vocales que votaron a favor de un recurso presentado por Ciudadanos y el PP para que Carles Puigdemont –huido de España– no pudiera concurrir a las elecciones europeas. Este hecho llevó al expresident a querellarse contra él y contra otro miembro de la JEC, Carlos Vidal, a los que atribuyó una "persecución política en toda regla" contra el independentismo. Además de Puigdemont, la JEC también prohibió que lo hicieran Toni Comín y Clara Ponsatí alegando que no estaban inscritos correctamente en el censo.

Aquella votación se dirimió por siete votos contra cuatro, evidenciando la división del organismo. La reunión, según testigos del momento, fue muy tensa y en ella Betancor se enfrentó al presidente de la JEC, el magistrado Segundo Menéndez, partidario de que Puigdemont sí pudiera concurrir en aquellas elecciones. Betancor logró imponerse pero la decisión de la JEC, muy celebrada por Ciudadanos, acabó siendo revocada por el Tribunal Supremo y el Constitucional. Ahora, tras conocerse que estaba a sueldo de Ciudadanos, tanto Torra como Puigdemont han anunciado que presentarán una querella contra él.

La actividad de la Junta Electoral Central también se incrementó en las semanas previas a las elecciones catalanas de diciembre de 2017. La convocatoria de esos comicios fue una de las primeras medidas que tomó el Gobierno de Mariano Rajoy para poner en marcha el artículo 155 de la Constitución.

Recursos de Cs contra TV3 y Catalunya Ràdio

Por ejemplo, Ciudadanos recurrió en varias ocasiones a este organismo para censurar la actividad de TV3, Catalunya Ràdio y la Agencia Catalana de Noticias. De hecho, Arrimadas llegó a proponer que fuera la JEC quien velara por la "imparcialidad" y la "neutralidad" de los medios públicos después de que el Ejecutivo no incluyera su control en el paquete de medidas de intervención de la autonomía catalana puestas en marcha al amparo del 155. La JEC no tomó el control de los medios públicos catalanes pero, a instancias de Ciudadanos, sí criticó la cobertura del ente y le conminó a ser escrupuloso en sus informaciones electorales.

En una resolución del 24 de noviembre de 2017, estimó parcialmente el recurso de Ciudadanos a una resolución anterior de la Junta Provincial de Barcelona y concluyó que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals de Cataluña había sido "negligente" a la hora de velar por los principios de "igualdad" y de "neutralidad informativa" con los que deben actuar los medios de comunicación de titularidad pública según establece la ley electoral. También les prohibió que emplearan expresiones como "Gobierno en el exilio" o la "lista del President" y les criticó por generar "confusión" entre la "realidad jurídica" y "otra pretendida realidad".

En esa misma reunión, la JEC –también tras un recurso de Ciudadanos– afeó la cobertura de los medios públicos catalanes de una manifestación en favor de la liberación de los 'jordis'. El máximo órgano electoral criticó que TV3, que retransmitió en directo y de forma íntegra esa marcha, proyectara la idea de que había un "apoyo masivo" a una manifestación "inequívocamente partidista" y que trasladara que su mensaje era de "acierto" y "bondad".

Ciudadanos también buscó que el organismo que vela por el buen funcionamiento de los procesos electorales obligara a la Compañía da Radio Televisión de Galicia (CRTVG) a incluirles en la cobertura de las generales de abril de 2019. La Junta Electoral Provincial de A Coruña les dio razón de manera parcial en plena campaña electoral: aunque no anuló el "plan de cobertura" sí determinó que no garantizaba los principios de "pluralismo político, igualdad y proporcionalidad" y estableció que Ciudadanos tenía derecho a "medidas compensatorias". La JEC, con Betancor de vocal, ratificó esa decisión días después al desestimar un recurso de la CRTVG.

En defensa de Arrimadas

El asesor jurídico de Ciudadanos también fue el autor de un polémico voto particular frente al acuerdo de la Junta Electoral Central que censuró la entrevista que Inés Arrimadas ofreció al diario ABC durante la jornada de reflexión de las elecciones catalanas. Betancor intentó convencer a sus compañeros de que la concesión de una entrevista durante la jornada de reflexión no merecía sanción alguna.

Los miembros del órgano que dirige los procesos electorales cobran una compensación trimestral de 3.314,24 euros. Además, se les abona una dieta de 150,25 euros por cada día de reunión. Por este último concepto Betancor cobró 7.212 euros

Tras destaparse que en todo ese tiempo estuvo cobrando como asesor en Ciudadanos, Quim Torra ha anunciado una querella. Pero también la Universidad Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona ha decidido este jueves abrir una investigación sobre el caso. El rector Jaume Casals, ha ordenado iniciar un expediente informativo para "esclarecer si las actuaciones" de Betancor pueden ser sancionables por parte de la Universidad. Casals ha expresado asimismo su "profunda preocupación personal" ante la irregularidad revelada por este diario y ha considerado "éticamente reprobable" la actuación del catedrático.

Ciudadanos ocultó al Congreso que Andrés Betancor, el candidato que proponía el partido para el puesto de vocal en la Junta Electoral Central (JEC), era un asesor del grupo parlamentario y defendió que este catedrático de Derecho Administrativo que tenía en nómina era un "perfil idóneo" para formar parte del órgano que regula las campañas electorales en España.

Durante dos años, entre 2017 y 2019, el asesor jurídico de Ciudadanos participó en las decisiones de la Junta Electoral sin inhibirse en aquellas presentadas por el partido que le pagaba por su condición de asesor y que en aquel momento lideraba Albert Rivera. El catedrático de la Universidad Pompeu Fabra sí pidió permiso en la Universidad para compatibilizar su actividad docente con su cargo como asesor de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados.

Tras la información publicada por eldiario.es, este medio se ha puesto en contacto con la Junta Electoral para saber si van a tomar alguna decisión sobre Betancor, que incumplió el régimen de incompatibilidades de ese árbitro. Fuentes de la Junta afirman que no se van a pronunciar tras una información periodística, que Betancor ya no forma parte de ese órgano y que solo tomarán alguna decisión si alguien presenta una denuncia documentada.

El representante de Ciudadanos en la comisión de nombramientos del Congreso, el diputado Miguel Rodríguez, certificó que Betancor, el asesor de su grupo parlamentario, tenía un perfil "idóneo" para ocupar un puesto de vocal en la Junta Electoral Central. "Consideramos idónea su candidatura", dijo el diputado Gutiérrez dándole la bienvenida a la Junta Electoral Central, como había hecho con el resto de aspirantes. Gutiérrez obvió cualquier alusión al trabajo que realizaba Betancor en su grupo parlamentario.

El examen en el Congreso se celebró el 26 de octubre de 2017 y en él Betancor explicó a los portavoces parlamentarios cuáles eran sus credenciales profesionales para ocupar el cargo pero en ningún momento desveló su vínculo con Ciudadanos. "Soy catedrático de Derecho Administrativo desde hace catorce años en la Universidad Pompeu Fabra, y también cumplo el otro requisito relativo a que soy catedrático en activo desde hace treinta años, que he dedicado a la Academia. En esos treinta años he sido profesor en cuatro universidades".

"Mi currículum" –prosiguió– "es el usual en una persona que, insisto, se ha dedicado a la Academia durante este período. Solo quisiera indicar que, además de mi vocación de servicio al derecho público y al interés general, esos méritos ponen de manifiesto también que soy un investigador dedicado al derecho administrativo, y entiendo que ese perfil es también sobradamente adecuado para la naturaleza y funciones que le corresponden a la Junta Electoral Central".

Más adelante, el aspirante a la plaza del JEC añadía: "Como ustedes sobradamente saben, el derecho administrativo se traba alrededor de una serie de mimbres, que son: la Administración pública, en su condición de sujeto o titular de un poder al servicio del interés general, y es imprescindible en el contexto de un Estado de derecho ser merecedor de un control, porque es el mecanismo de garantía de los derechos y libertades". "A propósito de la Junta Electoral Central [siguió exponiendo su candidatura] la Loreg, en su artículo 8, establece que la finalidad de la Administración electoral es garantizar la transparencia y objetividad del proceso electoral y el principio de igualdad".

Betancor obvió en todo momento su trabajo para el grupo parlamentario que presidía Albert Rivera y concluyó su intervención ante los portavoces de la Comisión del Congreso con una referencia a algo que consideró "sustancial", y que se señala en la exposición de motivos de la ley electoral. "Dice la exposición de motivos de la ley que solo nos podemos afirmar en democracia cuando el pueblo puede libremente constituir la decisión mayoritaria de los asuntos de gobierno. Ese es el papel que le corresponde a la Junta Electoral Central, y en caso de ser nombrado, me comprometo a cumplir y a respetar ese papel y esa tarea".

Los elogios de Miguel Gutiérrez al aspirante

En respuesta a las palabras de Betancor, el diputado de Ciudadanos y por entonces secretario general del grupo parlamentario, Miguel Gutiérrez, se deshizo en elogios hacia el aspirante y aseguró: "Desde este grupo parlamentario consideramos idónea su candidatura". "Creo que le avalan su currículum y su experiencia. Al igual que otros comparecientes que han intervenido antes que usted, desde este grupo parlamentario consideramos idónea su candidatura, y por tanto la avalaremos", afirmó su compañero.

Gutiérrez recordó, además, que Betancor había comparecido anteriormente en el Congreso en la Comisión Constitucional, como experto en temas de corrupción y "sobre todo –apostilló– en lo que tiene que ver con la corrupción política dentro de la Comisión de Lucha contra la Corrupción y protegiendo a los denunciantes. Por tanto, entiendo que conoce usted cómo funciona esto", le dijo.

El secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos, el mismo que lo tenía en nómina, remarcó que le parecía que "la lucha contra la corrupción es algo que está de plena actualidad, como estamos viendo en los últimos momentos", sacando a colación la participación de Betancor "en el último libro en el que usted ha participado sobre la corrupción, dentro de la corrosión del Estado de derecho".

En el turno de intervención, el diputado del PP, Juan Carlos Vera, apuntó también la cualificación de Betancor e incluso destacó el hecho de que, pese a que su propuesta de nombramiento venía "de otro grupo parlamentario, eso no desvirtúa para nada su idoneidad para ocupar este cargo, que yo considero de enorme importancia". Vera destacó que la aportación que puede hacer un catedrático de derecho administrativo a la Junta Electoral Central es completamente adecuada", y añadió que "en todo caso, la independencia no es un tema de militancia, cercanía o simpatía, sino de ética".

"Muchísimas gracias a todos los diputados por sus amabilísimas palabras, que me reafirman en mi gratitud por esta oportunidad de seguir prestando mis servicios al interés general", replicó Betancor cuando ya se disponía a entrar en la Junta Electoral Central. En concreto, y respondiendo a Vera, dijo: "Quería decirle que, en mi caso, nunca he participado de la idea del uso alternativo del derecho, por tanto, hago una interpretación leal porque, en definitiva, lo que está en juego es algo que está muy por encima de lo que puedan ser mis opiniones políticas o mi ideología, que es el buen funcionamiento del Estado y, como establece el preámbulo de la Loreg, el que los ciudadanos puedan sentirse que son partícipes de manera efectiva en lo que es la gobernación del Estado".

Durante los dos años siguientes Betancor tomó parte en centenares de resoluciones de la Junta Electoral Central, algunas presentadas directamente por su propio partido. En algunos de los debates más controvertidos, se posicionó del lado de los líderes de su partido, como cuando se quedó en minoría y emitió un voto particular, contra la censura de la JEC a la entrevista que publicó ABC con Inés Arrimadas en la jornada de reflexión de las últimas elecciones catalanas.

Betancor también se enfrentó al presidente de la JEC en una polémica votación que Ciudadanos siempre esgrimió como un triunfo político y que sirvió para excluir al expresidente catalán Carles Puigdemont de las elecciones europeas de 2019, una decisión que acabó tumbando el Tribunal Constitucional.

La independencia y neutralidad que exigía Ciudadanos

La independencia, imparcialidad y transparencia en el funcionamientos de los órganos institucionales ha sido una demanda constante de Ciudadanos desde que la formación se lanzó a la política nacional. Este jueves precisamente, el Congreso debatía una moción del grupo –mermado ahora a 10 diputados– consecuencia de una interpelación urgente al Gobierno, en la que le exigen que explique las medidas que va a adoptar "en relación a la despolitización de los órganos constitucionales".

La iniciativa fue presentada por el portavoz adjunto del grupo de Inés Arrimadas, y responsable de Justicia, Edmundo Bal, el abogado de Estado que fue fichado por Rivera precisamente para encarnar esa lucha contra el uso partidistas de las instituciones.

El preámbulo de la moción de Ciudadanos comienza diciendo que "una democracia de calidad exige unas instituciones fuertes, despolitizadas y libres de corrupción, con fuertes controles entre los distintos poderes y organismos del Estado". El partido señala que entre otras cosas es necesario "reforzar el Estado de derecho y el funcionamiento e independencia de las instituciones". "España necesita unas autoridades verdaderamente independientes a fin de garantizar un adecuado equilibrio entre los distintos poderes del Estado y un mejor funcionamiento de nuestro Estado de Derecho".

Los de Arrimadas aseguran que es necesario que "los partidos políticos se comprometan a adoptar medidas que incidan en la despolitización de las instituciones del Estado y, al mismo tiempo, en su profesionalización e independencia". Entre las cinco propuestas que piden en la iniciativa incluyen una para que los grupos "se comprometan a no elegir por razones de afinidad política" a los miembros de las organismos judiciales e institucionales, aunque sin citar a la JEC. Igualmente, pide impulsar leyes "que tengan por objeto reforzar la neutralidad" de todos ellos.

Indignación entre los portavoces de varios grupos

La moción fue votada este jueves por la Cámara y rechazada por 190 votos en contra frente a 140 a favor. Previamente, varios diputados habían mostrado su indignación tras ver la información de eldiario.es. Uno de ellos, el portavoz de IU, Enrique Santiago: "Todo muy 'despolitizado' y poco prevaricador", ha asegurado sobre Betancor anunciando después su voto en contra a la moción.

También PSOE y Unidas Podemos han criticado a Ciudadanos por haber tenido a sueldo a un miembro de la Junta Electoral Central. Desde la cuenta del partido de Pablo Iglesias, la formación ha acusado a Ciudadanos de "cinismo" al presentarse como "regenerador de la democracia" y "tener a sueldo a un miembro de la JEC". "En muy poco tiempo ha superado las peores prácticas de la vieja política", ha lamentado.

El líder de los 'comuns' en el Congreso, Jaume Asens, ha asegurado que "llevábamos tiempo denunciando que la JEC era el brazo judicial de la derecha" y que "hemos sabido que también estaba a sueldo". "Es un grave atentado a la democracia. Tendrán que rendir cuentas ante esta Cámara y ante los tribunales", ha remarcado en los pasillos del Congreso, según informa Aitor Riveiro.

Rafael Simancas, secretario general del grupo socialista, también ha señalado que Ciudadanos pretende que "despoliticen los demás", mientras que "se aseguran un trato de favor poniendo a sueldo a sus miembros". "¿Es lo que harían también en el CGPJ, el Tribunal Constitucional o RTVE?", se ha preguntado.

