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created: 22 mar 2015 21:42:28 UTC ~ updated: 12 dic 2019 20:56:23 UTC ~ rssv2 ~ TTL 10 min. ~ es

El Centro de Investigaciones Sociológicas acaba de publicar los datos de su barómetro de noviembre. Se trata de una encuesta desfasada en su inicio, con un trabajo de campo que acabó el día antes de las elecciones del 10 de noviembre. Según estos datos solo el 3,3% de los consultados cambiaron su voto influidos por la situación de Catalunya. 

El CIS realizó preguntas específicas sobre los efectos del conflicto catalán para conocer sus influencia el voto. Un 54,6% asegura que Catalunya no tuvo ningún efecto en su decisión. Otro 43,9% dice que sí y, de ellos, la mayoría (60,1%) precisa que esa preocupación les reforzó en votar a quien habían decidido previamente.  

Solo un 3,3% del total de encuestados declara que la situación catalana les provocó un cambio en la papeleta elegida para el día de las elecciones. Un 7,4% dice que no tenía previsto votar y finalmente lo haría y otro 2,5% se posiciona en el sentido contrario: Catalunya les empujó a la abstención. 

El conflicto catalán fue el tema principal de una campaña en la que Pedro Sánchez apostó por un mensaje de dureza en el que confió un ascenso para el PSOE que acabaría por no producirse. Durante esos días la dirección del CIS diseñaba la encuesta que ahora se publica y en la que se pregunta directamente por la relación del conflicto catalán y el voto.  

El Tribunal Constitucional ha decidido desestimar los recursos de amparo presentados por Oriol Junqueras contra su prisión provisional y la negativa de los tribunales a dejarle asistir a la sesión de investidura en la que se preveía votar a Carles Puigdemont como presidente. El alto tribunal ha adoptado su decisión dividido con una sentencia contra la que se han emitido tres votos particulares.

La sentencia, cuyo contenido íntegro se publicará en los próximos días, concluye que el encarcelamiento preventivo del líder de ERC no vulneró sus derechos constitucionales a la participación política. La decisión, que responde a dos recursos presentados por Junqueras, no se ha adoptado por consenso y está pendiente de ser completada con los votos particulares que han anunciado los magistrados progresistas José Antonio Xiol, Asunción Balaguer y Fernando Valdés.  

El Constitucional llegaba a este debate tras casi un año aplazando su decisión. En enero los magistrados constataron la existencia de posturas encontradas en torno a las reclamaciones efectuadas por el líder independentista. En aquel momento, tal y como avanzó eldiario.es, el presidente del tribunal decidió meter el asunto en el cajón con la excusa de que una sentencia sobre la materia podría interferir en el desarrollo del juicio del procés cuyo inicio estaba previsto para un mes después.

El debate debía aclarar si los diputados, por su condición de representantes públicos, tienen derechos por encima del común de la población reclusa en situación de preventiva que garanticen el derecho que recoge la Constitución de participar en asuntos públicos. En su momento el Supremo decidió autorizar que Junqueras podía seguir participando en política pero a través de un voto delegado y sin desplazarse al Parlament.

La defensa del líder independentista quiere llevar su reclamación hasta el final y, tras la sentencia dictada por el Constitucional, avanzaron que pondrán el caso en manos del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. En ese recurso, los abogados de Junqueras intentarán hacer valer los tres votos particulares que se han emitido contra el criterio general de los nueve magistrados que por mayoría han adoptado la decisión. 

 

Cita importante este jueves: el PSOE se reúne con ERC. Con este encuentro, los socialistas buscan desatascar la investidura, que precisa de los republicanos catalanes para poder sacar adelante el primer Gobierno de coalición. La reunión será por la tarde, pero ya conocemos que ambos partidos han ido acercando posturas en los últimos días.

Silencio y discreción. Esa es la consigna. PSOE y ERC se sientan este jueves en el Congreso de los Diputados a hablar de la investidura, pero antes ha habido un trabajo invisible entre negociadores para allanar el camino y, sobre todo, pulir discrepancias. Ni un tuit, ni una declaración, ni una filtración al respecto. Si algo no quieren es que la negociación se retransmita en directo, como ocurrió en julio con las negociaciones entre Podemos y el PSOE previas a la investidura fallida de Pedro Sánchez.

Ahora todo es tan distinto que durante las conversaciones previas a la cita de este jueves se ha llegado incluso a plantear que la próxima reunión tenga lugar en Barcelona sin que haya habido objeción por ninguna de las dos partes. Eso solo ocurrirá si, como parece, encarrilan definitivamente el diálogo. Nadie prevé en todo caso que el acuerdo sea inminente. Pero se mantendrá la cautela respecto a posibles avances. De hecho, es probable que tras este primer encuentro no se informe en rueda de prensa del resultado sino que haya un mensaje pactado emitido desde cada una de las partes mediante un comunicado.

El artículo del vicepresidente del Govern, Pere Aragonés, el pasado domingo en La Vanguardia para poner negro sobre blanco las cuatro patas sobre las que debía sustentarse un posible acuerdo hizo saltar las alarmas entre los socialistas. A partir de ahí, la comunicación y el intercambio de posiciones se ha mantenido e incluso intensificado en las últimas horas para no cruzar un solo reproche cuando llegue el momento de sentarse este jueves en la mesa. El primer encuentro de los equipos negociadores se ha preparado a conciencia en Moncloa con una 'cumbre' presidida por Sánchez y a la que asistió la vicepresidenta, Carmen Calvo, y los dirigentes que se sentarán con ERC: Adriana Lastra, José Luis Ábalos y Salvador Illa (PSC).

ERC acude a la reunión con una propuesta de mínimos que permitirá avanzar y consensuar los términos de un posible acuerdo. De hecho, en esta primera fase no está en su ánimo –pese al discurso que necesariamente tendrán que hilvanar en público para sus intereses partidistas– establecer líneas rojas como el derecho de autodeterminación o la amnistía para los presos del procés que pudieran dinamitar cualquier avance. Su objetivo es que se produzca un reconocimiento explícito de la existencia de un "conflicto político" en un documento pactado, que desaparezca del discurso político el empeño en que el único problema es una "crisis de convivencia" entre catalanes y que se acuerde un calendario donde se concrete el contenido y los plazos de una siguiente mesa de negociación ya entre gobiernos.

A la primera reacción de pesimismo total ante las "inasumibles" condiciones de ERC que invadió las filas socialistas, le siguió un cierto alivio tras las explicaciones de los republicanos, que llevaron al Gobierno a enfatizar la importancia de que primero se reúnan los partidos y luego haya una "segunda fase" a detallar tras la investidura. Ese mayor optimismo aumentó, además, tras la última rueda de prensa de Gabriel Rufián en el Congreso en la que planteó que facilitará la investidura si tiene un compromiso del PSOE para la negociación posterior entre Gobierno y Generalitat. Los socialistas circunscriben ese diálogo a la comisión bilateral recogida ya en el actual Estatut. Algunas de las condiciones de ERC ya han empezado a ser asumidas en el discurso político que entonan desde La Moncloa.

Tanto es así que en su primera y única aparición pública ante la prensa desde las elecciones, Sánchez se refirió ya al conflicto en Catalunya como una "crisis política", y no de convivencia como hizo durante toda la campaña electoral. Fueron palabras que llegaron justo después de la primera reunión entre Adriana Lastra y Gabriel Rufián, y en la que el portavoz de ERC defendió que su partido se mantenía en el 'no' ante la ausencia de señales que hicieran pensar que el PSOE fuera a abandonar la "vía represiva".

La tensión de hecho se reprodujo este miércoles en el Congreso durante la convalidación del decreto ley que Sánchez aprobó en plena campaña para "poner punto y final" a la "república digital catalana". El llamado "155 digital" salió adelante con el voto del PSOE, PP y Ciudadanos, pero el Gobierno se ha comprometido a acometer los cambios que le solicitaba Unidas Podemos a cambio de su abstención. En esas modificaciones futuras, ERC espera que los socialistas deroguen buena parte de ese decreto sobre el que la vicepresidenta, Carmen Calvo, ha dicho que no tiene que ver con la "república digital catalana". Señal evidente de que lo vivido en los últimos días ha tenido más de escenificación que de desacuerdo profundo entre socialistas y republicanos con el objetivo de meter presión al PSOE que, por otra parte, no ha tenido reparo en llamar a la puerta de Ciudadanos mientras exploraba la abstención de ERC.

El propio Sánchez pidió la semana pasada a algunos barones socialistas que remaran en esa dirección para reclamar el apoyo del partido que en breve dirigirá Inés Arrimadas, ante la posibilidad de que pudiera descarrilar el diálogo con ERC.

Los independentistas, que no han aceptado mediaciones ni interferencias de terceros en esta primera fase exploratoria, parecen dispuestos a soportar la presión de sus socios en el Govern y pasar del "no" a la abstención en la investidura siempre que la pista de aterrizaje que les proporcione el PSOE les permita vender algún éxito entre los suyos con la vista puesta en las próximas elecciones catalanas.

En España hay 134 multinacionales con más de 750 millones de cifra neta de negocio consolidada a nivel mundial anual cada una, según datos de 2016. Entre ellas, con seguridad, están las 35 empresas del Ibex (Telefónica, Banco Santander, Iberdrola, Inditex, Amadeus...) y otras que no cotizan en bolsa, como El Corte Inglés y Mercadona, y cuentan con filiales en el exterior. Probablemente habrá otras mucho menos conocidas, algunas sin apenas empleados y con actividades poco relacionadas con la economía real.

Por primera vez, la Agencia Tributaria ha publicado datos de la declaración 'País por País' (CBC, country by country por sus siglas en ingles) de todas las grandes empresas españolas con sedes en el exterior, dando información global sobre cuántos beneficios obtienen y qué impuesto de Sociedades pagan por ellos. Pero Hacienda mantiene un total anonimato sobre el nombre de estas empresas con matriz española, en qué categoría se engloba cada actividad, y en qué países tienen sus filiales.

Las diferencias entre lo que pagan estas grandes empresas son amplias: hay 27 multinacionales que abonan un 0,3% de sus beneficios en impuestos, y del otro lado otras 37 que aportan un 31,6%, una tasa que está muy por encima de los tipos nominales de la mayoría de los países europeos (en España es de un 25%, un 30% para banca y petroleras).

Como media, estas 134 multinacionales españolas ingresaron en 2016 en las arcas de las distintas haciendas en todo el mundo 11.594 millones de euros por el Impuesto sobre Sociedades, un 12,6% de su beneficio global, que alcanzó los 91.849 millones. 

Para el técnico de Hacienda Ricardo Rodríguez, a la vista de estos datos es significativo "lo poco que pagan unas empresas y lo mucho que pagan otras". "La diferencia del tipo efectivo y nominal es abismal. Y quienes acumulan mayor volumen de beneficio son precisamente los que están contribuyendo menos. Me parece un escándalo", afirma.

Como se puede observar en el siguiente gráfico, los máximos beneficios por empresa se concentran en aquellas con una menor tributación.

Susana Ruíz, responsable de Justicia Fiscal en Oxfam Internacional, hace hincapié no obstante en que la diferencia entre devengado y pagado es complicada. "En el futuro habría que mirar el pagado sobre varios años para tener una imagen del ciclo económico de la empresa más ajustado a cambios puntuales que pueden suceder en un año".

Nada se sabe de quiénes son las empresas que más pagan y las que menos. Fuentes de la Agencia Tributaria explican que han difundido la información que han entendido que pueden compartir en el marco de los acuerdos de utilización de la información  establecidos por la OCDE, dado que el CBC se ha creado para los fines propios de las administraciones tributarias.

Efectivamente, los datos que se han publicado este martes responden al mandato del organismo con sede en París, que garantizó a las empresas que no verían su nombre en ningún sitio.

