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created: 22 mar 2015 21:42:28 UTC ~ updated: 24 jun 2019 17:28:03 UTC ~ rssv2 ~ TTL 10 min. ~ es

Ante la consolidación de ERC y el PSC como los dos grandes partidos de la izquierda en Catalunya, los 'comuns' han optado por sacar el máximo provecho de su posición de bisagra. Mientras todos los focos se centran en Barcelona, donde la alcaldesa en funciones Ada Colau busca apoyos para una investidura alternativa a la del independentista Ernest Maragall, Catalunya en Comú hace equilibrios en el resto de ciudades para poder entrar en el máximo número de gobiernos posibles sin decantarse por un socio único.

En estos momentos, cuando quedan apenas cuatro días para que se constituyan los ayuntamientos y hayan de elegirse a los alcaldes de las ciudades, los 'comuns' mantienen abiertas conversaciones con el PSC, con ERC o con otras candidaturas de izquierdas, dependiendo del municipio del que se trate. En algunos de ellos los pactos de Gobierno ya se dan por hechos, y son de diferente signo. En Tarragona, la asamblea de los 'comuns' optó este lunes por darle la alcaldía a ERC, que había quedado segunda. En Mataró, en cambio, ultiman un acuerdo con el PSC para completar la mayoría absoluta que le falta al alcalde socialista para revalidar su mandato.

En ambas ciudades, el objetivo es acabar obteniendo carteras del ejecutivo municipal. Como también lo es en Lleida, junto a ERC, y en Badalona, con cualquiera que garantice poder dejar a Xavier García Albiol fuera de la alcaldía. Más complicada es la situación en Sabadell, donde la formación avalada por el partido de Colau no ha entrado pero sí lo ha hecho una concejala de Podem, que ha pactado con el PSC. Pese a los estrechos vínculos con Podemos, en las cuentas de los 'comuns' Sabadell no aparece como terreno propio. Ellos asumen que se han quedado fuera de Terrassa y Sabadell, dos de las plazas a las que en otro tiempo apuntaron como estratégicas.

Pero, mientras los focos se centraban en la capital catalana, los 'comuns' han ido avanzado alianzas para exprimir al máximo su representación. En estos momentos, la lista de ayuntamientos en los que el partido tiene esperanzas, más o menos fundadas, de poder gobernar son cuatro de entre los diez más grandes: Badalona, Lleida, Tarragona y Mataró. Y a estos aún podría sumarse Barcelona si Colau consigue atar finalmente los votos del candidato del PSC, Jaume Collboni. De llevárselos todos obtendrían una cuota de poder poco habitual para un partido que ha obtenido entre uno y tres concejales en la mayoría de ciudades.

"La prioridad son acuerdos programáticos para conformar gobiernos progresistas y de renovación. Y eso implica cosas diferentes en función del lugar", explican fuentes de la formación, que consideran natural hacer pactos a diferentes bandas dependiendo de la lógica municipal. La elección de ERC en Tarragona y Lleida tiene que ver con la larga trayectoria de poder del PSC en ambas localidades, de 12 años en la primera y de prácticamente toda la historia democrática en la segunda.

En una localidad donde el PSC ha obtenido mayoría absoluta como es L'Hospitalet de Llobregat, la candidata a revalidar la alcaldía, Núria Marín, anunció durante la campaña que ofrecería a la formación entrar a su Gobierno aún en el caso de no necesitarlos. Pero fuentes de los 'comuns' descartan que se produzca esta alianza por el momento y apuesta por mantenerse en la oposición.

La estrategia de pactos heterogéneos seguida por los 'comuns' es muy similar a la que el PSC desplegó en la pasada legislatura, cuando llegó a acuerdos con partidos de todo el espectro político, de Ciudadanos a ICV pasando por CiU, a cambio de obtener cuotas de poder municipal. Con este planteamiento, Miquel Iceta logró que su partido mantuviera la mayor parte de los grandes gobiernos municipales en uno de los peores momentos para el partido. Ahora, una vez capeado el temporal, el PSC aspira a controlar hasta cuatro gobiernos y volver al de Barcelona de la mano de Coalu.      

Incógnitas en Badalona, Reus y Girona

En la recta final de las negociaciones y con el sábado de constitución de los ayuntamientos asomando en el horizonte, en Catalunya hay aún tres ciudades que no tienen claro de qué lado caerán. La principal de ellas es Badalona, donde el candidato del PP, Xavier García Albiol, quedó a tres concejales de la mayoría absoluta. Por detrás se situó la candidatura de unidad entre Guanyem, ERC y la CUP, con siete regidores, seguida por el PSC con seis, los 'comuns' con dos y uno para Junts. Todos los concejales de la oposición aseguran querer cerrar el paso a Albiol, pero el PSC se niega a votar la lista de Guanyem y anuncia que se votarán a sí mismos.

Similar situación ocurre en Girona, aunque con los papeles cambiados. En la capital de la provincia del norte es JxCat quien tiene la hegemonía, con 9 de los 27 concejales. Guanyem, que quedó por detrás con seis concejales, también aspira aquí a desalojar a la alcaldesa en funciones Marta Madrenas, y pretende hacerlo con ERC, con quien suma 10. Pero para ello requiere de la ayuda del PSC, con otros seis. Una operación que cambiaría independentistas por independentista y a la que, de entrada, los socialistas no están predispuestos.

En Reus tampoco parece haber mimbres para que el gobierno dé un vuelco. El actual alcalde Carles Pellicer, de Junts, consiguió revalidar los siete concejales que ya tenía CiU en la última legislatura, pero tanto ERC como el PSC le pisaron los talones con seis. Pero, para echar a los posconvergentes, los dos últimos necesitarían sumar a la CUP o a Ciudadanos, ambos con tres concejales. Una ensalada probablemente demasiado variada para que acabe compactando en un acuerdo alternativo. Gracias a esta fragmentación, JxCat podría esconder sus pobres resultados municipales manteniendo las dos alcaldías más importantes que obtuvieron en 2015.

Los diez mandamientos de los pactos de gobierno. 11 jun 2019 18:52:19.eldiario.es - eldiario.es.

1. No negociarás con los independentistas. También está prohibido recibir sus votos a cambio de nada, ni siquiera su abstención. Quien incumpla este mandamiento se convierte en un golpista, un felón y un traidor. Salvo que se trate de Ana Pastor, que en 2016 obtuvo la presidencia del Congreso gracias a las abstenciones de ERC y JxCat.

2. No negociarás con EH Bildu, no recibirás sus votos ni te beneficiarás de su abstención por palabra, obra u omisión. Y quien incumpla esta norma se convierte, como poco, en cómplice del terrorismo. Salvo que se trate de Javier Maroto, que para eso es del PP.