La Universidad Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona ha anunciado este jueves que ha abierto una investigación sobre su catedrático de Derecho Administrativo Andrés Betancor a raíz de que eldiario.es haya desvelado que compaginó su vocalía en la Junta Electoral Central (JEC) con un sueldo de Ciudadanos como asesor.

Según ha informado la UPF, el rector del centro, Jaume Casals, ha ordenado la apertura de un expediente informativo para "esclarecer si las actuaciones" de Betancor pueden ser sancionables por parte de la Universidad. Casals ha expresado asimismo su "profunda preocupación personal" ante la irregularidad revelada por este diario y ha considerado "éticamente reprobable" su actuación.

Este miércoles se ha registrado el primer caso de contagio local de coronavirus en Sevilla. La persona, de 62 años, llevaba dos semanas con síntomas de neumonía y no había viajado recientemente a zonas de riesgo ni había estado en contacto con ningún caso conocido de coronavirus. En otras palabras, la transmisión del virus se dio en España, a diferencia de todos los casos conocidos hasta ese momento, que habían sido importados de otros países. 

Dicho caso hubiera pasado probablemente desapercibido si el Ministerio de Sanidad no hubiera cambiado su protocolo de detección de casos de coronavirus. A raíz de las epidemias en Italia y otros países fuera de China, el martes se decidió revisar las medidas establecidas para incluir como zonas de riesgo Corea del Sur, Irán, Japón, Singapur y cuatro regiones del norte de Italia, además de Wuhan (China). Otro de los cambios introducidos en el protocolo fue ampliar los criterios de realización de pruebas de laboratorio para la confirmación de casos de coronavirus.

Hasta este martes, solo se realizaban tests de SARS-CoV-2 a aquellos pacientes con síntomas respiratorios típicos de COVID-19, que hubieran estado en contacto estrecho con casos confirmados o que hubiera visitado recientemente las zonas de riesgo. Ahora, y desde el martes, también se realizan tests a personas con neumonías y otras afecciones respiratorias cuya causa se desconozca, aunque no hubieran estado en las zonas de riesgo ni en contacto con casos confirmados.

El epidemiólogo Pere Godoy explica que "un contagio local supone que tenemos que extremar las medidas de detección". Lo que indica, además, esta transmisión autóctona es que el nuevo coronavirus ha estado circulando dentro de nuestras fronteras durante semanas sin alertar a las autoridades sanitarias.

Desconocemos en qué medida ha ocurrido este fenómeno, pero no es ninguna sorpresa ni un motivo de alarma. Era lo esperable si tenemos en cuenta las características del virus. En Italia también han aparecido casos de coronavirus sin que se sepa el origen del contagio. De hecho, surgieron brotes en dos zonas del norte de Italia, separadas por más de dos horas en coche, sin que se pueda explicar cómo han podido ocurrir. La aparición de casos de coronavirus, que no han sido detectados por las autoridades, impide conocer, hasta el momento, la conexión entre ambos brotes.

Para comprender esta epidemia de coronavirus es necesario darse cuenta de que los casos confirmados suponen, en realidad, la punta visible del iceberg. El propio Centro para el Análisis de Enfermedades Infecciosas Globales del Imperial College de Londres ha realizado un análisis sobre la sensibilidad de la vigilancia internacional para la detección del SARS-CoV-2. En su informe, los investigadores estiman que dos tercios de los casos exportados fuera de China no se han detectado, a pesar de las restricciones de viajes y de las medidas llevadas a cabo por los gobiernos para identificarlos. 

Hay varias razones de peso que explican que haya más casos sin identificar de coronavirus que aquellos que oficialmente conocemos. Por un lado, se estima que alrededor del 80% de las personas que se infectan por el coronavirus desarrollan síntomas leves. Además, un porcentaje desconocido de los infectados no muestran ningún síntoma de enfermedad. Es extremadamente difícil detectar todos los casos leves y sencillamente imposible identificar todos los casos asintomáticos. Se trata de personas que no tienen, aparentemente, ninguna razón para acudir a los profesionales sanitarios porque creerán que están pasando un simple resfriado o una gripe, salvo que sepan que han estado expuestos a casos confirmados o sospechosos de coronavirus. Así que estas personas, que forman parte de la epidemia, quedan fuera de los registros oficiales.

Es más, en el caso de que el COVID-19 se extendiera sustancialmente fuera de China, las cifras oficiales estarían cada vez más alejadas de la realidad, hasta que ya no tuviera sentido realizar tests de laboratorio en la mayoría de los casos. Es lo que ocurrió con la epidemia de gripe A en 2009, que la OMS dejó de computar los casos en la semana 32 cuando ya eran más de 600.000 las personas oficialmente afectadas. 

Esta distorsión entre los casos reales de coronavirus y los casos confirmados también podría explicar, en parte, la diferencia en la letalidad del virus registrada entre la ciudad de Wuhan  (2-4%) y el resto del mundo (0,7%). Aunque el nivel de acceso a los servicios sanitarios es un factor que influye en la letalidad del coronavirus, el grado de detección de casos reales es un factor de peso. 

La ciudad de Wuhan fue el origen de la epidemia en el mundo y durante las primeras semanas de diciembre no se identificaron casos, por la sencilla razón de que ni siquiera se sabía qué virus era el responsable. Más tarde, cuando la epidemia se desató y había miles de nuevos casos cada día, era imposible realizar análisis a todos los casos sospechosos,  especialmente a las personas con síntomas leves o asintomáticas, que se quedaban fuera. Así que es extremadamente probable que la letalidad más alta del coronavirus en Wuhan se deba principalmente a un sesgo ocurrido por una menor detección de casos leves y asintomáticos.

Letalidad real más baja

Si somos conscientes de que el lado oculto de la epidemia de COVID-19 lo forma un porcentaje considerable (pero desconocido) de casos asintomáticos y leves, que se confunden con gripes y resfriados, es lógico pensar que esto es una buena noticia. Significa que la letalidad real por el coronavirus es más baja que la que nos indican los registros oficiales. ¿En qué medida? No lo podemos saber con certeza, al no conocer bien la magnitud de los casos sin identificar.

Sin embargo, este lado oculto de la epidemia tiene también un lado negativo: hay muchos más casos de los que conocemos y eso implica que la epidemia es más difícil de controlar. Aunque la letalidad del virus sea bastante baja, si este llegara a expandirse a las poblaciones, podría matar a numerosas personas ancianas y pacientes afectados por diferentes enfermedades. De ahí que las autoridades sanitarias estén destinando grandes recursos a evitar que este escenario se convierta en una realidad. Por muy leve que sea un virus, si se transmite a millones de personas, miles y miles de personas vulnerables estarían en peligro. 

Como explican desde el Ministerio de Sanidad, aún estamos a tiempo de contener al coronavirus, los casos conocidos que se están dando en España son muy reducidos y los casos que no se han detectado tampoco deberían ser muchos. Sin embargo, no podemos saber con certeza qué ocurrirá durante las próximas semanas o meses.

La posibilidad de pandemia es real. Ahora bien, tampoco sería la primera vez que el mundo fracasa en controlar un virus. La gripe A de 2009 no se pudo contener y se convirtió en una pandemia a lo largo del mundo. Aunque murieron como mínimo decenas de miles de personas, no fue un apocalipsis: la gripe A se convirtió en un virus estacional más, formando parte de nuestra rutina anual. 

Según cuál sea la evolución de la epidemia durante los próximos meses, puede que el coronavirus pase a formar parte de nuestras vidas cada otoño o invierno, como la gripe A, o puede que, como el SARS, sea un virus que conforme vino, se fue.

Alarmismo, desinformación, racismo. Uno tras otro y todo a la vez. La antropóloga estadounidense Adia Benton recuerda que ya hemos visto esta película antes. A su juicio, parte de la reacción al brote de coronavirus originado en China, del que se han detectado más de 80.000 casos, demuestra algunas lecciones que el mundo no ha aprendido de otras epidemias como el SARS o el ébola. Una de ellas, dice, es que cuando hay un vacío de información, es fácil que se forme una narrativa alrededor del brote que "busque un chivo expiatorio" y lo margine.

En una entrevista con eldiario.es, Benton, que es profesora asociada de Antropología y Estudios africanos en la Universidad de Northwestern (Illinois) y autora del libro Excepcionalismo del VIH: desarrollo a través de la enfermedad en Sierra Leona, reflexiona acerca de cómo opera este tipo de discurso y sus consecuencias. 

Para usted, parte de la reacción ante la epidemia de coronavirus originada en China encaja dentro de un "patrón habitual". ¿En qué consiste este patrón? 

Hay un patrón habitual de discurso tóxico y tiene que ver con el uso de chivos expiatorios o con denigrar a los que se considera los "otros". A veces, la propia enfermedad provoca este vilipendio. Otras veces, las condiciones sociales y políticas que preceden al brote se agravan con la aparición de una enfermedad de gravedad y capacidad de infección desconocidas. 

Es decir, las características de la enfermedad pueden acabar estigmatizando a cualquier persona sospechosa de padecerla. Si determinados grupos ya están discriminados por su clase, su raza o su lugar de origen, y se percibe que tienen características asociadas a su "diferencia" que les harían susceptibles de padecer la enfermedad, acaban sufriendo doble marginación o discriminación. La gente dice cosas como: "Oh, como los chinos comen esto o los chinos creen aquello, por supuesto que padecen esta cosa, y ahora sus malas prácticas 'culturales' están poniendo en peligro el mundo". Se habla de presuntas características innatas, y esto es importante, de las personas chinas que las predisponen a una cierta clase de virus, y por las que merecen ser excluidas y aisladas.

¿Qué consecuencias reales tiene este discurso?

Este tipo de discurso está teniendo consecuencias reales en el brote actual, como la violencia psicológica y física antiasiática; consecuencias económicas como resultado de las restricciones a los viajes y al comercio dentro de China, y de China con otros países. También, rumores y desinformación que influyen en las respuestas oficiales, como el aislamiento y la cuarentena de los cruceros.

¿Qué es lo que alimenta este tipo de narrativas?  

Los medios de comunicación convencionales suelen contribuir a alimentarlas, en el sentido de que pueden dar voz o informar sobre políticos que expresan ideas xenófobas o racistas. Pero las redes sociales y las narrativas que circulan a nivel local también son parte de este ecosistema. Hay bastantes analistas de sillón especulando sobre los orígenes de la enfermedad y recurriendo a fuentes dispares para apoyar ciertas teorías sobre su aparición.

¿Qué tiene en común la situación actual con la del brote de ébola de 2014 o la del síndrome respiratorio agudo y grave (SARS) de 2003?

El SARS es una comparación común porque es un virus similar. A nivel global, cambió la forma en que respondemos a los brotes con el potencial de convertirse en pandemias. Si lo comparamos con el ébola, podemos fijarnos en los usos políticos y sociales de la enfermedad. El ébola golpeó durante un año electoral en EEUU o en Liberia, así que los políticos lo usaban como una cuña para abordar otros temas que les interesaban, como la inmigración, la violencia policial por motivos raciales, la vigilancia y demás. Medios de comunicación como Newsweek y CNN se subieron al carro, viéndolo como una oportunidad de aumentar los ingresos. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido de la propagación de la desinformación y los rumores en el actual brote. ¿Cómo interactúan los rumores con el racismo?

La desinformación y los rumores son omnipresentes durante los brotes. Las personas tratan de encontrarle sentido a la enfermedad y a la muerte; tratan de medir los riesgos para sí mismas y para los demás. En ausencia de una información clara sobre el riesgo –y comunicar el riesgo es bastante difícil, en mi opinión– la probabilidad de que se extienda la desinformación y los rumores es mayor.

Por ejemplo, a medida que se van difundiendo noticias de que los funcionarios chinos de la capital querían restar importancia al brote o de que los expertos regionales estaban alarmados por el potencial de propagación, es de esperar que circulen rumores. Para los outsiders que miran de puertas para adentro, la tendencia será a especular sobre las supuestas motivaciones e intenciones de China con respecto a los orígenes de la enfermedad: ¿la fabricaron en el laboratorio? ¿desencadenaron intencionalmente el virus para diezmar a un grupo en particular? Son respuestas comunes, aunque preocupantes, en los brotes. El hecho de que se trate de un nuevo virus, de que y los científicos y los especialistas clínicos aún estén aprendiendo sobre él, solo aumenta el espectáculo.

Cuando la OMS bautizó la enfermedad como COVID-19, lo hizo intencionadamente, para no hacer referencia a ninguna de persona, lugar o animal para evitar el estigma. ¿Está de acuerdo?

Se ha debatido mucho sobre las taxonomías de las enfermedades y si hacer referencia a lugares y personas en los nombres de las enfermedades las estigmatiza. Pero es interesante preguntarnos qué clases de nombres estigmatizan a quién. Por ejemplo, está el virus de Marburgo, una fiebre hemorrágica, ¡pero se llama como una ciudad alemana! ¿La gente se revuelve del asco en Marburgo, Alemania? ¿Rechazan a los residentes de Marburgo? Pasa lo mismo con la enfermedad del legionario. ¿La gente teme acaso ir a las reuniones de la Legión Americana? 

Ciudadanos asiáticos están denunciando en varias partes del mundo el racismo con campañas como "No soy un virus". ¿Hay ahora una mayor respuesta antirracista que en otras epidemias? 

Ocurrió algo similar durante el brote del ébola en África occidental. De hecho "yo no soy un virus" circuló como un hashtag en octubre de 2014 entre los activistas liberianos, y se extendió. En realidad es una respuesta común, querer disociar a las personas de los virus. Pero también deberíamos reflexionar sobre cómo estamos colocando a la gente en la posición de sentir que son esencialmente iguales a la propia enfermedad, y quién o qué influye en esta percepción de que los liberianos, o los africanos occidentales, en general, y el ébola son sinónimos.

¿A qué se refiere?

La cuestión aquí es cómo se intercambia a las personas con el virus, que es lo que implica el lema 'No soy un virus'. Que alguien piense que la persona que tiene el síntoma en realidad es un virus. Así es como funciona el estigma: no es simplemente la forma en que los demás te tratan en relación con la enfermedad, sino también cómo empiezas a creer que estás encarnando todo lo que el virus representa. Los virus viven en los cuerpos, y cuando las políticas están orientadas a contener el virus, o a aislarlo, los funcionarios sanitarios y las autoridades gubernamentales están, en realidad, conteniendo cuerpos que son personas, aislando a cuerpos que son personas.

Por otro lado, deberíamos preguntarnos en qué medida las respuestas xenófobas y racistas son un síntoma de un sistema más amplio de desigualdad y exclusión.

¿Cuál es la mejor manera de no alimentar este discurso tóxico?

No lo sé. Está muy arraigado, pero quizás es importante hacer que la gente tome conciencia de cómo circulan estos mensajes, y de que tienen consecuencias materiales, físicas y psicológicas. Pero es difícil hacer que la gente piense en cómo contribuye directamente al dolor de los demás, que los perjudican.

A Nicoletta Ferrara, que estuvo de vacaciones en su Sicilia natal hasta el sábado, el coronavirus le preocupa lo justo para que no le conlleve problemas para volver este viernes a su país a recoger a su hija, de un año, que se quedó allí con los abuelos. "Ella sí que no se entera de nada de esto, solo caga, come y duerme", bromea la mujer, que se toma con humor la alarma generada en torno a este virus que en Italia, sobre todo en el norte, ya suma más de medio millar de infectados.

