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created: 22 mar 2015 21:42:28 UTC ~ updated: 21 mar 2019 15:34:52 UTC ~ rssv2 ~ TTL 10 min. ~ es

Las particulares explicaciones de los exconsellers sobre quién pagó el 1-O han continuado en la fase testifical del juicio del procés. Si Santi Vila apuntó, como había hecho Carles Puigdemont en Alemania, que el referéndum lo costearon "mecenas catalanistas", los testigos han dibujado un plan de financiación más o menos acordado entre la Generalitat y empresarios, pero del que ha quedado un rastro documental confuso y no siempre vinculado a las cuentas públicas catalanas, controladas antes y después del 1-O por el Ministerio de Hacienda.

A diferencia de los acusados, los testigos están obligados a decir la verdad. Tras dos jornadas de negaciones de la malversación plagadas de situaciones más propias de un guion de cine que de aspectos contables, la gota que ha hecho colmar la paciencia de la Fiscalía (y del tribunal) ha sido el testimonio este miércoles del responsable de difusión y publicidad de la Generalitat, Jaume Mestre. El fiscal Jaime Moreno ha conseguido acorralar a Mestre con las facturas del anuncio del 1-O de la Generalitat que emitieron TV3 y Catalunya Ràdio (los grandes medios privados se negaron).

Pese a ser el responsable de la publicidad institucional del Govern, Mestre ha respondido con sucesivos "no lo sé" y "no lo conozco" a las preguntas del fiscal sobre el anuncio del 1-O. Moreno se ha sacado entonces un as de debajo la puñeta: la presidenta en funciones de la corporación de los medios públicos catalanes, Núria Llorach, señaló a Mestre como el responsable de la Generalitat que pidió directamente a TV3 y Catalunya Ràdio que emitieran el anuncio después de que dos empresas renunciaran a elaborarlo y a comercializarlo. Así consta en el requerimiento que Llorach respondió al juzgado de instrucción 13 de Barcelona a finales de 2017 y que acompaña a esta información.

Pero además, Llorach concretó el dinero. Llorach afirmó que la campaña "fue de pago" y que los medios públicos catalanes enviaron al departamento de Presidència de la Generalitat dos facturas, el 14 de septiembre y el 5 de octubre, por un valor total de 277.804,36 euros. En mayo del año pasado, cuando acudió a declarar ante el juez de Barcelona como testigo, Llorach dijo que la Generalitat se negó a abonar las facturas que le giró TV3 por el anuncio del 1-O porque lo consideró un servicio público, similar a las campañas de tráfico, cuya emisión no se paga. Llorach ha terminado imputada en Barcelona, lo que ha hecho que se niegue a declarar en el Supremo.

"No sé si era de pago, no traté con Núria Llorach, no recuerdo haber visto facturas", ha respondido Mestre a sendas preguntas del fiscal Moreno. La evidente contradicción ha motivado que el fiscal pidiera investigar a Mestre por el delito de falso testimonio. El tribunal presidido por Manuel Marchena ha respondido que resolverá cuando dicte sentencia. Con todo, Mestre ha sido el primer testigo del juicio del procés al que Marchena ha advertido de la posible comisión del delito de falso testimonio durante su interrogatorio.

Para culminar su declaración y tras verse contra las cuerdas, Mestre ha dicho que solo habló de la campaña del 1-O con el que entonces era su jefe, el secretario general de difusión, Antoni Molons –también imputado en Barcelona. No era la primera vez que Molons aparecía en el juicio del Supremo. El diseñador gráfico Enric Vidal identificó el martes a Molons como el "tal Toni" que a través de un teléfono prepago lo citó en un hotel para darle un pen–drive con carteles institucionales del 1-O.

Luego Vidal llevó los carteles a imprimir a tres imprentas y le pasaron un presupuesto, pero no recuerda su importe. El responsable de una de las imprentas, Enrique Mary, explicó que Vidal le indicó que cobrara "a la Generalitat" 17.250 euros por los carteles, pero que no se llegaron a facturar al Govern porque los carteles no se entregaron. A diez días del 1-O, los carteles fueron incautados por la Guardia Civil. Además, Mary indicó que antes de recibir el pen-drive de manos de Vidal, recibió la llamada de un trabajador de Òmnium Cultural, cliente habitual de su empresa, que le preguntó por un presupuesto relacionado con la impresión de la cartelería del 1-O.

Tampoco era la primera vez que se dibujaba un posible vínculo entre Òmnium y el Govern para pagar el 1-O: el uso de la entidad como "sociedad interpuesta" del Govern fue una de las líneas de investigación del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, pero finalmente fue descartada tras incautarse de toda la contabilidad de la entidad y constatar que Òmnium no recibe subvenciones públicas.

El "tal Toni" y Unipost

Fuentes de las defensas vinculan la reacción de Moreno este miércoles con Mestre con los pocos éxitos que cosechó la Fiscalía en jornadas anteriores para acreditar la malversación. En este sentido, cabe resaltar la declaración de los exresponsables de Unipost, cuya partida conforma el 31% del total de los 3,1 millones presuntamente malversados, según la Fiscalía.

El exresponsable de repartos de Unipost, Francisco Juan Fuentes, afirmó que frenó el envío de cartas a los miembros de las mesas del 1-O porque la Generalitat las entregó sin albarán. En consecuencia, añadió, no se emitió factura alguna. Sin embargo, sí explicó parte de los sobres llegaron a las oficinas de Unipost porque "un tal Toni" lo llamó en nombre de la Generalitat para recoger sobres del 1-O "al lado de un bar", un método totalmente inusual.

Fuentes no relacionó al "tal Toni" con Molons, imputado en Barcelona y que abrirá las testificales de este jueves. Pero más que el relato más o menos verosímil de los testigos, la clave sobre el presunto millón de euros destinado a Unipost es el hecho de que su administradora concursal (la compañía quebró tras el 1-O) haya certificado que no ha cobrado de la Generalitat y que no reclama el dinero, lo que ayuda más a las defensas que a las acusaciones.

Factura, cobro y malversación

¿Si no hay factura o la factura no se cobra ni se reclama, como en el caso de Unipost, hay malversación? Para la Fiscalía y la Abogacía sí: gracias a la nueva redacción del delito de malversación vigente desde 2015, a su juicio basta con que se acredite una administración desleal de los recursos públicos por parte de la administración. En el 1-O sería el caso de la cesión de locales públicos para que fueran colegio electoral, así como los gastos previstos y comprometidos pero que no se llegaron a ejecutar ante la negativa de los proveedores o la marcha atrás del Govern.

No obstante, ninguna de las dos acusaciones han reclamado al Supremo que fije una responsabilidad civil a los acusados por el gasto público en el 1-O –el juez Llarena, al procesar a los dirigentes soberanistas, la fijó en 2,1 millones. Esto implica que la cantidad malversada la tendrá que concretar y reclamar a los políticos el Tribunal de Cuentas en otro procedimiento en vez del Supremo, aunque este último condene por malversación.

Asimismo, este martes el exsecretario general del Diplocat Albert Royo ha cuestionado que los gastos que sí están plenamente acreditados porque sí se llegaron a pagar sean dinero malversado. En concreto, casi 200.000 euros que las acusaciones creen destinados al pago del viaje y alojamiento de observadores internacionales del 1-O.

Royo ha admitido los pagos, pero ha negado que fueran para observadores. Ha dicho que se destinaron a dos misiones, una de "visitantes internacionales" que periódicamente organiza el Diplocat a diputados de regiones europeas; y otra para que un grupo de académicos "analizara el contexto político de Catalunya". El problema para Royo es que ambos equipos fueron presentado por la Generalitat como la primera "misión internacional de observación electoral" del 1-O.

La investigación judicial realizada por el Juzgado número 13 de Barcelona facilitó un gran caudal de información que se utilizó posteriormente en la instrucción dirigida por el juez Llarena en el Tribunal Supremo que ha desembocado en este juicio. También dejó un reguero de decenas de imputados, algunos de los cuales están llamados a declarar en este juicio, pero a los que la ley les permite no responder a preguntas para no incriminarse en el otro procedimiento. Varios han ejercido ese derecho hasta ahora y algunos más lo harán. 

Eso es un problema para los cargos de nivel menor que no fueron imputados por el 13 y que sí están obligados a declarar ahora como testigos. Eran lo bastante importantes como para tener conocimiento de actos presuntamente ilegales, pero no tanto como para haber sido imputados en el 13. A veces, quedarse a mitad de camino es lo peor que te puede pasar. 

