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created: 22 mar 2015 21:42:28 UTC ~ updated: 20 ene 2019 02:40:03 UTC ~ rssv2 ~ TTL 10 min. ~ es

Mientras el PP negocia con Vox a marchas forzadas el documento con las 19 exigencias draconianas que la formación de Santiago Abascal le ha puesto sobre la mesa para apoyar "el cambio" en Andalucía, en Ciudadanos lo tienen claro. No quieren saber nada de ellas, insisten en que no se van a mover de su discurso ni se van a sentar con el partido ultraderechista para "estudiar" nada. 

"Ciudadanos no va a apoyar ninguna otra medida que no esté dentro de las 90 medidas que están firmadas en el compromiso alcanzado con el PP" ha reiterado por tres veces en el Congreso el portavoz adjunto del partido, Toni Roldán.

A su juicio, son unas medidas políticas "centradas, serias y de futuro para Andalucía" que Ciudadanos ha cerrado con los de Casado porque tienen "un compromiso con nuestros votantes" para formar "un Gobierno de cambio y constitucionalista".

En el partido de Rivera tampoco contemplan la posibilidad de apoyar un gobierno alternativo del PSOE, sin Susana Diaz, como ha propuesto Adelante Andalucía si fracasa el pacto de Cs con el PP al no lograr los votos de Vox.

Roldán ha recordado que "después de los resultados electorales, dijimos que lo que tenía que hacer el PSOE era abstenerse para permitir un Gobierno de cambio, centrado y sensato. Todavía confiamos en que haya alguna persona sensata en la dirección el PSOE que defienda  que haya un cambio sensato en Andalucía".

No obstante, el diputado de Cs ha dirigido hacia Vox la principal responsabilidad de un hipotético fracaso de ese pacto de su partido con el PP. "Si Vox decide bloquear un cambio histórico en Andalucía por cambiar el día nacional para el día de la Reconquista, allá ellos, es una elección que tendrán que explicar a sus votantes", ha señalado.

"Nosotros tenemos un acuerdo muy claro que es ceder la presidencia [de la Junta] al señor Bonilla para que haya un acuerdo de contenidos enormemente serios, no de ocurrencias, para solucionar problemas reales, no imaginarios, en Andalucía y ese es el único escenario que contemplamos", ha recalcado Roldán.

La cabeza de Borrell por quedarse en la Moncloa

El portavoz adjunto de Ciudadanos también ha comentado las declaraciones del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que en una entrevista con eldiario.es, ha desvelado que Podemos les ofreció "la cabeza de Borrell" a cambio de que apoyaran los Presupuestos Generales del Estado de Pedro Sánchez.  

"Las ansias de quedarse en el poder y no hacer elecciones pasan por sacrificar también a un miembro del Gobierno de Sánchez. No sé hasta dónde está dispuesto a llegar Sánchez. Sabemos que está dispuesto a ceder mucho en sus concesiones a los independentistas", ha señalado.

Roldán ha recordado de paso que el líder del PSC, Miquel Iceta, dijo hace poco que estaba dispuesto a aprobar en Catalunya los Presupuestos de Quim Torra "a cambio de que ellos mantuvieran a Sánchez un tiempecito más en la Moncloa apoyando a su vez sus Presupuestos". "Mi impresión es que Sánchez está dispuesto a todo con tal de quedarse unos meses más en la Moncloa y eso es enormemente perjudicial para España", ha zanjado.   

La dirección nacional del PP ha negado este miércoles que exista una rebelión interna en sus filas por las críticas vertidas por varios dirigentes del partido ante las negociaciones emprendidas con Vox para formar gobierno en Andalucía y tras las exigencias "inadmisibles" planteadas por la extrema derecha en la mesa de la negociación.

La portavoz popular en el Congreso de los Diputados, Dolors Montserrat, ha restado importancia a las palabras de barones como el líder del PP vasco, Alfonso Alonso, que ha considerado que a Vox "le falta un hervor", las del murciano Fernando López Miras, que ha rechazado el listado de propuestas de la extrema derecha, o las del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, que se ha desmarcado del discurso de Génova de empezar a equiparar la violencia machista con otro tipo de violencia. 

"No hay ningún tipo de diferencia", ha asegurado Montserrat en rueda de prensa. "Estamos juntos y sin fisuras. Estamos más juntos que nunca", ha remarcado la portavoz parlamentaria del PP. Preguntada por si compartía las palabras de sus compañeros de partido críticos con Vox, la dirigente popular ha asegurado que lo que comparte con sus colegas "es que no votan a Vox, sino que votamos al PP". 

A su juicio, lo único que están haciendo Alonso, Feijóo o López Miras con sus declaraciones es una "defensa acérrima del PP, de nuestro ADN". Y ha asegurado que "no hay ninguna duda de cuál es el posicionamiento del PP" sobre la violencia machista, si bien la ha vuelto a equiparar con cualquier otro tipo de violencia. "El PP está siempre con las víctimas de cualquier tipo de violencia", ha zanjado. 

Más de cien organizaciones feministas han firmado un manifiesto contra el programa político de Vox, sobre todo contra la derogación de la Ley Integral de Violencia de Género y de las leyes autonómicas de protección contra la violencia machista que han puesto como condición para apoyar a un gobierno del PP en Andalucía. La presentación del texto, en Madrid, ha girado entorno a la premisa de que no se va a dar "ni un paso atrás en la defensa de los derechos de las mujeres. Con los derechos de las mujeres no se negocia”. Este documento es "no la casilla de llegada sino de partida. Ahora es Andalucía, pero este año electoral habrá movilización continua, hasta cuando sea preciso". Las asociaciones subrayan que el mero hecho de cuestionar los derechos de las mujeres como condición para sentarse a una mesa de negociación debería ser suficiente para no participar en ella.

El manifiesto se ha presentado paralelamente en más de 20 ciudades españolas, excepto en Andalucía, donde el movimiento feminista está teniendo su propio calendario frente a Vox, “que apoyamos todas las organizaciones feministas del estado”. El martes que viene, 15 de enero, hay previstas concentraciones feministas ante el Parlamento Andaluz y en todas las provincias de la comunidad.

Entre esas cien organizaciones de toda España se encuentra la Asociación de Mujeres Juristas Themis, el Foro de Madrid contra la Violencia de Género o la Fundación Mujeres. También la Federación Estatal de Mujeres Progresistas, cuya presidenta, Yolanda Besteiro, ha sido la encargada de iniciar el acto con la prensa. Besteiro ha repasado los puntos del manifiesto que consideran fundamentales. El primero es que la Constitución Española “promulgó el principio de igualdad formal a partir del cual se pudo avanzar en la consecución de derechos, como los reproductivos, la Ley Integral de protección contra la violencia de género. Y este partido pretende un absoluto e intolerable retroceso que nos puede conducir a la época franquista".

"Negar la violencia de género es como negar el Holocausto judío: la OMS indica que en todo el mundo, el 30% de las mujeres que han tenido una relación de pareja han sufrido violencia sexual o física, y que el 38% de los asesinatos de mujeres los cometen sus parejas masculinas", ha incidido. Otro punto habla de que “en una auténtica democracia, la violencia de género tiene un tratamiento distinto”. “No se niega la violencia intrafamiliar”, incide Besteiro”, “pero tiene características diferentes”. “Las mujeres no vamos a consentir la eliminación de derechos: el movimiento feminista es imparable porque nos va la vida en ello a millones”, ha continuado. En el texto exigen a Vox que “dejen de engañar a la ciudadanía, una mentira no se convierte en verdad, aunque se repita mil veces”. Por ello citan otros datos además del de la OMS, como de la ONU, la UE, el Consejo General del Poder Judicial o la Fiscalía General del Estado.

"En España no se condena a nadie sin pruebas. Los únicos que han de temer por Ley de Violencia de Género son los maltratadores, violadores y acosadores", han concluido. Lo que las organizaciones han expresado en el Espacio de Encuentro Feminista del barrio de la Latina de Madrid es que luchan contra Vox, un partido “al margen del funcionamiento democrático”, pero “nuestro rechazo es también a partidos que se han comprometido con los derechos de las mujeres pero luego los permiten como moneda de cambio para formar gobierno. El mero hecho de que se pongan como condición debería ser motivo para no sentarse en esa mesa de negociación, pero PP y Ciudadanos lo consienten. Si lo permiten serán igual de cómplices y responsables”.

Ha intervenido también Ana María Perez del Campo, presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas, para recordar que “quienes hemos dedicado la vida a luchar por nuestros derechos lo vamos a hacer hasta que no nos quede aliento”. Para ella, la situación es “anómala”: “No se legisla en España sobre las excepciones, sino sobre los fenómenos sociales. Y el fenómeno social es que la mujer está en una situación de desigualdad clarísima y además es víctima de violencia de género. No solo paga en ocasiones con su vida el ser mujer, sino también con la de sus hijos”. "Desde el feminismo no decimos que no existan mujeres violentas o que maltratan. Pero no tiene su base en el género y, desde luego, no es un problema estructural. Tiene su respuesta adecuada y castigada penalmente, porque no requiere de una ley especial y esas víctimas ya están protegidas", ha añadido Besteiro luego.

Posible petición de ilegalización

Además de las movilizaciones, desde los colectivos se han referido incluso a "estudiar" si en el futuro podría pedirse una ilegalización de Vox "por no ajustarse a principios constitucionales". Es una "vía que exploraremos", algo a "analizar y estudiar dentro de las acciones legales que podemos hacer". El motivo de inicio serían las "calumnias e injurias" que vierte la formación de extrema derecha y los "principios constitucionales que están atacando, como pedir a los poderes públicos que se eliminen las condiciones de igualdad". También trabajarán sobre las "armas legales" que hay contra su "discurso del odio". Se acogen a que "se pide la ilegalización de otras formaciones por no ajustarse y estos tampoco se ajustan".

Tanto dentro del manifiesto como durante el evento también se han referido al argumento que aducen desde la extrema derecha sobre "denuncias falsas para conseguir ventajas económicas, patrimoniales o de custoria". Es "falaz", ha zanjado Basteiro: "La memoria que anualmente emite la Fiscalía General del Estado, con datos oficiales, muestra que de las más del millón de denuncias por violencia de género interpuestas entre 2009 y 2017, solo 96 fueron casos de falsedad". Además, han recordado como verdadero problema que "solo se denuncia el 30% de la violencia de género, según la Delegación del Gobierno. Según el CIS, es aun menos, el 25%". También desmontan que los maltratadores sean en su mayoría extranjeros: "De las 47 mujeres asesinadas en 2018, un 61,7% de los asesinos eran españoles. Cae también por su propio peso".

En el acto también ha participado la Plataforma Universitaria de Estudios de Género, que además del apoyo al manifiesto común han lanzado uno propio "en apoyo a las políticas contra la violencia de género", suscrito por las cátedras de género de "todas las universidades públicas españolas". En él, leído íntegro en el Espacio de Encuentro Feminista, declaran que "no vamos a tolerar el ataque actual a las políticas de igualdad por parte de sectores que, a través de mensajes basados en graves errores, quieren minar el avance que ha supuesto la lucha contra la violencia y la discriminación social desde las políticas estatales, los movimientos sociales y la academia".

La presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, ha convocado a los portavoces de los cinco grupos parlamentarios este jueves a una ronda de consultas, requisito previo para proponer a un candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía y fijar el debate de investidura. La diputada de Ciudadanos que preside la Cámara se reunirá, de menor a mayor, con los representantes de Vox, Adelante Andalucía (Podemos-IU), Ciudadanos, PP y PSOE para saber quiénes se postularán a presidir el Gobierno, y cuántos apoyos cuenta cada uno para tener éxito en la investidura.

Los dos aspirantes que han anunciado públicamente que se presentarán son la socialista Susana Díaz y el popular Juanma Moreno. La presidenta del Parlamento tiene que decidir a quién de los dos propone primero, pero el contrapeso político entre ambos es tan estrecho que la solución genera dudas. Existe una especie de vacío legal en el reglamento para abordar una situación tan ajustada como ésta, dicen en Ciudadanos, que ha obligado a Bosquet a trasladar una consulta a los letrados de la Cámara.

La presidenta del Parlamento puede enfrentarse a un escenario sin precedentes en la historia autonómica andaluza si la ronda de contactos con los cinco partidos revela que Susana Díaz cuenta con 50 votos para salir investida -los 33 del PSOE más los 17 de Adelante Andalucía- y Juanma Moreno sólo lleva amarrados 47 votos -los 26 del PP más los 21 de Ciudadanos-. Ninguno de los dos alcanza la mayoría suficiente para garantizarse la investidura. El desempate está, una vez más, en manos de Vox, que está poniendo un precio muy alto al voto de sus 12 diputados a cambio de apoyar un Gobierno de coalición PP-Cs que expulse al PSOE tras 36 años y medio en el poder. El documento de 19 propuestas que el martes entregaron a la dirección nacional del PP ha zarandeado bruscamente el acuerdo de Gobierno con Ciudadanos que desde Andalucía daban por hecho.

Si la formación ultraconservadora no revela este jueves el sentido de su voto durante su reunión con Bosquet, ésta tendrá que decidir si propone a la candidata con más apoyos (Díaz, en caso de que logre el respaldo del grupo de Teresa Rodríguez); o a un candidato con menos votos en la Cámara, pero con un acuerdo de Gobierno ya cerrado con Ciudadanos. Esta potestad de la presidenta viene regulada en el artículo 138 del reglamento del Parlamento y en el 118 del Estatuto de Autonomía, pero ninguno de estos dos artículos dice que Bosquet esté obligada a proponer al candidato que suscite más apoyos en el hemiciclo a la Presidencia de la Junta, es decir, a Susana Díaz.

La presidenta de la Cámara cree que existe un vacío legal en el reglamento que no resuelve situaciones como ésta, y ha hecho una consulta a los letrados para que le orienten sobre cómo puede proceder. Fuentes del Parlamento aclaran que la presidenta no está obligada por la normativa interna a proponer a Díaz antes que a Juanma Moreno, y que tiene potestad para decidir según su propia interpretación del reglamento.

El análisis de Bosquet es que, aunque la socialista le presente el jueves 50 votos frente a los 47 de Moreno, lo cierto es que PP, Ciudadanos y Vox han manifestado clara y rotundamente que nunca permitirán que el PSOE siga gobernando en Andalucía. Por tanto, la presidenta de la Cámara baraja, por primera vez en la historia parlamentaria, proponer a un candidato a la investidura con menos votos que su rival, bajo la presunción de que las negociaciones del PP con Vox terminarán convenciendo al partido de Santiago Abascal para hacer presidente de la Junta a Juanma Moreno. "Aunque Vox no desvele por anticipado a quién apoyará en la investidura, sí ha dejado claro que no apoyará a Díaz, por tanto ese camino no conduce a ninguna parte", explican fuentes de Ciudadanos.

El PSOE se rebela por adelantado contra cualquier opción que no sea una investidura de Susana Díaz.  En caso contrario, ya barruntan denuncias de "fraude de ley" contra la presidenta de la Cámara, como hicieron tras la constitución de la Mesa que dejó fuera a Adelante Andalucía. "Le pedimos a la presidenta del Parlamento que proponga al candidato con más número de apoyos. Tiene que saber sumar para proponer al candidato con más votos en la Cámara. El momento es ahora, no pasado mañana", dice el portavoz socialista en el Parlamento, Mario Jiménez.

En realidad, el escenario para la investidura de Díaz no está despejado. En las últimas horas, la coalición de Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo ha abierto una puerta a la negociación con el PSOE para "presentar un candidato de consenso" alternativo a la derecha, en caso de que el pacto a tres de PP, Cs y Vox no cristalice. Pero Rodríguez y Maíllo piden la cabeza política de Susana Díaz y proponen a un candidato independiente, algo que los socialistas no están dispuestos a aceptar. "No se trata de salvar a nadie personalmente, sino de salvar a Andalucía de la extrema derecha", ha explicado la gaditana este miércoles. Los socialistas han mantenido conversaciones con Adelante Andalucía y seguirán insistiendo para que "rectifiquen a tiempo". "Pedimos una reflexión a la izquierda para parar a la derecha. Es lamentable que la primera opción para Adelante Andalucía sea un tripartito de derechas. Podemos parar a la derecha. Sí, se puede. Nosotros vamos a dar la cara", ha recalcado Jiménez.

En las próximas horas, tanto el bloque de derechas como el de izquierdas negociarán a contrarreloj para llevarle a la presidenta del Parlamento un solo nombre. La alternativa conjunta de PSOE y Adelante (50 votos) sólo tendría sentido si Vox no le confirma a Bosquet que su candidato es Juanma Moreno. Pero las izquierdas, ahora, están tan enfrentadas como siempre. La rivalidad visceral entre Susana Díaz y Teresa Rodríguez hace inviable una alternativa a un Gobierno conservador, de modo que el dilema que Bosquet le ha planteado a los letrados de la Cámara puede que nunca tenga lugar. Si el PSOE sólo acredita sus 33 votos para investir a Díaz, la suma de PP y Cs (47) basta para que la presidenta del Parlamento proponga a Moreno para la investidura.

El reglamento da de plazo hasta el 16 de enero para convocar ese primer debate de investidura, pero en ningún sitio está escrito que tenga que ser inmediato. Bosquet podría postergar el debate unas semanas para dar plazo a las derechas a sellar definitivamente un acuerdo a tres que garantice la investidura de Moreno, aunque no es lo que más le conviene a Ciudadanos y al PP. Mientras más se dilate el tiempo previo a la votación, más espacio tendrá Vox para acaparar el foco mediático sobre sus consignas políticas que, hoy por hoy, no están en el marco del acuerdo de Gobierno de PP y Cs en Andalucía.

En la historia autonómica andaluza, el candidato con más respaldo de diputados en la Cámara siempre ha sido el propuesto por el presidente de dicha institución para la investidura. Sólo una vez, en 2012, Javier Arenas logró más escaños (50) que José Antonio Griñán (47), pero el entonces responsable del hemiciclo, el socialista Manuel Gracia, propuso al segundo como candidato a la investidura, tras constatar que sumaba mayoría absoluta gracias al respaldo de los 12 diputados de IU. La situación ahora es diferente porque el Parlamento andaluz está mucho más atomizado que en 2012 -cinco partidos en vez de tres- y con un reparto de poder muy equilibrado entre los dos principales aspirantes.

Alfonso Alonso: "A Vox le falta un hervor". 9 ene 2019 12:25:58.eldiario.es - eldiario.es.

El presidente del Partido Popular en el País Vasco, Alfonso Alonso, tiene claro que "no se puede flaquear" en la lucha contra la violencia machista. Alonso se suma así a las voces del PP que rechazan las demandas de Vox para rebajar la protección de las mujeres para facilitar la presidencia de la Junta de Andalucía a los conservadores. Hace unos días se habían manifestado en la misma línea el parlamentario vacso Borja Semper y la secretaria general de los populares vascos, Amaya Fernández.

Para Alonso, a Vox le "falta un hervor" porque "le cuesta pasar de la demagogia y de la propaganda a la política". Alonso ha mostrado su "máxima confianza" en la negociación que llevan a cabo los populares sobre el Gobierno de Andalucía, pero ha dejado claro que no merece "gastar saliva" en analizar las 19 medidas que el partido de extrema derecha ha planteado al Partido Popular porque "no tienen ni pies de cabeza" y no son serias. Entre otras demandas, Vox reclama la derogación de las leyes sobre violencia de género, la devolución de competencias autonómicas a la Administración central, o la apertura de centros públicos que separen a niños y niñas en clases diferenciadas.

Al calor de la polémica provocada por Vox, Alonso ha aprovechado para lanzar una andanada al PNV,  del que ha asegurado que "no dudaría en coger el voto de Vox para gobernar".

Críticas de los líderes regionales del PP

El líder del PP vasco se suma con sus palabras a otros barones regionales del PP que en las últimas horas se han mostrado críticos con las propuestas de Vox. Este martes, el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, expresaba su rechazo a derogar cualquier ley de protección contra la violencia machista. "Solamente se dejarán de aplicar medidas contra la violencia machista cuando no exista la violencia machista. La violencia machista existe, y por lo tanto no podemos obviarla, tenemos que luchar contra ella", zanjó, frente al negacionismo de Vox y las últimas afirmaciones de Pablo Casado que calificaban el asesinato de una mujer como "violencia doméstica".

Otra voz crítica con Vox dentro del Partido Popular ha llegado de Valencia. Su líder en la Comunitat, Isabel Bonig ha subrayado que la existencia de la violencia machista "es una realidad objetiva, las mujeres están siendo asesinadas por sus maltratadores y no podemos obviarlo". "Vox no está a la altura del cambio en Andalucía porque ha ideado una serie de planteamientos que espero que se puedan reconducir", ha explicado en declaraciones a la Cadena SER, donde ha advertido de que "hay que sacar [la violencia de género] del discurso político, para profundizar y mejorar las cosas". 

El presidente del Gobierno de Murcia, Fernando López Miras, también ha cuestionado las exigencias de Vox, de las que ha dicho en rueda de prensa que no le "gustan" y que no las "firmaría" en la Región de Murcia "por muchas circunstancias". "Hay que cambiar muchas cosas y leyes, pero para avanzar y para mejorar, no para retroceder", ha declarado después de poner como ejemplo el punto referente a la violencia machista, sobre el que ha dicho: "no podemos dar ni un paso atrás".

Por su parte, el consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, Fernando Rey, ha calificado de "disparate" la propuesta "al por mayor" de recentralización de las competencias de Educación presentada por el partido de Abascal. En declaraciones a los medios de comunicación, Rey ha defendido "la autonomía" como una "herramienta utilísima" para la "innovación y la mejora".

El consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, Fernando Rey, ha señalado este miércoles que la propuesta "al por mayor" de Vox de recentralizar las competencias en Educación es un "disparate", y ha puntualizado que la descentralización de competencias es compatible con elementos de homogeneización para lograr una "España educativa".

