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created: 22 mar 2015 21:42:28 UTC ~ updated: 19 ene 2020 18:24:11 UTC ~ rssv2 ~ TTL 10 min. ~ es

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, seguirá siendo ministro de Fomento. Este político valenciano (Torrent, 1959), maestro de profesión, no es el primero que combina ambas tareas. Uno de sus antecesores, el también socialista Pepe Blanco, era al mismo tiempo vicesecretario general del  PSOE. Francisco Álvarez Cascos fue secretario general del PP y a continuación también ocupó esta cartera. 

No es casual este doble sombrero. La persona que controla el aparato y las organizaciones autonómicas del partido en el poder es al mismo tiempo quien dirige el "verdadero ministerio territorial" (en palabras del propio Ábalos), desde el que se dirigen las infraestructuras y se controla la obra pública. 

Pero frente al perfil duro de Blanco y Álvarez Cascos (a quien llamaban el general secretario), este valenciano se precia de intentar seducir y convencer antes que  imponerse por la fuerza. Fuentes cercanas le definen como afable y llano en el trato. Amante de la música latina, es capaz de manejarse con soltura en ambientes muy diversos, aseguran estas personas cercanas, aunque fuera originalmente una persona tímida.

Hijo del torero Heliodoro Ábalos, "Carbonerito", es escrupulosamente maniático con el orden, y amante de la decoración y el cuidado de las plantas. Inició su militancia política en el Partido Comunista en 1976 y en 1981 se afilió al PSOE. 

Padre de cinco hijos, es una de las piezas fundamentales del gabinete de Pedro Sánchez, a quien apoyó cuando se lanzó a las primarias para la secretaría general del PSOE en 2014 y casi nadie le conocía. Ha ejercido de "fontanero" del partido, tratando de apaciguar a los "barones", en un momento territorial tan delicado como el que se ha generado tras el referéndum de autodeterminación catalán.

A partir de ahora su departamento dejará de llamarse Fomento y pasará a denominarse Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. No llevará en su título una de las materias más importantes y candentes que maneja, la vivienda. En el pacto de gobierno que se ha firmado para una coalición con Unidas Podemos se recuperan algunos elementos ya pactados en el pasado entre ambas formaciones que por algún motivo no se llegaron a llevar a la práctica. Entre ellos destaca que los socialistas se hayan vuelto a comprometer a limitar las subidas abusivas de precios del alquiler, un freno que los socialistas no quisieron permitir legalmente en las anteriores reformas. Sigue en ejecución el plan de aprobar la puesta en disposición de 20.000 viviendas de alquiler asequible.

También tiene por delante el departamento de Ábalos el importante reto del proceso de liberalización del tren de alta velocidad y la entrada en el mercado de empresas distintas a Renfe. Este proceso, que será efectivo en diciembre de 2020, podría acarrear "una contracción en la oferta asociada al abandono de líneas no rentables y una pérdida de servicios", según temen los representantes de los usuarios. La semana pasada se anunció el cierre de taquillas presenciales en las estaciones con menos afluencia de viajeros, aunque después se pactó con Teruel Existe postergar la decisión.

La llegada del AVE a Galicia, los proyectos de los corredores mediterráneo y atlántico y los problemas de infraestructuras de regiones como Extremadura estarán también en la agenda de Ábalos. 

Los presupuestos de 2019, que no lograron ser aprobados, contemplaban una inversión en infraestructuras de 10.029,69 millones de euros, lo que suponía disparar en un 18,1% la de 8.487 que se programó en las cuentas públicas de 2018. Se trataba del mayor importe inversor para infraestructuras en ocho años, desde los 11.386 millones fijados en los Presupuestos de 2012, en plena crisis.

La inversión en Alta Velocidad ferroviaria se mantenía como primer destino de la dotación programada, dado que supondrá 2.660 millones de euros, mientras que el segundo destino de la inversión en infraestructuras iban a ser las carreteras, con una dotación de 2.328 millones de euros, de la que 998 millones se destinarían a mantenimiento de la red actual.

Celaá y Duque se mantienen como ministros de Educación y Ciencia. 9 ene 2020 21:04:28.eldiario.es - eldiario.es.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, y el ministro de Ciencia, Pedro Duque, mantendrán sus cargos en el próximo Ejecutivo de Pedro Sánchez, según ha podido confirmar Europa Press.

Por su parte, la actual ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, y el titular de Cultura, José Guirao, no continuarán en el Gobierno de coalición que están formando PSOE y Unidas Podemos.

Los nombres de los ministros han comenzado a confirmarse de manera oficial este jueves. Sánchez contará con cuatro vicepresidencias: Carmen Calvo (Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria); Pablo Iglesias (Derechos Sociales y Agenda 2030); Nadia Calviño (Economía y Transformación Digital) y Teresa Ribera (Transición Ecológica y Reto Demográfico).

También se ha confirmado que María Jesús Montero retendrá la cartera de Hacienda y asumirá la portavocía del Gobierno, que hasta ahora ejercía Isabel Celaá.

Asimismo, Moncloa ha hecho oficial el resto de nombramientos de los ministros de Unidas Podemos: Irene Montero, en Igualdad; Yolanda Díaz, Trabajo; Manuel Castells, Universidades y Alberto Garzón, Consumo.

Pedro Sánchez vuelve a marcar los tiempos. El líder del PSOE había perdido la capacidad de iniciativa desde hace varias semanas con la negociación de la investidura, cuando estaba a expensas de las condiciones de ERC y de un endiablado calendario judicial. Moncloa vio hasta tres veces trastocados sus planes de la investidura hasta que finalmente los republicanos catalanes dieron luz verde al acuerdo y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, convocó el Pleno para los días 4, 5 y 7 de enero. Ahora, una vez investido, Sánchez recupera la gestión de los tiempos.

Nada más ser elegido presidente en el Congreso, Sánchez puso rumbo a Moncloa. Su núcleo más íntimo tenía el convencimiento de que al día siguiente se conocería el futuro Consejo de Ministros con el objetivo de que se reuniera por primera vez este viernes. Pero en cuestión de minutos ese plan cambió y Ferraz anunció que el presidente daría a conocer la composición del futuro gabinete la próxima semana.

Para entonces ya se conocían detalles de los puestos que ocuparán los miembros de Unidas Podemos, desde la vicepresidencia de Derechos Sociales con las competencias de la Agenda 2030 de Pablo Iglesias pasando por los cuatro ministerios e incluso algunos cargos con nivel de dirección general. La filtración no sentó bien en las filas socialistas, aunque desde el núcleo de Sánchez se le quitó hierro. "Pablo Iglesias lo tenía claro, lo ha dicho; pero no va más allá, no hay enfado ni mucho menos", expresó el responsable de Coordinación Territorial del PSOE, Santos Cerdán.

A partir de ahí, Moncloa diseñó su estrategia, muy similar a la que siguió el PSOE en la designación de los departamentos ministeriales tras la moción de censura con filtraciones individualizadas para conseguir maximizar los impactos ante la opinión pública. "Pronto empezará el goteo", anticipaban en la cúpula socialista el miércoles. El plan no tardó en ponerse en marcha.

Un goteo permanente y comunicación al rey el domingo

Este jueves por la mañana, la Secretaría de Estado de Comunicación confirmó las carteras de Unidas Podemos. "En los próximos días iremos avanzando desde la Presidencia del Gobierno la composición y filosofía del nuevo ejecutivo, de cuya estructura esta es la primera confirmación oficial", avanzaba el mensaje enviado a los periodistas. A partir de ahí, comenzó a fluir la información de manera controlada desde el Gobierno.

El siguiente anuncio una cuarta vicepresidencia y que tres de ellas estarían ocupadas por mujeres (un primer golpe de efecto que el PSOE buscaba enfatizar): a Carmen Calvo, a quien Sánchez le confirmó su permanencia el 12 de noviembre tras firmar el acuerdo para la coalición y que asume las competencias de Memoria Democrática tras perder las de Igualdad, e Iglesias se suman Nadia Calviño para el área económica –no era una novedad puesto que Sánchez lo había anunciado en el debate electoral– y Teresa Ribera con una vicepresidencia para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Esa fue la gran sorpresa. Por la tarde, Moncloa confirmó que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asumirá la portavocía.

Pero el puesto que ha sorprendido a sus socios de Gobierno ha sido la vicepresidencia de Ribera, una carta que no había aparecido en tres meses de negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos, y que venía a cambiar los equilibrios de la balanza y anunciaba, de forma sobrevenida, que tendría cuatro vicepresidencias. El presidente decretaba que Iglesias ya no representaría el 33% de las vicepresidencias, sino el 25%. Carmen Calvo, por su parte, pasa de ser la única vicepresidenta a ser la primera de cuatro.

Unidas Podemos desconocía la cuarta vicepresidencia

Mientras que Unidas Podemos negociaba con el PSOE sus ministerios y quién los ocupaba, en ningún momento Moncloa puso sobre la mesa la posibilidad de que hubiera cuatro vicepresidencias, explican fuentes de la negociación, que reconocen que el PSOE no informaba de su estructura, sino que se limitaba a pactar los nombres propuestos por Unidas Podemos.

En Unidas Podemos asumen que el presidente del Gobierno es quien tiene la potestad de nombrar a su Gobierno. Por eso las carteras y sus titulares que aporta al Ejecutivo de coalición –Irene Montero, Yolanda Díaz, Alberto Garzón y Manuel Castells– tuvieron el visto bueno de Pedro Sánchez a lo largo de las negociaciones.

Desde que el 11 de noviembre, al día siguiente de las elecciones generales que colocaron 52 diputados de Vox en el Congreso, cuando Sánchez e Iglesias acordaron formar un Gobierno de coalición en el que el presidente socialista levantaba el veto al líder de Unidas Podemos y accedía a que se convirtiera en vicepresidente del Ejecutivo, los nombres de Irene Montero y Yolanda Díaz se dieron por descontado. Más tarde, en vísperas de la votación de la investidura de Sánchez, se conocieron los otros dos ministros pactados con Sánchez: Garzón y Castells.

Por su parte, muchos de los actuales miembros de su gabinete esperaban aún este jueves la llamada del presidente aún este jueves y quienes ya estaban confirmados desconocían el grueso de los detalles del Gobierno del que formarán parte. Mientras el equipo de Sánchez se encargaba de ir notificando los cambios en el Ejecutivo, Sánchez se ponía en contacto con los interesados e iba puliendo flecos.

Primer Consejo de Ministros, el martes 14

Este viernes no habrá reunión del Consejo de Ministros para evitar la inédita situación de un presidente electo con los miembros de un gabinete en funciones de los cuales algunos es posible que no continúen en su puesto la próxima legislatura. La incertidumbre se apodera, no obstante, de los escalafones inferiores de los distintos departamentos.

Pero pronto saldrán de dudas. "Hoy no es nada comparado con mañana", aseguraba una de las personas de confianza del presidente en referencia a que el grueso de los anuncios se producirán este viernes. Sánchez lo tendrá todo listo para comunicarle al rey el domingo la composición del Gobierno y posteriormente comparecerá ante los periodistas. Los ministros tomarán posesión el lunes y ese mismo día se celebrarán los tradicionales intercambios de carteras. La primera reunión del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos se celebrará el martes 14 de enero de 2020.

El presidente, que ha firmado un acuerdo con el grupo confederal para pactar la coordinación, la comunicación e incluso las discrepancias del Ejecutivo, recupera así la gestión de los tiempos que tan importante ha sido para una Moncloa breada en competiciones electorales.

No ha habido sorpresas y la conselleria de Justicia de la Generalitat ha confirmado la propuesta de los profesionales de las cárceles catalanas para clasificar en segundo grado a los presos del procés, lo que cierra la puerta a su semilibertad inmediata.

La larga duración de las penas impuestas por el Tribunal Supremo a los líderes independentistas ha sido el principal obstáculo para ser clasificados inicialmente en régimen abierto o tercer grado, tal y como reclamaba Junts per Catalunya: aunque un 40% de los condenados sin antecedentes lo son, en los últimos 18 años solo nueve presos con penas en torno a los dos dígitos como las del procés lo han logrado en Catalunya. La duración de la pena es también uno de los criterios más importantes de cara al futuro penitenciario de los presos del 1-O cuyas claves son las que siguen:

El recurso al Supremo, solo de los presos de JxCat

La clasificación decidida por la Generalitat, que tiene transferidas las competencias en prisiones, siempre es recurrible primero ante el juez de vigilancia penitenciaria y en última instancia ante el tribunal que ha sentenciado al preso, por lo que en este caso la última palabra la tiene el Tribunal Supremo. Los presos de ERC han mostrado su intención de aceptar la clasificación en segundo grado y acogerse a los permisos y regímenes penitenciarios que les permite la ley.