"Esto viene motivado por años de escándalos sobre paraísos fiscales y por la información de que las grandes multinacionales, sobre todo tecnológicas, pagan un 1% o menos de impuestos a nivel mundial", explica el inspector de Hacienda José María Peláez. La OCDE estableció una serie de exigencias llamadas acuerdos BEPS para evitar la erosión de bases imponibles, que según Susana Ruíz no han conseguido de momento poner un freno a las prácticas de elusión fiscal. 

Una de estas medidas es obligar a las multinacionales a dar información país por país de sus beneficios y pagos de impuestos a nivel mundial. En el caso de España se aprobó el "modelo 231". La primera declaración se efectuó con datos de 2016 y el publicado esta semana es el primer informe de la Agencia Tributaria sobre ella. 

Cómo pagar un 0,3% con un beneficio de 900 millones 

Sobre la manera en la que se puede pagar menos de un 1% de impuestos ganando más de 750 millones al año (más de 900 de media en el caso de las 27 multinacionales que pagan un 0,3%), los analistas consultados coinciden en señalar dos motivos, entre otros posibles, y sin disponer de la información concreta y necesaria para el análisis de estos casos: los paraísos fiscales (entre los que incluyen países de "fiscalidad controvertida" pero que no están en la lista de la UE, tales como los estados miembros Irlanda y Luxemburgo) y la planificación fiscal agresiva.

Las empresas del Ibex 35 tienen 858 filiales en paraísos fiscales, según la definición amplia de Intermón Oxfam. Esta cifra se ha triplicado desde 2009. El número uno es Delaware, seguido por los Países Bajos, Irlanda y Luxemburgo. "Desde ahí se mandan los beneficios las Islas Bermudas (doble irlandés), con una tributación del 0 o el 1%, o a las Antillas Holandesas (sándwich holandés)", explica Peláez.

A juicio de Ricardo Rodríguez, probablemente las empresas que tributan por encima del 30% son las que generen más empleo, valor añadido e inversión en i+d, y tendrán filiales en países con altas tributaciones como Alemania y Francia. Del otro lado, las de las empresas que menos contribuyen probablemente se sitúen en paraísos fiscales, con baja o nula tributación, y pocos derechos sociales y laborales.

En cuanto a las técnicas de planificación fiscal agresiva, hay instrumentos bordeando la ilegalidad pero que contemplan las propias directivas europeas. Por ejemplo, que una filial en un país donde da beneficios pida un préstamo a otra del mismo grupo en otro territorio y por lo tanto "vacíe" tales beneficios, explica el inspector.

Rodríguez recuerda que las multinacionales siempre son grupos en consolidación fiscal que tienen bastantes ventajas, porque aprovechan las deducciones de la totalidad del grupo. "Lo que pierden por un lado lo ganan por otro", relata. Además "son un pozo de posibles precios de transferencia y operaciones intragrupo donde la Agencia Tributaria tiene complicadísimo intervenir para demostrar que las operaciones se hacen o no a valor de mercado". 

"Se habla mucho de las deducciones, pero la gran ventaja fiscal está en la formación de la base imponible, todos los ajustes contables y extracontables que se hacen desde el resultado contable a la base sobre la que efectivamente se van a pagar impuestos", añade.

"Están siempre en el límite del precipicio entre lo legal e ilegal, cuentan con un asesoramiento especializado muy bueno, y en función de donde operan y con qué productos, se hace un traje a medida para pagar los menos impuestos posibles", abunda Peláez.

Probablemente gracias a estas técnicas, las 27 empresas multinacionales que menos Sociedades pagaron en 2016 obtuvieron 25.325 millones de beneficio y tan solo abonaron 65 millones entre todas ellas, como se puede ver en el siguiente cuadro:

La polémica con la CEOE y la tributación mínima 

Para la responsable de Fiscalidad de Oxfam Internacional, el problema es que el diseño del sistema internacional se creó hace unos 100 años, y a pesar de las últimas oleadas de reformas, apenas ha cambiado en sus principios: se mantiene la idea de tributación en base a beneficios separados en cada país (en lugar de considerar los beneficios globales de la empresa); el principio de plena competencia (como si las transacciones intragrupo fueran iguales que con empresas terceras); la necesidad de contar con una presencia física o establecimiento permanente en el país (cuando la economía digital te permite operar a gran escala desde fuera). La economía está además ahora mucho más basada en los intangibles (cuando el sistema internacional estaba pensado para las transacciones físicas de bienes).

Por ello, confía en que el proceso que está ahora en marcha en la OCDE, la nueva ronda del paquete BEPS para ajustar el sistema fiscal a los retos de una economía mucho más digitalizada plantee soluciones clave, tales como repensar donde tienen que tributar las grandes empresas en base a su actividad global y redistribuyendo las bases fiscales en base a una fórmula que tenga en cuenta criterios objetivos; establecer un tipo mínimo en la tributación de las grandes empresas para cerrar los agujeros de fugas artificiales de beneficios hacia paraísos fiscales y poner coto a la competencia desleal entre países.

Dicho establecimiento de un tipo mínimo en el impuesto, en este caso del 15%, constaba en el proyecto presupuestario que no logró salir adelante pactado por PSOE y Unidas Podemos y ha vuelto a aparecer en los programas electorales. Estos últimos ampliarían el mínimo hasta el 20% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos. El cálculo del Gobierno sobre lo que se ingresaría con la reforma es de 1.700 millones anuales. En todo caso, el tipo mínimo solo afectaría a la base imponible española, no al negocio de otros países. La OCDE está trabajando para que se apruebe una base imponible mínima a nivel internacional, y si se establece en España sería un acicate para este debate. 

Fue sonado el choque entre el ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro y la patronal CEOE a cuenta del tipo real que las empresas pagan en Sociedades. Hacienda decía que las grandes empresas pagaron en 2015 un 7,3% de su resultado contable en Sociedades, y la CEOE replicaba que no se tenía en cuenta la tributación en otros países. La publicación de esta estadística, computados los beneficios a nivel mundial y los impuestos pagados (un tipo medio del 12,6%) viene a terminar parcialmente con esa polémica.

Fuentes de la patronal matizan a eldiario.es que sin la metodología del informe de la Agencia Tributaria no se puede hacer una valoración completa del mismo. Dicho esto, señalan que en tanto que arroja un tipo efectivo sobre el beneficio del 15,5% (insisten en el criterio de tomar el devengado, no el pagado, que es del 12,6%) se pondría de manifiesto que el anterior cálculo de la AEAT, que era inferior era erróneo.

Junts per Catalunya no está invitada a la reunión que este jueves mantendrán los equipos de ERC y el PSOE, pero eso no significa que los de Laura Borràs piensen renunciar a influir sobre el encuentro. La formación ha aumentado las exigencias y consideran que el president de la Generalitat debería participar en la futura negociación entre gobiernos que reclaman sus socios para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. En las últimas horas tanto JxCat como el propio Govern han subido el listón de las condiciones, redoblando la presión sobre ERC, que trata de incluir a sus socios en el acuerdo con el PSOE.

Las peticiones de los republicanos quedaron fijadas al inicio de la semana, primero con un artículo de su líder, Pere Aragonès, y después con una consulta a las bases que avalaron masivamente la posición de la dirección. ERC reclama que el PSOE se comprometa a establecer, tras la investidura, una mesa de negociación entre los gobiernos catalán y español, en la que se pueda hablar de cualquier asunto –incluida la amnistía y la autodeterminación– y con un calendario prefijado.

Centrados en estas reivindicaciones, los republicanos han querido mostrar flexibilidad en el resto de cuestiones. Los de Aragonès, por ejemplo, no creen que sea necesario exigir que en esa eventual mesa participen los presidentes de los respectivos gobiernos, ni tampoco creen que ahora haya que pedir un "relator", controvertida figura arbitral que, hace un año, hizo estallar la vía iniciada en Pedralbes. Los republicanos sí consideran que sería positivo que Sánchez reconociera a Torra como interlocutor, pero admiten que esto puede dejarse para después de la investidura.

Pero en JxCat las cosas se ven de forma muy diferente. Para empezar, Borràs reclamó el pasado lunes que el PSOE se abriera a la interlocución no solo con Torra, sino también con Carles Puigdemont como líder de su formación. Además volvió a meter en el debate la figura del relator, que en su opinión debe ser un mediador internacional. Posteriormente el Govern se reafirmó en una opinión similar por boca de la consellera portavoz, Meritxell Budó, que indicó que la figura del mediador debe estar sobre la mesa si han negociación con el Gobierno. Finalmente, este miércoles ha sido el propio Torra quien se ha reivindicado como interlocutor y ha apuntado que como president debería estar en una mesa entre gobiernos, a la vez que ha pedido que Pedro Sánchez también asista.

"Queremos soluciones y un diálogo, pero un diálogo serio y con contenido" ha asegurado Torra ante el Parlament. En su opinión, lo debe aceptar el PSOE es "un diálogo de gobierno a gobierno en el que los presidente de los gobiernos se reúnan". En los pasillos de la Cámara, Borràs ha subrayado que no hay negociación bilateral entre gobiernos que pueda hacerse sin el concurso de su formación y del president de la Generalitat.

Los requisitos agravados que impone la formación posconvergente no tienen una especial trascendencia para la formación de una mayoría parlamentaria en el Congreso. Tras el pacto con Unidas Podemos y contando con el apoyo del PNV y otras formaciones autonómicas, Sánchez solo necesita una abstención de ERC para revalidar la presidencia. Sin embargo, los republicanos aspiran a votar lo mismo que sus socios para evitar que estos capitalicen ante el electorado independentista un posible bloqueo a la investidura.

Los republicanos, por esa razón, se han movido en las últimas semanas para tratar de consensuar una postura común, no solo con JxCat sino también con los anticapitalistas de la CUP y con los independentistas vascos y gallegos de Bildu y BNG. Por lo que respecta a sus socios en el Govern, ERC se comprometió a informarlos del contenido de los contactos que mantuvieran con el PSOE. Pero en esta recta final hacia el inicio de las negociaciones, ha quedado patente que las las dos principales formaciones del independentismo catalán ven de forma muy diferente la investidura y su rol a jugar en ella.

En la dirección de ERC mantienen su apuesta por tratar de arrastrar a JxCat hacia la abstención, algo que creen poder conseguir si el PSOE acepta una mesa de gobiernos. No obstante, en el partido ya piensan en la posibilidad de ser los únicos independentistas que se muevan del 'no', con el posible desgaste electoral que eso supondría. En el otro lado de la balanza, sostener un gobierno de Sánchez y Unidas Podemos pondría al alcance de su mano otra cuestión importante para ellos: la mayoría en la cámara catalana para aprobar los presupuestos autonómicos, para los que necesitan el voto de los Comuns.

La dirección del Partido Popular no va a cambiar su relación con Vox a pesar de la negación de la violencia machista por parte del partido de Santiago Abascal y tiene previsto mantener todos los acuerdos que han permitido el apoyo de la formación de extrema derecha a los gobiernos de coalición de PP y Ciudadanos en Andalucía, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de la capital o la Región de Murcia. Este mismo miércoles, los de Pablo Casado cerraban filas en Madrid con la extrema derecha votando en contra de la reprobación del portavoz municipal, Javier Ortega Smith, por boicotear el acto institucional del pasado 25N para condenar la violencia de género. 

Fuentes de la dirección popular han confirmado a eldiario.es que el líder del PP no se plantea romper esos pactos tras los vetos planteados por Vox a las declaraciones institucionales contra la violencia de género que el resto de los partidos, incluido el PP, han querido aprobar en ayuntamientos, parlamentos autonómicos y hasta el Congreso de los Diputados esta semana con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer del 25 de noviembre. 

Existe, no obstante, un creciente malestar entre cargos y dirigentes populares por la actitud negacionista de Vox ante la violencia machista. Miembros de la dirección de Casado y líderes territoriales confiesan a este diario que en el partido "ha sentado mal" que la extrema derecha que les apoya en distintos gobiernos boicoteara las condenas a la violencia de género del 25N planteadas en las instituciones. 