Su actitud estos días es la de muchos italianos que viven en Barcelona. Siguen con expectación el brote en su país, que ha ‘exportado’ la mayor parte de los casos detectados en España, pero por el momento no se han encontrado con episodios de rechazo por ser de donde son. Así se expresa Rolando d'Alessandro, originario de la Toscana pero que lleva 35 años en la ciudad. "Hay mucho alarmismo en general con el coronavirus, pero a mi nadie me ha tratado diferente estos días por ser italiano, como sí les ha pasado a algunos asiáticos", comenta.

Gaia Danese, cónsul general de Italia en Barcelona, explica a eldiario.es que las principales autoridades, desde el Govern al Ayuntamiento, les han contactado para ofrecer su ayuda si se producen casos de este tipo, pero añade que no han recibido quejas el respecto. "Todo lo que hemos atendido hasta ahora son llamadas y mails de italianos preocupados por los protocolos que hay que seguir, y tampoco ha sido algo exagerado, no ha sido difícil de gestionar", expresa. 

Barcelona no solo es la ciudad española con más italianos –unos 36.000, por solo 25.000 en Madrid–, sino que además representan la mayor comunidad migrante de la ciudad y la que más crece. Solo en 2019 un total de 4.776 italianos decidieron afincarse en la capital catalana. Uno de los recién llegados es Lorenzo Lanari, un joven de la ciudad de Ancona –en el centro del país–, que justamente ha firmado esta semana su contrato de alquiler en la ciudad. Para él, que se dedica al sector turístico, el coronavirus es sinónimo de complicaciones laborales por la caída de reservas, pero no de situaciones incómodas en su día a día. "Me parece que son los medios de comunicación los que exageran", sostiene el joven.

Todos ellos han escuchado sin embargo estos días el caso de una piscina municipal que vetó la entrada a un grupo de alumnos italianos, lo que hizo encender las alarmas de la comunidad por si se daban episodios de racismo como el que han vivido las personas de origen asiático, al ser China el país de origen de este virus que ha matado a 2.800 personas. El caso puso en alerta incluso al Consulado Italiano en Barcelona, pero no han detectado más episodios como aquél. 

La piscina pide disculpas

Lo que ocurrió en la piscina municipal de Can Caralleu, gestionada por la Fundació Claror, es que el lunes el grupo de párvulos de P4 del colegio italiano de Barcelona, la Scuola dell'Infanzia Maria Montessori, tuvo que dar media vuelta y quedarse sin las clases de natación porque les negaron la entrada. "Las profesoras tuvieron que inventarse una excusa para no contarles la verdad a los niños", explicaba a este diario uno de los padres, Riccardo, contrariado por una "discriminación" que ni siquiera tenía en cuenta que muchos niños ni siquiera son italianos.

Cuando se enteraron de ello, desde el Ayuntamiento de Barcelona aseguraron que fue un error por exceso de celo de los gestores del equipamiento. "Este miércoles llegó una carta del polideportivo reconociéndolo y pidiendo disculpas", explica este padre. Por ahora, el colegio mantiene su actividad con normalidad y sólo envió una circular a las familias recomendando que se quedaran esta semana en casa si habían viajado recientemente a las regiones más afectadas de su país: Lombardía, Piemonte, Veneto y Emilia Romagna. La del 17 de febrero fue semana blanca en el centro, por lo que algunas familias aprovecharon los muchos y baratos vuelos a Italia (31 destinaciones entre Vueling y Ryanair) para pasar allí unos días.

Sin ir al trabajo tras volver de Italia

La medida adoptada por el colegio italiano va más allá de lo que establece el protocolo del Ministerio de Sanidad, que no recomienda a la población que proceda del norte de Italia abstenerse de ir a trabajar o a la escuela, sino únicamente llamar a los teléfonos de asistencia médica para que les hagan un primer cribado si presentan algunos síntomas. Aún así, este centro no es el único que ha aplicado exceso de celo frente al virus. A Elda, que pide no aparecer con su nombre real, su empresa en Barcelona le pidió que no fuera a la oficina esta semana por haber estado de vacaciones en el Veneto.

"En el ambulatorio ya me han dicho que si no tengo ningún síntoma puedo ir al trabajo, pero en la empresa me han dicho que no vuelva… La verdad es que me encuentro bien", expresa esta mujer, de 30 años. Tampoco le parece mal la medida. "No me parece del todo mal si con esta prevención se consigue eliminar la epidemia", razona, y añade que no está angustiada por si, caso poco probable, hubiese contraído la enfermedad. "Es muy dura para los que tienen problemas de salud, pero los demás la podemos superar bien; hemos creado un demasiado terror psicológico", zanja.

De forma parecida se expresa la Cónsul, que defiende que la situación en Italia no está descontrolada y que, pese al alto número de contagios, solo unos pocos municipios están realmente afectados. "A día de hoy el mensaje es que se puede viajar a Italia con tranquilidad", asegura, aunque el Ministerio de Sanidad haya incluido las regiones del norte entre las zonas a las que desaconseja ir. 

La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera (Madrid, 1969), dice sentirse "optimista" a la hora de que la oposición respalde una ley de cambio climático que se le quedó a medias por el adelanto electoral de 2019. El texto debe llegar en menos de un mes a las Cortes si el Ejecutivo quiere cumplir con el compromiso que tomó ya en su tercer Consejo de Ministros: 100 días para poner en marcha el plan climático.

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez aumentó los galones de Ribera, que pasó de ministra a vicepresidenta, para afrontar este proyecto en medio del repunte negacionista que encarna la ultraderecha desde EEUU a Brasil pasando por la Unión Europea y España. "Que nadie se esconda en otra persona o en otra institución para hacer como si no estuviera ocurriendo nada, porque no es verdad. Tiene una incidencia social terrible y enormemente injusta", dice la vicepresidenta a eldiario.es.

La Transición Ecológica se ha convertido en un convoy que lleva la lucha contra el cambio climático, la transición energética, la gestión del agua, la protección del litoral, la biodiversidad, la defensa de la naturaleza y la despoblación. Sobre cada uno de estos asuntos, Teresa Ribera tiene un plan o una opinión.

El Gobierno, tras declarar la emergencia climática, se comprometió a poner en marcha un plan en 100 días ¿cuál será la primera medida?

La remisión del proyecto de ley de Cambio Climático y Transición Energética al Parlamento. Al mismo tiempo, la presentación del segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y la firma de los primeros protocolos de transición justa en zonas en las que se cierran centrales térmicas de carbón. También se pondrá en información pública la estrategia de descarbonización para 2050. Y, por último, la constitución de la asamblea ciudadana por el clima.

¿Le preocupa que el debate sobre el cambio climático se polarice por la presencia de diputados negacionistas, como ha ocurrido en Estados Unidos con Donald Trump?

Un alto porcentaje de los votantes de Vox califican el problema del cambio climático como grave o muy grave. Creo que ahora debemos dar respuestas para evitar que la demagogia se polarice también en sentido inverso. Estos días veíamos a Marine Le Pen hablando de su convicción ultraconservadora y conservacionista, como si el localismo fuera la solución a los grandes problemas. Y yo creo que las soluciones a los problemas locales y globales están conectadas. Pero la defensa del cortoplacismo y de lo estrictamente local no nos va a ayudar a resolver problemas.

La ONU ha explicado que los planes climáticos mundiales auguran un aumento de la temperatura global de 3ºC ¿Estamos ya lejos de poder revertir la situación?

Cada día que pasa sin tomar medidas suficientes, se hace más difícil mantenernos dentro de los escenarios de seguridad. Insisto, cada día sin tomar acciones es más difícil. Eso no significa que no sea posible, sino que cuesta más esfuerzo, pero, que en todo caso, merece la pena seguir haciéndolo. 1,5ºC es mejor que 2ºC y 2'5ºC es mejor que 3ºC, así que no basta con contentarnos pensando en que es difícil y decir "no hago nada, qué le vamos a hacer. Se perdió la batalla" porque no es verdad. El riesgo que asumimos haciendo ese ejercicio es inmenso y no nos lo podemos permitir ni por nosotros ni por nuestros hijos ni por la estabilidad, no sólo de la economía, sino en general de la sociedad y de la especie humana.

Entre las medidas más concretas para atajar el problema, ¿se van a igualar los impuestos que pagan el gasóleo y la gasolina?

Sí. El Gobierno lo ha defendido y lo ha dejado claro. No hay razón ambiental para que haya esa discrepancia. Cosa diferente es cómo se acompaña a sectores productivos donde las alternativas quizá lleven algún tiempo, es decir, el gasóleo profesional o el de la agricultura. Pero esa equiparación va a ser relativamente rápida.

Tenemos que prepararnos para movernos de otra manera...

Un cambio hacia una movilidad sostenible nos hace ganar a todos. No solamente desde el punto de vista de la calidad del aire del entorno urbano, sino también de salud pública. Nos hace ganar también, si apostamos y adoptamos las medidas a tiempo, en nuestra cadena de producción industrial y de servicios, donde estamos viendo cómo se produce una revolución con respecto al tipo de vehículo, la modalidad, la prestación de servicios, la titularidad de la propiedad de vehículos... Las decisiones del Gobierno pueden acompañar para asegurarnos de que contamos con los requerimientos laborales, con la capacidad de innovación industrial, con las apuestas en términos de inversión. Se trata de medio ambiente, calidad del aire y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

En este sentido, este miércoles se vio con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que le presentó su plan ambiental. ¿Sirve para detener la sanción europea?

Siendo una primera propuesta de medidas pendiente de aprobación hay cosas interesantes, pero me ha parecido honesto plantearle por mi parte al alcalde de Madrid que es conveniente aplicar el principio de no regresión: no conviene nunca ir para atrás, sino ir para adelante. Uno de los elementos que más alarma suscitó en el seno de la Comisión Europea fue el hecho de que no consideraban suficientemente convincentes el conjunto de medidas que se presentaban. Quizá permitir que a Madrid Central entren coches de etiqueta C, que son unos 600.000, o el replanteamiento de algunas zonas por las que discurren las bicicletas no son buenas noticias. Con todo, le he notado mucho más sensibilizado. 

Si un amigo le pregunta a usted qué coche se compra ¿qué le responde: diésel, gasolina, eléctrico, híbrido?

Pues depende del uso que le vaya a dar. Yo a un amigo le diría que, con carácter general, tiene muchas soluciones antes de utilizar un coche, pero en el caso de un vehículo privado es bueno fijarse en cuáles son los recorridos. Es obvio que, en un área metropolitana o de 50 kilómetros, probablemente la mejor solución sea la del coche eléctrico o si son recorridos medios y largos, el coche más eficiente entre los posibles. En todo caso, es distinto el debate sobre cuál es la decisión que tomamos hoy como ciudadanos individuales en caso de necesidad de adquirir un vehículo y la necesidad de trabajar como país y como Gobierno en la evolución de un sector industrial y de un sector de políticas públicas en torno a la movilidad o un sector de innovación y de reubicación de nuestro potencial de empleo, que tienen que pensar en el medio y en el largo plazo y no solamente la visión de corto plazo de un usuario corriente.

Reino Unido planea prohibir la venta de coches de combustión en 2035, cinco años antes que el plazo europeo y español, ¿es viable?

En la Unión Europea hay un grupo de países que reivindica una revisión de los objetivos para eliminar los vehículos con motores de combustión antes. Pero, en paralelo, se debate sobre cómo hacer atractivo a las casas matrices y a la industria apostar por los sistemas de producción locales y nacionales cuando tienen que decidir dónde ubicar sus cadenas de ensamblaje o sus cadenas de componentes, y en aquellos vehículos que consideran que serán los que tengan más recorrido en el medio y largo plazo. Hay claramente un momento de tensión por las apuestas tecnológicas y por los desarrollos industriales en torno a los motores de combustión, a los motores eléctricos y, eventualmente, al hidrógeno.

Para que el coche eléctrico sea eficaz y viable hace falta que la energía sea libre de emisiones. El plan es llegar a eso en 2050 ¿Es posible ese cambio sin carbón, sin gas, solamente con energías renovables?

Estoy convencida de ello. Exige un nivel de penetración ordenado de la nueva potencia renovable, con una salida ordenada de la potencia fósil tradicional y, al mismo tiempo, exige apostar por sistemas de almacenamiento que nos permitan dar estabilidad y seguridad al sistema. Yo creo que esto es un punto muy delicado: estar seguros de que ninguno de los pasos que damos pone en riesgo la seguridad de suministro, ni pone en riesgo una reducción paulatina de precios. Y tenemos que encontrar cuál es la fórmula que nos permita dar estabilidad y generar atractivo para que se invierta en esos términos. 

Ha habido una enorme petición de permisos para construir nuevas plantas de energía renovable, ¿estamos ante una nueva burbuja?

En parte sí y eso me preocupa. Tenemos una demanda de permisos de evacuación de energía renovable que supera con creces lo que consideramos que se puede desarrollar de aquí a 2030. Y dado que no existen requisitos intermedios que permitan ir configurando un mapa de la seriedad de la oferta que hay detrás, no sabemos muy bien si detrás hay proyectos serios, medios serios de financiación o si es un potencial mercado especulativo de proyectos. Y creo que esto no es bueno.

¿Cómo piensan controlarlo?

Posiblemente tendremos que intervenir a través de la normativa que nos vaya introduciendo garantías durante todo ese proceso, hasta que se pueda autorizar finalmente la instalación.

Los fondos extranjeros, que denunciaron España por los recortes del PP a las renovables, siguen pleiteando en tribunales internacionales. ¿Le preocupa que haya embargos a España?

Ha sido uno de los legados más complicados y duros que tenemos por delante. No hay nuevas iniciativas, no hay nuevos procedimientos abiertos desde que aprobamos la posibilidad de elegir entre una compensación reconocida por un tribunal de arbitraje, o bien acogerse a periodos de estabilidad que aseguran una rentabilidad de más de un 7% durante mucho tiempo. Yo confío en que lo propios árbitros que recriminaban al Gobierno que no había alternativas para mitigar el golpe de los recortes ahora vean que hay esa alternativa. 

Pero, mientras tanto, tenemos laudos que ya han recaído y, efectivamente, pueden instar la ejecución y buscar poder hacerse con activos por parte del Estado. Es una de los pruebas manifiestas de la mentira tan grande que fue aquello de "yo me quito de en medio este problema" porque, en el fondo, fue una patada para adelante que ahora nos toca gestionar a los demás.

¿Cómo planean resolverlo?

Recuperando la confianza de los inversores internacionales. Habrá una defensa firme por parte del Estado ante los tribunales de arbitraje y los tribunales internacionales, pero, al mismo tiempo, confiamos en que haya una voluntad creciente de adherirse a este tipo de soluciones que, creo, son razonables para todos.

¿Descarta ya Villar de Cañas como ubicación para el almacén temporal de residuos nucleares?