Distinto lo ven los presos de Junts per Catalunya Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull. Su defensa, que ejerce el penalista Jordi Pina, reclamó a la conselleria de Justicia, en manos de la republicana Ester Capella, que concediera el tercer grado a los internos, lo que les permitiría salir a diario de la cárcel para ir a trabajar o realizar labores de voluntariado, al contrario que el segundo grado. Pina también anunció su intención de recurrir la decisión de Justicia al Tribunal Supremo una, si bien fuentes jurídicas consultadas ven opciones remotas a que el Alto Tribunal varíe el grado penitenciario de los presos del 1-O habida cuenda de la dureza de las condenas por sedición que impuso.

Permisos: a partir de este miércoles para los 'Jordis' y Junqueras en 2021

La ley penitenciaria permite a los internos clasificados en segundo grado pedir permisos a la administración. Son salidas puntuales de la cárcel en las que el interno es acompañado en todo momento por un tutor. De hasta 48 horas, los concede el departamento de Justicia sin autorización del juez y se pueden disfrutar hasta un total de 36 al año.

Para la concesión de permisos es necesario haber cumplido un cuarto de la pena impuesta. En el caso de los presos del procés, para calcular cuándo podrán empezar a pedir permisos es necesario restar a la pena impuesta por el Supremo -de nueve años a los 'Jordis' a 13 Junqueras- los años que han pasado en prisión provisional antes del juicio del procés.

Así, los primeros en pedir permisos serán el exlíder de la ANC Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ya que cumplen el cuarto de la pena el próximo martes 14 de enero. Le seguirá Joaquim Forn el 16 de junio de este año y Josep Rull el 2 de octubre. El resto de presos podrá pedir permisos ya en 2021: el 30 de enero es la fecha para el exvicepresident Oriol Junqueras; el 2 de febrero la del expresidenta del Parlament Carme Forcadell; y el 16 del mismo mes la de los exconsellers Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull.

El 100.2 y el 117: flexibilizar el segundo grado

Con todo, el segundo grado también permite, mediante dos artículos del reglamento, flexibilizar el régimen penitenciario hasta condiciones similares a las de la tercer grado, es decir, salir de la cárcel a diario para trabajar, hacer voluntariado o seguir tratamientos de reinserción fuera de la prisión. Se trata de los artículos 100.2, que se aplicó al exlíder de CDC Oriol Pujol , y el 117, que ha propiciado la excarcelación de Iñaki Urdangarin para llevar a cabo actividades de voluntariado en una ONG.

Ambos artículos no requieren haber cumplido un porcentaje determinado de la pena y deben ser validados por el juez de vigilancia penitenciaria. El objetivo del 100.2 y el 117 es preparar a un interno para una excarcelación futura pese a no cumplir con todos los requisitos legales para ser clasificado en tercer grado. El año pasado en Catalunya el 100.2 se aplicó a 405 internos.

La clave para el 100.2: el proceso de inserción social

En su comunicado de este jueves, la conselleria explica el motivo principal para la clasificación en segundo grado: las prolongadas condenas de los presos del procés, de nueve a 13 años de prisión, lo que prima mantenerles en régimen ordinario pese a que presentan "un proceso de inserción social favorable", aspecto clave para poder flexiblilizar el segundo grado.

A nadie se le escapa que los presos del 1-O tienen características que los distinguen del resto de presos, no solo por ser los únicos reos por sedición de las cárceles catalanas. A diferencia de otros reclusos, no presentan riesgos de alcoholemia o drogodependencia, cuentan con apoyo social y familiar y pueden encontrar trabajo fácilmente gracias a la red de apoyo de partidos y entidades, lo que cuenta a su favor de cara a la reinserción.

Con estos mimbres, cada uno de los presos deberá decidir cuándo pide el 100.2 o el 117, y las juntas de tratamiento y la secretaría de medidas penales de la conselleria si se lo otorga. Fuentes jurídicas consultadas apuntan que las cárceles y el departamento seguirán la misma política que con la clasificación penitenciaria, esto es, no anticipar la flexibilización y esperar un tiempo a que hayan cumplido más parte de la condena para aplicar estos artículos con el objetivo de no recibir reveses de los jueces que revisarán sus decisiones.

En última instancia, control judicial

La aplicación del segundo grado flexible por la vía del 100.2 o 117 siempre está sujeto a control judicial, aunque permite esquivar el del Supremo: a diferencia del grado, en el que la última palabra la tiene el tribunal sentenciador, ambos artículos del reglamento penitenciario son revisados por los jueces de vigilancia penitenciaria y los recursos se agotan en la Audiencia de Barcelona.

La Fiscalía pidió al Supremo que impidiera a los condenados acceder a la semilibertad hasta cumplir la mitad de la condena, pero el tribunal lo rechazó. En cualquier caso, el Ministerio Público ha dado pistas de que se opondrá a cualquier flexibilización inmediata del régimen penitenciario: en su memoria anual cuestionó la "imparcialidad" de la adminsitración penitenciaria catalana respecto a los presos del procés. Cabe recordar que con Oriol Pujol, el último caso mediático relacionado con la administración penitenciaria catalana, tanto la Audiencia de Barcelona como la jueza de vigilancia penitenciaria validaron la concesión primero del tercer grado y la aplicación después del 100.2, ambas medidas duramente combatidas por la Fiscalía.

María Jesús Montero será la portavoz del Gobierno de coalición. 9 ene 2020 17:12:29.eldiario.es - eldiario.es.

María Jesús Montero será la cara visible del Gobierno. Pedro Sánchez ha elegido a la ministra de Hacienda como portavoz del Ejecutivo de coalición, según ha adelantado El País. Este puesto lo ha ocupado durante este mandato la titular de Educación, Isabel Celaá, que no está confirmada en esta ocasión. 

Montero se ha convertido en uno de los valores fuertes del Ejecutivo de Sánchez a lo largo de la legislatura. Ha ido ganando peso: primero negoció los Presupuestos Generales del Estado con Unidas Podemos y después se ha encargado de cerrar el acuerdo programático con Pablo Echenique. 

El ascenso de Nadia Calviño a la vicepresidencia señalaba a que Montero fuera compensada con más funciones más allá de su cartera. "La gestión económica será prioritaria para el nuevo Gobierno. Y se situará en primera línea. María Jesús Montero será la nueva portavoz del Gobierno. La ministra compatibilizará esta nueva responsabilidad con la cartera de Hacienda", ha anunciado Moncloa.

La ministra ha actuado como portavoz del Ejecutivo en algunos momentos de forma improvisada, al igual que la vicepresidenta Carmen Calvo. Además, fue premiada por la Asociación de Periodistas Parlamentarios por la mejor relación con la prensa. 

La dirigente socialista encabezó la lista por Sevilla, un puesto clave para el PSOE. Muchos socialistas la sitúan al frente de los socialistas andaluces en sustitución de Susana Díaz. 

Entre la ortodoxia económica y la búsqueda de políticas para evitar que se profundice la desaceleración de la economía española, entre la obediencia a los preceptos de Bruselas y como principal dirigente de la política económica del Gobierno progresista de coalición, Nadia Calviño (A Coruña, 1968), economista y abogada, volverá a dirigir la cartera de Economía en el Ejecutivo pero en esta legislatura lo hará como vicepresidenta. Además de coordinar los asuntos económicos, según Moncloa, tendrá que "abordar la gran transformación digital que necesita España e impulsar el proyecto de digitalización de toda la Administración Pública, comprometido por el nuevo gobierno". 

El destino político de Calviño ha estado en el alero hasta la campaña electoral. En un principio, Pedro Sánchez la colocó entre los puestos para ser directora gerente del FMI, pero la imposibilidad de su designación obligó al Gobierno a retirar su candidatura. En plena campaña electoral, Sánchez anunció que la tecnócrata europea volvería a encabezar el Ministerio de Economía como vicepresidenta en un claro movimiento político para tranquilizar a la clase empresarial y elevar el compromiso del Ejecutivo para combatir el enfriamiento económico. 

Mantener el crecimiento del PIB será uno de sus principales objetivos. Su departamento estima que el crecimiento económico se situará en el 1,8% en 2020, una previsión similar a la del FMI, pero algo más optimista que la del Banco de España, que la coloca en el 1,7%. Aunque la ralentización es evidente, con una bajada de la demanda externa y el sustento del consumo interno,  son unos datos que duplican las sendas de crecimiento de los países del entorno europeo.    

Calviño tendrá un duro papel en el nuevo Ejecutivo ya que tendrá que coordinar la política económica con unos socios de Gobierno que la colocaron entre sus principales objetivos por su posicionamiento frente a la reforma laboral. De hecho, Calviño ha sido la principal defensora de las esencias marcadas por las políticas ortodoxas de Bruselas y la auténtica muralla para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez derogara aspectos de la reforma laboral que no tenían costes. La titular de la cartera de Economía se convirtió en el principal obstáculo en el consejo de ministros para reestablecer la ultraactividad de los convenios colectivos (ahora si no se llega a un acuerdo en un año los empleados se tienen que regir por el Estatuto de los Trabajadores, cuyas condiciones suelen ser peores) y recuperar la primacía del convenio de sector sobre los convenios de empresa, dos medidas que se anularían según el acuerdo programático entre el PSOE y el partido de Pablo Iglesías.

Más difícil aún para Calviño será de convencer a sus socios de Unidas Podemos en el Gobierno para implantar la mochila austriaca (un sistema de protección individual, en el que el trabajador acumula fondos mientras está empleado a los que puede recurrir cuando se queda en paro y de cara a la jubilación) que se incluía en el Plan Nacional de Reformas que diseñó el anterior Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Sus conocimientos como alta funcionaria de la Comisión Europea de los entresijos de Bruselas (entre 2014 y 2018 fue directora general de Presupuesto de la UE), su amplia lista de contactos entre la élite tecnócrata y el rol que asumió como garante de la estabilidad como solicitaron los empresarios españoles —con CEOE claramente posicionado frente a la coalición de izquierdas— le han otorgado un papel predominante en Moncloa frente a la desaceleración económica.

Casada y con cuatro hijos, uno de sus retos será ampliar su cintura política para que el Gobierno de coalición no salte en pedazos e incrementar su protagonismo ante los medios de comunicación para tener más presencia pública y dar más explicaciones ante las decisiones que tomen en el ámbito económico en un momento de incertidumbre.    

Además de encabezar la dirección de las políticas económicas del nuevo Gobierno —con toda probabilidad seguirá al frente del organismo que aúna toda las decisiones económica: la Comisión Delegada de Asuntos Económicos—, Calviño deberá conjugar el incremento del gasto público (incremento del 0,9% en pensiones, subida del gasto en servicios sociales, mas presupuesto destinado a dependencia, etc) que se presupone del Ejecutivo progresista con las exigencias de bajar el déficit público que reclama la Comisión Europea. 

De hecho, Bruselas mandó un claro mensaje a España el pasado mes de diciembre con el Informe del Mecanismo de Alerta (AMR) donde identificaba a España junto con otros 12 Estados miembros sujetos a una revisión en profundidad en 2020 por las altas tasas de paro, deuda y déficit: La reprimenda de Bruselas fue en la línea que expresó en las últimas opiniones de los presupuestos que mandó el Gobierno en funciones, cuando reclamó a España 9.617 millones en ajustes estructurales. 

La tasa media de paro durante los últimos tres años es del 17,4%, más de siete puntos por encima del umbral, fijado en el 10%; la deuda pública se encuentra lejos del 60% del PIB exigido –está en el 97,6%– y el objetivo de déficit para 2020 es del 1,7%, aunque el cálculo de Bruselas es que este año se acaba con una desviación en las cuentas del Reino de España del 2,2%.

En el terreno de los deberes hechos, Calviño consiguió en los meses en los que ejerció como ministra de Economía la puesta en marcha del 5G en España, la creación de la  Autoridad Macroprudencial para prevenir y mitigar crisis económicas y la trasposición de varias directivas europeas que el Gobierno de Mariano Rajoy había dejado en el cajón y por las que el Estado español estaba siendo multado por la UE como la de crédito hipotecario, Mifid II o la de servicios de pago, entre otras.   