"Desde luego que sienta mal que Vox tenga este posicionamiento", reconoce un cargo con responsabilidad en Génova 13, que en cambio no cuestiona que se mantengan los acuerdos con los de Abascal en Andalucía, Madrid y Murcia.

La pelea por el mismo electorado

Otro dirigente aboga por dejar claras las posiciones de cada partido por escrito en el caso de que se tengan que lograr nuevos pactos con la extrema derecha. "La única forma de confirmar los acuerdos es dejando fuera de los textos esta negativa de Vox a condenar la violencia machista o fijando nuestra sensibilidad con la lucha contra la violencia de género en la hoja de ruta de los acuerdos de gobernabilidad", apunta.

Los cargos consultados celebran, en todo caso, que esta discrepancia les permita "distinguirse" del partido de Abascal. Consideran que les facilita dejar claro su compromiso frente a la violencia contra las mujeres en plena batalla con Vox por el electorado más conservador y apenas dos semanas después de que la extrema derecha lograra convertirse en tercera fuerza del país en las elecciones del 10N con 52 escaños, frenando el crecimiento que registraron los populares en las urnas –pasaron de los 66 escaños del 28A a los 89 actuales– e impidiendo así la llegada de Casado a la Moncloa. 

La postura oficial de Génova 13 la sintetizaba este miércoles el secretario general del PP, Teodoro García Egea, en una entrevista en La Sexta en la que volvía a remarcar que el partido no participará en un cordón sanitario para que la extrema derecha entre en la Mesa del Congreso. El 'número dos' de Casado evitaba criticar directamente a Vox, pero sí le emplazaba a llevar a los distintos parlamentos sus propuestas en materia de violencia de género en vez de "llamar la atención" planteando vetos a las declaraciones institucionales que se impulsan desde las instituciones. 

La última afrenta entre Vox y el resto de los partidos políticos españoles se producía este mismo miércoles, cuando la extrema derecha impedía también que el Congreso hiciera una declaración unitaria al negarse a firmar un texto impulsado por el PSOE sobre esta materia que sí contó con el apoyo de todas las demás formaciones representadas en la Cámara Baja. 

El partido de extrema derecha era también protagonista en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Aquí la reprobación del portavoz municipal de Vox por su "falta de respecto a las víctimas de la violencia de género" tras reventar un acto del 25N dividía al Gobierno municipal formado por PP y Ciudadanos.

Mientras los de Casado optaban por mantenerse del lado de Vox y condenaban que la moción acataba la "libertad de expresión" de Ortega-Smith, Ciudadanos se desmarcaba de la ultraderecha y votaba junto a Más Madrid y PSOE. "Hay una cosa que no está reñida con la ideología y es el respeto y la humanidad. No se puede presentar delante de mujeres víctimas a hacer esa arenga", argumentaba la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, para explicar su postura. 

La brecha entre los socios de Gobierno y, a la vez, entre las tres derechas en Madrid llega en un momento comprometido. PP y Ciudadanos dependen de los cuatro concejales de Vox para sacar adelante los presupuestos de 2020. El acuerdo debe estar firmado en el mes de diciembre pues las cuentas se elevarán al Pleno antes de que acabe el año. 

"Hacer política" con la violencia

En alusión a Vox, García Egea aseguraba que "hay partidos que intentan hacer política con estas cuestiones". "Creo que si alguien quiere mejorar una ley lo que tiene que hacer es registrar su propuesta de mejora en el Congreso de los Diputados", señalaba, sin plantear en ningún momento la opción de romper con el partido de Abascal en las instituciones en las que el apoyo de Vox resulta imprescindible para que el PP siga en los correspondientes gobiernos autonómicos o municipales. 

A juicio del secretario general de los populares hay "un consenso y una línea de actuación" en torno al pacto de la violencia de género y "nadie está en contra de que se mejoren las leyes". "Pero para hacer eso, hay que sentarse en una mesa, redactar una propuesta y registrarla en el Congreso. Y todo lo demás, son ganas de llamar la atención", advertía.

Sectores críticos que han resurgido en Ciudadanos tras la debacle electoral del 10N están caldeando el ambiente de cara a la reunión del Consejo General extraordinario -máximo órgano del partido entre asambleas- que tendrá lugar este sábado en Madrid. Estos grupos organizados en plataformas dentro de las agrupaciones quieren que la nueva etapa, que muy probablemente encabezará Inés Arrimadas, demuestre que la dirección tiene voluntad de "cambio" y se escuche la voz de los afiliados, cuyo papel prácticamente se limita ahora a votar en las primarias.

Estos sectores críticos se oponen a que la gestora esté formada por los antiguos integrantes del Comité Permanente que se reunía este miércoles de nuevo para preparar el cónclave. "Los mismos que han llevado al borde del abismo al partido no pueden gestionar su futuro ni ser parte de la solución", esgrimen militantes de estos sectores consultados por eldiario.es.

La composición de la gestora será decidida por los 160 miembros de este Consejo General en cuyo seno no suele haber el más mínimo debate y donde casi todo se aprueba por "unanimidad". La misión de la gestora será preparar las primarias y la V Asamblea General de marzo por lo que su papel es clave en la transición al post-riverismo.

Los estatutos de la formación establecen que en una situación como la que vive ahora el partido es necesario constituir una dirección provisional o gestora, que estará formada por entre diez y quince miembros y que dirigirá el presidente del propio Consejo General, Manuel García Bofill. La figura de Bofill es ya de por sí controvertida porque se le achaca haber sido uno de los principales artífices de la coalición con Libertas, integrada por algunos grupos de ultraderecha y euroescépticos, para concurrir en 2009 en las elecciones europeas de aquel año. La operación fue un fracaso y abrió una importante crisis en el partido de Rivera, quien luego reconoció que fue "grave error".

No quieren que Zafra esté en la gestora

El que sí estará en la nueva gestora es José Manuel Villegas, tal y como adelantó Inés Arrimadas. Y posiblemente también César Zafra, vicepresidente del Consejo General y coordinador del partido en Madrid, contra el que clama buena parte de la militancia madrileña desde la dimisión de Fran Hervías como secretario de Organización.

La renuncia de quien fue el número 3 del partido llegó después de la salida de varios miembros de la Ejecutiva, como Juan Carlos Girauta, José Manuel Villegas y Fernando de Paramo, que han sido recibidas con respeto por muchos afiliados que en los chats internos expresan ya sin tapujos sus opiniones. Es en estos canales donde se está dando un cierto debate. De hecho, por esos chats se sabe que la salida más celebrada ha sido la de Hervías y que ahora se reclama "la disolución de todas las agrupaciones, comités provinciales y autonómicos" de Ciudadanos como correponsables de la debacle.

Uno de los dirigentes de la máxima confianza del antiguo líder que aún resiste es Carlos Cuadrado, secretario de Finanzas. Pero también el exsecretario general del grupo parlamentario, Miguel Gutiérrez, que tras la marcha de Villegas, Girauta y De Páramo subió un tuit ensalzando el trabajo que ha realizado junto a ellos y su legado, un gesto que al menos hasta ahora no ha tenido con Hervías.

Durante la reunión de este sábado se someterá a votación una única lista de candidatos a integrar la gestora, que para que sea aprobada necesitará contar con al menos dos tercios de los votos de los miembros del Consejo General. En el caso de que no logre esos apoyos se presentará otra lista, y así sucesivamente hasta que a alguna le den su visto bueno.

No obstante, las posibilidades de que la lista 'oficial' sea derrotada son pocas dado que la mayoría de ese órgano está formado por cargos y dirigentes del 'aparato'. Su composición actual se decidió en la IV Asamblea General celebrada en febrero de 2017 por lo que los consejeros son o eran afines a Rivera y a su equipo. De las 160 personas que forman este órgano, 125 son representantes elegidos por los afiliados. A esa cifra hay que sumar a los miembros del Comité Ejecutivo -que se disolvió tras el 10N quedando solo en funciones el Comité Permanente presidido por Villegas-, y a los portavoces de los Comités Autonómicos y del Comité Internacional.

Los críticos, organizados en plataformas, exigen cambios

Tras la hecatombe electoral, hay consejeros que comprenden que es necesaria la renovación y se han comprometido a trasladar las propuestas de los críticos. En Madrid, la plataforma 'Compromiso Ciudadano' ha redactado un decálogo de propuestas para que algunos miembros del Consejo las trasmitan en su nombre.

De momento piden un cambio en el artículo 19.6 de los estatutos para las Asambleas Generales puedan ser convocadas cuando se estime oportuno. Hasta ahora no puede realizarse ni cuatro meses antes de la celebración de elecciones -ya sean generales, municipales o autonómicas-, ni cuatro meses después, lo que limita mucho su convocatoria. "Esto puede ser perjudicial para los intereses del partido", argumentan portavoces de este grupo, ya que podría ocurrir que se convoquen comicios en Catalunya y no se pueda renovar a la cúpula del partido hasta cuatro meses después "en un momento tan importante como este".

De cara a la Asamblea General proponen también que los compromisarios que salgan electos "deben votar por los intereses de la mayoría de afiliados" y "su voto no debe ser influenciado ni dirigido por ningún órgano del partido".

Además, piden que las votaciones para las elecciones de esos compromisarios, en caso de que las haya y así lo establezca el nuevo reglamento, "deben ser, libres, secretas y no telemáticas". Además, se oponen a que se vote "a mano alzada", exigen que el voto "debe ser libre y secreto".

Los sectores críticos reclaman la modificación del artículo 41, para que los candidatos a la alcaldía y todos los cabezas de lista de las circunscripciones electorales generales, autonómicas y europeas, "sean elegidos mediante primarias independientemente del número de afiliados del censo".

Junto a esto exigen que "se respete el reglamento de cargos institucionales donde cualquier familiar con lazos de consanguineidad no puede ser contratado sin el visto bueno de todo el Comité Ejecutivo".

Los sectores más revueltos del partido rechazan volver a caer en "los hiperliderazgos" porque creen que puede ser "más de lo mismo". "Esta vez los afiliados y militantes no queremos empezar la casa por el tejado, no es momento de desanimarse, es el momento de hacer bien las cosas, ir con tranquilidad y empezar por los cimientos", afirman en su manifiesto.

Una vez se conforme la gestora, el siguiente paso es la convocatoria de primarias para la presidencia del partido. Los miembros de este órgano de dirección provisional podrán formar parte de la nueva Ejecutiva siempre que dimitan 15 días antes de la celebración de la Asamblea General, según explican fuentes del partido.

Los afiliados votarán a los candidatos unos días antes de la V Asamblea General de Ciudadanos prevista para la primera quincena de marzo de 2020. El cónclave congregará a cientos de delegados de toda España, que serán los que refrendarán con su voto la composición de la nueva Comisión Ejecutiva Nacional y determinarán si quieren cambios o no en el modelo y el proyecto de partido.

Finalmente, algunos de estos afiliados alineados con los críticos añaden otra petición: que se activen mecanismos para que la militancia pueda opinar y votar asuntos trascendentales para el partido, como el voto del grupo parlamentario en la próxima investidura de Pedro Sánchez. Una consulta interna similar a la que ponen en práctica en el PSOE, Unidas Podemos y ERC, aunque en algunas formaciones no sea vinculante.

Un avión de fabricación española -el A400M- tiene un importante papel en dos de las campañas militares más controvertidas de Turquía:  la invasión de las regiones kurdas en el noreste de Siria y la ocupación ilegal del norte de Chipre.

Según una investigación de este periódico en colaboración con Lighthouse Reports, la aeronave se utiliza para desplegar tropas de élite en estos territorios. Ambas campañas militares han sido condenadas por todas las principales organizaciones internacionales, incluidas las Naciones Unidas y la Unión Europea. 

Las exportaciones a Turquía de estos aviones podrían ser ilegales según la normativa europea de exportación de armamento. La legislación establece que se debe denegar la licencia de exportación en el caso de que exista el riesgo de que pueda ser utilizado contra otro Estado miembro, como es el caso de Chipre.

