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created: 22 mar 2015 21:42:28 UTC ~ updated: 8 abr 2020 23:46:54 UTC ~ rssv2 ~ TTL 10 min. ~ es

La falta de recursos públicos en el sistema sanitario para responder a la epidemia del coronavirus está empujando a las comunidades autónomas a solicitar colaboración a ONG para cubrir necesidades que la administración no alcanza a satisfacer. Casi la mitad de los gobiernos regionales están utilizando a voluntarios de Cruz Roja Española para transportar en ambulancias a enfermos leves de COVID-19 desde los hospitales a sus hogares, entre otras actuaciones, según ha confirmado la organización.

A petición de diferentes gobiernos autónomicos, Cruz Roja ha activado hace más de una semana un servicio de ambulancias no urgente para trasladar a infectados por coronavirus que no requieren hospitalización desde los centros sanitarios a sus domicilios, para que allí continúen con la cuarentena. La organización ha arrancado el dispositivo, efectuado por voluntarios, en la Comunidad de Madrid, Canarias, La Rioja, Extremadura, País Vasco, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Ceuta.

Además, Catalunya, Navarra, Aragón, Comunidad Valenciana y Galicia han solicitado este servicio de ambulancias de Cruz Roja para infectados, pero por el momento no ha sido activado en estos territorios. Los voluntarios se coordinan con la Consejería de Sanidad de cada comunidad autónoma, y es el servicio de emergencias de cada región el encargado de movilizar sus ambulancias e indicar el hospital desde donde deben realizar el traslado.

Jorge Alberto y Diego Ramos son dos de los voluntarios que conforman el dispositivo de ambulancias de Cruz Roja en Madrid. "Vamos a recoger a pacientes con coronavirus positivos que, por fortuna, han ido mejorando y, para liberar camas, los recogemos en el hospital y los dejamos en su domicilio", explican. Según detallan, se organizan por dos turnos de siete horas y cuentan con el equipo de protección individual requerido por las autoridades senitarias para contactar con personas contagiadas. Todos ellos han recibido una formación específica sobre cómo utilizar dichos recursos.

"Lo primero que hacemos es revisar la ambulancia, comprobamos haya EPI, la cantidad, le damos una limpieza adicional y comprobamos el oxígeno", detalla José Alberto.

Otra de las voluntarias, Isabel Miel, quien vive con su padre y con su hijo, es consciente de que su labor altruista conlleva cierto riesgo de contagio pero asegura "no tener miedo" pues aplica varias medidas de protección. "Nadie estamos libres de cogerlo, pero no me considero kamikace. Más que miedo a cogerlo, es a llegar a casa y transmitirlo a los míos. Pero me apoya mi padre y mi hijo. Antes de entrar me desinfecto y me pego na buena ducha. No tengo miedo", insiste la mujer que en este momento se encuentra desempleada.

Quienes conforman el dispositivo de ambulancias en la Comunidad de Madrid describen la emoción que suele conllevar el traslado a sus hogares de los pacientes positivos. "Recogemos a la gente que lo ha pasado mal, porque han tenido coronavirus, pero han mejorado. Muchos llegan a su casa y llegan emocionados. En sus casas les reciben con mucha alegría, con aplausos", detalla Juan Alberto.

Diego Ramos defiende la necesidad de este proyecto de Cruz Roja porque, a su juicio, permite liberar camas de forma más rápida de los hopitales, para que sean ocupadas por otros pacientes. "Además, al tener ambulancias propias para esto, hace que todas las ambulancias del SUMMA estén liberadas para las urgencias", apunta el voluntario.

Además de la creación del sistema de traslados domiciliarios acordado con distintas comunidades autónomas, la organización está actuando en diferentes frentes para atender a población afectadas de un modo u otro por el brote de coronavirus. A través del Plan Rescate COVID 19, la ONG ha movilizado en diez días a 8.000 voluntarios para realizar repartos de bienes básicos, acompañamiento telefónico, asistencia en materia de empleo o apoyar a las personas sin hogar, entre otras actuaciones. Cruz Roja pretende reclutar a un total de 40.000 personas para formar parte de su respuesta humanitaria a la epidemia.

Según explica la entidad humanitaria, la crisis ligada al brote ha provocado la "mayor movilización de voluntarios" de su historia. "En lo que llevamos de marzo, Cruz Roja ha multiplicado por cuatro el número de solicitudes recibidas con respecto a años anteriores", explican desde la entidad humanitaria. "Sólo desde la declaración del Estado de Alarma, son más de 4.000 las personas que se han ofrecido, a lo que hay que sumar el ofrecimiento de colectivos y empresas que en total suman más diez mil potenciales voluntarios y voluntarias", detallan las mismas fuentes.

Además, Cruz Roja planea instalar 100 hospitales de emergencia en distintas comunidades autónomas. Por el momento, la organización ha levantado infraestructuras temporales en Murcia, La Rioja, Canarias y Ceuta, según detallan fuentes de la entidad humanitaria.

Este lunes, la ONG Médicos Sin Fronteras anunció su activación en España, tras un década sin presencia en este país, ante la situación de "colapso" de algunos hospitales madrileños. La organización ha recibido luz verde de la Comunidad de Madrid para desplegar varios hospitales de emergencia en pabellones próximos a hospitales de la capital, así como dar apoyo y formaciones al personal de residencias de ancianos.

La escasez de mascarillas quirúrgicas y de mascarillas filtrantes FFP es un problema crítico en España. Los profesionales sanitarios cuentan con cantidades muy limitadas de estos elementos de protección y se ven obligados a reusarlos o improvisar con ingenio alternativas (viseras con material de oficina, mascarillas impresas en 3D...) para protegerse frente al contagio. El 13,6 % de los casos confirmados de COVID-19 hasta ahora son sanitarios y la falta de material de protección no hace sino empeorar la situación en este colectivo.

Por otra parte, la demanda de las mascarillas por parte de los ciudadanos también se ha disparado en las últimas semanas, pese a las constantes declaraciones del Ministerio de Sanidad y de otras instituciones sanitarias como la OMS sobre la importancia de dejar las mascarillas a las personas que más las necesitan: los enfermos (afectados por coronavirus o por otras enfermedades de riesgo), aquellos en contacto estrecho con personas enfermas y los profesionales sanitarios. Hace unos días, el Ministerio volvía a recalcar que "la población general sana no necesita utilizar mascarillas. No es necesario su uso, salvo si hay sintomatología".

A pesar de las recomendaciones de las autoridades sanitarias, han proliferado tutoriales e iniciativas altruistas para la fabricación de mascarillas caseras en múltiples lugares de nuestro país durante la última semana. Estas mascarillas, confeccionadas a partir de diferentes materiales como tela o papel, no están homologadas, ni han pasado ningún control, por lo que no hay ninguna garantía de su eficacia para evitar el paso de partículas virales a través de ellas. Debido a ello, no están recomendadas para el colectivo sanitario o las personas afectadas por el COVID-19.

Un aspecto clave a considerar sobre las mascarillas, en general, es que su utilidad principal es evitar la difusión de gotitas con virus a partir de personas infectadas. Como elementos de protección frente al virus para personas sanas tienen una eficacia muy limitada debido a que no protegen los ojos –las mascarillas quirúrgicas no protegen, además, frente a virus en aerosoles– y las manos contaminadas con virus suelen ser una de las principales vías de contagio.

Pero hay otro detalle importante a tener en cuenta. La transmisión del virus se puede producir por personas infectadas que no muestran ningún síntoma (están, aparentemente, sanas) y, por tanto, si hubiera abundancia de mascarillas médicas, estas se podrían aplicar para evitar la transmisión de virus a partir estas personas.

Depende de los materiales 

La eficacia de las mascarillas caseras es extremadamente variable debido a su heterogeneidad. No solo se usan múltiples materiales para su fabricación (telas de diferentes características, papel de cocina, filtros de café, plásticos...), sino que también se aplican distintas formas de confección. Así, su eficacia puede variar considerablemente según factores como la porosidad o impermeabilidad del material o el grosor. Además, hay detalles como el grado de ajuste de la mascarilla a la cara que son decisivos para determinar su eficacia. Así, independientemente del material y el tipo de confección, la eficacia de una mascarilla casera cae en picado si esta no queda bien ajustada a la cara.

Aunque no contamos con estudios científicos específicos sobre la eficacia de estas mascarillas caseras frente al SARS-Cov-2, sí que existen investigaciones que han valorado su eficacia para limitar la difusión de virus.

Investigadores holandeses analizaron en 2008 la eficacia de mascarillas confeccionadas a partir de paños de cocina para filtrar partículas del tamaño que suelen tener los virus en comparación con mascarillas quirúrgicas y mascarillas FFP2. A partir de los resultados, los científicos concluyeron que cualquier tipo de mascarilla en general disminuye, probablemente, la exposición y el riesgo a infección en la población general, a pesar de un ajuste imperfecto a la cara y cierta inconstancia en su uso.

Por otra parte, investigadores de la Universidad de Cambridge publicaron un estudio en 2013 en el que analizaban la eficacia de mascarillas caseras (hechas a partir de diferentes materiales) en comparación con mascarillas quirúrgicas. Para tal fin, escogieron a 21 sujetos sanos que tosían a propósito sin llevar nada, o lo hacían mientras llevaban mascarillas caseras o mascarillas quirúrgicas. A continuación, se registraron la liberación de bacterias y virus de dos especies particulares (ambos con tamaños similares a los virus de la gripe, como indicativos del nivel de protección) a través de las mascarillas o a partir de los sujetos sin ninguna barrera.

Los científicos comprobaron que las mascarillas caseras solían ajustar la mitad que las mascarillas quirúrgicas y tenían tres veces menos eficacia que las mascarillas quirúrgicas. No obstante, las mascarillas de tela sí que redujeron significativamente el número de microorganismos liberados por los voluntarios. Las mascarillas improvisadas de menor eficacia para los virus eran aquellas en las que se usaban bufandas, camisetas de algodón, tejido de seda y funda de almohadas. Las mascarillas caseras más eficaces eran aquellas en las que se usaban trapos de cocina o bolsas para aspiradoras. Los autores, al considerar estos resultados, recomendaban que las mascarillas caseras solo deberían tenerse en cuenta como último recurso para evitar la transmisión de gotitas a partir de individuos infectados ya que eran mejores que nada (con las condiciones de este estudio).

