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Portugal ha rebajado con fuerza en el primer semestre de 2019 la factura de la luz de sus consumidores domésticos. Incluyendo impuestos y demás cargos, se ha situado por primera vez en ocho años por debajo de la media de la UE y es también inferior a la de España, tal y como ha destacado esta semana la Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE). La caída ahonda el diferencial de precios con España, cuyos hogares, según Eurostat, pagan la quinta factura más cara de la UE y precios superiores a la media comunitaria.

Para los domésticos, "los precios en Portugal son inferiores a los precios de España, a los precios medios de los 19 países del área del Euro (EA19) y a los precios de los 28 países de la Unión Europea", destacó el martes ERSE en una nota que analiza los últimos datos publicados por la agencia estadística europea y que dedica especial atención a la comparación con España. Ambos países tienen sus mercados mayoristas de electricidad integrados en el denominado Mibel (mercado ibérico de electricidad).

Hasta junio, el Mibel registró un precio promedio ligeramente más alto (un 0,7% más caro) en Portugal (52,2 euros/MWh) con respecto al de España (51,8 €/MWh). El precio mayorista es el que determina el precio de la energía en el recibo final. En España, la tarifa regulada del precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC), que recomiendan los expertos para los hogares, fluctúa cada hora en función de la cotización del mercado mayorista. En Portugal, la componente de energía se fija una vez al año (en enero).

En el primer semestre, la factura de los hogares lusos registró la segunda mayor caída de la UE, tal y como destacó Eurostat el martes: "Los mayores descensos en los precios de la electricidad para los consumidores domésticos, en moneda nacional, se observaron en Dinamarca (-4,3%) y Portugal (-4,1%), seguidos por Polonia (-3,1%) y Grecia (-1,3%). Por contraste, los mayores incrementos se registraron en Holanda (+20,3%), Chipre (16,4%), Lituania (+14,4%) y Chequia (+12%)", indicó la oficina estadística.

En el caso de España, el descenso interanual ha sido del 0,8%, al situarse el precio medio del kilovatio hora (kWh) en 24,03 céntimos de euro (impuestos incluidos), frente a los 21,54 céntimos de Portugal y los 21,59 céntimos de media de la UE. El precio medio en España ha caído un 2,98% con respecto al cierre de 2018, frente a la caída del 6% registrada para un hogar medio en Portugal, según Eurostat.

Rebaja del IVA

Fuentes del sector recuerdan que Portugal ha logrado reducir en los últimos años los costes fijos del recibo gracias al recorte del denominado déficit de tarifa, que allí ronda ahora los 2.000 millones (llegó a situarse en 5.000 millones), frente a los 18.000 millones de España. El fuerte descenso del primer semestre es previo a la entrada en vigor, el 1 de julio, de la bajada del IVA de la parte fija del recibo de la luz y el gas, que pasó del 23% al 6% para los hogares con menor consumo.

Esa rebaja del IVA energético en Portugal podría ir a más, en la línea que Podemos proponía en su programa electoral (prometía rebajarlo para todos los suministros básicos del actual 21% al 10%). En la negociación parlamentaria de los Presupuestos lusos de 2020, tres partidos de la oposición portuguesa (los comunistas del PCP, la izquierda del Bloco y los conservadores del PSD) podrían sumar fuerzas para obligar al nuevo Gobierno del socialista Antònio Costa (sin mayoría parlamentaria) a bajar el IVA para el conjunto del recibo de la luz y el gas (no solo la parte fija) del 23% al 6%.

Según Eurostat, España se mantiene como quinto país con la luz más cara de la UE (impuestos incluidos) para los domésticos, tras Alemania (el más caro), Bélgica, Dinamarca e Irlanda y por delante de Italia, Chipre y Portugal. Este último país acabó 2018 como el sexto más caro. Ahora ha pasado a la octava posición. Si se tiene en cuenta el poder adquisitivo de cada país, España se mantiene como el tercero más caro, tras Alemania y Rumanía y por delante de Portugal (cuarto).

A finales de 2018, la electricidad de los hogares en España marcó el precio más alto de la serie de Eurostat (24,77 céntimos de euro, un 16,8% por encima de la media europea), aunque los expertos apuntan que este año los precios cerrarán con un significativo descenso, gracias al abaratamiento del gas natural y a la mayor producción eólica.

Líder en subidas

Según un reciente informe de la agencia europea de reguladores energéticos (ACER), los hogares españoles han soportado la mayor subida de la luz en Europa en la última década: de un 66,8% entre 2008 y 2018, frente al 28,2% registrado de media en la UE. Ese 66,8% de España solo es comparable al de países del Este como Estonia (+66,2%) o Letonia (64,9%). Y está muy por encima del alza soportada por los domésticos en Portugal en esos diez años (50,9%).

Las mentiras de Pablo Casado sobre Vox y los pactos de Gobierno. 28 nov 2019 20:19:05.eldiario.es - eldiario.es.

Pablo Casado: "No podemos investir a Pedro Sánchez porque España se quedaría sin alternativa" (...) "No pueden pretender que nosotros nos contaminemos y dejemos a España sin una alternativa constitucionalista".

Le responde el Pablo Casado del pasado. Esto es lo que él mismo decía hace solo tres años, en 2016, cuando pedía al PSOE que "no bloqueara" al PP.

       

Pablo Casado: "Ni siquiera han planteado la posibilidad de que la Presidencia del Congreso recaiga en un partido como el Partido Popular, tal y como recayó en Patxi López, sin ser la fuerza más votada hace dos legislaturas".

Tal y como lo presenta Casado, da a entender que la presidencia de Patxi López en 2016 fue una graciosa concesión del PP, que regaló ese puesto al PSOE de forma generosa en aras a un mejor entendimiento. No fue lo que pasó, ni mucho menos. Simplemente el candidato socialista fue el más votado por aquel Parlamento. 

Meses después, tras la repetición electoral de junio de 2016, Ana Pastor logró la presidencia del Congreso, gracias a la abstención de ERC, Convergencia y Bildu, entre otros. 

Entonces no pasó nada porque los "indepes" y los "proetarras" favorecieran al PP con su abstención. Pero ya conocen los diez mandamientos de los pactos en España: la derecha puede pactar lo que quiera y con quien quiera. La izquierda no. 

Pablo Casado (a Pedro Sánchez): "Tenemos usted y yo una responsabilidad histórica, que es hacer que podamos ganar, un Partido Socialista y un Partido Popular, ensanchando el centro político, sin alianzas fuera de la Constitución, tal y como hicimos con la Transición y la Constitución hace décadas".

Falso. Alianza Popular –el predecesor histórico del PP– llegó al pacto constitucional  a regañadientes y en un papel secundario. Aquella AP no representaba "el centro político", sino más bien una derecha minoritaria, reaccionaria y muy cercana al franquismo. En las elecciones de 1977, los siete magníficos de Manuel Fraga se dieron un enorme castañazo: lograron solo 16 escaños y el 8% de los votos. En la legislatura constituyente AP fue la cuarta fuerza del Parlamento, por detrás de UCD, el PSOE y el Partido Comunista de España. 

Fraga fue uno de los siete ponentes del texto constitucional, pero como única representación de esa derecha minoritaria: hubo otros tres ponentes de UCD, dos del PSOE, uno del PCE y otro más de los nacionalistas catalanes. Y cuando el grupo parlamentario de AP tuvo que votar en el Congreso la Constitución, se partió por la mitad: nueve votaron a favor, dos se abstuvieron y otros cinco de los diputados de Fraga votaron en contra. 

En aquellos años, un joven José María Aznar publicaba artículos en la prensa criticando duramente la Constitución. Esa que en aquel momento rechazaban y que después el PP se ha apropiado.

Pablo Casado: "Lo que están intentando es construir un Gobierno en el cráter de un volcán. No nos puede sorprender. Lo intentaron en abril. Lo intentaron y lo consumaron en 2004 y en 2008."

Falso. En 2004 el PSOE ganó las elecciones y el PP las perdió de forma clara. Lo mismo ocurrió en 2008. Zapatero no obtuvo la mayoría absoluta y aquellas legislaturas obligaron a pactos con otros partidos catalanes y vascos. Exactamente lo mismo que hizo el PP con Jordi Pujol en 1996, en aquellos tiempos en los que José María Aznar hablaba catalán en la intimidad. 

Porque el "volcán" solo ruge cuando es la izquierda quien pacta.

Pablo Casado, sobre investir a Pedro Sánchez: "Yo no puedo obrar un milagro que no consiguieron ni sus compañeros echándolo de la secretaría general".

Olvida que Sánchez no fue expulsado por los militantes, sino que dimitió tras perder el apoyo del comité federal del partido. Y que regresó después a la secretaría general del PSOE con el apoyo mayoritario de las bases. Con un respaldo masivo que Casado nunca ha logrado: él fue derrotado entre los militantes por Soraya Saénz de Santamaría y alcanzó después la presidencia del PP con un pacto entre perdedores.

Pablo Casado: "No es lo mismo ser el partido de los terroristas que ser el partido de las víctimas". 

Es falso que EH Bildu sea "el partido de los terroristas", y no solo porque el terrorismo etarra ya no exista. Es una coalición en la que además de Sortu, la antigua Batasuna, está Eusko Alkartasuna: una escisión del PNV. Está también Alternatiba: una escisión de Ezker Batua, la antigua referencia de Izquierda Unida en el País Vasco. Y también fue fundada por Aralar, un partido que se escindió de Herri Batasuna en el año 2000, precisamente porque Batasuna no condenaba el terrorismo etarra y ellos sí.

Pablo Casado: "No intente poner el foco en el partido de Ortega Lara (Vox) mientras negocian los presupuestos en Navarra con el partido de los carceleros de Ortega Lara. Hasta ahí podríamos llegar".

Porque con EH Bildu solo puede pactar la derecha, y nunca jamás la izquierda. 

El director de la campaña de Casado, Javier Maroto, llegó a acuerdos con la izquierda abertzale en su años como alcalde de Vitoria. Maroto dialogó y pactó con Bildu en varias ocasiones, y también defendió públicamente esas negociaciones: "No me tiemblan las piernas para llegar a acuerdos con nadie" –decía entonces Maroto– "Y creo que eso es bueno. Ojalá sucediese en más foros. Ojalá cundiese el ejemplo".

Javier Maroto, hace relativamente poco, borró al menos un tuit de su hemeroteca, donde defendía esos acuerdos con Bildu. Es este, de cuando era alcalde de Vitoria:

Los pactos entre el PP y EH Bildu ni siquiera son algo de Maroto y del pasado. Siguen en el presente. En el Parlamento Vasco, durante esta legislatura, el PP ha llegado a distintos pactos con EH Bildu, contra la mayoría de Gobierno del PNV y PSE. En febrero del año pasado, un pacto entre PP, EH Bildu y Podemos sirvió para abrir una comisión de investigación sobre el fraude en los comedores escolares. Y en enero de este año, con Casado ya como líder del partido, PP, Bildu y Podemos acordaron juntos una reforma legal contra las grandes superficies.