El nombramiento de Teresa Ribera (Madrid, 1969) como vicepresidenta completa el viaje que el presidente Pedro Sánchez ha realizado hacia la política medioambiental. Sánchez recuperó a Ribera en 2017 para colocarla a la cabeza de la Transición Ecológica en el PSOE y la escogió para darle un superministerio al llegar a la Moncloa con la moción de censura de mayo de 2018. Le asignó, no solo las competencias de medioambientales, sino que le añadió las de energía. Le puso a lidiar con las grandes compañías eléctricas. 

Ahora, Ribera manejará la transición hacia una economía descarbonizada que afronte la emergencia climática desde la vicepresidencia del Gobierno. Además, ha añadido las competencias sobre el reto demográfico, según han detallado fuentes de gubernamentales. El cargo llega en un momento en el que han aparecido nuevos discursos negacionistas que ponen en duda medidas para atajar el cambio climático. 

El interés de Pedro Sánchez por dotar de relevancia esta cartera tuvo un espaldarazo cuando ambos políticos apenas dudaron a la hora de ofrecer Madrid como sede alternativa para celebrar la cumbre climática de diciembre pasado una vez que Chile renunció. La sintonía para meterse en ese problema logístico y organizativo fue muy grande.

A Teresa Ribera, el final abrupto de la legislatura en 2019 le dejó sin aprobar dos piezas fundamentales en materia de transición ecológica: la ley de cambio climático y el Plan Integrado de Energía y Clima que ahora revisa la Comisión Europea. Su continuidad en el Ejecutivo estuvo garantizada desde casi el prinicipio.

Situada desde hace largo tiempo en el núcleo medioambiental del PSOE, fue jefa de la Oficina Española de Cambio Climatico y luego secretaria de Estado de los gobiernos de José Luis Rodriguez Zapatero. La llegada de Mariano Rajoy (PP) a la Moncloa hizo que saliera a ejercer como asesora, entre otros organismos, del Instituto de Desarrollo Sostenible de Relaciones Internacionales en París. Regresó el Ejecutivo con la moción de censura de Pedro Sánchez en 2018 ya como ministra. 

El cargo le llega a la política madrileña después de organizar de forma exprés la Cumbre del Clima de la ONU en Madrid en diciembre pasado. La presidenta de la COP25, la ministra chilena Carolina Schmidt, convocó a Ribera para desbloquear la cumbre en una de las citas climáticas más maratonianas desde que se formó la convención de la ONU.  

El plan de trabajo pendiente incluye sentar las bases para la reducción de emisiones de CO2 mediante la generación de entre un 85-95% de la electricidad con fuentes renovables para 2040, aprobar la norma para que las ciudades de más de 50.000 habitantes deban crear zonas de bajas emisiones o impulsar un calendario de cierre de centrales térmicas y nucleares. También implementar un instituto para la transición justa con la idea de crear tejido económico y puestos de trabajo en las zonas y sectores afectados por esta reconversión de manera que una crisis social no haga descarrilar los objetivos ambientales.

Además de la parte energética, la ministra deberá lidiar con una reestructuración del sector del agua tanto desde el punto de vista del saneamiento (por el que España abona una muta periódicamente a la Unión Europea por incumplir la normativa) como del consumo.  

España vaciada

El "Reto demográfico" consigue rango de vicepresidencia La idea del Ministerio para el reto demográfico, o para la España vaciada, venía rondando desde el 28A, cuando, unas semanas antes los escaños de ese territorio se habían convertido en centro de disputa y, además, poco antes de la cita electoral se había celebrado 'la revuelta de la España vaciada'. Fue una manifestación impulsada por la entonces plataforma Teruel Existe, ahora agrupación de electores con un escaño que ha votado 'sí' a la investidura y que tenía esta cartera entre sus peticiones. Entender los retos a abordar empieza por la definición de la "España vaciada": en el 53% del territorio estatal (4.375 municipios) vive solo el 5% de la población española.

El Gobierno de Sánchez ya aprobó in extremis, a finales de marzo, una Estrategia para el Reto Demográfico. Cumplirla, y concretar algunas de las medidas que ahí estaban incluidas, será la principal tarea. Entre los proyectos avanzados en ese documento: el avance de internet de alta velocidad y de la digitalización en todo el territorio, la mejora de servicios básicos como atención a la dependencia o a la educación "en condiciones de equidad y adaptadas a las características de cada territorio", y ayudas al emprendimiento.

En el acuerdo programático entre PSOE y Unidas Podemos, además, se añadían otras propuestas aparte de la Estrategia, como la creación de oficinas de despoblación en comarcas, y un Plan Nacional de Desarrollo Rural para revitalizar la estructura social y económica.

La nueva vicepresidencia tuvo polémicas en su anterior gestión por declarar que no le agradaba la caza o decir que la fiscalidad del diésel debía aproximarse a la de la gasolina, según indican organismos como la Comisión Europea o la OCDE. Para los próximos años se le dibujan también en el horizonte frentes abiertos, por ejemplo, en el Levante a cuenta del trasvase Tajo-Segura para regadíos y las medidas para intentar salvar la degradación ambiental del Mar Menor. 

Irene Montero, hasta ahora portavoz del grupo parlamentario Unidas Podemos-En Comú Podem- En Marea, será la ministra de Igualdad del Gobierno de coalición. "La lucha es por la vida, y vamos a ganar". Este lema es, según confesaba ella misma en la Asamblea de Vistalegre de 2014, la lección "más importante" que había aprendido en el movimiento de la vivienda, de un compañero dominicano. Y es que Irene Montero (Madrid, 1988), psicóloga de formación, llegó a Podemos en 2014 desde el activismo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Madrid. Y presentó en aquella asamblea fundacional una resolución, junto con Carlos Huerga y Rafa Mayoral –hoy responsable de Movimientos Sociales de Podemos, y diputado por Madrid– sobre vivienda.

Militante durante unos años de la 'juve', como la llaman los que militaron en la juventud comunista, desde que Irene Montero se convirtió en diputada tras el 20D de 2015 y dejó la jefatura del gabinete de Pablo Iglesias, desempeñó el cargo de portavoz adjunta –y posteriormente portavoz tras el relevo de Íñigo Errejón en 2016–, y se rodeó de mujeres en su equipo de colaboradoras. Ahora algunas de ellas le seguirán en el Ministerio.

Precisamente, Montero ha sido una de las políticas que más comentaros machistas ha recibido en los últimos años. Para la vuelta de su primer permiso por maternidad, en enero de 2019, la ahora ministra de Igualdad quiso rodearse de mujeres en un acto con claro acento feminista y con los cuidados como protagonistas: "La vida, en el centro", tenía como título. Apeló entonces a la movilización de las mujeres y al feminismo con mensajes que repitió durante las distintas campañas electorales. "La revolución de las mujeres es la fuerza más poderosa para hacer frente a los reaccionarios y construir el nuevo país que viene", pronunciaba justo hace un año.

Montero también participó activamente en las huelgas del 8M de 2018 y 2019 junto a sus compañeras de partido, que calificó como un "hito" y un "ejemplo democrático". "Yo no recuerdo una movilización así desde el 15M", decía el 9 de marzo de 2018, un día después de una jornada histórica de movilización. Las huelgas feministas, ha dicho en los últimos años, fueron una "toma de conciencia" pero hay que "legislar" para alcanzar la igualdad efectiva.

Irene Montero pilotará un ministerio que tendrá necesariamente que dialogar con otros: el documento programático que firmaron el PSOE y Unidas Podemos contiene un apartado de políticas feministas en el que la igualdad laboral y salarial es una de las piezas clave. Las propuestas para combatir la discriminación laboral y la brecha de salarios, pero también las que tienen que ver con conciliación, tendrán mucho que ver con la política que lleve a cabo su compañera Yolanda Díaz en el Ministerio de Trabajo.

Esta no es la única política feminista que requerirá del diálogo y el trabajo de varios departamentos. La acción contra las agencias intermediarias de vientres de alquiler (una práctica prohibida en España contra la que Montero se ha pronunciado explícitamente) o la orden que actualmente permite inscribir a niños nacidos de este modo en el extranjero está ligada a la actividad del Ministerio de Justicia. La lucha contra la tasa rosa o la exención del IVA en los productos de higiene femenina, que también aparecen en el programa, será asunto también del Ministerio de Hacienda.

El ministerio de Montero tendrá la competencia sobre un asunto clave: la violencia machista. El Pacto de Estado contra la violencia de género tiene aún la mayor parte de sus medidas por desarrollar, entre ellas, ampliar el concepto de violencia más allá de la pareja y expareja, o suspender el régimen de visitas a menores cuando el padres cumpla condena o tenga sobre él medidas cautelares. El cambio de los delitos sexuales en el Código Penal para consagrar el 'solo sí es sí' es otra de las medidas sobre la mesa.

El derecho al aborto y el acceso a la anticoncepción también estará en la agenda del Ministerio de Irene Montero. Aunque el PSOE y Unidas Podemos hablan de garantizar el aborto en los términos previstos en la ley de 2010, no han especificado si recuperarán el derecho de las menores de 16 y 17 años a hacerlo sin consentimiento paterno. Sí han incluido entre sus medidas actuar contra el acoso que sufren muchas clínicas que practican interrupciones voluntarias del embarazo.

La ley contra la trata con fines de explotación sexual será otro de sus objetivos. Aunque el programa suscrito por ambos partidos no mencionaba la prostitución, sí lo hizo Pedro Sánchez en su discurso de investidura: tras referirse a la ley contra la trata habló de "erradicar" la prostitución, pero sin mencionar medidas concretas, como la penalización de los clientes.

No es el único asunto controvertido dentro del feminismo que le tocará abordar a Montero en su ministerio. Ambos partidos anunciaron una Ley de Igualdad de Trato, otra contra la Discriminación, y una Ley Trans. Esta última es actualmente objeto de debate en el feminismo. Aunque estas políticas no estaban dentro del apartado de políticas feministas del acuerdo de Gobierno, es el ministerio de Igualdad el que, al menos hasta ahora, tenía una Dirección General de Igualdad de Trato y Diversidad con este tipo de competencias. Habrá que esperar a conocer la estructura detallada del Ministerio para tener más pistas de cómo puede discurrir la legislatura en políticas de igualdad.

Los ministros del nuevo Gobierno progresista que ya conocemos. 9 ene 2020 11:50:40.eldiario.es - eldiario.es.

Dos días después de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de momento Moncloa tan solo ha confirmado seis nombres de los futuros ministros que previsiblemente tomarán posesión de sus cargos la próxima semana, una vez se conozca la composición de todo el Ejecutivo tras examinar los historiales de cada uno de los ministrables para evitar casos como el de los exministros Màxim Huerta y Carmen Montón que tuvieron que abandonar sus cargos de forma apresurada por presuntas irregularidades en sus propias trayectorias. 

Los ministros ya confirmados de forma oficial son el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que será vicepresidente de Derechos Sociales y asumirá la cartera de Asuntos Sociales y Agenda 2030; la actual vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, que mantendrá ese cargo asumiendo competencias de memoria histórica y laicidad; la hasta ahora ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que mantendrá es misma competencia; la portavoz del grupo confederal, Irene Montero, que se convertirá en ministra de Igualdad; la parlamentaria de Galicia En Común, Yolanda Díaz, que será ministra de Trabajo; el sociólogo Manuel Castells, nuevo ministro de Universidades y el líder de IU, Alberto Garzón, que se convertirá en ministro de Consumo.

Moncloa también ha informado de que el Gobierno dispondrá de cuatro vicepresidencias. Una será la que ocupará Pablo Iglesias y las otras tres estarán asumidas por mujeres, por lo que por primera vez en la historia el Ejecutivo tendrá tres vicepresidentas. 

Carmen Calvo, vicepresidenta primera, ministra de Presidencia y Relaciones con las Cortes

Una de las vicepresidentas confirmada, Carmen Calvo (Cabra, Córdoba, 1957), es licenciada en Derecho Público por la Universidad de Sevilla y doctora en Derecho Constitucional por la Universidad de Córdoba. Durante su carrera profesional ha sido profesora de la Universidad de Córdoba, diputada autonómica (cabeza de lista por Córdoba al Parlamento de Andalucía) de 2000 a 2004, diputada de las Cortes Generales (cabeza de lista por Córdoba) de 2004 a 2011, consejera de Cultura del Gobierno andaluz de 1996 a 2004 y ministra de Cultura de 2004 a 2007 así como vicepresidenta primera del Congreso de los Diputados de 2007 a 2008. En la última legislatura fue vicepresidenta y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.