El uso y las medidas complementarias

Si en situaciones controladas, las mascarillas caseras son más efectivas que no llevar nada para evitar la difusión de secreciones respiratorias con virus, ¿por qué múltiples instituciones sanitarias las desaconsejan entre la población general? Porque en la vida real la eficacia de las mascarillas no depende exclusivamente de las características de este elemento de protección, sino también de si se usan correctamente y de los hábitos de higiene del usuario. ¿Qué quiere decir esto? Que, si una persona usa correctamente estas mascarillas caseras y sigue cumpliendo las normas de higiene, la etiqueta respiratoria y el distanciamiento social, es una medida adicional útil para frenar el contagio. Sin embargo, si las personas usan mal las mascarillas y, además, les aportan una falsa sensación de seguridad, que les lleva a relajar las otras medidas para evitar el contagio, pueden causar más daño que beneficio en esta pandemia.

La afirmación anterior no es solo una afirmación hipotética. En 2015 se publicó un ensayo clínico en el que se comparaba la utilidad de mascarillas de tela frente a mascarillas médicas entre profesionales sanitarios en el hospital. Había tres grupos: trabajadores con mascarillas médicas, mascarillas de tela y el grupo de control que seguía su rutina en el hospital como de costumbre. Las mascarillas de tela, lejos de evitar infecciones respiratorias entre los profesionales sanitarios, las incrementaron en comparación con el grupo control. La retención de humedad, la reutilización de mascarillas de tela y la pobre filtración eran posibles factores que incrementaban el riesgo de infección. Ante estos resultados, los autores aconsejaban, como medida de precaución, evitar el uso de mascarillas de tela entre los profesionales sanitarios, especialmente en situaciones de alto riesgo.

En los últimos días se está observando que la mala utilización de las mascarillas es algo muy frecuente: mascarillas que quedan sueltas, que no se esterilizan o se reutilizan cada día, que se ponen bajo la barbilla en contacto con la parte exterior, que se quitan de la cara tocando la parte de fuera... Son acciones que reducen considerablemente el factor de protección que cualquier mascarilla, casera o no, ofrezca.

En definitiva, las mascarillas caseras, aunque ofrecen una eficacia considerablemente menor que las mascarillas quirúrgicas, pueden contribuir a la reducción de contagios en la población general –especialmente por los casos asintomáticos de COVID-19–, al limitar la difusión de virus por secreciones respiratorias. Serán de utilidad siempre que los ciudadanos las usen adecuadamente y sigan aplicando las medidas recomendadas de higiene y de distanciamiento social. Son una ventaja adicional si, además, evitan que los ciudadanos compren mascarillas quirúrgicas o FFP, muy necesarias para los profesionales sanitarios y los enfermos.

Los avisos sobre el deterioro de la asistencia a los mayores se habían acumulado antes. Pero el golpe que el coronavirus ha infligido a este colectivo vulnerable ha subrayado las carencias de un sector precarizado, saturado y privatizado en España.

La residencia de La Paz en Madrid fue uno de los primeros focos de COVID-19 en España. Lo mismo ocurrió en otro de los polos de infección en Vitoria donde una residencia ha padecido 11 muertes y una cincuentena de contagios. El domingo pasado, los trabajadores de la residencia Orpea Loreto en Madrid denunciaron que se ocultaban los fallecimientos en su centro. La plantilla de otra residencia en Albacete ha asegurado que ocho personas han muerto en 48 horas tras la entrada del virus. 

El Gobierno ha publicado este martes una orden específica para reforzar el control y la información que las comunidades autónomas pueden ejercer sobre estos centros, en gran parte privados. La orden ha partido "a petición del vicepresidente de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias", ha explicado el ministro de Sanidad, Salvador Illa tras el hallazgo de un cadáver en una residencia por parte de la Unidad Militar de Emergencias.

En España, el sistema de residencias de mayores es insuficiente. Hay unas 380.000 plazas, según el recuento el Imserso, lo que hace que la media esté por debajo de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de 5 plazas por cada 100 habitantes de 65 o más años. Para cumplir, haría falta una inyección directa de 70.000 puestos. Este es un primer embudo que atenaza a la asistencia e ilustra que el sector no goza de prioridad. 

Pero, además, las denuncias de profesionales y familias se han encaminado hacia la precarización de las plantillas y los recursos materiales. La Plataforma para la dignidad de las personas mayores (Pladigmare) ya reclamó en mayo pasado "mejorar el control y las dotaciones" de los centros tras iniciar la Fiscalía una investigación por el supuesto maltrato recibido por algunos internos en centros del grupo Los Nogales en Madrid.

Los testimonios de plantillas saturadas y escasez de equipos son un goteo constante desde hace tiempo. Y recorre muchas partes del país. En febrero de 2019, el sindicato UGT avisaba al Ejecutivo de Castilla-La Mancha de que "la falta de personal, las no sustituciones en casos de bajas médicas o ausencias, el incremento de usuarios, la mala organización y la penosa gestión de algunos centros está siendo la tónica general de este último periodo". Poco después, en agosto de ese año, fue CSIF el que denunció ante la Inspección de Trabajo que la carencia de personal en residencias de León impedía "cubrir las necesidades de los usuarios".

En junio del año pasado, los trabajadores de las residencias del grupo Domusvi en Galicia (29 centros en esa comunidad autónoma) denunciaron las condiciones de deterioro "tras años de precariedad y recorte". Aducían condiciones "cercanas al esclavismo" y "desatención a los mayores". La empresa contestó que su expediente era impecable y la Xunta de Galicia que investigaba el 100% de las quejas y que habían superado las inspecciones. Las quejas estaban apoyadas por algunas asociaciones de familiares.

Hace unos meses, en octubre de 2019, el sindicato de enfermería Satse expuso que los centros públicos de la Región de Murcia tenían una enfermera por cada 40 internos en las mañanas y para 62 en los turnos de tarde. También que los 11 centros eran deficitarios en médicos y auxiliares de enfermería.

En Asturias, CCOO habló de "inasumibles cargas de trabajo" ya en 2018 a pesar de que los gestores han mantenido que "se mantiene la ratio" de trabajadores por número de residentes (un valor que varía según cada normativa autonómica). El sindicato denunció, también en esta comunidad autónoma, la escasez de material como manoplas, grúas, baberos, toallas, lencería, "no sabemos si por falta de presupuesto o por falta de previsión".

Las malas condiciones de trabajo hacen que las profesionales sanitarias huyan de las residencias. "No se encuentran profesionales", resumen los sindicatos. SATSE calculó en septiembre pasado que, de media, cada enfermnera atiende a 109 internos. En algunas comunidades como Madrid, la cosa se eleva a 261, en Castilla y León a 225 y en Extremadura a 204. 

Concesiones

En la Comunidad de Madrid, al caso de Los Nogales, se ha unido hace bien poco el de las residencias concertadas del grupo Aralia. Cuatro centros con 720 plazas y un contrato de 15 millones de euros públicos. La mala calidad del servicio ha hecho que la Consejería de Asuntos Sociales abriera un expediente con riesgo de perder la concesión. 

La atención residencial a los mayores se asienta en ese concepto: la concesión que privatiza el servicio público. Si en España hay unas 380.000 plazas y el 75% está en manos privadas, el dinero que las mantiene es mayoritariamente público. El 59% de todas esas plazas se financian con presupuestos, según el Imserso.

"Este modelo de gestión dificulta la toma de decisiones y el control al haber un intermediario", reflexiona Ana González, secretaria de políticas sociales de CCOO en Madrid. Sin embargo, la Federación Empresarial de la Dependencia insiste en que el problema está en la financiación "claramente insuficiente en cuanto al precio/plaza".

En ese sentido, hace un par de años, el Gobierno de la Comunidad se encontró cómo varias empresas renunciaban a las plazas concertadas porque no les salían las cuentas tras los recálculos a la baja realizados por el Ejecutivo. "No vamos a concursar. No somos unas ONG", contaban los directivos para justificar su retirada. 

Porque lo que si ha quedado claro estos últimos años es que existe una necesidad de este servicio, que, desatendido en cierta medida por las adminsitraciones públicas, han abierto una vía de negocio a la que han acudido grandes grupos y fondos de inversión. 

Los cinco primeros grupos en España son DomusVi, Orpea, Amavir, Vitalia Home y Ballesol que han ido escalando en cuota de mercado, alcanzan ya el 25% y siguen avanzando. Además, la perspectiva de beneficios ha lanzado a toda una pléyade de fondos nacionales e internacionales para acaparar este servicio. Un boom de las residencias donde aparecen nombres como Oaktre, Adriano Care de Azora, Magnum, Thor Private Equity, Caboel, ICG o SRS. 

"Esta situación de crisis nos pone de relieve las deficiencias de unos mecanismos de protección social que ya veníamos denunciando. Los recortes en el ámbito sanitario y un sistema de atención a la dependencia que ha sido un paradigma del mal hacer", resume Ana González. 

España se acerca a los 40.000 casos confirmados de coronavirus, según el último balance del Ministerio de Sanidad. Han fallecido 2.969 personas, lo que supone un incremento de 514 en solo 24 horas, y permanecen ingresados en la UCI 2.636 pacientes desde el inicio de la emergencia sanitaria. Los datos son difícilmente interpretables, según ha explicado el directordel Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón,  en su comparecencia de este martes, hasta que no se conviertan en tendencia. Pero, ¿qué sabemos hasta el momento de los contagiados, ingresados o fallecidos en nuestro país?

Tanto el Centro Nacional de Epidemiología, perteneciente al Instituto de Salud Carlos III, como el Ministerio de Sanidad publican informes periódicos con algunos datos que permiten acercarse al perfil de los infectados. No obstante, se utilizan diferentes muestras en función de cada variable y las cifras cambiarán a medida que se vayan añadiendo más casos a los análisis. El último estudio publicado por el Centro Nacional de Epidemiología, fechado el 23 de marzo, contiene información de 15.875 casos, lo que supone un 48% del total registrado en ese momento. 

El informe analiza las características de los pacientes según el nivel de gravedad de su situación. El 74% de los ingresados en UCI o fallecidos sobre los que aporta esta información (854) tenía alguna enfermedad previa, por lo que era población de riesgo. El 60% padecía enfermedades cardiovasculares, el 19% respiratorias y el 84% 'otras', categoría en las que se incluyen patologías como la diabetes, la inmunodepresión o enfermedades hepáticas.

Por otro lado, y en base al balance del Ministerio de Sanidad de este martes, un 67% de los pacientes que requieren cuidados intensivos o han fallecido son hombres. En cuanto a la edad, el departamento dirigido por Salvador Illa ya aportó el pasado sábado datos al respecto (en esta ocasión, sobre una muestra de 19.000 casos): el 67% de los muertos superaba los 80 años.

Es decir, los datos disponibles permiten concluir cuáles son los grupos más vulnerables, los que acaban ingresados en la UCI o no llegan a superar la enfermedad. El coronavirus es más letal e impacta con mayor gravedad en los hombres, las personas más mayores y las que tienen enfermedades previas. 