Este es es un ejemplo de lo que ocurre cuando las cosas se gestionan mal. Tendremos que ser consecuentes y ver cómo se gestiona eso, con total seguridad, con total garantía para las personas y el medio ambiente. Es importante que haya, no solamente requerimientos técnicos que garanticen esa seguridad, sino también que sea socialmente aceptado por los vecinos, por las corporaciones de aquel sitio donde se vaya a ubicar ese almacén.

¿Elegirán otro municipio entonces?

El ministro Miguel Sebastián lanzó un proceso de consulta complicado, donde hubo varios municipios que se ofrecían para hacerlo y, por lo tanto, tenían una voluntad de acoger esa actividad. Todo aquello se fue al traste por una decisión personal que fue muy cuestionada a nivel local. Tendremos que abrir un proceso de consultas con los potenciales candidatos que quedaron. Además, los municipios donde existen centrales nucleares hoy están habituados a convivir y a coexistir en condiciones de plena seguridad con este tipo de actividad. Para explorar cuál es el mejor emplazamiento, tengo la impresión de que es muy difícil imponer una decisión así con la publicación en el Boletín Oficial del Estado. En todo caso, hay que encontrar un emplazamiento para ese almacén y hay que hacerlo rápidamente.

¿Estaban pagando lo suficiente las eléctricas para, después, gestionar sus residuos y desmontar las centrales nucleares?

Esto es lo que se ha puesto de manifiesto con el informe anual de Enresa: no estaban pagando lo suficiente, no se había actualizado su tasa y eso es lo que hicimos en diciembre pasado incrementándola un 20%. Una tasa que no supone un aumento del precio final de la electricidad, sino que, más bien, va contra el beneficio de los generadores de electricidad.

En este sentido, el acuerdo de gobierno del PSOE con Unidas Podemos prometió atajar los llamados “beneficios caídos del cielo” de las eléctricas. ¿Cuáles son sus planes al respecto?

Esa tasa Enresa actualizada es financiada en gran medida por una parte de esos beneficios creados por la diferencia entre el precio único final de la energía que se marca en el mercado y lo que cuesta generar electricidad, según la tecnología utilizada. En estos momentos, y yo creo que este año va a ser fundamental para ello, lo que tenemos que entender –y velar para hacerlo con cuidado– es cómo está cambiando rápidamente la evolución del mercado eléctrico de los sistemas de fijación de precios.

La DANA de septiembre o la tormenta Gloria nos han puesto ante la nueva realidad de España: el litoral está muy indefenso ante episodios extremos cada vez más frecuentes. ¿Van a revisar las concesiones de ocupación en la costa?

No cabe engañar a la gente, que fue lo que ocurrió en 2013 y 2014 [con la reforma de la ley de Costas del PP] ni intentar engañar a la naturaleza, porque, llega la ola y deslinda. Se acabó. Se ponga como se ponga, contra la naturaleza es muy difícil hacer trampas. Pero hay que ser cuidadosos con respecto a la previsibilidad y a la preocupación que puedan tener los ciudadanos a los que no se les puede marear con cambios drásticos en muy poco tiempo.

Esto nos obliga a pensar con cuidado cuáles son las cosas que, en todo caso, es imposible pensar más allá de una prórroga hasta el límite máximo que permite la Constitución. Y, segundo, de qué modo se facilitan mecanismos de alternativas. Nos podemos encontrar con ciudadanos que tienen poca alternativa para poder preservar sus bienes básicos y lo que hay que pensar es una reordenación del espacio del espacio urbano, que muchas veces están ocupando clarísimamente la playa. No una zona dudosa, no: la playa. Yo creo que esto nos exige responsabilidad, acompañamiento y un debate social que no siempre será fácil.

¿Habrá reforma de la ley de Costas?

Sí, habrá modificación de la ley de Costas. Hay mucho desorden en la costa y estamos gestionando con mucha prudencia la solución de ese desorden. Hay razones objetivas por las que nos conviene preservar la costa y no solamente un motivo ambiental. Por un motivo de seguridad pública de primer orden. Por tanto, hay que pensar en una recuperación de la línea de costa. Insisto, por razones de seguridad de las infraestructuras, de seguridad de las personas en escenarios que cada vez son más virulentos y frecuentes.

¿Cuánto gastamos en reparar el litoral para que luego vuelva a destruirse?

Es difícil de contestar pero, en todo caso, mucho más dinero del que la gente piensa porque hay dinero de seguros –privados y públicos–, hay dinero de distintas administraciones y hay dinero de los particulares que afrontan en muchas ocasiones  sus propios gastos. A veces, precisamente los que más gastos tienen que afrontar son los que menos recursos tienen. Es una cantidad de recursos colectiva puesta en algo que se acaba volviendo a llevar el mar.

No tiene sentido empeñarnos en luchar contra la naturaleza. Más vale pensar con tiempo, con prudencia. En determinados casos habrá que construir infraestructuras de protección porque no queda más alternativa, pero en otros hay que pensar con cuidado y dejar una renaturalización del espacio y una cierta regresión de la línea construida.

Respecto al agua, pero dulce, ¿van a lanzar la transición hidrológica para adecuar los usos a los recursos cada vez más escasos?

Efectivamente, va a haber cambios muy importantes en el modo en el que abordemos nuestra relación con el agua. Ya no basta con tener escenarios de disponibilidad de aguas, sino que tenemos que prepararnos para la gestión de escenarios extremos, de mucha agua o de poca agua, y que además puede haber una variación de tiempo muy pequeña entre un escenario y otro.

¿Cuál es la principal preocupación?

Pondremos un énfasis muy particular en el cumplimiento de los parámetros de calidad del agua. Es muy duro, y no nos lo podemos permitir, que España siga teniendo un nivel de depuración y saneamiento muy por debajo de lo que corresponde a un país de nuestro entorno. Y tiene poco sentido pensar que se puede usar el agua, ensuciar, depurar y volver a ensuciar.

Se pueden tomar decisiones respecto al tipo de fertilizantes o biocidas que empleamos, otras que tienen que ver con la presencia creciente de contaminación por nuevas nuevas sustancias como pueden ser antibióticos o microplásticos. Eso nos obliga a repensar el empleo de algunas de estas sustancias o los sistemas de depuración que utilizamos.

¿Espera una nueva guerra del agua con algunas comunidades de regantes del Levante y el sureste peninsular por esto?

Ellos saben que tiene que haber una planificación diferente porque sufren las consecuencias del exceso y del defecto de agua. También entienden que España está en una mala situación de cara al cumplimiento de las obligaciones europeas en materia de calidad del agua, de presencia de nitratos o de purines, amoniaco, etcétera en el agua. Es decir, de sustancias que tienen mucho que ver con los materiales empleados en agricultura. Les he dicho que me parece importante que ellos también se sumaran a una asunción de responsabilidad en la gestión de las respuestas. Estamos abordando una transformación muy importante que me parece que entienden aunque necesiten también sus tiempos para acomodarse a todo ello.

Una de las consecuencias del desgobierno del agua ha sido el colapso ecológico en el Mar Menor ¿Cree que se va a salvar?

Para mí, en general para el Gobierno, pero yo diría que para el conjunto de la sociedad murciana ésta es una cuestión que no admite más que una respuesta: hay que salvar el Mar Menor que simboliza, a escala distinta, al mar Mediterráneo. Es decir, una serie de presiones no controladas –como si no existiera el problema– durante muchas décadas que acaba generando una implosión delante de nosotros y con una sensación de impotencia grande. Pero, lo que no vale es contar cuentos de hadas.

¿En qué sentido?

No puede decirse que vino algún episodio divino que nos generó el problema. Hemos tenido muchas presiones muy distintas, acumuladas durante demasiado tiempo y con todo el mundo mirando para otro lado. Y esto hay que abordarlo con seriedad y con medidas estructurales donde vienen las grandes amenazas que generan el problema para el mar y de donde deben venir también las soluciones que es de tierra firme. El uso de fertilizantes nitrogenados es claramente inviable en ese espacio. La ocupación por superficies agrícolas de regadío probablemente tenga que ser revisada y limitada. Habrá que pensar qué ocurre con todo el acuífero, que es muy difícil que el ciclo natural de recuperación permita una regeneración a corto plazo si no se le ayuda.

O sea que hay que ver qué ocurre y hay que pensar qué pasa con las presiones urbanísticas, de depuración o de la ladera de la sierra minera. Todo esto es agua, costas, pero sobre todo se trata de actividades que tienen mucho que ver con el Gobierno regional.

¿Está colaborando el Gobierno de Murcia?

El Gobierno de Murcia ha hecho cosas un poco pintorescas. La primera decir "págueme usted todo. Me bombea el agua del acuífero que está llena de nitrógeno [de  los fertilizantes] me la lleva algún sitio y la depura y el agua la volvemos a utilizar para regar, con fertilizantes". Habrá soluciones más sencillas que cuesten menos...

Yo creo que el Gobierno de Murcia está, por una parte, un tanto asustado de la magnitud del desastre y de la importancia de las reformas estructurales y no acaba de dar el paso de asumir sus responsabilidades en cómo puede contribuir a resolver esto. No digo que se nieguen a trabajar por ello, pero cuesta mucho avanzar en la misma dirección y con el mismo diagnóstico. Y creo que siguen pensando en que existen los Reyes Magos.

Mientras, en otro lugar de importancia crucial como Doñana se ciernen proyectos de autovía, depósitos de gas y extracción de agua masiva...¿está en peligro?

Doñana es un espacio sobre el que es imposible que nadie acepte incrementar ningún tipo de presión adicional. Soy un poco más optimista: creo que no se va a construir esa carretera que inicialmente se anunció. Los almacenes de gas no tienen ningún recorrido, ninguna viabilidad, y se va entendiendo que lo que hay que hacer es reducir las presiones como las extracciones ilegales de agua. A la par considero importante que se desarrollen políticas activas que acompañen la generación de oportunidades y no que la gente, los vecinos, vean que es cuestión de supervivencia sacar agua aunque sea ilegal, porque si no, no llegan a fin de mes.

¿Prevé algún tipo de impuesto, algún tipo de medida para disuadir el uso del plástico?

Es una de las cuestiones que se plantean a nivel europeo y es una de las cuestiones que se plantean también a nivel nacional: imponer una figura, un tributo a los plásticos de un solo uso como una medida, por una parte, disuasoria, pero por otra para dar cobertura a los costes muy grandes que provoca desde el punto de vista ambiental y de la salud pública.

España es uno de los países con más kilómetros de alta velocidad de Europa. ¿Tiene un plan para incentivar el uso de trenes que son menos contaminantes frente al avión en trayectos donde existen alternativas?

Hemos asistido a una modificación muy interesante en la nomenclatura de los ministerios. Ya no hablamos del fomento de las obras públicas, sino que hablamos del transporte, la movilidad sostenible y la agenda urbana que están íntimamente relacionadas y tienen un enfoque muy diferente. Es decir, el planteamiento de la intermodalidad, de las alternativas sostenibles en nuestros modos de transporte y de las infraestructuras necesarias para una movilidad diferente. 

Al mismo tiempo se está produciendo un cambio muy importante en la mentalidad y en las demandas de los usuarios. A mí me parece que esa combinación de facilitar el tipo de movilidad que queremos, con ese aprendizaje social en el que la gente con espíritu crítico tome decisiones con respecto a sus propias opciones, es una buena cosa.

¿Van a tomar alguna medida fiscal con las líneas aéreas?

Esto forma parte del paquete que mi colega la ministra de Hacienda seguro que en breve dará a conocer, pero España sigue muy por debajo en términos de fiscalidad ambiental del promedio de la Unión Europea y de la OCDE.

La aviación muy posiblemente sea uno de esos espacios en los que, hasta la fecha, y a pesar de los crecimientos importantísimos que ha venido manteniendo a lo largo de décadas en sus cifras de negocio y en su actividad como sector, ha estado por debajo en cuanto a fiscalidad respecto a otros sectores que no han crecido tanto. O sea, que algún tipo de respuesta seguramente se produzca. Con total comprensión, como ocurría con el caso del gasóleo para uso profesional, para aquellos trayectos en los que la alternativa no es posible o no es exigible. 

Usted también es ministra de Reto Demográfico, ¿Es compatible esa transición ecológica con que no abandonemos gran parte de nuestro territorio que vivía de las antiguas formas de producción y de agricultura?

Yo creo que es que es compatible e imprescindible. Durante décadas hemos hecho las cuentas mal y hemos pensado que la economía iría bien, incluso si nos cargamos el capital físico que lo sustentaba o si nos olvidamos de las personas que producían o consumían. Y eso ha generado distorsiones muy grandes en términos de desigualdad o vulnerabilidad social, en determinados casos con un monocultivo industrial o económico que no permitía generar otras alternativas en la zona y a costa, como digo, de destrucción del capital físico.

Y eso es lo que tenemos que corregir en gran medida. Hoy no podemos pensar en una agenda ambiental que no lo sea a la vez social y de oportunidades económicas. Probablemente no se resuelva en una legislatura, pero sí que toca en esta legislatura reorientar y asentar las bases para pensar en un futuro mucho más sensato para nuestros hijos y nietos.

La entrevista completa a Teresa Ribera

La Junta Electoral Central (JEC) no vio motivo para apartar a Andrés Betancor por su cercanía con Ciudadanos en el hecho de que el vocal del organismo firmara un artículo de prensa junto al candidato del partido en las pasadas elecciones europeas, Luís Garicano.

Junts per Catalunya (JxCat) pidió el pasado mes de mayo que Betancor se abstuviera de tomar cualquier decisión sobre el eurodiputado electo Carles Puigdemont al considerar que su cercanía con Ciudadanos –fue nombrado en 2017 vocal de la JEC a propuesta del partido de Albert Rivera– ponía en cuestión su imparcialidad. Para ello JxCat esgrimía, además del artículo que Garicano y Betancor firmaron sobre la reforma educativa, los escritos del vocal en su blog en los que, antes de tomar una decisión sobre el euroescaño de Puigdemont, ya había argumentado que el expresident era "inelegible".

Respecto al artículo conjunto con Garicano, la JEC rechazó que fuera un motivo para recusar a Betancor porque "carecía manifiestamente de nitidez y certeza" para demostrar que existiera un vínculo económico entre el partido y el vocal. eldiario.es ha demostrado ahora este vínculo al revelar que Betancor estuvo a sueldo de Ciudadanos como asesor mientras era vocal de la JEC.

La ley de Régimen Jurídico del Sector Público establece varios motivos en los que un miembro de la JEC debe apartarse de la toma de decisiones. Uno de ellos es haber prestado en los últimos dos años servicios profesionales de cualquier tipo con un partido, así como el interés personal o la enemistad manifiesta con alguna de las personas candidatas a las elecciones sobre las que se debe decidir.

"Las relaciones de servicio deben ser probadas, deben demostrar la existencia de una relación mercantil o de jerarquía entre dos personas, de tal forma que se pueda deducir la existencia de una relación de dependencia o afección", manifestó la JEC, quien afeó a JxCat que argumentara una relación entre Betancor y Garicano en base a un único artículo de prensa, sin aportar pruebas de la relación mercantil que ahora ha desvelado este diario.