Pablo Casado: "No vamos a tejer un cordón sanitario frente a partidos constitucionalistas como Vox" 

En octubre de 2018, Casado decía que tenía "la mejor opinión" de Santiago Abascal y que Vox era "la derecha... nueva". 

El 26 de  abril de 2019, Vox era un socio al que Casado pensaba dar ministerios si gobernaba. 

Solo cuatro días después, –el 30 de abril, tras perder las elecciones– Vox se convirtió en un partido "de extrema derecha" y Abascal, en un aprovechado que vivía de "chiringuitos"

Las vueltas que da la vida: hoy Pablo Casado vuelve a definir a Vox de un modo más que amigable: un partido constitucionalista. A pesar de que Vox incumple cada día gran parte de los principales preceptos constitucionales. Como el derecho a la participación política, queriendo ilegalizar a partidos. O el derecho a la información, vetando a medios y periodistas. O el estado autonómico, que quieren abolir de facto. 

Pablo Casado: "El cordón sanitario, frente a aquellos que intentan blanquear el terrorismo".  

El terrorismo de ETA es historia y hace más de diez años que no mata. Las únicas víctimas que hoy siguen muriendo, cada pocos días, son las de la violencia machista. Esas víctimas a las que Casado desprecia al blanquear a un partido que las insulta.

El arte de callar. 28 nov 2019 20:18:59.eldiario.es - eldiario.es.

Es tiempo de silencio. No emiten. "Mucho mejor así. Mi espacio ya está bastante lleno de bocazas", se lamentaba estos días uno de nuestros políticos para justificar su mutismo. La política ha decidido abandonar la palabra por un tiempo. Se ha decretado el sigilo. Calla Sánchez, calla Iglesias, calla Ábalos, calla Lastra, calla Rufián y algo menos, pero también, Carmen Calvo. Hay una conjura por seguir la máxima de Confucio de que "el silencio es un amigo que jamás traiciona”. Será también por aquello de que la mudez buscada es una forma de escuchar, además de un ejercicio de prudencia.

Vivimos pues entre el silencio público de quienes negocian la investidura y un ruido atronador que sale del bloque de la derecha, pero con réplicas en un parte del socialismo que no entiende ni sabe lo que está pasando porque no se ha informado a nadie. La consecuencia: Un riesgo cierto de que se asfixien las verdades o de que el sosiego se interprete como síntoma de un miedo imputable a los que callan cuando en realidad debiera ser imperativo que hablen.

El caso es que Pedro Sánchez tiene prisa y los de ERC necesitan tiempo. Y entre el interés del uno por formar gobierno antes de Navidades y la calculada estrategia de los otros para sortear la presión del independentismo y tener una pista de aterrizaje con la que justificar una abstención a la investidura, se ha impuesto el sigilo como forma de preservar la negociación. Al fin y a la postre, el partido de Junqueras es consciente de que le interesa más un gobierno de izquierdas en La Moncloa que uno de derechas que pudiera arrojar un remota e indeseable tercera repetición electoral.

Pocos saben hasta dónde pueden o quieren llegar los socialistas y los republicanos, si bien algunas señales permiten interpretar ya que ERC rebajará el precio y apoyará a Sánchez a cambio de muy poco: un reconocimiento explícito del conflicto político -algo ya asumido en el socialismo-, algunos gestos que pasan por rebajar lo que considera un lenguaje "represivo" y una mesa de negociación entre gobiernos en la que se pueda hablar de todo. Nada de presos y nada de autodeterminación en esta primera fase. La negociación de verdad empezará una vez pase la investidura de Sánchez.

La especulación se ha impuesto en todo caso dejando el campo abierto al discurso apocalíptico, por lo que es obvio que cualquier tiempo de silencio traerá inexorablemente nuevos impulsos de destrucción. Ya hay mucho de ello. Hasta que llegue el minuto 93 del que habla Iván Redondo y se avengan a contar lo acordado -si es que finalmente lo hacen-, todo será ruido. En la derecha política, ni los muertos se acostumbran a estar muertos ni los vivos quieren olvidar el pasado, pese a que la experiencia demuestre que removerlo es un empeño absurdo. Parece como si el futuro no inquietase a nadie y fuera obligado aplicar las mismas recetas del pasado que ningún resultado dieron para solucionar el problema de Catalunya. Todo gira en torno a un presente inmediato, cortoplacista y partidario.

El próximo martes llegaremos a la constitución de las Cortes Generales sabiendo que lo más probable es que dos semanas después haya un candidato que pida la confianza de la Cámara Baja para formar gobierno, que este será de coalición y que tendrá, a priori, el apoyo de nacionalistas e independentistas. Hasta que ocurra eso, queda mucha escenificación aún por delante. Más reuniones discretas, más llamadas cruzadas, más documentos, más amagos…

La primera cita de este jueves no ha servido más que para constatar que hay voluntad de seguir adelante. No hubiera existido de lo contrario un comunicado consensuado entre las partes con el que se pretende evitar distintos matices y cerrar el paso a cualquier veleidad declarativa que pueda ser aprovechada por los medios o por los adversarios para dinamitar el acuerdo.

El plato parece estar ya casi cocinado. Pero aún es indescifrable, más para los electores que votaron el 10N. Que el acuerdo lo hayan entendido las militancias del PSOE, de UP o de ERC no quiere decir que los españoles tengan elementos para pronunciarse a favor o en contra. De ahí que este arte de callar sea loable como medida de protección, pero no como instrumento pedagógico con el que explicar hasta dónde y cómo Sánchez está dispuesto a llegar a cambio de que ERC le permita seguir en La Moncloa. Que será siempre en el marco de la Constitución no está en duda, pero que hay también un silencio de desprecio que es el que le reprochan en su propio partido por la falta de información proporcionada tanto a los dirigentes territoriales como a su propia Ejecutiva, tampoco. Por lo demás, impera el buen rollo. Tengan paciencia. No se dejen llevar por los profetas de la hecatombe. Habrá investidura. Otra cosa será ya la estabilidad del Gobierno, los próximos Presupuestos Generales del Estado y los acuerdos postelectorales que haya en Catalunya tras su próximas elecciones autonómicas. De momento, pantalla a pantalla y mucho arte de callar.

En ciclismo se denomina 'hacer la goma' al hecho de que un grupo de corredores se acerque y se aleje constantemente del pelotón. Eso mismo es lo que lleva meses haciendo el líder del PP, respecto a Vox. Pablo Casado se acerca o aleja de la formación de extrema derecha, según sean sus intereses electorales.

En octubre de 2018, hace poco más de un año, Casado afirmaba tener una "excelente relación" con el presidente y fundador de la formación de extrema derecha. El líder del PP tardó unos segundos en aquella comparecencia de añadir el adjetivo "nueva" al tipo de derecha que representa Vox, evitando así calificarla de "extrema".

En diciembre de ese mismo año, cuando el PP necesita el apoyo de Vox de cara a las elecciones andaluzas, Casado sigue defendiendo a la formación de extrema derecha y considera "cinismo de la izquierda" hablar de Vox como un partido "peligroso".

Una vez conseguido el apoyo de Vox en Andalucía, Casado intenta repetir la jugada de cara a las elecciones generales de abril de 2019. Ese mes declara en esRadio que, en caso de ganar el PP, Vox y Ciudadanos iban a poder tener "la influencia" que ellos quisieran, incluso para entrar en un hipotético gobierno del PP y con independencia de su número de escaños.

Derrotado en las generales del 28 de abril, dos días después, Casado califica a Vox de "extrema derecha" y critica que su programa se haya "deslizado hacia el populismo de derechas". La relación entre Casado y Abascal ya no parece "excelente", puesto que el líder del PP le acusa de haber estado cobrando de "chiringuitos y mamandurrias" del propio PP, "como él dice".

Las elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo vuelven a acercar a Casado hacia Vox. El PP necesita sus votos para conseguir los gobiernos regional y municipal de Madrid y Casado pone como ejemplo a seguir lo ocurrido en Andalucía (donde el PP gobierna gracias al apoyo de Vox). La formación de extrema derecha, de nuevo, deja de serlo a ojos de Casado: "La definición de cada partido la ha ido haciendo cada uno. Y la definición que yo he hecho de Vox es la que ellos han hecho siempre. Es un partido que se sitúa a la derecha del partido popular, y esa no es una calificación peyorativa".

Una muestra de la 'elasticidad' con la que el PP define Vox (y de las tensiones que eso provoca dentro de Génova) lo encontramos el día 15 de noviembre de 2019, cuando el líder del PP vasco declara sin ambages en la Cadena SER que Vox "no está dentro del bloque constitucionalista".

Este mismo jueves, Pablo Casado vuelve a dar otro bandazo y justifica así el hecho de que el PP no vaya a vetar la presencia de la ultraderecha en la Mesa del Congreso de los Diputados: "No vamos a tejer ningún cordón sanitario frente a partidos constitucionalistas como Vox".

ERC se mantiene en el 'no' a la investidura de Pedro Sánchez tras la primera reunión de los equipos negociadores. PSOE y ERC han coincidido en mantener la interlocución y se volverán a reunir en el Congreso el próximo 3 de diciembre, tras la sesión de constitución de las Cortes. La voluntad de las dos formaciones es mantener después de esa cita una tercera en Barcelona. Las dos partes reconocen la necesidad de mantener el "diálogo" con el objetivo de solventar el "conflicto político" en Catalunya.  

Socialistas y republicanos han informado de su primer encuentro a través de sendos comunicados en los que han trabajado más de una hora desde que ha terminado la cita. Ambos textos reconocen que hay una voluntad de seguir hablando, pero constatan "diferencias" entre las dos partes. 

El PSOE asume, como pretendía ERC, que el problema en Catalunya es un "conflicto político" y también acepta implícitamente una mesa entre gobiernos al "encauzarlo desde el diálogo y el entendimiento institucional", según figura en el comunicado de Ferraz. "Aunque los diagnósticos de las partes no son coincidentes, sí comparten la necesidad de poder retomar la vía del diálogo entre partidos e instituciones, así como implicar en ésta a la sociedad civil. Un diálogo que debe ser abierto y sincero", reza el texto de ERC. 

Los republicanos catalanes, por su parte, aspiran a que esa "mesa de negociación" se base en "cuatro pilares": "Que sea entre gobiernos, sin apriorismos ni temas vetados, con calendario y con garantías de cumplimiento". 

La formación independentista no plantea específicamente la autodeterminación ni la amnistía, dos temas que el PSOE ha dejado claro que rechazará de plano. No obstante, el Gobierno de Sánchez ya permitió que el Govern lo planteara en la primera reunión de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat del año pasado. 

Los equipos conformados por Adriana Lastra, José Luis Ábalos y Salvador Illa por parte del PSOE y de Gabriel Rufián, Marta Vilalta, y el diputado en el Parlament, Josep María Jové, por parte de ERC se han reunido durante cerca de dos horas y cuarto en una sala del Congreso de los Diputados. Esta vez el encuentro no se ha producido en el espacio reservado para el PSOE en el edificio de la Carrera de San Jerónimo, como ha sucedido en otras negociaciones, sino en un espacio neutral. 