3. Gobernará la lista más votada y son "ilegítimas" las "coaliciones de perdedores" que pactan "sillones en los despachos" y se convierten así en "okupas" de La Moncloa. Salvo que el más votado sea Manuela Carmena o Pedro Sánchez, y los "perdedores" que pactan en los despachos sean del PP, Ciudadanos y Vox.

4. Honrarás al partido más votado y permitirás su Gobierno al menos con tu abstención para evitar "el bloqueo institucional". Serás un "hombre de Estado" como leal líder de la oposición. Siempre que el nombre del presidente en cuestión empiece por M. y acabe por Rajoy.

5. Fomentarás la regeneración democrática y el cambio de Gobierno en aquellas autonomías donde un partido lleve mandando más de dos décadas ininterrumpidas. Esto vale para el "régimen" de Andalucía. No rige en el caso de Madrid, Murcia o Castilla y León.

6. Respetarás a todos los partidos porque sus escaños responden a la voluntad popular. Especialmente si se trata de los votantes de Vox, que "merecen un respeto", no como los "populistas", los "podemitas" o los "indepes". Esos no.

7. Obedecerás las leyes y la Constitución. Salvo el artículo 12.2 del Estatuto de Autonomía de Madrid, donde dice que la mesa de la Asamblea debe de ser proporcional a los escaños. Eso te lo puedes saltar en la primera votación para dar una vicepresidencia a Vox (8,8% de los votos) y dejar fuera de la mesa a Más Madrid (14,7%).

8. Pactarás solo con "fuerzas constitucionalistas", ese carné que reparte José María Aznar. Pedir un referéndum sobre la monarquía no es constitucionalista. Pedir la abolición de las autonomías sí lo es, que para algo lo plantea Vox.

9. Establecerás cordones sanitarios contra "extremistas" y "radicales"... como Ángel Gabilondo.

10. Cumplirás con la palabra dada y no negociarás ni entrarás en un gobierno con la extrema derecha de Vox. Salvo que seas de Ciudadanos; en ese caso, a la semana siguiente de trazar esa línea roja, te la puedes saltar.

Estos diez mandamientos se resumen en dos. La derecha puede pactar lo que quiera y con quién quiera. La izquierda, no.

Ernest Maragall ha pedido este martes a Ada Colau retomar las conversaciones de cara a la investidura y ha asegurado estar dispuesto a sumar en ellas el PSC si esto es lo que quieren los 'comuns'. "Estoy dispuesto a compartir la presencia de los socialistas de forma que permita contrastar, confirmar y analizar con detalle el grado de distancia, de proximidad y de contradicción que haya en esta dirección", ha expresado el líder republicano respecto del partido de Jaume Collboni.

Los republicanos mueven ficha de esta forma en la dirección que pide Colau, que reclama desde el 26M un gobierno tripartito entre ERC y PSC, aunque Maragall ha dejado claro que siguen sin plantearse esta fórmula de gobierno. Su propuesta de reunión a tres es solamente para demostrar que no se cierran a hablar con los socialistas sobre políticas de Barcelona. "Esto no va de vetos, sino de poner sobre la mesa el proyecto de ciudad", ha manifestado el alcaldable.   

Maragall ha reconocido que su programa y el de los socialistas pueden tener coincidencias "en algunos temas de gobernación", aunque ha recordado que por ahora sigue habiendo diferencias "centrales" en cuanto a los "derechos y libertades", el concepto con el que se refiere a la judicialización del procés y al referéndum. El líder de ERC ya se ofreció a reunirse con Collboni la semana pasada –entonces sin la presencia de los 'comuns'–, pero este lo declinó al instante.

A cuatro días del pleno de investidura, en ERC son conscientes de la dificultad de convencer a los 'comuns' de formar un gobierno conjunto cuando ellos pueden lograr la alcaldía con los votos de socialistas y Manuel Valls. Aun así, el alcaldable republicano ha insistido que presentará su candidatura a la investidura.

Maragall ha desplegado en rueda de prensa algunos detalles de su propuesta de gobierno compartido con los 'comuns'. Se concretaría en seis grandes áreas –tres para cada partido– y contemplaría un liderazgo "compartido" del alcalde, que sería el republicano, con Colau. Con ello ha instado a Barcelona en Comú a que lleve su plan concreto de gobierno, incluso si contempla a los socialistas, a la reunión que prevén mantener sus equipos negociadores este miércoles.

Una vez más, los republicanos se han mostrado dispuestos a "trabajar hasta el último minuto" para alcanzar un acuerdo a dos con los 'comuns'. "Estamos convencidos de que es la opción más coherente y respetuoso con la decisión de los ciudadanos", ha insistido Maragall sobre una propuesta de ejecutivo que hoy se antoja improbable, más aún después de que las bases de Barcelona en Comú avalaron que Colau se postule en la investidura si no hay tripartito de izquierdas. 

Por su parte, Colau y el PSC se han mantenido este martes en silencio. Los 'comuns' se resisten a conceder un pacto de gobierno a los de Jaume Collboni antes de la investidura, mientras que este amenaza con no votar a favor de la actual alcaldesa si finalmente no hay un acuerdo que les asegure entrar en el ejecutivo. Colau necesita sus votos y los de Manuel Valls para formar una mayoría alternativa a la de Ernest Maragall y revalidar así la alcaldía de la capital catalana.

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, lamenta las negociaciones de Ciudadanos y PP que podrían mantener en el poder al partido que ha gobernado la comunidad durante los últimos 32 años. Para Tudanca, el líder de Ciudadanos, Francisco Igea, "se va a hacer un Luis Fuentes -anterior candidato de Cs a la Junta- firmando un acuerdo de regeneración que no vale para nada, que no van a cumplir y que va a permitir que después de tres décadas sigan gobernando los mismos, si lo hace, estará incumpliendo la palabra que ha dado a todo el mundo".

Pero además, en declaraciones a eldiario.es, Tudanca ha criticado la evolución del resto de pactos, el mismo día en que PP y Cs han retomado negociaciones en la comunidad. "No puede ser que esto sea un protectorado de Madrid, no puede ser que las decisiones se estén tomando en función de si el PP le cede a Villacís la alcaldía de Madrid y a cambio venden a Castilla y León", ha apuntado.

Según el líder socialista, Igea está desencantando a sus votantes y "nadie se puede llamar a engaño" porque el debate durante la campaña fue en otros términos, se abordó directamente si se quería o no un cambio de rumbo político en Castilla y León. "Los que votaron a Igea  lo hicieron porque estaba comprometiendo su palabra para la regeneración y para el cambio de gobierno", ha recordado.  