Uno de ellos es Jaume Mestre, responsable de Difusión de Publicidad de la Generalitat, tanto en 2017 como en la actualidad, que declaró el miércoles en la sala. Es un cargo de confianza en la Administración autonómica. Como muchos otros, perdió el empleo con la aplicación del artículo 155, pero luego lo recuperó tras las posteriores elecciones autonómicas. Así que debía tener cuidado en su declaración para no decir nada demasiado serio sobre sus antiguos jefes –dos de los cuales están imputados en el 13 y continúan en la Generalitat– y por tanto mantener su puesto de trabajo. Con una salvedad: no podía hacerlo de forma que cantara demasiado, es decir, no debía calentar los ánimos del fiscal y del presidente del tribunal por sus persistentes fallos de memoria.

En esto último, fracasó de forma clamorosa. 

Mestre no tomaba decisiones políticas. Su labor estaba en la gestión de la publicidad institucional, incluidas dos campañas de marzo y abril de 2017 que la acusación cree que justifican el delito de malversación que pende sobre los acusados.

La primera procedía de la Conselleria de Acción Exterior, dirigida por Raül Romeva, enfocada a que los catalanes en el exterior se inscribieran en un registro ofreciéndoles ventajas como asegurarles la tarjeta sanitaria. La segunda es una campaña de la que ya se ha hablado varias veces en este juicio y que es uno de los puntos fuertes con los que la fiscalía pretende sustentar el delito de malversación. Se llama 'Civisme' y, aunque no llegó a ejecutarse, de ella proceden los anuncios de las vías del tren que la Generalitat utilizó después en la campaña del referéndum. 

El tribunal dejó pasar las evasivas de Mestre sobre la campaña de Acción Exterior, pero no las relacionadas con 'Civisme' y la aparición de esos anuncios en los medios públicos autonómicos, TV3 y Catalunya Radio. Presupuestada en una cantidad notable, 2,7 millones, el concurso quedó desierto porque las agencias de publicidad no quisieron tocarla ni con una pértiga por su evidente relación con el referéndum y porque el juzgado número 13 ya había entrado en acción. 

Vuelve "un tal Toni"

Quien daba órdenes a Mestre sobre 'Civisme' era Antoni Molons, esa persona –también imputado y hoy también con cargo en la Generalitat– al que otro testigo llamó "un tal Toni" para intentar demostrar que su conocimiento de él era tan escaso que ni recordaba su apellido. 

En ese momento, Mestre ya estaba metido en una espiral en la que respondía a casi todo con un "no lo sé" y "no lo recuerdo". Sobre los anuncios en TV3, no lo tenía tan difícil. Podía haber dicho que alguien en la Conselleria envió los anuncios a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales para su emisión. Es cierto que la actual presidenta en funciones de la CCMA, Núria Llorach, dijo al juez instructor que fue Mestre quien le pasó los materiales, pero ella no declarará en este juicio. Efectivamente, Llorach también está imputada en el 13, pero eso el lector ya se lo habrá imaginado. 

El fiscal Jaime Moreno recordó a Mestre que la CCMA emitió facturas por 184.000 y 93.000 euros a cuenta de la emisión de esos anuncios. Mestre podía haber dicho que él no se ocupaba de recibir esas facturas. Podía haber explicado que se enteró después por las informaciones aparecidas sobre el caso. Optó por un "no lo sé". 

Fiscal: "¿Esta campaña era de pago?".

Mestre: "No lo sé". 

Error. Una persona en su puesto debía de saber la respuesta, aunque no fuera él quien en su caso autorizara o no el pago. Decir 'ojalá estuviera imputado en el 13 para no tener que estar aquí' habría sido comprensible en el plano personal, pero no valía como respuesta ante un tribunal.

El magistrado Marchena le enseñó tarjeta amarilla. Le recordó que existe el delito de falso testimonio. No sonó muy amenazante, pero sí claro. Eso animó al fiscal a tomar la decisión con la que cerró después su intervención.

¿Habló de esas facturas con alguien? "Si lo hablé, fue con Molons". ¿Insiste en que no era una campaña de pago?, repitió el fiscal. "No lo sé. No sé por qué se emitió ese spot".

Segundo error. Si habló con Toni Molons, es difícil creer que le sorprendiera la aparición de los anuncios de las vías en TV3 y Catalunya Radio. 

El fiscal solicitó al tribunal que considere denunciar a Mestre por falso testimonio. Marchena dijo que la respuesta tendrá que esperar a la sentencia, donde se podrá calibrar, junto a otros testimonios y pruebas, si el testigo ha mentido. 

Los observadores que sólo eran visitantes

Después declaró otro testigo que sí está imputado en el 13, pero que le echó valor. Albert Royo, que fue secretario general de Diplocat, pensaba que sus cartas eran mejores. Administró los "no lo sé" con mesura, sin abusar, y proyectó un torrente de palabras con el que dejar claro que estaba encantado de responder a todas las preguntas, incluso hasta la noche si fuera necesario. 

Eso no quiere decir que su testimonio fuera creíble. Royo negó que Diplocat pagara a observadores internacionales para el referéndum. Sí pagó a unos denominados "visitantes internacionales" porque organizaba ese tipo de viajes todos los años para que gente de fuera conociera la realidad de Catalunya. 

¿En qué fechas viajó un grupo de "visitantes" sobre los que le preguntaron y a los que se les pagó 40.591 euros? Entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre de 2017. Vaya coincidencia, el viaje comenzó dos días antes del referéndum.

Cabe la posibilidad de que el fiscal y el tribunal se apiadaran de Royo al estar imputado en el Juzgado 13. O que el magistrado Marchena le tomará la matrícula para incluirlo en la carpeta de temas pendientes dentro del apartado 'testigos con declaraciones dudosas'. Para saber eso, también habrá que esperar a la sentencia.

El llamado 15M climático ha llegado a España: este viernes hay convocadas decenas de manifestaciones y concentraciones de estudiantes a lo largo de todo el país para protestar contra la inacción institucional frente al cambio político. Todo el mundo es bienvenido pero llaman a movilizarse, sobre todo, a jóvenes, a alumnos desde los primeros cursos de la ESO a la universidad. Son ellos los protagonistas del movimiento internacional que lo organiza, Fridays for Future (FFF) porque, sostienen, son los que más hipotecado tienen su futuro por el cambio climático.

Todo surgió a partir de que, en agosto de 2018, la activista sueca Greta Thunberg dejara de ir al colegio los viernes para manifestarse frente al Parlamento en Estocolmo exigiendo acción climática. Este 15 de marzo será el día grande de la réplica de esa acción en todo el mundo. En España también habrá una huelga, respaldada legalmente por el Sindicato de Estudiantes. Durante febrero los jóvenes ya se movilizaron en Madrid, Barcelona, Girona, Málaga o Valencia, pero este viernes se espera que marque un antes y un después.

Qué es lo que piden

"Porque somos generaciones globales sin futuro, alzamos nuestras voces cada viernes reclamando justicia ambiental", expresa el manifiesto que se leerá este 15M en las concentraciones. Hablan de "emergencia climática" y piden medidas para ya, efectivas antes de la fecha que marcan como punto de no retorno: 2030. El lema principal es que "no hay planeta B". "Nos jugamos mucho, nos jugamos nuestro futuro".

En el texto se lee también la intención de que "si los políticos no hacen nada, haremos que nos oigan". Durante el primer encuentro en Madrid, el viernes anterior al 8M y frente al Congreso, algunos portavoces ––que huye de la figura de representantes oficiales– explicaban que "la reivindicación es que se escuche a los científicos que hace años que piden soluciones. Muchos ponen 2030 como la fecha límite de no retorno con el cambio climático y por favor, tienen que escucharles. No apostamos por políticas concretas: no las tenemos, no nos dedicamos a legislar, lo que pedimos es que se les escuche a ellos".

Dónde hay concentraciones

Según publicaba este miércoles en Instagram la activista Greta Thunberg, este viernes 15 de marzo hay, al menos, 1.325 citas en 98 países. En España habrá decenas de convocatorias organizadas tanto por FFF como por su respuesta en España, Juventud por el Clima (JxC), dos entidades distintas "pero que trabajamos juntas". Tienen el apoyo de otras como Greenpeace. La mayoría de las movilizaciones son de 12 a 14 horas pero también hay alguna por la tarde. La que se prevé más multitudinaria es la de Madrid, que partirá a mediodía de la Puerta de Sol y acabará en el Congreso de los Diputados. 

La intención inicial es que las acciones con esta forma continúen de manera regular los viernes, aunque desde el Sindicato de Estudiantes no se pretende convocar una huelga semanal. El 15M será "un primer gran impulso", tras todos los Fridays for Future que han tenido lugar este último mes en distintas ciudades. Lo que se haga después depende de la respuesta que haya, pero se espera que en cada centro se amplíen las acciones y comités por el clima.

Quién está llamado a manifestarse

A la huelga están llamados sobre todo los jóvenes porque, como dice su manifiesto, "somos la generación de la crisis económica y también lo seremos de la crisis climática". Las anteriores protestas las han protagonizado sobre todo alumnos de Secundaria, pero para esta se ha extendido por las universidades. "No tenemos ninguna expectativa de cifra", avanzan, aunque esperan alta participación.