Los representantes republicanos han tirado de simbología con tres bolígrafos por la libertad de Carme Forcadell, la expresidenta del Parlament condenada por el Tribunal Supremo, y con agendas tipo 'moleskine' como la que fue hallada por la policía en casa de Jové, uno de los negociadores. Esa libreta, usada por el entonces máximo colaborador de Oriol Junqueras para tomar notas sobre el procés, fue una de las pruebas principales en el inicio de la investigación sobre la causa contra el independentismo. Jové está además imputado en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya por su presunta participación en los preparativos del 1-O.

Negociación en dos fases

A la cita para abordar formalmente la investidura de Pedro Sánchez ambas partes han llegado con buena parte del camino allanado. Los republicanos catalanes han llegado con un planteamiento de mínimos para facilitar la gobernabilidad. Rufián explicó en su última rueda de prensa que necesitaban el compromiso del PSOE de fijar un calendario para la resolución del conflicto catalán, pero no pondrán en esta fase exigencias como la autodeterminación o la amnistía para los líderes independentistas. 

Esa propuesta causó un cierto optimismo en el Gobierno, que ha dado la máxima relevancia a esta reunión entre partidos y que deja para una segunda fase la negociación sobre la resolución del problema territorial. La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, aseguró esta mañana que "hay puntos en común para tener un gobierno progresista". La dirigente socialista reconoció que, tras la investidura, se abordará la siguiente negociación: "Esto es de lo que vamos a hablar y naturalmente encontrar cauces que nos permitan, más adelante, a corto y medio plazo, encontrar una salida viable y necesaria a la situación de Catalunya". 

Comunicado del PSOE tras la... by eldiario.es on Scribd

Mientras el PNV y EH Bildu han aprobado juntos en el Parlamento Vasco el mismo texto a favor del derecho a decidir que sacaron adelante en abril, el grupo de expertos comisionado por la Cámara se ha reunido fuera de ella, en la Universidad del País Vasco (UPV-EHU), para ultimar un "borrador de anteproyecto" de reforma del Estatuto que minimiza la autodeterminación y que cambia un principio de acuerdo de orientación soberanista entre PNV y EH Bildu por otro del PNV con el PSE-EE y Elkarrekin Podemos. Consciente de la paradoja, la portavoz de la coalición abertzale, Maddalen Iriarte, ha dedicado más esfuerzos en el debate a interpelar a su homólogo en el PNV, Joseba Egibar, sobre las renuncias de los nacionalistas para incorporar a socialistas y Elkarrekin Podemos a un pacto que a saborear una nueva victoria parlamentaria, aderezada con la ruptura de la disciplina de voto por parte de la que fuera candidata a lehendakari de Elkarrekin Podemos, Pili Zabala, que también se ha subido al carro contra el criterio de su coalición. Egibar, en un tono que ha sorprendido por su moderación a muchos de los presentes, se ha limitado a reseñar que cualquier acuerdo que sea más amplio es mejor y que el derecho a decidir, siendo para ellos irrenunciable, requiere ser "pactado" con el Estado y no "unilateral" para su ejercicio. 

Iriarte ha llegado a acusar a los expertos y a los partidos que los han propuesto de "maniobrar entre bambalinas" para reconducir las "bases" soberanistas que pactaron PNV y EH Bildu y de plegarse a los "vetos" de formaciones contrarias a la autodeterminación como el PSE-EE. "¿A costa de qué?", ha repetido varias veces Iriarte mirando a Egibar a pesar de que llegaban al debate con un texto conjunto con una redacción muy clara. Los socialistas, en sentido contrario, también han buscado que afloraran las diferencias entre un Egibar habitualmente más beligerante y un lehendakari, Iñigo Urkullu, que desde el principio quiso integrar a los no nacionalistas.

Pero Egibar se ha ceñido al guion. Ha reivindicado el derecho a decidir y la nación vasca como fundamentos propios del PNV, pero ha asegurado que el pueblo vasco forma parte de un Estado y que ese ejercicio sólo puede ser "pactado" y no "unilateral", algo que por otra parte remarca siempre Urkullu, que ha observado atentamente la intervención. Ha indicado también que la aceptación en su momento del Estatuto de Gernika -ha confesado que por su edad él pudo votarlo- no supuso renuncia alguna a principios políticos. "Cuanto más amplio sea el acuerdo de esta Cámara, mejor", se ha limitado a reseñar Egibar, que ha asumido que había depositada mucha "expecatación" en su parlamento.

La repetición de este debate sobre la autodeterminación lo ha propiciado una iniciativa del PSE-EE con motivo del cuadragésimo aniversario del Estatuto de 1979, una efeméride que ya pasó -25 de octubre- pero que ha decidido rescatar en un momento álgido del debate sobre el autogobierno vasco en puertas de que el lunes se conozcan las conclusiones de los expertos sobre la hipotética reforma. José Antonio Pastor, portavoz socialista, ha manifestado que "el Estatuto de Gernika ha sido y es el mejor pacto entre vascos y el mejor pacto que nunca se haya hecho con el resto de España" y ha planteado que sólo si se amplía el consenso que suscitó -merecerá la pena una reforma. Sin entrar en honduras, ha indicado que el PSE-EE no tiene inconveniente en calificar de "nación" al País Vasco pero ha apostillado que eso no le aporta derechos no reconocidos constitucionalmente, por lo que los socialistas han votado 'no' al texto de PNV y EH Bildu.

Desde la bancada del PP, Borja Sémper ha insistido en que debates como éste conducen a Euskadi a una situación como la catalana y ha lamentado que Pedro Sánchez diga "amén Jesús" a partidos que apuesta por la ruptura con tal de alcanzar La Moncloa. Este comentario ha motivado un cruce de acusaciones en los escaños de socialistas y 'populares', sentados juntos en el centro del hemiciclo y que han acabado votando lo mismo. Desde el atril y mirando a Egibar, Sémper se ha referido al pin con un lazo amarillo que suele llevar siempre en la solapa de la chaqueta y ha advertido al PNV de que abandone la vía soberanista: "Nadie está por encima de la ley, tampoco un independentista". 

Entretanto, Elkarrekin Podemos ha lamentado que Euskadi siga encallada en los mismos debates y sin ser capaz de "pasar de pantalla", perdiendo el tren de actualizar un Estatuto "viejo" con 'debes' como la ausencia de referencias a la igualdad de mujeres y hombres. Lander Martínez ha recordado que la coalición propuso dos mesas diferenciadas para que el derecho a decidir no bloquease la reforma estatutaria y ha adelantado que presentará iniciativas para que el texto presentado por los expertos no encalle por las diferencias sobre autodeterminación.  Lo que ha no logrado Martínez es convencer a todos los suyos, ya que la presidenta del grupo parlamentario, Pili Zabala, ha roto la disciplina de voto para sumarse al texto de PNV y EH Bildu. 

Zabala, quien a preguntas de este periódico ha rehusado dar explicaciones y que se ha marchado sola del Parlamento, había solicitado desmarcarse. El partido minimiza este gesto inédito al entender que no ha alterado el sentido de la votación. Sin embargo, muestra a las claras el distanciamiento existente entre la que fuera candidata a lehendakari en 2016 y gran fichaje de la coalición de Podemos, IU y Equo con el resto de sus compañeros. La parlamentaria tiene un rol muy secundario en el día a día, habitualmente no comparte algunas actividades del grupo y ya anunció hace meses que dejaría la política, aunque fue una decisión en diferido. Incluso ha sido tentada para abandonar el grupo de Elkarrekin Podemos y pasarse al grupo mixto por miembros de otros partidos, lo que alteraría el equilibrio que da un escaño más a la oposición frente al Gobierno de PNV y PSE-EE.

Pablo Iglesias ha salido al paso de las críticas que está recibiendo su formación por haberse abstenido en el convalidación del decreto-ley que permite al Gobierno intervenir Internet sin orden judicial previa por motivos de orden público. En declaraciones ante la prensa, el líder de Unidas Podemos ha asegurado que el movimiento desde el 'no' a la abstención de su grupo ha llegado a cambio del compromiso del PSOE de impulsar un Proyecto de Ley en la legislatura entrante que incluya garantías adicionales a las presentes en el texto decreto-ley. La reforma había sido presentada en campaña como una medida "contra la república digital catalana", aunque tras elecciones el PSOE no ha vuelto a expresarlo de tal manera ni en el decreto original se hablaba específicamente de infraestructuras en Catalunya.

Entre las nuevas garantías acordadas, Iglesias ha citado el "control judicial de cualquier acto administrativo que pueda afectar a los derechos y libertades fundamentales". "Había dos opciones: que saliera sin más o lograr algunas concesiones. Cumplimos con nuestro deber. Nos movimos a la abstención. Fuimos pragmáticos", ha afirmado.  

En un comunicado publicado en las redes sociales, el secretario de Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique, ha añadido algunos detalles sobre las concesiones que su grupo ha conseguido a cambio de la abstención en la votación, como un "control jurisdiccional inmediato" ante una decisión del Gobierno de intervenir Internet. "La orden de cese de una presunta actividad infractora del ordenamiento deberá ser motivada si se adopta sin audiencia previa y será recurrible inmediatamente ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo", reza el comunicado.

Además, el comunicado añade que en "los supuestos excepcionales" en los que el Gobierno asuma "la gestión directa o intervención de redes y servicios de comunicación electrónicos", esta acción "en ningún caso podrá suponer una restricción de los derechos fundamentales".

Intervenir Internet por motivos de orden público 

El decreto-ley que permite al Gobierno intervenir la infraestructura física que soporta Internet sin orden judicial previa fue convalidado este miércoles con los votos a favor del PSOE, PP y Ciudadanos. Fue ratificado el viernes 1 de noviembre en Consejo de Ministros con el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya en funciones y aunque la justificación inicial de la medida que ofreció el presidente se basó en "poner punto y final" a la "república digital catalana". No obstante, en su redacción final no aparece referencia alguna a Catalunya o al conflicto independentista.

En cambio, el texto modifica varias leyes para ampliar los supuestos que permiten al Ejecutivo tomar el control de la red de telecomunicaciones digitales sin la intervención previa de un juez, que ahora incluyen la "preservación o restablecimiento del orden público".

Numerosos juristas y expertos han mostrado su preocupación por esta modificación. "Lo más preocupante del real-decreto es su vaguedad, lo que abre la puerta a potenciales abusos y al uso enteramente arbitrario del concepto de orden público", expone Joan Barata, jurista experto en libertad de expresión y profesor del centro Internet y Sociedad, de la Universidad de Standford. 

Varias organizaciones, entre las que se encuentran la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, la Asociación de Internautas o la Asociación de Usuarios de Internet, a las que este jueves se ha unido Facua, han anunciado que presentarán un recurso ante el Defensor del Pueblo con objetivo de que el Tribunal Constitucional declare nulo el decreto-ley. 