Luis Tudanca ha señalado además otro detalle que deja entrever la importancia que tiene Castilla y León en otras negociaciones y es el hecho de que es "la única comunidad donde Ciudadanos no se ha reunido con el PSOE". "Se han reunido hasta con Ángel Gabilondo para decirle que no", destaca. Y no será por la falta de voluntad de Tudanca, que incluso remitió una carta a Francisco Igea. Desde la pasada semana, en la que ambos partidos tuvieron "alguna conversación informal", no ha habido más contacto.

El veto de la dirección de Cs parece evidente, pero será a partir del sábado cuando se constituyan los ayuntamientos en toda España cuando haya una fotografía clara de los objetivos del partido de Albert Rivera, desde donde se ha negado una negociación "por paquetes". Sobre el peso que tiene la dirección nacional de Ciudadanos en un futuro pacto para la Junta de Castilla y León, Tudanca fue tajante: "A mí ni Sánchez ni nadie me ha dicho qué campaña tengo que hacer ni con quién tengo que negociar", finalizó.

La "responsabilidad de Estado" que en 2016 el PP exigió al PSOE para que se abstuviera, facilitando la investidura de Mariano Rajoy, no la aplicarán los populares ahora para permitir la reelección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Así de claro se lo ha dicho este martes el líder del PP, Pablo Casado, al jefe del Ejecutivo durante la reunión que han mantenido en el Congreso de los Diputados. 

"Le he transmitido al candidato a la Presidencia del Gobierno que el PP no va a apoyar su investidura ni tampoco se va abstener. Es el mandato que nos dieron los españoles", ha recalcado Casado en rueda de prensa tras el encuentro con Sánchez.

El presidente popular ha ironizado con el hecho de que Sánchez y el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, hayan empezado a hablar este mismo martes de un posible "Gobierno de cooperación". "Puede haber un inicio de acuerdo con una modalidad nueva, un Gobierno de cooperación con Podemos", ha señalado.

A su juicio, ese acuerdo con los de Iglesias "sería lo lógico ya que tanto PSOE y Podemos han pactado en ayuntamientos y comunidades y lo hicieron con los Presupuestos". No obstante, Casado ha confiado en que "ese acuerdo, bien de investidura o de legislatura se complete no con los partidos independentistas sino con partidos regionalistas".

Entre esas opciones ha citado la posibilidad de que la investidura dependa de la abstención o el apoyo de formaciones como UPN y Coalición Canaria. 

Casado, que ha remarcado su intención de "dificultar" la reelección de Sánchez ha esperado sin embargo "que esta investidura se desarrolle pronto" para que comience la labor legislativa y de control al Gobierno. "Si no sale a la primera, estoy convencido de que saldrá en segunda votación", ha señalado.

Albert Rivera ha reiterado su 'no' a Pedro Sánchez en la reunión que han mantenido en el Congreso y que ha durado alrededor de 40 minutos. El líder de Ciudadanos ha dejado claro que se ha "repetido" el encuentro que mantuvieron en Moncloa hace unas semanas y que su posición ha sido la misma: "Estamos en la oposición, no apoyaremos esta investidura".

El líder de Ciudadanos ha comparecido ante los periodistas poco después del encuentro con el presidente en funciones y ha asegurado que "la posición era muy clara y muy nítida desde Moncloa". "La cordialidad es decirse la verdad", ha asegurado Rivera, que está en las antípodas de Sánchez, con quien llegó a un entendimiento para la investidura hace tres años.

"Votaremos que no", ha repetido el presidente de Ciudadanos un día después de que el PSOE amenazara con unas nuevas elecciones en caso de que ni el partido naranja ni el PP permitan la gobernabilidad. 

Rivera ha dejado claro que a quien tiene que mirar el PSOE es a Unidas Podemos –y ha hecho alusión al acercamiento que Sánchez e Iglesias han protagonizado este martes en su reunión– y también a las fuerzas nacionalistas. "Solo queda que conforme gobierno cuando antes con sus socios naturales, los populistas de Podemos", ha expresado. 

El líder de Ciudadanos, que admite que los escaños que obtuvo el 28A le impiden intentar formar Gobierno, ha asegurado que se quedará en la oposición: "Seremos firmes contra los sablazos de subidas de impuestos, por la igualdad entre los españoles y vigilantes contra las concesiones a los nacionalistas". 

Los representantes del PSPV-PSOE y de Compromís han hecho llegar hacia las 16.30 de este martes una oferta a Unides Podem-Esquerra Unida para que vuelva a la mesa de negociación del nuevo Gobierno valenciano, de la que sus negociadores se marcharon hacias las 13.30 al encallar el reparto de competencias.

La oferta consiste en que la coalición de la formación morada con EUPV gestione dos de las 12 conselleries del nuevo Gobierno autonómico, una de ellas con las anteriores competencias de Transparencia y Cooperación denominada Conselleria de Calidad Democrática, que cedería Compromís, y otra de Vivienda y Eficiencia Energética, que incluiría competencias cedidas por los socialistas más la gestión de la eficiencia energética de edificios y otras instalaciones. Además, Unides Podem, dentro de la política de mestizaje, dirigiría una Agencia para el Cambio Climático dentro de la Conselleria de Medio Ambiente que gestionará la coalición valencianista, y otra agencia para repensar el futuro de la energía.

Los dos socios que han formulado la oferta confían en que Unides Podem-EUPV dé una respuesta positiva a lo largo de la tarde de este martes para que el miércoles esté resuelto el pacto que ha de hacer posible la investidura del socialista Ximo Puig como presidente de la Generalitat en un segundo mandato. Su Gobierno estaría integrado por 12 carteras, entre las que se incluye la misma Presidencia, seis gestionadas por el PSPV-PSOE, cuatro por Compromís y dos por Unides Podem-Esquerra Unida, que se incorporaría al Ejecutivo.

Los portavoces de Ciudadanos se han recorrido los platós de televisión en las últimas semanas asegurando que "no tiene en su mente ni en su horizonte acuerdos tripartitos" y que no se van a sentar con "Vox a negociar entradas de gobierno ni pactos de gobierno". El líder del partido liberal, Albert Rivera, llegó a asegurar en una entrevista en La Sexta antes de las elecciones generales que algunas cosas planteadas por Vox no le "gustan un pelo", poniendo de ejemplo su propuesta de regularizar el uso de las armas o su postura sobre que la homosexualidad es "una enfermedad" que se cura con terapia.

A pesar de estas declaraciones, este domingo Ciudadanos levantó el veto a Vox en Madrid, tras la reunión mantenida entre los candidatos autonómicos de los dos partidos, Ignacio Aguado y Rocío Monasterio. Dos días después, el partido de Rivera ha facilitado que el partido de extrema derecha ocupe la Vicepresidencia Tercera de la Asamblea de Madrid.