El planteamiento, explican tanto desde Juventud por el Clima como desde Fridays for Future, es que los jóvenes estén en el centro, pero eso no significa que la manifestación sea solo para ellos: puede acudir todo el mundo que apoye la causa. 

Quién puede hacer huelga

La huelga en España se organiza dentro del marco de una huelga global #strikeforfuture, que llama a la acción estudiantil en todo el planeta. La impulsa también FFF y JxC y, en nuestro país, la convocatoria la ha hecho el Sindicato de Estudiantes. Llaman a la huelga a alumnos a partir de 3º de la ESO –el mínimo según la Ley Orgánica de Educación, LOE–, Formación Profesional y Universidad. Como en toda huelga, no es necesario el permiso de familias ni tutores.

Desde JxC han sabido de institutos o colegios a los que "les ha llegado tarde" la convocatoria o han puesto más trabas. En algunos de esos casos, se ha optado por que los delegados recojan actas para informar a la Jefatura de Estudios de cuántos alumnos van a hacer huelga. Sin embargo, la convocatoria es oficial así que los alumnos no tienen obligación de informar sobre su decisión, por lo que se está trabajando para que esto no sea necesario en ningún centro.

¿Pueden poner falta? ¿qué pasa si tengo un examen?

Es uno de los temas por los que más preguntan los estudiantes en redes sociales. Responsables de FFF recuerdan que, como en toda huelga y según la LOE, los profesores pueden poner falta de asistencia, pero esta no puede tener consecuencias a nivel lectivo ni ningún tipo de sanción –por ejemplo, en asignaturas de asistencia obligatoria–, ya que es una ausencia justificada por estar amparada legalmente. Por la misma normativa, si hay agendado un examen, los alumnos que hayan hecho huelga tienen derecho a que se les haga otro día.

"Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo". Esas palabras de Lucía han supuesto un punto de inflexión en la vida de José Gijena y su esposa, Cecilia Ousset. "Hay que tener un alma muy sombría para no reaccionar ante el dolor de esa nena de 11 años embarazada por su violador y torturada por un sistema de salud que le niega su derecho al aborto".

Estos ginecólogos practicaron una cesárea a la pequeña –que tras numerosas dilaciones llevaba ya 23 semanas de gestación– y ahora se enfrentan a una denuncia de homicidio calificado de abogados 'provida' a causa de la muerte del bebé.  

"Entramos a la habitación del hospital y nos encontramos a una nena chiquita, de 11 años pero con escaso desarrollo genital, en un estado psicológico muy inestable. Ya había tenido dos intentos de suicidio. Ella y su mamá nos pidieron por favor que las ayudáramos a interrumpir ese embarazo", cuenta Gijena. Para entonces Lucía (nombre con el que se protege su verdadera identidad) llevaba semanas pidiéndolo en vano.

Casi dos meses antes había ido por un dolor de barriga al centro de salud de 7 de abril, un pequeño pueblo a 150 kilómetros de la ciudad de Tucumán, en el norte de Argentina. Allí descubrieron que tenía un embarazo de 16 semanas, que desveló a su vez que la tortura para ella había empezado mucho antes, con los abusos sexuales de la pareja de su abuela, un hombre de 62 años.

Pero la siguiente tortura acababa de comenzar. El aborto es legal en Argentina desde 1921 en casos de violación o de peligro de muerte para la gestante. De hecho, ni siquiera se requiere la autorización de un juez. Pero la provincia Tucumán es la única del país que no ha adherido al protocolo sanitario para estos casos. "Las presiones de la Iglesia católica y los grupos antiderechos han dejado esta provincia al margen de la justicia", protesta Gijena.

Los días fueron pasando para Lucía sin ninguna solución, entre escenas en las que médicos le preguntaban, con una mano en su vientre, si de verdad quería 'matar a su bebé', y declaraciones de responsables políticos que señalaban que lo mejor para ella era seguir adelante con el embarazo y hasta una fiscal buscando abogado para proteger al feto. Finalmente, una jueza instó a las autoridades sanitarias a que en menos de 72 horas atendiera la voluntad de la niña de abortar. Pero no había médicos dispuestos a hacerlo.

Por eso el Ministerio de Salud debe acudir a un médico privado. José Gijena acepta, con la condición de evaluar el caso y tomar la decisión médica que crea más conveniente. Tercera sesión de torturas: el aborto ya no es posible. El obstetra entiende que el cuerpo de la niña es demasiado inmaduro para interrumpir el embarazo con pastillas. Hubiera supuesto al menos tres días de fortísimos dolores y hemorragias, con posibles consecuencias físicas y psicológicas. Seguir con el embarazo también hubiera sido un riesgo: una niña de su edad tiene cuatro veces más posibilidades de morir en el parto que una mujer adulta.

"Decidimos hacerle una microcesárea, lo menos invasiva posible. Pero nos encontramos en el quirófano con que ni las enfermeras ni el anestesista querían participar. Se amparaban en la objeción de conciencia. Mi esposa, que es católica practicante y también es objetora, tuvo un gesto de generosidad muy grande: dejó de lado sus ideas para hacer lo que debía, que era ayudar a esa nena", cuenta emocionado el médico.

A medianoche, la pareja de obstetras consigue, con la ayuda de una anestesista amiga, realizar la intervención. No resulta sencilla, porque Lucía desarrolló preclampsia, una complicación muy grave. La bebé nació con vida, pero murió a los pocos días. Es entonces cuando se pone en marcha la denuncia por homicidio. "Argumentan que fue extraído del vientre materno en forma prematura aun a sabiendas de sus pocas probabilidades de sobrevivir, y por eso se nos supone la premeditación. ¡Claro que hubiéramos querido que consiguiera vivir! Pero aquí el foco no soy yo ni lo que lamentablemente pasó con la bebé, sino conservar la integridad física de la nena violada y el derecho que le corresponde por ley", sostiene Gijena.

Acoso, amenaza, denuncias...

Las consecuencias para estos médicos con dos décadas de experiencia a sus espaldas son imprevisibles. Y no solo para ellos, sino también para su familia. Este lunes, cuando recibían la noticia de la denuncia por homicidio, Gijena y Ousset estaban acompañando a sus cuatro hijos en su primer día en una nueva escuela. El acoso constante desde que sus padres se manifestaron a favor de la regularización del aborto no les dejó más opción que el cambio de centro. "Estuvieron todos en tratamiento psicológico y uno de ellos sufrió una depresión", relata el médico.

Cuando Argentina estaba inmersa en el debate público y legislativo sobre la legalización del aborto, Cecilia Ousset escribió en su Facebook una carta en la defendía, como ginecóloga católica, la necesidad de una ley que garantizara abortos seguros para las mujeres pobres. El texto fue compartido por más de 50.000 personas en 48 horas. Desde entonces, la obstetra y su familia han sido señalados y acosados por los autodenominados 'provida' en una provincia históricamente muy conservadora.

De hecho, el rechazo de la ley de plazos en el Senado lo decantaron en buena medida los senadores de las provincias del norte argentino, donde la iglesia sigue teniendo un importante peso político.

"Estos grupos antiderechos se creen por encima de la ley. Dicen que su lema es 'Salvemos las dos vidas' pero en realidad es 'O salvamos las dos vidas o ninguna'. Se escudan detrás de un rosario o una virgen para justificar su accionar malévolo y mafioso. Quieren confundir a la población diciendo que el aborto no es legal. En el caso de Lucía ya era legal casi 100 años atrás", se enciende Gijena.

Un grupo de abogados se ha acercado a ellos para asistirles en la causa y varias asociaciones feministas están promoviendo un escrito de apoyo a los médicos. Gijena dice no estar preocupado. "Hay que dar esta batalla. Porque lo importante no es lo que nos pase a nosotros. No me importan tanto las amenazas de muerte como que este hostigamiento no consiga amedrentar ni a los profesionales ni a las mujeres que se vean en esta situación. No queremos más Lucías".

Para José y Cecilia, el paso que han dado es definitivo, pero también inevitable. "No es fácil hacer lo que hicimos: abrirle la barriga a una nena para sacar una beba que seguía con vida. Pero hay derechos inalienables y no podemos desconocerlos. Tampoco podemos mirar hacia otro lado ante el sufrimiento de una nena violada y después torturada. Eso es lo que quieren los que nos denuncian: hacer como que no lo ven, condenar a Lucía y a otras como ella a la clandestinidad y a la muerte".

El Parlamento británico ha rechazado salir de la Unión Europea sin un acuerdo de retirada pactado con Bruselas tan solo 24 horas después de haber rehusado por segunda vez el acuerdo negociado por la primera ministra británica, Theresa May, y la UE. La Cámara de los Comunes quiere un acuerdo, pero no el que trae May bajo el brazo. Mientras, la UE insiste en que ese es el único posible. No habrá más concesiones del bloque comunitario.