Manuel García Bofill, presidente del Consejo General de Ciudadanos, se convertirá a partir de este sábado en el hombre más poderoso de la formación política hasta que el partido celebre las primarias y la V Asamblea General extraordinaria, un proceso previsto para los primeros días de marzo de 2020 y que culminará con la elección de la nueva dirección nacional.

El máximo órgano entre Congresos aprobará en su próxima reunión el reglamento por el que se regirá la gestora, que estará presidida por el propio Bofill e integrada por un mínimo de diez miembros y un máximo de quince, propuestos por él. Solo habrá una lista que será cerrada y bloqueada.

El reglamento, al que ha tenido acceso eldiario.es, establece que esa lista "se considerará aprobada si concita el voto favorable de la mayoría absoluta del conjunto de los miembros [160] del Consejo General". "En caso contrario, el presidente volvería a presentar una nueva lista hasta alcanzar el quórum de aprobación exigido".

Bofill será el que a partir de ahora convoque y presida las reuniones de la gestora, y el que ordenará y dirigirá los debates. En caso de que haya empate en los asuntos que sean sometidos a votación,  el presidente "tendrá voto de calidad o dirimente".

El reglamento establece que "el presidente podrá cesar a cualquier miembro de la gestora por falta de confianza", y a todo aquel que, "con su comportamiento, obstruya el normal funcionamiento del órgano, incumpla de manera grave sus obligaciones o deje de atender de manera reiterada las tareas que se le asignen". Estos ceses, no obstante, "deberán ser ratificados por el Consejo General convocado al efecto". 

La gestora asume a partir del sábado "todas las competencias de dirección y administración que cualquier norma atribuya al Comité Ejecutivo y al Comité Permanente, inclusive, al presidente y a las secretarías, para su ejercicio durante el periodo de transición", al menos hasta que haya líder y nueva Ejecutiva. 

El reglamento señala que las competencias de la gestora "se limitarán a los asuntos de dirección y administración ordinarias" pero añade: "Salvo que razones de urgencia aconsejen, de manera debidamente justificadas, resolver sobre cualquier otro asunto que demande una decisión o acción inmediatas del partido". 

Bofill también se reserva la potestad de "nombrar delegados para el desempeño de las funciones de la gestora en los ámbitos territoriales y funcionales en que así lo aconseje la mejor eficacia de sus competencias", así como la designación de otras gestoras "en cualquier ámbito organizativo cuando concurran razones de extraordinaria urgencia y gravedad".

Entre sus competencias también estará "el nombramiento de asesores, encargar estudios y crear comisiones y órganos ad hoc para llevar a cabo las tareas que considere convenientes y designar a sus responsables y miembros".

"El orden del día contendrá, salvo en las reuniones extraordinarias, un apartado dedicado a los ruegos y preguntas en el que los vocales podrán plantear las cuestiones que considere de interés que puedan ser atendidas por la gestora en ejercicio de sus competencias", señala el reglamento, pero añade que "en ningún caso se someterá a votación ninguna propuesta suscitada por los ruegos o las preguntas planteadas". 

El presidente de la gestora "podrá invitar a asistir, con voz, pero sin voto, a aquellos dirigentes del partido o, de manera extraordinaria, a cualquier otra persona, que, en atención al asunto objeto de deliberación, puedan aportar información relevante o de interés para la correcta formación de la voluntad del órgano".

El reglamento despeja una de las dudas que había, como es el de la participación de cualquier miembro de la gestora en alguna lista que concurra a la elección del Comité Ejecutivo.  Según se explica, ambas cosas serán compatibles, y "no será impedimento para que -el o la aspirante- pueda continuar ejerciendo sus funciones y cumpliendo sus obligaciones como vocal de la Gestora". 

Las sesiones se celebrarán, con carácter ordinario, cada semana, en la sede central del partido, como ha ocurrido hasta ahora con las Ejecutivas.

24 horas de espera. El tribunal que dictó la sentencia de los ERE el pasado 19 de noviembre ha citado a cuatro de los condenados (los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera y de los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez) para que acudan de nuevo a la Audiencia de Sevilla y notificarles el auto donde se les comunica que pueden seguir en libertad o deben entrar en prisión como ha pedido esta lunes la Fiscalía Anticorrupción en base a un posible riesgo de fuga, único argumento jurídico que en este momento procesal puede alegar.

El tribunal ha citado a los condenados a las 13.30 horas de este viernes para comunicarles la decisión. La argumentación expuesta por los fiscales ha incidido en que, además de la propia sentencia, existen causas pendientes de los condenados, que están siendo investigados en otras piezas de la macrocausa de los ERE o incluso ya con juicio fijado, caso de la pieza de Acyco, cuya celebración está prevista para septiembre de 2020, si bien han sido excluidos de otras piezas en virtud del principio 'non bis in idem' que dice que no puede juzgarse a dos personas por los mismos hechos.

Ese será el principal argumento del abogado de Antonio Fernández, que ha solicitado tiempo para poder rebatir a los fiscales. El tribunal he dado hasta las 11.00 horas de este viernes, es decir, apenas dos horas y media antes de notificarles la decisión de forma conjunta a los cuatro condenados.

Cabe recordar que Fernández y Guerrero fueron condenados por los ERE a penas de siete años y 11 meses de prisión (ambos fueron los únicos que estuvieron en prisión preventiva durante la instrucción del caso: el primero desde abril a agosto de 2012 y el segundo de marzo a octubre de 2012 y de marzo a junio de 2013 y Fernández). Viera y Márquez, por su parte, han sido condenados a penas de cárcel de siete años y un día. Sobre dos de ellos (Guerrero y Márquez) hay dictada una sentencia con penas de cinco años de cárcel por el 'caso Umax', dictada este pasado mes de mayo.

Alguna defensa ha explicado que la acumulación de condenas no debe ser tenido en cuenta para dictaminar una medida de calado como es la privación de libertad. Las defensas han alegado en líneas generales que las circunstancias personales y económicas de los exaltos cargos, algunos de los cuales está percibiendo subsidios de 40 euros, según alguna defensa, hacen "imposible" que puedan fugarse para evitar la acción de la justicia.

La Fiscalía, según fuentes del caso, no ha aclarado durante la vistilla por qué ha delimitado su petición de entrada en prisión a estos cuatro condenados, excluyendo de ese petición, por ejemplo, a José Antonio Griñán y Carmen Martínez Aguayo, condenados cada uno a 6 años y 2 días de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 15 años y dos días por prevaricación y malversación. La petición de la Fiscalía de ingreso en prisión tampoco afectaría al resto de exaltos cargos con penas de cárcel: el exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa Francisco Vallejo, el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez, el exdirector general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano y el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá.

Los periodistas le han preguntado hasta en tres ocasiones y, en todas ellas, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha evitado responder claramente si su formación política cederá votos a Vox para que tenga puestos en la Mesa del Congreso en la sesión constitutiva del próximo martes. No obstante, ha dado a entender que los populares no tienen ningún problema en que la extrema derecha entre en el máximo órgano de gobierno de la Cámara Baja. 

La extrema derecha necesita alcanzar los 71 votos para lograr puestos en la Mesa y tiene solo 52 escaños. El PP no especifica si se abre a negociar con Vox para prestarle los 19 escaños que le faltan para pugnar por uno de esos puestos o se limitarían a votar a sus candidatos.

"No vamos a tejer ningún cordón sanitario frente a partidos constitucionalistas como Vox", ha recalcado una y otra vez Casado en una rueda de prensa en el Congreso después de recoger su acta de diputado. El líder del PP está sumamente enfadado con la prensa porque se le pregunte a él sobre Vox y no se sitúe el foco en Pedro Sánchez. "El cordón sanitario es el que nos están realizando todos los días. Tendrían que preguntar en el PSOE qué opinan de que negocien los Presupuestos con Bildu en Navarra o que hoy estén reunidos con partidos condenados por sedición y malversación".

Para Casado "el PSOE ha elegido" gobernar con la izquierda porque "ni siquiera han planteado que la Presidencia del Congreso la asuma el PP". "Es el PSOE el que ha quemado las naves. Están intentando construir un Gobierno en el cráter de un volcán" ha dicho. A renglón seguido, el líder popular ha criticado que "en 20 días Sánchez no haya comparecido ni un día", a pesar de que sí dio una rueda de prensa hace dos semanas, unos días después de las elecciones del 10N. 

Casado ha insistido en que el PP no va a ser "cómplice de un Gobierno abocado al fracaso". "Estamos dispuestos a dar estabilidad de legislatura, pero eso no es ser cómplices de la investidura". La fórmula preferida para el líder de los populares es que Sánchez llegue a la investidura como en 2016, "con los apoyos de Unidas Podemos y Ciudadanos", y que después "sea el PP con el que puede pactar la política presupuestaria o la internacional. Aquí tiene un partido responsable", ha zanjado. 

El Centro de Investigaciones Sociológicas acaba de publicar los datos de su barómetro de noviembre. Se trata de una encuesta desfasada en su inicio, con un trabajo de campo que acabó el día antes de las elecciones del 10 de noviembre. Según estos datos solo el 3,3% de los consultados cambiaron su voto influidos por la situación de Catalunya. 

El CIS realizó preguntas específicas sobre los efectos del conflicto catalán para conocer sus influencia el voto. Un 54,6% asegura que Catalunya no tuvo ningún efecto en su decisión. Otro 43,9% dice que sí y, de ellos, la mayoría (60,1%) precisa que esa preocupación les reforzó en votar a quien habían decidido previamente.  

Solo un 3,3% del total de encuestados declara que la situación catalana les provocó un cambio en la papeleta elegida para el día de las elecciones. Un 7,4% dice que no tenía previsto votar y finalmente lo haría y otro 2,5% se posiciona en el sentido contrario: Catalunya les empujó a la abstención. 

El conflicto catalán fue el tema principal de una campaña en la que Pedro Sánchez apostó por un mensaje de dureza en el que confió un ascenso para el PSOE que acabaría por no producirse. Durante esos días la dirección del CIS diseñaba la encuesta que ahora se publica y en la que se pregunta directamente por la relación del conflicto catalán y el voto.  

El Tribunal Constitucional ha decidido desestimar los recursos de amparo presentados por Oriol Junqueras contra su prisión provisional y la negativa de los tribunales a dejarle asistir a la sesión de investidura en la que se preveía votar a Carles Puigdemont como presidente. El alto tribunal ha adoptado su decisión dividido con una sentencia contra la que se han emitido tres votos particulares.

La sentencia, cuyo contenido íntegro se publicará en los próximos días, concluye que el encarcelamiento preventivo del líder de ERC no vulneró sus derechos constitucionales a la participación política. La decisión, que responde a dos recursos presentados por Junqueras, no se ha adoptado por consenso y está pendiente de ser completada con los votos particulares que han anunciado los magistrados progresistas José Antonio Xiol, Asunción Balaguer y Fernando Valdés.  

El Constitucional llegaba a este debate tras casi un año aplazando su decisión. En enero los magistrados constataron la existencia de posturas encontradas en torno a las reclamaciones efectuadas por el líder independentista. En aquel momento, tal y como avanzó eldiario.es, el presidente del tribunal decidió meter el asunto en el cajón con la excusa de que una sentencia sobre la materia podría interferir en el desarrollo del juicio del procés cuyo inicio estaba previsto para un mes después.