JxCat también consideró que Betancor, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Pompeu Fabra (UPF), no debía participar en los acuerdos sobre el escaño de Puigdemont por su "enemistad manifiesta" con el expresident. Se basaba JxCat en varios artículos de Betancor en los que el catedrático rechazaba que Puigdemont pudiera ser eurodiputado y cargaba con dureza contra el independentismo.

La JEC enmarcó los artículos en el "ejercicio de la libertad de expresión y de cátedra" de Betancor y consideró que sus críticas al expresident y al soberanismo "aludíana acontecimientos recientes de la historia política de España, que han sido objeto de crítica por parte del vocal [Betancor] en foros políticos y jurídicos, en el ejercicio de su profesión universitaria". "Dicha crítica –agregó la JEC– no implica una enemistad manifiesta, que exige una relación interpersonal que en este caso es inexistente, puesto que no se acredita haya mantenido relación personal con ninguno de los dos candidatos".

Y al contrario que JxCat, la JEC también negó que los artículos de prensa de Betancor supusieran una causa de abstención por "interés personal" en que Puigdemont no fuera eurodiputado, ya que la jurisprudencia para considerar este supuesto exigía que se produjera una "ventaja personal" en la decisión, algo que, a criterio de la JEC, no se daba.

Cabe recordar que la JEC, antes de las elecciones, había negado a Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí su condición de candidatos, decisión que enmendó el Tribunal Supremo. Después tampoco había expedido las credenciales de eurodiputados contra los tres políticos independentistas que viven en el extranjero al considerar necesario que viajaran a Madrid para jurar la Constitución, criterio que revocó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), permitiendo así a Puigdemont, Comín y Ponsatí convertirse en eurodiputados.

La JEC, como organismo encargado de controlar los procesos electorales, también ordenó al president de la Generalitat, Quim Torra, retirar los lazos amarillos de la Generalitat en la pasada precampaña de las generales de abril. El president cumplió la orden fuera de plazo y fue condenado por desobediencia. Torra ha anunciado que se querellará contra Betancor por haber compaginado la vocalía de la JEC con el sueldo de Ciudadanos.

Andrés Betancor: juez en la Junta Electoral y parte en Ciudadanos. 27 feb 2020 18:11:52.eldiario.es - eldiario.es.

Por sus manos como asesor jurídico del grupo parlamentario de Ciudadanos pasaban algunos de los recursos que Albert Rivera presentaba a la Junta Electoral Central, sobre los que luego tenía que decidir. Andrés Betancor fue durante dos años juez y parte en algunos de los pleitos más polémicos de la política reciente. Estaba en nómina de Ciudadanos como asesor, y, a la vez dentro de la Junta Electoral Central, el órgano que supervisa los procesos electorales en España y que propició, entre otras decisiones relevantes, la inhabilitación del presidente catalán Quim Torra como diputado en el Parlament. Entró en ese organismo por el cupo de juristas reputados a propuesta de Ciudadanos, que escondió durante su examen en el Congreso de los Diputados que estaba recomendando a un empleado del partido.

La discreción con la que ha trabajado este catedrático a la sombra de Rivera se rompió este jueves tras destapar eldiario.es la vinculación laboral que tenía con Ciudadanos mientras ejercía como vocal en la Junta Electoral Central (JEC) presentando y resolviendo recursos, algunos del propio partido que le pagaba. El mismo partido que desde su irrupción en el Congreso ha enarbolado como bandera la necesidad de que los órganos institucionales dejen de estar "politizados" y sean "independientes".

A pesar de sus importantes funciones, el nombre de Betancor no ha figurado en el organigrama de Ciudadanos hasta que hace unos meses, tras la traumática despedida de Albert Rivera como presidente del partido, fue nombrado secretario jurídico de la gestora, el órgano de transición que dirige ahora el partido hasta la Asamblea General del próximo mes de marzo.

Betancor tampoco ha tenido una gran proyección pública, salvo cuando abandonó el cargo en la JEC. Oficialmente, en su despedida alegó "motivos personales".

Este experto en Derecho Administrativo es un viejo conocido en la formación que ahora aspira a pilotar Inés Arrimadas porque ya venía realizando ese mismo cometido, el de técnico y asesor jurídico, desde años atrás, tanto para el grupo parlamentario como para el propio partido. "Iba a su despacho del Congreso al menos dos o tres días por semana. Y los martes, era raro que no acudiera a las reuniones del grupo que convocaba Albert", cuenta un compañero que coincidió con él. Su presencia, sin embargo, pasaba desapercibida para los periodistas dado el carácter casi reservado de su labor como técnico.

Quienes le han tratado recuerdan que su vínculo con Ciudadanos comenzó en 2016 en Catalunya, donde ahora da clases como Catedrático de Derecho administrativo en la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona, ciudad a la que viaja desde Madrid dos veces por semana. "Ese trajín nunca le ha gustado", señalan sus compañeros de la formación.

Casado con una hija del prestigioso catedrático y jurista Manuel Jiménez de Parga, la familia se ubicó en el madrileño municipio de Pozuelo, donde residen muchos dirigentes políticos, entre ellos el propio Rivera. La agrupación local del partido en uno de los municipios con más renta de España le ha proporcionado alguno de sus últimos disgustos políticos: en Pozuelo triunfó la enmienda a la totalidad que han presentados los críticos de CsEresTu, plataforma que lidera Francisco Igea, que ha decidido plantar cara en las primarias a Arrimadas. Una derrota dolorosa para el propio Betancor, que ha sido uno de los dirigentes de Ciudadanos que redactó la Ponencia de los Estatutos -asumida por Arrimadas- en la que se niega, entre otras cosas, la posibilidad de que los afiliados elijan a los dirigentes autonómicos. "Ver cómo prosperaba la enmienda de los igeistas en Pozuelo no le gustó nada. Estaba muy contrariado", afirman alguno de los asistentes a la asamblea donde se votó ese texto.

Trabajó en la sombra con el secretario de Organización, Fran Hervías, y junto a José María Espejo-Saavedra, uno de los valores en alza en el nuevo Ciudadanos que quiere promover Arrimadas. Según explica en su currículum, que él mismo adorna con trazos sobre su vida, pero en el que tampoco dice una sola palabra de su trabajo en Ciudadanos, nació en Las Palmas de Gran Canaria (1961) y se licenció en Derecho por la Universidad de La Laguna (1979-1984). Posteriormente hizo el Doctorado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid (1989) "con premio extraordinario".

En 1987 se traslada a Madrid y en 1990 se incorpora a la Universidad Carlos III en donde pasó a ocupar, sucesivamente, las plazas de Profesor Ayudante, Ayudante Doctor y Profesor titular de Derecho Administrativo. En la Universidad fue también director del Máster en Política y Gestión Ambiental.

"La ciudad de Madrid hizo acto de presencia en mi vida con la hospitalidad que la caracteriza. Esta ciudad engaña porque es el punto de encuentro de todo el mundo y todos son acogidos con la misma calidez. Es la tierra de provisión de España. Mi vida personal y académica se construyó definitivamente en Madrid. Si Canarias es mi tierra de nacimiento, Madrid lo es de mi crecimiento. Crecimiento como persona y como académico", confiesa en su biografía.

En 2003 se incorpora a la Pompeu Fabra tras ganar la Cátedra de Derecho Administrativo. La llegada de Betancor a esta prestigiosa universidad ya estuvo rodeada de cierta polémica. Algunos juristas de la facultad aseguran que su entorno pesó a la hora de ganarse la plaza en la Universidad. Su suegro, Manuel Jiménez de Parga, era entonces presidente del Tribunal Constitucional.

"No tenía relación con nadie, no hace vida universitaria y es un tipo bastante conflictivo", explican algunos de sus compañeros en la facultad de Derecho. Al poco tiempo de instalarse en Barcelona, decidió instalarse otra vez en Madrid: aseguraba sentirse "perseguido" por sus opiniones políticas. Desde entonces solo se desplaza a la capital catalana para dar clases.

La cátedra de Betancor en la Pompeu ha estado rodeada de polémicas prácticamente desde su llegada. Antes de que en 2017 pidiera permiso a la universidad para compatibilizar sus funciones con el cargo de asesor de Ciudadanos, en la facultad ya había inquietud porque, según fuentes de su departamento, el jurista combinaba su cargo con otros trabajos a pesar de las prohibiciones. "Al final apretaron y accedió a estar a tiempo parcial”, explica un profesor que lo ha tratado durante años.

Una profesora de su departamento denunció a los órganos internos que Betancor, miembro de la comisión de acreditación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), que decide sobre la concesión de la acreditación a los profesores y catedráticos universitarios, le había dicho que su carrera universitaria "no tendría recorrido" si no le apoyaba dentro de la Pompeu Fabra. La dirección de la facultad finalmente archivó el asunto y la profesora renunció a llevarlo a la justicia.

Cuando eldiario.es le llamó para recabar su versión sobre cómo compatiblizó el puesto de asesor en Ciudadanos y el de miembro de la Junta Electoral se limitó a contestar: "Solo tengo que decir que ni confirmo nada ni desmiento nada".

Betancor se ha explayado en artículos en prensa. Sus últimas tribunas cargando contra los críticos que quieren reformar la vida del partido han sido muy contestadas en las redes por algunos de estos dirigentes. Algunos de ellos creen que tras la información que ha desvelado eldiario.es, Betancor debería dimitir de su cargo en la gestora mientras exigen que desde este órgano alguien dé explicaciones. Mientras tanto, la dirección de Ciudadanos atribuye la publicación a fake news y a una cortina de humo del independentismo.

Tras la información publicada por eldiario.es, este medio se ha puesto en contacto con la Junta Electoral para saber si van a tomar alguna decisión sobre Betancor, que incumplió el régimen de incompatibilidades de ese árbitro. Fuentes de la Junta afirman que no se van a pronunciar tras una información periodística, que Betancor ya no forma parte de ese órgano y solo tomarán alguna decisión si alguien presenta una denuncia documentada.

La Universidad Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona ha anunciado este jueves que ha abierto una investigación sobre su catedrático de Derecho Administrativo Andrés Betancor a raíz de que eldiario.es haya desvelado que compaginó su vocalía en la Junta Electoral Central (JEC) con un sueldo de Ciudadanos como asesor.

Según ha informado la UPF, el rector del centro, Jaume Casals, ha ordenado la apertura de un expediente informativo para "esclarecer si las actuaciones" de Betancor pueden ser sancionables por parte de la Universidad. Casals ha expresado asimismo su "profunda preocupación personal" ante la irregularidad revelada por este diario y ha considerado "éticamente reprobable" la actuación de Betancor.

Tal y como ha avanzado este diario, Ciudadanos pagó mensualmente a Betancor mientras participaba en debates decisivos sobre candidatos independentistas como Carles Puigdemont y el desarrollo de las elecciones entre los años 2017 y 2019, cuando fue miembro de la JEC a propuesta del partido de Albert Rivera.

En 2017, cuando ingresó en el ente encargado de velar por la objetividad y transparencia de los procesos electorales, Betancor ya ocupaba un cargo de asesor y un despacho en la quinta planta de las oficinas que el Congreso de los Diputados destina a las formaciones políticas. Según fuentes de Ciudadanos, Betancor llegó a resolver como vocal de la JEC recursos de parte que él mismo presentaba en nombre del partido.

Ante el Congreso de los Diputados, Betancor ocultó sus vinculaciones laborales con Ciudadanos. El 26 de octubre de 2017 compareció ante la comisión de nombramientos que le abriría la puerta al principal árbitro electoral de nuestro país y no dijo una sola palabra de sus vínculos con la formación que lideraba Albert Rivera, según figura en el Diario de Sesiones.

Betancor sí pidió permiso a la UPF para compatibilizar sus funciones docentes con su ingreso en la formación política a principios de 2017, antes de ser nombrado vocal de la JEC. En concreto, informó a la Universidad de que pasaba a cobrar de Ciudadanos, por lo que solicitó pasar a la modalidad contractual de tiempo parcial, solicitud que fue aprobada por la Comisión del Profesorado solo unas semanas después. La entidad académica basó su decisión en el criterio de que el paso a la plantilla del partido político "no tenía impacto sobre la programación académica".

El PSOE quiere obligar a que Ciudadanos y en el resto de formaciones políticas se retraten ante lo que consideran una "influencia ilegítima o un trato de favor ilegal" por haber mantenido a sueldo del partido a un vocal de la Junta Electoral Central. El grupo que dirige Adriana Lastra ha registrado una Proposición no de Ley en el Congreso para discutir el mantenimiento de Andres Betancor como miembro del órgano que vela por la objetividad en los procesos electorales mientras trabajaba como asesor en el partido que entonces lideraba Albert Rivera, tal y como ha publicado eldiario.es

La proposición no de ley que tendrá que discutirse y votarse en el Parlamento plantea una "condena" y que se impida en el futuro "que cualquier Grupo Parlamentario busque una influencia ilegítima o un trato de favor ilegal en los órganos institucionales de la democracia española".

Los socialistas consideran una "desfachatez" el comportamiento que ha mantenido Ciudadanos al tener a sueldo a uno de los miembros de la Junta Electoral, que es el órgano encargado de velar por la limpieza en los procesos electorales y, especialmente, en los conflictos que surgen entre los partidos políticos. 

De hecho, en el texto, el PSOE advierte de que se pueden derivar responsabilidades civiles o penales al haber participado Betancor en decisiones planteadas por Ciudadanos o que afectaban a este partido, como el voto particular que emitió contra la prohibición de publicar una entrevista a Inés Arrimadas en una jornada de reflexión o pronunciarse ante un recurso del partido de Rivera contra candidaturas independentistas. 

"Se trata de un hecho gravísimo que, con independencia de las responsabilidades judiciales que pueda acarrear, ya ha dañado el prestigio de esta institución, que en los años 2017, 2018 y 2019 tenía entre sus miembros a un vocal cuyo servicio al interés general estaba seriamente mediatizado por la vinculación laboral y salarial con un Grupo Parlamentario, el de Ciudadanos", afirma el PSOE en la exposición de motivos.

El Grupo Socialista declara su "perplejidad" ante el comportamiento de Ciudadanos y denuncia "el ejercicio de hipocresía y cinismo que supone que el mismo partido que degrada la Junta Electoral Central poniendo a sueldo a uno de sus miembros haya intentado hacer bandera política de la despolitización de las instituciones" en referencia a la moción que defendió esta misma semana para despolitizar órganos constitucionales, especialmente el Poder Judicial. La votación ha fracasado

"Al parecer, el modo en que Ciudadanos pretende “despolitizar” y garantizar la “independencia” de las principales instituciones del Estado, consiste en poner a sus miembros a sueldo de su grupo para garantizarse una influencia ilegítima y un trato de favor espurio. ¿Es esto lo que hacen o intentarán hacer con los miembros del Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas o la Defensoría del Pueblo? ¿Pagar a sus integrantes para ganarse su favor?", expresa el PSOE en su texto. 

La mayoría de partidos ha censurado la contratación como un asesor de Ciudadanos y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciado que se querellará contra el catedrático Betancor por "soborno, prevaricación y delito electoral". Torra ha añadido en Twitter que incluirá en la querella a "los que sean responsables de este escándalo que pone en duda todas las decisiones tomadas en los últimos dos años por la JEC".