Pablo Iglesias, vicepresidente de Derechos Sociales

Profesor asociado de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid, el nuevo vicepresidente Pablo Iglesias (Madrid, 1978) fundó Podemos hace tan solo seis años, en 2014, logrando entonces ser eurodiputado, cargo que mantuvo entre 2014 y 2015, año en el que fue elegido candidato a la Presidencia del Gobierno por su formación política. Además de colaborar con la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) ha ejercido también como presentador de televisión conduciendo los programas Fort Apache (Hispan TV) y La Tuerka y Otra vuelta de tuerka (Público TV).

María Jesús Montero, ministra de Hacienda

Licenciada en Medicina y Cirugía y técnico de la Función Administrativa de Hospitales María Jesus Montero (Sevilla, 1966) ha sido consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía (2013-2018), consejera de Salud y Bienestar Social del Gobierno andaluz (2012-2013), consejera de Salud (2004-2012) y viceconsejera de Salud (2002 hasta abril de 2004). Diputada en el Parlamento de Andalucía desde 2008 fue elegida por Sánchez como Ministra de Hacienda en 2018, un cargo que mantiene con la nueva configuración del Ejecutivo.

Irene Montero, ministra de Igualdad

Irene Montero (Madrid, 1988), nueva ministra de Igualdad, es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma de Madrid y ha sido becaria de doctorado en el mismo centro con una beca de Formación de Profesorado Universitario. Se unió a Podemos tras las elecciones al Parlamento Europeo de 2014 junto a Rafa Mayoral desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo

La titular de Trabajo, Yolanda Díaz (Fene, A Coruña, 1971), es una histórica militante del Partido Comunista y de IU en Galicia y se licenció en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela. Fue concejala y candidata a la Alcaldía de Ferrol (A Coruña) entre 2003 y 2012, candidata a la Presidencia de la Xunta de Galicia y diputada en el Parlamento gallego, entre 2012 y 2016, y es parlamentaria del Congreso –primero por En Marea y después por Galicia en Común– desde ese año. 

Manuel Castells, ministro de Universidades

Manuel Castells (Hellín, Albacete, 1942), nuevo ministro de Universidades, es catedrático de Comunicación de la Universidad del Sur de California en Los Ángeles. También es catedrático emérito de Sociología y Planificación de la Universidad de California en Berkeley. Es, así mismo, profesor de la Universitat Oberta de Catalunya.

Alberto Garzón, ministro de Consumo

El líder de IU, Alberto Garzón, que se convertirá en ministro de Consumo con competencias en materia de juego, es licenciado en Economía por la Universidad de Málaga. Militante del Partido Comunista de España (PCE) y de Izquierda Unida (IU), es diputado en el Congreso desde 2011. También es miembro del movimiento ATTAC y es coordinador federal de IU desde 2016. 

Carmen Calvo será la vicepresidenta primera del Gobierno de coalición con Unidas Podemos en el que habrá cuatro vicepresidencias, tres de ellas ocupadas por mujeres. Calvo, que pierde las competencias de Igualdad en favor de Irene Montero, será quien asuma las de Memoria Democrática, según han informado a eldiario.es fuentes gubernamentales. 

La dirigente socialista será, además, ministra de la Presidencia y de Relaciones con las Cortes, como lo ha sido durante este mandato. Esa posición supone que preside las reuniones de la Comisión de Secretarios y Subsecretarios, que se encarga de filtrar los temas que llegan los viernes al Consejo de Ministros. Es un órgano al que los socialistas le dan máxima importancia. 

Calvo asume, además, las competencias de Memoria Democrática, que aglutinará cuestiones como la memoria histórica y la laicidad, que son algunas banderas del PSOE. El anterior mandato de Pedro Sánchez tuvo en la exhumación de Francisco Franco uno de sus principales símbolos y fue Calvo quien coordinó, junto al secretario general de Presidencia, Félix Bolaños, el procedimiento. La dirección general de Memoria Histórica estaba hasta ahora en el Ministerio de Justicia.

El acuerdo programático de PSOE y Unidas Podemos incluye un apartado concreto para la 'Recuperación de nuestra memoria democrática' en el que se proponen "auditar los bienes expoliados por el franquismo para devolverlos a sus legítimos titulares" así como la recuperación "inmediata" del Pazo de Meirás para el patrimonio publico. 

Durante este año y medio, Calvo también ha sido la principal interlocutora del Gobierno con el Vaticano. La laicidad del Estado estará también en sus manos durante el próximo mandato. Sánchez se comprometió en campaña a revisar los acuerdos con la Santa Sede. 

El Tribunal Supremo mantiene por el momento la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de no otorgar la credencial de eurodiputado a Oriol JunquerasLa Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, presidida por el magistrado Jorge Rodríguez-Zapata, ha rechazado por unanimidad la suspensión del acuerdo de la JEC solicitada como medida cautelarísima por la defensa del exvicepresident de la Generalitat.

La Sala tramitará ahora el incidente como medida cautelar ordinaria de suspensión para lo que dará traslado de alegaciones por cinco días a la JEC antes de decidir. Será entonces cuando analice el fondo de recurso.

El auto de este jueves concluye que la "prevalencia obligada" a la jurisdicción del orden penal impide a la Sala de lo Contencioso adoptar decisiones que "pudieran interferir" en la ejecución de una sentencia firme o "entorpecer la eficacia de sus pronunciamientos". Es decir, que no procede adoptar las medidas cautelarisimas solicitadas al existir una sentencia penal que es firme y que condenó a Junqueras a 13 años de cárcel e inhabilitación. 

Además de suspender el acuerdo de la JEC que lo inhabilitó, Junqueras había solicitado al Alto Tribunal que comunicara dicha suspensión al Parlamento Europeo o que ordenara hacerlo a la JEC. Solo así, argumentó el abogado de Junqueras, Andreu Van den Eynde, se podría revertir una situación que "ha alterado el resultado de unas elecciones al impedirse al cabeza de lista [Junqueras] ostentar su escaño". 

La defensa del líder independentista consideró en su recurso que si el acuerdo de la JEC del pasado viernes no quedaba en suspenso se provocarían a su representado "daños irreparables e irreversibles", puesto que podría ser sustituido en el Parlamento Europeo por el siguiente miembro de la lista de ERC.

Al haber solicitado la suspensión de este acuerdo de la JEC como medida cautelarísima –es decir, sin tener que pedir antes su opinión al resto de partes en este litigio– el Alto Tribunal tenía un máximo de 48 horas para dar una respuesta. Además de Jorge Rodríguez-Zapata, la Sala que ha tomado esta decisión está integrada por los magistrados Segundo Menéndez, Pablo Lucas, Celsa Pico y Pilar Teso.

Esta deliberación es paralela a la que está teniendo lugar en la Sala de lo Penal del Supremo, la misma que enjuició el procés, sobre el alcance de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que reconoció la inmunidad de Junqueras desde el pasado 13 de junio, cuando fue proclamado eurodiputado. Esta otra resolución es esencial porque de ella depende una eventual excarcelación del líder independentista condenado a 13 años de cárcel e inhabilitación por sedición. 

La ferrolana Yolanda Díaz (Fene, A Coruña, 1971) será la nueva ministra de Trabajo. La diputada gallega de Unidas Podemos, abogada laboralista de profesión, es una de las principales colaboradoras de Pablo Iglesias y ha tenido un destacado papel en las negociaciones del grupo confederal con el PSOE, tanto en el acuerdo presupuestario que alumbró –entre otras medidas– el salario mínimo de 900 euros mensuales, como en las conversaciones de Unidas Podemos y los socialistas que han concluido en la formación del primer gobierno de coalición de la democracia española. Ahora, afrontará como uno de sus principales retos el desmontaje de aspectos clave de la reforma laboral del PP de 2012.

La futura ministra procede de una familia de históricos del sindicalismo y de tradición comunista, como su padre Suso Díaz, ex secretario de CCOO en Galicia. En una entrevista de 2009 en El País, la política recordaba su infancia en San Valentín (Fene), una cooperativa obrera construida a la sombra del astillero de Navantia –entonces la antigua Astano–, marcada por la militancia comunista en los coletazos finales del franquismo. "Éramos los niños del partido", explicaba, "tenía cuatro años cuando Santiago Carrillo –entonces líder del PCE– me besó la mano".

Díaz asume la cartera de Trabajo –sin las competencias de Seguridad Social, que se desgaja del Ministerio– después de haber ejercido profesionalmente como abogada laboralista, principalmente en su propio despacho, que dejó al entrar como diputada en el Parlamento gallego en 2012. Cuenta con una larga carrera política a sus espaldas, primero en Galicia (ha sido dirigente de Esquerda Unida entre 2005 y 2017, concejala, teniente de Alcalde en Ferrol y diputada autonómica) y desde 2016 también en el Congreso de los Diputados, donde consiguió su escaño gracias a la confluencia de partidos de izquierda En Marea.

En la Cámara Baja, Díaz ha ocupado varios cargos como portavoz y vocal de diversas comisiones (Trabajo, Economía, Industria, Comisión Investigación crisis financiera España, entre otras) y destacó al final de la legislatura por su negativa a refrendar un acuerdo sobre pensiones en el Pacto de Toledo, que alegó que debía seguir negociándose y que generó un enfado monumental en el PSOE.

Destacada colaboradora de Iglesias

Firme defensora de la suma de distintas fuerzas políticas en la izquierda, Yolanda Díaz fue en 2012 una de las precursoras de Alternativa Galega de Esquerda (AGE), coalición integrada por Anova, Equo y Esquerda Unida, que tuvo un gran éxito y que sentó las bases de "las mareas" en tierras gallegas. Para esta iniciativa, la política ferrolana contrató como asesor a un entonces desconocido Pablo Iglesias, que más tarde lideró su propio espacio político con Podemos.

Díaz mantiene una estrecha relación con el líder de Podemos –ahora también vicepresidente del Gobierno– y en la actualidad es una de sus principales colaboradoras, con un papel destacado en las negociaciones entre los de Iglesias y los socialistas de Pedro Sánchez. "Pablo Iglesias forma parte de lo mejor que ha parido la política española en los últimos tiempos. No se puede explicar España sin lo que supuso la irrupción de Pablo Iglesias", afirmaba en una entrevista de marzo con este medio.

Antes de lograr el actual gobierno de coalición de izquierdas, en las negociaciones para formar Ejecutivo que fracasaron entre Unidas Podemos y el PSOE, Yolanda Díaz se posicionó en contra del criterio de su partido (Izquierda Unida) de que los diputados del grupo confederal facilitaran la investidura de Pedro Sánchez sin formar parte del Ejecutivo. Díaz apostó como Pablo Iglesias por la necesidad de estar presentes en el Consejo de Ministros y ahora tomará la cartera de Trabajo, de las manos de la socialista Magdalena Valerio, que se quedará con otro Ministerio con las competencias de Seguridad Social, Migraciones y Reto demográfico.

Desmontaje de la reforma laboral

Yolanda Díaz afronta ahora como uno de sus principales retos al frente de Trabajo el desmontaje de varios de los elementos clave de la reforma laboral del PP, una de sus principales reclamaciones como representante de Unidas Podemos. La ferrolana, muy presente en las manifestaciones y movilizaciones laborales de colectivos como las Kellys, los trabajadores de Alcoa y del sector naval, entre otros, ha reivindicado la necesidad de tumbar la legislación laboral del PP de 2012, pero también del PSOE de 2010.

El programa de gobierno de PSOE y Unidas Podemos que presentaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias promete recuperar los derechos laborales "arrebatados" por la reforma laboral que el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó nada más llegar al poder en 2012. "Derogaremos la reforma laboral", dice el documento, que especifica seis medidas que se abordarán con "carácter urgente". Queda por conocer exactamente hasta dónde llegará el desmontaje de esta legislación, qué elementos serán finalmente revertidos y cuáles permanecerán rigiendo las relaciones laborales en España.

Este tema, así como las pensiones e iniciativas concretas del pasado Ejecutivo socialista como la mochila austriaca, han distanciado hasta el momento a Yolanda Díaz con la ministra de Economía, Nadia Calviño –procedente también de A Coruña–. "La ministra se equivoca y da las mismas recetas que el Banco de España, las mismas recetas que los llamados mercados. En definitiva, las mismas recetas que han empobrecido a nuestro país. Es un tremendo error lo que dice", respondía Díaz a este medio tras una de las varias ocasiones en las que Calviño dio por muerta la derogación de la reforma laboral. A partir de ahora, ambas políticas gallegas compartirán mesa en el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez.