El debate debía aclarar si los diputados, por su condición de representantes públicos, tienen derechos por encima del común de la población reclusa en situación de preventiva que garanticen el derecho que recoge la Constitución de participar en asuntos públicos. En su momento el Supremo decidió autorizar que Junqueras podía seguir participando en política pero a través de un voto delegado y sin desplazarse al Parlament.

La defensa del líder independentista quiere llevar su reclamación hasta el final y, tras la sentencia dictada por el Constitucional, avanzaron que pondrán el caso en manos del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. En ese recurso, los abogados de Junqueras intentarán hacer valer los tres votos particulares que se han emitido contra el criterio general de los nueve magistrados que por mayoría han adoptado la decisión. 

 

Cita importante este jueves: el PSOE se reúne con ERC. Con este encuentro, los socialistas buscan desatascar la investidura, que precisa de los republicanos catalanes para poder sacar adelante el primer Gobierno de coalición. La reunión será por la tarde, pero ya conocemos que ambos partidos han ido acercando posturas en los últimos días.

Silencio y discreción. Esa es la consigna. PSOE y ERC se sientan este jueves en el Congreso de los Diputados a hablar de la investidura, pero antes ha habido un trabajo invisible entre negociadores para allanar el camino y, sobre todo, pulir discrepancias. Ni un tuit, ni una declaración, ni una filtración al respecto. Si algo no quieren es que la negociación se retransmita en directo, como ocurrió en julio con las negociaciones entre Podemos y el PSOE previas a la investidura fallida de Pedro Sánchez.

Ahora todo es tan distinto que durante las conversaciones previas a la cita de este jueves se ha llegado incluso a plantear que la próxima reunión tenga lugar en Barcelona sin que haya habido objeción por ninguna de las dos partes. Eso solo ocurrirá si, como parece, encarrilan definitivamente el diálogo. Nadie prevé en todo caso que el acuerdo sea inminente. Pero se mantendrá la cautela respecto a posibles avances. De hecho, es probable que tras este primer encuentro no se informe en rueda de prensa del resultado sino que haya un mensaje pactado emitido desde cada una de las partes mediante un comunicado.

El artículo del vicepresidente del Govern, Pere Aragonés, el pasado domingo en La Vanguardia para poner negro sobre blanco las cuatro patas sobre las que debía sustentarse un posible acuerdo hizo saltar las alarmas entre los socialistas. A partir de ahí, la comunicación y el intercambio de posiciones se ha mantenido e incluso intensificado en las últimas horas para no cruzar un solo reproche cuando llegue el momento de sentarse este jueves en la mesa. El primer encuentro de los equipos negociadores se ha preparado a conciencia en Moncloa con una 'cumbre' presidida por Sánchez y a la que asistió la vicepresidenta, Carmen Calvo, y los dirigentes que se sentarán con ERC: Adriana Lastra, José Luis Ábalos y Salvador Illa (PSC).

ERC acude a la reunión con una propuesta de mínimos que permitirá avanzar y consensuar los términos de un posible acuerdo. De hecho, en esta primera fase no está en su ánimo –pese al discurso que necesariamente tendrán que hilvanar en público para sus intereses partidistas– establecer líneas rojas como el derecho de autodeterminación o la amnistía para los presos del procés que pudieran dinamitar cualquier avance. Su objetivo es que se produzca un reconocimiento explícito de la existencia de un "conflicto político" en un documento pactado, que desaparezca del discurso político el empeño en que el único problema es una "crisis de convivencia" entre catalanes y que se acuerde un calendario donde se concrete el contenido y los plazos de una siguiente mesa de negociación ya entre gobiernos.

A la primera reacción de pesimismo total ante las "inasumibles" condiciones de ERC que invadió las filas socialistas, le siguió un cierto alivio tras las explicaciones de los republicanos, que llevaron al Gobierno a enfatizar la importancia de que primero se reúnan los partidos y luego haya una "segunda fase" a detallar tras la investidura. Ese mayor optimismo aumentó, además, tras la última rueda de prensa de Gabriel Rufián en el Congreso en la que planteó que facilitará la investidura si tiene un compromiso del PSOE para la negociación posterior entre Gobierno y Generalitat. Los socialistas circunscriben ese diálogo a la comisión bilateral recogida ya en el actual Estatut. Algunas de las condiciones de ERC ya han empezado a ser asumidas en el discurso político que entonan desde La Moncloa.

Tanto es así que en su primera y única aparición pública ante la prensa desde las elecciones, Sánchez se refirió ya al conflicto en Catalunya como una "crisis política", y no de convivencia como hizo durante toda la campaña electoral. Fueron palabras que llegaron justo después de la primera reunión entre Adriana Lastra y Gabriel Rufián, y en la que el portavoz de ERC defendió que su partido se mantenía en el 'no' ante la ausencia de señales que hicieran pensar que el PSOE fuera a abandonar la "vía represiva".

La tensión de hecho se reprodujo este miércoles en el Congreso durante la convalidación del decreto ley que Sánchez aprobó en plena campaña para "poner punto y final" a la "república digital catalana". El llamado "155 digital" salió adelante con el voto del PSOE, PP y Ciudadanos, pero el Gobierno se ha comprometido a acometer los cambios que le solicitaba Unidas Podemos a cambio de su abstención. En esas modificaciones futuras, ERC espera que los socialistas deroguen buena parte de ese decreto sobre el que la vicepresidenta, Carmen Calvo, ha dicho que no tiene que ver con la "república digital catalana". Señal evidente de que lo vivido en los últimos días ha tenido más de escenificación que de desacuerdo profundo entre socialistas y republicanos con el objetivo de meter presión al PSOE que, por otra parte, no ha tenido reparo en llamar a la puerta de Ciudadanos mientras exploraba la abstención de ERC.

El propio Sánchez pidió la semana pasada a algunos barones socialistas que remaran en esa dirección para reclamar el apoyo del partido que en breve dirigirá Inés Arrimadas, ante la posibilidad de que pudiera descarrilar el diálogo con ERC.

Los independentistas, que no han aceptado mediaciones ni interferencias de terceros en esta primera fase exploratoria, parecen dispuestos a soportar la presión de sus socios en el Govern y pasar del "no" a la abstención en la investidura siempre que la pista de aterrizaje que les proporcione el PSOE les permita vender algún éxito entre los suyos con la vista puesta en las próximas elecciones catalanas.

En España hay 134 multinacionales con más de 750 millones de cifra neta de negocio consolidada a nivel mundial anual cada una, según datos de 2016. Entre ellas, con seguridad, están las 35 empresas del Ibex (Telefónica, Banco Santander, Iberdrola, Inditex, Amadeus...) y otras que no cotizan en bolsa, como El Corte Inglés y Mercadona, y cuentan con filiales en el exterior. Probablemente habrá otras mucho menos conocidas, algunas sin apenas empleados y con actividades poco relacionadas con la economía real.

Por primera vez, la Agencia Tributaria ha publicado datos de la declaración 'País por País' (CBC, country by country por sus siglas en ingles) de todas las grandes empresas españolas con sedes en el exterior, dando información global sobre cuántos beneficios obtienen y qué impuesto de Sociedades pagan por ellos. Pero Hacienda mantiene un total anonimato sobre el nombre de estas empresas con matriz española, en qué categoría se engloba cada actividad, y en qué países tienen sus filiales.

Las diferencias entre lo que pagan estas grandes empresas son amplias: hay 27 multinacionales que abonan un 0,3% de sus beneficios en impuestos, y del otro lado otras 37 que aportan un 31,6%, una tasa que está muy por encima de los tipos nominales de la mayoría de los países europeos (en España es de un 25%, un 30% para banca y petroleras).

Como media, estas 134 multinacionales españolas ingresaron en 2016 en las arcas de las distintas haciendas en todo el mundo 11.594 millones de euros por el Impuesto sobre Sociedades, un 12,6% de su beneficio global, que alcanzó los 91.849 millones. 

Para el técnico de Hacienda Ricardo Rodríguez, a la vista de estos datos es significativo "lo poco que pagan unas empresas y lo mucho que pagan otras". "La diferencia del tipo efectivo y nominal es abismal. Y quienes acumulan mayor volumen de beneficio son precisamente los que están contribuyendo menos. Me parece un escándalo", afirma.

Como se puede observar en el siguiente gráfico, los máximos beneficios por empresa se concentran en aquellas con una menor tributación.

Susana Ruíz, responsable de Justicia Fiscal en Oxfam Internacional, hace hincapié no obstante en que la diferencia entre devengado y pagado es complicada. "En el futuro habría que mirar el pagado sobre varios años para tener una imagen del ciclo económico de la empresa más ajustado a cambios puntuales que pueden suceder en un año".

Nada se sabe de quiénes son las empresas que más pagan y las que menos. Fuentes de la Agencia Tributaria explican que han difundido la información que han entendido que pueden compartir en el marco de los acuerdos de utilización de la información  establecidos por la OCDE, dado que el CBC se ha creado para los fines propios de las administraciones tributarias.

Efectivamente, los datos que se han publicado este martes responden al mandato del organismo con sede en París, que garantizó a las empresas que no verían su nombre en ningún sitio.

"Esto viene motivado por años de escándalos sobre paraísos fiscales y por la información de que las grandes multinacionales, sobre todo tecnológicas, pagan un 1% o menos de impuestos a nivel mundial", explica el inspector de Hacienda José María Peláez. La OCDE estableció una serie de exigencias llamadas acuerdos BEPS para evitar la erosión de bases imponibles, que según Susana Ruíz no han conseguido de momento poner un freno a las prácticas de elusión fiscal. 

Una de estas medidas es obligar a las multinacionales a dar información país por país de sus beneficios y pagos de impuestos a nivel mundial. En el caso de España se aprobó el "modelo 231". La primera declaración se efectuó con datos de 2016 y el publicado esta semana es el primer informe de la Agencia Tributaria sobre ella. 

Cómo pagar un 0,3% con un beneficio de 900 millones 

Sobre la manera en la que se puede pagar menos de un 1% de impuestos ganando más de 750 millones al año (más de 900 de media en el caso de las 27 multinacionales que pagan un 0,3%), los analistas consultados coinciden en señalar dos motivos, entre otros posibles, y sin disponer de la información concreta y necesaria para el análisis de estos casos: los paraísos fiscales (entre los que incluyen países de "fiscalidad controvertida" pero que no están en la lista de la UE, tales como los estados miembros Irlanda y Luxemburgo) y la planificación fiscal agresiva.

Las empresas del Ibex 35 tienen 858 filiales en paraísos fiscales, según la definición amplia de Intermón Oxfam. Esta cifra se ha triplicado desde 2009. El número uno es Delaware, seguido por los Países Bajos, Irlanda y Luxemburgo. "Desde ahí se mandan los beneficios las Islas Bermudas (doble irlandés), con una tributación del 0 o el 1%, o a las Antillas Holandesas (sándwich holandés)", explica Peláez.