"Nosotros vamos a sentarnos con el PP. Ese es nuestro compromiso y ahí es donde vamos a llegar", añadió Aguado en una entrevista en RNE el día después de las elecciones autonómicas para incidir en que no se sentarán a negociar con Vox un acuerdo de investidura para que Isabel Díaz-Ayuso presida la Comunidad de Madrid.

El candidato autonómico de Ciudadanos llegó a asegurar que no tenía sentido que el partido de Abascal entrase en el Gobierno autonómico. "Nos vamos a limitar a hablar con el PP, es lo que dijimos en campaña, fuimos sinceros y honestos y es lo que vamos a hacer, hablar con ellos, luego veremos qué hace el resto del partidos al respecto", añadió en plena resaca electoral.

Poco a poco esa rigidez en las posturas se fue flexibilizando. La semana pasada Aguado aseguraba que no se sentarían con Vox para acordar un programa o un gobierno pero ya no descartaba negociar la composición de la Mesa de la Asamblea. "Queremos hablar con todos los partidos que hayan obtenido representación. Pero una cosa es hablar y otra negociar", reseñó Aguado, que insistió en que el único encuentro con Vox será para "presentarles" el acuerdo alcanzado por el PP, sin posibilidad de que se incluya en él alguna de sus propuestas.

A nivel nacional, sus portavoces también han marcado distancia con el partido de extrema derecha. Por ejemplo, José Manuel Villlegas, el secretario general de Ciudadanos, reseñó que "no va a haber mesas a tres" y reiteró que no iban a pactar con Rocío Monasterio un acuerdo de Gobierno. "No vamos a entrar a negociar gobiernos a tres en los que vayan a estar Vox, Podemos o los nacionalistas", planteó. Asimismo, sentenció: "No vamos a estar compartiendo tripartitos".

"Si en algún sitio llegamos a algún acuerdo con el PP, Vox tendrá que decidir si apoya o no ese acuerdo. No tenemos previsto abrir acuerdos o negociaciones en este caso con otros partidos que no sean los que hemos mencionado", reseñó, aludiendo a los populares y al PSOE. En una entrevista en Los Desayunos de TVE repitió ese argumento planteando que van a "llegar a acuerdos moderados, centrados y con políticas liberales". 

Tras el acuerdo a tres bandas con PP y Vox al que han llegado este martes para permitir la entrada de la extrema derecha en la Vicepresidencia Tercera de la institución, Aguado ha explicado que "ningún voto de Ciudadanos ha ido a parar a Vox". A pesar de esa afirmación estos tres partidos han acordado un trueque de papeletas basado en lo siguiente: el PP ha votado a Vox en lugar de a su propia candidata para la Vicepresidencia Primera, Paloma Adrados, y esos votos de menos los ha compensado Ciudadanos. 

Vox anuncia que ya tiene un acuerdo firmado con el PP para entrar en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. La candidata de la formación de extrema derecha, Rocío Monasterio, ha explicado que el pacto implica repartirse las consejerías del futuro Ejecutivo "en función de los escaños" obtenidos el 26M y que se ha sellado a través de un escrito firmado por ambos partidos. Era la condición de Vox para cerrar el acuerdo para la Mesa que ha dado la presidencia a Ciudadanos y un puesto al partido de Abascal

"Yo no daría los votos de Vox con un acuerdo de cero. Antes de darlos he cerrado las partes que interesan a nuestros votantes", ha afirmado Monasterio. Según la candidata, el documento también se ha presentado a Ciudadanos en el encuentro que ha mantenido con Ignacio Aguado y Juan Trinidad, nuevo presidente de la Asamblea, esta mañana. Pero el partido de Albert Rivera ha declinado firmarlo. "Nos hemos levantado de la mesa cuando nos han dicho que no", ha explicado Monasterio, que asegura que "a partir de mañana" estarán en sus oficinas de la Asamblea "para ver como se concreta la proporcionalidad" acordada.

El Partido Popular no confirma a este medio que exista tal acuerdo pero tampoco lo desmiente. Y la candidata conservadora, Isabel Díaz Ayuso, ha deslizado que se han producido algunos avances en las negociaciones: "Hay un acuerdo global". 

Ciudadanos, por su parte, ha reiterado que solo negociará con el PP la formación de Gobierno. "Si no son compatibles los acuerdos, no habrá acuerdos", han indicado fuentes de la formación naranja. El partido de Rivera ha insistido en que tampoco ha pactado con Vox la Mesa de la Asamblea porque "ningún voto de Ciudadanos ha ido a parar a Vox". 

El exconseller de Interior Joaquim Forn acudirá este sábado a la constitución del Ayuntamiento de Barcelona después de que su abogado, Xavier Melero, haya dado un baño de realidad al proceso soberanista. Lejos de los discursos de compañeros de JxCat de Forn, Melero no ha tenido problemas en reconocer que los independentistas incumplieron no solo las resoluciones del Tribunal Constitucional, sino también sus propias leyes aprobadas el 6 y 7 de septiembre de forma unilateral.

"El 27 de octubre se acató el 155", ha dicho Melero al inicio de su declaración. Más tarde ha sido incluso más gráfico: "Nadie votó nada [ha dicho en referencia a la declaración de independencia], no se arrió la bandera, no se informó al cuerpo diplomático y todo el mundo se fue a su casa”.

Esta pragmática visión del procés ha ido acompañada de un reconocimiento por primera vez en el juicio: "El señor Forn desobedeció al Tribunal Constitucional, lo admitimos, pero la cuestión aquí es muy simple, es la de al entidad de la violencia". Tampoco ha mostrado dudas de que el 20-S en Economía se produjeron delitos de daños y desórdenes, pero no imputables a Forn. Frente a los 17 años por rebelión que pide la Fiscalía, la condena por desobediencia, que no conlleva cárcel, es un resultado que todas las defensas firmarían sin pensarlo dos veces. 

Fiel a su estilo, irónico y con abundantes citas de filósofos e incluso de la cultura popular, como un fragmento de la película 'Amanece que no es poco', Melero ha negado con contundencia la violencia y la rebelión. Y pese a que su defensa es la más técnica, no se ha ahorrado duras críticas políticas hacia la Fiscalía.

En este sentido, ha afeado al fiscal Javier Zaragoza que con su cita a Kelsen, cayó en una reducción al nazismo, la denominada 'ley de Godwin por la que quien saca a colación el régimen nazi en una discusión pierde la razón, debido a que el filófoso fue perseguido por Hitler. "La mención de los nazis puede contaminar el debate de este juicio", ha advertido Melero. El letrado también ha lamentado las “descalificaciones” de los fiscales al conjunto de la administración autonómica catalana y a los Mossos. A juicio de Melero, los fiscales “han proyectado sospechas de deslealtad” hacia toda la Generalitat. “Es una situación peligrosísima”, alerta.