Estos datos dibujan una muestra parcial de todos los casos que han ingresado en la UCI o que han fallecido hasta la fecha. En concreto, el Ministerio de Sanidad incluye datos desagregados por sexo y edad de 1.444 casos que han requerido cuidados intensivos o fallecidos y el Instituto de Salud Carlos III aporta información de 854 por patología previa en esas mismas circunstancias. Según las últimas cifras, 5.332 personas con COVID-19 han ingresado en la UCI o han fallecido.

¿Cuáles son los síntomas más comunes?

Por franjas de edad, el porcentaje más alto de personas infectadas que requieren cuidados intensivos o han fallecido corresponde a los mayores de 80 años (un 18,7%) y en cuanto al género, el 9,2% de los hombres contagiados con COVID-19 ha requerido cuidados intensivos o ha muerto (frente al 4,9% de las mujeres). Estas dos variables se han calculado en base a una muestra de algo más de 20.000 casos registrados en el informe de este martes de Sanidad. Por otro lado, una inmensa mayoría de infectados que han llegado al estadio más grave de la enfermedad sufría patologías de base: solo el 3,6% de un total de 11.000 confirmados no tenía.

Si analizamos la proporción de casos graves en cada franja de edad según el género del enfermo, la conclusión es similar: el 20,3% de los hombres contagiados mayores de 80 años está en la UCI o ha fallecido frente al 16,7% de las mujeres que han superado esa misma edad. La cifra merma a medida que desciende la horquilla, pero en todos los casos la proporción de hombres supera a la de las mujeres. Por ejemplo, el porcentaje de enfermas graves entre los 60 y 69 años alcanza el 4,8%, mientras que escala hasta el 9,6% en el caso de los hombres.

El Centro Nacional de Epidemiología también aporta en su último informe algunas características de los contagiados. La mediana de edad, por ejemplo, es de 59 años, siendo mayor para los hombres (62) que para las mujeres (56). En cuanto a los síntomas de la enfermedad, una mayoría, el 68%, reportaban fiebre y tos; un 30% ahogo o dificultad para respirar y un 27% escalofríos. Los hombres, además, presentan una mayor prevalencia de este tipo de síntomas, concluye el estudio epidemiológico.

La Fiscalía española está investigando las muertes de ancianos en residencias a causa del coronavirus, que no paran de sucederse desde que irrumpió la pandemia del COVID-19 en España.

Pero no es un caso aislado español. Una residencia de ancianos en el área de Seattle se convirtió en el brote de coronavirus de Estados Unidos más mortal hasta la fecha. Y en Italia, el país que más casos de contagios y de fallecimientos se está registrando de toda Europa, la Ue.Coop (Unión europea de las cooperativas) ha alertado del riesgo de muertes y contagios de los "mayores hospitalizados por falta de material de protección". Allí, como en España y Francia, la mayor parte de la red está en manos privadas, aunque dependa de los servicios públicos.

"Con más y más residencias de ancianos afectadas por el coronavirus, alertamos de que más de 300.000 personas mayores alojadas en 7.000 establecimientos de norte a sur de Italia", afirma un análisis de Ue.Coop con datos del Ministerio del Interior en relación con la pandemia de coronavirus que está afectando en particular a los sectores más débiles de la población.

"Los muertos e infectados se multiplican en las residencias de ancianos, desde Medicina nel Bolognese hasta Barbariga y Quinzano en Bresciano, desde Merlara nel Padovano hasta Comeana, en la provincia de Prato", prosigue el comunicado de Ue.Coop: "Es necesario fortalecer las medidas de seguridad teniendo en cuenta que casi 1 de cada 3 personas mayores están ingresadas en el epicentro de la pandemia, entre Lombardía, Emilia Romagna y Veneto".

La entidad subraya "las dificultades para tener máscaras y ropa protectora para el personal . El brote en una residencia de ancianos puede convertirse en un drama para los abuelos ingresados, sus familiares y los mismos trabajadores que los cuidan todos los días" .

El Defensor del Pueblo de Italia se ha hecho eco de la llamada de alerta de Ue.Coop, y afirma en una nota difundida recientemente: " En estos días se multiplican las noticias de hogares de ancianos en los que se han producido contagios con numerosas víctimas entre los ingresados de edad avanzada. Solo por mencionar algunos datos significativos, se registraron 44 muertes en el hogar de ancianos Mombretto en Mediglia, lo que equivale a un tercio de los ingresados; se registraron 40 enfermos de 150 en el hogar de ancianos Fundación Cecilia Caccia, en Gandino, todos considerados potencialmente infectados; en el centro de Perledo hubo un brote con 32 personas positivas entre ancianos y trabajadores, y en Quinzano hubo 18 muertes entre sus pacientes".

Desde la nota del Defensor del Pueblo del 19 de marzo, los fallecimientos se siguen multiplicando en las residencias de ancianos. Por ejemplo, la de Mediglia, ha pasado de 44 a 52 fallecidos, según recoge Il Giorno.

Emilio Tanzi, director de Cremona Solidale, una residencia de 460 camas en la ciudad norteña de Cremona, explicaba a Reuters que las residencias de ancianos se encontraban en la primera línea de una crisis que afectaba predominantemente a los ancianos. Tanzi no dio cifras completas, pero dijo que sólo en un día hubo 18 muertes en su residencia de pacientes con dificultades respiratorias, síntomas asociados con el coronavirus.

Walter Montini, presidente de ARSAC, la asociación que agrupa a 30 hogares de ancianos en la provincia de Cremona, contaba a Reuters que en una pequeña residencia con 36 camas, se registraron 7 muertes en un día.

Y una enfermera citada por Reuters de un centro en un pequeño pueblo en el área de Cremona denunciaba que las residencias habían sido "abandonadas": de 40 personas, 38 estaban en cama con fiebre alta, mientras que el personal de atención se veía obligado a trabajar sin la ropa protectora adecuada. Pero dado que los hospitales locales ya estaban desbordados, los traslados eran imposibles de organizar.

Una veintena de muertes en una residencia francesa

La residencia de ancianos Couarôge, en el departamento de los Vosgos, suma veinte muertes "posiblemente vinculadas" a la epidemia de coronavirus, explicaba Le Monde este lunes. El centro, en el municipio de Cornimont, acumula fallecimientos en los últimos diez días.

Desde el comienzo de la epidemia, el número de muertes dentro de este centro municipal que cuenta con 166 camas fue de 15 hasta el sábado, y ascendió a 20 este lunes. "Entre el 6 de febrero y el 3 de marzo, no tuvimos muertes", explica David Jeangeorges, periodista de Remiremontvallées, a Le Monde: "El domingo 22 de marzo, tuvimos una docena de muertes. Incluso en 2003, durante la ola de calor, no pasó, es increíble".

El brote de COVID-19 ha afectado especialmente a las residencias de ancianos en España. El Gobierno ha ordenado que el Ejército ayude a desinfectar y preste asistencia al centro que lo requiera y se ha obligado a las públicas y privadas a facilitar todos los datos de contagio, aislamiento, pacientes y fallecimientos. eldiario.es ha contactado con trabajadores de una de esas residencias en Madrid, Orpea Loreto, privada, que relatan cómo están viviendo la crisis. "Un mes horrible, bajo presión y con contagios a personal sanitario que nos ha llevado a bajas médicas e incluso a una trabajadora la ha llevado a la UCI", describen las últimas semanas desde dentro.

La residencia Orpea Loreto, en la avenida Reina Victoria de la capital, ha admitido a eldiario.es que ha habido un caso confirmado de COVID-19 y once fallecimientos "compatibles con síntomas de la enfermedad". Lo explica un portavoz de la multinacional, que opera en 14 países, a este medio. Cinco trabajadores consultados de Orpea Loreto, que prefieren no dar su nombre por temor a represalias laborales, elevan esa cifra a "más de 20 fallecimientos desde el 8 de marzo, cuando se informó de un positivo con test de coronavirus".

Las cifras que dan unos u otros no se pueden contrastar puesto que no se informa del número de contagios o muertes por COVID-19 en las residencias de Madrid ni tampoco del número de fallecidos por la causa que sea en esos centros desde que empezó la epidemia. El Ministerio de Sanidad asegura que no tiene los datos de Madrid y remite al gobierno regional. En la Consejería de la Comunidad que gobierna Isabel Díaz Ayuso replican que desde este mismo martes se les ha encargado, por decreto, la vigilancia de estos centros, pero no antes. En la Consejería de Asuntos Sociales tienen datos "extraoficiales". "Los que nos pasan diariamente los directores de residencias por teléfono", asegura un portavoz. Datos que de momento no se hacen públicos.

La epidemia ha tenido especial incidencia en Madrid, lo cual ha llevado incluso a afectar a las estadísticas: este es uno de los motivos, según Sanidad, de que en la capital se dispare la tasa de ingresados graves y de fallecimientos respecto al resto de España. El problema es que hasta ahora no se ha hecho test a muchos ancianos, porque no había disponibles. El Gobierno anunció la pasada semana que la compra masiva de pruebas rápidas, que empezaron a repartirse este fin de semana, iba a ir destinada primero a pacientes graves de hospitales y sanitarios y luego a residencias de mayores.

La muerte y contagio en estos centros sigue siendo desconocida, por falta de test y por que no se publican las estadísticas de lo que sí se conoce. Pero los trabajadores sanitarios de estas residencias no se han salvado de las altas cifras de contagio globales de sanitarios: el 12% de los infectados por coronavirus, según datos del propio ministerio. Fuentes oficiales de Orpea -que gestiona 50 centros en España entre residencias, centros de día y de salud mental- admiten unas 20 bajas entre sus trabajadores por síntomas compatibles, aunque aseguran que se han intentado reforzar plantillas.

Falta de EPIS y de recursos

Los trabajadores de este centro, cuya tarifa es de 2.730 euros a mes por una habitación individual con baño, insisten en que falta personal: "Prácticamente hemos caído todos. Dos médicos de la residencia se tuvieron que coger la baja, ahora hay tres personas atendiendo a cincuenta residentes que están en aislamiento (la empresa rebaja el número a 31 aislados), y solo podemos duchar a cinco personas al día" de los 150 residentes que hay, siempre según el testimonio de algunos empleados. "Yo no le tengo miedo al virus, ni a contagiarme, el dolor es ver morir a los ancianos de esa manera", dice una de ellas. Otra señala: "Lloramos todos los días, no entendemos por qué les dejan morir tan indignamente, se están muriendo solos en su habitación".