Díaz también deberá afrontar la reducción de la precariedad e inestabilidad del mercado laboral en España, con una temporalidad disparada y aún 3.163.605 de personas desempleadas, según las últimas cifras de paro registrado. La conciliación de la vida laboral y personal, la formación de los trabajadores y el futuro del trabajo marcado por la digitalización figuran como otras de las materias pendientes, entre las que asoma el trabajo en plataformas digitales como Glovo y Deliveroo, contra las que Díaz se ha posicionado hasta el momento por utilizar falsos autónomos.

Moncloa empieza a filtrar poco a poco detalles del futuro Gobierno de coalición: ha confirmado los cargos que tendrá Unidas Podemos en el Consejo de Ministros y ha anunciado que el Ejecutivo tendrá tres vicepresidentas. En un mensaje remitido a los medios de comunicación, el secretario de Estado de Comunicación informa de que habrá tres vicepresidentas además de Pablo Iglesias, que pilotará Derechos Sociales y la Agenda 2030. 

"En el Gobierno del presidente Sánchez habrá cuatro vicepresidencias, enfocadas a cada una de las transformaciones que necesita la España que nos merecemos", informa Moncloa en el mensaje en el que apostilla que "por primera vez en nuestra historia, España tendrá tres mujeres vicepresidentas del Gobierno".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, han mantenido esta mañana una conversación telefónica en la que, según han informado ambas partes, "han abordado la situación política actual".

La conversación, que ha tenido lugar a las 09:30 horas, ha sido "cordial en todo momento", según fuentes de Moncloa. "Ambos han acordado mantener una reunión tras la formación del Gobierno de España, aunque no han concretado todavía si el encuentro se producira en Madrid o en Barcelona", explican desde el Ejecutivo.

"El presidente Sánchez ha trasladado al president Torra que por un lado, quiere recomenzar y retomar el diálogo y por otro, tiene la voluntad sincera de intentar arreglar el conflicto político en Catalunya", añade Moncloa.

Según ha informado la Generalitat en otro comunicado, para Torra la reunión deberá "servir para encauzar la mesa de negociación". 

La primera vez que Evo Morales vino a Argentina tenía menos de cinco años. Lo hizo acompañando a su padre, que como miles de bolivianos se trasladaba a trabajar en la cosecha de cañas de azúcar en las provincias del norte. Aún recuerda que caminó un día y medio desde su casa hasta la estación de tren en Oruro (Bolivia), luego pasó tres días a cada lado de la frontera y finalmente tomó un bus hasta el campamento donde viviría. Él solo hablaba entonces en su lengua indígena aymara. "Recuerdo que la profesora me decía 'Evito, Evito', mientras me acariciaba la cabeza, pero no entendía nada", cuenta Morales a eldiario.es en una sala de la sede del sindicato docente de Buenos Aires, donde ha instalado su refugio político en el exilio.

El recorrido que de niño tomó a 'Evito' una semana, hoy se puede hacer en menos de un día en auto aprovechando parte de los 7.000 kilómetros de ruta que se construyeron durante los 13 años de gestión de Morales. En ese período, entre 2006 y 2019, la pobreza se redujo de 38,2% a 17,1%, según cifras oficiales. Y el PIB del país pasó de 9.000 a 40 mil millones de dólares.

De pequeño no hubiera podido imaginar ese futuro político en la casa de gobierno. De adulto tampoco pudo prever que a pesar de los logros de gestión y su reconocimiento internacional fuera a ser desplazado por un golpe de Estado. Mucho menos que volvería a la Argentina como refugiado.

Desde Bolivia le llegan noticias de que él y varios de los colegas que lo acompañan en este viaje forzado forman parte de los 592 funcionarios que serán investigados por el gobierno de Jeanine Áñez, presidenta tras un golpe de Estado que en teoría debe convocar elecciones inmediatamente. "Como es un gobierno que no gestiona, solo puede hacer acusaciones. Son expertos en montar problemas, como los que han montado con España", dice durante la entrevista sobre el reciente conflicto diplomático. "Pero con esos problemas nos ayudan a nosotros. Ahora en Europa se dan cuenta la clase de dictadura que tenemos en Bolivia".

¿Cómo vive este refugio en Buenos Aires tras su primer paso por México?

En México estaba bien, pero lejos de Bolivia. Ahora estoy mejor porque estoy más cerca. No tengo mucho más que comentar porque es parte de las normas de un refugiado. Pero la relación con el hermano Alberto Fernández [nuevo presidente argentino] es excelente. En cuanto fue elegido y antes incluso de su investidura dedicó un día entero a ver cómo me salvaban la vida junto a Nicolás Maduro, al presidente de México y el de Paraguay. Ellos y sus cancilleres se pasaron todo el 11 de noviembre viendo cómo me sacaban de Bolivia hacia México. Nosotros ahora le comunicamos al gobierno todas las actividades que hacemos y ellos nos autorizan. Pero hasta ahora no me han rechazado absolutamente nada.

¿Cómo evalúa la respuesta de Europa y España ante el golpe de Estado en Bolivia?

Ha habido mensajes de solidaridad de algunos países de Europa, pero aunque la UE se da a conocer como la madre de las democracias, de manera institucional han sido cómplices de esta dictadura. Pero deben reconocer que están detrás de Trump en esto. Yo creo que todas las regiones o continentes tenemos derecho a liberarnos.

¿Qué le parece la crisis diplomática entre España y el actual gobierno de Bolivia, que llegó a expulsar a diplomáticos españoles?

Como es una dictadura y no tienen experiencia, lo que hacen es seguir todo lo que dice Estados unidos. Ellos dicen que son un gobierno de transición, aunque un gobierno de transición no cambia políticas ni programas. Pero como se supone que es un gobierno que no gestiona, solo puede hacer acusaciones. Solo son expertos en montar problemas, como la crisis diplomática que han montado con España. No entienden que las embajadas se visitan y que hay seguridad que las acompaña. ¿O creen que los españoles iban a ir de día a sacar a alguien de la embajada de México? ¿Quién se lo va a creer? Expulsan diplomáticos y con eso nos ayudan a nosotros, en realidad. Ahora en Europa se dan cuenta la clase de dictadura que tenemos. Están destrozando sus relaciones diplomáticas. 

¿Cómo valora la llegada del nuevo gobierno progresista de coalición en España?

Cada país tiene su particularidad. Lo más importante es que haya estabilidad política y con gobierno. Escuché que hubo una elección en España sin ganador, otra elección y después otra elección. Escuché también a movimientos sociales y políticos planteando un Estado plurinacional en España, como el que tenemos en Bolivia. Eso es histórico. Antes importábamos programas políticos de Europa y ahora se exportan. Un candidato a presidente de Inglaterra también planteó nacionalizar la energía y el ferrocarril. Y nosotros lo hicimos. Hasta eso cambiamos.

Esta semana también se ha sabido que la fiscalía boliviana quiere que se cite a declarar al expresidente Rodriguez Zapatero y a integrantes de Podemos.

Como no tienen nada que vender, ni tienen ninguna obra que mostrar... La mejor gestión de la dictadura es acusar a cualquiera, sea nacional o internacional.

España tiene ahora una relación más fluida con usted, que ha nacionalizado tantas empresas con capital español, que con la dictadura que presuntamente viene a reabrir las privatizaciones.

He tenido más reuniones con Repsol que con Pablo Iglesias de Podemos. Las nacionalizaciones tensan la relación política y lo entiendo perfectamente. En la campaña de 2005 dije que no las empresas extranjeras no pueden ser dueños y patrones. Si quieren ser socios, bienvenidos. Y la mayoría prestan servicio, ni siquiera son socios. Porque con costos recuperables se devuelve toda la inversión cuando encuentran gas o petróleo. Antonio Brufau [presidente de Repsol] me planteó que quería hacer un acuerdo para 50 años. Y me pareció bien. Estuvimos en esas tratativas. Yo quisiera tener un satélite de prospección para saber qué tengo ahí adentro, porque todos saben lo que tenemos pero no nos informan. ¿Una trasnacional como Repsol diciéndonos que quiere un acuerdo a 50 años? Nunca van a invertir para perder. Hay que hacer buenos negocios para los países, pero las empresas tienen derecho a tener rentabilidad. Las inversiones privadas, sean nacionales o extranjeras, tienen que tener eso garantizado.

¿Qué recuerda de los días que pasó de acariciar un nuevo mandato a dormir en el suelo protegido por cocaleros en El Chapare?

Hemos derrotado varios golpes de Estado. El primer golpe lo derrotamos con UNASUR. Hubo una reunión de emergencia en La Moneda [sede del presidente de la República], en Santiago de Chile, y lo logramos. Hubo otro con la marcha de TIPNIS, también lo derrotamos. Superamos dos paros de la policía boliviana. Entonces cuando ya venía este golpe también pensamos que lo íbamos a derrotar. Que a lo sumo íbamos a tener que soportar dos o tres semanas de golpismo, no más, pero hubo un contragolpe como en el fútbol y se sumó la policía.

Pero ya habían tenido paros de la policía y otros golpes. ¿Por qué este prosperó?

Primero creo que fue porque nos confiamos. No teníamos un plan B. Y lo peor fue la combinación de la Organización de Estados Americanos (OEA), la policía y las Fuerzas Armadas. Nunca habíamos tenido una confabulación así.

¿Y le sorprendió el rol que jugó la Central Obrera Boliviana (COB)?

(Suspira) Primero impulsaron mi candidatura y después me pidieron la renuncia. Creo que es un debate interno entre el movimiento indígena y la clase trabajadora obrera. El 10 de noviembre me llamó la Confederación de Empresarios Privados (CEPB) para darme todo su apoyo. Mientras tanto la COB pedía mi renuncia junto a las Fuerzas Armadas. Eso fue fatal, por supuesto. El frente campesino hizo bloqueo nacional de caminos; desde El Alto [ciudad cercana a La Paz de gran resistencia al golpe] salían marchas permanentes de las juventudes; si la COB declaraba huelga general indefinida se hubiera derrotado al golpismo y por tanto al fascismo y racismo.

¿Qué le pareció la respuesta de la población boliviana?

Fuerte. Fueron como dos semanas de lucha permanente. La juventud de toda Bolivia salió, el frente campesino indígena originario. Y por eso tantos muertos. ¿Quiénes son? En El Alto eran aymaras, en Sacaba quechuas. Ellos combaten permanentemente por la democracia y por la vida.

Un asunto de crítica recurrente es la dificultad de los líderes populares latinoamericanos para efectuar su sucesión.

Es un debate pendiente para la clase política de izquierda. Pero en toda la historia del mundo es así y no es sencillo tener líderes que puedan comandar. Analistas e historiadores dicen que en estos tiempos Evo fue el pueblo. Yo no llegué a la presidencia por plata, sino por la patria. Se sabe que no tengo formación académica. He llegado aquí por la verdad y la honestidad. Y por eso me he podido mantener tantos años. Bolivia hasta 2005 tuvo un presidente cada dos años. Entre 2001 y 2005 tuvimos uno por año. Y de 2006 en adelante estuve yo. Batimos todos los récords: económicos, de obras, de democracia. ¿Y me pregunto qué está pasando? La gente dice que soy el mejor presidente de la historia de Bolivia. Yo me siento el presidente de la mejor Bolivia de la historia. Pero viene un grupo de los que se sintieron afectados por sus intereses y hace un golpe con violencia que expresa el neo-racismo y neo-fascismo. Ahora nos toca recuperar y revertir el golpe con elecciones.

Usted ha dicho que no se presentará a las elecciones en estas circunstancias. ¿Qué características debe tener la persona para sucederle?

Vamos a debatirlo. Vamos a escuchar a los departamentos correspondientes y vamos a ver las encuestas. Andrónico Rodríguez [líder cocalero], pobre, ya ha sido presentado como 'Evito' en México, en Cuba, en Argentina. No es 'Evito' por si acaso, sino porque está claro cuál es su sector social. Pero también está el canciller David Choquehuanca y Diego Pary. Y está teniendo expectativa el ministro de Economía Luis Arce. Vamos a ver.

Hay dirigentes de su partido, el MAS, que no están participando de las discusiones en Buenos Aires para elegir su sucesor. El caso más conocido es el de la senadora Eva Copa, actual presidenta de la Cámara de Senadores de Bolivia.