"Esta Cámara rechaza aprobar salir de la Unión Europea sin un acuerdo de salida y sin un marco para la futura relación el 29 de marzo de 2019", reza el texto aprobado y que supone una pequeña victoria para May, ya que presiona a los parlamentarios para que aprueben el texto que ella les ha presentado.

El próximo paso: una votación este jueves para solicitar una prórroga del artículo 50, es decir, retrasar la fecha de salida prevista, programada para el 29 de marzo, dentro de 16 días. Pero ¿para qué?, se preguntan desde la UE. "Nos tienen que decir qué es lo que quieren para la relación futura. Esa es la cuestión que ahora requiere una respuesta clara antes de tomar una decisión sobre una posible extensión", ha afirmado este miércoles Michel Barnier, negociador jefe de la UE para el Brexit. "¿Alargaríamos estas discusiones? Las discusiones sobre el artículo 50 están cerradas. Ya tenemos el acuerdo de retirada. Está ahí", ha añadido.

El presidente de los Liberales y coordinador del Parlamento Europeo para el Brexit, Guy Verhofstadt también se ha mostrado reticente a una extensión del artículo 50 sin un propósito concreto. "Estoy en contra de toda extensión, sea de un día, una semana o 24 horas, si no está basada en una opinión clara de la Cámara de los Comunes para algo. Que sepamos lo que quieren", ha afirmado. "Londres, por favor, aclárate. Esta incertidumbre no puede continuar".

"La Unión Europea no puede rescatar a Reino Unido. Les corresponde a ellos decidir. No hay opción de ninguna prolongación si no recibimos una aclaración del lado británico", ha afirmado Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo.

Si el Parlamento pide este jueves retrasar la fecha de salida, lo previsible es que los 27 jefes de Gobierno, reunidos en Bruselas el 20 y 21 de marzo, lo aprueben por unanimidad, pero necesitan un motivo, y May no tiene mayoría en el Parlamento británico para ninguna iniciativa propositiva. Esta votación no es vinculante para el Gobierno y aún se puede producir una salida sin acuerdo por falta de otras opciones.

May consiguió este lunes un acuerdo 'in extremis' con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que incluía nuevas garantías para evitar que el backstop o salvaguarda, principal obstáculo para el acuerdo, se extienda de forma indefinida. El backstop es una cláusula que contempla la permanencia de Reino Unido en la unión aduanera si ambas partes no logran un acuerdo comercial en el futuro evitando así la imposición de una frontera dura entre Irlanda e Irlanda del Norte.

Aunque esta última versión del acuerdo hizo cambiar de opinión a 80 parlamentarios que este martes votaron a favor y que en enero votaron en contra, May no reunió los apoyos suficientes al texto negociado. El primer acuerdo fue rechazado con 230 votos de diferencia y el segundo, con 149.

"La primera ministra parece no enteder. Su acuerdo ha sido rechazado con contundencia dos veces en esta Cámara por mayorías sin precedentes", ha afirmado Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista, que pide a May que se eche a un lado y que se ponga en marcha el plan diseñado por los laboristas. "¿Se nos puede informar de lo que defiende ahora la primera ministra? El plan laborista es la estrategia más creíble y está lista para ser negociada", ha añadido. May, por su parte, defiende que la propuesta de Corbyn "ha sido rechazada varias veces por esta Cámara". El plan laborista aboga por que Reino Unido permanezca en una unión aduanera con la UE

Una enmienda aprobada antes de la votación definitiva ha eliminado de la moción el siguiente texto: "Destaca que salir sin un acuerdo sigue siendo la opción por defecto bajo la legislación de Reino Unido y la Unión Europea a menos que esta Cámara y la UE ratifiquen un acuerdo", recuerda la moción aprobada.

El Partido Popular ha incluido en su Ley de Apoyo a la Maternidad –que pretende poner en marcha si logra recuperar el Gobierno tras elecciones generales del 28 de abril– una propuesta para que se pueda retrasar la expulsión de las mujeres inmigrantes sin papeles en el caso de que den a sus hijos en adopción. Lo que plantean los populares es que la demora se prolongue mientras dure el proceso de adopción, de forma que una vez entregado el niño la mujer podrá ser repatriada a su país de origen como cualquier otra persona en situación irregular si es interceptada por las autoridades policiales.

Fuentes de la dirección del PP explican a eldiario.es que la decisión de dar en adopción a sus hijos "no es un blindaje para toda la vida" para que las mujeres sin papeles puedan quedarse en España. "Lo que decimos es que no supondría un motivo de expulsión y que, además, gozarían de toda la protección y garantías en igualdad de condiciones que las mujeres que viven en situación regular en España". 

La iniciativa, una de las planteadas por el equipo de Casado para luchar contra el "invierno demográfico" que según el líder del PP se vive en España, contempla que las mujeres en situación irregular "si se quedan embarazadas tendrán la misma protección que una española que quiera dar al niño, así como las mismas garantías, derechos y ayudas".

Será, en todo caso, una protección temporal. Las fuentes de la dirección de los populares explican que aunque para la madre "no va a tener consecuencias el hecho en sí de dar el niño en adopción", una vez entregado "si la paran en una redada y la expulsan no le vale de excusa la adopción", por lo que será repatriada como cualquier otra mujer sin papeles. 

El pasado domingo, Casado presentó su Ley de Apoyo a la Maternidad durante un acto en Cartagena (Murcia) en el que, sin embargo, no mencionó en su discurso esta iniciativa dirigida a las mujeres inmigrantes en situación irregular. 

En ese evento, el líder del PP se comprometió a que si llega a ser presidente del Gobierno pondrá "todos los recursos" a su alcance "a favor de la vida" para combatir "el invierno demográfico que vive España" y posibilitar que "todas las mujeres que quieran libremente ser madres cuenten con las ayudas y los apoyos necesarios para conseguirlo".

Casado defendió una política que apueste por "la cultura de la vida", y explicó que su ley consiste en "un plan ambicioso, multidisciplinar y en positivo que apuesta por la natalidad y por apoyar a las madres que quieran serlo". El líder popular destacó que, en la actualidad, hay más defunciones que nacimientos y que, aunque según las cifras del INE, el 80% de los jóvenes de 20 a 29 años querrían ser padres, muy pocos lo consiguen.

"Las cifras son tozudas. En España nacen 400.000 niños menos que en el año 1975. Todos los años en España hay 500.000 embarazos, de los cuales 100.000 son interrumpidos voluntariamente", señaló.

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha trasladado este miércoles a la Junta Electoral Central que por el momento no retirará los lazos amarillos ni las banderas 'estelades' de las fachadas de los edificios públicos. Según considera, retirarlos sería igual de partidista que ponerlos, pues estaría dando la razón a las formaciones que han hecho una causa política contra los símbolos en favor de la liberación de los presos independentistas. 

En su escrito, el jefe de la Generalitat considera que la orden de la Junta Electoral no garantiza la neutralidad política sino que toma partido, dando la razón a las formaciones que han "atacado sistemáticamente este tipo de manifestación pública". "La prohibición implica, por ende, el reconocimiento a los ideales de unos partidos que concurren a las elecciones", asegura Torra.

El president aún ofrece dos argumentos más para reclamar a la Junta Electoral que revoque la resolución del pasado lunes. Por una lado, sobre la bandera independentista con una estella, el jefe del Govern asegura que ha sido reconocida por el Parlament como un símbolo que representa una "reivindicación democrática, legítima, legal y no violenta", por lo que no puede considerarse símbolo de ningún partido en concreto.

En segundo lugar, Torra traslada la "dificultad legal" para cumplir con la resolución "en sus justos términos", debido a que buena parte de los edificios públicos en terreno catalán no son propiedad de la Generalitat ni están gestionados por esta administración. Por último, el president asegura que tiene la obligación de respetar el derecho a la libertad de expresión de los empleados públicos, entendiendo por parte del Govern que ese personal de la administración está amparado a poner lazos o símbolos.

Torra se manifiesta de esta forma después de que la Junta Electoral ordenara, este lunes, retirar los lazos amarillos y las banderas independentistas. La Junta aseguró, después de ser requerido por parte de Ciudadanos, que estos son "símbolos partidistas utilizados por formaciones electorales concurrentes a las elecciones". El president tenía dos días de plazo para cumplir el mandato legal, que ha acabado este miércoles. A partir de aquí y de continuar negándose a retirar los símbolos, Torra podría enfrentarse a un delito de desobediencia.