También coinciden en denunciar que aunque han tenido material de protección no es suficiente, ya que tienen que desinfectar las gafas y que les dan una bata por día, un problema que se repite en algunos hospitales españoles. Desde la empresa aseguran que tienen material suficiente y que tuvieron previsión y compraron. "La situación nos ha venido grande a todo el mundo", cuenta otra de las empleadas, que ha tenido que estar de baja. "Hablamos de personas con muchas patologías y mayores. Siento rabia e impotencia", declara otra, también con síntomas, a este periódico.

Muchos pacientes se mueren solos, como lamentan los trabajadores, porque se decretó, el 8 de marzo, antes de las medidas más restrictivas, que no podrían recibir visitas de sus familiares para evitar contagios. Otros se mueren sin tratamiento adecuado, porque ni les han hecho el test ni las residencias están medicalizadas para intubar, así que el tratamiento es básico y/o de paliativos. A esto hay que sumarle la desatención por la avalancha de la crisis y la falta de personal que se ha denunciado a través de sindicatos y empleados de diversas residencias.

¿Por qué no se ha llevado a los enfermos a los hospitales? "Sí ha habido traslados, aunque no sabemos ahora mismo en qué porcentaje", replican desde la Consejería de Sanidad. Fuentes oficiales de Orpea informan de que el protocolo es llamar a una ambulancia para que se lleven al enfermo. No explican más ni puntualizan si son las autoridades las que deciden que se queden en la residencia con tratamientos básicos o paliativos, pero sí hacen hincapié en la saturación de las UCI y el sistema de urgencias de la Comunidad, evitando establecer quién es el responsable de que muchos mayores se queden sin asistencia hospitalaria. Desde la Consejería de Sanidad no responden si la orden de no trasladarlos a hospital ha partido de ellos y del protocolo de emergencia que se hizo en la Comunidad de Madrid, por el cual solo los casos más graves son hospitalizados y los leves pasan el coronavirus en casa.

Una orden ha cambiado la gestión de los fallecimientos

Otro punto opaco es qué pasa cuando fallecen, visto el colapso de las funerarias, que ha llevado al alcalde de Madrid a tener que habilitar la Pista de Hielo como morgue y a cerrar la funeraria municipal por falta de medios. Las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, contando que la Unidad Militar de Emergencias (UME) había encontrado cadáveres junto a personas vivas, también han creado alarma entre los familiares. La plataforma Pladigmare, que reúne a unos 300 en la Comunidad, recibió estas palabras "horrorizados".

La Fiscalía General del Estado está investigando el caso. Varias asociaciones del sector insisten en llevaban tiempo advirtiendo de que la pandemia había pillado a las trabajadoras "sin recursos". A María Victoria Gómez, responsable de Negociación Colectiva de CCOO, no le constan estas denuncias en la Orpea Loreto y tampoco casos concretos de fallecimientos no debidamente notificados. Reconoce que, de ocurrir circunstancias así, es "horroroso” y pone el foco en lo mismo: "Ha pillado a las residencias en condiciones precarias, y la gente está angustiada y sobrecargada. Hace falta medicalización y Equipos de Protección (EPIS) urgentes, esto es lo que más nos han reportado, y suficiente personal sanitario para que se lleve a cabo la hospitalización o no, pero que puedan ser atendidas dado el colapso de los centros".

"Aquí falleció un señor que compartía habitación con su esposa y estuvo de 6 a 10 de la mañana en su cama sin ser trasladado, de hecho ahora ya no nos quedan bolsas y se utilizan sábanas", dicen trabajadores desde Orpea Loreto, algo que niega la empresa, que asegura que la relación con las funerarias ha sido normal y recuerda que tiene un tanatorio en el propio centro. Otra trabajadora sostiene que ha habido colapso también con el tratamiento de los cadáveres, que se acumulaban sin que fueran retirados, un problema que se han encontrado también en los hospitales.

El protocolo para el manejo de pacientes fallecidos por COVID-19 establecía hasta este lunes que las actuaciones extrahospitalarias deben limitarse "al mínimo imprescindible" y estas deben ser realizadas por el personal de funerarias, que ahora mismo en zonas como Madrid está desbordado. Este martes, tras hacerse públicos algunos casos de residencias, una orden ministerial nueva especifica que el personal de los centros de mayores deberá informar "de inmediato" si no pueden gestionar la conservación y retirada de cadáveres.

El número de nuevos fallecidos en Italia vuelve a subir. El país ha registrado 743 nuevas muertes por cornavirus en las últimas 24 horas y el total asciende ya a 6.820 defunciones. El número de infectados totales llega ya a los 69.176, 5.249 más que ayer, y los recuperados en las últimas horas son 894, lo que supone un total de 8.326. El número de casos activos actualmente es de 54.030. 

En el balance que ofreció ayer Protección Civil de Italia se contabilizaron 602 nuevos muertos -6.077 en total-. El domingo habían sido 651 nuevos fallecidos, la primera cifra menor que el días anterior desde que comenzó la crisis en Italia, y el sábado, 793. Ayer el número de nuevos casos era de 4.789, menos que los anunciados el día de hoy. 

Tras dos balances en descenso, la cifra vuelve a subir el mismo día que Italia continúa imponiendo restricciones para contener la pandemia. Si ayer lunes el Gobierno prohibió las actividades económicas no esenciales, lo que supone dejar activa la economía del país en un 35% hasta el 3 de abril, hoy se ha aprobado un nuevo decreto con nuevas medidas. 

El consejo de ministros italiano ha aprobado este mismo martes endurecer las sanciones para los ciudadanos que se salten el confinamiento y salgan a la calle sin razón laboral o de salud hasta 3.000 euros, a la vez que multiplicarán los controles e implementarán tecnologías, como drones, para controlar a la población. Hasta ahora, las multas eran de 206 euros y tres meses de prisión.

Además, el decreto permite a los presidentes regionales emitir ordenanzas más restrictivas en los territorios más castigados por el virus y abre la puerta a que las restricciones sobre las actividades económicas se amplíen en 30  días en las zonas más afectadas o en el conjunto del país, o hasta el 31 de julio una vez que finalicen las actuales restricciones.

Las zonas más afectadas a día de hoy continúan siendo la región de Lombardia, con 19.868 casos activos; Emilia-Romana, con 7.711; Veneto, con 5.351; y Piamonte, con 5.124. 

Es la tercera reunión consecutiva de los ministros de Finanzas de la zona euro. En las dos anteriores, se diagnosticó que el golpe del coronavirus sería demoledor para la economía de la Unión Europea. Pero en ninguno se adoptaron respuestas conjuntas ambiciosas. Esta vez, ni siquiera se ha pactado un comunicado de mínimos y vaguedades tras la reunión. 

Mientras, la crisis del coronavirus hace caer en picado las economías de los Estados, las empresas y las familias. 

Nada de nada. Todo queda en manos de los jefes, los presidentes de Gobierno de la Unión Europea, que se reunirán por videconferencia este jueves. En Bruselas se suele decir que las reuniones de los políticos sirven para que los políticos den el visto bueno al trabajo técnico previo. Es decir, que el Eurogrupo debe ratificar lo que le llega del Euroworking Group, y que las cumbres de líderes, lo que les llega del Eurogrupo. Pero, en este caso, ni lo uno ni lo otro. Todo llega abierto al jueves.

Este martes la reunión del Eurogrupo llegaba 48 horas antes de una cumbre de líderes de la UE destinada a tomar decisiones –al menos es lo previsto–, y 24 horas después de que los 27 aprobaran la propuesta de la Comisión Europea de activar la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad durante 2020 para dar barra libre al gasto público.

Sobre la mesa hay multitud de opciones: coronabonos para la crisis; plan Marshal para después de la crisis, movilizar el Banco Europeo de Inversiones, los 400.000 millones del Mecanismo de Estabilidad... Pero, de momento, no hay acuerdo sobre nada.

Ni para un mero comunicado conjunto.

No obstante, el ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, ha afirmado tras la reunión: "Discusión constructiva para movilizar todos los instrumentos de la zona euro frente a la crisis del coronavirus. Una convergencia de opiniones sobre el uso del mecanismo europeo de estabilidad. Buena base de trabajo para el Consejo Europeo del jueves"

Le Maire se encomienda a que los líderes de la UE logren lo que sus ministros no han logrado en tres reuniones del Eurogrupo consecutivas, y una más del Ecofin.

Calviño: "Hay que dar liquidez ya"

"España defiende una respuesta europea", había dicho la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, antes de la videoconferencia del Eurogrupo, "con todos los instrumentos disponibles. Una respuesta contundente a la altura de las circunstancias: es el momento de Europa, la crisis es simétrica y, por tanto, la respuesta no puede ser de un país, sino conjunta".

En este sentido, Calviño cree que deben "articularse respuestas a través de todas las instituciones: el presupuesto de la UE, el BCE, el Banco Europeo de Inversiones, el Mecanismo de Estabilidad (MEDE)... Nosotros apoyamos las soluciones más ambiciosas, con los instrumentos que tenemos para afrontar juntos esta situación excepcional".

Según Calviño, "el BEI debe jugar un papel como fondo de garantía reforzada y apoyo a las acciones nacionales para liquidez de las empresas". En todo caso, "hace falta una respuesta fiscal coordinada". 

Además, la vicepresidenta ha afirmado que hay "que trabajar en un plan Marshall, un plan para que Europa disponga de un programa de acción para que la economía se recupere. Cuanto antes recuperemos la actividad económica, evitemos daños estructurales".

"La acción del BCE ha sido adecuada y oportuna", ha dicho Calviño, "hará todo lo necesario para dar estabilidad a los mercados de deuda y al euro. Pero es necesario buscar otros instrumentos fiscales sin cerrar ninguna opción".

Entre esas opciones, también está el marco financiero plurianual –MFF–, el presupuesto de la UE para 2021-2027, "que nos pueda dar una base de financiación para las reformas e inversiones para que la zona euro se recupere".

En cuanto a las perspectivas económicas españolas, la vicepresidenta ha afirmado: "Es pronto para hacer estimaciones, estas medidas de contención se están siguiendo por la población española. Están teniendo un impacto económico muy significativo. todos los indicadores y la evolución del mercado de trabajo apuntan a un impacto muy significativo en el mes de marzo, por eso es tan importante que se de una respuesta económica y social, para que haya una base económica que nos permita recuperar la senda de crecimiento y que no haya un impacto estructural como social".

Ante la posibilidad de que el MEDE, el mecanismo de rescate europeo preste dinero de manera condicionada a reformas, Calviño ha sostenido: "Ningún país tiene necesidad de eso, todos los países tienen acceso a los mercados financieros, los mercados de deuda están muy estables. Me sorprende que se inste a la condicionalidad". 