(Hace una pausa) Siempre hay diferencias. Respeto. Si estuviera en Bolivia estarían firmes. No tengo esa posibilidad pero con los compañeros que vienen acá evaluamos y definimos juntos. Te aseguro que cuando haya posibilidad de reunirnos vamos a alinearnos.

Hace un tiempo dijo que si ganaba la última elección, al dejar el gobierno en 2025 iba a renunciar a la política y ponerse un restaurante. ¿Qué piensa hoy?

Eso ha cambiado. En mi última gestión ganamos en primera vuelta. Iba a recibir el bicentenario e irme a mi Chaco. Pero como han provocado, ahora seguiré haciendo política al servicio y, sobre todo, para los más humildes.

La travesía para salir de Bolivia

"Yo no quería salir de la Casa Grande del Pueblo --sede del Poder Ejecutivo en La Paz. Unos ministros casi llorosos me sacaron de ahí el 10 de noviembre. Me dijeron que salvar el proceso, nuestra revolución democrática-cultural, era salvarme la vida. Yo aún no lo creía, pero me obligaron a abandonar El Alto", cuenta Evo Morales al recordar los últimos días de su gobierno.

De ahí se fue para Cochabamba, pero al llegar la cosa empeoró. "Llego al aeropuerto de Chimoré y un oficial me lleva a un lado y me muestra su celular con mensajes y llamadas. Leí el mensaje que decía: 'Entreguen al Evo. Nosotros nos hacemos cargo de la parte operativa'. Y me dijo que por teléfono le habían ofrecido 50 palos grandes. Le pregunté que era eso y me dijo que eran 50 mil dólares por entregarme. Volví a la Paz y el domingo todo se agudizó. Por eso hice una conferencia de prensa. Para evitar sangre dije que renunciaba a pesar de haber ganado las elecciones. Que haya nuevas elecciones con nuevos actores. Incluso nuevos miembros del Tribunal Supremo electoral".

Pero hasta ahí pensaba quedarse en Bolivia.

Por supuesto, renunciaba solo para evitar conflictos. Mi idea era pacificar. Pero la derecha golpista rechazó todo. Para el 11 ya toda nuestra gente se movilizaba en Bolivia rumbo a La Paz para recuperar el Palacio Quemado --casa de gobierno-- y yo tenía mucho miedo a los enfrentamientos. Llegando al Trópico incluso había pensado en irme monte adentro y gobernar desde ahí. Pero con la policía amotinada en contra del gobierno hubieran masacrado a la gente que se movilizaba entorno a la casa de gobierno y yo hubiera sido el responsable. Para mi el derecho a la vida está por arriba de cualquier derecho. Así que pensé: si me meto selva adentro sin renunciar, al otro día masacre y Evo iba a ser el genocida, el masacrador. Por culpa de Evo. Me dolió mucho pero renuncié y convoqué para cuidar la vida y pacificar Bolivia. Renuncié a la presidencia, al triunfo electoral y a mi candidatura. Además sugerí nuevo órgano electoral y nuevos actores. Pero nada. Hoy tenemos 38 muertos a bala.

Y el viaje a México tuvo sus vericuetos ¿Cómo lo vivió?

Primero ofreció asilo Paraguay. Luego México ofreció también la logística. Pero los militares bolivianos no querían dejar entrar el avión mexicano. Ese día nuestro embajador ante la OEA nos comunica que un avión de EEUU también se había ofrecido para recogernos y llevarnos donde nosotros decidamos. Pero eso era una propuesta del Departamento de Estado de EEUU y yo pensaba que nos llevarían directamente a Guantánamo. De hecho luego supe que EEUU estaba investigando como se llamaban los pilotos del avión mexicano. Así que estoy casi convencido de que ese día estuvimos bajo control de EEUU todo el día. Aún más, cuando el avión que venía de México para recogerme paró en Lima a cargar combustible no lo dejaron pagar con tarjeta. Así que el embajador en Perú tuvo que juntar plata en una mochila para pagar. Luego, cuando el avión estaba en camino le dijeron que no le daban permiso para aterrizar en Chimoré, el aeropuerto donde estaba. Pero allí teníamos unos 10 mil campesinos que se habían concentrado para garantizar nuestra partida. Entonces Alvaro García Linera, vicepresidente de Morales durante todos sus mandatos, llamó al comandante de la fuerza aérea y le dijo: 'comandante no hay problema si no nos deja salir. Pero Chimoré va a arder. Hay más de 10 mil compañeros acá dispuestos a todo. Tu responsabilidad es esa'. Y entonces el comandante da la orden para hacer el vuelo. Pero ya no podíamos sobrevolar Perú ni Ecuador. No puedo entender todavía como podían estar tan sometidos a EEUU. Entonces fuimos a Paraguay, cargamos combustible y Brasil nos dio sobrevuelo. Una semana después, desde México, me cuentan que las altas autoridades no sabían que éramos nosotros los que pasábamos por ahí. Con un territorio tan vasto y tantos aviones sobrevolando, si lo hubieran sabido probablemente no nos hubieran dejado y no se qué hubiera sido de nosotros.

Pedro Sánchez está ultimando los flecos de su gobierno y por eso la designación del futuro Consejo de Ministros se ha retrasado hasta la próxima semana. "Necesita un corto espacio de tiempo para acabar de hacer los cambios que considera necesarios", expresó la vicepresidenta del Gobierno este miércoles. En Moncloa trabajan a pleno rendimiento para cerrar detalles para la futura coalición, como el acuerdo para las comisiones de seguimiento que han rubricado ambas partes, y también para examinar el historial de los aspirantes a dirigir ministerios así como secretarías de Estado.

Tanto en el PSOE como en Unidas Podemos son conscientes de la batalla sin cuartel que les ha declarado desde el minuto uno la derecha y por eso reconocen que no pueden cometer ni el más mínimo desliz. En la retina de Sánchez está el accidentado arranque de su anterior mandato, cuando las irregularidades fiscales de su fichaje más flamante, Màxim Huerta, se vio obligado a dimitir como ministro de Cultura en tiempo récord. El Ejecutivo reconoció entonces que había establecido un listón de ejemplaridad muy alto teniendo en cuenta que el presentador había cumplido con Hacienda en el momento de ser nombrado. No habían pasado ni los 100 días de gracia del Gobierno cuando Sánchez enfrentó la segunda dimisión: la de Carmen Montón por las irregularidades en su máster.

En Moncloa quieren evitar un aluvión de críticas o cuestionamientos y por eso está analizando toda la información relacionada con los futuros nombramientos. En el paquete que están analizando personas de la máxima confianza de Sánchez -Félix Bolaños e Iván Redondo- no entran esta vez solo los aspirantes a dirigir los ministerios sino que también se está estudiando el pasado de los secretarios de Estado. Fuentes gubernamentales aseguran, no obstante, que ese trabajo viene ya de largo, desde que comenzó a gestarse la estructura del futuro Ejecutivo.

La idea de Sánchez era conservar al grueso del actual gabinete -“la columna vertebral se mantiene”, expresan fuentes socialistas- y aseguró a principios de diciembre que tenía el gabinete en la cabeza. No obstante, en Moncloa deslizaron igualmente que habrá alguna "novedad". Esas mismas fuentes reconocían la intención de incorporar más peso político frente a los perfiles independientes que escogió Sánchez tras la moción de censura.

Tranquilidad en Unidas Podemos

En el grupo confederal de Unidas Podemos ven con naturalidad el retraso en la configuración del Gobierno por parte de Pedro Sánchez, y consideran "normal" que pueda quedar "alguna cosa pendiente" en la parte de Gobierno socialista. Aunque en la cúpula socialista quieren evitar un primer roce con sus socios, en Moncloa no gustó que se filtraran los nombres de los ministerios que estarán liderados por Pablo Iglesias y los suyos.

En una entrevista en Los Desayunos de TVE, Carmen Calvo trató de restar importancia a que se conozcan ya los miembros de Unidas Podemos que formarán parte del Ejecutivo con el argumento de que esos puestos estaban acordados y cerrados como parte del pacto para la coalición. No obstante, algunas de las personas que aún están en esos cargos se han enterado por los medios de comunicación y la incertidumbre se apodera de los cargos intermedios del actual Ejecutivo en funciones.

Horas después de que se conocieran los detalles de los departamentos que estarán en manos del grupo confederal, Iglesias afirmó que había llegado a "un acuerdo con Sánchez de que no se hablaba de nombres, carteras y ministerios hasta que los nombre él". "La responsabilidad de nombrarnos es de Pedro Sánchez, cuando lo haga, hablaré", aseveró en El Intermedio (La Sexta).

Para evitar discordancias en el día a día del funcionamiento de la coalición, PSOE y Unidas Podemos han suscrito un protocolo de seguimiento del acuerdo que se repartirá en dos niveles: una Mesa Permanente compuesta por representantes de las dos partes del Ejecutivo así como de los grupos parlamentarios y una comisión circunscrita al trabajo en el Congreso.

La idea es que esos órganos coordinen la actuación política y su comunicación y, en el caso de la parlamentaria, que PSOE y Unidas Podemos impulsen de la mano la actuación legislativa y mantengan una posición de voto semejante y bajo ningún concepto "contradictoria". En el documento, los socios pactan incluso fórmulas para la discrepancia. A pesar de que la intención será siempre la búsqueda del "consenso", son conscientes de que habrá excepciones en las que se comprometen a acordar el "alcance y la publicidad que los socios darán a la misma, tanto en sede parlamentaria como ante los medios de comunicación, todo ello con el fin de mantener la estabilidad del gobierno y no erosionar la confianza de la coalición".

La Mesa Permanente estará integrada por seis miembros de la parte socialista del Gobierno frente a cuatro de los de Iglesias mientras que la comisión de seguimiento parlamentaria será paritaria (cinco y cinco).

Pablo Echenique ha confirmado este miércoles que asumirá la portavocía del grupo de Unidas Podemos en el Congreso, después de que la portavoz actual, Irene Montero, se convierta en ministra de Igualdad y la portavoz adjunta, Ione Belarra, pase a la vicepresidencia de Derechos Sociales de Pablo Iglesias como secretaria de Estado para la Agenda 2030.

Todo apunta a que la presidencia del grupo confederal, que hasta ahora recaía en Pablo Iglesias, dejará de estar en manos de Podemos y pasará a partir de ahora a alguna confluencia de la coalición.

Aunque amagó con la posibilidad de negarse a participar, el president de la Generalitat, Quim Torra, no solo tiene interés en la mesa de negociación entre gobiernos que ERC ha pactado con el PSOE sino que este miércoles incluso ha optado por tomar las riendas, con la imposición de nuevas condiciones y puenteando algunos de los acuerdos alcanzados por sus socios de gobierno republicanos. De entrada el jefe del Govern reclama que, antes de nada, Pedro Sánchez lo reciba personalmente. El equipo de Torra quiere que sea esa reunión donde se establezcan los parámetros de la mesa entre gobiernos.

Según ha explicado este miércoles la consellera de Presidencia y portavoz, Meritxell Budó, los equipos de ambos presidentes ya se han puesto en contacto para buscar una fecha próxima en la que Sánchez y Torra podrían verse. Antes que eso los dos políticos hablarán por teléfono, porque el catalán desea felicitar al socialista por su reelección. Una llamada por la que hasta el momento Sánchez no ha mostrado excesivo interés y que según fuentes de Moncloa y la Generalitat se producirá este jueves, casi 48 horas después de la investidura.

Esa nueva condición de que la cita presidencial se celebre antes de iniciar la negociación ha hecho que este miércoles la portavoz del Govern haya desdeñado el calendario pactado previamente entre el PSOE y ERC. Según el documento aprobado por ambos partidos, la negociación se abriría a los 15 días de formarse el nuevo gobierno. "La negociación comenzará cuando Sanchez y Torra lo acuerden, cuando se reúnan entre los dos", ha dicho Budó para impugnar el acuerdo entre socialistas y republicanos.

Desde el Govern se limitan a asegurar que cuanto antes sea el encuentro antes podrá comenzarse con la negociación. Fuentes del Palau confían en que la llamada entre presidentes de este jueves pueda ser el momento en el que la cita personal quede fijada en la agenda. Antes de la investidura Sánchez anunció que querría verse con los presidentes autonómicos, siempre manteniendo el estricto orden de antigüedad, es decir, con el lehendakari antes que con el president catalán. Esta cláusula de Sánchez podría aplazar aún más el inicio del diálogo.