La Junta Electoral ha sido uno de los órganos que se ha tenido que pronunciar sobre las candidaturas independentistas en los distintos comicios por la situación procesal de algunos de sus candidatos. En el caso de Torra, fue la Junta Electoral -por una diferencia de un solo voto- la que decidió inhabilitarle por su condena por desobediencia por mantener los lazos amarillos en edificios públicos de la Generalitat a instancias de PP y Ciudadanos en la  víspera de la investidura de Pedro Sánchez. El PSOE ya cuestionó entonces esa decisión.

Ciudadanos ha asegurado que la noticia es una "cortina de humo del separatismo" y "fake news" del independentismo. A pesar de que la portavoz en el Parlament, Lorena Roldán, ha reconocido que desconoce si Betancor estuvo a sueldo de su partido, ha asegurado que es una información "inventada" por el independentismo "porque no asume que el señor Torra ha perdido la condición de diputado y de presidente".

La portavoz de Ciudadanos, Lorena Roldán, ha calificado este jueves de "cortina de humo del separatismo" y "fake news" la información sobre la relación laboral del exmiembro de la Junta Electoral Central Andres Betancor con la formación, desvelada por eldiario.es. Según ha asegurado la líder de Cs en Catalunya, la noticia es "inventada" por el separatismo "porque no asume que el señor Torra ha pedido la condición de diputado y de presidente".

Sobre el contenido de la información Roldán se ha negado a dar ningún detalle. La portavoz ha asegurado "desconocer" si Betancor cobró un sueldo de su partido mientras firmaba resoluciones en la Junta Electoral. Sin embargo Roldán ha subrayado que, en cualquier caso, esto no sería ilegal, pese a que la ley del Régimen Jurídico del Sector Público obliga a autoridades y personal de la administración a abstenerse en decisiones cuando hayan prestado servicios profesionales a alguno de los interesados en los últimos dos años.

"Si hubiera una relación con el señor Betancor, eso no sería ilegal", ha reiterado Roldán, que ha cargado directamente contra el independentismo por haberse "inventado" la noticia. "La noticia no solo es inventada sino que es reciclada", ha manifestado, recordando que Carles Puigdemont ya se había querellado contra Betancor y otro miembros de la JEC en la primavera pasada, una actuación que la justicia archivó. Sin embargo Roldán ha asegurado que el líder de JxCat había ido al juzgado a presentar "los mismos argumentos", cuando entonces no se conocía que Betancor había mantenido una relación contractual con el partido.

Roldán además se ha negado a entrar en detalles sobre si considera ética la situación revelada por este diario. "No aceptamos lecciones de ética del señor Puigdemont, que está huido por la justicia y que en su momento quería nombrar a los jueces a dedo", ha esquivado la líder catalana. La portavoz de Ciudadanos ha declinado especificar qué cuestiones concretas considera incorrectas de la información ofrecida por este diario. 

Tal y como reveló eldiario.es, Ciudadanos realizó pagos mensuales a Andrés Betancor mientras este era vocal de la JEC entre los años 2017 y 2019. Durante ese periodo, el asesor del partido participó en debates de calado sobre el conflicto político catalán y, en general, sobre el desarrollo de las elecciones entre los años 2017 y 2019. Entre otras cuestiones, Betancor participó en la decisión de anular la lista europea de Puigdemont –que después la Justicia corrigió– o la actuación contra Torra por la exhibición de símbolos, que acabó en su inhabilitación. También fue el autor de un polémico voto particular frente al acuerdo de la Junta Electoral Central que censuró la entrevista que Inés Arrimadas ofreció al diario ABC durante la jornada de reflexión de las últimas elecciones catalanas.

Andrés Betancor, catedrático de Derecho Administrativo, tuvo que pasar el examen del Congreso de los Diputados para ser nombrado miembro de la Junta Electoral Central. Fue en octubre de 2017 cuando compareció en la comisión de nombramientos de la Cámara Baja. Por aquel entonces ya era asesor de Ciudadanos, partido que "avaló" su candidatura, pero defendió que su labor "está por encima de mis opiniones políticas e ideología".

Así se expresó en un breve examen en una comisión en la que fue valorado por representantes de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez; PSOE, PP y Unidas Podemos, por entonces Íñigo Errejón. En su intervención, Betancor remarcó la necesidad de que la Junta Electoral actúe "con objetividad y transparencia" para hacer que los ciudadanos "se sientan partícipes del proceso electoral".

Betancor defendió la idoneidad de su nombramiento en aquella comisión remarcando que "cumplo con los requisitos" que marca la ley electoral para formar parte de la JEC. "Soy un investigador con un perfil adecuado para la naturaleza de la JEC", remarcó.

El por entonces candidato a ser uno de los vocales del máximo órgano de la administración electoral remarcó en varias ocasiones durante su intervención su "vocación de servicio al derecho público y al interés general".

El Congreso ha rechazado este jueves la moción presentada por Ciudadanos en la que requerían medidas para la "despolitización" de los órganos constitucionales, como el Congreso General del Poder Judicial o la Fiscalía General del Estado, en plena polémica por el nombramiento de un asesor de su formación como miembro de la Junta Electoral Central.

El portavoz adjunto de esta formación, Edmundo Bal, cargó duramente contra el Gobierno por el nombramiento de la exministra Dolores Delgado como fiscal general del Estado. El diputado del partido liberal recordó las palabras que pronunció días antes en la comparecencia de la extitular del Ministerio de Justicia, cuando acusó al PSOE de dedicarse "a aumentar el umbral del dolor democrático".

La votación, en la que ha tenido el apoyo de PP y Vox, ha coincidido con el día en el que eldiario.es ha desvelado que uno de los miembros de la Junta Electoral Central, Andrés Betancor, estuvo a sueldo de Ciudadanos. Este miércoles, Bal defendió en el pleno "la despolitización de los nombramientos en los principales órganos constitucionales del Poder Judicial".

Esta medida ha sido rechazada este jueves, un día después del debate, la misma jornada en la que esta redacción ha informado sobre la actuación de Betancor, que compatibilizó su cargo en el máximo órgano electoral con despacho y sueldo a costa de Ciudadanos, falló en contra del independentismo y, según fuentes de su formación, resolvió recursos presentados por su propio partido.

Este miércoles Bal llegó a calificar la elección de Delgado como una "anomalía democrática sin precedentes". "No nos aclaró si se iba a abstener en el caso Ábalos, en el caso Villarejo, en el asunto del procés, y nos llenó de estupefacción cuando se congratuló de que un político como ella iba al final a dirigir la instrucción de las causas penales que el ministro de Justicia quiere antes de que termine el año dejar en manos de la Fiscalía", aseguró.

Además, el portavoz adjunto de Ciudadanos reivindicó que los "doce vocales del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por jueces y magistrados", así como que "los nombramientos en la cúpula judicial sean realizados por concurso de méritos objetivos y no se nombre a los amigos de los que gobiernan en el Consejo General del Poder Judicial".

Finalmente, se preguntó: "¿Vamos a hablar ahora de magistrados del Tribunal Constitucional populistas, comunistas, nacionalistas, separatistas? ¿Vamos a llegar ya al colmo de la risa al hablar de un magistrado del Tribunal Constitucional antisistema en uno de los órganos que precisamente ha defendido nuestra Constitución con más ahínco y que respecto a la desobediencia de sus mandatos ha llevado a la cárcel a golpistas condenados?".

Sanidad ha confirmado este jueves dos nuevos casos de coronavirus en Madrid, que se han identificado la madrugada de este mismo jueves y que están siendo investigados. Así lo ha confirmado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, en rueda de prensa.

Por su parte, la directora de Salud Pública de Madrid, Yolanda Fuentes ha afirmado que los pacientes se encuentran ingresados en el Hospital de Torrejón de Ardoz, uno de ellos "relativamente grave". Se trata de un hombre de 76 años con patologías previas. El otro paciente es un hombre de 50 años, que se encuentra estable y aislado en planta.

Según ha informado Simón a los medios de comunicación, los dos casos no tienen relación entre sí, ni han viajado a ninguna de las zonas identificadas de riesgo. Las autoridades sanitarias investigan si estuvieron en contacto con alguna personas procedente de los principales focos del virus, como China o Italia. Se sumarían, así, al caso confirmado este miércoles en Sevilla, fruto de un contagio de carácter local

Desde la Consejería de Sanidad de Madrid han informado que se están realizando estudio a los profesionales del hospital, familiares y personas que hayan entrado en contacto con los pacientes para verificar si ha habido algún contagio adicional. También se están realizando entrevistas a familiares para estudiar el posible origen de la transmisión del virus.

La directora de Salud Pública de Madrid ha confirmado, además, que los otros dos contagiados en Madrid, ingresados en el Hospital Carlos III están "prácticamente asintomáticos" y "se encuentran muy bien".

Catorce casos en activo en España

Con estos nuevos positivos, son ya 14 casos en activo en España. Los dos últimos de Madrid y el de Sevilla, por contagio local. Los otros once, con origen en Italia, se trata de cuatro en Tenerife, uno en La Gomera, dos en la Comunitat Valenciana -el último confirmado este mismo jueves-, dos en Barcelona y dos en Madrid.

Durante la rueda de prensa, Simón ha afirmado que el escenario en el que se encuentra el país es el 1, el de "contención". "A la espera de constante actualización de información, no tenemos ni transmisión comunitaria descontrolada y no tenemos entradas masivas de casos importados. 14 casos no es algo masivo que pueda implicar una transmisión amplia en nuestro país. Si llegamos a unas entradas masivas, se pasa al escenario 2, de mitigación, pero no estamos ahí", ha aclarado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciado este jueves una querella contra Andrés Betancor, miembro de la Junta Electoral Central, por "soborno, prevaricación y delito electoral", después de que eldiario.es desvelase que estuvo a sueldo como asesor de Ciudadanos. Torra ha añadido en Twitter que incluirá en la querella a "los que sean responsables de este escándalo que pone en duda todas las decisiones tomadas en los últimos dos años por la JEC".

Tal y como avanza este medio, Ciudadanos pagó mensualmente a un vocal de la Junta Electoral Central (JEC) mientras participaba en debates decisivos sobre el conflicto político catalán y el desarrollo de las elecciones entre los años 2017 y 2019. Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Pompeu Fabra, Betancor ingresó en la institución que arbitra los procesos electorales en octubre de 2017, a propuesta de la formación que dirigía Albert Rivera. En ese momento ya ocupaba un cargo de asesor y un despacho en la quinta planta de las oficinas que el Congreso de los Diputados destina a las formaciones políticas.

La de Torra no ha sido la única reacción que procede desde la Generalitat. El vicepresidente, Pere Aragonès, ha asegurado en una entrevista en SER Catalunya que "demuestra cuál es el nivel de imparcialidad en el que no se guardan ya ni las formas". "No descubrimos nada pero han de tener un mínimo de independencia, no estar en nómina", ha añadido. El dirigente de ERC ha remarcado el papel de Betancor en decisiones que afectan a Catalunya, como las candidaturas de Junqueras, Puigdemont, Ponsatí o Comín. "Pone más en duda todavía la actuación de la JEC", ha añadido.

Las críticas han llegado también desde el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, que ha tildado de "muy grave" este caso. "Este personaje a sueldo de Ciudadanos ha resuelto en nuestra contra, ha perjudicado a los derechos fundamentales pagado por el mismo partido político que nos denunciaba", ha señalado a través de Twitter.

Fuera de Catalunya, PSOE y Unidas Podemos han criticado también el papel de Ciudadanos en este caso. Desde la cuenta del partido de Pablo Iglesias, la formación ha acusado a Ciudadanos de "cinismo" al presentarse como "regenerador de la democracia" y "tener a sueldo a un miembro de la JEC". "En muy poco tiempo ha superado las peores prácticas de la vieja política", ha lamentado. En esta línea se ha expresado también Enrique Santiago, diputado de IU y portavoz adjunto del grupo de Unidas Podemos, que además ha recordado que este jueves se debate una moción de Ciudadanos en la que se pedía "la despolitización de los órganos constitucionales". "Todo muy 'despolitizado' y poco prevaricador", ha asegurado sobre Betancor.

Por parte del PSOE, Rafael Simancas, secretario general del grupo parlamentario, ha señalado que Ciudadanos pretende que "despoliticen los demás", mientras que "se aseguran un trato de favor poniendo a sueldo a sus miembros". "¿Es lo que harían también en el CGPJ, el Tribunal Constitucional o RTVE?", se ha preguntado.

"El Erasmus está siendo la mejor experiencia de mi vida". Así suelen describirlo los jóvenes que disfrutan durante sus estudios de la aventura de vivir durante unos meses en otro país de la Unión Europea. Sin embargo, esa experiencia se ha vuelto turbulenta durante estos últimos días para los estudiantes españoles de Erasmus en Italia a raíz de la extensión del coronavirus en el país. Precisamente, este es el destino favorito de los universitarios españoles dentro de los 33 países del programa: el curso anterior fueron 8.487 los españoles que lo eligieron, según el informe anual Erasmus+ 2018. 

Ante la cancelación de las clases en las universidades del norte, y los rumores y las medidas de prevención en el sur, algunos estudiantes han decidido salir del país. Otros conservan la calma, con la mente puesta en la preocupación de sus familias desde España y en los mensajes que llegan desde sus universidades.

Una experiencia que no quieren detener

María Cayuela y Leire Iruretagoiena tienen 20 años, comparten piso y estudian en la Universidad de Roma La Sapienza. La noticia del coronavirus las sorprendió de viaje en Venecia con un numeroso grupo de estudiantes. "El domingo nos dijeron que teníamos que abandonar el hotel y que no podíamos ir a Padua, nuestra siguiente parada, por el coronavirus", relatan. Cuando volvieron a Roma, los organizadores llamaron a emergencias - un número que, indican, ahora siempre está colapsado - pero les dijeron que no eran necesarias medidas médicas. 

"Tuvimos una mala sensación, porque éramos más de 200 personas y creemos que hubiera sido necesario algún control", explica María, que estudia Periodismo y Humanidades en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). Para ella detener el Erasmus ahora sería una tragedia: "No nos queremos ir, llegué hace menos de un mes y de pensarlo me muero". Su familia estaba al principio muy preocupada, pero ante los nuevos casos del coronavirus en España están más tranquilos. "Ya parece que da un poco igual quedarme o irme", resume la joven.

Desde el Servicio de Comunicación Institucional de su universidad en España indican que han enviado información tranquilizadora a los 154 estudiantes que se encuentran en Italia de Erasmus. Queda la duda de qué harán los que comenzaban este segundo cuatrimestre su andadura. "La mayoría de estudiantes se han incorporado ya a sus destinos en las universidades italianas, aunque algunos lo harán próximamente. A todos les informamos de que pueden renunciar si así lo desean a su beca Erasmus, entendiendo que sería una renuncia justificada ante estas circunstancias", explican desde la UC3M.

Leire Iruretagoiena siente que su universidad, la del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), está más consternada con la situación. "Nos han dicho que sigamos las recomendaciones de los coordinadores de aquí, pero que si queremos volver harán todo lo posible para ayudarnos y que nos adaptemos. Allí la segunda evaluación empezó a finales de enero y ya iríamos con retraso", indica. 

