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created: 22 mar 2015 21:42:28 UTC ~ updated: 20 ene 2019 02:19:09 UTC ~ rssv2 ~ TTL 10 min. ~ es

El Gobierno no quiere pronunciarse sobre si Podemos ofreció a ERC la destitución como ministros de Josep Borrell a cambio de lograr su apoyo para sacar adelante los presupuestos pactados por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. La primera en tener que responder sobre esta cuestión ha sido la ministra de Industria, Reyes Maroto, que tras varios rodeos ha sentenciado que quien tiene que explicarlo es el partido que hizo esa supuesta oferta.

"Si lo ha hecho Podemos, que lo explique Podemos", ha señalado Maroto en una entrevista en la Cadena SER, donde ha insistido en que los presupuestos los negocia parte del Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso. "Los presupuestos recogen ese proyecto de futuro y vamos a trabajar para conseguir los apoyos parlamentarios", ha añadido la titular de Industria.

En una entrevista con eldiario.es, Gabriel Rufián ha asegurado que Podemos les ofreció "la cabeza de Borrell" a cambio de votar sí al proyecto de PGE que han acordado Sánchez e Iglesias. "Dijeron que ellos presionarían para que Sánchez hiciera ese gesto. Les dijimos que ojalá el problema fuera Borrell", asegura el parlamentario de ERC, que apunta que él no pide "la cabeza de ningún ministro ni de ningún representante electo en el Congreso". Aunque vería bien que el actual ministro de Exteriores no ocupase ese cargo "porque es un mentiroso".

El documento de Vox con sus exigencias para hacer posible un acuerdo entre el PP y Ciudadanos deja en el aire el próximo gobierno de la Junta de Andalucía. Las direcciones nacionales de las formaciones de Pablo Casado y Santiago Abascal se han reunido este martes para cerrar un acuerdo, pero las propuestas de Vox alejan por el momento a Juanma Moreno de la presidencia de Andalucía.

Entre las propuestas que el PP ha recibido durante la reunión con los de Abascal está el compromiso del futuro presidente de la Junta a renunciar al autogobierno de Andalucía, blindado en el Estatuto de Autonomía (con rango de Ley Orgánica, avalado por el Congreso de los Diputados y por el sí mayoritario de los andaluces en un referéndum).

Además, para apoyar al PP, Vox exige al futuro Ejecutivo andaluz que renuncie a las competencias en Educación y Sanidad, que derogue leyes de género y que quite ayudas a las asociaciones. Según Génova, este tipo de propuestas demuestran que el partido de Santiago Abascal "no quiere un acuerdo" en Andalucía y tachan de "inaceptable" el documento de Vox.

Fisgonear la historia clínica de un compañero de trabajo, de un familiar o de un paciente con el que no tienen relación asistencial ha abocado a varios profesionales sanitarios a una condena superior a dos años de prisión. Esta pena provoca el ingreso en la cárcel. Para evitar en una de estas sentencias esta consecuencia, la Audiencia provincial de A Coruña ha llegado a solicitar en octubre al Gobierno la tramitación de un indulto. Realizaron esta petición tras emitir un fallo –que acarreaba dos años y siete meses de cárcel– contra un médico del Servicio Gallego de Salud (Sergas), que accedió a un historial clínico sin consentimiento.

Ese mismo mes el Supremo ratificó la condena de dos años y seis meses a dos fisioterapeutas de un hospital público que entraron en el registro clínico de una compañera y lo comentaron delante de otros pacientes. Por su parte, en enero del año pasado el alto tribunal sí que estimó el recurso de una enfermera del servicio extremeño de salud que fue condenada por la Audiencia Provincial de Cáceres por acceder "en más de un centenar de ocasiones" al historial de su exyerno y su nueva pareja. Los magistrados rebajaron la pena de tres años y siete meses a dos años.

Delito de revelación de secretos

Estas actuaciones están penadas por los artículos 197 y 198 del Código Penal que los enmarcan en delitos de descubrimiento y revelación de secretos. "Hay que tener en cuenta que esta información está protegida porque el derecho a la intimidad tiene un componente muy importante en la esfera de la privacidad. No solo cuenta con la protección de la Constitución, también tiene la del Código Penal", explica Francisco Corpas, director de los servicios jurídicos en el Consejo General de Enfermería.