En declaraciones a los medios antes de participar en la sectorial de Educación que este miércoles discutirá la reforma educativa que propone el Gobierno, Rey ha indicado que ese equilibrio necesario entre descentralización y puntos homogéneos para todo el Estado requiere de una "finura" de equilibrios que "hoy por hoy no están disponibles para partidos populistas".

"La propuesta planteada [por Vox] así, al por mayor, es un disparate; la experiencia autonómica demuestra que allí donde se gestiona bien la Educación, la autonomía ha sido una herramienta utilísima porque ha habido innovación y mejora", ha recalcado el consejero.

La Rioja, Andalucía y Navarra defienden las autonomías

Por su parte, el consejero de Educación de La Rioja, Alberto Galiana (PP), ha recalcado que esa propuesta de recentralización de competencias "tendrá que ser analizada por el partido", pero ha aclarado que las Comunidades Autónomas con gobiernos del PP defienden que esa gestión debe ser llevada desde las distintas comunidades. "Debe ser llevada con moderación y con visión de Estado desde las comunidades autónomas", ha apostillado.

Antes de la reunión que mantendrán en el Ministerio de Educación, y que se prevé extensa, la consejera de Educación de la Junta de Andalucía en funciones, Sonia Gaya, también ha querido dejar patente su descuerdo con esa propuesta del partido de Santiago Abascal, y ha subrayado que se ha luchado mucho para conseguir determinadas competencias como para que "ahora se decidan a 600 kilómetros las necesidades de una región concreta y cuáles son sus prioridades".

"En un centro educativo es fundamental tener en cuenta para el proyecto la individualidad del alumnado, el contexto social y económico de cada uno de esos entornos sociales", ha matizado, para añadir que "devolver las competencias al Estado no soluciona absolutamente nada".

Por su parte, la consejera del ramo de Navarra, María Roncesvalles, ha subrayado que lejos de ir hacia una devolución de competencias, se debe avanzar hacia "más autogobierno" porque, a su juicio, es la mejor manera de gestionar de obtener "resultados óptimos". "El autogobierno es la herramienta y da la ventaja necesaria para avanzar, no vemos en ningún caso la necesidad, ni nada que justifique renunciar al autogobierno", ha concluido.

Después del revuelo que generaron este martes las 19 propuestas que Vox presentó al PP como condición para apoyar la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía, y que los populares consideraron "inaceptables", y del pesimismo que las exigencias de la extrema derecha provocaron en las filas del PP, este miércoles el partido que preside Pablo Casado ve más cerca el acuerdo con la formación de Santiago Abascal para desbloquear las negociaciones y lograr el Gobierno andaluz de la mano de Ciudadanos y Vox. 

Fuentes de la dirección nacional del PP han explicado a eldiario.es que tras la segunda reunión mantenida esta mañana en Madrid con los representantes de Vox son más optimistas porque los dirigentes de la extrema derecha "están cediendo" y se abren a retirar de la mesa de negociación algunas de sus propuestas más extremistas que los populares ya han dejado claro que rechazan frontalmente, como la derogación de las leyes contra la violencia machista o de protección del colectivo LGTBI. 

"El PP ha presentado sus propuestas para el acuerdo en Andalucia con Vox y sobre las que seguimos trabajando", apuntan fuentes de la dirección nacional del PP sobre la reunión de este miércoles. Génova explica, no obstante, que las negociaciones "continúan esta tarde" en Sevilla.

Hasta la capital andaluza tiene previsto viajar el secretario general de los populares, Teodoro García Egea. Allí, a las 16.30 horas, el PP mantendrá una reunión con representantes de Ciudadanos con los que prevé cerrar el acuerdo de investidura de forma definitiva, y a quienes informará sobre el contenido de las conversaciones con Vox. Una vez terminado ese encuentro el número dos del PP se verá con representantes de la extrema derecha para tratar de lograr también un pacto que permita hacer presidente a Juanma Moreno. 

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha pedido este miércoles que "no se haga uso político de las mujeres", al ser preguntada por las pretensiones de Vox, en su llegada a la primera reunión de la Mesa de la Cámara de 2019. 

Asímismo, Pastor ha recordado que los demócratas están para "proteger" a las mujeres víctimas de la violencia y, "sobre todo, para que no se haga uso político".

"Todos los demócratas estamos, y especialmente las mujeres, con las mujeres que son víctimas de la violencia", ha aseverado, aunque no se ha referido directamente a los puntos propuestos por la formación de Santiago Abascal.

Vox ha presentado al PP en Andalucía una serie de exigencias para apoyar la investidura del candidato del PP, Juanma Moreno, entre las que se encuentra la derogación de la ley contra la Violencia de Género.

La secretaria de Comunicación del PP no quiere críticas internas a las negociaciones entre Vox y su partido. En una entrevista en Los Desayunos de TVE, la dirigente popular ha sido contundente con las últimas declaraciones de barones y dirigentes del partido que han sembrado dudas o han criticado las negociaciones con Vox después de que se difundiera el documento con las exigencias de la formación de Santiago Abascal. "Que dejen trabajar a la dirección nacional". "Dejemos de estar comentándolo todo en tiempo real porque eso no es positivo", ha zanjado Ayuso.

En esta misma línea ha dejado un nuevo mensaje en redes sociales, donde ha dejado claro cuál debe ser el camino a seguir y no crear fisuras del seno del PP:

Se refería así, sin mencionarlas, a las declaraciones del presidente gallego, Alberto Nuñez Feijóo, en las que subrayó su negativa a derogar ninguna ley que proteja este tipo de violencia. "Solamente se dejarán de aplicar medidas contra la violencia machista cuando no exista la violencia machista". "La violencia machista existe, y por lo tanto no podemos obviarla, tenemos que luchar contra ella", zanjó, contra el negacionismo de Vox y las últimas afirmaciones de Pablo Casado que calificaban el asesinato de una mujer como "violencia doméstica".

Otra voz crítica con Vox dentro del Partido Popular han llegado de Valencia, con Isabel Bonig. "Es una realidad objetiva, las mujeres están siendo asesinadas por sus maltratadores y no podemos obviarlo", dijo a los micrófonos de la Cadena SER. "Vox no está a la altura del cambio en Andalucía porque ha ideado una serie de planteamientos que espero que se puedan reconducir", reprendió. A la que añadió una consigna a seguir: "Hay que sacar [la violencia de género] del discurso político, para profundizar y mejorar las cosas". 

"Iremos viendo" algunas de las propuestas

Díaz Ayuso ha admitido que ciertas propuestas de Vox no les parecen aceptables. "Si Vox no cree en el estado de las autonomías, no le puede pedir a la administración andaluza que asuma competencias como las de inmigración, que no les corresponden". Sin embargo, ha abierto la puerta a que otras sí sean adoptadas en un futuro gobierno popular en Andalucía. "Si se quiere celebrar la toma de Granada, me parece perfecto", ha asegurado, aunque ha matizado que no cree que "los andaluces quieran cambiar el día de su autonomía".

Ayuso ha planteado los términos de la negociación en la que está inmersa el PP para conseguir los apoyos de los de Abascal para la investidura en Andalucía. "Con muchas de las propuestas [del documento de Vox] no estamos de acuerdo, y otras las iremos viendo. Hay cuatro años por delante", ha dicho la secretaria de Comunicación, que forma parte del equipo que se reunirá otra vez hoy con los dirigentes de Vox en Madrid. "Nos reuniremos por la mañana, y durante el día les daremos información".

La Presidencia francesa "vigila de cerca" las conversaciones con el partido Vox para formar Gobierno en Andalucía y advierte, especialmente a Ciudadanos, de que "no puede haber alianzas con la extrema derecha" en España.

Una fuente del Palacio del Elíseo señaló a un grupo de corresponsales de medios extranjeros, entre ellos EFE, que "trabajar con un partido de extrema derecha no es algo anodino" y que "lo tendrán en cuenta" en su "reflexión" para elegir a sus socios en Europa.

"Observamos, y somos muy claros sobre el hecho de que no puede haber alianzas con la extrema derecha", indicó.

La fuente reconoció que "por el momento no hay una alianza de fondo" con Vox, por lo que no se puede especular sobre sus posibles consecuencias, pero destacó que las negociaciones en Andalucía son "un punto de vigilancia" para el Gobierno francés.

"Miramos lo que hace el Partido Popular, pero evidentemente también lo que hace Ciudadanos, con quienes (...) En Marcha -el movimiento del presidente francés, Emmanuel Macron- tiene vínculos amistosos desde hace tiempo", señaló.

El Elíseo recordó el "fuerte compromiso europeo" del partido liderado por Albert Rivera y llamó a "respetar los principios sobre el fondo y sobre los socios que se eligen en los gobiernos, incluso en los regionales".

Para Francia, la irrupción de Vox en las instituciones "demuestra desgraciadamente que no hay una excepción española" al auge de los partidos de extrema derecha.

En su análisis, el resultado de la formación de Santiago Abascal en las elecciones andaluzas enseña que "España no está a salvo de un sentimiento nacionalista y quizá también de un sentimiento de renovación política, que ya se había expresado por la emergencia de dos nuevos partidos, en la izquierda y el centro-derecha, con Podemos y Ciudadanos".

La advertencia del Elíseo es la más fuerte lanzada hasta ahora por Francia sobre posibles pactos con Vox, después de que la ministra de Asuntos Europeos, Nathalie Loiseau, rechazase el martes en Bruselas cualquier compromiso "con un partido de extrema derecha que abandera valores que son totalmente contrarios a nosotros".

Macron ha hecho de la lucha contra las fuerzas nacionalistas y populistas el eje de su discurso ante las próximas elecciones europeas de mayo, y lo usará como criterio para elegir a sus aliados en el próximo Parlamento Europeo.

Precisamente, un exdiputado de la mayoría "macronista" en el Parlamento francés, Manuel Valls, se ha destacado en España, en esta ocasión como candidato a la Alcaldía de Barcelona, por defender un gran pacto de Estado para frenar el paso a la extrema derecha.

Macron ganó las elecciones presidenciales de 2017 gracias a su apabullante victoria en la segunda vuelta frente a la ultraderechista Marine Le Pen, con un mensaje europeísta en el que se presentó como la antítesis de los valores reaccionarios del nacionalismo.

La fuente del Elíseo insistió en que el presidente francés mantendrá este año su "discurso firme" sobre los derechos humanos y el respeto al derecho internacional frente a la "ola nacionalista".

Francia se prepara para la "recomposición" del Parlamento Europeo tras los comicios, que dará lugar a nuevas alianzas "con fronteras diferentes", agregó.

La sede de la Presidencia gala considera que su país es uno de los pocos que en la actualidad goza en Europa de estabilidad política, con un presidente respaldado por una amplia mayoría absoluta, lo que debería permitir a Francia impulsar las reformas comunitarias, aunque hasta el momento no están satisfechos con su ritmo.