El Gobierno de Ankara firmó un contrato en 2003 para adquirir 10 aviones A400M, fabricados en la planta de Airbus en Sevilla. El primero fue entregado en abril de 2014. En una entrevista en una revista turca de defensa, un vicepresidente de Airbus aseguraba que las entregas -que deben aprobarse anualmente por el Gobierno- durarían hasta 2022. También precisaba que los últimos tres aviones que se entregarían a Turquía contarían con “capacidades tácticas”. La primera invasión turca en en el norte de Siria se registró en enero de 2018. 

Traslados de tropas al Kurdistán sirio

Los datos de registros de vuelos muestran cómo a partir del 7 de octubre (dos días antes de que empezara la invasión) los A400M comienzan a volar hacia aeropuertos cercanos a la frontera siria. Se observan dos vuelos entrando y saliendo de Hatay, en el sur del país, el mismo día 7 y el 15 de octubre. Los días 91516 de octubre se registran vuelos hacia la base aérea de Incirlik, también cerca de la frontera.

Durante los mismos días también hay evidencias en redes sociales de que los soldados se desplazan hacia esos aeropuertos. Diversas fotografías geolocalizadas en el aeropuerto de Hatay, donde se ven de fondo los mismos aviones registrados en los datos de vuelos, demuestran el envío de tropas hacia esa zona. 

Las imágenes y las fechas coinciden con otras fotografías tomadas en ese lugar durante esos días. Incluso la hora aproximada de la imagen, obtenida analizando las sombras de los militares fotografiados, coincide con las horas en que fueron tomadas las demás fotografías. 

Desde esos aeropuertos, soldados de las fuerzas especiales turcas -llamadas Özel Kuvvetler- fueron desplazados al frente en vehículos militares y autobuses civiles de color blanco. En otras ofensivas turcas, como la que se llevó a cabo en Afrin (Siria) en 2018, el ejército usó el mismo método para desplazar a sus tropas.

Esta investigación también ha podido geolocalizar estos autobuses en varios puntos del mapa gracias a las noticias publicadas en medios turcos y a las imágenes colgadas en la red. Todos los vehículos se dirigían hacia el paso fronterizo de Al-Rai, controlado por los turcos. 

Desde que el 9 de octubre empezara la invasión turca del territorio kurdo en el noreste de Siria, al menos 176.000 personas han sido desplazadas según la ONU y han muerto casi medio millar de personas. Según Amnistía Internacional, el ejército turco y sus aliados llevaron a cabo crímenes de guerra desde prácticamente el principio de la invasión.

Diversos países europeos anunciaron entonces un embargo a la venta de armas al ejército turco. España también se sumó pero sin que esto afectara a los contratos ya existentes. 

Chipre, un conflicto olvidado

A pesar de las continuas agresiones de Turquía a Chipre, otro estado miembro de la UE, España ha seguido vendiendo armamento al Gobierno de Erdogan que después se utiliza para apoyar la invasión turca en el norte de este país, según ha podido documentar esta investigación. 

Turquía invadió en 1974 el norte de Chipre y desde entonces el país está partido en dos. La república turca del norte de Chipre no está reconocida internacionalmente y, en 2014, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó al gobierno de Ankara a pagar 90 millones de euros a Chipre por las violaciones de derechos humanos en su invasión. A día de hoy, se calcula que el conflicto ha generado más de 228.000 desplazados.

Tanto los datos de registros de vuelos como fotografías obtenidas en redes sociales muestran un tráfico continuo de estos aviones hacia el aeropuerto de Ercan, en el norte de Chipre, para trasladar tropas. 

Debido a problemas en la base de datos de ADS-B, que monitoriza todos los vuelos militares, sólo hay disponibles en ese registro los datos de vuelos de los últimos tres meses. Con todo, se observan viajes de este avión de fabricación española los días 8, 9, 16 y 17 de julio así como el 9 de septiembre y el 4 de octubre. Otras bases de datos también muestran vuelos el 25 de marzo de 2019 y el 28 de noviembre de 2018.

Los aviones localizados tienen los números de registro 4B820B, 4B820E, 4B820C, 4B820F, 4B8210, 4B8212, 4B9211, 4B213 Y 4B8214. En la misma investigación también se han geolocalizado fotografías y vídeos de estos aviones en el mismo aeropuerto del norte de Chipre, concretamente el pasado 17 de julio.

La tensión territorial ha aumentado durante los últimos meses por la voluntad de Turquía de hacer perforaciones en el sur de Chipre en busca de gas, a pesar de que algunas empresas energéticas europeas ya tienen licencia para ello.

El Consejo de la Unión Europea instó el pasado julio al Gobierno turco a respetar la soberanía de Chipre y a paralizar los intentos de perforación. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, respondió que, si fuese necesario, su gobierno "no dudará en dar un paso como el que dio hace 45 años".

Según los datos de exportaciones de armamento, España ha sido el principal exportador de aviones militares a Turquía. El Gobierno de Ankara se ha convertido además en el principal cliente armamentístico de España, recibiendo el 26% de las autorizaciones de exportaciones de armamento -que superan los 3.000 millones de euros- entre 2004 y 2017, según datos de la Secretaría de Comercio. 

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, al que está adscrito el órgano interministerial que autoriza las exportaciones de armas, no ha querido hacer ningún comentario para este reportaje.

La Fiscalía de Madrid ha archivado las diligencias abiertas contra el policía nacional Alejandro León, quien se hace llamar 'Jandro Lion', por un presunto delito de odio en relación con un vídeo en el que el agente aparece con una navaja y, entre risas, afirma "que se preparen los Mena" o "la cantidad de gente que voy a asesinar con esto". 

La Fiscalía Especial contra los Delitos de Odio valora que las imágenes no fueron subidas a Internet por el policía e interpreta que éste se disculpó en plena polémica, informan a eldiario.es fuentes del Ministerio Público. El policía nacional tiene un canal de Youtube con más de 18.000 suscriptores donde colgó otro vídeo en el que pide perdón "por las molestias causadas", se presenta como una víctima del "discurso del odio" contra él y las Fuerzas de Seguridad del Estado y asegura que no va por ahí "matando menas", aunque no esté "muy a favor" de este colectivo compuesto por migrantes menores de edad no acompañados, según apostilla. 

La Fiscalía madrileña abrió diligencias a raíz de un escrito presentado por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía tras la difusión del vídeo de la navaja, precisan las fuentes consultadas. En las imágenes, unos compañeros de Alejandro León en Jusapol -el sindicato mayoritario de la Policía- le regalan el cuchillo con una inscripción que reconoce su trabajo como "youtuber jusapolero". Es cuando el policía agradece el presente y realiza los comentarios citados para jolgorio de los congregados. 

La popularidad del policía en Internet está vinculada a su implicación en la plataforma Jusapol, primero, y en el sindicato que derivó de la misma, Jupol, que tienen como principal reivindicación la equiparación del sueldo de policías y guardias civiles con los agentes de los cuerpos autonómicos. Esta histórica reivindicación en el seno de la Policía fue adoptada con fuerza por Jusapol desde su creación y creció al calor del proceso soberanista en Catalunya y al rechazo que provoca en estos funcionarios públicos con rango de agentes de la autoridad. 

"Mena: población extranjera bien remunerada"

Además del vídeo de supuesta disculpa, 'Jandro Lion' subió otro a su canal en el que se disfraza de navaja y dice que le enseñó todo a "Puñalín", otro cuchillo, que es "un ídolo de masas entre la población extranjera bien remunerada, oséase, los Mena". Alejandro León está destinado en labores de seguridad ciudadana en Móstoles, una localidad del sur de Madrid con 200.000 habitantes.

León fue suspendido durante 15 días en el pasado por otro de sus vídeos en el que se mofaba del ministro del Interior de la época, Juan Ignacio Zoido. El expediente abierto derivó en una falta grave. El propio León anunció que Jusapol le pagó la nómina que dejó de percibir por la sanción disciplinaria y que restituirá el dinero cuando, según él, gane el recurso contencioso-administrativo que presentó contra la misma. 

Los expedientes disciplinarios en la Policía se paralizan en el momento en el que alguna instancia judicial abre una investigación. Por eso, en el caso del vídeo de la navaja, Régimen Disciplinario ha retomado la tramitación del expediente y a su término propondrá su archivo o realizará una propuesta de sanción. 

Además, Régimen Disciplinario abrió el pasado 7 de noviembre un tercer expediente contra 'Jandro Lion', según han desvelado a eldiario.es fuentes policiales. En esta ocasión, el policía volcó en su canal un mensaje de audio del líder de Vox, Santiago Abascal, en el que éste mostraba su apoyo a los agentes que combatían los disturbios posteriores a la sentencia del procés. 

En el vídeo, publicado en plena campaña electoral, el agente realiza un montaje entre el logo de Vox y el emblema del Cuerpo Nacional de Policía, además de sostener el sobre que la formación de extrema derecha envió a los domicilios en campaña electoral y asegurar que él tenía "claro" a quién iba a votar. Youtube retiró temporalmente el vídeo y 'Jandro Lion' publicó otro denunciando el hecho y asegurando que era fruto de la "dictadura socialista". 

Jusapol, la asociación en cuyas reivindicaciones se apoya 'Jandro Lion' para sus publicaciones en Internet, desprecia la subida de 400 euros mensuales de media del acuerdo alcanzado entre sindicatos y Administración en la última legislatura del PP y que supone a día de hoy el 10% del presupuesto total del Ministerio del Interior. El resto de sindicatos denuncia campañas de insultos y difamaciones en redes sociales y en los tablones de las propias comisarías por los miembros de Jusapol, cuya derivada en la Policía, Jupol, ha arrasado en las últimas elecciones sindicales. 

Los responsables de Jusapol reivindican su independencia de partidos políticos si bien Ciudadanos y Vox han estado a la cabecera de todas sus manifestaciones, en las que se han mezclado las diatribas contra los independentistas con la reivindicación salarial. La dirección de Jusapol asegura que son los únicos partidos que les han prometido la equiparación efectiva con Mossos y Ertzaintza.

Este apoyo inequívoco a Vox le ha valido a Alejandro León problemas en la asociación. El pasado 13 de noviembre, el policía subió un vídeo en el que defendía que no tenía ningún cargo en Jusapol puede difundir su "ideología política" con libertad frente al supuesto carácter "apolítico" de Jusapol y que en su "canal de Youtube" hace lo que le da "la puñetera gana", como decir que la Ley de Violencia de Género que él tiene que aplicar en el desarrollo de sus funciones es "una puñetera mierda".

Una semana después, Alejandro León anunció, entre sollozos y con música de piano de fondo, que deja de ser representante de Jupol en su comisaría y su "retirada absoluta de la lucha por la equiparación salarial". Habían pasado siete días desde que se le abrió el tercer expediente. 

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar (Abanto-Ziérbena. 1962), cita a eldiario.es en una sala del Hotel Palace de Madrid en donde ha asistido a una entrega de premios. La entrevista se aplaza sobre el horario previsto por sus compromisos previos con dos televisiones que han retrasado sus conexiones en directo.

El presidente de la ejecutiva del PNV se muestra confiado en que la investidura de Pedro Sánchez saldrá si hay voluntad de diálogo y confirma su intención de "no impedir" que pueda formarse un gobierno. 

El día de la entrevista (este miércoles) dos periódicos tirada nacional aseguran que el PNV está trabajando en una reforma estatutaria para expulsar a España del País Vasco. Ortuzar rebaja la polémica y asegura que todo forma parte de "una manipulación evidente de las realidades catalana y vasca". 

¿La reforma del Estatuto de Autonomía en la que están trabajando en País Vasco abre la puerta a la autodeterminación?

Quien está trabajando es un grupo de expertos sobre una base pactada en el Parlamento Vasco con el apoyo al 100% del PNV y Bildu y de manera parcial, pero importante por Podemos. Se quedaron fuera de ese consenso el Partido Socialista y el Partido Popular. 

El lunes nos entregarán el producto de sus trabajos. Ha sido un proceso muy confidencial en el que nosotros solo tenemos especulaciones periodísticas de lo que está pasando.