Pero la entrevista entre Sánchez y Torra no es la única condición que el Govern ha establecido para iniciar el diálogo. Budó ha puesto también deberes a las formaciones y entidades independentistas, a quienes el Ejecutivo tiene previsto convocar en una mesa paralela, una idea lanzada por Carles Puigdemont. Torra desea incorporar, además a los socios del Govern, a la CUP, a Òmnium, la ANC y la Asociación de Municipios por la Independencia, entre otros.

El objetivo de ese espacio es que el independentismo llegue a posiciones comunes que después el Govern pueda defender en la mesa ante el Gobierno. Se trata, según la portavoz del Govern, de que Torra acuda a la negociación con el Ejecutivo central "con la máxima fuerza" y representando al conjunto del independentismo. Una pretensión que llega en el momento en el que ERC y JxCat han mostrado una distancia mayor respecto a sus planteamientos.

Tensión creciente por el acuerdo

Esta divergencia de posiciones entre lo que opina oficialmente el Govern y lo que aparece en el acuerdo que posibilitó la investidura de Sánchez es el último desencuentro entre JxCat y ERC a cuenta de una negociación que los primeros siempre han mirado con recelo. Los socios han mantenido enfoques diferentes sobre las conversaciones con el PSOE, hasta el punto de que acabaron votando diferente en el Congreso.

A medida que republicanos y socialistas avanzaban en su acuerdo, la formación postconvergente ha ido aumentando la presión con nuevas condiciones para aceptar la mesa, como que se hiciera un reconocimiento explícito de Torra y, después, que se dispusiera su participación. En varios momentos el president de la Generalitat ha acusado a sus socios de deslealtad por no circunscribir la negociación con los socialistas al decálogo de peticiones pactadas dentro del Govern tras la sentencia del juicio del procés.

Finalmente la situación acabó estallando la semana pasada, cuando Esquerra aprobó y dio a conocer el texto del acuerdo. En ese momento Torra manifestó su rechazo al documento pactado y llegó a llamar al vicepresident Pere Aragonès al Palau para comunicarle que el Govern no asumía lo pactado.

Budó irrita a ERC

La negociación con el Gobierno no es el único punto de tensión entre los socios independentistas. La consellera de Presidencia ha irritado a ERC al insinuar este martes que el Govern, por indicación de Torra, tiene "mecanismos" –que no ha concretado– para garantizar que Junqueras esté físicamente en el Parlamento Europeo este lunes después de que el Tribunal de Justicia de la UE reconociera su inmunidad.

Fuentes de ERC entienden que las palabras de Budó son una presión a la conselleria de Justicia, que lidera la republicana Ester Capella, de cara a la clasificación penitenciaria de los presos del procés. Y es que Justicia tiene que decidir como máximo en una semana si mantiene en segundo grado a los presos, tal y como propusieron las juntas de tratamiento de las cárceles, o si les concede el tercer grado, tal y como reclama JxCat, lo que les permitiría ir a prisión solo a dormir.

Todo ello a la espera de que el Tribunal Supremo decida si da un permiso a Junqueras para salir de la cárcel e ir a la Eurocámara en aplicación de la sentencia del TJUE. Preguntado en RAC-1 por el "mecanismo" aludido por Budó para garantizar la presencia de Junqueras en la Eurocámara, el abogado del líder de ERC, Andreu Van den Eynde, ha sido contundente: "Es el Tribunal Supremo quién tiene que decidirlo. Hablar de mecanismo es hablar de un mundo de fantasía".

El diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha pasado de ser un turolense anónimo a tener que contar con un servicio de contravigilancia después de haber sido amenazado por su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. La plataforma ciudadana, que consiguió un escaño al presentarse a las elecciones como agrupación de electores, tenía en su mano apuntalar la ajustada votación que permitió al líder del PSOE revalidar el cargo de presidente del Gobierno.

Desde que el día de Nochevieja Teruel Existe decidió en asamblea apoyar la investidura del socialista a cambio de un compromiso por escrito por la provincia y también por la España Vaciada, Guitarte y Teruel han sido vilipendiados en redes sociales y en algunos medios de comunicación. Le han llamado "traidor" y "antiespañol", pero el parlamentario asegura que no tirarán la toalla puesto que ven más cerca que nunca poder cumplir los objetivos de una provincia completamente aislada.

"Nosotros no es que no seamos españoles o que no defendamos España, sino que lo que hacemos, lo que defendemos, es una España mejor, muchísimo mejor", asegura Guitarte en esta entrevista con eldiario.es. El diputado se toma con serenidad haber sido el objetivo de las iras de ciertos sectores del hemiciclo y de la ciudadanía.

¿Se arrepiente de la decisión de haberse presentado a las elecciones después de toda la presión a la que ha estado sometido?

Pues no imaginaba que iba a ser tan duro ni que se me iba a someter a tanta trituradora de la credibilidad. Realmente lo que se ha hecho conmigo creo que no tiene nombre, pero bueno. Es duro, pero al final llevamos 20 años luchando por esto, podemos decir que llevamos media vida en este intento y no vamos a dejarlo ahora.

Estamos aquí, estamos para continuar. Hemos recorrido un largo camino y ahora que atisbamos que puede empezar la solución no vamos, como decimos en nuestra tierra, no vamos a reblar [titubear o retroceder].

Interior ha comunicado que tras las presiones y amenazas le han puesto medidas de seguridad.

Como había habido amenazas por distintos medios, sobre todo por teléfono y también por las pintadas que vimos en el pueblo, pues por todo eso, consideraron oportuno lo que se llama una contravigilancia. Un servicio de contravigilancia me ha estado acompañando de forma discreta durante todo este tiempo.

En la sesión de investidura se vivieron momentos de mucha tensión durante algunas intervenciones. ¿Cómo los vivió usted desde dentro?

Lo comenté incluso cuando intervine. Me sorprendió la dureza de la expresión, incluso los tonos gruesos y los insultos de algunas intervenciones. Si eso que oímos realmente es el sentimiento del que habla, ves dónde van a haber dificultades para alcanzar acuerdos o simplemente para dialogar e intentar llegar a pactos. Yo quiero suponer que todo esto tiene parte de teatralización, por enfatizar las posturas, y que luego la conversación diaria pueda ser más ágil porque realmente hay muchos pactos a los que llegar en España, muchos pactos de Estado, y eso requiere diálogo, requiere sensatez y requiere alejarse del zasca continuo.

¿Cree que todo volverá a la normalidad ya superada la investidura?

No sé si va a volver o no, pero realmente sí que lo necesitamos porque hay que ponerse a trabajar. Llevamos mucho tiempo con un impás, sin un gobierno con un mandato claro a largo plazo y nos interesa que España se ponga a funcionar. Hay cosas muy urgentes que acometer.

Lo digo reiteradamente, pero nosotros tenemos el problema de la central térmica de Andorra que está a punto de cerrar, le quedan apenas unos meses y no se ha firmado el convenio de una transición justa, no se han producido alternativas de actividad y de empleo. Hay trabajadores que se van a quedar en el paro y que no van a tener posibilidades de seguir viviendo en la comarca y eso son problemas reales, problemas que afectan a las personas, al día a día. Eso requiere un Gobierno con capacidad ejecutiva y con respuesta inmediata y rápida.

Teruel Existe es una agrupación de electores, ¿cómo se tomó la decisión de votar sí a la investidura de Sánchez?

Nosotros estamos organizados por la provincia por grupos de trabajo que, en función del número de personas que hay, a veces son locales y a veces son comarcales: en el Bajo Aragón, en las Cuencas Mineras, en el Jiloca. La provincia de Teruel está dividida en comarcas [diez] y a su vez hay varias capitalidades.

Cuando se tiene que tomar una decisión, esos grupos de trabajo elaboran su propuesta y luego hay una reunión a nivel provincial donde adoptamos la propuesta conjunta. En este caso, la reunión del voto a nivel provincial se tuvo el día de Nochevieja porque estaba la negociación en plena efervescencia.

¿Qué respondería a quienes acusan a Teruel Existe de tener una posición "antiespañola"?

Lo que defendemos es que hay muchísimos territorios de toda la España interior que se han quedado en el olvido de la acción de los sucesivos gobiernos, tanto de un color como de otro, que no han hecho lo que deberían por lo que mandata la Constitución, que es el equilibrio territorial. Así, han ido provocando una diferencia tremenda entre dos españas: la España que han desarrollado y otra que ha quedado en el infradesarrollo, y a consecuencia de eso ha perdido actividad económica y está vaciándose de población.

Nosotros no es que no seamos españoles o que no defendamos España sino que lo que hacemos, lo que defendemos es una España mejor, muchísimo mejor. Una España equilibrada territorialmente, una España mucho más eficiente que pondría en juego todas sus potencialidades, una España más eficaz. En fin, una España mejor que la que tenemos, pero es que además es la que mandata la Constitución y la que mandatan los tratados de la Unión Europea que hablan de equilibrio territorial.

Precisamente para este equilibrio territorial la Unión Europea nos ha dado mucho dinero, miles de millones, y se han invertido de forma equivocada porque lo que se ha hecho en España es crear internamente más diferencias entre las zonas que tenían desarrollo y las que no.

¿Qué le parece la concentración que ha convocado Vox para el próximo domingo bajo el lema 'España Existe'?

Bueno, pues es un poco utilizar nuestro lema. No conozco los detalles ni cuál es el objetivo. Nosotros sacamos Teruel Existe para evidenciar que había un olvido sobre este territorio, desde luego nosotros no estamos olvidando que España exista. Para nosotros existe Teruel y existe la voluntad de que Teruel sea atendida en el mismo grado de atención que tienen otros territorios.

Nuestra propuesta era una propuesta de llamar la atención sobre los olvidados, no sobre lo general. Pero, sin conocer con más detalle cuál es el objetivo, obviamente no nos parece mal que se utilice el 'existe' nuestro. Es también un síntoma de cómo está calando nuestro mensaje, que se está externalizando y utilizando en muchos sitios. Hay muchas zonas de España que dicen 'también existe'.

Nos gusta. Creemos que en el fondo, aunque no lo quieran, están haciendo un homenaje a la labor de esta plataforma.

En todas sus intervenciones, ha insistido en que la plataforma ciudadana vota sí para defender los intereses de los turolenses. ¿Cuáles son las medidas que más urgen en la provincia?

Nuestras reivindicaciones son por un lado locales y por otro globales. Si hablamos de lo global, estamos hablando del pacto de Estado por el equilibrio territorial y la repoblación. Hablando específicamente de Teruel, lo más urgente es que se firme un convenio de transición justa para solucionar el problema del cierre de la central térmica de Andorra, para que haya inversiones tanto de la empresa como del Estado, que fue el anterior propietario, y que se busquen alternativas de actividad para las personas que se van a quedar sin empleo.

Además, pedimos una una serie de desbloqueos en infraestructuras, que llevan un atraso de más de 20 años y que van orientados a solucionar el problema que han demostrado todos los historiadores y todos los estudiosos de la provincia. Este problema es que la causa última, la causa estructural, es el aislamiento.

La provincia ha quedado aislada de los grandes ejes de comunicación y de desarrollo del país, y hay que integrarla en ellos. Hay muchas cosas que ya se empezaron a hacer, pero se dejaron caducar los proyectos, se dejaron caducar los estudios informativos y eso hay que desbloquearlo todo.

Por ejemplo, en la A-68, que es la autovía que conectaría Zaragoza con el Mediterráneo pasando por Alcañiz, o la A-40 [que uniría Cuenca con Teruel], que para nosotros es clave y en la que llevamos también 15 años de retraso.

Abrir el paso entre Cuenca y Teruel, que también es a su vez el paso entre Teruel y Alicante, es trascendental. Es casi un elemento de supervivencia. Esto hay que retomarlo de forma consensuada evaluando muy bien el impacto medioambiental o las medidas correctoras que sean necesarias y desatascarla de una vez por todas.

Y luego está un elemento muy fundamental que es el corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo, que es el que conectaría en su génesis los puertos de Bilbao y Valencia, pasando por la plataforma logística de Zaragoza. Lo primero es que es nuestra única línea ferroviaria activa y lo que se tiene que conseguir es que sea configurado como un eje de doble vía electrificada de alta capacidad para uso mixto, de mercancías y de pasajeros. Nos ha de permitir meternos en el eje de un gran corredor logístico que una estos dos grandes puertos. Esto nos puede dar muchas oportunidades de desarrollo, muchas oportunidades de trabajo y también puede facilitar el transporte de pasajeros.