"En lo que ha estado trabajando el MEDE", ha explicado Calviño, "es en una línea de financiación especial vinculada al coronavirus, que tenga condicionalidad de coronavirus; una red de seguridad para garantizar la liquidez; un seguro, no de acceso inmediato. Se ha planteado que hubiera una solicitud conjunta. No se ha decidido nada, pero se discutirá".

"España no tiene pensado activar ningún mecanismo extraordinario", ha dicho Calviño. ¿Y qué expectativas tiene? "Que se tomen las medidas en el momento adecuado y dada la gravedad de la situación sanitaria, no hay tiempo que perder. Lo cual no obsta para que se pueda actuar en varias fases".

"Los coronabonos son una ilustración de esa respuesta conjunta para financiar la respuesta económica y social", ha dicho Calviño: "No es necesario que se llame así, sino que se garantice esa respuesta conjunta. Nosotros los hemos defendido, que se emita un título para financiar de forma conjunta las acciones, para que la respuesta sea conjunta y tengamos instrumentos para apoyar las acciones de los Estados, apoyar la liquidez, las empresas de la Unión y los estabilizadores automáticos de los países para que salgamos lo antes posible y lo más fuerte posible". 

India se ha unido a los países cuyos gobiernos han ordenado a sus ciudadanos que se queden en sus casas. El primer ministro, Narendra Modi, ha anunciado este martes en una intervención televisiva que los 1.300 millones de indios deben permanecer en sus domicilios en las próximas tres semanas a partir de esta medianoche.

Modi lo ha presentado como un toque de queda permanente para todos, excepto para los servicios esenciales. "Olvídense de salir de casa durante 21 días. Quédense donde están ahora. Si no podéis arreglároslas durante estos 21 días, retrocederemos 21 años", ha dicho. Asimismo, el primer ministro ha anunciado un paquete de ayudas de hasta 2.000 millones de dólares para para mejorar los servicios sanitarios en el país. El número de casos de coronavirus registrados en India es de 519, que han ocasionado nueve muertes, según cifras oficiales.

"El virus se ha propagado muy rápido en otras partes del mundo, igual que un incendio. Por eso, viendo la experiencia de esos países, y de acuerdo con los expertos, la única forma exitosa de evitar esa rápida propagación es el distanciamiento social", ha explicado Modi. "La distancia social no es solo para aquellos que tienen la enfermedad, es para todo el mundo, incluso para el primer ministro".

Esta medida llega después de que el pasado domingo impusiera un toque de queda a nivel nacional que duró desde las 7 de la mañana hasta las 21:00 horas, con excepción del personal de servicios esenciales como médicos, policía, restaurantes de comida a domicilio y medios de comunicación.

Además durante esas horas se paralizó el metro en la capital, excepto a primera hora de la mañana, el servicio de autobús se redujo a la mitad y los taxis dejaron de operar en su mayoría por orden de los sindicatos del sector. Unas medidas que también se adoptaron en otras regiones del país.

Ese mismo día el Gobierno anunció la prohibición de los vuelos domésticos e internacionales hasta el 31 de marzo, una medida que se ha extendido al servicio ferroviario de larga distancia, un medio de transporte que utilizan 25 millones de personas diariamente.

Este pasado jueves, el ejecutivo ordenó el bloqueo, de la región de Cachemira, según las autoridades para frenar la expansión del coronavirus tras detectarse un cuarto contagio en la zona. Un bloqueo que despertó las suspicacias de algunos ciudadanos al recordarles las restricciones similares que sufrieron desde agosto hasta octubre de 2019, después de que el Ejecutivo de Modi suspendiera por sorpresa el estatus semiautónomo de la región.

Conociendo al enemigo: estos son los siete tipos de coronavirus. 24 mar 2020 16:10:53.eldiario.es - eldiario.es.

La historia de los coronavirus como agentes patógenos en humanos se remonta a mediados de los años 60 cuando se aislaron por primera vez a partir de muestras obtenidas del tracto respiratorio de adultos con síntomas de resfriado común.

Estos virus, que pertenecen a la Subfamilia Orthoviridae dentro de la Familia Coronaviridae del Orden Nidovirales, deben su nombre al hecho de tener una forma esférica de la que sobresalen unas espículas que les dan la apariencia de una corona (por semejanza a la corona solar).

Su genoma es de RNA (27-34 kilobases) de cadena sencilla y polaridad positiva, lo que quiere decir que su RNA puede ser traducido directamente por los ribosomas de la célula infectada. Ya en los primeros estudios se demostró que estos virus son ‘sensibles al éter’, por lo que se sugirió que presentan una envuelta lipídica.

Esta envuelta, posteriormente confirmada, está compuesta por una bicapa lipídica en la que se encuentran embebidas las proteínas estructurales S (espícula), responsable de la apariencia en forma de corona y del reconocimiento de los receptores en la célula diana; M (glicoproteína de membrana), la más abundante de las proteínas estructurales de la superficie del virus y que define la forma de la envuelta lipídica así como el ensamblaje de las partículas virales; y E (envuelta), una pequeña proteína implicada en varios procesos del ciclo viral (Figura 1).

Esta envuelta lipídica representa uno de los puntos débiles del virus y sobre el que más fácilmente podemos actuar para impedir la transmisión. Dado que los coronavirus afectan al aparato respiratorio, la transmisión se produce por contacto directo con las secreciones respiratorias que se generan con la tos o el estornudo de una persona enferma si entran en contacto con los ojos, nariz o boca de un individuo no infectado.

A nivel molecular, el jabón desorganiza la bicapa lipídica y solubiliza (extrae) las proteínas de la envuelta lipídica, inactivando el virus. Esto significa que el lavado frecuente de manos con agua y jabón se convierte en nuestra primera barrera de defensa para evitar el contagio por estos virus. Los coronavirus infectan a mamíferos y aves, siendo los murciélagos y los pájaros unos huéspedes ideales debido a que son vertebrados voladores de sangre caliente.

Los 7 coronavirus

En la actualidad se conocen siete tipos de coronavirus que infectan humanos, cuatro de ellos (HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63 y HCoV-HKU1) son muy comunes y algunos de ellos están presentes en el resfriado común junto a otros agentes patógenos como los rinovirus, por lo que se estima que una proporción muy alta de la población ha desarrollado defensas frente a ellos estando mayoritariamente inmunizados.

Además de estos cuatro coronavirus, han aparecido de forma más reciente otros tres:

SARS-CoV

El primero de ellos en aparecer fue virus SARS-CoV (síndrome respiratorio agudo severo), que generó un brote en el sur de China en noviembre del 2002 y acabó infectando a más de 8 400 personas en 26 países de Asia, Europa y América, en los que hubo algo más de 800 muertos, lo que supuso una letalidad del 9,6 %. La pandemia que supuso el SARS-CoV fue contenida en poco más de 6 meses, dándose por controlada en el verano de 2003 y desde el año 2004 no se han reportado nuevos casos de la enfermedad.

MERS-CoV

Más recientemente, en 2012, apareció el virus MERS-CoV (síndrome respiratorio del Oriente Medio).

Desde el punto de vista genético es un primo lejano de SARS-CoV con el que comparte aproximadamente el 80% de su genoma, que se extendió a 27 países de Asia, Europa, África y Norte América infectando a menos de 2 500 personas pero de las que murieron más de 850, lo supone una tasa de letalidad del 34,5 %.

El menor número de personas infectadas en esta epidemia se debió fundamentalmente al bajo índice de contagio del virus entre humanos, y probablemente también a su elevada letalidad, dado que el virus al matar al hospedador reduce su propia capacidad de diseminación.

Cabe mencionar que en 2015 hubo un brote de MERS-CoV en Corea del Sur originado por un viajero que visitó Oriente Medio, siendo éste el brote más relevante de la enfermedad fuera de Oriente Medio desde la epidemia de 2012.

SARS-CoV-2

Como desgraciadamente todos sabemos, en diciembre de 2019 se reportó la aparición del más reciente de los coronavirus que infectan humanos, el SARS-CoV-2, en Wuhan, China. Con más de 300 000 casos confirmados de la enfermedad Covid19 en 167 países y más de 13.000 muertos en el momento de escribir este texto (22 de marzo) según la John Hopkins Whiting School of Engineering, se ha convertido en una pandemia sin precedentes.

Los números nos indican que SARS-CoV-2 es extraordinariamente eficaz en la transmisión entre humanos probablemente debido a su tiempo de incubación (14 días), lo que le proporciona una gran transmisibilidad presintomática.

Pero al mismo tiempo presenta una tasa de letalidad mucho menor que la de SARS-CoV y MERS-CoV, que se estima del 2-4%, y una tasa de mutación baja de acuerdo con los datos acumulados en los ya más de 850 genomas secuenciados, lo que son sin duda son dos buenas noticias.

Probablemente estamos ante un ejemplo de evolución darwiniana. Si SARS-CoV-2 ya ha evolucionado hasta alcanzar una elevada eficiencia de transmisión entre humanos y una buena tasa de replicación en los pacientes, no tiene muchas razones para incrementar su letalidad.

Inversión en Ciencia

Finalmente, me gustaría enfatizar que el conocimiento detallado del mecanismo de infección del virus y de su ciclo vital supone nuestra única oportunidad para luchar contra esta terrible pandemia de la que solo el conocimiento científico nos permitirá salir.

La reciente iniciativa del Gobierno destinando 30 millones de euros a financiar la investigación en la enfermedad Covid19 es sin duda una de las mejores noticias que hemos tenido en estos últimos días.

Pero deberemos recordar lo que estamos viviendo ahora toda la sociedad cuando hayamos vencido la actual pandemia, dado que la experiencia nos demuestra que los fondos de financiación desaparecen cuando las necesidades de búsqueda de nuevos tratamientos son menos imperiosas, como ocurrió con las anteriores epidemias de SARS-CoV y MERS-CoV en las que la inversión en financiación específica supuso un incremento significativo en el número de publicaciones científicas, pero que la no continuación de estas inversiones supuso que nuestro conocimiento no siguiera incrementándose (Figura 2).

En qué situación nos encontraríamos ahora si como sociedad invirtiéramos más en investigación no podemos saberlo, pero es razonable pensar que estaríamos mejor.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Puedes leer el original aquí.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes liberar la primera tanda de avales para evitar la quiebra de empresas y autónomos por la parálisis económica derivada de las medidas adoptadas para hacer frente a la emergencia sanitaria del coronavirus. Como ha explicado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, se trata del "primer tramo" de esta línea de avales extraordinarios, dotada con 20.000 millones de euros, la quinta parte de los 100.000 millones anunciados la semana pasada.