¿Me está diciendo que usted no conoce ese borrador? 

No al 100%. De hecho se está trabajando a día de hoy. Desde Bildu se nos acusa de vendernos al PSOE y a Podemos y el PP dice que integramos el derecho de autodeterminación en la reforma estatutaria.

Por aclararlo. ¿El PNV es favorable a incorporar una mención expresa al derecho a decidir en esa reforma? 

Nosotros somos favorables al derecho a decidir, lo defendemos y además creemos que en el ordenamiento jurídico vigente actual, en concreto en la disposición adicional de la Constitución y en la disposición final del Estatuto de Gernika, hay los elementos jurídicos que darían validez a un ejercicio del derecho a decidir siempre que sea pactado con el Estado. 

Hoy en el Parlamento vasco se debate una enmienda en la que hacen mención a cuestiones como ese derecho a decidir o al traslado los presos de ETA a cárceles vascas...

En abril se aprobó la misma. Pasó sin pena ni gloria. 

¿Y cuál es la explicación de que en abril no hubiese el ruido de ahora? 

Estamos en un momento político en el que algunos se han puesto muy nerviosos porque hay una posibilidad cierta de que haya un gobierno distinto, que pueda abordar temas importantes, y pendientes como es el encaje territorial del Estado. 

Están intentando por tierra mar y aire sabotear esa posibilidad y ponerle las cosas muy difíciles a Pedro Sánchez. Si usted hace la lectura de las portadas de los periódicos de derecha españoles hoy somos protagonistas ERC y el PNV. ¡Qué casualidad que somos los dos partidos que de una u otra manera podemos dar viabilidad a ese futuro gobierno de progreso de Pedro Sánchez! Yo creo que hay que entenderlo así. Es una manipulación evidente de las realidades catalana y vasca.

Nosotros en Euskadi hemos dicho por activa y por pasiva que sea lo que sea lo queremos hacer primero con un acuerdo entre vascos y después con un acuerdo con Madrid. No estamos optando por vías de ruptura unilateral. 

Y en las nuevas competencias que reclaman en esa reforma estatutaria, ¿Cuáles incluiría el PNV? 

Más que reclamar nuevas competencias la apuesta nuestra siempre ha sido por una mayor clarificación sobre qué competencia es del Estado y cuál es nuestra. Y segundo, un sistema de garantías que blinde nuestras competencias.

¿Dónde ve las dudas sobre el límite competencial y a qué tipo de blindaje se refiere? 

Las dudas se han producido sobre prácticamente todo el acervo competencial, hasta en competencias exclusivas. El Estatuto de Autonomía dice que Educación es una competencia exclusiva y hace quince días el Tribunal Supremo se han cargado nuestro sistema de becas. La intervención de árbitros de parte como el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo han hecho que buena parte de nuestras competencias hayan sido vaciadas. 

¿Cree que el Constitucional se ha extralimitado en sus funciones? 

Sí. Es una de las claves que explican la frustración que hay en Catalunya y en Euskadi: un Tribunal Constitucional que si lo llevamos a los términos coloquiales es como un árbitro que siempre pita a favor del Real Madrid. 

¿Dónde le pillaron a usted las primeras noticias del acuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias? 

En el coche. Fue un auténtico sorpresón. Había hablado con Pablo Iglesias la mañana del día anterior y le vi en buena disposición pero no optimista. Nada hacía presagiar que fuera tan rápido.

¿Y cómo explica esa rapidez? 

Una mezcla de necesidad y de anticipación ante la posibilidad de un clima hostil contra esa opción. La noche del día 10 de noviembre hubo una mezcla de desconcierto y cabreo en las bases de ambos partidos. Eso necesitaba una respuesta rápida. También es verdad que si se dejaban pasar los días sin hacer algo se podían crear climas parecidos al de las negociaciones posteriores a abril. 

¿Ahora cree que saldrá la investidura? 

Yo creo que sí. Soy optimista pero creo que hay que trabajar para que salga. La hipótesis de unas nuevas elecciones sería un fracaso irresponsable y supondría darle una oportunidad de oro a la ultraderecha para poder hacer un cambio que no es el que le viene bien a la sociedad. Espero que hayamos aprendido todos. 

¿Cuál es la decisión del PNV de cara a esa investidura?

No impedir. Si es necesario que nosotros pasemos de una abstención, que sería nuestra posición histórica, a un sí eso supondría un grado de corresponsabilización muy elevado que necesita también de compromiso por parte del presidente y del gobierno que va a salir de ahí con la no agresión a lo que defiende el PNV. Para garantizar ese sí hará falta que hablemos largo y tendido y pactemos para qué quiere ser investido y qué va a hacer con nuestros votos.   

¿Cómo ve el debate que está teniendo lugar en Esquerra Republicana?

Entiendo la posición de ERC. Entiendo el sufrimiento del que vienen. Han tenido una sentencia que ha condenado a su dirigente principal a 13 años de cárcel y a otros miembros de su partido a penas muy elevadas.

Ha habido también durante la campaña una extralimitación de meter a Catalunya en la pelea electoral que ha hecho que el propio Pedro Sánchez se haya desposicionado respecto al tema. Ahora es normal que Esquerra Republicana exija garantías. Si va a corresponsabilizarse con que exista un nuevo gobierno es lógico que pida también ciertas garantías de que va a haber un cambio por parte del nuevo gobierno a la hora de tratar el tema catalán. No un cambio de 180 grados ni un 'trágala' pero sí por lo menos algo básico en democracia que es sentarse alrededor de una mesa y a un conflicto político darle soluciones políticas. 

¿Al asunto de los políticos presos habría que buscarle alguna solución?

Nosotros seríamos partidarios pero respetando la posición de los propios presos. Por los contactos que he tenido con ellos, en este momento no son partidarios de medidas de gracia individualizadas porque eso sería asumir que han sido culpables. Me da la sensación de que los presos anteponen la solución al conflicto de Catalunya a su situación personal. 

Si se empiezan a otorgar permisos penitenciarios a los políticos presos, ¿cómo debería reaccionar Pedro Sánchez? 

Dejar hacer con total normalidad. Es su obligación. Tiene que dejar hacer y no debería obstaculizar nadie ni la Fiscalía ni otras instancias judiciales el normal desarrollo.

¿Cree que el Gobierno aceptará esa negociación entre gobiernos que pide ERC? 

Estamos solemnizando lo obvio. ¿Cómo no va a reunirse un gobierno con otro gobierno? Lo anormal sería no hacerlo. En la actual situación política hay cosas que hacen que nos llevemos las manos a la cabeza porque es la negación de la política y la negación del respeto interinstitucional. Lo extraordinario, lo anacrónico y extravagante es que no se junten. Se tienen que juntar. Para decirse lo que se tengan que decir. Lo que no puede ser es que nos hablemos en canutazos en los medios de comunicación o a través de sentencias y recursos judiciales. 

¿Cree que el independentismo catalán ha renunciado a la vía unilateral? 

Creo que ellos no han llegado a la vía de la ruptura por voluntad propia sino porque han interpretado que nadie les ha dado una salida. ¿Por qué no rebobinamos y buscamos la salida? Hasta ahora todo lo que ha hecho Madrid sobre el conflicto catalán ha sido negativo.

Sánchez ha cambiado de postura muchas veces en el tema de Catalunya... 

Necesitamos clarificar a qué Pedro Sánchez vamos a investir los nacionalistas vascos y los nacionalistas catalanes. Va a tener que aclarárnoslo él. Es lógico que ERC y nosotros pidamos garantías. No estamos pidiendo contraprestaciones. Los catalanes están pidiendo una mesa de diálogo político. Eso es el abc de la democracia, no debiera ser objeto de duda. 

El Gobierno acaba de salvar en el Congreso el decreto contra la república digital catalana...

El 155 digital. 

¿Qué opina?

Creo que es un error por parte del Partido Socialista. Nunca hay que hacer política en caliente. Y este fue un tema que se hizo en caliente y en medio de un panorama político convulso. 

Va contra las libertades ciudadanas y, en nuestro caso, va también contra nuestras atribuciones competenciales. Se va a legislar una vez más desde Madrid algo que deberíamos regular desde el País Vasco. 

Además lo han hecho apoyándose en una mayoría política que no va a ser la que le va a dar a Pedro Sánchez su voto. No es un buen inicio. 

Durante la campaña ustedes han confrontado mucho con Vox. ¿Cree que el partido de Santiago Abascal es una formación fascista? 

Lo es pero nosotros deslindamos a Vox de a sus votantes. No creemos que en España haya 3,6 millones de ciudadanos fascistas ni de ultraderecha. Pero sí creemos que la dirección de Vox y el ideario de Vox son fascistas y se sitúan al margen de la Constitución. 

Todas las fuerzas políticas tenemos que hacer un pacto para que Vox no pinte nada y no pueda condicionar la vida política española. Primero tenemos que hacer algo para que la ciudadanía comprenda que su cabreo y su frustración no la puede vehiculizar votando a este tipo de opciones. 

¿Coincide con quien dice que el PSOE ha alimentado a Vox porque le convenía electoralmente? 

Irresponsablemente el PSOE, el Gobierno y algunos medios de comunicaciones le han dado alas y ahora estamos pagando esos platos rotos. Vox no tenía que haber estado en ninguno de los debates electorales como otras veces nos han excluido a otras formaciones. Les hemos regalado un púlpito y encima no les hemos puesto el pie en la pared y les hemos dejado que blanquearan su imagen.   

En ocasiones cuando alguien desde la izquierda dice "Vox" desde la derecha le contestan diciendo "Arnaldo Otegi"...

No vamos a llevar la discusión a quién es peor. Pero, ¿Alguien piensa hoy que Otegi es un peligro para el sistema democrático? No. Otegi está domesticado por el sistema democrático. Podrá hablar, sobreactuar pero ha firmado unos estatutos en su partido que acepta el ordenamiento jurídico vigente y las normas del sistema democrático. 

Otegi ya no es una amenaza para el sistema democrático, Vox sí. Esa es la diferencia. Eso es lo que al Partido Popular le tiene que entrar en la cabeza. Otegi ya está dentro del sistema y Vox está dentro para cargárselo. 

En estricta vertical: así ha hecho coincidir y dialogar el Museo del Prado dos exposiciones diferentes pero con mucho en común. En la planta baja del Edificio de los Jerónimos se encuentra Goya. Dibujos. Solo la voluntad me sobra, exposición inaugurada el día del aniversario de los 200 años del museo. Una antología que reúne por primera vez más de trescientos de los dibujos del artista de Fuendetodos, procedentes de las propias colecciones del Prado y otras públicas y privadas de todo el mundo.

Y justo dos plantas más arriba, en el Claustro de los Jerónimos, se encuentra El Roto. No se puede mirar, colección de ilustraciones realizadas por Andrés Rábago, más conocido como El Roto, desde 2017 e inspiradas por la obra de Goya. Una exposición que se completa con la publicación del nuevo libro del artista madrileño, lanzado por Reservoir Books, que sirve de catálogo de la misma y se completa con varias estampas inéditas.

Casualidad o no, ambas exposiciones conversan de forma grata, ahondando en la naturaleza interrogante de las obras de Goya sobre los tiempos que le tocaron vivir. Exactamente lo mismo que El Roto hace en sus viñetas y su obra, con espíritu crítico e irónico, y con firme voluntad de denuncia.

"En ambos creadores nos encontramos con temas íntimamente ligados al comportamiento y la condición humana, sobre todo sus miserias", escribe José Manuel Matilla, jefe de Conservación de Dibujos y Estampas del Prado, en El Roto. No se puede mirar.

"El control ideológico que los poderosos ejercen sobre el pueblo, el borreguismo de las multitudes, la ignorancia como raíz de todos los males, la violencia consustancial al macho -sí, al macho, no a la mujer- en sus diferentes formas y el sometimiento en las relaciones de pareja", son los temas en los que se abunda, según Matilla. Rescatamos algunas estampas de la exposición, que se podrá ver hasta el 16 de febrero.