La formación de Santiago Abascal ha respondido a Pablo Casado, tras su petición a Ciudadanos y a Vox para que "reflexionen" sobre la conveniencia de que se presenten a las elecciones generales en las circunscripciones pequeñas. Para justificar su propuesta, el líder de los populares ha aludido al riesgo de que se "divida el voto" del centro-derecha y, por lo tanto, salga beneficiado el PSOE y Podemos.

Desde Vox insisten en mantener sus candidaturas en todas las circunscripciones electorales porque "mantiene su compromiso con España". En un comunicado emitido este miércoles aseguran que el Secretario General de VOX, Javier Ortega, ya contestó al del PP, Teodoro García Egea, asegurando "que la decisión adoptada por el Comité Ejecutivo Nacional era inamovible y que VOX no se va a plegar a los intereses de ningún otro partido político".

Sobre las declaraciones de voto útil realizadas por Casado, Vox le replica reseñando que la formación de Abacal "debería pedir al PP que retire su candidatura en aquellas comunidades autónomas en las que este partido político esté por encima de los populares en intención de voto".

"VOX se comprometió a representar a los españoles en las elecciones generales presentando candidaturas en todas las circunscripciones electorales y mantiene su compromiso frente a las peticiones de otras formaciones políticas", han apuntado.

Casado ha realizado su petición en un acto celebrado en Zaragoza con afiliados del PP. "Lo que tengo que decir es que ojalá otros partidos también hicieran este análisis de responsabilidad y es pensar que en aquellas convocatorias electorales en las que no van a tener representación en algunas circunscripciones, si merece la pena dividir el voto para que algunos escaños pasen al PSOE y a Podemos", ha manifestado.

El grupo parlamentario Vox en Andalucía ha vuelto a reclamar a la Cámara información detallada sobre los empleados públicos que evalúan los casos de violencia de género, a los que la formación ultraderechista acusa de emitir informes "ideológicos" movidos por un "feminismo supremacista". Esta vez, el diputado y presidente del grupo, Francisco Serrano, ha presentado tres solicitudes en el registro del Parlamento para hacer extensible su "investigación" sobre los trabajadores de otros estamentos de la Administración andaluza en materia de lucha contra la violencia machista: una ONG que trabaja para la Consejería de Igualdad en la protección de mujeres y niños, víctimas de abusos y maltrato; y una empresa adjudicataria que colabora en los juzgados en el peritaje de daños que se producen a las mujeres agredidas por sus parejas. 

En concreto, Vox reclama los perfiles profesionales, la condición laboral y el número de colegiación de los trabajadores de la Unidades de Valoración de Violencia de Género, adscritas a la Consejería de Justicia; de la plantilla de la empresa que realiza servicios de peritación judicial para la Junta (Tax Valoración, del Grupo Tinsa); y de los empleados de la Asociación Andaluza de Defensa de la Infancia y Prevención al Maltrato Infantil (ADIMA)- junto a su Equipo de Evaluación e Investigación de casos de abuso sexual (EICAS)-, contratados por la Consejería de Igualdad.

Todo este personal que trabaja para la Junta de Andalucía emite informes médicos, sociales y psicológicos sobre víctimas de violencia de género, unos informes que el diputado de Vox y abogado de familia ha combatido duramente desde su despacho de abogados, y ahora desde su condición política. Las tres solicitudes de Serrano reclaman el mismo tipo de información: "el número de médicos forenses, psicólogos, trabajadores sociales o cualquier interlocutor interviniendo -con indicación de su titulación académica, que presente servicios" en las unidades de trabajo de la Junta señaladas.

El presidente del grupo Vox no pide ya los nombres y apellidos de estos funcionarios. Serrano ha corregido el escrito que presentó hace tres semanas y que fue rechazado por la Mesa del Parlamento, porque vulneraba la Ley de Protección de Datos. Ahora su solicitud "se ajusta a derecho", según fuentes parlamentarias, y previsiblemente le permitirá acceder a una información más detallada sobre el perfil profesional de los empleados que examinan a las mujeres víctimas de violencia machista. Además del listado completo, Vox pide "el tipo de vinculación profesional de cada uno: funcionario de carrera o interino, laboral fijo o temporal, o de contratación externa con la Junta en cualquier consejería". También reclama la "situación detallada de cada uno de ellos en sus respectivos colegios profesionales", detallando "el periodo de alta y baja" de cada empleado.

Las tres solicitudes de Vox tienen que ser calificadas por la Mesa del Parlamento, que decidirá si autoriza la entrega de la información requerida. Serrano, que también es portavoz de su grupo en la comisión de Igualdad, mantiene el foco de su actividad parlamentaria en los empleados empleados públicos que, desde distintos órganos de la Administración andaluza, elaboran los informes sociales y psicológicos sobre mujeres víctimas de malos tratos, informes que luego sirven como atenuante en los juzgados, si las mujeres deciden denunciar a su agresor, y que también son tenidos en cuenta por la Junta a la hora de conceder ayudas públicas a mujeres agredidas por sus parejas.

El portavoz del PSOE en el Parlamento, Mario Jiménez, ha denunciado "el nuevo intento de la ultraderecha de usar el Parlamento para perseguir a los trabajadores que se encargan de atender a las mujeres víctimas de violencia de género". "Serrano ha pretendido afinar en su solicitud, pero sigue persiguiendo a las ONG y a las empresas que colaboran con la Junta en la protección de mujeres maltratadas", subraya. El PSOE ha votado en contra de que la Mesa califique las solicitudes de Serrano, pero el órgano rector del Parlamento las ha aceptado, gracias a la mayoría de PP, Ciudadanos y Vox (Adelante Andalucía tiene voz, pero no voto).

 

El Partido Popular ha iniciado una campaña oculta para atacar a Vox y al PSOE desde grupos de WhatsApp y en redes sociales. Se trata de un vídeo que protagonizan los populares Epi y Blas y en el que se explica que votar a la formación de Santiago Abascal acabaría beneficiando los intereses de Pedro Sánchez, por los efectos de la Ley d'Hondt. El vídeo no se está difundiendo a través de los canales oficiales del Partido Popular, sino que se usa para que militantes y simpatizantes lancen esa propaganda en los de WhatsApp de amigos y familiares. Algunos de sus diputados, sin embargo, sí lo han compartido en público a través de otros canales como Twitter.

La difusión del vídeo coincide con el envío masivo a todos los emails del PP de un argumentario con las mismas ideas y el titular, "Pablo Casado o el Gobierno Frankestein" y de una nueva campaña del candidato popular apelando al voto útil que incluye ataques a Vox.

La secuencia que el PP está moviendo en sus canales arranca con Epi leyendo un periódico y diciéndole a Blas que va a votar a Vox para echar a Pedro Sánchez de La Moncloa. A partir de ese momento, Blas explica a su compañero de piso cómo funciona la ley d'Hondt para concluir que los votos a Vox acabarían beneficiando los intereses del PSOE: "¿No te das cuenta, Epi, de que si votas a Vox estás apoyando a Sánchez y a toda la tropa de independentistas?", asegura el muñeco de trapo.

En conversación con eldiario.es, fuentes de Génova han reconocido estar detrás de la difusión de las imágenes con la intención de "explicar cosas complejas de manera que todo el mundo las entienda". En una segunda conversación, las mismas fuentes han matizado que "el PP no tiene ninguna relación con la producción del vídeo" pero reconocen que "se está distribuyendo a través de los grupos de WhatsApp" de la formación política.   

La estrategia de lanzar mensajes en beneficio de un partido sin asumir su autoría no es nueva. Steve Bannon, exjefe de estrategia de la Casa Blanca, está considerado como uno de los pioneros en el uso de redes sociales para emitir mensajes sin control desde la zona oscura de las formaciones políticas. El presidente brasileño Jair Bolsonaro recurrió a esta misma estrategia durante su última campaña, en la que WhatsApp resultó clave para su victoria. En ella se difundía no solo propaganda sino también bulos y mentiras sobre asuntos como la inmigración o la homosexualidad. 

Al no asumir la autoría de los mensajes, los partidos políticos quedan exonerados de cualquier control que la Junta Electoral pudiera ejercer sobre esas campañas, así como de las responsabilidades penales que pudieran derivarse de los mensajes emitidos.

El vídeo de Epi y Blas con el que el PP pretende explicar la Ley d'Hondt, se retrata a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, como la cerdita Peggy que acompaña al presidente Coco en sus viajes a bordo de un Falcon. 

El video, que circula desde el martes por las redes de WhasApp de afiliados y simpatizantes, se ha empezado a mover desde las cuentas de Twitter de varios diputados populares en el Congreso. Las parlamentarias Isabel Cabezas y Pilar Marcos han sido de los primeras en amplificar las imágenes a través de esa red social. El director general de Transportes de la Comunidad de Madrid, Pablo Rodríguez, también lo ha hecho y el vídeo corre a esta hora por las cuentas de dirigentes locales como el secretario de organización de los populares en la pequeña localidad coruñesa de Noia, Alex Núñez. 