La directora de relaciones internacionales de la UPV/EHU, Junkal Gutiérrez, confirma que les han ofrecido facilitar esa reincorporación, pero que hay que mantener la tranquilidad. "Algunas familias estaban muy nerviosas y el problema es entendible. Eso sí, para los alumnos que empezaban ahora el Erasmus, no tiene sentido que de momento acudan a los sitios donde se han suspendido las clases".

Leire insiste en que "estoy muy a gusto en Roma y no quiero volver". La estudiante vasca cuenta que la situación es diferente para los que tienen becas del Gobierno vasco: "A ellos les han llamado diciendo que deben volver obligatoriamente".

Los hijos tranquilizan a los padres

Belén Cantalejo tiene 20 años y estudia Periodismo y Publicidad en la Universidad Católica de Murcia. Ahora hace lo propio en la de Florencia, desde donde describe la situación como "caótica, sobre todo porque nuestros padres se tiran de los pelos al ver las noticias en España". Muchos estudiantes coinciden en esto: "Los medios españoles están exagerando la situación y en Italia no son tan alarmistas". Por eso, Belén cuenta que tanto ella como sus compañeros intentan "pedir a nuestros padres que mantengan la calma".

La tensión sí que se nota en algunas escenas cotidianas. Aunque niega que los supermercados estén completamente vacíos, asegura que en las secciones de pasta y conservas no hay nada. "Tampoco mascarillas ni productos de limpieza, y lo que queda es carísimo. En Florencia he visto el desinfectante de manos por 25 euros", explica.

La familia de Andrea Hidalgo, estudiante de Derecho de 23 años en la Universidad de Murcia (UMU), también está muy nerviosa. "Si fuera por ellos estaría en casa, pero hay que relajarse. Yo les he dicho que el virus ya ha llegado también España y que es una gripe que no es peligrosa para la gente de mi edad. Ahora están todos mucho más tranquilos". La joven se encuentra de Erasmus en la Universidad de Nápoles y cuenta que varios de sus amigos que estudian en el norte "sí han vuelto por la presión de las familias, pero yo no quiero malgastar tiempo del mejor año de mi vida". 

Marta Jiménez, de 21 años, también estudia Derecho en la UMU y hace su Erasmus en Pisa. Allí no han cancelado las clases, pero sus padres le pidieron que "cogiera un vuelo por si acaso". Encontró uno muy barato para marzo; muchos de sus compañeros se han marchado ya.

La preocupación de las familias pasa por acudir directamente a la propia universidad. "Tenemos llamadas de los padres, pero los estudiantes son mayores de edad y pueden tomar sus propias decisiones. Si por una causa así algún alumno quiere volver o no irse ahora en el segundo cuatrimestre, ajustaríamos la maquinaria académica para ayudarles, pero de momento no tenemos ningún caso de nadie que quiera volver", indica el director de Relaciones Internacionales de la UMU, Matías Balibrea.

Baile de precios en los vuelos

Entre dudas, los que finalmente han decidido marcharse han tenido que pagar, literalmente, un precio muy alto. "Casi todos los españoles que conozco se vuelven a su ciudad, y eso que los vuelos están carísimos. El domingo y el lunes en cuestión de minutos subieron entre 100 y 200 euros", cuenta un chico de Madrid en el aeropuerto de Milán-Malpensa que pide mantener el anonimato. "Eso sí", añade, "después han empezado a aparecer vuelos más baratos, nos dijeron que debido a que muchos italianos los estaban cancelando".

Alberto Sánchez (nombre ficticio) también ha vuelto a casa. Este madrileño de 23 años estudia en la Politécnica de Madrid (UPM) y está de Erasmus en Milán, pero regresó por la preocupación de sus padres. "Empezaron a llamarnos a todos y a insistir en que compráramos un vuelo. Muchos chicos se volvieron paranoicos y he visto a gente que ha pagado hasta 400 euros", señala. Volver a Italia, cuando lo decidan, será aparentemente un dolor de bolsillo menor: "Solo nos hemos comprado el vuelo de ida, pero ahora los de vuelta están baratos porque ya nadie quiere viajar allí".

Desde el gabinete de comunicación de su universidad dicen que de momento ningún alumno ha pedido cancelar el Erasmus en Italia, pero sí les han informado de que, en tal caso, se les intentaría reubicar para continuar la beca en otra universidad europea.

Pánico al cierre de fronteras y a contagiar a la familia

Todos los entrevistados coinciden en lo mismo: lo que más miedo les da es que cierren las fronteras. Un miedo que se extiende incluso hasta el sur del país. Juan Pedro Martínez, de 21 años, estudia Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la UCAM y ahora está en la Universidad de Foggia, en Apulia. "Muchos ya han cogido vuelos para volver a casa porque nuestras familias tienen miedo de que cerraran los aeropuertos y nos quedáramos atrapados", explica el joven. 

Allí aún no hay casos de coronavirus, pero Juan Pedro cuenta que, "cuando toses o estornudas, la gente te mira muy raro; se nota muchísimo la tensión en ciertos momentos, aunque en general el ambiente está tranquilo".

Entre los que deciden regresar a casa hay otro miedo también patente: contagiar a la familia. "Nosotros somos jóvenes y no nos va a pasar nada, pero si se lo transmitimos a nuestros abuelos el riesgo será mucho más grave y eso nos provoca pánico. Que nos toque a nosotros nos da un poco igual", asegura Alberto Sánchez.

Los jóvenes sí saben informarse

Sobre las edades de los fallecidos, las formas de contagio y los riesgos reales de la enfermedad también ha circulado diferente información. Nadia Otero, de 21 años, cursa Bellas Artes en la Academia de Bellas Artes de Florencia. Es una de las 84 estudiantes de la Universidad de Salamanca que está en Italia y tiene claro que si quiere informarse tiene que ir a los medios oficiales.

"No hago caso de las cosas que veo en las redes sociales, pero sí hay gente que va comentando rumores: he leído esto, mi madre me ha dicho aquello… Creo que la desinformación y el pánico que se ve en las redes y en los medios de comunicación tiene mucha culpa de esta estampida que se está provocando". Nadia asegura que, en mitad de ese ruido, "hay más gente que está tranquilizando a los demás que gente histérica".

Entre esos rumores, Belén Rabadán habla de un amigo que canceló un viaje a París porque escuchó que "todos los que viajaran desde el norte de Italia a Francia serían puestos en cuarentena por prevención". Andrea Hidalgo menciona también bulos sobre varios afectados en San Javier (Murcia). "Creo que esto se está haciendo mucho más grande de lo que es por culpa de la gente que transmite esos bulos: generan pánico donde no lo hay", dice la murciana. 

"Nos da mucha rabia que se estén difundiendo cosas que no son verdad. Han sacado imágenes falsas de algunos supermercados, la gente en España tiene miedo de los que venimos de Italia y oigo comentarios sobre que esto parece una película de ciencia ficción. Muchos jóvenes pensamos que no es para tanto", dice Alberto Sánchez.

A punto de cumplirse una semana desde que se identificaron los primeros casos de coronavirus en Italia, los estudiantes españoles que se han marchado solo piensan en volver, y los que resisten estoicos claman normalidad. Todos, de nuevo, coinciden: el Erasmus es el mejor año de sus vidas y esperan seguir disfrutándolo pronto.

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha confirmado esta mañana de jueves el segundo caso de coronavirus en la Comunitat Valenciana tras el registrado el martes en Castelló.

El paciente es un hombre que había acudido al Hospital Clínic Univeritari de València con síntomas muy leves compatibles con la enfermedad. Los primeros análisis han confirmado la presencia del virus.

Salud Pública ha enviado ya la muestra al Centro Nacional de Microbiología en Majadahonda para la confirmación del resultado.

Con este nuevo positivo son ya doce los casos de coronavirus confirmados en todo el país.

Ciudadanos pagó mensualmente a un vocal de la Junta Electoral Central (JEC) mientras participaba en debates decisivos sobre el conflicto político catalán y el desarrollo de las elecciones entre los años 2017 y 2019. Andrés Betancor, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Pompeu Fabra, ingresó en la institución que arbitra los procesos electorales en octubre de 2017, a propuesta de la formación que dirigía Albert Rivera. En ese momento ya ocupaba un cargo de asesor y un despacho en la quinta planta de las oficinas que el Congreso de los Diputados destina a las formaciones políticas.

Fuentes oficiales de Ciudadanos admiten, en conversación con eldiario.es, que tenían a Andrés Betancor en nómina al tiempo que desarrollaba sus funciones de vocal en la Junta Electoral. Las mismas fuentes se niegan a dar detalles sobre las funciones que este catedrático tenía encomendadas en la formación política ni el salario que percibía por sus servicios. Según la dirección de Ciudadanos, la compatibilización de ambos cargos "no es ilegal". eldiario.es también se ha puesto en comunicación con Betancor. De esa conversación el aludido solo permite la publicación de la siguiente sentencia: "Solo tengo que decir que ni confirmo nada ni desmiento nada".

Betancor es experto en Derecho Administrativo y cuando Ciudadanos le ofreció sueldo y despacho pidió permiso a la Universidad Pompeu Fabra para compatibilizar sus funciones docentes con su ingreso en la formación política. Solo unos meses después recibiría otra oferta: un puesto de vocal en la Junta Electoral Central. 

Ante el Congreso de los Diputados, Betancor ocultó sus vinculaciones laborales con Ciudadanos. El 26 de octubre de 2017 compareció ante la comisión de nombramientos que le abriría la puerta al principal árbitro electoral de nuestro país y no dijo una sola palabra de sus vínculos con la formación que lideraba Albert Rivera, según figura en el Diario de Sesiones. En aquella intervención, el aspirante a vocal de la Junta Electoral Central recordó que "la finalidad de la administración electoral es garantizar la transparencia y objetividad del proceso electoral y el principio de igualdad". Ni por su parte ni por la de Miguel Gutiérrez, el diputado que participó representando a Ciudadanos en su examen para acceder a la Junta Electoral Central, hubo una sola mención a su condición de asesor parlamentario del partido de Albert Rivera.

La Junta Electoral Central está compuesta por ocho magistrados seleccionadas por sorteo por el Tribunal Supremo y cinco catedráticos elegidos por el Congreso de los Diputados a propuesta de los grupos parlamentarios. Además de ellos, el letrado mayor del Parlamento y el director de la Oficina del Censo ocupan puesto con carácter "nato", con voz pero sin voto. Los cinco vocales elegidos por los partidos políticos deben cumplir el requisito de ser catedráticos y someterse a una comparecencia parlamentaria. La ley no prevé límites para catedráticos que, además de sus funciones docentes, tengan una relación laboral con una formación política.  

La Universidad Pompeu Fabra confirma a esta redacción que Betancor les comunicó su ingreso en la nómina de Ciudadanos a principios de 2017. Durante ese trámite  solicitó el paso a la modalidad contractual de tiempo parcial el 21 de febrero de ese año, solicitud que fue aprobada por la Comisión del Profesorado solo unas semanas después. La entidad académica basó su decisión en el criterio de que el paso a la plantilla del partido político "no tenía impacto sobre la programación académica". 

Durante su paso por la Junta Electoral, Betancor participó en resoluciones decisivas como la exclusión de la candidatura de Carles Puigdemont a las elecciones europeas de 2019, en respuesta a un recurso de Ciudadanos y PP. Esta resolución acabaría siendo revisada por el Constitucional que desoyó las conclusiones del órgano electoral, en cuya votación participó el entonces asesor de Albert Rivera. Además de a Puigdemont, la Junta Electoral Central también prohibió las candidaturas de Toni Comín y Clara Ponsatí, alegando que no estaban inscritos correctamente en el censo. Aquella votación se dirimió por siete votos contra cuatro, evidenciando la división del organismo. La reunión, según testigos del momento, fue muy tensa y en ella Betancor se enfrentó al presidente de la JEC, el magistrado Segundo Menéndez, partidario de que Puigdemont sí pudiera concurrir en aquellas elecciones. Betancor logró imponerse pero la decisión de la JEC, muy celebrada por Ciudadanos, acabaría siendo revocada por el Tribunal Supremo y el Constitucional. 

Andrés Betancor también fue el autor de un polémico voto particular frente al acuerdo de la Junta Electoral Central que censuró la entrevista que Inés Arrimadas ofreció al diario ABC durante la jornada de reflexión de las últimas elecciones catalanas. El empleado de Ciudadanos intentó convencer a sus compañeros de que la concesión de una entrevista durante la jornada de reflexión no merecía sanción alguna. 

El cargo de vocal en la Junta Electoral Central no lleva aparejada una relación laboral con la institución. Los miembros del órgano que dirige los procesos electorales cobran una compensación trimestral de 3.314,24 euros, además de una dieta de 150,25 euros por cada día de reunión. Betancor abandonó la JEC hace unos meses tras presentar su dimisión. Sucedió en julio de 2019, después de que Carles Puigdemont le acusara ante los tribunales de liderar una persecución política contra él. Hasta ahora nadie había revelado que durante aquellos meses cobraba de Ciudadanos como asesor al mismo tiempo que dictaba esas resoluciones. 

En la actualidad, este catedrático sigue trabajando para Ciudadanos y forma parte de la comisión gestora que dirige el partido tras la dimisión de Albert Rivera como consecuencia de la debacle del 10N. Ocupa la secretaría jurídica de Ciudadanos, una labor que en realidad ya venía ejerciendo desde hacía años y por la que recibe una importante remuneración mensual, según fuentes consultadas por esta redacción.

Según fuentes de Ciudadanos, una de las responsabilidades encomendadas a Betancor era la redacción de recursos ante la JEC, que luego resolvía en su condición de vocal: "Se jactaba de redactar los recursos", asegura un exdirigente de la formación. Betancor lo niega y asegura que no fue juez y parte.

El excomisario José Manuel Villarejo aseguró ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que entregó al por entonces número dos de la Policía Nacional, Eugenio Pino, la información del teléfono móvil robado a una colaboradora de Pablo Iglesias y cuyo contenido acabó publicado en Ok Diario tras la repetición electoral de junio de 2016. El tribunal investiga si el robo del teléfono a una asistente de Pablo Iglesias fue un encargo del Ministerio del Interior bajo el Gobierno de Mariano Rajoy.

Un mes antes de que el medio dirigido por Eduardo Inda lanzara toda una batería de noticias obtenidas del dispositivo cuya sustracción y distribución investiga el tribunal como un presunto delito de revelación de secretos, Villarejo y el periodista se reunieron, según las notas manuscritas del excomisario que figuran en el sumario y al que ha tenido acceso eldiario.es. A la cita también acudió el por entonces periodista de El Español Esteban Urreiztieta, actualmente en El Mundo.

La declaración de Villarejo en calidad de investigado tuvo lugar el 28 de marzo de 2019. Un año antes, la Policía encontró durante un registro en su domicilio una copia de la información del teléfono móvil de la que fuera asistente de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo, Dina Bousselham, y que le fue robado en noviembre de 2015, justo un mes antes de las primeras elecciones generales a las que se presentaba Podemos.