Ya en el debate sobre la violencia -la cuestión clave del juicio- Melero ha desplegado abundante argumentario técnico para negar la "rebelión distinta" y sin armas de la Fiscalía. Esta interpretación, ha argumentado Melero, no solo es contraria a la jurisprudencia actual, que requiere el uso de armas, sino a las propias capacidades de los acusados. Al contrario de lo que sostiene la Fiscalía, Melero ha repetido en dos ocasiones que el gobierno de la Generalitat "no tenía la capacidad de imponer por la fuerza un cambio de marco normativo" como era el de la independencia. 

El letrado ha hecho hincapié en las contradicciones de la Fiscalía sobre el papel de los Mossos.  “¿Por que las acusaciones dan una característica dual a los Mossos, que a veces son elemento de cargo esencial por poner de manifiesto al Govern una percepción de riesgo exacto y a la vez son elementos partícipes de la rebelión?”, se ha preguntado. 

Es más, frente a las críticas a la actuación policial que ha realizado Andreu Van den Enyde, Melero se ha definido como “defensor” de Policía, Guardia Civil y Mossos d'Esquadra.  “A la Policía no se la defiende diciendo que todo lo hicieron bien y dando coba", ha señalado en alusión a los elogios que los responsables de Interior del PP lanzaron a los cuerpos policiales durante el juicio

“A la Policía se la defiende señalando la ineptitud de los mandos que en un diseño aberrante del dispositivo del 1-O les condujo a una situación endemoniada en que el cumplimiento del deber implicaba el deterioro de una imagen publica bien ganada en comunidad de Catalunya”, ha apostillado Melero en relación al dispositivo para impedir el referéndum. "Fue un fracaso -ha agregado- porque ningún cuerpo logró cumplir con el auto" del TSJC que ordenaba impedir la votación.

Melero ha apuntado las críticas hacia los responsables políticos de Interior, en especial el coordinador del dispositivo, Diego Pérez de los Cobos, de quien ha destacado su "extrañísimo papel", que se limitó, ha señalado con ironía "a convocar y desconvocar reuniones de coordinación", habida cuenta de que el propio coronel dijo que las labores de coordinación no eran de mando sobre el resto de cuerpos. 

¿Prevaricación a la vista?. 11 jun 2019 12:00:05.eldiario.es - eldiario.es.

El lector, sin duda, recuerda que la Junta Electoral Central intentó impedir que Carles Puigdemont pudiera ser candidato a las elecciones al Parlamento Europeo y que no lo consiguió porque su decisión fue anulada por el poder judicial. No se puede impedir que alguien que no está privado del derecho de participación política mediante sentencia judicial firme, pueda ejercerlo. Respecto de Oriol Junqueras no se planteó siquiera el problema y, en consecuencia, pudo concurrir y ha podido ser elegido el 26-M.

Parece evidente que, si no se puede impedir que un ciudadano ejerza su derecho de participación para poder ser elegido, tampoco se puede impedir que, una vez que ha sido elegido, pueda tomar posesión del escaño al que lo han aupado los ciudadanos con su voto. La sentencia dictada por el cuerpo electoral solamente es recurrible a través del contencioso electoral. Si no se ha recurrido, es una sentencia firme, que se impone sin excepción. Una vez producida la proclamación como candidato electo por la Junta Electoral y transcurrido el plazo en el que se puede interponer el recurso contra la misma, el candidato ha dejado de serlo para convertirse en parlamentario. Tiene que prometer o jurar la Constitución, pero no se puede impedir que la prometa o la jure, para impedirle ocupar su escaño.

Esta es la situación en la que se encuentra Oriol Junqueras. También Puigdemont y Comín, aunque con peculiaridades que quedarán para otro artículo. En el caso de Junqueras no hay ninguna circunstancia que condicione su estatus de parlamentario europeo. Ha sido elegido. Tiene que acudir a la sede de la JEC a prometer o jurar la Constitución y una vez evacuado este trámite, la JEC tendrá que enviar al Parlamento Europeo la lista de los parlamentarios españoles con el nombre Oriol Junqueras entre ellos.

A partir de ese momento, el Tribunal Supremo tendría que poner fin a la prisión provisional de Oriol Junqueras y tendría que enviar al Parlamento Europeo el correspondiente suplicatorio para poder proceder contra él y esperar la decisión del Parlamento para continuar su enjuiciamiento.

En mi opinión, esto debió ocurrir tras el 28-A, cuando Oriol Junqueras fue elegido Diputado, pero el Tribunal Supremo en auto de 14 de mayo se negó a aceptar esta interpretación, aunque no impidió que acudiera a la sesión constitutiva de la Cámara para prometer la Constitución y tomar posesión del escaño. 

Tras el 26-M, ante la imposibilidad de proceder de la misma manera, parece que se pretende negar a Oriol Junqueras el ejercicio de su derecho de sufragio pasivo, es decir, su derecho a ser parlamentario europeo, para el que ha sido elegido. Esa es la pretensión del Ministerio Fiscal, que solicita al Tribunal Supremo que no autorice a Oriol Junqueras a  acudir a la sede de la JEC a prometer la Constitución, porque reconoce expresamente que en tal caso tendría que ser puesto en libertad, se tendría que solicitar el suplicatorio y detener el proceso hasta que el Parlamento Europeo hubiera resuelto sobre el mismo. 

El escrito del Ministerio Fiscal es materialmente prevaricador. Propone la vulneración de un derecho fundamental para evitar las consecuencias que se producirían con el ejercicio del mismo. Como estas son las consecuencias, propongo que se impida el ejercicio. Es lo que se pone blanco sobre negro en el escrito conocido ayer martes. En todo caso, en el supuesto de que el Tribunal Supremo hiciera suya la posición del Ministerio Fiscal, sí que estaríamos ante un supuesto de prevaricación de libro. 

El Tribunal Supremo no puede impedir que Oriol Junqueras acuda a la sede de la JEC. Y no puede suspender a Oriol Junqueras en el ejercicio de la función parlamentaria con base en el artículo 384.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, porque él mismo ha decidido que es la Mesa del Parlamento la que tiene que hacerlo. Así lo decidió respecto de los Castro diputados y del senador elegidos el 28-A. Ahora tendría que dirigirse a la Mesa del Parlamento Europeo para que acordara la suspensión de Oriol Junqueras. Al Tribunal Supremo también le es de aplicación el que no pueda ir contra sus propios actos.

¿Se arriesgará el Tribunal Supremo a cometer un delito de prevaricación para impedir que Oriol Junqueras ocupe su escaño en el Parlamento Europeo?