El Gobierno no quiere pronunciarse sobre si Podemos ofreció a ERC la destitución como ministros de Josep Borrell a cambio de lograr su apoyo para sacar adelante los presupuestos pactados por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. La primera en tener que responder sobre esta cuestión ha sido la ministra de Industria, Reyes Maroto, que tras varios rodeos ha sentenciado que quien tiene que explicarlo es el partido que hizo esa supuesta oferta.

"Si lo ha hecho Podemos, que lo explique Podemos", ha señalado Maroto en una entrevista en la Cadena SER, donde ha insistido en que los presupuestos los negocia parte del Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso. "Los presupuestos recogen ese proyecto de futuro y vamos a trabajar para conseguir los apoyos parlamentarios", ha añadido la titular de Industria.

En una entrevista con eldiario.es, Gabriel Rufián ha asegurado que Podemos les ofreció "la cabeza de Borrell" a cambio de votar sí al proyecto de PGE que han acordado Sánchez e Iglesias. "Dijeron que ellos presionarían para que Sánchez hiciera ese gesto. Les dijimos que ojalá el problema fuera Borrell", asegura el parlamentario de ERC, que apunta que él no pide "la cabeza de ningún ministro ni de ningún representante electo en el Congreso". Aunque vería bien que el actual ministro de Exteriores no ocupase ese cargo "porque es un mentiroso".

El documento de Vox con sus exigencias para hacer posible un acuerdo entre el PP y Ciudadanos deja en el aire el próximo gobierno de la Junta de Andalucía. Las direcciones nacionales de las formaciones de Pablo Casado y Santiago Abascal se han reunido este martes para cerrar un acuerdo, pero las propuestas de Vox alejan por el momento a Juanma Moreno de la presidencia de Andalucía.

Entre las propuestas que el PP ha recibido durante la reunión con los de Abascal está el compromiso del futuro presidente de la Junta a renunciar al autogobierno de Andalucía, blindado en el Estatuto de Autonomía (con rango de Ley Orgánica, avalado por el Congreso de los Diputados y por el sí mayoritario de los andaluces en un referéndum).

Además, para apoyar al PP, Vox exige al futuro Ejecutivo andaluz que renuncie a las competencias en Educación y Sanidad, que derogue leyes de género y que quite ayudas a las asociaciones. Según Génova, este tipo de propuestas demuestran que el partido de Santiago Abascal "no quiere un acuerdo" en Andalucía y tachan de "inaceptable" el documento de Vox.

Fisgonear la historia clínica de un compañero de trabajo, de un familiar o de un paciente con el que no tienen relación asistencial ha abocado a varios profesionales sanitarios a una condena superior a dos años de prisión. Esta pena provoca el ingreso en la cárcel. Para evitar en una de estas sentencias esta consecuencia, la Audiencia provincial de A Coruña ha llegado a solicitar en octubre al Gobierno la tramitación de un indulto. Realizaron esta petición tras emitir un fallo –que acarreaba dos años y siete meses de cárcel– contra un médico del Servicio Gallego de Salud (Sergas), que accedió a un historial clínico sin consentimiento.

Ese mismo mes el Supremo ratificó la condena de dos años y seis meses a dos fisioterapeutas de un hospital público que entraron en el registro clínico de una compañera y lo comentaron delante de otros pacientes. Por su parte, en enero del año pasado el alto tribunal sí que estimó el recurso de una enfermera del servicio extremeño de salud que fue condenada por la Audiencia Provincial de Cáceres por acceder "en más de un centenar de ocasiones" al historial de su exyerno y su nueva pareja. Los magistrados rebajaron la pena de tres años y siete meses a dos años.

Delito de revelación de secretos

Estas actuaciones están penadas por los artículos 197 y 198 del Código Penal que los enmarcan en delitos de descubrimiento y revelación de secretos. "Hay que tener en cuenta que esta información está protegida porque el derecho a la intimidad tiene un componente muy importante en la esfera de la privacidad. No solo cuenta con la protección de la Constitución, también tiene la del Código Penal", explica Francisco Corpas, director de los servicios jurídicos en el Consejo General de Enfermería.

Por su parte, José María Antequera, docente y divulgador en derecho sanitario, cree que estas actuaciones se producen por el desconocimiento de sus condenas. "Creo que no se sabe en muchas ocasiones la consecuencia del incumplimiento. Los profesionales desconocen que acceder a la historia clínica de una persona, cuando no hay una vinculación profesional con los pacientes, es una falta muy grave del estatuto marco y un delito según el Código Penal", reseña.

La "tentación" de acceder al historial con un click

Estos dos letrados coinciden al señalar que el acceso a la información de forma instantánea ha podido contribuir a que se diluyan las barreras mentales que determinan para estos condenados qué documentación es confidencial. "Antes accedías a la historia clínica porque solo existía en papel y la tenías delante de ti. Con la historia clínica electrónica, el acceso es inmediato. Esa tentación genera este tipo de situaciones", incide Antequera. Asimismo, este letrado reseña que al acceder a estos registros clínicos hay una alerta sobre el uso adecuado del sistema. "Hay un aviso en el que se plantea que solo pueden acceder a historias clínicas asistenciales", incide.

Entre las últimas sentencias emitidas por este asunto, destaca la ratificación de la condena por parte del Supremo a dos fisioterapeutas de un hospital público que entraron en la historia clínica de una compañera. El Alto Tribunal desestimó en octubre el recurso presentado por estas dos profesionales y confirmó el fallo que les consideraba autoras de un delito de descubrimiento y de revelación de secreto por el que les sentenciaban a cada una de ellas a dos años, seis meses y un día de cárcel. Según el escrito judicial, los accesos a la historia de su compañera en 2011 "constan documentalmente acreditados". Además de la pena de cárcel, el fallo conlleva la inhabilitación absoluta por seis años.

La Audiencia Provincial de Oviedo reseña en la sentencia ratificada recientemente por el Supremo que estas dos profesionales se enteraron de "las dolencias por las que había recibido tratamiento en el servicio de salud mental [su compañera], comentándolo entre ellas en el gimnasio del hospital, donde trabajaban como fisioterapeutas, haciéndolo en presencia de los pacientes a los que atendían".

Estos hechos –según plantean en el escrito judicial– son constitutivo de delitos, tal y como recogen los artículos 197 y 198 del Código Penal. En ellos castigan a aquellas personas que "sin estar autorizadas" accedan a "datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos". En este epígrafe se tiene en cuenta que estas condenas se aplicarán también a aquellos trabajadores públicos que "fuera de los casos permitidos por la Ley, sin mediar causa legal por delito, y prevaliéndose de su cargo, realicen cualquiera de las conductas descritas en el artículo anterior".

Los magistrados de la Audiencia asturiana destacaron en su fallo la confidencialidad de esta información y, por lo tanto, recalcan la relevancia de esta infracción. "Se trata de datos reservados que pertenecen al titular pero que no se encuentran en su ámbito de protección directo, directamente custodiados por el titular", reseñan. Asimismo, establecen que la legislación de protección de datos "delimita claramente la titularidad, manejo y cesión de la información contenida en los mismos".

La Audiencia de A Coruña también condenó en octubre a un médico a dos años y siete meses de cárcel por entrar en un historial clínico sin consentimiento ni mediando una relación asistencia entre el denunciante y el denunciado. En este caso, la sentencia no detalla qué vinculación existía entre estas dos personas.

Solicitan indulto al Gobierno

A pesar de que en el escrito judicial constatan que este profesional del Sergas accedió en 2011 en dos ocasiones a esta información "con la intención de conocer su estado de salud, en concreto, la existencia de un parte de baja por incapacidad temporal laboral" y que consideran que la condena es "ajustada al tenor de la ley y de sus posibles interpretaciones", solicitan al Gobierno la tramitación de un indulto para el condenado. Han tomado esta decisión alegando que no quieren que se "genere una sanción objetivamente desproporcionada y socialmente reprobada". Esta sentencia también conlleva la inhabilitación absoluta durante de seis años.

Por su parte, en enero del año pasado el Supremo sí que estimó el recurso presentado por una enfermera del servicio extremeño de salud que fue condenada por la Audiencia Provincial de Cáceres como autora responsable de dos delitos continuados de descubrimiento de secretos cometidos por funcionarios públicos, que acarreó una pena de tres años y siete meses de prisión. Esta profesional accedió "en más de un centenar de ocasiones" [entre 2011 y 2015] al historial de su exyerno y su nueva pareja.

Según figura en los hechos probados, el padre de sus nietos "atravesaba problemas derivados de sus adicciones, que motivaron que fuera tratado por el equipo de salud mental" y esta circunstancia llegó a convertirse "en una verdadera obsesión [para la acusada], que le producía un importante estado de ansiedad" por el bienestar de sus nietos. El alto tribunal estimó el recurso presentado por la enfermera y redujo la pena a dos años de cárcel, entendiendo que su conducta debía ser entendida como "atenuante". De hecho, destacan que ya en el relato de hechos probados se planteó que "el acceso de los datos reservados lo realizaba con el ánimo de proteger" a los menores.

Antequera destaca que en estos fallos "hay un fenómeno a destacar". Para este abogado experto en derecho sanitario subyace, en unos casos, "un conflicto en la unidad en la que trabajan" y, en otros, "se accede a historia clínica de familiares". "Hay una percepción se pierde el carácter legal al acceder a historias de familiares o personas con las que has tenido una relación sentimental", apunta. 

Esta jurisprudencia no se limita a estos casos. En febrero, el Supremo desestimó el recurso de un médico condenado a un año y tres meses de cárcel y tres años de inhabilitación absoluta por un delito de descubrimiento de secretos, por consultar sin autorización ni consentimiento el historial clínico del examante, según informó Europa Press. Por su parte, la Audiencia de Navarra también sentenció en abril de 2017 a tres años y nueve meses a una enfermera por "un delito continuado de descubrimiento de secretos" por consultar la historia de su expareja, de la nueva pareja de éste y de su excuñado.

El giro a la derecha que emprendió Pablo Casado nada más ganar las primarias del Partido Popular, su reciente acercamiento a Vox con el objetivo de lograr el apoyo de la formación de extrema derecha para llegar al Gobierno de Andalucía y el control que la dirección nacional de los populares ejerce sobre todas las estructuras territoriales del partido, eligiendo a dedo a los candidatos para las próximas elecciones municipales y autonómicas, han generado en los últimos días varios incendios internos en las filas del PP.

Los populares gallegos y su influyente presidente, Alberto Núñez Feijóo, eran este martes los últimos en tratar de dejar claras sus discrepancias con la dirección de Casado por la reciente predisposición del líder del PP a equiparar la violencia machista con la violencia del ámbito familiar, siguiendo la línea marcada por la extrema derecha.

El viraje del presidente de los populares, que la semana pasada se abrió incluso a poner en marcha ayudas para hombres maltratados, se produjo con el objetivo de contentar a Vox, que ha incluido entre sus condiciones para apoyar la investidura de Juanma Moreno en Andalucía –que presentó este martes en la reunión que mantuvo con el PP en Madrid– que PP y Ciudadanos acepten la derogación de las leyes contra la violencia de género o que hacen frente a la discriminación que sufre el colectivo LGTBI.