La Audiencia Nacional instruye una macrocausa que acumula hasta 25 piezas diferentes y que intenta desentrañar los negocios de Villarejo durante su paso por la Policía Nacional y su implicación en la llamada "brigada política", una estructura policial puesta en marcha por el Ministerio del Interior que dirigía Jorge Fernández y cuyo cometido era la investigación de rivales políticos del PP de Mariano Rajoy, ya fueran otros partidos, como Podemos o la extinta CiU, o incluso el extesorero del partido, Luis Bárcenas. La pieza número 10, bautizada como DINA, está centrada en el robo del dispositivo de la trabajadora de Podemos, hoy diputada autonómica en Madrid.

A preguntas del fiscal de Anticorrupción Ignacio Stampa, Villarejo asegura en el arranque de su declaración ante el juez García Castellón que los máximos responsables de la Policía Nacional le encomendaron en 2014 y 2015 que investigara, con cargo a los fondos reservados del Ministerio del Interior, la supuesta financiación ilegal de Podemos. El entonces director general Ignacio Cosidó, y el Director Adjunto Operativo (DAO), Eugenio Pino, le pidieron, según dicho testimonio en la Audiencia Nacional, que siguiese una supuesta pista sobre Venezuela.

Finalmente, siempre según el relato de Villarejo que consta en el sumario, el encargo recae en el inspector jefe de la Policía José Ángel Fuentes Gago. Es él, dice a preguntas del fiscal, quien redactó el Informe PISA, un documento sin firma y que fue rechazado en todos los tribunales donde se presentó y que relataba la supuesta financiación ilegal de Podemos. Ese informe apócrifo fue publicado por primera vez también en OkDiario y en El Confidencial, en enero de 2016, mientras se constituían las Cortes Generales tras las elecciones del 20 de diciembre.

Otro policía, Enrique García Castaño, dijo ante el mismo juez que el autor del informe PISA fue otro miembro de la brigada política, Andrés Gómez Gordo, un agente de la máxima confianza de la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, de la que fue asesor.

En la Audiencia Nacional Villarejo se desentiende del contenido de dicho informe, cuya autoría está todavía sin confirmar. Pero el excomisario, que ha mantenido un trato continuo con muchos periodistas en Madrid, no se apartó completamente del asunto. "Varios medios de comunicación me dicen que hay una señora que ha tenido una relación sentimental con el señor Iglesias, que le había prometido que se iba a casar, y que está despechada y está dando una copia de su teléfono para que vean que es un machista y a lo mejor puede haber algo que tenga interés", declara el polémico excomisario ante el juez.

Esa "señora" se trataría de Bousselham, quien en en noviembre de 2015 había denunciado ante la Policía Nacional el robo de su teléfono móvil en un centro comercial de Madrid. Entre la información que contenía el dispositivo había documentos de trabajo de Podemos, que acabaron publicados en medios como El Confidencial; pantallazos de chats entre dirigentes del partido o vídeos de carácter privado, que fueron publicados por Ok Diario; y fotos personales de la víctima, que llegaron a la revista Interviú, hoy cerrada y cuyos máximos responsables optaron por no publicar.

Es precisamente el por entonces director de Interviú, Alberto Pozas, a quien señala Villarejo como la persona que le proporcionó a él la información contenida en el teléfono robado. Pozas está investigado en la pieza y tuvo que dimitir de su cargo como número dos de comunicación de La Moncloa en abril de 2019, cuando trascendió su implicación en la distribución del material en su época de responsable de la revista.

Villarejo sostiene ante el juez García Castellón que el contenido del móvil "no tiene interés político, policial ni judicial" y que él no participó de la supuesta sustracción. Pese a ello, el excomisario se quedó una copia de la información en su ordenador personal, aunque en su relato en la Audiencia Nacional no es capaz de explicar el motivo. El excomisario testifica que le proporcionó una copia a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional que dirigía Eugenio Pino, quien se jubiló en 2016 con la máxima distinción que concede Interior y que también se sentará en el banquillo por intentar introducir información robada en el caso de los Pujol y figura como investigado en la pieza separada número 7 del caso Villarejo, la que investiga el espionaje a Bárcenas.

Según el relato de Villarejo, fueron "varios periodistas" los que le comentaron la existencia del contenido del móvil de Bousselham. "¿Con OKDiario?", le inquiere el fiscal. Villarejo reconoce que lo habló "con Eduardo Inda y con alguien más". "El nombre de Inda no se me olvida porque con él sí que he tratado mucho más que con el director de Interviú", añade.

La conversación que refiere Villarejo con Inda se produjo después de la publicación del contenido del móvil. Pero el sumario recoge varios encuentros del excomisario con diferentes periodistas en las semanas previas a la filtración de la información del dispositivo.

Según un oficio de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional que abre el sumario de la pieza DINA, en las notas manuscritas de Villarejo figuran reseñas sobre diferentes reuniones con periodistas. En una de ellas, celebrada el 29 de junio de 2016, participan Inda y Esteban Urreiztieta, por entonces en El Español y hoy en El Mundo. En sus notas, el excomisario indica que durante esa cita con los dos periodistas Urreiztieta le reclama "los datos de Podemos".

Esas notas sirven a la Policía Nacional para dar por acreditado "el contacto o vínculo con Ok Diario". Pese a las insistentes peticiones por parte de los abogados de Iglesias y Bousselham, tanto la Fiscalía como el juez se oponen de forma reiterada a llamar a declarar en calidad de investigado a Eduardo Inda por considerarlo "prematuro".

Quienes sí han prestado declaración han sido el propio Pozas, director de Interviu cuando sucedió el episodio del móvil,  y quien era su número dos en la revista, Luis Rendueles, ambos como imputados.  Como testigos acudieron el por entonces director editorial del Grupo Zeta, Miguel Ángel Liso, y el presidente del grupo, Antonio Asensio.

Fue precisamente Asensio quien entregó a Iglesias una tarjeta con el contenido que previamente les había llegado a ellos de una forma que el tribunal todavía intenta desentrañar. En su declaración ante el juez, el secretario general de Podemos agradece al presidente de Zeta el gesto y señala que cuando OkDiario publicó las noticias, pudo comprobar que los documentos, imágenes y demás contenido era textualmente lo que contenía la tarjeta que él había recibido de Asensio.

Dicha tarjeta SD, un dispositivo de memoria para móviles, fue presentada como prueba en el proceso, pero la Policía Nacional asegura en un informe que el soporte está dañado y que, por tanto, no se han podido extraer los metadatos que podrían identificar cuándo y en qué dispositivo se produjo la copia, lo que podría haber acotado la búsqueda.

En la declaración como perjudicado de Pablo Iglesias, que se produjo un día antes de la de Villarejo, el secretario general de Podemos sostiene que el robo del móvil es un encargo y que la publicación de su contenido se produce en momentos políticos clave de 2016, como las negociaciones con el PSOE o el preludio de la repetición electoral.

El propio juez instructor asegura: "En el procedimiento que aquí se sigue que usted conocerá por la prensa, respecto al señor Villarejo aparecen implicaciones con el Ministerio del Interior muy serias". García Castellón zanja que "efectivamente" las implicaciones estaban por encima de Villarejo.

El primer caso de contagio local de coronavirus en España ha puesto sobre la mesa dos conceptos que no habían estado de relieve estos días de parafernalia informativa sobre el Covid-19: casos autóctonos e importados. 

En España hasta este miércoles se habían confirmado diez casos 'importados'. Es decir, los positivos confirmados en Madrid, Castellón, Barcelona, Tenerife y La Gomera (Canarias) eran personas que habían estado recientemente en Italia y habían contraído allí el virus. Lo mismo sucedía con los dos primeros casos en territorio español: el primero, también en La Gomera era un turista alemán; el segundo, en Baleares, uno británico. Estos dos, que ya fueron dados de alta, habían tenido contacto con personas infectadas antes de cruzar nuestras fronteras.

Que se haya producido un contagio dentro de España es relevante a nivel epidemiológico e implica la adopción de otras medidas de prevención. El Ministerio de Sanidad tiene previstos unos protocolos de diagnóstico y atención en constante revisión, que se han reforzado estos últimos días. Todo queda establecido en ellos: desde cómo se investiga a un paciente hasta qué medidas hay que tomar. También cuáles no hay que tener en cuenta: por ejemplo, el uso de mascarillas, que no para de extenderse innecesariamente entre personas sanas.

¿Es más peligroso un caso autóctono? 

Los esfuerzos de las autoridades sanitarias se centran ahora en minimizar los riesgos de contagio entre pacientes que no hubieran estado identificados hasta el momento. El caso de Sevilla ha surgido precisamente por el cambio en los protocolos que se acordó en el Consejo Interterritorial, del que participan el ministerio y todos los consejeros de Sanidad de todas las Comunidades Autónomas. A partir de este martes se ha comenzado a analizar de forma generalizada a personas con neumonía –la enfermedad que provoca el virus– que no tuvieran otros factores de riesgo, como haber viajado a zonas de riesgo o haber entrado en contacto con personas infectadas. El peligro de estos casos es que, al no haberse tenido en cuenta el riesgo de contagio, las personas infectadas no hubieran tenido las precauciones necesarias para no contagiar a otras. De todas maneras, las autoridades andaluzas señalaban que un paciente con neumonía (como es el caso que se ha comprobado) exige medidas de prevención similares a las que se aplican a un caso de coronavirus. 

¿Cómo se confirma un caso?

El protocolo que elaboró el Ministerio de Sanidad, y que se encuentra en constante actualización, establece dos pruebas para los casos sospechosos: la PCR (siglas de 'reacción en cadena de la polimerasa') de screening, en el centro hospitalario al que acuda el paciente, y la PCR de confirmación, en el Centro Nacional de Microbiología (CNM) de Madrid. Hasta esta semana, los positivos los había anunciado Sanidad, tras esa segunda prueba. Los de esta semana los han declarado las comunidades autónomas, antes de mandar la muestra al CNM.

La primera PCR tiene "un margen fallo muy bajo", explican desde la Sociedad Española de Epidemiología (SEE). El ministro Salvador Illa también lo respaldó así en rueda de prensa de este martes: "Centros como el Clínic de Barcelona están perfectamente acreditados para confirmar el positivo". Así lo atestigua Benito Almirante, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Vall d'Hebrón: "Hace falta una prueba de confirmación para hacer las cosas bien, pero se puede dar como 100%". Que las comunidades se hayan adelantado a los anuncios de Sanidad en los casos de esta semana puede deberse, opina Almirante, "al aumento de demanda de la población desde que se ha dado la situación en Italia: el CNM se desbordaría ahora mismo si tuviera que hacer todas las pruebas de manera inmediata".

¿Quién puede ser 'sospechoso'?

Un caso "en investigación" o "sospechoso" es aquella persona que tiene síntomas –parecidos a la gripe común– y ha estado en una zona de riesgo. Hasta ayer martes, "zona de riesgo" era Wuhan (China), pero tras la última revisión del protocolo del Consejo Interterritorial, lo es también Japón, Corea del Sur, Irán y el norte de Italia. Mucha gente española tiene relación con esta última zona y eso ha provocado desde este fin de semana, relata Almirante, "una avalancha de personas que visitan centros como el Vall d'Hebrón". ¿Está justificado? "Sí. Es mejor pasarse por exceso que infraestimar la posibilidad de infección en plena etapa de erradicación. Si se tiene sospechas reales, hay que ir al médico, con calma". El ministro también lo pidió: "Si se ha estado los últimos 14 días en esos lugares y se tienen síntomas gripales leves, hay que acudir al centro sanitario como prevención, para confirmar o descartar". También recomendó, si puede evitarse, no visitarlos.

El Consejo Interterritorial también añadió el martes una nueva definición de "sospechoso": aquellas personas aquejadas de neumonía o con alguna otra infección respiratoria grave que no conozcan su origen, aunque no hayan estado en zona de riesgo recientemente. Se les realizará una prueba de laboratorio. En las últimas semanas varios casos sospechosos han trascendido a los medios de comunicación. La inmensa mayoría han resultado hasta ahora descartados, es decir, han dado negativo en las dos PCR. Los sospechosos, en todo caso, tienen que permanecer aislados en un primer momento, hasta confirmarse o descartarse.

¿Tiene sentido aislar a 1.000 personas en un hotel?

Los casi mil turistas y trabajadores que se encontraban en el mismo hotel que el matrimonio italiano de Adeje (Tenerife) siguen en aislamiento dentro del mismo complejo, controlados por la Dirección de Salud canaria. El protocolo establece "vigilancia activa" para "cualquier persona asintomática" que haya estado a menos de dos metros de un caso confirmado, haciendo "vida normal" y con medidas de higiene básicas."Es una medida proporcionada porque hay que evaluar a todos para minimizar el riesgo de propagación. En un establecimiento así, cualquiera ha podido tener un acercamiento y es muy difícil discernir quién sí y quién no ", razona Benito Almirante, "y durará un par de días, hasta que la cuestión esté resuelta. Son personas sanas y, mientras nadie presente síntomas ni sea diagnosticado, es pura prevención".

¿Sirve de algo usar mascarillas?

Sanidad ha sido muy clara para todas las personas que no hayan estado en contacto con un confirmado –la inmensa mayoría en España–. Las únicas medidas eficientes y cabales para contener la propagación de este tipo de virus –también para la gripe común– son "evitar el contacto cercano con otras personas", en el caso de que se sufra una infección respiratoria; "cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo desechable" al toser o estornudar; "evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca"; y "lavarse las manos" con frecuencia. Nada más.

Estos días hemos podido ver en la televisión a algunos reporteros o viandantes en Italia usando mascarillas. Su venta se ha disparado en España un 8.000%, según la Federación de Distribuidores Farmacéuticos. El Colegio de Farmacéuticos ha pedido que no se compren. "Hay que tenerlo claro: no tienen ninguna eficiencia a nivel masivo y comunitario", subrayan en la Sociedad de Epidemiología. Benito Almirante recuerda que las mascarillas "protegen al enfermo de contagiar, no a una persona sana de ser contagiada". Desde ambas sociedades, la de Epidemiología y la de Infecciosas, subrayan que solo están indicadas para personal sanitario y pacientes; todo lo demás, como llevarlas en transportes o por la calle, es "absurdo" e "inadecuado".

¿Es una gripe o es una enfermedad mortal?

Ayer lunes, la Organización Mundial de la Salud advirtió que debemos estar preparados para cualquier escenario, pero hay que saber que el coronavirus no ha llegado a niveles de pandemia y sigue como epidemia. El director general, Adhanom Ghebreyesus, sostenía que "puede ser contenido" todavía. Aun cuando finalmente en algún momento se declare una "pandemia", nada cambiaría en la práctica. Eso es solo una categorización política: la OMS define a la pandemia como "la propagación mundial de una nueva enfermedad", algo que estrictamente ya está sucediendo, como explican desde la SEE. Solo habría que cambiar los parámetros de medición.

Como reiteran desde la SEE, la urgencia ahora mismo es que, a nivel epidemiológico, el virus no se convierta en algo parecido al de la gripe común, una enfermedad estacional. "Hay que tomar todas las medidas suficientes para evitarlo", porque, aunque hayamos normalizado la gripe común, esta es un problema de salud pública. Pero a la vez "hay que relativizar: convivimos ya con virus similares y nos adaptaremos de una forma u otra". La tasa de mortalidad fuera de la región de Wuhan está en el 0,7%, según la OMS. La de la gripe común, en torno al 0,1%.

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