La declaración de bienes y actividades del diputado de Ciudadanos, Marcos de Quinto, es una de las más extensas de esta legislatura. El exvicepresidente de Coca-Cola declara un gran patrimonio que incluye 10 millones de acciones cotizadas de empresas que no concreta y que le reportaron unos 350.000 euros, cuatro vehículos –entre ellos dos Porsche–, nueve motos –dos Harley Davison– y un barco de vela.

El diputado de Ciudadanos, que presentó su declaración con retraso con el argumento de que no tenía los datos actualizados a 2018, cobró de Coca-Cola 5,14 millones de euros en 2018, un año después de dejar de ser vicepresidente de la compañía a nivel mundial. También declara unos 57.000 euros por asesorías y conferencias así como 3.600 euros por participación en programas de radio. 

También percibió más de 350.000 euros en dividendos de sus acciones y más de 20.000 en intereses. También declara 24 millones de euros en derechos de compra de acciones y dos planes de pensiones que superan los ocho millones de euros en total. 

El alquiler de su apartamento en Nueva York le reportó 39.000 euros. Tiene en el banco en España más de 2,6 millones de euros y, en Estados Unidos, más de 400.000 euros, además de cuentas en Portugal con 121.000 euros. 

En el apartado de bienes bancarios, De Quinto declara más de 10 millones de euros en acciones cotizadas que no especifica, además del 100% de una sociedad limitada dedicada a la elaboración de miel valorada en más de 765.000 euros y el 50% en otras dos sociedades. 

El espacio destinado a la declaración de vehículos, embarcaciones y aeronaves se queda pequeño para Marcos de Quinto, que declara dos Porsche –uno adquirido en 1999 y otro en 2018–, un Citroën Mehari y un Volkswagen Polo. En el caso de las motocicletas, el diputado de Ciudadanos declara tener nueve, entre ellas dos 'Harleys' y una BMW GS80 Paris-Dakar. También tiene una embarcación de vela que compró en 2004. A nombre de una sociedad declara otros cinco vehículos. 

A su nombre, tiene dos chalés –uno en Málaga y uno en Madrid–, un apartamento en Nueva York y un piso en Lisboa. De Quinto trasladó su residencia a Portugal, donde paga menos impuestos. A través de una sociedad dispone de un chalé pareado en Cuenca para alquiler, naves industriales con ese mismo fin, una finca y parcelas en un "pequeño pueblo" de la provincia. De naturaleza rústica declara un chalé en Cuenca y "terrenos diversos". 

De Quinto registró su declaración de bienes en el Congreso después de que eldiario.es informara de que era uno de los diputados que no lo había hecho. Por ahora solo quedan cinco sin hacerlo: Carvalho Dantas, María Espinosa de los Monteros de Simón, Iván Gorrotxategi Azurmendi, Miren Herrero Bono y José Alberto Matarí Sáez.

La investidura de Ximo Puig este miércoles -se podría realizar en segunda vuelta en los próximos dos meses- se complica todavía más. Los negociadores de Unides Podem se han levantado de la mesa negociadora a las 13:30 horas de esta martes al no mostrarse conforme con las competencias cedidas por PSPV y Compromís para sus dos consellerias que les corresponden.

La coalición entre las fuerzas de izquierda pretende la competencia de Transición Ecológica, ahora en manos de Compromís. La ruptura no es definitiva puesto que los propios negociadores han asegurado que se marcha "hasta que haya posibilidad de hablar".

Fuentes de la negociación han explicado que Unides Podem han emplazado a PSPV y Compromís a hacerles una propuesta: "No nos han aceptado nada de lo que proponemos y el lunes ya perdimos todo el día en el mismo punto". Sobre la vicepresidencia para la coalición electoral de izquierdas, tampoco ha quedado cerrado nada sobre la mesa.

Los morados y EUPV esperarán a esta tarde a recibir una propuesta para someterla a sus bases. "Nos piden entrar en el Gobierno, pero no quieren darnos poder de decisión", apuntan fuentes de los negociadores. 

De momento, Unides Podem tiene seguro que tendrá dos conselleries, una de Vivienda -competencia cedida por el PSPV- y otra de Calidad Democrática, cedida por Compromís y que tendrá Transparencia y Cooperación Internacional. 

Las negociaciones se encallaron el lunes por la mañana cuando PSPV y Unides Podem se unieron para que Compromís cediera Transición Ecológica, a lo que la coalición se niega puesto que sería vaciar la mitad de competencias de la Conselleria de Medio Ambiente.

La presión de Unides Podem también se entiende en buscar acomodo a Julià Álvaro, el que fuera secretario autonómico de Medio Ambiente con Compromís. Álvaro se pasó a Podemos y concurrió en la lista morada, no consiguiendo acta por los malos resultados. Fuentes de la negociación desmienten esta versión: "No está ni ha estado encima de la mesa nunca". Darle Transición Ecológica a Álvaro es una línea roja que Compromís no quiere rebasar. 

Ciudadanos se hace con la presidencia de la Asamblea de Madrid con el apoyo de PP y Vox. El respaldo de los dos partidos han permitido sumar la mayoría absoluta para que Juan Trinidad, el candidato naranja, sea elegido presidente de la institución con 68 votos. 

Salvo sorpresas, el apoyo de Vox tiene una contrapartida: que Ciudadanos respalde con sus 26 diputados la entrada de la extrema derecha en la Mesa de la Asamblea de Madrid. Las próximas votaciones para elegir las vicepresidencias y las secretarías confirmarán este extremo, aunque todo apunta a que un diputado del partido de Santiago Abascal podría ocupar la secretaría segunda o la tercera. 

La candidata socialista para la presidencia del Parlamento, Pilar Llop, ha reunido 64 votos procedentes del PSOE, de Más Madrid y de Unidas Podemos. Los partidos liderados por Iñigo Errejon e Isabel Serra ya anunciaron que apoyarían a Llop, aunque la suma de fuerzas no ha sido suficiente para desbancar a Trinidad, aupado tras el pacto del bloque de derechas. 

El acuerdo, que el PP daba por hecho desde primera hora de la mañana, se ha sellado con una reunión in extremis entre los candidatos de Ciudadanos y Vox, Ignacio Aguado y Rocío Monasterio, apenas dos horas antes de la sesión de constitución de la Asamblea. Vox exigía un nuevo encuentro para que la formación naranja le pidiera "formalmente" el apoyo para hacer a Trinidad presidente. 

Isabel Díaz Ayuso (PP) anticipaba a su entrada a la Asamblea que no habría "sorpresas" y calificaba el pacto como un "acuerdo global" que también se ha reproducido en el Parlamento Regional de Murcia. 