"Solamente se dejarán de aplicar medidas contra la violencia machista cuando no exista la violencia machista", aseguraba este martes Feijóo, en un claro distanciamiento del discurso mantenido por la dirección nacional del PP en los últimos días. "No cabe la violencia machista en Galicia y yo me avergüenzo como hombre de que tenga a otros hombres del mismo género que yo en una situación de irracionalidad y en una situación lamentable que es acosar o incluso llegar a la violencia con cualquier persona por el hecho de que sea mujer", apuntaba. 

Un debate "superado"

Más explícita era un día antes la viceportavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Galicia, Paula Prado, que según informa El Mundo instó a "no mezclar" entre "violencia de género, violencia doméstica y violencia intrafamiliar", como había empezado a hacer la dirección nacional de su partido. "El debate sobre lo que es violencia de género y violencia doméstica ya está superado. Y quien no lo superó debería remitirse a 14 o 15 años atrás", sentenció, antes de recordar que "las víctimas de la violencia de género son fundamentalmente mujeres".

Las voces internas en contra del giro emprendido por la dirección de Casado para contentar a Vox siguen creciendo a medida de que se va desarrollando la negociación con la formación de extrema derecha en Andalucía.

La pasada semana era el portavoz del PP en el Parlamento vasco, Borja Sémper, el que verbalizaba su rechazo frontal a que los populares busquen acuerdos con Vox. "El PP tiene que buscar pactos y entendimientos con otras formaciones con las que comparte determinados principios de estabilidad, de pacto constitucional y de concordia nacional, y Vox es una realidad política que ha venido a romper esos grandes consensos constitucionales", apuntaba.

El también candidato a la Alcaldía de San Sebastián obtenía el respaldo de la dirección del PP vasco y su rotundo 'no' del dirigente popular vasco a la negociación con Vox era compartido por otros dirigentes populares consultados por eldiario.es, que sin querer que su nombre trascienda públicamente aseguraban no compartir la estrategia de la dirección de Casado respecto a la formación de extrema derecha y el acercamiento de la dirección popular hacia posicionamientos "más radicales" prácticamente desde que asumieron el poder en julio.

'Mazazos' en Cantabria y Asturias

Además de las discrepancias estratégicas, la decisión de Casado de nombrar a dedo a algunos de los principales candidatos para las próximas elecciones autonómicas y municipales de mayo ha abierto esta semana nuevos frentes a la dirección nacional del PP. El lunes, Génova comunicaba a los populares cántabros y asturianos los nombres de las cabezas de lista elegidas por el equipo de Casado para esas comunidades y que en ambos casos han torpedeado los intereses de las respectivas direcciones regionales. 

En Cantabria la elegida es Ruth Beitia. Génova informaba al PP cántabro la decisión el lunes en una tensa reunión que se prolongó durante cuatro horas. La presidenta de los populares de la comunidad, María José Sáenz de Buruaga, veía frustradas sus expectativas de optar a gobernar la región y el dedazo de Casado suponía un mazazo para la dirección del PP cántabro, profundamente dividido desde el último congreso regional.

En el cónclave, Buruaga ganó la presidencia por solo cuatro votos de diferencia al que había sido su mentor, el expresidente cántabro Ignacio Diego, entre acusaciones de "pucherazo". En aquella disputa por el liderazgo, Beitia se posicionó del lado de Diego. La división se trasladó a las primarias nacionales. Mientras Buruaga apoyó la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría, el sector crítico del que forma parte Beitia -que no llegó a pronunciarse públicamente- optó por Casado. Ahora, la deportista a la que el líder del PP ya incluyó en su dirección, ve premiada su lealtad con la confirmación de su candidatura.

Este martes, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, obviaba el ruido interno y se limitaba a señalar como un "acierto" presentar a Beitia como candidata en Cantabria por ser la atleta española "más laureada de la historia". "Esa persona que ha representado a España en los podios más importantes como fue Río de Janeiro en 2016, va a levantar ahora la bandera de España, y la del PP en su región, en Cantabria", añadía.

El número dos de los populares aclaraba que Buruaga sigue al frente del PP de Cantabria y será la "interlocutora" con la dirección nacional. "Necesitamos que a partir de este momento, el partido junto a los candidatos se pongan a trabajar para nombrar también a esos más de cien municipios que en Cantabria todavía están pendientes de confirmar la candidatura".

"Nuestro adversario es Pedro Sánchez"

La situación en el PP de Asturias es aún más tensa que en Cantabria después de que, por sorpresa, Génova anunciara el lunes a la presidenta de los populares asturianos, Mercedes Fernández, que no sería la candidata de las próximas autónomicas en la comunidad. La reunión que tuvo lugar en la sede nacional del partido concluyó sin acuerdo entre ambas direcciones, por lo que el nombramiento fue finalmente impuesto por el equipo de Casado. La elegida es Teresa Mallada, otra fiel al nuevo líder del PP que, según Génova, es la que tiene más opciones de ganar al PSOE en la comunidad. 

"Tiene muy buena trayectoria profesional en el sector privado que, en definitiva, la avalan para recoger el descontento de una tierra como Asturias que lleva ya demasiado tiempo sometida a los rigores del socialismo", apuntaba este martes García Egea, que como en el caso de Cantabria aclaraba que Mercedes Fernández seguirá siendo la presidenta del PP de Asturias y trabajarán de forma conjunta para elaborar las listas municipales.

A Génova no le preocupan los cismas que puedan crear sus decisiones en las dos comunidades. "Hay que seguir trabajando porque nuestro adversario es Pedro Sánchez y Podemos, así como las políticas fracasadas de Revilla y Javier Fernández", zanjaba el secretario general del PP este martes, en rueda de prensa. 

La dirección nacional de los populares ya avisó en octubre de que intervendría en el nombramiento de los candidatos de todas aquellas comunidades autónomas en las que el PP no gobierna. Esa estrategia justificó la elaboración de las listas para las elecciones andaluzas por parte de Génova y explica también, a juicio de la dirección nacional de los populares, que en las negociaciones para formar la nueva Junta andaluza la batuta la esté llevando el equipo de Casado y que el presidenciable Juan Manuel Moreno Bonilla y sus afines, estén manteniendo un papel secundario. 

El portavoz adjunto de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso cita a eldiario.es en un pequeño establecimiento de la Calle Prado. A pocos metros, el Congreso se mantiene sin apenas actividad y a la espera de que se inicie el debate presupuestario del que esa misma mañana se sabe que será inmediato. El presidente del Gobierno ha anunciado en una entrevista a la agencia EFE que llevará el proyecto de cuentas públicas al primer Consejo de Ministros tras las vacaciones. Se activa un trámite para el que Sánchez no cuenta con apoyos garantizados. 

El parlamentario de ERC se muestra preocupado por la discusión latente en su partido sobre qué hacer con Pedro Sánchez y sus presupuestos. "Todas las opciones están abiertas", asegura. Rufián repite en cada respuesta que en su partido esperan un gesto del Gobierno para poder corresponderlo. Esquerra se debate entre dar trámite a los presupuestos o presentar una enmienda a la totalidad con espíritu de censura. Si más concreción. Todo en el aire.  

¿Saben ya en Esquerra qué van a hacer con su voto en el debate de presupuestos?

No. Es una decisión colectiva y está por decidir. Reconozco que hay diferentes posicionamientos dentro de la propia Ejecutiva y del grupo parlamentario y hay que ponerlo en común. 

¿Hay debate? 

Hay debate, sí. Me parece sano. 

¿En qué consiste ese debate, qué posturas están enfrentando?

Sería injusto por mi parte adelantarme a los acontecimientos, incluso comentar las diferentes posiciones que hay y que todo el mundo se puede imaginar. 

¿Permitir la tramitación de esos presupuestos está encima de la mesa? 

Evidentemente. Y de hecho no sería incompatible con el sentido del voto. Sería simplemente permitir que el debate se plantee. Pero repito: forma parte de la discusión que se tiene que tomar dentro del grupo parlamentario y de la Ejecutiva de ERC. 

¿Entiendo que ERC descarta presentar una enmienda a la totalidad? 

Pues no se sabe.

¿Es una de las posibilidades? 

Lo es. Está todo abierto y forma parte de la discusión y el debate que tiene que haber.

¿Presentar una enmienda a la totalidad les permitiría tener un turno de palabra durante el Pleno de Presupuestos? 

En ese caso el reglamento del Congreso te convierte en protagonista del debate y puedes llegar a plantear un debate en clave 'moción de censura', mucho más allá de lo que plantean los Presupuestos Generales del Estado. Es algo que yo creo que merece este Gobierno. 

¿Está diciendo que el Gobierno merece una moción de censura? 

Se la merece por no haber movido un dedo contra la represión del Estado. 

¿Cuál es su calendario para tomar la decisión? 

Pues en breve. Este mismo viernes se reúne la Ejecutiva del partido y de ahí saldrá ya algún tipo de posicionamiento. Nos tenemos que dar prisa. 

¿Saben ustedes qué harán sus compañeros del PDeCAT?

No tengo ni idea. Primero dijeron que sí y luego dijeron que no. No quiero ser irrespetuoso y no me quiero meter en eso. 

La exconsellera de Traball, Dolors Bassa ha pedido que no se deje caer al Gobierno de Pedro Sánchez. ¿Usted qué opina de estas palabras?

Un tripartito o un 'trifachito' de PP, Ciudadanos y Vox sería tremendamente nocivo, pero no solamente hacia ellos, sino hacia todos. El hecho de que vayan contra las mujeres poniendo en duda la Ley de violencia de género es un peligro para todo el mundo.

¿El independentismo está reflexionando sobre la llegada de Vox como un elemento mas a tener en consideración para decidir qué hacen con sus votos? 

Sí. A Vox los conocemos perfectamente porque son acusación particular en el proceso a nuestros compañeros, pidiendo 700 años de cárcel a Forcadell y compañía. Los conocemos perfectamente. Nosotros somos los campeones antiVox. Me parece muy perverso ese discurso por una parte de la izquierda que dice que la culpa del auge de Vox es nuestra. Lo que pasa en Andalucía no es culpa del auge del fascismo, que siempre ha estado ahí, sino de la abstención de la izquierda. El votante de izquierdas lo que ve es que tiene a un Gobierno temeroso de gobernar con valentía, por culpa de la caverna. Y a otro partido que venía a asaltar los cielos y que le echa la bronca a un diputado de ERC por llevar una camiseta.

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha invitado a Sánchez a una mesa de negociación si quiere que los presupuestos salgan....

Me parece muy positivo que haya reuniones. La reunión de Torra con Sánchez el otro día en Pedralbes me parece muy positiva. Me parece positivo que se reúna a nivel bilateral el Gobierno de Catalunya y el Gobierno de España. Lo anormal era lo que pasaba antes, que nadie hablaba con nadie. En cuanto a qué gestos o qué tiene que hacer el Gobierno, la pregunta es para Sánchez, no para nosotros. Nosotros entendemos que si tú te autocalificas de Gobierno del cambio, Gobierno de izquierdas, pues tienes que hacer algo. Y repito: la Fiscalía puede hacer algo hoy, mañana y pasado, para intentar paliar la situación o la deriva represiva del Estado.