Autorretrato / Goya

El Roto. No se puede mirar, nace como un proyecto allá por el año 2017. Andrés Rábago había recibido la propuesta de realizar una serie de dibujos que tuviesen alguna relación con el Museo del Prado. Y estuvo trabajando en ello un tiempo sin encontrar un hilo conductor claro, sin poder discernir un discurso unificador.

"A punto de cerrar el cuaderno de notas y las visitas semanales [al museo]", cuenta el ilustrador en el libro homónimo publicado por Reservoir Books, "di con las salas de Goya y me vi envuelto en el torbellino de su ya antiguo y poderoso influjo".

La imagen de la derecha es la visión particular que El Roto infiere de Francisco de Goya y Lucientes. La de la izquierda es un retrato perteneciente a la serie de los célebres Caprichos. Se trata de una colección de 80 estampas que Goya empezó a vender en 1799, uno de los momentos de mayor auge de su carrera.

Había sido nombrado primer pintor de cámara y se había ganado cierta fama como retratista. Y se acababa de inaugurar la ermita de San Antonio de la Florida en la que había pintado un grandioso conjunto pictórico que aún se puede visitar hoy. Así que aprovechó el momento para publicitar la venta de las ochenta estampas. Hoy, la serie de los Caprichos es una de las más célebres del artista.

Quien lo creyera! / Lleva su sombra

"El trabajo realizado únicamente pretende ser un modesto y sentido homenaje a aquel admirable y generoso investigador del alma humana", confiesa El Roto en su libro.

Lo cierto es que las estampas de No se puede mirar, a su modo, también auscultan el sentir del ser humano contemporáneo. Goya se preocupó siempre, hasta su fallecimiento en 1828, por intentar captar el sinsentido, el dolor y el temor de las personas de su tiempo y de toda condición.

En la imagen de la derecha, El Roto retrata a una persona que carga a su sombra, atada a él como un peso muerto. A la izquierda vemos la representación de dos brujas ahogándose -como el anónimo protagonista de la viñeta de Rábago-, que Goya pintó entre 1797 y 1799. Corresponde al grupo temático de "fortuna y muerte" y ambas se están disputando su rivalidad en el arte maléfico.

Las resultas / Moribundo entregando su alma

Jugando con la rima en la composición y con figuras metafóricas semejantes, Goya y El Roto parecen apuntar en estas dos imágenes hacia un mismo discurso. Según la descripción que facilita el Museo del Prado, la interpretación que más consenso genera de Las resultas de Goya -aguafuerte pintado entre 1814 y 1815-, la situaría como crítica al absolutismo que supuso el regreso a España de Fernando VII. 

Con esta estampa, Goya volvía sobre el estilo que había trabajado en la serie de los Caprichos, utilizando un lenguaje pictórico de tono alegórico que se convertiría en una constante más tarde con los Disparates y las Pinturas Negras. Como respuesta a la crítica planteada por el artista de Fuendetodos, El Roto imagina un muerto que, como el sistema absolutista, a su fallecimiento exhala un fantasma. Nada puro puede salir de un alma corrupta. 

El sueño de la razón produce monstruos / Habladurías

El sueño de la razón produce monstruos  es una de las estampas más célebres de Goya. Su influencia llega hasta nuestros días y, de hecho, sigue inspirando a artistas como los que rastrearon la influencia de Goya en el arte contemporáneo en el Centro Cultural de la Villa hasta hace escasos días. Con ella el artista inició un trabajo discursivo que le llevó, durante años, a expresar gráficamente una de sus mayores preocupaciones: la ignorancia.

El imaginario goyesco abunda en estampas que critican las supersticiones, todavía muy extendidas entre el pueblo a finales del siglo XVIII. Para el artista, el desconocimiento y la incultura eran herramientas de control de la ciudadanía por parte del poder y de los estamentos religiosos. La estampa ofrece un mundo de pesadilla en el que la razón no produce verdad, solo monstruos.

En Habladurías, El Roto investiga el mismo discurso, apoyando su estampa sobre una razón hecha verbo. La palabra es la que se convierte en monstruos a su parecer, ampliando así la crítica goyesca al rumor y el cotilleo, tan presentes en el siglo XVIII como en el XXI.

Saturno / Saturno devorando salchichas

Una de las imágenes más poderosas y brutales de la historia del arte, y uno de los cuadros más célebres del conjunto de catorce escenas que forman las llamadas Pinturas Negras.

Se conocen con ese nombre por la abundancia de pigmentos oscuros y composiciones truculentas. Las Pinturas Negras decoraron en su momento dos habitaciones de la Quinta del Sordo, casa de campo a las afueras de Madrid adquirida por Goya en 1819. Se pintaron directamente sobre la pared seca, no al fresco, y se pueden ver en la sala 67 del Museo del Prado.

El Saturno de la izquierda, pintura también conocida como Saturno devorando a un hijo -así figuró en el catálogo del Prado en 1900-, es una aproximación goyesca a la enajenación y la locura como sentimiento humano -y humanizador, pues humaniza a una deidad como Cronos/Saturno-, así como el poder total como fuerza corruptora. Pero lo que parece proponer El Roto en la imagen de la derecha es una vuelta de tuerca satírica del original. En lugar de comerse a un vástago -en la mitologíalo hacía por miedo a que le destronasen-, vemos a un dios mucho más orondo comiéndose unas salchichas.

Duelo a garrotazos / Sin título

Otra de las estampas célebres del pintor, que también decoraba la Quinta del Sordo. Antes de conocerse por el nombre actual se llamó Dos forasteros, bautizada por el pintor Antonio Brugada, y más tarde como Dos boyeros, debido a la influencia del escritor francés Charles Yriarte, que así se refería a ella. Y hasta 1900 no se la conoció por el nombre actual.

Duelo a garrotazos ha pasado a la historia, entre muchas interpretaciones fundadas en la expresividad de la violencia, como la representación quintaesencial de la naturaleza cainita hispana. Joaquín Ruíz-Giménez la describía como "un claro mensaje contra la guerra" en el programa Mirar un cuadro de RTVE, por su condición histórica. Con su particular reinterpretación, El Roto parece estar en consonancia con la lectura sobre la naturaleza cainita que se ha derivado de la obra.

En la obra original, pintada entre 1820 y 1823, Goya atrapa el sentir crispado del momento: la sublevación de Riego había puesto en jaque el poder de Fernando VII. Duelo a garrotazos captaba el enfrentamiento entre partidarios de la revolución y los leales a la corona, o lo que es lo mismo: el pueblo llano enfrentado entre sí. Fernando VII siguió en el poder hasta 1833, pero Rafael de Riego fue arrastrado, ahorcado y luego decapitado en la plaza de la Cebada de Madrid en 1823.

Las bases de Podemos han apostado de forma abrumadora por la entrada del partido en el Gobierno de España. El 96,8% de los 134.374‬ inscritos que han participado en la consulta celebrada entre el pasado sábado y este miércoles han apostado por el Ejecutivo de coalición que negocian Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. En contra se han posicionado 4.244 personas, un 3,16% de los inscritos que han participado.

La participación en la consulta roza así el 25% del censo de inscritos, que supera las 520.000 personas. Y algo más del 58% del censo de "inscritos activos", aquellos que han activado su cuenta al menos una vez en el último año y que, según Podemos, es de 228.400 personas.

En el referéndum han votado algo menos de inscritos que en la consulta que se planteó tras las elecciones del 28 de abril y también en medio de la negociación con el PSOE. En aquella ocasión, sin embargo, no había siquiera un preacuerdo pactado por los partidos como sí lo hay ahora. 

La actual consulta, en cualquier caso, queda lejos de la que supuso el récord en el partido: los 188.176 inscritos que participaron en el referéndum sobre la continuidad de Iglesias e Irene Montero al frente del partido y en plena tormenta mediática por la compra de su casa.

Todas las consultas realizadas

Con la de Podemos han finalizado ya todas las consultas que los diferentes partidos han convocado entre sus bases ante la hipotética votación de investidura de Pedro Sánchez. La del partido de Pablo Iglesias ha sido la que más participación ha recabado.

Los militantes y simpatizantes del PSOE fueron los primeros en pronunciarse. Y el ganó también por una amplísima mayoría. De los 103.718 votos emitidos, el 92% (95.421 votos) fueron afirmativos. 

Después fueron los de IU. Los militantes de la coalición, integrada en Unidas Podemos, se pronunciaron a favor del Ejecutivo compartido. Un 88% de los 11.674 votantes dijeron 

Por último, fueron las bases de ERC las que fueron llamadas a las urnas. Eso sí, con un planteamiento diferente: las condiciones para bloquear, o no, la investidura de Sánchez. El sí fue también mayoritario, pero a vetar al secretario general del PSOE si el futuro Gobierno no abre una negociación con la Generalitat.

El día internacional contra la violencia de género ha quedado embarrado este año por el guirigay de los cinco partidos del Parlamento andaluz, incapaces de aparcar la refriega política para salvaguardar el consenso en esta materia. Vox había avanzado su negativa a firmar junto al resto de grupos una declaración institucional de condena a la violencia machista. La falta de unanimidad, según el reglamento de la institución, impedía que la Cámara emitiese una posición institucional, y esto ha obligado al resto de partidos a buscar alternativas para sortear el veto de Vox.

PSOE, PP, Ciudadanos y Adelante Andalucía se han visto forzados a abandonar el salón de Plenos para hacer lectura de un manifiesto de repudia al maltrato contra las mujeres, que contabiliza 53 mujeres asesinadas en lo que va de año en todo el país. Este movimiento de repliegue ha salvado a última hora el compromiso político de los grupos, pero no ha quedado reflejado en el diario de sesiones de la Cámara. Esta declaración pseudoinstitucional ha sido leída por la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, en presencia del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, el resto de su gabinete, diputados del PSOE encabezados por su líder, Susana Díaz, miembros de Ciudadanos y de la coalición Adelante Andalucía. 

Pero la jornada ha sido atropellada y ha dejado dos imágenes insólitas: por un lado, la soledad en el hemiciclo del Parlamento de Vox, un partido contrario al Estado de las Autonomías que hoy, sin embargo, ha sido el único beneficiado del reglamento del Parlamento autonómico. Sólo un diputado del grupo se encontraba dentro del hemiciclo mientras fuera tenía lugar el acto de condena. La otra imagen es el insólito forcejeo del resto de partidos por protagonizar lo que quedaba del 25N, día internacional contra la violencia de género. 

Ha habido dos actos cantos conmemorativos separados, dos lecturas y dos manifiestos de condena, aunque los textos apenas difieren entre sí. El PSOE fue el primero en anunciar e impulsar una negociación con el resto de grupos -excepto Vox- para sacar adelante un manuscrito de repulsa contra la violencia sistemática contra las mujeres. Los socialistas avanzaron su iniciativa el pasado viernes, una vez que Vox hubo confirmado que rompería la unanimidad necesaria para que el Parlamento emitiese una declaración institucional. Pero también porque, se mismo día, la presidenta de la Cámara, Marta Bosquet, declinó tomar la iniciativa para buscar el consenso de los grupos proponiendo un texto alternativo. "No me corresponde a mí, sino a los partidos", dijo, a preguntas de los periodistas.

Luego Bosquet cambió de opinión y la solución alternativa para sortear el veto de Vox a la condena contra la violencia de género se bifurcó en dos vías paralelas: por un lado la iniciativa del PSOE, que había invitado ya a asociaciones feministas a la lectura de su manifiesto por la mañana, a las puertas del salón de plenos de la Cámara, y por otro lado la iniciativa de la presidenta Bosquet, que convocó otra lectura por la tarde, con la firma de todos los grupos excepto Vox. Lo que se visibilizó fue una disputa obscena por acaparar los focos. En el camino, el consenso político se tropezó y cayó de boca, evidenciando el nerviosismo que provoca en el arco parlamentario la dualidad de Vox, un partido que "dinamita" el consenso en políticas de género, según coinciden el resto de formaciones, pero que hoy por hoy es una pieza clave para la sostenibilidad del Gobierno de PP y Ciudadanos.