La patronal CEOE ha difundido este miércoles un documento con más de un centenar de propuestas para las próximas elecciones generales del 28 de abril. Entre sus recomendaciones destacan la rebaja generalizada de impuestos, menos cotizaciones sociales para las empresas, el aumento de la edad de jubilación conforme a la esperanza de vida y mantener los elementos clave de la reforma laboral del PP de 2012 que el actual Gobierno pretendía cambiar, como la prevalencia del convenio de empresa sobre el del sector.

Los empresarios subrayan en su documento (aquí en PDF) "cuatro grandes riesgos" en clave nacional: la inestabilidad política, la falta de disciplina presupuestaria, el abandono del proceso de reformas estructurales y el quebrantamiento de la unidad de mercado. Si se materializan estos riesgos, la CEOE sostiene que "se podría acelerar la tendencia a la desaceleración que ha iniciado la economía española".

Ante esta situación, la patronal desglosa una serie de medidas que cuentan con su apoyo de cara a los comicios generales, diferenciadas en varias temáticas. En materia laboral, los empresarios subrayan la necesidad de impulsar la creación del empleo, dada la alta tasa de paro en comparación con otros países europeos y que no se han recuperado todos los puestos destruidos durante la crisis.

La CEOE es partidaria de mantener la reforma laboral del PP. Así se desprende de su recomendación de "mirar hacia adelante y no revertir las reformas que han sido claves para apuntalar la dinámica económica y la confianza de nuestros agentes" y de la defensa específica de varios de los puestos que el Gobierno de Pedro Sánchez había anunciado que modificaría: la prevalencia del convenio de empresa sobre el del sector, mantener el cese de la ultraactividad y de la regulación de la inaplicación de las condiciones pactadas, así como no limitar la subcontratación.

Menos impuestos

Respecto a la fiscalidad, la receta de los empresarios pasa por una reducción bastante generalizada de los impuestos. Defienden que las empresas que dan sus primeros pasos puedan tener "tipos inferiores tanto en el Impuesto sobre Sociedades como en las cotizaciones sociales en los primeros años de actividad" y la rebaja del impuesto de Sociedades con incentivos y la "adecuación" del tributo a "la capacidad económica real de las empresas".

Más duros son con el impuesto sobre el Patrimonio, que proponen eliminar, y con el de Sucesiones, que recomiendan reducir y en especial en algunsa comunidades autónomos donde "en la actualidad alcanza niveles confiscatorios", critica la CEOE.

Los empresarios mandan también un mensaje a futuro: "Evitar introducir nuevas figuras impositivas, solo justificadas por el impacto mediático y no por razones de eficiencia e interés general". Entre los tributos en debate en esta legislatura que pueden ser destinatarios de este ataque de los empresarios figuran el impuesto a la banca y al diésel, que finalmente no han visto la luz.

Retrasar la jubilación según la esperanza de vida

La patronal pide también una reducción de las cotizaciones sociales que pagan los empresarios a la Seguridad Social, por encima de otros países del entorno europeo, pese al estado de déficit de las arcas públicas en este ámbito.

La organización de empresarios considera necesario revisar el sistema de financiación del sistema de Seguridad Social, "determinando clara y nítidamente las prestaciones de carácter contributivo y su financiación mediante cotizaciones de empresarios y trabajadores", y que el Estado asuma "los gastos de carácter no contributivo". Esa reedistribución, apuntan, "permitirá una rebaja del tipo de cotización a cargo del empresario que redundará en un aumento del empleo".

Además, para el mantenimiento del sistema público de pensiones, el documento recoge dos medidas concretas: la lucha activa contra el fraude en las cotizaciones y el aumento de la edad de jubilación a medida que lo haga la esperanza de vida.

En materia de igualdad de género ("igualdad de oportunidades" en el texto), los empresarios apuestas por medidas generales en varios ámbitos (educación, servicios públicos) y en el terreno empresarial apuestan por que la igualdad sea una "cuestión estratégica", "incentivos para la autorregulación" frente a las medidas obligatorias, la desgravación fiscal del empleo doméstico y "avanzar en la racionalización horaria".

Las empresas quieren ganar peso en lo público

Las propuestas sobre servicios públicos pasan por "la eliminación de las duplicidades" entre todos los niveles de las Administraciones Pública y apuestan por "la mayor provisión de servicios públicos por parte del sector privado". Se demuestra en varias materias, como la sanidad, la formación profesional o la inserción laboral de personas desempleadas, en las que los empresarios solicitan más "la colaboración público-privada".

La patronal incluye en su documento también una antigua demanda: que las mutuas controlen las altas de enfermedades comunes reservadas a la sanidad pública y la mejora de los mecanismos de seguimiento, control y evaluación del absentismo.

En el ámbito educativo, la CEOE apuesta por potenciar más la formación profesional, especialmente la dual, así como la formación para el empleo. También aconseja el mpulso de "las vocaciones STEAM –ciencia, tecnología, ingeniería, arte/diseño y matemáticas– y el fomento de su vocación entre la población femenina". Los empresarios proponen además "actualizar el sistema de conciertos" e "introducir la desgravación fiscal de las enseñanzas obligatorias" en los colegios y centros privados, "al objeto de profundizar en la libertad de enseñanza".

"Miren a Londres para buscar respuestas, no a Bruselas". 13 mar 2019 12:22:43.eldiario.es - eldiario.es.

"El no acuerdo está más cerca que nunca", ha dicho Michel Barnier, el negociador jefe, este miércoles en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo: "Sólo el Reino Unido puede encontrar una solución al impasse".

El desconcierto es total. La sensación de desastre, generalizada. La frustración de los dos últimos años dedicados casi de manera exclusiva al Brexit, también. El convencimiento de todo lo que no se hace por las energías dedicadas al monotema, es total. Porque, como dice Barnier, Europa entera está en un impasse.

El Parlamento británico rechazó el martes el "acuerdo mejorado" del Brexit, este miércoles rechazará la salida sin acuerdo y el jueves votará que hay que pedir una prórroga a Bruselas. Pero, ¿para qué?, se preguntan en la capital comunitaria. "Miren a Londres para buscar respuestas, no a Bruselas", ha dicho hasta dos veces este miércoles el portavoz de la Comisión Europea, Margaritis Schinas: "Ellos son los que tienen que decidir qué quieren: hay un acuerdo, mejorado el lunes por la noche que ha sido rechazado. Si quieren una prórroga, la tienen que pedir, y según dice el tratado tienen que razonar esa petición".

Lo previsible es que los 27 jefes de Gobierno, reunidos en Bruselas el 20 y 21 de marzo, aprueben por unanimidad esa prórroga, pero necesitan un motivo, y May no tiene mayoría en el Parlamento británico para ninguna iniciativa propositiva. 

Impasse, como dice Barnier.

"Con el Brexit, lo raro es lo normal, y lo normal es lo raro", explica una fuente comunitaria. Es decir, cualquier cosa puede pasar. Si el sentido común decía que el Brexit ha de ser con acuerdo y que todo, al final, se arregla, el sentido común está aplicándose poco a este asunto. "Cada vez estamos más cerca del riesgo de un Brexit sin acuerdo", ha dicho Barnier en Estrasburgo:  "El Reino Unido, es su responsabilidad, debe decirnos lo que quiere para nuestra futura relación, cuál es su elección. Esa es la pregunta que se plantea ahora, a la que esperamos una respuesta, y esa pregunta se plantea incluso antes de una decisión sobre una eventual extensión".

En realidad, de lo que se está cerca es de prolongar la incertidumbre, o de salidas dramáticas: que la primera ministra británica, Theresa May, retire la petición del Brexit ante el bloqueo evidente. O que dimita y deje el marrón al que venga detrás, lo cual llevaría consigo indefectiblemente una prórroga larga del Brexit, con convocatoria de elecciones europeas de por medio; y que el nuevo gobierno decida entre la retirada del Brexit, un segundo referéndum o intentar renegociar el acuerdo, algo a lo que se opone la UE. 

"La prórroga no puede ser para renegociar nada", han dicho fuentes comunitarias. Y lo ha dejado claro Barnier también: "¿Prolongar esta negociación para hacer qué?; la negociación sobre el artículo 50 [el Brexit] está terminada".

Los líderes de los dos principales grupos parlamentarios de la Eurocámara, el Partido Popular Europeo (PPE) y los Socialdemócratas (S&D), han reclamado este miércoles un segundo referéndum ante el bloqueo del Parlamento británico. "Lo lógico sería volver a preguntarles a los ciudadanos. Desde un punto de vista democrático sería lo más lógico", ha dicho el líder del PPE en el Parlamento Europeo, Manfred Weber "Si ese Parlamento continúa bloqueado, a los ciudadanos del Reino Unido hay que darles una segunda oportunidad", ha dicho el socialdemócrata Udo Bullmann.