¿Cree que el Gobierno puede impulsar un cambio de criterio en la Fiscalía? 

Decir que la Fiscalía puede cambiar su posicionamiento no es atentar contra la separación de poderes, es simplemente decir que la Fiscalía depende del Gobierno y que puede hacer un montón de cosas. Sánchez tiene que ver  que enfrente ya no están ni Rajoy ni Soraya, dos personas que mandaban mucho en este país y que hoy en día no están porque Catalunya les pasó por encima. Al final el dilema es para él. 

¿Qué orden le gustaría a usted que le diera el Gobierno a la Fiscalía? 

Que no hay rebelión, que no hay ningún tipo de delito y que votar no es dar un golpe de Estado. 

¿Piden un cambio en la calificación de los delitos? 

Evidentemente. Y que caiga la causa. 

Sin llegar a tanto, ¿Qué gesto le gustaría que hiciese el Gobierno?

¿Qué pasaría si el ministro Marlaska en algún momento reconociera que son presos políticos, o que es una barbaridad lo que está pasando? ¿Qué pasaría si Sánchez también dijera lo mismo? ¿Qué pasaría si la ministra de Justicia también dijera lo mismo? Se moverían un montón de cosas. Y eso no es atentar contra la separación de poderes, sino que significa alinearte con posicionamientos europeos. Hay cinco países involucrados en todo esto y solo se han visto delitos en España. 

¿Está diciendo que si tres ministros reconocen la existencia de presos políticos, los presupuestos de Sánchez salen adelante?

Yo no he dicho eso. Lo que he dicho es que si un Gobierno reconoce que lo que está pasando y lo que pasará en el Tribunal Supremo es una barbaridad, sería un gran avance. 

En los últimos días se ha hablado de la posibilidad de que Borrell abandone el Gobierno para asumir otras responsabilidades, ¿qué efectos tendría la salida de Borrell del Gobierno en la búsqueda de esos entendimientos? 

Te voy a ser sincero. No voy a decir quién, pero Podemos nos propuso durante un tiempo la cabeza de Borrell a cambio de nuestro apoyo a los presupuestos. Dijeron que ellos presionarían para que Sánchez hiciera ese gesto. Les dijimos que ojalá el problema fuera Borrell. Yo no pido la cabeza de ningún ministro ni de ningún representante electo en el Congreso. Ahora bien, que Borrell no esté ocupando un ministerio del Estado siempre es una buena noticia porque es un mentiroso.

De la última entrevista con el presidente del Gobierno le quiero leer algunas frases para pedirle su comentario...

De acuerdo. 

"La propuesta política que resuelva la crisis en Catalunya tiene que salir de Catalunya"...

Eso significa todo y nada.

"No se puede indultar a quien no está condenado"...

Tiene razón y también conviene recordar que Romeva y compañía han dicho que no habrá un indulto porque ellos no van a reconocer que hicieron nada malo. Votar no es nada malo. 

La última frase del presidente sobre la que le pido valoración: "No solamente vamos a mirar a las fuerzas independentistas. Le vamos a tener la mano también a Ciudadanos y al Partido Popular"...

Me parece un error y se demostró el otro día en su discurso en el pleno monográfico de Catalunya, en el que intentó contentar a la derecha, olvidando que a la derecha en este país solo se la contenta si nos meten a todos en la cárcel. 

Hablemos del espacio independentista. ¿Quién manda: Puigdemont o Torra?

Desde Waterloo se manda mucho y desde el Palau de la Generalitat quiero creer que también. 

¿Y quién es el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras?

Yo creo que es innegable. Nosotros dentro de todas esta amalgama independentista, de las pocas cosas que no se pone en duda es del liderazgo de Oriol Junqueras. También manda mucho Marta Rovira desde Ginebra. Allí iremos el viernes, a celebrar una ejecutiva. 

¿Son ahora los presos los que piden más calma y menos ambición en las reclamaciones?

Lo que comparten todos es intentar parar a un frente de PP, Ciudadanos y Vox. 

¿En qué situación estamos tras la llegada de Vox a un Parlamento?

Digo con pesar que estoy convencido de que los veremos aquí en el Congreso. Vendrán curvas. Le pedí el otro día a Sánchez, y lo sigo pidiendo, hacer un frente antifascista.

¿No hay una contradicción entre solicitar un frente contra Vox y, al tiempo, tumbar los presupuestos que podrían empujar a las elecciones que traigan a Vox al Congreso? 

No. No podemos abstraermos de lo que sucede en las cárceles o en el exilio y con la deriva represiva del Estado. Si al final el PSOE siempre va a ser el mal menor, creo que es hacerle un flaco favor a la democracia, al propio PSOE y a la izquierda de este país. Creo que la defensa de los derechos civiles de Junqueras y compañía es la defensa de los derechos civiles y sociales del resto del país. 

Aquí en el Congreso está sobre la mesa de Ana Pastor el debate sobre la retirada de las palabras "golpista", "fascista" y "corrupto" del diario de sesiones. ¿Qué opina de ese debate? 

Por un lado me parece valiente, viniendo de alguien como Ana Pastor que me parece de lo más decente del Partido Popular. Sí es cierto que me sorprende que durante una sesión parlamentaria se dice 15 veces "golpista", no pasada nada, y en cuanto nosotros decimos "fascista", todo se para. 

El Constitucional acaba de dictar una sentencia limitando el trabajo de las comisiones parlamentarias de investigación y recordando que no se puede concluir nada que suponga la imputación de un delito a los investigados. ¿Cree que esto va a tener efectos?

Me parece muy interesante y creo que es dramático. Es lo que llevo viviendo los últimos tres años en el Congreso: Un intento por parte del PP y el PSOE, con la colaboración de Ciudadanos de intentar hacer residuales las conclusiones en las comisiones de investigación. En el caso del Alvia no se podrá señalar como responsables políticos a José Blanco o a la propia Ana Pastor, como ministros de Fomento; en la de Financiación no se podrá concluir que el PP se financió ilegalmente. Lo dramático no es lo que hacen PP y Ciudadanos, lo lamentable es lo que hace el PSOE a puerta cerrada en las comisiones de investigación.   

¿Qué hacer con la extrema derecha? Su discurso, su agenda, su narrativa, parece que no deja de calar en los partidos europeos, ya sea por la política migratoria, la de seguridad; el soberanismo patriótico o la impugnación del feminismo. Y, ante eso, hay dos opciones: dejarse seducir por ese discurso o hacerle frente; pactar con quienes lo plantean para alcanzar gobiernos o renunciar a esos votos.

En España, el PP y Ciudadanos lo tienen claro: agitan la bandera, hablan de efecto llamada en relación con la migración y aceptan que se revisen las políticas de género con el fin de alcanzar el Gobierno de Andalucía con los votos de Vox. 

De momento, Vox ha lanzado un órdago a PP y Ciudadanos, y ha pedido renunciar a la autonomía andaluza a cambio de apoyar la investidura del candidato popular, Juan Manuel Moreno Bonilla. La formación ultraderechista ha enviado un documento de máximos a los populares que incluye la devolución de competencias en Sanidad, Educación y Justicia al Estado; deportar 52.000 inmigrantes, derogar leyes de igualdad y de memoria y trasladar el Día de Andalucía del 28 de febrero al 2 de enero, "conmemoración de la Reconquista" por la toma de Granada en 1492.

Ahora es Andalucía, pero está por ver qué pasará a partir de mayo de 2019, tras las elecciones europeas, municipales y autonómicas. De momento, PP y Ciudadanos abonan el terreno para el entendimiento con Vox con vistas a ese 27 de mayo en el que puedan estar en disposición de gobernar autonomías y ayuntamiento reproduciendo ese pacto de tres.

El modelo no es nuevo en Europa, aunque tanto Angela Merkel en Alemania como Emmanuel Macron en Francia han renegado de él tradicionalmente.

Ya lo ensayó el liberal Charles Michel en Bélgica con el apoyo de los soberanistas flamencos del N-VA, que finalmente estalló en diciembre por el Pacto Mundial de las Migraciones. También lo había ensayado previamente Silvio Berlusconi, miembro del Partido Popular europeo, con la Liga Norte o Alianza Nacional. Del mismo modo que lo ensaya en la actualidad otra joven realidad del PPE, el austriaco Sebastian Kurz, que gobierna con la extrema derecha. Una extrema derecha que, así mismo, mantiene al borde de la repetición electoral a Suecia.

Pero en apenas cinco meses, populares, S&D, liberales, verdes y la izquierda se medirán entre sí y con la extrema derecha para definir quién gobernará la Comisión Europea; quién el Consejo Europeo; quién el Parlamento Europeo; y con quién habrá que pactar cargos como el del presidente del BCE. Y no sólo sus puestos principales, sino los secundarios.

Y, ante ese panorama, en Europa recelan de fotos con la extrema derecha; prefieren aparecer como antagonistas que como colaboradores o aliados.

La Comisión Europea, por su parte, reafirmó este lunes su compromiso con "la igualdad entre hombres y mujeres" ante el discurso de Vox impugnando las leyes sobre violencia machista en España. Un discurso que está calando en el PP, y que también preocupa al Gobierno francés de Emmanuel Macron, aliado de Albert Rivera y Ciudadanos, partidos que concurrirán de la mano a las europeas del 26 de mayo.

"Las declaraciones de Vox sobre los derechos de las mujeres son preocupantes", ha declarado a su llegada al Consejo de Asuntos Generales la ministra de Asuntos Europeos francesa, Nathalie Loiseau.

"Cada país tiene sus especifidades", ha dicho Loiseau, "y cada partido toma sus propias decisiones". Y en el caso español, el futuro gobierno andaluz, de PP y Ciudadanos, va a depender de Vox: "Entenderán que como miembro de un gobierno y un partido como La République En Marche [aliado de Ciudadanos], que ha luchado contra la extrema derecha en las últimas elecciones presidenciales, para mí no puede haber ningún compromiso con un partido de extrema derecha con valores opuestos a los nuestros", ha insistido Loiseau a preguntas de la corresponsal de la Cadena SER en Bruselas, Griselda Pastor.

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"He escuchado las primeras declaraciones de los representantes de Vox", ha proseguido Loiseau, "que quieren dar marcha atrás sobre los derechos de las mujeres. Lo encuentro muy preocupante, y creo que se debe hacer todo lo posible para combatir ese tipo de extremismo".

Desde Vox, su número tres, Rocío Monasterio, responde "al francés" recordando la guerra de independencia al son de Rocío Jurado.

No hace tanto, a finales de septiembre, Albert Rivera, Matteo Renzi, Guy Verhofstadt y el jefe del partido de Macron publicaron un manifiesto para "rescatar la UE de los Salvini y los Orbán". Levantaban la bandera del europeísmo de una arquitectura institucional de la UE refundada como antagonista al repliegue nacionalista que reclama la extrema derecha europea creciente.