A juicio de Ricardo Rodríguez, probablemente las empresas que tributan por encima del 30% son las que generen más empleo, valor añadido e inversión en i+d, y tendrán filiales en países con altas tributaciones como Alemania y Francia. Del otro lado, las de las empresas que menos contribuyen probablemente se sitúen en paraísos fiscales, con baja o nula tributación, y pocos derechos sociales y laborales.

En cuanto a las técnicas de planificación fiscal agresiva, hay instrumentos bordeando la ilegalidad pero que contemplan las propias directivas europeas. Por ejemplo, que una filial en un país donde da beneficios pida un préstamo a otra del mismo grupo en otro territorio y por lo tanto "vacíe" tales beneficios, explica el inspector.

Rodríguez recuerda que las multinacionales siempre son grupos en consolidación fiscal que tienen bastantes ventajas, porque aprovechan las deducciones de la totalidad del grupo. "Lo que pierden por un lado lo ganan por otro", relata. Además "son un pozo de posibles precios de transferencia y operaciones intragrupo donde la Agencia Tributaria tiene complicadísimo intervenir para demostrar que las operaciones se hacen o no a valor de mercado". 

"Se habla mucho de las deducciones, pero la gran ventaja fiscal está en la formación de la base imponible, todos los ajustes contables y extracontables que se hacen desde el resultado contable a la base sobre la que efectivamente se van a pagar impuestos", añade.

"Están siempre en el límite del precipicio entre lo legal e ilegal, cuentan con un asesoramiento especializado muy bueno, y en función de donde operan y con qué productos, se hace un traje a medida para pagar los menos impuestos posibles", abunda Peláez.

Probablemente gracias a estas técnicas, las 27 empresas multinacionales que menos Sociedades pagaron en 2016 obtuvieron 25.325 millones de beneficio y tan solo abonaron 65 millones entre todas ellas, como se puede ver en el siguiente cuadro:

La polémica con la CEOE y la tributación mínima 

Para la responsable de Fiscalidad de Oxfam Internacional, el problema es que el diseño del sistema internacional se creó hace unos 100 años, y a pesar de las últimas oleadas de reformas, apenas ha cambiado en sus principios: se mantiene la idea de tributación en base a beneficios separados en cada país (en lugar de considerar los beneficios globales de la empresa); el principio de plena competencia (como si las transacciones intragrupo fueran iguales que con empresas terceras); la necesidad de contar con una presencia física o establecimiento permanente en el país (cuando la economía digital te permite operar a gran escala desde fuera). La economía está además ahora mucho más basada en los intangibles (cuando el sistema internacional estaba pensado para las transacciones físicas de bienes).

Por ello, confía en que el proceso que está ahora en marcha en la OCDE, la nueva ronda del paquete BEPS para ajustar el sistema fiscal a los retos de una economía mucho más digitalizada plantee soluciones clave, tales como repensar donde tienen que tributar las grandes empresas en base a su actividad global y redistribuyendo las bases fiscales en base a una fórmula que tenga en cuenta criterios objetivos; establecer un tipo mínimo en la tributación de las grandes empresas para cerrar los agujeros de fugas artificiales de beneficios hacia paraísos fiscales y poner coto a la competencia desleal entre países.

Dicho establecimiento de un tipo mínimo en el impuesto, en este caso del 15%, constaba en el proyecto presupuestario que no logró salir adelante pactado por PSOE y Unidas Podemos y ha vuelto a aparecer en los programas electorales. Estos últimos ampliarían el mínimo hasta el 20% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos. El cálculo del Gobierno sobre lo que se ingresaría con la reforma es de 1.700 millones anuales. En todo caso, el tipo mínimo solo afectaría a la base imponible española, no al negocio de otros países. La OCDE está trabajando para que se apruebe una base imponible mínima a nivel internacional, y si se establece en España sería un acicate para este debate. 

Fue sonado el choque entre el ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro y la patronal CEOE a cuenta del tipo real que las empresas pagan en Sociedades. Hacienda decía que las grandes empresas pagaron en 2015 un 7,3% de su resultado contable en Sociedades, y la CEOE replicaba que no se tenía en cuenta la tributación en otros países. La publicación de esta estadística, computados los beneficios a nivel mundial y los impuestos pagados (un tipo medio del 12,6%) viene a terminar parcialmente con esa polémica.

Fuentes de la patronal matizan a eldiario.es que sin la metodología del informe de la Agencia Tributaria no se puede hacer una valoración completa del mismo. Dicho esto, señalan que en tanto que arroja un tipo efectivo sobre el beneficio del 15,5% (insisten en el criterio de tomar el devengado, no el pagado, que es del 12,6%) se pondría de manifiesto que el anterior cálculo de la AEAT, que era inferior era erróneo.

Junts per Catalunya no está invitada a la reunión que este jueves mantendrán los equipos de ERC y el PSOE, pero eso no significa que los de Laura Borràs piensen renunciar a influir sobre el encuentro. La formación ha aumentado las exigencias y consideran que el president de la Generalitat debería participar en la futura negociación entre gobiernos que reclaman sus socios para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. En las últimas horas tanto JxCat como el propio Govern han subido el listón de las condiciones, redoblando la presión sobre ERC, que trata de incluir a sus socios en el acuerdo con el PSOE.

Las peticiones de los republicanos quedaron fijadas al inicio de la semana, primero con un artículo de su líder, Pere Aragonès, y después con una consulta a las bases que avalaron masivamente la posición de la dirección. ERC reclama que el PSOE se comprometa a establecer, tras la investidura, una mesa de negociación entre los gobiernos catalán y español, en la que se pueda hablar de cualquier asunto –incluida la amnistía y la autodeterminación– y con un calendario prefijado.

Centrados en estas reivindicaciones, los republicanos han querido mostrar flexibilidad en el resto de cuestiones. Los de Aragonès, por ejemplo, no creen que sea necesario exigir que en esa eventual mesa participen los presidentes de los respectivos gobiernos, ni tampoco creen que ahora haya que pedir un "relator", controvertida figura arbitral que, hace un año, hizo estallar la vía iniciada en Pedralbes. Los republicanos sí consideran que sería positivo que Sánchez reconociera a Torra como interlocutor, pero admiten que esto puede dejarse para después de la investidura.

Pero en JxCat las cosas se ven de forma muy diferente. Para empezar, Borràs reclamó el pasado lunes que el PSOE se abriera a la interlocución no solo con Torra, sino también con Carles Puigdemont como líder de su formación. Además volvió a meter en el debate la figura del relator, que en su opinión debe ser un mediador internacional. Posteriormente el Govern se reafirmó en una opinión similar por boca de la consellera portavoz, Meritxell Budó, que indicó que la figura del mediador debe estar sobre la mesa si han negociación con el Gobierno. Finalmente, este miércoles ha sido el propio Torra quien se ha reivindicado como interlocutor y ha apuntado que como president debería estar en una mesa entre gobiernos, a la vez que ha pedido que Pedro Sánchez también asista.

"Queremos soluciones y un diálogo, pero un diálogo serio y con contenido" ha asegurado Torra ante el Parlament. En su opinión, lo debe aceptar el PSOE es "un diálogo de gobierno a gobierno en el que los presidente de los gobiernos se reúnan". En los pasillos de la Cámara, Borràs ha subrayado que no hay negociación bilateral entre gobiernos que pueda hacerse sin el concurso de su formación y del president de la Generalitat.

Los requisitos agravados que impone la formación posconvergente no tienen una especial trascendencia para la formación de una mayoría parlamentaria en el Congreso. Tras el pacto con Unidas Podemos y contando con el apoyo del PNV y otras formaciones autonómicas, Sánchez solo necesita una abstención de ERC para revalidar la presidencia. Sin embargo, los republicanos aspiran a votar lo mismo que sus socios para evitar que estos capitalicen ante el electorado independentista un posible bloqueo a la investidura.

Los republicanos, por esa razón, se han movido en las últimas semanas para tratar de consensuar una postura común, no solo con JxCat sino también con los anticapitalistas de la CUP y con los independentistas vascos y gallegos de Bildu y BNG. Por lo que respecta a sus socios en el Govern, ERC se comprometió a informarlos del contenido de los contactos que mantuvieran con el PSOE. Pero en esta recta final hacia el inicio de las negociaciones, ha quedado patente que las las dos principales formaciones del independentismo catalán ven de forma muy diferente la investidura y su rol a jugar en ella.

En la dirección de ERC mantienen su apuesta por tratar de arrastrar a JxCat hacia la abstención, algo que creen poder conseguir si el PSOE acepta una mesa de gobiernos. No obstante, en el partido ya piensan en la posibilidad de ser los únicos independentistas que se muevan del 'no', con el posible desgaste electoral que eso supondría. En el otro lado de la balanza, sostener un gobierno de Sánchez y Unidas Podemos pondría al alcance de su mano otra cuestión importante para ellos: la mayoría en la cámara catalana para aprobar los presupuestos autonómicos, para los que necesitan el voto de los Comuns.

La dirección del Partido Popular no va a cambiar su relación con Vox a pesar de la negación de la violencia machista por parte del partido de Santiago Abascal y tiene previsto mantener todos los acuerdos que han permitido el apoyo de la formación de extrema derecha a los gobiernos de coalición de PP y Ciudadanos en Andalucía, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de la capital o la Región de Murcia. Este mismo miércoles, los de Pablo Casado cerraban filas en Madrid con la extrema derecha votando en contra de la reprobación del portavoz municipal, Javier Ortega Smith, por boicotear el acto institucional del pasado 25N para condenar la violencia de género. 

Fuentes de la dirección popular han confirmado a eldiario.es que el líder del PP no se plantea romper esos pactos tras los vetos planteados por Vox a las declaraciones institucionales contra la violencia de género que el resto de los partidos, incluido el PP, han querido aprobar en ayuntamientos, parlamentos autonómicos y hasta el Congreso de los Diputados esta semana con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer del 25 de noviembre. 

Existe, no obstante, un creciente malestar entre cargos y dirigentes populares por la actitud negacionista de Vox ante la violencia machista. Miembros de la dirección de Casado y líderes territoriales confiesan a este diario que en el partido "ha sentado mal" que la extrema derecha que les apoya en distintos gobiernos boicoteara las condenas a la violencia de género del 25N planteadas en las instituciones. 

"Desde luego que sienta mal que Vox tenga este posicionamiento", reconoce un cargo con responsabilidad en Génova 13, que en cambio no cuestiona que se mantengan los acuerdos con los de Abascal en Andalucía, Madrid y Murcia.

La pelea por el mismo electorado

Otro dirigente aboga por dejar claras las posiciones de cada partido por escrito en el caso de que se tengan que lograr nuevos pactos con la extrema derecha. "La única forma de confirmar los acuerdos es dejando fuera de los textos esta negativa de Vox a condenar la violencia machista o fijando nuestra sensibilidad con la lucha contra la violencia de género en la hoja de ruta de los acuerdos de gobernabilidad", apunta.