La coordinadora federal de Izquierda Unida Madrid, un órgano de 80 personas, decidirá este jueves la pregunta y la fecha del referéndum con el que la militancia decidirá sobre el acuerdo con Podemos. Apenas un día antes, la formación ha decidido escenificar la unión con Anticapitalistas para anunciar una asamblea en la que se avanzará en la alianza para concurrir conjuntamente a las elecciones autonómicas de mayo.

La portavoz de IU Madrid, Sol Sánchez, y el de Anticapitalistas, Raúl Camargo, han defendido la alianza de las formaciones marcando las líneas programáticas: "No queremos gobernar para todo el mundo, queremos gobernar para la clase trabajadora, no para el 1% de los ricos", ha resumido Camargo al inicio de la rueda de prensa.

"Lo que estamos anunciando es un paso más en esa acumulación de fuerzas. Solamente es un paso más, que desde luego no es el último y esperamos que llegue más gente", ha matizado posteriormente Sol Sánchez, haciendo un llamamiento a Podemos, con quien en este momento hay un preacuerdo encima de la mesa cerrado entre las direcciones estatales sin que IU Madrid lo reconozca como tal.

Ambas formaciones lanzaban así un órdago a Podemos, pidiendo primarias iguales y proporcionales, así como igualdad en el reparto de recursos. Unos planteamientos que chocan frontalmente con los planteados por Podemos en el preacuerdo alcanzado entre IU federal y la dirección estatal de Podemos.

En ese preacuerdo, que IU Madrid reconoce como una oferta de Podemos, se especificaban cuatro puestos en la lista para IU para concurrir a las elecciones autonómicas de mayo a la Comunidad: la segunda posición, la sexta, la 12 y la 14; el candidato a la Presidencia de la Comunidad sería nombrado por Podemos. Además, los recursos del grupo parlamentarios se repartirían el 70% para Podemos y el 30% para IU.

La Comisión Colegiada regional de IU envió esa misma tarde una circular interna a su militancia en la que calificó la oferta de "insuficiente". La contraoferta que IU envió posteriormente a Podemos hablaba de primarias proporcionales y de un reparto igualitario de los recursos.

Sol Sánchez ha recalcado que la apuesta de IU Madrid "es siempre buscar la máxima fuerza, pluralidad y energía para llevar a las instituciones de manera efectiva y transformadora". "Izquierda Unida es una organización profundamente democrática y el debate interno y externo lo llevamos a rajatabla y debatiremos el jueves todo lo que hay encima de la mesa y negociado con IU Federal", ha concluido.

IU Madrid tiene casi cerrado el acuerdo con Anticapitalistas, una alianza que no contempla Podemos en esa llamada "propuesta". Sol Sánchez trabaja de explicar las diferencias entre lo pactado por Alberto Garzón y la percepción de la dirección de regional: "Estamos tratando de bajar todos los acuerdos generales a Madrid".

Desde Anticapitalistas e IU han hecho un llamamiento a Podemos para que se sume a la asamblea de este domingo. Se le ha comunicado y ofrecido, han dicho, pero todavía no han logrado una respuesta.

Una nueva figura ha aparecido este miércoles en el juicio del procés: "Visitantes internacionales". Se trata de un grupo de diputados extranjeros a los que el exsecretario general del Diplocat, Albert Royo, pagó hotel y viaje a Barcelona entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre de 2017 pero que, según el propio Royo, nada tienen que ver con los observadores internacionales que presenciaron in situ la votación del 1-O.

Royo ha sido el primero de la cuarentena de imputados en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona citados como testigos en el juicio del procés que accede a declarar. En el Supremo, como testigo, ha repetido lo que dijo como imputado en Barcelona, y ha intentado desvincular de la conselleria de Exteriores de la Generalitat los trabajos del Diplocat, una fundación público–privada en cuyo patronato están el Govern, el Ayuntamiento de Barcelona o el Barça.

Respecto a los "visitantes internacionales" – a los que en Barcelona se refirió como "delegados parlamentarios europeos"– Royo no ha negado, como sostienen las acusaciones, que les pagara 40.591,2 euros en viajes y alojamientos a Barcelona. No obstante, ha deslindado estos gastos del 1-O, y por lo tanto de la malversación que se juzga en el Supremo (y por la que el propio Royo puede terminar procesado en Barcelona).

Según Royo, el viaje formó parte de un “programa de visitantes internacionales” que Diplocat realiza diez veces al año como “actividad habitual” cuando hay “eventos de interés”. Por ejemplo, ha dicho que también se realiza el mismo programa por Sant Jordi. Royo ha negado que financiara cualquier gasto relacionado con observadores de la votación: "No pagamos honorarios a observadores internacionales porque no los contratamos".

El propio Diplocat y la Generalitat alardearon de contar con observadores para el 1-O en los días previos al referéndum, pero ahora niegan haberlos costeado el viaje. Este miércoles, a preguntas de la Abogacía del Estado, Royo ha afirmado que Diplocat "no estaba organizando ningún referéndum". A preguntas de Vox, ha remachado: "Organizamos charlas sobre la situación política, no sobre el 1-O".

Aunque correos electrónicos obrantes en la causa muestran que Royo y el exconseller de Exteriores Raül Romeva negociaron cómo traer y el coste de los observadores internacionales, el exjefe del Diplocat ha negado la mayor. "La Generalitat no decidía el presupuesto y Diplocat no tenía dependencia funcional de la Generalitat", ha afirmado.

La Fiscalía pide denunciar a un testigo

El momento de mayor tensión de la sesión se ha producido con el primer testigo de la jornada, el responsable de difusión del Govern, Jaume Mestre. La Fiscalía ha pedido al tribunal denunciar por falso testimonio a Mestre por responder evasivamente y con constantes "no recuerdo" en su interrogatorio, en el que no ha precisado si la Generalitat debía pagar los anuncios de publicidad del 1-O a TV3 y Catalunya Ràdio, pese a estar facturados.

Mestre, que ha comparecido como testigo a petición de la Fiscalía, fue el encargado de difusión durante el 1-O y aunque fue cesado tras la aplicación del 155, ahora ha vuelto a desempeñar el mismo puesto en el Govern de Quim Torra. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha dicho que la decisión de denunciar a Mestre se tomará cuando se redacte la sentencia.

Sara Giménez, miembro de la Fundación Secretariado Gitano, concurrirá en las listas de Ciudadanos al Congreso de los Diputados como número tres por Madrid en las elecciones generales del próximo 28 de abril.

Así lo ha confirmado la propia Giménez en un acto que ha mantenido con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en Madrid. El colectivo al que pertenece y del que en ocasiones ejerce como portavoz ha confirmado que será la número tres por Madrid.

"Es una mujer preparada y formada que viene de trabajar 18 años fuera de la política", ha destacado Rivera, quien ha dicho de Giménez que es un "referente" para las mujeres y hombres gitanos y "para todos".

Giménez, abogada de profesión, forma parte del equipo de dirección de la Fundación Secretariado Gitano y se incorporará a las listas de Ciudadanos como tres por Madrid, lo que le asegura un escaño, ha informado el colectivo.

Desde la Fundación Secretariado Gitano celebran esta elección. En un comunicado emitido este miércoles aseguran que impulsan "la participación de las personas gitanas en el ejercicio de una ciudadanía plena". "Nos alegramos de que cada vez más gitanos y gitanas tengan un papel activo en espacios de representación pública, asumiendo, desde la pluralidad y la diversidad de la comunidad gitana, responsabilidades políticas", inciden desde este colectivo.

En una entrevista publicada por esta redacción, después de que Giménez asumiese el cargo de representante española en el Comité Europeo contra el Racismo y la Intolerancia, reflexionaba sobre el techo de cristal. "Como mujer gitana, conozco bien el techo de cristal: que las mujeres profesionalizadas lleguemos a puestos de responsabilidad no es fácil", planteaba. 

Ciudadanos plantea impedir la tramitación de las medidas en materia de igualdad que aprobó el Gobierno y que se tienen que convalidar en el Congreso. El partido de Albert Rivera ha anunciado este miércoles que ha solicitado un informe sobre la constitucionalidad del decreto ley que iguala los permisos de paternidad y maternidad. En su opinión, el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende modificar una ley orgánica haciendo uso de un instrumento jurídico que, a su juicio, no lo permite. Además, la Diputación Permanente podrá enmendar los decretos.

El representante de Ciudadanos en la Mesa de la Diputación Permanente, Ignacio Prendes, ha anunciado que su grupo ha pedido un informe a los letrados de la Cámara porque el decreto de igualdad, que recoge entre otras medidas la equiparación de los permisos entre progenitores, modifica una ley orgánica. Según Ciudadanos, esa figura legislativa no puede modificar una norma de ese rango.