"No queremos dejar ninguna piedra sin remover", decían: "Estamos listos para reformar los tratados si la refundación de Europa lo requiere. Estamos listos para seguir adelante a pesar de los bloqueos: todos deben poder avanzar a su propio ritmo. Juntos, queremos una Europa más fuerte, por lo que nos comunicamos con quienes desean comunicarse con nosotros en este camino. Estamos listos para superar las estructuras políticas existentes si resultan ser obstáculos. Estamos comprometidos con esta refundación de Europa se lleva a cabo por las mujeres y los hombres que representan a su país, de oeste a este, de norte a sur: los aficionados europeos, decididos a participar en este proyecto histórico, a diferencia de los otros que están contenidos ser un miembro".

Y sostenían: "No se trata solo de superar de una vez por todas las divisiones que han caracterizado a la política europea en los últimos años y que han llevado al callejón sin salida actual; se trata de reafirmar con firmeza que todos los Orban, Le Pen, los Salvini de Europa no pueden hacer otra cosa que incriminar a la Unión, acusarla de todos los males sin proponer nada constructivo, sin siquiera acordar una respuesta única. Si quieren destruir, nuestro trabajo es proponer".

El propio Rivera dijo a mediados de diciembre en Bruselas: "El acuerdo pasa por partidos que creen y apoyan la Constitución y partidos que tienen un proyecto común para Europa, la solución no es destruir Europa, no es ir con Wilders (líder de la extrema derecha holandesa) o Le Pen (dirigente del Agrupación Nacional francesa), es ir con Macron". De momento, quien se sienta a negociar con Vox es el PP; pero Ciudadanos también se beneficiará de sus votos para gobernar Andalucía.

Bruselas, por su parte, ha reafirmado la "absoluta prioridad de la igualdad entre hombres y mujeres" ante el discurso de Vox asumido por el PP. "Nunca comentamos los acontecimientos a escala local o las elecciones regionales", aseguró el portavoz de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, al ser preguntado sobre si el Ejecutivo comunitario teme que la exigencia de partidos de extrema derecha como Vox de modificar las leyes contra la violencia machista en España suponga una regresión de derechos a escala europea.

La Comisión reconoce que son asuntos "que se están discutiendo", si bien puntualiza "que aún no se han producido"; y, en todo caso, se remite a "los valores europeos. A escala europea, reiteramos que para nosotros los derechos fundamentales como la paridad, la igualdad entre hombres y mujeres, sigue siendo una prioridad política absoluta", ha subrayado el portavoz comunitario: "Esta Comisión ha hecho un trabajo excepcional para promover la igualdad entre hombres y mujeres a todos los niveles".

Mientras en las fechas navideñas los españoles se daban a los encuentros familiares, las grandes comidas y los regalos, Pablo Casado tenía una misión que no podía esperar: visitar Ceuta y Melilla por tercera vez desde que fue elegido líder del PP. La intención era mantener caliente el tema de la inmigración precisamente cuando Génova –que no el PP andaluz– está dirigiendo la negociación con Vox para conseguir la investidura de Juanma Moreno.

En un acto relacionado con la memoria histórica que sí le interesa y hasta le conmueve, Casado acudió al Panteón Militar de Melilla para rendir homenaje a los militares muertos en el Desastre de Annual donde cayeron 10.000 hombres en uno de los episodios más lamentables de negligencia militar de la historia contemporánea de España, como certificó el informe del general Picasso.

"Creo que muchos de los que estamos aquí compartimos muchos de los valores y principios no sólo de la Legión, que el año que viene cumplirá 100 años desde su creación, sino en definitiva de las Fuerzas Armadas", dijo Casado con el convencimiento de que los símbolos de españolidad tan gratos para las autoridades de las dos ciudades africanas de España son igualmente compartidos en el resto del país.

En la visita anterior en julio, el presidente del PP había dado la cifra falsa de un millón de inmigrantes que están en Libia a punto de dar el salto a Europa, es decir, a España. Sembrar la alarma continúa siendo un elemento fundamental de su estrategia.

Casado no ha desperdiciado ninguna oportunidad para hacer ver a los votantes de Vox en Andalucía que las ideas que les llevaron a votar a ese partido de extrema derecha son también las suyas y las del Partido Popular. En varias comunidades autónomas hay dirigentes del PP que empiezan a preguntarse por qué su líder está dignificando con tanta intensidad el mensaje de un partido cuya función es quitarle votos. 

Donde no tiene piedad Pablo Casado es con el Gobierno de Pedro Sánchez. Una oposición dura del primer partido de la oposición a un Gobierno sin mayoría absoluta entra dentro del manual habitual en política. Lo que no es corriente es que se decida negar al partido del Gobierno la mínima legitimidad democrática. Es lo que hizo Casado en diciembre cuando acusó a Sánchez de "gobernar contra la Constitución" por no aplicar el artículo 155 a Catalunya. De Podemos ya ni hablamos. "Lleva años fuera de la Constitución", dijo. A la izquierda de Casado, sólo está el horror. A su derecha, todo es menos peligroso.

Vox, el alumno aplicado

Casado puso el listón constitucional tan alto que inevitablemente tenía que dejar fuera a Vox, un partido que por ejemplo quiere acabar con el Estado autonómico tal y como lo conocemos. "El Estado de la autonomías está acabando con la igualdad, la libertad y la prosperidad de los españoles", llegó a decir Santiago Abascal.

Sin embargo y a pesar de estas declaraciones y de todo lo que prometió la ultraderecha en la campaña andaluza, Vox obtiene como mínimo un aprobado en el examen de la asignatura de Derecho Constitucional impartida por Casado. "Lo que está diciendo Vox en Andalucía está dentro de la Constitución", dijo el martes en una entrevista en Onda Cero. Queda la duda de si se refiere al desmantelamiento del Estado autonómico, la islamofobia, la xenofobia o la negativa a reconocer la lucha contra la violencia contra las mujeres.

Sólo tuvieron que pasar unas horas para que el PP descubriera los riesgos sanitarios de irse a la cama con Vox. El partido de Abascal difundió su documento de exigencias para las negociaciones con el PP en Andalucía. No hay sorpresas para cualquiera que haya seguido su campaña en las elecciones autonómicas. Reclama desmantelar en Andalucía la red de protección social a las mujeres que sufren violencia machista y niega que exista la discriminación de la mujer en España desde hace décadas. Quiere obligar a la Junta a que delate a los inmigrantes sin papeles para que sean deportados por decenas de miles. Pretende acabar con las competencias en sanidad y educación de la Junta, que se enviarían de vuelta a Madrid.

A última hora del martes, el PP se vio obligado a corregir la nota del examen hecho por Casado. "Varios de los puntos son un auténtico despropósito que el PP no puede respaldar", dijeron fuentes del partido, que aparentemente acaban de descubrir la realidad de la extrema derecha en Europa. No han debido de leer las noticias que han aparecido en los medios en los últimos años.

Algunos sí son más conscientes del peligro. Un líder autonómico del PP resumió al periodista Pablo Montesinos la situación presentada por el documento de Vox: "Derogar la ley de apoyo a las personas LGTBi y aprobar una de apoyo a la caza. Ya está todo dicho. Es el peligro de alimentar monstruos". 

Casado ha decidido que Moncloa bien vale una misa de Vox por muchos monstruos que aparezcan en la ceremonia. Por eso, no puede entender el mensaje de los liberales de Emmanuel Macron. "Para mí, no puede haber ningún compromiso con un partido de extrema derecha con valores opuestos a los nuestros", dijo el martes la ministra francesa Nathalie Loiseau. 

Los valores no aportan créditos en las clases de Derecho Constitucional de Pablo Casado.

El documento de 19 propuestas que Vox presentó este martes al PP y que constituyen las condiciones que la formación de extrema derecha plantea para que sus 12 diputados en el Parlamento andaluz apoyen la investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla como nuevo presidente de la Junta de Andalucía, deja al descubierto las contradicciones del partido de Santiago Abascal sobre la política autonómica y el modelo territorial del Estado.

La primera medida que contempla el texto que los representantes de Vox llevaron a la reunión que mantuvieron con los dirigentes populares es una declaración institucional de la presidencia de la Junta "a favor de la apertura de un proceso nacional de devolución al Estado de las competencias de Educación, Sanidad, Justicia y Orden Público" y "que promueva la libertad e igualdad de todos los españoles".

A pesar de esa petición para poner en marcha un proceso de recentralización de las competencias autonómicas, los siguientes puntos del documento de Vox reivindican la autonomía andaluza para legislar y adoptar medidas precisamente en algunas de las materias que el partido de extrema derecha pretende devolver al Estado.

En el plano educativo, la formación que preside Santiago Abascal plantea incluso ampliar el gasto autonómico con la ampliación de la red de guarderías y llega a incorporar todo un epígrafe en el que desgrana cómo deben ser las políticas de la Junta para garantizar la "libertad de educación". "La Junta garantizará el derecho constitucional de los padres a que sus hijos reciban la formación moral de acuerdo a sus propias convicciones", apunta Vox en su documento. "Para ello se implantará 4 de 6 un 'PIN parental' con el objeto de que los padres puedan excluir a sus hijos de enseñanzas, charlas, talleres o actividades con carga ideológica o moral contraria a sus convicciones", añade.

Protección a la segregación por sexos

Tratando siempre de que la administración autonómica siga controlando los contenidos que se impartan en las clases andaluzas, el partido de extrema derecha reivindica, asimismo, una "garantía de que los centros de formación no difundirán ninguna ideología que niegue hechos científicos indubitados, con especial atención a la biología".

Vox quiere también que la nueva Junta defienda "la coexistencia de la educación, pública, privada y de iniciativa social (concertada)", así como proteger a los colegios que segregan por sexos: "Se desistirá del hostigamiento que la Junta ha venido ejerciendo contra los modelos educativos de educación diferenciada, consolidando el derecho de los padres a elegir el modelo educativo. Ampliando la oferta educativa, se estudiará si existe demanda suficiente para la apertura de centros públicos de educación diferenciada", zanjan.

Entre sus propuestas, Vox plantea que Andalucía emplee sus competencias autonómicas para "reducir la disparidad de las condiciones laborales y de enseñanza entre la escuela pública y la de iniciativa social" y para "ampliar el concierto al bachillerato", así como para promover la "libre elección de centro".

El partido de extrema derecha contempla también que la nueva Junta ejerza sus competencias en materia de Sanidad proponiendo un Plan de Extensión de Cuidados Paliativos en la sanidad pública que refuerce las Unidades del Dolor "en toda la red sanitaria" o prestando "especial atención a las mujeres con embarazos no deseados, proporcionándoles información, asistencia y alternativas para que puedan evitar el drama del aborto".