¿En qué consisten?

Esta línea de avales, que gestionará el Instituto de Crédito Oficial (ICO), persigue apoyar a las empresas y autónomos españoles, "garantizando el acceso a la financiación necesaria para mantener la actividad y el empleo" y cubriendo hasta el 80% del riesgo de los nuevos préstamos y renovaciones de financiación de empresas que necesiten circulante para hacer frente a sus necesidades de liquidez más inmediatas, destaca el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. 

Los avales tendrán una vigencia igual al plazo del préstamo concedido, con un plazo máximo de cinco años. Van a tener carácter retroactivo, ya que cubrirán el riesgo en operaciones concedidas desde el 18 de marzo. Podrán solicitarlos las empresas y autónomos afectados por los efectos económicos del COVID-19, siempre que no estuvieran en situación de morosidad a 31 de diciembre de 2019 y en procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020.

"Estas medidas ayudarán a nuestras empresas a resistir los efectos negativos que esta situación está generando en el tejido productivo de nuestra sociedad", ha explicado la ministra Montero, que ha indicado que el objetivo de esta medida es permitir a las empresas "atender necesidades de financiación derivadas del pago de salarios, facturas", circulante y "otras necesidades de liquidez, incluidas el vencimiento de obligaciones financieras o tributarias".

El objetivo, en definitiva, es facilitar que ese crédito se conceda y llegue a la economía real para evitar un colapso de la actividad en este shock que se espera sea temporal. En una situación ideal (en el supuesto de que todos los préstamos que se concedan se devolvieran), el Estado no tendría que desembolsar un euro. En caso de impago, cubrirá la parte que le corresponda en función del riesgo cubierto.

¿Cuál es el reparto?

De los 20.000 millones anunciados este martes, la mitad será para avalar a pymes y autónomos y la otra mitad, para grandes empresas. Las condiciones varían en función de la tipología del solicitante. En el caso de autónomos y pymes, el Estado garantiza el 80% de los nuevos préstamos y renovaciones de financiación.  Ese porcentaje permitirá "más facilidad" para que que los comités de riesgo de los bancos concedan esos préstamos y "que no se destruya empleo", según la ministra de Hacienda. Para las grandes empresas, se garantiza el 70% de la nueva financiación concedida y el 60% de las operaciones de renovación.

¿Qué tipo de interés se cobra?

Montero ha explicado que "el Gobierno no ha determinado ningún tipo de criterio" para el tipo de interés que va a cobrar por esos préstamos las entidades financieras, a las que ha pedido "responsabilidad" y ha agradecido su colaboración y "disponibilidad" en esta situación.

"Probablemente el mayor problema de estos préstamos no tiene que ver con el tipo de interés" que, ha recordado, lleva "años" en un nivel "bajo" gracias a las medidas de estímulo del Banco Central Europeo, "sino por la necesidad de avalar el riesgo". El aval del Estado, ha explicado, sirve para "que las entidades financieras tengan un colchón de seguridad" para cubrirse de parte del riesgo en caso de impago.

Las entidades financieras asumirán el resto (como máximo, un 40%) y se harán cargo del coste del aval, que será "de entre 20 y 120 puntos básicos", según precisa Economía.

El ministerio añade que las entidades financieras "se comprometen a mantener los costes de los nuevos préstamos y de las renovaciones que se beneficien de estos avales en línea con los costes aplicados antes del inicio de la crisis del COVID-19".

"También asumen el compromiso de mantener, al menos hasta el 30 de septiembre de 2020, los límites de las líneas de circulante concedidas a todos los clientes y, en particular, a aquellos clientes cuyos préstamos resulten avalados".

¿Qué pasa con el resto de avales prometidos?

Esta es una primera tanda del importe máximo que alcanzará los citados 100.000 millones de euros. La ministra Montero ha explicado que "se ha empezado por estos 20.000 millones de manera que se han establecido unas condiciones distintas para las empresas que tienen mayor músculo financiero". "Queremos observar también cómo se comporta este mecanismo" para que se pueda "ajustar" en el futuro si es necesario.

El Gobierno rechaza que tenga ahora mismo sobre la mesa la posibilidad de cerrar el curso escolar en el mes de marzo, como ha dicho el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio. No obstante, no descarta que se tenga que acabar el año académico antes de tiempo, pero espera a tomar una decisión de ese calado a ver cómo evoluciona la pandemia del coronavirus tras casi dos semanas de confinamiento. 

Así lo ha explicado la portavoz, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros en el que se han aprobado las condiciones para el primer tramo de avales a las líneas de crédito para empresas por un valor de 20.000 millones de los 100.000 que se avalarán en total. "Vista la prolongación tendrá en su momento que tomar la decisión", ha dicho Montero sobre el cierre del curso escolar: "Siendo conscientes de que el confinamiento es necesario para vencer al virus, pero también sabiendo que posteriormente al confinamiento se tendrán que tomar medidas paulatinas, estaremos en mejores condiciones de decidir", ha expresado. 

El Gobierno es consciente de que cuando acabe la fase aguda del confinamiento una vez que se llegue al pico de contagios y se empiece a revertir la curva de la enfermedad, la vuelta a la normalidad no será inmediata puesto que no habrá una solución definitiva para paliar sus efectos en forma de vacuna en el corto plazo.

Por ahora, el Ejecutivo solo se plantea prorrogar el estado de alarma otros quince días en los mismos términos en los que lo aprobó el pasado sábado 14 de marzo -más las restricciones que ha ido llevando a cabo en función de las necesidades-. Y así lo ha especificado en este Consejo de Ministros para solicitar la autorización al Congreso, que se votará en el Pleno este miércoles. El viernes se celebrará una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para formalizar la prórroga. A partir de ahí, el resto de medidas se irán determinando en función de la evolución de la situación. 

Preguntados por los casos de cadáveres encontrados por el Ejército en residencias de mayores que denunció la ministra Margarita Robles, el Gobierno aún no ha dado detalles sobre el número de casos. "No tengo esos datos", ha reconocido el titular de Sanidad, Salvador Illa. Robles aseguró que los militares de la UME habían encontrado "cadáveres conviviendo con ancianos" en esos centros, aunque luego matizó que se trataban de casos "excepcionales". Los profesionales de las residencias se han quejado por la generalización mientras que el Gobierno no ofrece los datos concretos que ha trasladado a la Fiscalía, que ya ha anunciado que ha comenzado la pertinente investigación

No obstante, ha asegurado que el Gobierno ha reforzado la seguridad en esos centros especialmente vulnerables. Así, ha recordado que el Ejecutivo dictó una instrucción el pasado 19 de marzo en la que se establecían "requisitos" en materia de tratamiento, limpieza, disposición de profesionales sanitarios o sobre el seguimiento de casos. La segunda se ha publicado este mismo martes en el BOE y faculta a las comunidades autónomas para intervenir los centros cuando no cumplan requisitos mínimos, además de que establece criterios más estrictos respecto a la inspección. 

Los ministros María Jesús Montero y Salvador Illa han comparecido tras la reunión del Consejo de Ministros telemático al que han asistido de manera presidencia, además de ellos, Pedro Sánchez y las demás autoridades delegadas, Margarita Robles, Fernando Grande Marlaska y José Luis Ábalos desde el Departamento de Seguridad Nacional que se encuentra en el complejo de la Moncloa. No han participado ni Irene Montero ni Carolina Darias, que se encuentran en cuarentena en sus domicilios tras resultar contagiadas por coronavirus, ni la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que permanece ingresada en la clínica Ruber por una infección respiratoria y a la espera de los resultados del test de Covid-19. 

El Gobierno asegura que "en ningún momento" se ha contemplado rebajar los salarios de los empleados públicos debido a la crisis del coronavirus, como ha publicado el diario La Razón este martes. "Son más imprescindibles que nunca, en ningún momento este Gobierno se ha planteado ninguna rebaja", ha sostenido la ministra portavoz, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. 

El diario La Razón ha publicado este martes que el Gobierno estudia bajar el 2% el salario de los empleados públicos e, incluso, que el Ejecutivo no descarta "que los altos cargos de las Administraciones públicas, incluidos los ministros", recortaran sus salarios "hasta el 15%".

María Jesús Montero ha negado con rotundidad esta información, que ha calificado de "bulo". "Esta noticia, al igual que otras muchas", ha sostenido la portavoz del Gobierno, forman parte de una "estrategia de confusión, de bulo, de mentira, que nada beneficia a la situación en la que nos encontramos". 


Montero ha destacado que el Ejecutivo no se plantea reducir los salarios a los empleados públicos, que aumentaron por decreto un mínimo de un 2% este 2020 (como estaba pactado con los sindicatos), y ha subrayado que estos momentos son de "agradecimiento" al personal de las administraciones públicas por la labor que están realizando en la emergencia sanitaria.  

Uno de los colectivos de empleados públicos más expuestos al virus, los sanitarios, está registrando un gran número de contagios: ya son el 13,6% de las personas infectadas, según los datos de este martes.

Los sindicatos critican que se genere "confusión"

Los sindicatos con más representación en la Administración Pública (CCOO, UGT y CSIF) ya habían mandado comunicados al final de la mañana para negar la reducción de las retribuciones de los empleados públicos. Las tres organizaciones de trabajadores han asegurado que, tras contrastar con Función Pública esta información publicada, desde el Ministerio que dirige Carolina Darias les negaron el recorte.

Desde CSIF explican que "el sindicato ha recibido centenares de mensajes y consultas por parte de trabajadores y trabajadoras que nos trasladan su indignación" por la supuesta bajada de salarios. En Función Pública negaron al sindicato de funcionarios el descenso, pero CSIF pedía al Gobierno que desmintiera en el Consejo de Ministros esta noticia, para dejar claro este aspecto. 

En UGT han señalado que "el secretario general de Función Pública ha desmentido tajantemente a UGT lo publicado en torno a que el Gobierno esté valorando una bajada de las retribuciones de las y los empleados públicos". El sindicato ha denunciado que "este es el peor momento para añadir preocupación y crear alarmas infundadas en uno de los colectivos más involucrados en lograr parar la pandemia del Coronavirus que sufrimos en España". 

En los mismos términos se expresa CCOO, donde han criticado que "con noticias falsas quieren poner en cuestión la encomiable labor de las empleadas y empleados públicos, que en muchos casos se están jugando la vida por salvaguardar las nuestras". El sindicato ha mandado un mensaje de "tranquilidad" a los más de tres millones de empleados públicos y ha destacado que "una vez más se pone de manifiesto la necesidad de tener unos servicios públicos como garantía de calidad de la prestación que requiere y necesita nuestra sociedad". 