"Tenemos muchas dudas de que esto sea posible y no sea inconstitucional. No creemos que se pueda modificar una ley orgánica", ha asegurado al finalizar la reunión de la Mesa. Prendes ha recordado que "existe una sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucionales varios artículos diciendo que un decreto ley no puede modificar materias de una ley orgánica".

El PSOE acusa a Ciudadanos de "rayar la prevaricación"

Sin embargo, fuentes socialistas se muestran convencidas de que el decreto de igualdad laboral cumple con la Constitución porque modifica una ley pero no los aspectos orgánicos de la misma. "La ley orgánica 3/2007 no es orgánica en su totalidad. Solo una parte. Lo que se modifica con el decreto ley es la parte no orgánica", explican esas fuentes. Esa ley de igualdad de 2007 tiene como aspectos orgánicos, por ejemplo, la paridad en las listas electorales. 

El número dos del Grupo Socialista, Rafael Simancas, ha cargado duramente contra Ciudadanos, a quien ha acusado de "rayar la prevaricación" al intentar que un decreto no se tramite en el Congreso. "La Constitución en artículo 78 y en el 86 deja clarísimo que los reales decretos se tienen que someter a la convalidación del Congreso y no hacerlo es caer en delito de prevaricación", ha advertido el dirigente socialista, que ha asegurado que los argumentos de Ignacio Prendes son "excusas": "No es verdad que haya precepto orgánico alguno que esté incluido en el decreto de igualdad", ha dicho sobre la modificación legislativa. Además, ha explicado que los letrados de la Cámara ya se lo han dicho de forma "verbal" a los representantes de la Mesa en la reunión de este miércoles. 

La resolución de este nuevo conflicto parlamentario se producirá previsiblemente este jueves, cuando la Mesa del Congreso se reunirá de nuevo para abordar el informe que Ciudadanos ha solicitado a los letrados. Los servicios jurídicos del Congreso tendrán que determinar si el decreto ley que el Gobierno aprobó hace ya diez días cumple con la normativa o, si como sostienen los de Rivera, pretende legislar con esa figura más allá de lo que ésta le permite.

Ciudadanos considera que la Mesa del Congreso puede impedir la convalidación del decreto si los letrados consideran que vulnera la legislación al modificar una ley orgánica. El PSOE sostiene que el decreto debe tramitarse en cualquier caso y que debe ser "el pueblo español representado en la Diputación Permanente" el que se pronuncie. "Quien establece la constitucionalidad es el Tribunal Constitucional", ha rematado Simancas. 

El Congreso podrá enmendar los decretos de Sánchez

En la reunión de este miércoles, la Mesa ha visto, además, el informe de los letrados que solicitó la presidenta, Ana Pastor, sobre cómo se deben tramitar los decretos ley que el Gobierno ha aprobado una vez que las Cortes están disueltas y es la Diputación Permanente la que se hace cargo de la actividad de la Cámara. 

La conclusión es que ese órgano interino puede convalidar los decretos y después tramitarlos como proyectos de ley –esto es que los grupos puedan hacer cambios al texto– si así lo decide una mayoría parlamentaria. Los plazos para la tramitación –que incluiría también al Senado– los irían disponiendo las Mesas de ambas Cámaras con una fecha tope: el 20 de mayo, un día antes de que se constituyan las nuevas Cortes tras las elecciones generales. El Senado puede oponerse al proyecto de ley o enmendarlo. En caso de que lo vete, el texto vuelve al Congreso, que debe aprobarlo por mayoría absoluta. 

Por ahora, los cuatro decretos que ha aprobado el Gobierno desde que Pedro Sánchez anunció la convocatoria de elecciones para el 28 de abril –igualdad laboral, vivienda, medidas de contingencia para hacer frente a un Brexit sin acuerdo y medidas sociales como la recuperación del subsidio para parados mayores de 52 años– están en riesgo. Ni ERC, ni PDeCAT ni PNV garantizan su apoyo y critican la actitud del Gobierno de legislar hasta el último minuto porque consideran que se trata de propaganda electoral. 

La polémica de las primarias en Ciudadanos arrecia tras las irregularidades en Castilla y León. Nuevas comunidades, como Madrid o Murcia, también plantean dudas sobre los resultados. El juicio del procés pasa a un segundo plano, superado por la precampaña, aunque Catalunya seguirá marcando titulares al concluirse este miércoles el ultimatum de la Junta Electoral para que la Generalitat retire los lazos amarillos.

Los temas del día

Así fue el martes 12 de marzo

Uno de los miles de archivos informáticos incautados al comisario Villarejo encendió el pasado octubre todas las alarmas en los responsables de la investigación. Esa información que afecta a la "defensa y seguridad nacional" provocó la apertura de una pieza secreta, desconocida hasta ahora, que descansa en un cajón de la Audiencia Nacional.

El nombre del archivo es Taja y alude a encargos del Ministerio del Interior al comisario Villarejo durante los años 2013 y 2014, con Jorge Fernández Díaz al frente del departamento y Mariano Rajoy en el Palacio de La Moncloa. A la espera de que aflore alguna línea de investigación en esa documentación, la tesis principal es que Taja es parte de la documentación que el policía guardaba para extorsionar con su contenido y no un archivo sobre los trabajos ilegales de la organización criminal que presuntamente lideraba.

La existencia del archivo aparece mencionada en un oficio de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía incorporado al sumario de la Operación Tándem que se instruye en la Audiencia Nacional. Con fecha de 29 de octubre pasado, el jefe del Grupo III escribe: "Estos documentos especifican las supuestas funciones asignadas a Villarejo como comisario en activo con destino en la Dirección Adjunta Operativa del CNP". O lo que es lo mismo, la Dirección Adjunta Operativa de Eugenio Pino, la estructura que albergó la policía política entre 2012 y 2016.

Ese oficio de la Policía motivó a su vez un escrito de la Anticorrupción, de 6 de noviembre, en el que los fiscales del caso piden al juez García Castellón que aísle esa información por no estar relacionada con las piezas abiertas hasta el momento y porque goza de la condición de secreto. "La documentación ahora aportada por la Unidad de Asuntos Internos en su informe 12.565/2018 refleja asuntos, actos, actividades, documentos, informaciones, identificaciones personales y datos que vienen referidos a cuestiones que afectan a la seguridad y defensa del Estado" y que están recogidos en la Ley de Secretos Oficiales, también en la que regula los fondos reservados y en el acuerdo del Consejo de Ministros de 2014 dictado al respecto, razonan los fiscales. Y ahí se pierde en el sumario la pista del archivo Taja.

El oficio de la Policía apenas ocupa dos folios, pero da algunas pistas. Taja es parte de la documentación incautada a Villarejo en un chalet de la calle Clavel de Boadilla del Monte, una casa distinta a la que utilizaba de residencia junto a su familia en esa misma localidad. El chalet de la calle Clavel era el escondite que el "agente encubierto" confiaba en que no fuera descubierto, según constataron los investigadores cuando le condujeron al registro.  

Según Asuntos Internos, el contenido de Taja "resulta particularmente sensible". Uno de los documentos recoge "supuestas funciones asignadas al comisario José Manuel Villarejo en los años 2013 y 2014, principalmente relacionadas con la captación de información de interés policial". Desde enero 2011 y hasta su jubilación en junio de 2016, Villarejo estuvo destinado en la Dirección Adjunta Operativa, la estructura que albergó la policía política del comisario Pino durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. En 2013, bajo el mando de Pino, Villarejo fue condecorado con su última medalla pensionada. Como reveló eldiario.es, el motivo fue su participación en la Operación Catalunya, las maniobras policiales sin control judicial contra líderes del independentismo. 

El comisario Pino excusa los trabajos de Villarejo y otros miembros de la brigada política en las atribuciones en materia de Inteligencia que asegura tiene el Cuerpo Nacional de Policía, algo que contradice el contenido de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Villarejo defiende como labores propias de un policía, por ejemplo, los encuentros con Corinna Larssen, la antigua amante del rey emérito.

En el archivo Taja aparecen igualmente las identidades de "colaboradores" del policía y "gastos y recibos que documentan entregas de dinero" a esas personas. En un documento titulado "fondos reservados 6.5.2014" aparecen imágenes de billetes de 500 euros, una supuesta prueba de que su origen son las partidas oficiales de los fondos reservados. Aunque no figuran en esta carpeta, otros recibís a un confidente, en este caso el chófer de la familia Bárcenas, fue el hilo que permitió abrir la pieza que investiga la Operación Kitchen.

Además, Taja contiene "informaciones y datos relevantes" a las identidades secretas de las que dispuso Villarejo antes de jubilarse, tres de las cerca de 900 que aún mantiene en activo el Ministerio del Interior para todos sus investigadores. También aparecen sociedades que Villarejo abrió con esas identidades secretas y gastos vinculados a ellas.

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