Competencias de Interior

La formación que preside Santiago Abascal llega a plantear incluso iniciativas para las que la Junta no tiene las competencias transferidas, como las relativas a la inmigración o al control policial, que dependen del Ministerio del Interior. Vox propone que la Junta "colabore con la policía en la identificación de inmigrantes ilegales para que puedan ser expulsados" porque, a su juicio, "la Junta de Andalucía encubre la inmigración irregular, pues posee la documentación necesaria para la expulsión de 52.000 inmigrantes ilegales y no la comparte con la Policía".

Otro de los asuntos para los que el Gobierno andaluz no tiene competencias es el referido al "control del fundamentalismo islámico". Vox plantea que la Junta colabore "con todos los medios a su alcance para prevenir la amenaza fundamentalista" exigiendo "a las autoridades islámicas una total cooperación para la identificación y expulsión de elementos radicales, vigilando que sus enseñanzas no animen a la violencia y poniendo especial atención en la protección de la mujer". 

Finalmente Vox llega a plantear que Andalucía pueda legislar para ciudadanos que ni siquiera residan en la comunidad autónoma. En su "plan para evitar la discriminación de los andaluces que viven en otras regiones de España" el partido propone "asistencia legal y económica de la Junta para que los andaluces que residan en otras comunidades no se vean obligados a escolarizar a sus hijos en una lengua regional", así como "asistencia de la Junta para que los andaluces que trabajen en otras comunidades no sufran discriminaciones laborales ni de ningún tipo por razón de su origen y su lengua". 

Las 19 propuestas del documento presentado este martes al PP –que fueron inmediatamente rechazadas por los populares, que las consideraron "inviables"– evidencian la confusión competencial de Vox y la dificultad para articular su propuesta política extremista en las instituciones.

Las locas propuestas de Vox para Andalucía. 8 ene 2019 20:38:52.eldiario.es - eldiario.es.

“Supresión de las subvenciones a las asociaciones y ONGs ideológicas (todas aquellas dedicadas a la promoción de determinada visión ideológica) independientemente de su naturaleza comunista, feminista, progresista, liberal o conservadora”.

Como, por ejemplo, la Fundación para la Defensa de la Unidad de España, que presidía Santiago Abascal durante los años en los que recibió 207.375 euros en subvenciones de la Comunidad de Madrid.

“Estudiar si existen duplicidades (en el gasto autonómico) con el Estado para su ahorro”.

Como, por ejemplo, la Agencia de Protección de Datos de Madrid, un organismo que hacía exactamente lo mismo que la Agencia Española de Protección de Datos y donde Esperanza Aguirre colocó a Santiago Abascal como director para que tuviera un buen sueldo público.

“Supresión de todo Instituto o Agencia que no acredite fuera de toda duda su utilidad pública”.

Como, por ejemplo, la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social, otro chiringuito de la Comunidad de Madrid, sin ninguna actividad conocida, y que no tenía más empleado que su director gerente, Santiago Abascal.

En ese puesto, Abascal cobraba 83.000 euros anuales. Fue solo tras perder esa mamandurria cuando Abascal se cayó del caballo “liberal” y abandonó el PP para irse a iniciar la reconquista con Vox.

“Se defenderá la coexistencia de la educación pública, privada y de iniciativa social (concertada). Se desistirá del hostigamiento que la Junta ha venido ejerciendo contra los modos educativos de educación diferenciada, consolidando el derecho de los padres a elegir el modelo educativo. Libre elección de centro: derogación de la normativa zonal”.

Es la fórmula de Esperanza Aguirre, la madrina de Santiago Abascal durante años. El resultado, un sistema educativo que ha convertido las aulas de Madrid en las más desiguales.

“Reducción drástica (75%) de las subvenciones a partidos políticos, con el horizonte final de lograr su completa eliminación”.

Para que así sean las grandes empresas con sus donativos, y no los ciudadanos con sus votos, quienes decidan qué personas se pueden dedicar a la política.

“Derogación de la "Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía". Esta ley impone, de forma totalitaria, una versión sesgada de la historia andaluza en el periodo 1931-1982. En su defecto, supresión de todos los apartados de la ley que establezcan como indubitadas cuestiones en discusión histórica, afirmaciones puramente ideológicas o que interfieran en la libertad de pensamiento, de expresión, de investigación y de educación”.

Porque la Guerra Civil empezó en el 34, la inició el PSOE con un Golpe de Estado y Pío Moa es el único verdadero historiador, frente a todos los demás sectarios.

“Desgravaciones por gastos educativos”.

Es decir, que los impuestos de todos paguen los colegios privados de unos pocos.

“Terminar con el efecto llamada: suprimir las ayudas a los inmigrantes ilegales”.

Y suprimir también los unicornios. Se ahorra lo mismo porque ambos son mitos: no hay ayudas públicas directas a los inmigrantes sin papeles en Andalucía y el único “efecto llamada”, si es que existe, lo provoca Vox al difundir estos bulos. Pese al rumor, los inmigrantes no reciben en España ninguna paga por el hecho de serlo.

“La Junta promoverá, en el ámbito jurídico y administrativo correspondiente, la ilegalización de organizaciones que, cooperando con las mafias de tráfico de personas, favorezcan la inmigración ilegal”.

Traducido: criminalizar a las ONG que evitan que miles de personas se ahoguen en el Mediterráneo.

“Supresión de subvenciones a asociaciones islámicas”.

Pero mantener el Concordato con el Vaticano.

“Bonificación al 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones”.

Es decir, que esa minoría de herederos de fortunas superiores al millón de euros –esa cifra es hoy el mínimo exento en Andalucía– no pague prácticamente nada en este impuesto que tanto odia, por motivos obvios, la derecha.

“Garantía de que los centros de formación no difundirán ninguna ideología que niegue hechos científicos indubitados, con especial atención a la biología”.

A favor de sacar la religión de las escuelas. Ya está bien de contar a los niños, contra toda evidencia científica, que dios creó el mundo en seis días.

“El Día de Andalucía pasará del 28 de febrero al 2 de enero, en conmemoración de la culminación de la Reconquista”.

Pero los nacionalistas son los otros.

“Derogación de la “Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía”: Esta ley interviene totalitariamente en todos los niveles de la sociedad con el pretexto de promocionar a las mujeres, y partiendo de la premisa errónea de que, si no se alcanza una ratio 50/50 en todos los ámbitos, es porque las mujeres han sido discriminadas. La igualdad de derechos está garantizada en España desde hace décadas”.

Y si no hay discriminación alguna, ¿cuál es entonces la razón de que las mujeres tengan menos presencia en los ámbitos de poder que los hombres? ¿Que son inferiores?

“Derogación de la “Ley 8/2017 para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía. Los derechos de las personas de orientación homosexual están ya reconocidos en las leyes ordinarias y la Constitución. España no es un país “homófobo” que necesite leyes especiales”.

El año pasado, solo en Madrid, hubo 287 incidentes homófobos. Y eso que la inmensa mayoría de las agresiones no se denuncia.

“Ley de protección de la tauromaquia y de la actividad cinegética”.

Porque, según Vox, las mujeres y los homosexuales no están discriminados, ni necesitan “leyes especiales”, pero los cazadores y los taurinos sí..

“Plan para evitar la discriminación de los andaluces que viven en otras regiones de España”.

Porque los andaluces también están discriminados, no como las mujeres y el colectivo LGTBI.

“La Junta garantizará el derecho constitucional de los padres a que sus hijos reciban la formación moral de acuerdo a sus propias convicciones. Para ello se implantará un “PIN parental” con el objeto de que los padres puedan excluir a sus hijos de enseñanzas, charlas, talleres o actividades con carga ideológica o moral contraria a sus convicciones”.

Esta idea está copiada de la alt-right estadounidense y de su vertiente creacionista. ¡Ya está bien de enseñar a los niños darwinismo, es solo “una teoría”!

“Colaborar con la policía en la identificación de inmigrantes ilegales para que puedan ser expulsados. La Junta de Andalucía encubre la inmigración irregular, pues posee la documentación necesaria para la expulsión de 52.000 inmigrantes ilegales y no la comparte con la Policía”.

Traducido: Vox pide que la Junta denuncie ante la Policía a los inmigrantes sin papeles que vayan al médico.

“Declaración institucional de la presidencia de la Junta a favor de la apertura de un proceso nacional de devolución al Estado de las competencias de Educación, Sanidad, Justicia y Orden Público. Y que promueva la libertad e igualdad de todos los españoles”.

Es decir, devolver competencias que Andalucía sí tiene, pero asumir otras que dependen del Gobierno central, como la gestión de la inmigración, el control del fundamentalismo islamista o la deportación de inmigrantes.

Propuesta de reforma estatutaria para suprimir el término “realidad nacional”.

Supongo que Vox no sabe que para reformar el Estatuto hacen falta dos tercios del parlamento andaluz y no alcanza solo con los votos del ‘Three Party’.

“Realización de una auditoría externa de las cuentas de la Junta, encabezada por una persona de reconocido prestigio en la lucha contra la corrupción”.

Propongo a Esperanza Aguirre, que fue ella quien descubrió la Gürtel y Abascal la conoce muy bien.

Vox exige que la Junta de Andalucía denuncie ante la Policía a los inmigrantes que, según los registros autonómicos, se encuentren en situación irregular. Es una de las exigencias incluidas en un nuevo documento con el que Vox pretende condicionar la investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla como nuevo presidente andaluz. En la práctica, esto supondría que la Junta de Andalucía denuncie ante Interior a aquellos inmigrantes sin papeles que vayan al médico o que se empadronen como exigen los ayuntamientos.

Vox ha exigido al PP como condición para su apoyo que la futura Junta de Andalucía comparta "documentación" de migrantes en situación irregular con la Policía con la finalidad de "colaborar en la identificación de inmigrantes ilegales para que puedan ser expulsados". Según la formación de extrema derecha el Gobierno andaluz "posee la documentación necesaria para la expulsión de 52.000 inmigrantes ilegales y no la comparte con la Policía", pero no aclara de dónde sale esa cifra, ni qué tipo de datos son los que pretende que sean compartidos con el Ministerio del Interior.

Aunque las organizaciones especializadas desconocen de dónde sale la cifra citada por Vox y el partido no responde a las preguntas de eldiario.es, hay dos mecanismos principales por los que los datos personales de migrantes en situación irregular quedan registrados en la Administración regional: a través del empadronamiento o cuando requieren atención sanitaria. La sanidad universal en Andalucía garantiza asistencia médica a cualquier persona, indepedientemente de su situación administrativa.

La Junta de Andalucía no tiene competencias para deportar a inmigrantes en situación irregular, algo que depende del Ministerio del Interior, actualmente dirigido por el Gobierno del PSOE.

En el último año, 54.703 personas han llegado de forma irregular a las costas peninsulares y Baleares, según el balance del Ministerio del Interior de 2018., pero el Gobierno central no aporta los datos desglosados por comunidades autónomas. La Policía Nacional es la encargada de realizar la primera identificación de los migrantes recién llegados, pero la mayoría de ellos no pueden ser devueltos de forma rápida (a excepción de los nacionales de Marruecos y Argelia) puesto que el gobierno carece de acuerdos de readmisión con muchos de sus países de origen. 

créditos

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