El Govern de Quim Torra sigue abanderando la postura favorable a un confinamiento total de la población para reducir la exposición a los contagios de COVID-19, pese a los costes económicos o sociales que esto pueda generar. Este martes desde la Generalitat han replicado a la vicepresidenta y responsable económica del Gobierno central, Nadia Calviño, que rechazó paralizar la actividad laboral por los perjuicios que esto podía suponer. "Cuanto antes hagamos un confinamiento total, antes hablaremos de recuperación económica", le ha lanzado la consellera portavoz, Meritxell Budó.

"Cuanto antes hagamos este confinamiento total antes podremos mitigar este problema y antes llegaremos a las puertas de una solución", ha abundado Budó, que ha recordado que son unas medidas que otros países ya han aplicado. "Es lo que recomiendan las autoridades sanitarias y es una medida necesaria para salir de esto lo antes posible", ha insistido la representante del Govern, que remitió hace ocho días una propuesta de resolución al Gobierno para ordenar el cierre absoluto, que el Ejecutivo rechazó.

El choque de opiniones entre la Generalitat y el Gobierno central respecto a la paralización de la actividad económica ha sido una constante desde el inicio de la crisis del coronavirus, si bien durante los últimos días se ha agudizado al sumar otras comunidades autónomas a la postura catalana. El último fue el presidente murciano, Fernando López Miras, que este fin de semana envió un decreto a Pedro Sánchez para convalidar el cierre de la producción en su región, pero también desde las propias filas socialistas, el president valenciano Ximo Puig ha considerado que debían limitarse las actividades económicas no esenciales y restringirse el transporte.

La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, negó con rotundidad estas peticiones en la rueda de prensa ofrecida este lunes. "Es difícil entender en qué consisten esas solicitudes cuando ya la actividad económica está suficientemente ralentizada", indicó la jefa de las finanzas del Ejecutivo, que destacó que las medidas tomadas bajo el paraguas del estado de alarma son el "catálogo de contención más restrictivo del entorno europeo".

Pero estas palabras no convencen al Govern de Torra que, espoleado por la adhesión de otros territorios, se mantiene en la posición de que todas las actividades económicas no esenciales deben echar el cierre. Una opción que, sin embargo, también es rechazada por las organizaciones empresariales catalanas. Desde Foment del Treball consideran que el confinamiento total "no es una medida proporcionada", que advierten de que podría ser "contraproducente" y generar un "colapso económico".

En la rueda de prensa semanal del Govern, Budó ha explicado también la postura las peticiones que el president de la Generalitat, Quim Torra, realizó en la conferencia de presidentes de domingo pasado. Entre otras propuestas, la Generalitat reclama que el Gobierno central diseñe una renta de "protección a la ciudadanía", con el objetivo de garantizar que los trabajadores y autónomos que vean mermados sus ingresos durante el confinamiento puedan disponer de una renta mínima.

Ante los líderes autonómicos Torra también defendió una moratoria del pago de alquileres, impuestos e hipotecas, junto con un cambio en las condiciones de los ERTE, para que los trabajadores con salarios más bajos perciban un porcentaje mayor. Por lo que respecta a la normativa autonómica, Budó ha explicado que se ha modificado el decreto de medidas económicas extraordinarias para ampliar las cuantías de las indemnizaciones y proteger a los beneficiarios de subvenciones y ayudas, sobre todo en el ámbito cultura.

"Pedro Sánchez pidió la confianza de los partidos para asumir el mando único y eso significa que tiene la responsabilidad única, la responsabilidad total es de Pedro Sánchez. Debe asumir él las consecuencias junto a todo su Gobierno". Con estas palabras se ha expresado este martes el secretario general del PP, Teodoro García Egea, que ha añadido que "cada sanitario sin guantes o sin máscaras grita por la ineficacia del Gobierno".

En rueda de prensa de telemática, García Egea ha asegurado por un lado que el Ejecutivo puede contar con la "lealtad" del PP pero, a la vez, ha considerado que las actuaciones del Gobierno responden "o a una dejación de funciones o a su incapacidad de gestión". A su juicio, el equipo de Pedro Sánchez "no ofrece soluciones". "No es el momento de las excusas. Que deje las excusas y pase a la gestión", le ha pedido al jefe del Ejecutivo.

"El Gobierno está actuando de espaldas a esta realidad", ha añadido García Egea, que ha insistido en que el Gobierno "ha actuado con imprevisión, dejando de comprar materiales" para los sanitarios. "El Gobierno les falta el respeto", ha llegado a decir, para recalcar que "para el PP lo único importante es la vida".

Para el 'número dos' del PP Sánchez "no tiene lealtad con la oposición" y "tampoco la está teniendo con los españoles". "No está a la altura", ha advertido, para lanzar una última alerta al Gobierno: "Llegará la hora de las responsabilidades".

La Fiscalía ha abierto una investigación sobre la muerte de al menos 23 ancianos de las residencias de Capellades y Olesa de Montserrat (Barcelona), municipios próximos al foco de coronavirus detectado en Igualada.  En el marco de la red que la Fiscalía ha establecido en toda España respecto a la situación de las residencias de mayores, el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha ordenado a las fiscalías territoriales de Manresa y Martorell abrir sendas investigaciones sobre las circunstancias de los decesos, ha adelantado El País y ha confirmado eldiario.es

En Capellades –municipio cercano a Igualada y la Conca d'Òdena, la zona de Catalunya que permanece confinada desde hace diez días por el virus– los ancianos fallecidos ya son doce en una residencia con capacidad para 83 personas. Ante el posible contagio el centro habilitó la primera planta para confinar a los contagiados y realizarles un control médico intensivo a través del equipo de profesionales del ambulatorio de la localidad y el equipo de enfermería de la residencia.

El el caso de la residencia Santa Oliva de Olesa de Montserat, nueve de sus 18 internos con coronavirus que desde el pasado 13 de marzo permanecen ingresados en el Hospital de Martorell (Barcelona) han muerto, según datos facilitados por el alcalde del municipio, Miquel Riera, este lunes.

El primer edil reclamó a la Generalitat "medidas urgentes" para garantizar la asistencia al centro, ya que de los 88 ancianos que continúan en la residencia y no han tenido que ser hospitalizados ocho presentan síntomas "compatibles" con la enfermedad. Además, 23 de los cuidadores están de baja por distintos motivos.  "La situación es límite y la Generalitat, que tiene las competencias sobre las residencias, tiene que tomar el control del centro para proveerlo de material sanitario y resolver el problema de personal", reclamó Riera.

En conjunto, según datos de este lunes de la Generalitat, en las residencias catalanas públicas y privadas hay 212 personas mayores diagnosticadas de coronavirus. Según la conselleria de Asuntos Sociales, los ancianos infectados están aislados y tratados en base a los protocolos de Salud. De las 1.073 residencias que hay en Catalunya, donde viven unos 64.000 ancianos, en 70 se han hallado casos de Covid-19.

La Fiscalía General del Estado anunció la semana pasada que había establecido en toda su estructura territorial una red dirigida a "recabar información, emitir directrices y actuar eficaz y homogéneamente" en los acontecimientos que afecten a las residencias de mayores. "La atención y seguimiento de estas residencias forma parte de la actividad del Ministerio Fiscal, potenciada en estos momentos para dar mejor respuesta a la incidencia de la epidemia dentro el ámbito de actuación de la Fiscalía", explicó la institución en una nota enviada a los medios de comunicación.

América Latina se prepara para que sus cifras de muertos empiecen a subir y mientas tanto Jair Bolsonaro, el presidente ultraderechista de Brasil, acusa a sus enemigos políticos y a la prensa de "mentir" deliberadamente a los ciudadanos sobre los peligros de la enfermedad.

La pandemia ya ha dejado un balance de más de 15.000 muertos en todo el mundo y todo parece indicar que en las próximas semanas también sacudirá a América Latina. Muchos gobiernos de la región ya están cerrando tanto sus fronteras como las grandes ciudades en un intento desesperado por reducir el impacto. Sin embargo, Bolsonaro se ha resistido a adoptar medidas drásticas, y ha criticado la "histeria" de los medios de comunicación, además de calificar la enfermedad como "una gripe leve".

Durante una entrevista en televisión el domingo por la noche, el mandatario brasileño volvió a minimizar la gravedad de la pandemia y atacó a los gobernadores de estados del país clave como Río de Janeiro y São Paulo, que han ordenado a los residentes que se queden en sus casas y están imponiendo cuarentenas. "Muy pronto los ciudadanos se percatarán de que estos gobernadores y gran parte de los medios de comunicación les han mentido sobre el coronavirus", dijo Bolsonaro. Sus palabras coincidieron con el anuncio por parte de los funcionarios del Ministerio de Salud de que el coronavirus había causado 25 muertes y los contagios en el país ascendían a 1.546, una cifra que el lunes ya superaba los 1.600.

Bolsonaro también afirmó que la reciente ola de protestas, que el domingo pasado alcanzó la sexta jornada, no era más que un complot orquestado por los medios de comunicación para derrocarlo. "Es una campaña descarada, una colosal y absurda campaña contra el jefe de Estado... hacen todo lo que está en sus manos para que me vaya", afirmó.

La gestión de la crisis pasa factura a Bolsonaro

El lunes se publicaron dos encuestas de opinión que muestran el descontento generalizado de la población con la forma como Bolsonaro está gestionando esta crisis. Una de las encuestas, de la empresa demoscópica brasileña Ibope, revela que el 48% de los habitantes de la ciudad de São Paulo consideran que su gestión es mala o pésima. La otra, del grupo Datafolha, señala que el 51% de los brasileños ricos y el 46% de los que tienen educación universitaria están decepcionados con su reacción.

Eliane Cantanhêde, columnista política del periódico conservador Estado de São Paulo, opina que el apoyo a Bolsonaro todavía no se ha desmoronado completamente. "Tenemos que reconocer que muchos bolsonaristas siguen siendo bolsonaristas. Tengo amigos con títulos universitarios -abogados, diplomáticos- que creen todo lo que dice... sigue existiendo un bastión fuertemente bolsonarista".

Sin embargo, la periodista puntualiza que "otros, que votaron por él en 2018 pero que no son bolsonaristas empedernidos, están empezando a ver claramente que algo va mal y que el presidente vive en un universo paralelo". En una columna publicada en diciembre, Cantanhêde afirmaba que Bolsonaro no solo era el candidato favorito para las elecciones de 2022, sino que además era "imbatible". Sin embargo, ahora cree que con su reacción ha perdido toda posibilidad de ganar las presidenciales.

"Creo que está herido de muerte de cara a las elecciones de 2022... si las elecciones se celebraran hoy, probablemente las perdería", afirma la periodista. "Esta crisis supone un momento crucial".