Los socialistas lograron consensuar su manifiesto con PP, Ciudadanos y Adelante Andalucía, pero no consiguieron que los dos primeros se sumaran a la lectura del mismo en el patio del Parlamento. Fue a mediodía, ante el busto de Blas Infante, y mientras tenía lugar el portavoz naranja, Sergio Romero, denunciaba a pocos metros de allí que aquel era "un acto de partido" y que no acudiría. El portavoz popular, José Antonio Nieto, explicaba que sí pensaban acudir, pero que se "habían equivocado del lugar de la convocatoria", de modo que tampoco estuvieron presentes. Tras el acto, el portavoz del PSOE, José Fiscal, compareció ante la prensa visiblemente cabreado, entendiendo que las fuerzas de derechas habían "boicoteado" su acto, y acusó directamente a la presidenta del Parlamento de haber "dinamitado el consenso" empujada por un "afán de protagonismo desmedido". "Es lamentable que la presidenta y miembro de Ciudadanos sea incapaz de dejar al lado su ansias de protagonismo ni siquiera el 25N. Su acto de indignidad ha tocado hoy suelo", dijo.

Mientras Fiscal relataba estas palabras ante los periodistas, Bosquet le estaba llamando al móvil para preguntarle si firmaría el segundo manuscrito junto al resto de partidos. "Me está llamando ahora mismo", dijo el socialista. Finalmente, el PSOE suscribió también ese documento, con algunas variaciones respecto al primer texto [la supresión del concepto "patriarcado"], el resultado fue leído por la presidenta de la Cámara a las puertas del hemiciclo, 15 minutos antes del comienzo del Pleno "para garantizar el mayor número de diputados posibles". A este acto también se sumaron trabajadores y trabajadoras del Parlamento. Todos, excepto los 12 diputados de Vox, que permanecieron ausentes esperando a que terminara la lectura.

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, la Asociación de Internautas y la Asociación de Usuarios de Internet intentarán que el decreto-ley que dota al Gobierno de la capacidad para intevernir Internet "para preservar el orden público", que será ratificado este miércoles por la Diputación Permanente del Congreso, sea declarado nulo por el Tribunal Constitucional. El paso previo es presentar un recurso ante el Defensor del Pueblo con su argumentación, al que invitan a "las organizaciones y expertos que se quieran sumar".

El Gobierno ha conseguido sacar adelante este miércoles el decreto-ley con los apoyos de Partido Popular y Ciudadanos, la abstención de Unidas Podemos y el rechazo de ERC. La medida fue aprobada en campaña electoral como una iniciativa "para evitar la república digital catalana", en palabras del propio Pedro Sánchez. Sin embargo, un mes después, la vicepresidenta Carmen Calvo ha afirmado que el decreto-ley no tiene nada que ver con Catalunya y que su intención es asimilar la legislación española a la de "otros países".

Más allá del relato político, el texto del decreto-ley introduce una serie de cambios en varias leyes que han provocado la alarma de los especialistas. El que consideran potencialmente más peligroso es que el que modifica la Ley General de Telecomunicaciones, la norma que regula la infraestructura que soporta Internet, para permitir al Gobierno intervenirla por razones "de orden público".

En cualquier caso, el punto para hacer palanca contra el decreto no va a ser esta modificación, sino el uso incorrecto de la figura del decreto-ley para aprobarla. Esta iniciativa permite al Gobierno aprobar una norma con rango de ley sin autorización parlamentaria, pero pone como requisito para ello que exista un alto grado de urgencia para aprobar la medida. Las tres organizaciones entienden que no se da este precepto y el decreto-ley debe ser anulado por el Constitucional.

"La inconstitucionalidad va a depender de aspectos formales y no de fondo", apunta Yolanda Quintana, coordinadora de la PDLI. "Nos parece lo más claro de entrada, pero de momento todo es provisonal. Cuando los juristas preparen el escrito pidiendo un recurso de inconstitucionalidad, usarán los argumentos que veamos más oportunos para que prospere", detalla.

Mismo método que para anular las bases de datos ideológicas

Estas tres organizaciones, junto a un nutrido grupo de juristas especializados en la protección de datos, emplearon este mismo método que pretenden lanzar ahora contra el decreto-ley para tumbar otra regulación promulgada este 2019 que consideraron peligrosa para las libertades. Mediante u recurso ante el Defensor del Pueblo, consiguieron que el Tribunal Constitucional invalidara el permiso que los partidos políticos se autoconcedieron para elaborar bases de datos con información ideológica de los ciudadanos durante los períodos electorales.

El Defensor del Pueblo es la única vía legal para que un ciudadano de a pie presente un recurso de inconstitucionalidad. Solo el presidente del Gobierno, los de las comunidades autónomas o un grupo de 50 diputados o 50 senadores pueden llevar una medida legislativa ante el Tribunal Constitucional. El filtro para el resto de la sociedad es el Defensor del Pueblo, que debe hacer un análisis de los argumentos aportados y decidir si los hace suyos y los lleva ante el Alto Tribunal.

Los monjes que custodian el Valle de los Caídos llegaron en 1957 por un decreto franquista, están financiados íntegramente con dinero público pero todavía no han presentado un presupuesto equilibrado de gastos e ingresos, además de que tampoco han despejado las dudas y peros que les ha presentado el Estado desde 2018.

El Consejo de Patrimonio Nacional, patrono de la Fundación del Valle de la que son beneficiarios los benedictinos y que corre con todos los gastos de reparación y mantenimiento, congeló en 2018 la transferencia anual de 340.000 euros a la orden benedictina. Ese dinero se ha utilizado durante estos años indistintamente para el propio mantenimiento de la vida de los monjes (ropa, comida, teléfono, gasolina) y para los fines fundacionales que les otorgó el dictador en el decreto franquista que los llevó hasta Cuelgamuros: mantener una escolanía de niños cantores, rezar, leer, estar al día del pensamiento, seguir los escritos de los pontífices, celebrar misa y mantener la biblioteca.

En su última sesión del Consejo de Patrimonio, el pasado 19 de noviembre, se aprobó hacer un requerimiento por escrito a los monjes al que ha tenido acceso eldiario.es para que les entreguen la documentación que falta y un presupuesto básico, tal y como están pidiendo desde el año pasado. Por ahora no lo han hecho y la transferencia de dinero continúa congelada.

Concretamente, Patrimonio solicita al prior y sus monjes que documenten los ingresos y gastos de 2018 y que diferencien en sus docuemntos los gastos que ha hecho en sus fines fundacionales (rezar, leer, pensar, enseñar a los niños cantores) y los no fundacionales, es decir, gastos de otra naturaleza que podrían ser gastos personales de los propios monjes. A este requerimiento, el padre ecónomo respondió en septiembre de este mismo año por mail que "todo fin no mencionado en la normativa fundacional es un fin no fundacional", sin más explicación. 

Patrimonio también exige que los monjes les envíen facturas y conceptos concretos que "sirven de justificacion a la subvención de la Comunidad Autónoma de Madrid a la escolanía por importe de 114.656,59 euros". Cuando el prior informó en 2018 de esta subvención, que aparece en su presupuesto de un folio y que es el único documento que ha presentado al Estado parecido a un balance, eldiario.es preguntó a Presidencia y Cultura de la Comunidad de Madrid por esta ayuda a la escolanía y fuentes oficiales confirmaron que no se le ha dado ninguna ayuda a esa escolanía después de hacer una búsqueda en el sistema.

Otra exigencia del Estado a los religiosos es que, en caso de que estén en déficit, presenten una justificación "o provisión para cubrir dicho déficit". De hecho, el primer y único presupuesto que ha presentado el prior, y al que tuvo acceso eldiario.es, tenía un agujero de 600.000 euros que correría a cargo del Estado, dando por hecho que se cubriría con dinero público. Para acabar, el organismo público les advierte de que seguirá sin hacer la transferencia de 340.000 euros si no presentan las cuentas, ya que "se advierte de la imposibilidad de realizar las actuaciones pendientes de comprobación contable y control financiero".

El Tribunal de Cuentas ya alertó en un duro informe en 2016 de que no existía rendición de cuentas y detectó todo tipo de deficiencias contables en el Valle. En 2017 y con Rajoy todavía en la Moncloa, Patrimonio Nacional asumió parte de esas recomendaciones y acordó que en 2018 se presentara un presupuesto completo, algo que, después de 60 años recibiendo dinero público, los religiosos aún no han hecho.

El prior Santiago Cantera no ha respondido a las preguntas de eldiario.es sobre este requerimiento.

El boicot del portavoz municipal de Vox, Javier Ortega Smith, al acto institucional contra la violencia de género le ha pasado factura. Este miércoles ha sido reprobado en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid con los votos de Ciudadanos, Más Madrid y PSOE. El PP se ha quedado solo en contra de la reprobación. Ha sido el único grupo que no ha apoyado la moción de urgencia del PSOE con el argumento de que es un ataque a la "libertad de expresión". "Ustedes pretenden establecer una mordaza", ha justificado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida. 

Con su voto, Ciudadanos marca una postura oficial que quedará recogida en el diario de sesiones contra Vox, su socio en la práctica. La grieta, dentro del bipartito de Gobierno y también entre las derechas, se abre en un momento comprometido para la corporación municipal: José Luis Martínez-Almeida y Begoña Villacís necesitan los votos de los cuatro concejales de Vox para sacar adelante los presupuestos de 2020.

La vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha argumentado que su grupo no reprueba a Ortega Smith "por su ideología" sino por la falta de "respeto" y "humanidad" que, su juicio, demostró en su intervención durante el acto del 25N. "Hay una cosa que no está reñida con la ideología y es el respeto y la humanidad. No se puede presentar delante de mujeres víctimas a hacer esa arenga. Está representando a los madrileños y eso es una altísima responsabilidad", ha afirmado Villacís, que al final de la votación ha recibido un aplauso que ha puesto en pie a Más Madrid y PSOE. 

El portavoz de Vox cuestionó la violencia de género y pidió el fin de la ley integral aprobada en 2004 en la conmemoración del 25N. En el auditorio había víctimas, trabajadoras municipales del área de Igualdad y asociaciones de mujeres que abandonaron la sala con su discurso. Al final, una superviviente increpó a Ortega Smith para exigirle respeto "a las muertas". "Con la violencia contra las mujeres no se hace política", le dijo.

El debate ha sido uno de los más broncos del mandato, con interrupciones por el orden de las intervenciones y peticiones de receso por la falta de acuerdo. El regidor de la capital, José Luis Martínez-Almeida, se ha reiterado en los reproches que hizo al portavoz de Vox tras reventar el acto del lunes pero se ha negado a reprobar a Ortega Smith por su discurso negacionista. El PP considera que la moción del PSOE es un "precedente peligroso" porque coarta "el derecho a la opinión". "Distingamos el ejercicio de la opinión de la opinión que se está manifestando en ese momento. La intervención de Ortega Smith fue desafortunada", ha asegurado. El alcalde ha ido elevando el tono en su turno de palabra y ha terminado hablando de ETA y de Venezuela. 

Matices, divergencias o directamente posiciones encontradas. Los socios independentistas del Govern están teniendo dificultades para tener una sola voz en la negociación sobre la investidura de Pedro Sánchez que ERC está a punto de comenzar con el PSOE. Los republicanos piden a cambio de sus 13 abstenciones una mesa entre los gobiernos central y catalán para discutir sobre la crisis constitucional abierta en Catalunya, pero el planteamiento con el que JxCat y ERC pretenden abordar ese proceso de diálogo tiene diferencias de calado.

El último choque ha surgido por la presencia del president de la Generalitat en una eventual mesa de negociación entre gobiernos. Por la mañana el vicepresident Pere Aragonès, muy involucrado en el diálogo con el PSOE, ha considerado que Torra podría participar en la futura mesa de negociación, pero no lo ve un requisito "necesario" si en ella no participa también Pedro Sánchez. Tora, en cambio, ha reivindicado su papel como interlocutor durante la sesión de control de este miércoles, y ha considerado necesaria tanto su participación como la del presidente del Gobierno en cualquier escenario de diálogo.