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias negociarán en las próximas semanas "un Gobierno de cooperación" del que todavía no se conocen los detalles y que debe "buscar fórmulas para gobernar la complejidad", en palabras de la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra. La dirigente venía a confirmar pasado el mediodía las palabras del líder de Unidas Podemos unos minutos antes. Tras reunirse con el presidente en funciones, Iglesias señalaba ante la prensa que ambos comparten que "una mayoría social progresista" quiere que gobiernen "juntos". "Iniciaremos reuniones más discretas para poder definir un gobierno conjunto", zanjaba el líder de Podemos.

Sánchez e Iglesias se han reunido este martes en el Congreso durante poco menos de una hora y media. La cita, convocada por el secretario general del PSOE, sirve para iniciar los contactos del candidato socialista para buscar los apoyos que le garanticen una investidura como presidente del Gobierno.

El líder socialista recibirá esta tarde a sus homólogos del PP y de Ciudadanos, aunque tanto Pablo Casado como Albert Rivera han descartado cualquier opción de permitir la investidura de Sánchez, ni con un voto a favor ni con una abstención.

Iglesias comparecía primero ante los periodistas. "Sánchez ha ofrecido negociar un Gobierno de cooperación", ha arrancado. "Nos da igual el significante", ha dicho en referencia al nombre. "Queremos un Gobierno plural que asuma los retos de país, y los retos de futuro", ha asegurado.

El secretario general de Podemos no ha entrado a explicar si Sánchez ha aceptado o no que haya representantes de Unidas Podemos en el Gobierno. Iglesias se ha limitado a asegurar que "no ha habido ningún veto" por parte del dirigente socialista. 

"Tengo la impresión de que Pedro Sánchez quiere negociar un Gobierno con nosotros. No creo que me esté mintiendo", ha concluido Iglesias.

"Fórmula novedosa" de entendimiento

Minutos después, era Lastra la que explicaba los resultados de la reunión ante los periodistas: "Un Gobierno de cooperación entendemos que es la mejor de las fórmulas porque nos permitiría un Gobierno plural, abierto, integrador, incluyente y representativo de las diferentes sensibilidades y con personalidades referentes de sus distintos ámbitos".

En las últimas semanas, desde las elecciones generales del pasado 28 de abril, el tono entre el PSOE y Unidas Podemos había subido a cuenta de la fórmula concreta con la que se tendrían que poner de acuerdo para un Gobierno y para que los 123 votos de unos y los 42 de los otros se sumaran y acercarse así a los necesarios para investir a Sánchez.

En Unidas Podemos han hecho especial hincapié en que el Gobierno debe ser de coalición, es decir con representantes de ambos partidos sentados en el Consejo de Ministros, y "proporcional" a los resultados obtenidos el 28A. El PSOE se había opuesto a esta opción e incluso José Luis Ábalos este lunes amenazaba con una repetición electoral si Sánchez no logra los respaldos suficientes para gobernar en solitario.

A este respecto, Iglesias ha respondido que "la amenaza de repetición no gustó a nadie" y ha recordado que el PSOE y Unidas Podemos negocian "en la Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias" acuerdos de Gobierno. "Y eso empuja la posibilidad de un Gobierno pronto", ha asegurado.

La portavoz del PSOE, Adriana Lastra, ha asegurado que Sánchez e Iglesias no han hablado de nombres, pero ha mostrado la "satisfacción" de los socialistas tras el encuentro. Para el PSOE, que Iglesias haya rebajado la exigencia de un Gobierno en coalición a esta fórmula "novedosa" de un Ejecutivo de cooperación es un paso importante.

"Un Gobierno de cooperación entendemos que es la mejor de las fórmulas porque nos permitiría un Gobierno plural, abierto, integrador, incluyente y representativo de las diferentes sensibilidades y con personalidades referentes de sus distintos ámbitos", ha expresado la número dos del PSOE en la rueda de prensa tras el encuentro.

Para el PSOE, esa fórmula permitiría contar con los votos de algunos grupos que, según ha reiterado los portavoces socialistas en los últimos días, rechazan un Gobierno de coalición. "Entre Unidas Podemos y PSOE, por desgracia, no sumamos", ha insistido Lastra.

Lastra ha dejado claro que la opción para los socialistas pasa por un entendimiento con Unidas Podemos 24 horas después de que Sánchez dejara claro que la posibilidad de que haya elecciones está sobre la mesa. La vicesecretaria general del PSOE también ha recordado que el presidente en funciones se reunirá esta tarde con Pablo Casado y Albert Rivera para "pedirles también responsabilidad".

Nada de violencia. Solo política. Y un poco de desobediencia. Así se podría resumir el informe final en el juicio del procés del abogado del exvicepresident Oriol Junqueras y el exconseller Raül Romeva, Andreu Van den Eynde. Fiel a su estilo, el letrado ha combinado alegatos técnicos con políticos, y no ha dudado en replicar el titular más destacado que dejó la intervención de la Fiscalía la semana pasada, cuando Javier Zaragoza tildó el procés de golpe de estado. "Hablar de golpe de estado es confundir la desobediencia con la rebelión", ha rebatido Van den Eynde este martes.

Las defensas replican este martes y miércoles los informes finales de las acusaciones de la pasada semana. Los políticos tendrán su turno de última palabra cuando finalicen los letrados. Van den Eynde ha expuesto durante dos horas su informe, en el que ha contestado a las tesis fiscales negando la mayor sobre la violencia y con numerosos alegatos sobre el carácter pacifista y no violento tanto de la estrategia independentista como de la manera de ser de Junqueras y Romeva. 

Como ya hiciera en la primera sesión del juicio, Van den Eynde ha apelado al tribunal presidido por Manuel Marchena a que el juicio se convierta en "una oportunidad para superar la crisis y devolver la pelota a la política". En otras palabras, Van den Eynde pedía al tribunal ya no la absolución sino una condena que no deje durante lustros en prisión a sus clientes, algo que pondría en dificultades una salida negociada al conflicto catalán una vez ERC ha abandonado la vía unilateral y apuesta por una solución dialogada.

En este sentido, Van den Eynde ha destacado que Zaragoza "no estaba equivocado" cuando habló de "golpe de Estado" en línea con las tesis filosóficas de Kelsen. Donde se equivoca la Fiscalía, a criterio de Van den Eynde, es en llevar al terreno penal y al delito de rebelión esta definición política de golpe de estado. "Se confunde la desobediencia de manual con la rebelión, y para ello se cambian las palabras y se habla de derogación de la constitución o violencia normativa", ha aseverado Van den Eynde, citando dos de las expresiones más contundentes de la Fiscalía. 

A diferencia de la Fiscalía, que hizo alusiones muy puntuales a lo expuesto por los testigos durante el juicio (básicamente los jefes de los Mossos d'Esquadra), Van den Eynde ha trufado su informe de numerosas citadas a guardias civiles, mossos, policías y políticos que han desfilado por el Supremo. 