"Han creado un cerco alrededor de Teruel que parece que la provincia esté apestada. Ese cerco hay que romperlo"

Nuestro objetivo es romper el aislamiento de la provincia. Nosotros hemos dicho muchas veces que las infraestructuras que diseñaba el Estado, las realmente construidas, lo que han hecho es cercarnos, rodearnos. Han creado un cerco alrededor de Teruel que parece que la provincia esté apestada. Ese cerco hay que romperlo.

En general, ¿qué espera del nuevo Gobierno de coalición?

Yo de este Gobierno, como de casi todos, espero que sea eficaz y eficiente. Al final el Gobierno está para servir a las personas y plantear soluciones. Yo creo que los gobiernos deben bajar la carga ideológica y aplicarse soluciones del día a día concretas. En nuestro caso, esperamos mucho porque hemos sido partícipes de un acuerdo con la parte fundamental del Gobierno, un acuerdo que por primera vez recoge prácticamente todas las reivindicaciones de la provincia que iban en nuestro programa y estamos esperanzados en que se cumpla. De hecho, hemos puesto en el propio acuerdo una comisión de seguimiento, una reunión cuatrimestral, para evaluar constantemente ese cumplimiento y no dejar que pierda ritmo ni interés.

Nosotros vamos a estar muy encima y por primera vez creemos que después de un largo camino podemos ver los objetivos próximos y no vamos a reblar en esa búsqueda del objetivo. Por eso, en la intervención, he advertido que los turolenses no admitiríamos que volviese a haber un desengaño como el que hubo con el Plan Específico de Teruel del 2005, que se planificó también precisamente después de una reunión de la coordinadora con el Gobierno. Se planificó, pero al final luego no se ejecutó.

Creemos que esta vez hay una diferencia sustancial y es que nosotros hemos sido partícipes de ese pacto que está en el Gobierno y que se puede exigir su cumplimiento. De la otra manera vimos cómo se iban incumpliendo las cosas y al final todo se quedó sin realizar. No podemos consentir que esto vuelva a pasar porque desde el 2005 han pasado 15 años y realmente no se ha hecho nada.

Algunos le señalan como el sucesor de José Antonio Labordeta. ¿A usted qué le parece?

(Ríe). Pues me parece que estamos a años luz. Labordeta es todo un símbolo para Aragón. Yo diría que estoy más en el día a día. Esa capacidad simbólica que él conseguía reunir… casi es un mito. Nosotros intentaremos hacerlo lo mejor posible, no sé hasta dónde llegaremos, pero nos conformamos con llegar a cumplir el día a día, el del oficinista aplicado.

Ana Oramas levanta todo tipo de pasiones con su indisciplina de voto en la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También dentro de Coalición Canaria, a la que su diputada por Santa Cruz de Tenerife ha metido en un callejón sin salida, si no quiere saltarse a la torera sus propios estatutos. Las normas lo dicen claro: Artículo 49. Faltas y sanciones. El incumplimiento y el alejamiento desobediente de las decisiones de sus órganos es una infracción grave y por tanto motivo para causar baja.

El Comité Permanente Nacional de CC-PNC (su aliado, el histórico Partido Nacionalista Canario fundado en 1924 en Cuba) tiene previsto reunirse este jueves para marcar la hoja de ruta del caso Oramas. Y aunque en la cúpula del partido, muy dividida, no se quiere que nadie ajeno marque sus tiempos, sobre la mesa solo quedan dos salidas viables para no hacer saltar por los aires la disciplina orgánica: expulsión o dimisión.

El propio secretario general, José Miguel Barragán, ya lo avanzaba el martes tras la consumación del no a Pedro Sánchez. Las disculpas de Ana Oramas a su partido "no son suficientes". Este jueves debe presentar un informe a esa Permanente para marcar los pasos de un expediente "garantista", pero en esa misma comparecencia Barragán dejaba abierta "alternativas" y otras posibilidades a la conclusión lógica de la baja.

En esa línea "alternativa", el sector más crítico con Ana Oramas tiene claro que "hay que actuar con firmeza, porque si no seríamos como el ejército de Pancho Villa". Pero a nadie en la organización le agrada una ruptura tan traumática como expulsar a la diputada que representa a la mayoría de la organización con más peso de CC: Tenerife. Y menos en un momento de absoluta debilidad de toda la organización en todas las islas, donde ha perdido el poder institucional que ha ostentado durante décadas.

¿Y qué otra alternativa quedaría? "Muchos nos contentaríamos con que dejara su acta de diputada por esa indisciplina. Que corra la lista y que asuma el escaño alguien que siga las directrices de Coalición Canaria". La dimisión sería una medida tan contundente como acabar el proceso que se abra en expulsión, entiende un sector del partido que no quiere que se siente un precedente de desobediencia tan grave. "Muy grave", como calificó la propia Permanente el caso en su nota oficial.

Esa dimisión, muy improbable tal y como ha expresado desde la propia tribuna del Congreso de los Diputados la diputada –"esté o no en mi partido", le dijo a Sánchez- bastaría en estos momentos al grupo del partido que promueve un viraje más hacia la izquierda y reequilibrar CC territorialmente, que tras la escisión de Nueva Canarias en 2005 ha quedado más en manos de lo que marque el centro derecha de Tenerife. Y la segunda en la lista por Santa Cruz de Tenerife es Guadalupe González Taño, de CC de La Palma, otra isla que se ha unido al movimiento interno de unificar el nacionalismo.

Esa será la batalla legal, interna, que se abra a partir de este jueves en el partido. Ya lo vienen apuntando, de manera abierta, esos sectores de CC de Tenerife que defienden a capa y espada a Oramas, una de las suyas, por no decir su lideresa natural. No ha sido tan trascendental el voto negativo a Sánchez como para tomar una medida de ese calibre, la baja. "Su voto no fue decisivo", ha dicho el que fuera alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez. "No se puede masacrar" a Oramas, y eso del expediente "está por ver", dijo el expresidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso.

Así, Coalición Canaria no solo enfrenta en estos tiempos el reto de la fría oposición, de no tocar el poder en la Comunidad Autónoma, cabildos y grandes ayuntamientos. Sino el problema de cómo llegar a su Congreso de mayo: de momento, con un aspirante a líder del partido, Fernando Clavijo, investigado por la Justicia por su etapa como alcalde de La Laguna. Y en breve, con otro de sus referentes, Ana Oramas, con un expediente abierto por una falta catalogada como "muy grave" por su propio partido.

Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado quieren convertir la Comunidad de Madrid en el "dique de contención" del PP y Ciudadanos contra el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. No es una estrategia nueva. Los populares ya utilizaron en el pasado las instituciones que dirigían para hacer oposición contra adversarios políticos. Lo que anuncia ahora la presidenta regional de Madrid recuerda mucho a lo que en su momento hizo desde la misma posición Esperanza Aguirre contra los gobiernos socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero, o a la oposición del Ejecutivo de Mariano Rajoy a la Alcaldía de Manuela Carmena, que llegó a intervenir las cuentas municipales pese a que Ahora Madrid reducía deuda y tenía superávit.

"El nuevo gobierno radical de izquierdas, apoyado por los independentistas, no nos va a detener", lanzaba Ayuso este miércoles en una declaración que primero se anunció como institucional y luego se aclaró desde el departamento de prensa que era a iniciativa propia de la presidenta regional. El discurso de Ayuso contra el nuevo Ejecutivo de coalición que aún no ha echado a andar llegaba después de que el líder del PP, Pablo Casado, asegurase que el poder autonómico que poseen lo utilizarían para hacer frente al gobierno de Sánchez.

Una estrategia anunciada por Ayuso pero a la que de inmediato se unía este miércoles su socio de gobierno, Ciudadanos. "Hoy más que nunca" la región "seguirá siendo el refugio de todos los españoles", declaraba el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, que "suscribía" todas las palabras de la regidora.

Al igual que hiciera Casado (y el líder de Vox, Santiago Abascal), Isabel Díaz Ayuso amenazaba este miércoles con llevar a cabo una estrategia de judicialización de la política, advirtiendo al nuevo Gobierno de que acudirán a los tribunales y los parlamentos a recurrir todas aquellas leyes o medidas que no les gusten. "Todo ataque a la libertad será respondido convenientemente con todos los recursos a nuestro alcance", advertía la dirigente regional. Sus "preocupaciones" al programa de gobierno presentado por PSOE y Unidas Podemos: los "ataques" contra la educación concertada, contra la sanidad privada financiada con dinero público, la libertad religiosa, la rebaja de impuestos y contra la "propiedad privada".

De entrada, el Ejecutivo de coalición entre PP y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid ha avisado de que no aplicará los límites al precio del alquiler que recoge el acuerdo de gobierno entre Sánchez e Iglesias. PSOE y Unidas Podemos se comprometieron a frenar las "subidas abusivas del alquiler" y en las zonas más tensionadas se habilitará a comunidades autónomas y ayuntamientos para que, a partir del Sistema Estatal de Índices de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda –que está desarrollando el Ministerio de Fomento– puedan establecer límites mediante un índice de precios.

Si esta medida sale adelante, las comunidades autónomas y los ayuntamientos estarían facultadas para decidir su aplicación. Pero el consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, David Pérez, ya advertido que Madrid no hará uso de esta regulación al tratarse de una medida "ligada a la extrema izquierda" que "atenta contra la propiedad privada", pese a que se trata de una medida que se ha implementado en capitales europeas y ciudades de EEUU.

Guerra fiscal

Uno de los mayores temores de Ayuso, según declaraba este miércoles, es que Sánchez acabe con la baja fiscalidad de Madrid: "Me preocupa especialmente su anuncio implementar un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas que resuelva lo que ellos llaman asimetrías del sistema actual, lo que significa, digámoslo claramente, suprimir, por ejemplo, nuestra legislación sobre los impuestos", aseguraba.

Tanto la presidenta regional como su socio de gobierno (Ciudadanos) han prometido en repetidas ocasiones una guerra fiscal contra las políticas impositivas de Sánchez para "bajar los impuestos" que el gobierno central suba, pero Ayuso teme que salga adelante la reforma de financiación autonómica iniciada por el Gobierno de Rajoy, que acabó en un cajón.

El expresidente Rajoy tuvo sobre la mesa un informe del comité de expertos presidido por el fiscalista Manuel Lagares, y que supervisó personalmente su ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, que contradecía la senda que habían iniciado las comunidades en las que gobernaba, especialmente Madrid.

En el informe final que llegó en julio de 2017, los expertos en derecho tributario recomendaron establecer un umbral mínimo de tributación en el impuesto de Sucesiones y Donaciones para impedir se bonifique al 99%, como ocurre actualmente en la mayoría de autonomías gobernadas por el PP, pero también en el País Vasco y Catalunya. Algo parecido señalaba ese dictamen sobre el impuesto de Patrimonio, que Madrid bonifica al 100%. La actual ministra del ramo, María Jesús Montero, que previsiblemente repetirá en el cargo, apuntó que dicha reforma recogerá esas recomendaciones.

Sería terminar con lo que algunos críticos llaman "paraíso fiscal" en la Comunidad de Madrid, que acumula casi dos décadas de rebajas fiscales, especialmente a las grandes fortunas. La carrera la inició Esperanza Aguirre en 2002 y ha llegado hasta nuestros días. Menos de un año después de la última reducción del IRPF en Madrid, Díaz Ayuso anunció otra "rebaja de impuestos histórica" en la región, que de momento ha dejado aparcada en un cajón pero que supondría, según los propios cálculos del PP, 300 millones de euros menos para las arcas madrileñas.

A eso hay que sumarle los más de 800 millones que Madrid deja de ingresar al año al bonificar al 100% el impuesto de patrimonio (del que se benefician principalmente las rentas más altas) y la bonificación del impuesto de sucesiones al 99% entre padres e hijos y entre cónyuges.

Estos impuestos cedidos por el Estado a las comunidades autónomas como una forma de involucrar a las autonomías y que así gestionasen parte de sus ingresos, se han convertido en un arma política. Ahora Ayuso, al igual que hiciera Aguirre durante los gobiernos de Zapatero, quiere aprovechar lo que denomina "ataques a la libertad" para capitalizar mediáticamente la labor de oposición aprovechando la fuerza que otorga ser una de las regiones que más presupuesto gestiona y que mayor impacto tiene en la opinión pública.

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