Traducido por Emma Reverter

El grupo de sanidad privada HM Hospitales está pidiendo a parte de su plantilla que se vaya de vacaciones en medio de la crisis del coronavirus. La empresa, que gestiona un total de 17 hospitales y 21 policlínicos en toda España, pretende reducir el tamaño de las nóminas a las que hace frente solicitando a sus empleados la reducción de costes laborales de manera indirecta: vacaciones, jornadas reducidas y excedencias voluntarias.

La compañía posee en toda España 1.500 camas y un centenar de quirófanos privados. Su plan se dirige a empleados en centros que la dirección ha decidido calificar como "la retaguardia" de la pandemia. Se trata de clínicas en las que el número de clientes ha descendido como consecuencia del confinamiento impuesto por el estado de alarma y cuyos recursos todavía no han sido reclamados por las administraciones públicas.

El gigante de la sanidad privada está movilizando a sus equipos de recursos humanos para empujar a sus plantillas al abandono de sus puestos de trabajo: "Necesitamos por favor que nos ayudéis, de manera transitoria y temporal, hasta que esta situación pase y podamos salir del bache", aseguran en una nota interna distribuida este lunes y a la que ha tenido acceso eldiario.es.

Consultada por eldiario.es, HM Hospitales recalca que el escrito se dirige a "personal que no puede ayudar en la gestión sanitaria", al que se refiere como "retaguardia". Sin embargo, en la circular no se incluye ninguna mención expresa que limite la recomendación de tomar vacaciones a este tipo de trabajadores.

Trabajadores consultados por esta redacción afirman que los encargados de recursos humanos de la compañía están llamando personalmente a personal de enfermería y auxiliares conminándoles a que abandonen sus puestos. Paralelamente, el Comité de Empresa del Hospital Policlínico La Rosaleda en Santiago de Compostela ha denunciado, en declaraciones a Nósdiario, que la compañia ha empezado a despedir a parte de la plantilla.

Un portavoz de la empresa afirma que"no se ha despedido a nadie", sino que "no se han renovado contratos temporales con personal que no está está en primera línea" y afirma que su "obsesión es reforzar la parte asistencial". Asegura que han contratado 20 médicos, 85 enfermeras y 60 auxiliares" y que en las últimas dos semanas han invertido tres millones de euros para reforzar camas y puestos en UCI.

El documento ha llegado a varios centros de la comunidad autónoma de Galicia, en donde HM gestiona un conocido policlínico en el centro de Santiago con 87 camas y seis quirófanos. También se ha distribuido en pequeñas clínicas, en donde el grupo atiende las especialidades más comunes con personal sanitario (enfermeras y auxiliares) y médicos que, de manera rotatoria, pasan consulta en días prefijados.

La circular trasladada por la empresa a toda su red nacional ofrece un abanico de posibilidades para un único fin: reducir los costes laborales. En ese texto, se puede leer lo siguiente: "Se están barajando diferentes alternativas a las cuales podéis acogeros si en vuestro ánimo está arrimar el hombro y colaborar, y que vuestros responsables , supervisores y Recursos Humanos os han ido y os irán trasladando: disfrute de vacaciones de forma rotatoria, posibilidad de permisos o suspensiones de empleo y sueldo, periodos de excedencia temporales, distribución irregular de la jornada con días a recuperar más adelante, reducciones de jornada, etc".

El razonamiento planteado en la carta introduce el concepto de "retaguardia" para referirse a la lucha contra la pandemia. Tal idea no está recogida en ninguno de los protocolos aplicados por el Ministerio de Sanidad, ni se corresponde con la orden de confinamiento dictada por el Gobierno para todo el territorio. La empresa asegura que con "retaguardia" describen aquel personal que no participa en la "gestión sanitaria" y dice que la atención médica "es igual de necesaria" en todos los territorios españoles.

Mientras HM Hospitales propone librarse de personal sanitario, comunidades como la gallega están batiendo cada día el récord de muertes e infectados. La Xunta ha pedido la participación del ejército para controlar el caos que se ha instalado en algunas residencias de ancianos con altos niveles de contagio entre usuarios y personal. La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desplegado un total de 60 efectivos y 28 vehículos para participar en esas labores.

HM Hospitales es un gigante de la sanidad privada que, según sus propias cifras, ha facturado en 2018 un total de 415 millones de euros. La nota en la que la empresa pide a sus trabajadores que abandonen sus puestos finaliza con lo siguiente: "Ánimo a todos y ....guerra al Covid-19".

El número de personas fallecidas con coronavirus se ha elevado a 2.696, 514 más que las 2.182 registradas hace 24 horas, según el último balance del ministerio de Sanidad. La cifra de contagios desde el inicio de la crisis sanitaria es de 39.673, frente a las 33.089 del lunes, y permanecen ingresados en la UCI 2.636 pacientes.

En total, el número de personas que han sido dadas de alta es de 3.794, es decir, 439 más que las informadas por Sanidad hace un día. La Comunidad de Madrid acumula 12.352 de los casos totales en toda España, con 1.050 personas en la UCI, 1.535 fallecidos y 2.291 curados.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, señaló el lunes en rueda de prensa que todavía no existe la "certeza" de haber llegado al pico y que llegar a la parte más alta de la curva "no significa haber contenido el problema". Los pronósticos apuntan a que el pico se producirá en los próximos días y por ello la comunidad autónoma más afectada por la pandemia, Madrid, se prepara para abordar las jornadas claves con el hospital de campaña en la Feria de Madrid habilitado a contrarreloj para albergar al mayor número posible de pacientes y una nueva morgue, también improvisada, en el Palacio de Hielo de la ciudad.

¿Quién, cómo y cuándo contagia el coronavirus? . 23 mar 2020 21:28:46.eldiario.es - eldiario.es.

Comienzo afirmando tajantemente que solo contagian las personas infectadas.

Esta afirmación, vertida en clase, en la Facultad, provocaría jocosos comentarios y algún alumno hubiera acabado planteado mi candidatura a la obviedad del mes. Me justificaría aludiendo al revuelo que ha ocasionado, en alguna prensa, las noticias de positividad del test en ¿dos? perros en ¿Hong Kong? Y a la sugerencia de un papel de los animales de compañía en la diseminación del coronavirus. No, no contagian, así de claro y tajante. Y no merece la pena perder más tiempo en este asunto.

Bien, solo los humanos infectados, pero ¿cómo?

Permítanme una breve digresión técnica. Hablamos de lo que se conoce tradicionalmente en Medicina como "Gotitas de Flügge", en honor a un bacteriólogo alemán (C.G.F.W. Flügge) que en la década de 1890, demostró que, incluso al "hablar en voz baja", gotas diminutas (microgotas de Flügge) se enviaban al aire. Ahora sabemos que estas gotitas no son uniformes sino de dos tipos bien diferenciados: 1. Gotas propiamente dichas (Droplets en inglés), son las partículas grandes (>5 μm), que se emiten al hablar, toser o estornudar, no permanecen en el aire y se depositan inmediatamente en las superficies o en el suelo. Dos ejemplos serían el virus de la gripe o la bacteria de la meningitis. 2. Aerosoles, son partículas más pequeñas, de <5 μm, por lo que no son atrapadas en las vías altas respiratorias y llegan directamente al fondo del pulmón (alveolo pulmonar). Permanecen en el aire durante varias horas y las corrientes áreas las trasladan por lo que pueden transmiten la infección a largas distancias.  El ejemplo clásico es la tuberculosis.

El coronavirus se replica fundamentalmente en el tracto respiratorio. En la mayoría de los casos solo en los tramos superiores, lo que se traduce en formas clínicas leves. En los casos graves se replica además en las partes más bajas, lo que justifica la neumonía. Son, pues, las secreciones respiratorias las que contiene el virus y lo llevan al exterior. Cuando contactan con las membranas mucosas de los ojos, nariz o boca de otra persona, transmiten la enfermedad. Este contacto puede ser tanto directo como indirecto (ahora los definimos) y es, repito, solo a través de las mucosas, este virus no atraviesa la piel.

Comenzaremos por el contacto directo. Es la situación en la que las secreciones oro-naso-faríngeas (gotas respiratorias) impactan directamente en las mucosas de la cara de la otra persona. Es decir, que alguien nos tosa, cante, escupa o estornude directamente en la cara. Su máximo recorrido es de un metro. Se puede añadir un margen de seguridad extra, de ahí la distancia mágica que las autoridades recomiendan de hasta dos metros. Si el enfermo llevara mascarilla de tela, las gotas quedarán atrapadas dentro de ella, y limitaría mucho el contagio directo.

Si el coronavirus se expulsara al exterior en formas de aerosoles, como la tuberculosis, el problema sería distinto y mucho mayor. Pero afortunadamente no es el caso. No quiero dejar de comentar un artículo publicado el 18 de marzo en una prestigiosa revista (NEJM) que al ser mal interpretado, ha generado cierta confusión. Los autores FABRICAN aerosoles con el uso de un nebulizador ("with the use of a three-jet Collison nebulizer") (sic), que lógicamente persisten en la atmósfera durante horas, como no podía ser de otra manera. Los enfermos de coronavirus no generan naturalmente aerosoles. Solo lo harían durante la realización de procedimientos invasivos, durante la prueba de fibrobroncoscopia por ejemplo.

Podrán deducir fácilmente, de todo lo anterior, que salir a la calle con una mascarilla facial es simplemente inútil, salvo que estén enfermos, en cuyo caso no la utilizarían para protegerse sino para proteger a los demás.

Si no están enfermos y a pesar de ello siguen saliendo a la calle con mascarilla facial y ven que alguien se les acerca con intención de toser, cantar, escupir o estornudar directamente en su cara, sus mucosas nasales y orales están protegidas, pero no las mucosas de las conjuntivas. Si quieren completar el disfraz añadan gafas protectoras, pero no de cualquier tipo, deben ser cerradas, las de esquiar cumplirían sobradamente el requisito.

Si un enfermo, por vivir solo tuviera que salir a la calle, estaría perfectamente justificado que usara mascarilla facial. Sin gafas protectoras, las secreciones conjuntivales no danzan.

Este artículo ya se ha extendido lo suficiente, en los próximos abordaremos si otros fluidos corporales pueden contagiar, el concepto de contacto indirecto y como prevenirlo, durante cuánto tiempo contagian los enfermos y si es o no posible la transmisión desde los infectados asintomáticos.

PD. Quiero agradecer a la Profesora Carmen González García, Catedrática de Farmacología de La Universidad de Castilla La Mancha, sus inestimables aportaciones a esta serie de artículos.

créditos

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