Según ha indicado Torra a preguntas de un diputado de su grupo, lo debe aceptar el PSOE es "un diálogo de gobierno a gobierno en el que los presidente de los gobiernos se reúnan". El president aún ha ido más lejos al considerar que, previamente, para llegar a esa situación Sánchez debe llamarle por teléfono. La exigencia del jefe del Govern respecto a que sea el presidente del Gobierno quien de el primer paso viene a colación de la desconfianza que el primero tiene en que la mesa del diálogo. "No queremos más fotos con ponsetias", ha explicado el president en referencia a la charla que mantuvo con Sánchez en Pedralbes y en la que asesores del Gobierno retiraron unas plantas de color amarillo para que no aparecieran en la foto.

La participación de los presidentes en esa mesa de diálogo es solo una de las fricciones entre JxCat y ERC a la hora de abordar la investidura. Este martes salió a la luz otra, cuando la portavoz del Govern, Meritxell Budó, apostó sin ambages por la figura del "relator", que Esquerra había sacado de la lista de condiciones pero que JxCat aún reivindica. La consellera añadió también que "no tendría sentido un diálogo entre gobiernos donde no estén sus máximos responsables", avanzando la postura de Torra en la sesión de control de este miércoles.

La discusión entre los socios del Govern sobre las condiciones para una mesa de diálogo se producen en paralelo a la primera negativa del PSOE a aceptar el esquema propuesto por ERC. Los socialistas consideran que la negociación entre gobiernos debe vehicularse mediante la comisión bilateral Estado-Catalunya contemplada en el Estatut, según ha explicado este miércoles la vicepresidenta en funciones Carmen Calvo. "No es ninguna novedad porque existe en el Estatuto de Catalunya una comisión bilateral que el anterior Gobierno despreció y que este Gobierno activó", ha explicado Calvo.

El planteamiento del PSOE sobre que las reuniones entre representantes de los gobiernos tengan lugar dentro de la bilateral coincide con el esquema de negociación que se hizo en Pedralbes, en el que el diálogo con más carga política se dejaba para una mesa de partidos en paralelo a la comisión. Sin embargo tanto ERC como JxCat exigen ahora que la mesa donde se traten las soluciones al conflicto político sean entre gobiernos y fuera de la comisión bilateral. Los independentistas quieren llevar allí propuestas como la amnistía o la autodeterminación, algo que el PSOE también rechaza.

El Gobierno ha sacado adelante un decreto-ley aprobado en campaña electoral como una iniciativa "para evitar la república digital catalana". Un mes después, el texto tenía que ser convalidado y en la Diputación Permanente del Congreso hay luz verde con los apoyos de Partido Popular y Ciudadanos. ERC rechaza el texto y Unidas Podemos anunció su abstención.

Tras las elecciones y en plenas negociaciones para la investidura, el Gobierno niega ahora que este decreto-ley se aprobara con el fin de cercar la república digital catalana, a pesar de que Sánchez dijo que esa era su intencionalidad. La vicepresidenta Carmen Calvo ha asegurado que la pretensión es adecuar la legislación española a la de "otros países".

El decreto-ley, "por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad  pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones", como reza su denominación oficial, generó una enorme polémica desde que el propio presidente anunció su intención de aprobarlo en Consejo de Ministros. Primero, porque la argumentación inicial de Sánchez sobre la medida ("poner punto y final" a la "República Digital" catalana e impedir que esta recurra a "paraísos digitales" para alejar sus bases de datos de la justicia española) generó confusión al emplear conceptos con encaje en el relato político pero no en la terminología tecnológica. Después, porque la redacción final del texto modificó varias leyes para ampliar las capacidades del Gobierno para intervenir Internet, lo que provocó la alarma entre juristas y expertos.

Tomar el control de la infraestructura 

El principal cambio que introduce el decreto-ley se produce en la Ley General de Telecomunicaciones. Esta norma regula la infraestructura que da soporte a Internet como red de telecomunicación (antenas de telefonía, fibra óptica, servidores), pero no los contenidos que circulan por ella, cuyas reglas se detallan en otra ley diferente. En el decreto-ley, el Gobierno en funciones incluyó los supuestos de "orden público" y de "problemas económicos" a la lista de motivos que le permiten tomar el control de la infraestructura de Internet sin intervención judicial previa.

¿Qué significa esto? ¿Podrá el Gobierno utilizar su poder sobre la infraestructura que soporta las comunicaciones digitales para impedir el acceso a una web o el funcionamiento de una app? Los especialistas ofrecen varias interpretaciones. 

"Para cerrar una web hace falta una autorización judicial previa", expone el abogado Carlos Sánchez Almeida. En su opinión, el decreto-ley no otorga al Gobierno esa capacidad. "Tumbar la conexión a Internet de un territorio para impedir el acceso a una web es una forma de censura. Arrogarse ese poder sin declarar un estado de excepción sería incluso delictivo, porque se estaría impidiendo el ejercicio de derechos fundamentales presentes en la Constitución", abunda.

"El decreto-ley digital concede un poder desmedido al Ejecutivo y le permite censurar el acceso a Internet y los servicios de telefonía arbitrariamente", sanciona al contrario Enric Luján, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Barcelona.

La Ley General de Telecomunicaciones, aprobada en 2014, ya posibilitaba que el Ejecutivo intervenir las redes de telecomunicaciones cuando detectara una actividad que pueda suponer una amenaza para la seguridad pública o la vida humana, entre otros. El nuevo redactado permite al Ejecutivo asumir "la gestión directa o la intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas", incluyendo "cualquier infraestructura" necesaria para "preservar o restablecer el orden público".

Pese a la discrepancia en qué permite la medida y qué no, todas las fuentes jurídicas consultadas por eldiario.es coinciden en que la iniciativa legislativa empleada para su aprobación es incorrecta. El decreto-ley es una figura que permite al Gobierno aprobar una norma con rango de ley sin control parlamentario, pero pone como requisito para ello que exista un alto grado de urgencia para aprobar la medida. "Es un exceso regulatorio", expuso la jurista Natalia Martos a este medio: "Es lógico que la gente se haya echado las manos a la cabeza".

En cualquier caso, aunque el Gobierno podrá intervenir las redes de telecomunicaciones por motivos de "orden público" sin que un juez le autorice a ello, sus acciones sí serán recurribles ante los tribunales. "Toda orden de cese sin audiencia previa y sometida a "razones de imperiosa urgencia", más vale que se motive muy, muy bien, igual que sucedía con los supuestos que ya estaban en la anterior redacción de la Ley General de Telecomunicaciones", advierte el jurista experto en tecnología Sergio Carrasco sobre una posible acción del Gobierno amparada en esta ley.

El DNI para todo y los datos sensibles, en España

Además de los cambios que permiten al Gobierno intervenir Internet alegando razones de orden público, el decreto incluye otras dos medidas que los expertos relacionan directamente con el conflicto soberanista catalán, aunque sus efectos se notarán a todos los niveles. Una es la nueva obligación de utilizar el DNI electrónico como único método válido para relacionarse con la administración en Internet. Cualquier otra herramienta que pongan en marcha las autonomías para permitir a los ciudadanos autentificarse por vía digital debe ser aprobada previamente por el Gobierno central. La otra es la ampliación de la protección que establecen las leyes europeas para los datos personales sensibles, que ya no solo deberán estar en la UE o en un estado de legislación asimilable, sino que ni siquiera podrán salir de España.

Estos datos de "categoría especial" son aquellos que "revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical" de una persona, como detalla el Reglamento General de Protección de Datos de la UE. La obligación de que estas bases de datos se ubiquen en territorio español las coloca dentro del radio de acción del Gobierno y la justicia española. Esto, unido al control de los métodos de indentificación personal permitiría, por ejemplo, que el Ejecutivo interviniera cualquier tipo de votación de carácter político no autorizada.

Para cerrar cualquier resquicio, el decreto-ley prohíbe el uso de tecnologías de registro distribuido, como el blockchain, para sistemas de identificación o firma electrónica. Esta tecnología no estará permitida hasta que la UE regule su uso a nivel comunitario. La Generalitat estaba desarrollando un sistema que empleaba blockchain para lograr un método de identificación distribuido que no dependiera de ninguna autoridad central, denominado IdentiCat.

En conjunto, el paquete de medidas permite al Gobierno tomar el control de cualquier red de telecomunicaciones que tienda la Generalitat, obliga a que las bases de datos con información política estén en España y prohíbe el empleo de cualquier método de firma o identificación electrónica que escape a su control.

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado un pacto municipal contra la violencia de género con la abstención de Vox. Todos los grupos, salvo la extrema derecha, han apoyado la proposición presentada por PP y Ciudadanos y que recoge 21 medidas negociadas con Más Madrid y PSOE con el compromiso de ser aplicadas en los próximos cuatro años.

"Lo que hoy se vota aquí no es ideología de género. Lo que hoy se vota aquí es que las mujeres madrileñas puedan vivir sin miedo", ha dicho el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, dirigiéndose a la bancada de Vox durante su intervención. A los cuatro concejales les ha señalado por "ponerse de lado" contra la violencia machista. La negativa de la extrema derecha ha impedido este año, por primera vez desde 2005, una declaración institucional del Ayuntamiento de Madrid para actuar contra esta lacra. 

El acuerdo pretende replicar en la ciudad el pacto de estado contra la violencia machista y comprende medidas como el aumento de las plazas de la red de atención para las víctimas más vulnerables (en situación de sinhogarismo o con adicciones), la puesta en marcha de centros especializados de atención a víctimas de la violencia sexual o la elaboración de un protocolo específico para actuar con los menores en estos casos.

Sin embargo, las medidas no están presupuestadas sobre el papel, como pedía Más Madrid y PSOE. Las cuentas de 2020 solo recogen la dotación de algunos puntos del acuerdo, según ha explicado el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, como el centro de atención a las víctimas de violencia sexual, que abrirá en diciembre de este año. El área justifica que el acuerdo se proyecta a lo largo de todo el mandato. 

Pese a ello, los dos partidos de izquierda han apoyado finalmente el pacto tras aceptarse una enmienda que explicita que el compromiso del Ayuntamiento "a dotar del presupuesto suficiente para dar cumplimiento a todas las medidas propuestas". Esta acotación final también blinda al pacto contra futuras "reducciones" de presupuesto.

La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha criticado la falta de dotación en los presupuestos de 2020 y ha recordado a Ciudadanos que el centro de violencia sexual que se abrirá próximamente ya estaba construido por la anterior corporación municipal. Maestre también ha afeado al Gobierno que se hayan retirado subvenciones a varias asociaciones y fundaciones que trabajan por la igualdad, como ONU Mujeres o la Federación de Planificación Familiar. 

Dos días después de boicotear el acto institucional contra la violencia de género del Ayuntamiento de Madrid, el partido de la extrema derecha se ha vuelto a quedar solo en este asunto. No quiso sentarse a la mesa con el resto de grupos para revisar las propuestas pero ha presentado una veintena de enmiendas al texto negociado por PP, Ciudadanos, Más Madrid y PSOE. En el texto el término violencia de género se sustituye por "violencia intrafamiliar" y "mujeres" por "personas". Ninguna ha sido aceptada. 

Durante el debate, Más Madrid y PSOE han pedido al Gobierno municipal que rompa su pacto con Vox. "Ustedes le deben su sillón de vicealcaldesa y de alcalde -en referencia a José Luis Martínez-Almeida y Begoña Villacís- a esos señores. Lo que tienen que hacer es dejar de gobernar con ellos, es una ecuación muy sencilla", ha señalado Maestre. La concejala socialista, Maite Pacheco, también ha preguntado a PP y Ciudadanos por qué sigue sosteniéndose en Vox para gobernar. "Tienen la oportunidad de volver al centro, estamos ahí para eso", ha afirmado. 

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