En línea con sus tesis de defensas y para remarcar las contradicciones de las tesis de la Fiscalía sobre el plan independentista o el papel de los Mossos, Van den Eynde ha destacado que el supuesto "periodo insurreccional" del mes de octubre de 2017 estuvo marcado por los intentos del Gobierno y la Generalitat de negociar una salida política al conflicto, tal y como atestiguó el lehendakari Urkullu. 

 “Hubo reuniones en despachos, llamadas de teléfono, mediadores [en referencia a Urkullu], hubo política y voluntad de diálogo, no violencia”.  “El clima de indignación o desafección no es violencia”, ha apostillado Van den Eynde, hilando así su tesis de defensa consistente en que el la protesta del 20-S y el 1-O están amparados por los derechos de reunión y manifestación con la apelación al tribunal para una salida dialogada. Y es que "cuando no hay negociación, hay protesta e indignación", ha advertido el letrado citando la “desafección” de la sociedad catalana respecto al Estado de la que alertó el expresident José Montilla tras la sentencia del Estatut.

Asimismo, en un apartado del informe más centrado en la personalidad y la experiencia política y profesional de Junqueras y Romeva, Van den Eynde ha destaca que los acusados “reniegan de cualquier forma de violencia” y, a su juicio, las acusaciones no han encontrado “un solo mensaje” en que Junqueras y Romeva promuevan la violencia. 

La Mesa del Congreso de los Diputados ha decidido este martes ubicar a los 24 diputados de Vox en la parte alta del hemiciclo de la bancada central, el conocido como gallinero y, por tanto, apartados del centro de la Cámara Baja.

El máximo órgano de decisión del Parlamento ha abordado en su reunión de esta mañana la distribución de los escaños para la nueva legislatura y, ante la falta de acuerdo, la mayoría que ostentan PSOE y Unidas Podemos se ha impuesto por la falta de consenso con PP y Ciudadanos. 

Según la decisión de la Mesa, los de Rivera se sentarán justo al lado de los populares, en la misma bancada, a la derecha de la Cámara, algo que no ha gustado ni al partido de Pablo Casado ni a Ciudadanos. Los dos representantes del PP en la Mesa, la expresidenta del Congreso Ana Pastor y Adolfo Suárez Illana, se han negado a participar en la votación de la nueva distribución. "No estábamos en condiciones de votar", explican fuentes populares. 

Ciudadanos sí ha votado, pero lo ha hecho en contra de la propuesta de la mayoría de la Mesa, controlada por la izquierda. En la legislatura pasada los de Rivera se sentaban en la bancada central, pero ahora pasan a la situada a la derecha, a lo que se oponía a la formación que se define como liberal.

El PSOE ocupará la bancada izquierda de la cámara, su lugar habitual, mientras que Unidas Podemos se sentará en la bancada central, donde se ubicarán también las fuerzas nacionalistas e independentistas. En la parte baja de ese 'quesito' central, la zona más visible, se sentarán representantes tanto de Unidas Podemos como del PNV. Detrás de los nacionalistas vascos se situarán los diputados de ERC. 

El Tribunal Supremo ha autorizado al exconseller de Interior Joaquim Forn, concejal electo de Junts per Catalunya en Barcelona, a acudir al pleno de constitución del Ayuntamiento de Barcelona este sábado. En un auto, el tribunal indica que Forn deberá ser custodiado desde la cárcel a Barcelona el viernes 14 "acompañado de las medidas que garanticen su seguridad y el retorno al centro penitenciario de origen, sin aplazamiento ni dilación", el mismo sábado.

Asimismo, el tribunal recuerda que la presencia de Forn en el pleno se limita "de forma exclusiva" a la presentación de credenciales y documentos ante el registro de la corporación y a su asistencia al acto de constitución del pleno municipal. "No se legitima su presencia -añade la sala- en cualquier otro foro ni institución pública o privada, distinta de la corporación municipal".

El PP lo da por cerrado, Vox asegura que es un preacuerdo y hace falta una reunión con Ciudadanos aún y la formación de Albert Rivera desmiente el pacto. Tres versiones sobre la negociación para controlar la Asamblea de Madrid. Las votaciones para constituir la Mesa se inician a las 12 de la mañana. 

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha confirmado en una entrevista en esRadio que tanto el Parlamento madrileño como el de Murcia "tendrán mayoría de centro derecha" y que en ambas instituciones Vox ocupará un puesto para que las Mesas "reflejen" el resultado de las elecciones en esas comunidades. "Lo hemos defendido siempre y Ciudadanos ha dado muestra de entendimiento", ha asegurado, sobre la entrada del partido de Santiago Abascal en los órganos de decisión de los parlamentos. 

En el caso de Madrid, el acuerdo pasa por votar al candidato de Ciudadanos, Juan Trinidad, como nuevo presidente de la Cámara regional. El pacto, sin embargo, estaría aún pendiente de una reunión para firmarse, según Vox. La formación de extrema derecha confirma que hay un "preacuerdo" pero exige que Ciudadanos les pida el apoyo "formalmente" en un encuentro esta mañana con el candidato a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, de manera que se les trate como a cualquier otro partido. 

"Creo que el asquito se van a tener que ir olvidando de él esta mañana (porque) vamos a tener que sentarnos a firmar acuerdos y van a tener que olvidarlo todo y retroceder en sus posiciones", ha aseverado Monasterio en una entrevista en Cope, en la que ha avanzado que "parece ser" que este martes se sentarán en "algún momento". 

Sin embargo, Ciudadanos niega a esta hora que haya algún acuerdo cerrado. "Que yo sepa en estos momentos todavía no hay nada cerrado. Vamos a presentar nuestro candidato, Juan Trinidad, pero no hay nada cerrado", ha anunciado José María Espejo, coordinador del Comité Negociador de Ciudadanos, en la Cadena Ser.

En declaraciones a RNE, el secretario general del partido de Rivera, José Manuel Villegas, sí ha admitido que esta mañana se producirán "conversaciones para pedir el voto" de los de Abascal, si bien ha negado que haya negociaciones. "Que yo sepa ahora mismo no hay negociaciones en ese sentido pero seguro que durante la mañana se producen conversaciones para pedir el voto", ha afirmado Villegas en declaraciones a RNE. Villegas no descarta acudir a la votación de la Mesa sin tener ningún pacto cerrado y "ver qué vota cada uno".

Pedro Sánchez se reúne este martes en el Congreso a Pablo Iglesias, con quien a priori está condenado a entenderse para poder formar Gobierno. El encuentro llega en un momento tenso entre PSOE y Unidas Podemos, con amenazas cruzadas de nuevas elecciones. Tras él, se encontrará también con Albert Rivera y Pablo Casado. Además, es el día en el que las defensas de los líderes independentistas leerán sus conclusiones en el juicio del procés.

créditos

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