Los cargos consultados celebran, en todo caso, que esta discrepancia les permita "distinguirse" del partido de Abascal. Consideran que les facilita dejar claro su compromiso frente a la violencia contra las mujeres en plena batalla con Vox por el electorado más conservador y apenas dos semanas después de que la extrema derecha lograra convertirse en tercera fuerza del país en las elecciones del 10N con 52 escaños, frenando el crecimiento que registraron los populares en las urnas –pasaron de los 66 escaños del 28A a los 89 actuales– e impidiendo así la llegada de Casado a la Moncloa. 

La postura oficial de Génova 13 la sintetizaba este miércoles el secretario general del PP, Teodoro García Egea, en una entrevista en La Sexta en la que volvía a remarcar que el partido no participará en un cordón sanitario para que la extrema derecha entre en la Mesa del Congreso. El 'número dos' de Casado evitaba criticar directamente a Vox, pero sí le emplazaba a llevar a los distintos parlamentos sus propuestas en materia de violencia de género en vez de "llamar la atención" planteando vetos a las declaraciones institucionales que se impulsan desde las instituciones. 

La última afrenta entre Vox y el resto de los partidos políticos españoles se producía este mismo miércoles, cuando la extrema derecha impedía también que el Congreso hiciera una declaración unitaria al negarse a firmar un texto impulsado por el PSOE sobre esta materia que sí contó con el apoyo de todas las demás formaciones representadas en la Cámara Baja. 

El partido de extrema derecha era también protagonista en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Aquí la reprobación del portavoz municipal de Vox por su "falta de respecto a las víctimas de la violencia de género" tras reventar un acto del 25N dividía al Gobierno municipal formado por PP y Ciudadanos.

Mientras los de Casado optaban por mantenerse del lado de Vox y condenaban que la moción acataba la "libertad de expresión" de Ortega-Smith, Ciudadanos se desmarcaba de la ultraderecha y votaba junto a Más Madrid y PSOE. "Hay una cosa que no está reñida con la ideología y es el respeto y la humanidad. No se puede presentar delante de mujeres víctimas a hacer esa arenga", argumentaba la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, para explicar su postura. 

La brecha entre los socios de Gobierno y, a la vez, entre las tres derechas en Madrid llega en un momento comprometido. PP y Ciudadanos dependen de los cuatro concejales de Vox para sacar adelante los presupuestos de 2020. El acuerdo debe estar firmado en el mes de diciembre pues las cuentas se elevarán al Pleno antes de que acabe el año. 

"Hacer política" con la violencia

En alusión a Vox, García Egea aseguraba que "hay partidos que intentan hacer política con estas cuestiones". "Creo que si alguien quiere mejorar una ley lo que tiene que hacer es registrar su propuesta de mejora en el Congreso de los Diputados", señalaba, sin plantear en ningún momento la opción de romper con el partido de Abascal en las instituciones en las que el apoyo de Vox resulta imprescindible para que el PP siga en los correspondientes gobiernos autonómicos o municipales. 

A juicio del secretario general de los populares hay "un consenso y una línea de actuación" en torno al pacto de la violencia de género y "nadie está en contra de que se mejoren las leyes". "Pero para hacer eso, hay que sentarse en una mesa, redactar una propuesta y registrarla en el Congreso. Y todo lo demás, son ganas de llamar la atención", advertía.

Sectores críticos que han resurgido en Ciudadanos tras la debacle electoral del 10N están caldeando el ambiente de cara a la reunión del Consejo General extraordinario -máximo órgano del partido entre asambleas- que tendrá lugar este sábado en Madrid. Estos grupos organizados en plataformas dentro de las agrupaciones quieren que la nueva etapa, que muy probablemente encabezará Inés Arrimadas, demuestre que la dirección tiene voluntad de "cambio" y se escuche la voz de los afiliados, cuyo papel prácticamente se limita ahora a votar en las primarias.

Estos sectores críticos se oponen a que la gestora esté formada por los antiguos integrantes del Comité Permanente que se reunía este miércoles de nuevo para preparar el cónclave. "Los mismos que han llevado al borde del abismo al partido no pueden gestionar su futuro ni ser parte de la solución", esgrimen militantes de estos sectores consultados por eldiario.es.

La composición de la gestora será decidida por los 160 miembros de este Consejo General en cuyo seno no suele haber el más mínimo debate y donde casi todo se aprueba por "unanimidad". La misión de la gestora será preparar las primarias y la V Asamblea General de marzo por lo que su papel es clave en la transición al post-riverismo.

Los estatutos de la formación establecen que en una situación como la que vive ahora el partido es necesario constituir una dirección provisional o gestora, que estará formada por entre diez y quince miembros y que dirigirá el presidente del propio Consejo General, Manuel García Bofill. La figura de Bofill es ya de por sí controvertida porque se le achaca haber sido uno de los principales artífices de la coalición con Libertas, integrada por algunos grupos de ultraderecha y euroescépticos, para concurrir en 2009 en las elecciones europeas de aquel año. La operación fue un fracaso y abrió una importante crisis en el partido de Rivera, quien luego reconoció que fue "grave error".

No quieren que Zafra esté en la gestora

El que sí estará en la nueva gestora es José Manuel Villegas, tal y como adelantó Inés Arrimadas. Y posiblemente también César Zafra, vicepresidente del Consejo General y coordinador del partido en Madrid, contra el que clama buena parte de la militancia madrileña desde la dimisión de Fran Hervías como secretario de Organización.

La renuncia de quien fue el número 3 del partido llegó después de la salida de varios miembros de la Ejecutiva, como Juan Carlos Girauta, José Manuel Villegas y Fernando de Paramo, que han sido recibidas con respeto por muchos afiliados que en los chats internos expresan ya sin tapujos sus opiniones. Es en estos canales donde se está dando un cierto debate. De hecho, por esos chats se sabe que la salida más celebrada ha sido la de Hervías y que ahora se reclama "la disolución de todas las agrupaciones, comités provinciales y autonómicos" de Ciudadanos como correponsables de la debacle.

Uno de los dirigentes de la máxima confianza del antiguo líder que aún resiste es Carlos Cuadrado, secretario de Finanzas. Pero también el exsecretario general del grupo parlamentario, Miguel Gutiérrez, que tras la marcha de Villegas, Girauta y De Páramo subió un tuit ensalzando el trabajo que ha realizado junto a ellos y su legado, un gesto que al menos hasta ahora no ha tenido con Hervías.

Durante la reunión de este sábado se someterá a votación una única lista de candidatos a integrar la gestora, que para que sea aprobada necesitará contar con al menos dos tercios de los votos de los miembros del Consejo General. En el caso de que no logre esos apoyos se presentará otra lista, y así sucesivamente hasta que a alguna le den su visto bueno.

No obstante, las posibilidades de que la lista 'oficial' sea derrotada son pocas dado que la mayoría de ese órgano está formado por cargos y dirigentes del 'aparato'. Su composición actual se decidió en la IV Asamblea General celebrada en febrero de 2017 por lo que los consejeros son o eran afines a Rivera y a su equipo. De las 160 personas que forman este órgano, 125 son representantes elegidos por los afiliados. A esa cifra hay que sumar a los miembros del Comité Ejecutivo -que se disolvió tras el 10N quedando solo en funciones el Comité Permanente presidido por Villegas-, y a los portavoces de los Comités Autonómicos y del Comité Internacional.

Los críticos, organizados en plataformas, exigen cambios

Tras la hecatombe electoral, hay consejeros que comprenden que es necesaria la renovación y se han comprometido a trasladar las propuestas de los críticos. En Madrid, la plataforma 'Compromiso Ciudadano' ha redactado un decálogo de propuestas para que algunos miembros del Consejo las trasmitan en su nombre.

De momento piden un cambio en el artículo 19.6 de los estatutos para las Asambleas Generales puedan ser convocadas cuando se estime oportuno. Hasta ahora no puede realizarse ni cuatro meses antes de la celebración de elecciones -ya sean generales, municipales o autonómicas-, ni cuatro meses después, lo que limita mucho su convocatoria. "Esto puede ser perjudicial para los intereses del partido", argumentan portavoces de este grupo, ya que podría ocurrir que se convoquen comicios en Catalunya y no se pueda renovar a la cúpula del partido hasta cuatro meses después "en un momento tan importante como este".

De cara a la Asamblea General proponen también que los compromisarios que salgan electos "deben votar por los intereses de la mayoría de afiliados" y "su voto no debe ser influenciado ni dirigido por ningún órgano del partido".

Además, piden que las votaciones para las elecciones de esos compromisarios, en caso de que las haya y así lo establezca el nuevo reglamento, "deben ser, libres, secretas y no telemáticas". Además, se oponen a que se vote "a mano alzada", exigen que el voto "debe ser libre y secreto".

Los sectores críticos reclaman la modificación del artículo 41, para que los candidatos a la alcaldía y todos los cabezas de lista de las circunscripciones electorales generales, autonómicas y europeas, "sean elegidos mediante primarias independientemente del número de afiliados del censo".

Junto a esto exigen que "se respete el reglamento de cargos institucionales donde cualquier familiar con lazos de consanguineidad no puede ser contratado sin el visto bueno de todo el Comité Ejecutivo".

Los sectores más revueltos del partido rechazan volver a caer en "los hiperliderazgos" porque creen que puede ser "más de lo mismo". "Esta vez los afiliados y militantes no queremos empezar la casa por el tejado, no es momento de desanimarse, es el momento de hacer bien las cosas, ir con tranquilidad y empezar por los cimientos", afirman en su manifiesto.

Una vez se conforme la gestora, el siguiente paso es la convocatoria de primarias para la presidencia del partido. Los miembros de este órgano de dirección provisional podrán formar parte de la nueva Ejecutiva siempre que dimitan 15 días antes de la celebración de la Asamblea General, según explican fuentes del partido.

Los afiliados votarán a los candidatos unos días antes de la V Asamblea General de Ciudadanos prevista para la primera quincena de marzo de 2020. El cónclave congregará a cientos de delegados de toda España, que serán los que refrendarán con su voto la composición de la nueva Comisión Ejecutiva Nacional y determinarán si quieren cambios o no en el modelo y el proyecto de partido.

Finalmente, algunos de estos afiliados alineados con los críticos añaden otra petición: que se activen mecanismos para que la militancia pueda opinar y votar asuntos trascendentales para el partido, como el voto del grupo parlamentario en la próxima investidura de Pedro Sánchez. Una consulta interna similar a la que ponen en práctica en el PSOE, Unidas Podemos y ERC, aunque en algunas formaciones no sea vinculante.

Un avión de fabricación española -el A400M- tiene un importante papel en dos de las campañas militares más controvertidas de Turquía:  la invasión de las regiones kurdas en el noreste de Siria y la ocupación ilegal del norte de Chipre.

Según una investigación de este periódico en colaboración con Lighthouse Reports, la aeronave se utiliza para desplegar tropas de élite en estos territorios. Ambas campañas militares han sido condenadas por todas las principales organizaciones internacionales, incluidas las Naciones Unidas y la Unión Europea. 

Las exportaciones a Turquía de estos aviones podrían ser ilegales según la normativa europea de exportación de armamento. La legislación establece que se debe denegar la licencia de exportación en el caso de que exista el riesgo de que pueda ser utilizado contra otro Estado miembro, como es el caso de Chipre.

El Gobierno de Ankara firmó un contrato en 2003 para adquirir 10 aviones A400M, fabricados en la planta de Airbus en Sevilla. El primero fue entregado en abril de 2014. En una entrevista en una revista turca de defensa, un vicepresidente de Airbus aseguraba que las entregas -que deben aprobarse anualmente por el Gobierno- durarían hasta 2022. También precisaba que los últimos tres aviones que se entregarían a Turquía contarían con “capacidades tácticas”. La primera invasión turca en en el norte de Siria se registró en enero de 2018. 

Traslados de tropas al Kurdistán sirio

Los datos de registros de vuelos muestran cómo a partir del 7 de octubre (dos días antes de que empezara la invasión) los A400M comienzan a volar hacia aeropuertos cercanos a la frontera siria. Se observan dos vuelos entrando y saliendo de Hatay, en el sur del país, el mismo día 7 y el 15 de octubre. Los días 91516 de octubre se registran vuelos hacia la base aérea de Incirlik, también cerca de la frontera.

Durante los mismos días también hay evidencias en redes sociales de que los soldados se desplazan hacia esos aeropuertos. Diversas fotografías geolocalizadas en el aeropuerto de Hatay, donde se ven de fondo los mismos aviones registrados en los datos de vuelos, demuestran el envío de tropas hacia esa zona. 

Las imágenes y las fechas coinciden con otras fotografías tomadas en ese lugar durante esos días. Incluso la hora aproximada de la imagen, obtenida analizando las sombras de los militares fotografiados, coincide con las horas en que fueron tomadas las demás fotografías. 

Desde esos aeropuertos, soldados de las fuerzas especiales turcas -llamadas Özel Kuvvetler- fueron desplazados al frente en vehículos militares y autobuses civiles de color blanco. En otras ofensivas turcas, como la que se llevó a cabo en Afrin (Siria) en 2018, el ejército usó el mismo método para desplazar a sus tropas.

Esta investigación también ha podido geolocalizar estos autobuses en varios puntos del mapa gracias a las noticias publicadas en medios turcos y a las imágenes colgadas en la red. Todos los vehículos se dirigían hacia el paso fronterizo de Al-Rai, controlado por los turcos. 

Desde que el 9 de octubre empezara la invasión turca del territorio kurdo en el noreste de Siria, al menos 176.000 personas han sido desplazadas según la ONU y han muerto casi medio millar de personas. Según Amnistía Internacional, el ejército turco y sus aliados llevaron a cabo crímenes de guerra desde prácticamente el principio de la invasión.

Diversos países europeos anunciaron entonces un embargo a la venta de armas al ejército turco. España también se sumó pero sin que esto afectara a los contratos ya existentes. 

Chipre, un conflicto olvidado

A pesar de las continuas agresiones de Turquía a Chipre, otro estado miembro de la UE, España ha seguido vendiendo armamento al Gobierno de Erdogan que después se utiliza para apoyar la invasión turca en el norte de este país, según ha podido documentar esta investigación. 

Turquía invadió en 1974 el norte de Chipre y desde entonces el país está partido en dos. La república turca del norte de Chipre no está reconocida internacionalmente y, en 2014, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó al gobierno de Ankara a pagar 90 millones de euros a Chipre por las violaciones de derechos humanos en su invasión. A día de hoy, se calcula que el conflicto ha generado más de 228.000 desplazados.

Tanto los datos de registros de vuelos como fotografías obtenidas en redes sociales muestran un tráfico continuo de estos aviones hacia el aeropuerto de Ercan, en el norte de Chipre, para trasladar tropas. 

Debido a problemas en la base de datos de ADS-B, que monitoriza todos los vuelos militares, sólo hay disponibles en ese registro los datos de vuelos de los últimos tres meses. Con todo, se observan viajes de este avión de fabricación española los días 8, 9, 16 y 17 de julio así como el 9 de septiembre y el 4 de octubre. Otras bases de datos también muestran vuelos el 25 de marzo de 2019 y el 28 de noviembre de 2018.

Los aviones localizados tienen los números de registro 4B820B, 4B820E, 4B820C, 4B820F, 4B8210, 4B8212, 4B9211, 4B213 Y 4B8214. En la misma investigación también se han geolocalizado fotografías y vídeos de estos aviones en el mismo aeropuerto del norte de Chipre, concretamente el pasado 17 de julio.

La tensión territorial ha aumentado durante los últimos meses por la voluntad de Turquía de hacer perforaciones en el sur de Chipre en busca de gas, a pesar de que algunas empresas energéticas europeas ya tienen licencia para ello.

El Consejo de la Unión Europea instó el pasado julio al Gobierno turco a respetar la soberanía de Chipre y a paralizar los intentos de perforación. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, respondió que, si fuese necesario, su gobierno "no dudará en dar un paso como el que dio hace 45 años".

Según los datos de exportaciones de armamento, España ha sido el principal exportador de aviones militares a Turquía. El Gobierno de Ankara se ha convertido además en el principal cliente armamentístico de España, recibiendo el 26% de las autorizaciones de exportaciones de armamento -que superan los 3.000 millones de euros- entre 2004 y 2017, según datos de la Secretaría de Comercio. 

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, al que está adscrito el órgano interministerial que autoriza las exportaciones de armas, no ha querido hacer ningún comentario para este reportaje.

La Fiscalía de Madrid ha archivado las diligencias abiertas contra el policía nacional Alejandro León, quien se hace llamar 'Jandro Lion', por un presunto delito de odio en relación con un vídeo en el que el agente aparece con una navaja y, entre risas, afirma "que se preparen los Mena" o "la cantidad de gente que voy a asesinar con esto". 

La Fiscalía Especial contra los Delitos de Odio valora que las imágenes no fueron subidas a Internet por el policía e interpreta que éste se disculpó en plena polémica, informan a eldiario.es fuentes del Ministerio Público. El policía nacional tiene un canal de Youtube con más de 18.000 suscriptores donde colgó otro vídeo en el que pide perdón "por las molestias causadas", se presenta como una víctima del "discurso del odio" contra él y las Fuerzas de Seguridad del Estado y asegura que no va por ahí "matando menas", aunque no esté "muy a favor" de este colectivo compuesto por migrantes menores de edad no acompañados, según apostilla. 

La Fiscalía madrileña abrió diligencias a raíz de un escrito presentado por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía tras la difusión del vídeo de la navaja, precisan las fuentes consultadas. En las imágenes, unos compañeros de Alejandro León en Jusapol -el sindicato mayoritario de la Policía- le regalan el cuchillo con una inscripción que reconoce su trabajo como "youtuber jusapolero". Es cuando el policía agradece el presente y realiza los comentarios citados para jolgorio de los congregados. 

La popularidad del policía en Internet está vinculada a su implicación en la plataforma Jusapol, primero, y en el sindicato que derivó de la misma, Jupol, que tienen como principal reivindicación la equiparación del sueldo de policías y guardias civiles con los agentes de los cuerpos autonómicos. Esta histórica reivindicación en el seno de la Policía fue adoptada con fuerza por Jusapol desde su creación y creció al calor del proceso soberanista en Catalunya y al rechazo que provoca en estos funcionarios públicos con rango de agentes de la autoridad. 

"Mena: población extranjera bien remunerada"

Además del vídeo de supuesta disculpa, 'Jandro Lion' subió otro a su canal en el que se disfraza de navaja y dice que le enseñó todo a "Puñalín", otro cuchillo, que es "un ídolo de masas entre la población extranjera bien remunerada, oséase, los Mena". Alejandro León está destinado en labores de seguridad ciudadana en Móstoles, una localidad del sur de Madrid con 200.000 habitantes.

León fue suspendido durante 15 días en el pasado por otro de sus vídeos en el que se mofaba del ministro del Interior de la época, Juan Ignacio Zoido. El expediente abierto derivó en una falta grave. El propio León anunció que Jusapol le pagó la nómina que dejó de percibir por la sanción disciplinaria y que restituirá el dinero cuando, según él, gane el recurso contencioso-administrativo que presentó contra la misma. 

Los expedientes disciplinarios en la Policía se paralizan en el momento en el que alguna instancia judicial abre una investigación. Por eso, en el caso del vídeo de la navaja, Régimen Disciplinario ha retomado la tramitación del expediente y a su término propondrá su archivo o realizará una propuesta de sanción. 

Además, Régimen Disciplinario abrió el pasado 7 de noviembre un tercer expediente contra 'Jandro Lion', según han desvelado a eldiario.es fuentes policiales. En esta ocasión, el policía volcó en su canal un mensaje de audio del líder de Vox, Santiago Abascal, en el que éste mostraba su apoyo a los agentes que combatían los disturbios posteriores a la sentencia del procés. 

En el vídeo, publicado en plena campaña electoral, el agente realiza un montaje entre el logo de Vox y el emblema del Cuerpo Nacional de Policía, además de sostener el sobre que la formación de extrema derecha envió a los domicilios en campaña electoral y asegurar que él tenía "claro" a quién iba a votar. Youtube retiró temporalmente el vídeo y 'Jandro Lion' publicó otro denunciando el hecho y asegurando que era fruto de la "dictadura socialista". 

Jusapol, la asociación en cuyas reivindicaciones se apoya 'Jandro Lion' para sus publicaciones en Internet, desprecia la subida de 400 euros mensuales de media del acuerdo alcanzado entre sindicatos y Administración en la última legislatura del PP y que supone a día de hoy el 10% del presupuesto total del Ministerio del Interior. El resto de sindicatos denuncia campañas de insultos y difamaciones en redes sociales y en los tablones de las propias comisarías por los miembros de Jusapol, cuya derivada en la Policía, Jupol, ha arrasado en las últimas elecciones sindicales. 

Los responsables de Jusapol reivindican su independencia de partidos políticos si bien Ciudadanos y Vox han estado a la cabecera de todas sus manifestaciones, en las que se han mezclado las diatribas contra los independentistas con la reivindicación salarial. La dirección de Jusapol asegura que son los únicos partidos que les han prometido la equiparación efectiva con Mossos y Ertzaintza.

Este apoyo inequívoco a Vox le ha valido a Alejandro León problemas en la asociación. El pasado 13 de noviembre, el policía subió un vídeo en el que defendía que no tenía ningún cargo en Jusapol puede difundir su "ideología política" con libertad frente al supuesto carácter "apolítico" de Jusapol y que en su "canal de Youtube" hace lo que le da "la puñetera gana", como decir que la Ley de Violencia de Género que él tiene que aplicar en el desarrollo de sus funciones es "una puñetera mierda".

Una semana después, Alejandro León anunció, entre sollozos y con música de piano de fondo, que deja de ser representante de Jupol en su comisaría y su "retirada absoluta de la lucha por la equiparación salarial". Habían pasado siete días desde que se le abrió el tercer expediente. 

créditos

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