Por su parte, José María Antequera, docente y divulgador en derecho sanitario, cree que estas actuaciones se producen por el desconocimiento de sus condenas. "Creo que no se sabe en muchas ocasiones la consecuencia del incumplimiento. Los profesionales desconocen que acceder a la historia clínica de una persona, cuando no hay una vinculación profesional con los pacientes, es una falta muy grave del estatuto marco y un delito según el Código Penal", reseña.

La "tentación" de acceder al historial con un click

Estos dos letrados coinciden al señalar que el acceso a la información de forma instantánea ha podido contribuir a que se diluyan las barreras mentales que determinan para estos condenados qué documentación es confidencial. "Antes accedías a la historia clínica porque solo existía en papel y la tenías delante de ti. Con la historia clínica electrónica, el acceso es inmediato. Esa tentación genera este tipo de situaciones", incide Antequera. Asimismo, este letrado reseña que al acceder a estos registros clínicos hay una alerta sobre el uso adecuado del sistema. "Hay un aviso en el que se plantea que solo pueden acceder a historias clínicas asistenciales", incide.

Entre las últimas sentencias emitidas por este asunto, destaca la ratificación de la condena por parte del Supremo a dos fisioterapeutas de un hospital público que entraron en la historia clínica de una compañera. El Alto Tribunal desestimó en octubre el recurso presentado por estas dos profesionales y confirmó el fallo que les consideraba autoras de un delito de descubrimiento y de revelación de secreto por el que les sentenciaban a cada una de ellas a dos años, seis meses y un día de cárcel. Según el escrito judicial, los accesos a la historia de su compañera en 2011 "constan documentalmente acreditados". Además de la pena de cárcel, el fallo conlleva la inhabilitación absoluta por seis años.

La Audiencia Provincial de Oviedo reseña en la sentencia ratificada recientemente por el Supremo que estas dos profesionales se enteraron de "las dolencias por las que había recibido tratamiento en el servicio de salud mental [su compañera], comentándolo entre ellas en el gimnasio del hospital, donde trabajaban como fisioterapeutas, haciéndolo en presencia de los pacientes a los que atendían".

Estos hechos –según plantean en el escrito judicial– son constitutivo de delitos, tal y como recogen los artículos 197 y 198 del Código Penal. En ellos castigan a aquellas personas que "sin estar autorizadas" accedan a "datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos". En este epígrafe se tiene en cuenta que estas condenas se aplicarán también a aquellos trabajadores públicos que "fuera de los casos permitidos por la Ley, sin mediar causa legal por delito, y prevaliéndose de su cargo, realicen cualquiera de las conductas descritas en el artículo anterior".

Los magistrados de la Audiencia asturiana destacaron en su fallo la confidencialidad de esta información y, por lo tanto, recalcan la relevancia de esta infracción. "Se trata de datos reservados que pertenecen al titular pero que no se encuentran en su ámbito de protección directo, directamente custodiados por el titular", reseñan. Asimismo, establecen que la legislación de protección de datos "delimita claramente la titularidad, manejo y cesión de la información contenida en los mismos".

La Audiencia de A Coruña también condenó en octubre a un médico a dos años y siete meses de cárcel por entrar en un historial clínico sin consentimiento ni mediando una relación asistencia entre el denunciante y el denunciado. En este caso, la sentencia no detalla qué vinculación existía entre estas dos personas.

Solicitan indulto al Gobierno

A pesar de que en el escrito judicial constatan que este profesional del Sergas accedió en 2011 en dos ocasiones a esta información "con la intención de conocer su estado de salud, en concreto, la existencia de un parte de baja por incapacidad temporal laboral" y que consideran que la condena es "ajustada al tenor de la ley y de sus posibles interpretaciones", solicitan al Gobierno la tramitación de un indulto para el condenado. Han tomado esta decisión alegando que no quieren que se "genere una sanción objetivamente desproporcionada y socialmente reprobada". Esta sentencia también conlleva la inhabilitación absoluta durante de seis años.

Por su parte, en enero del año pasado el Supremo sí que estimó el recurso presentado por una enfermera del servicio extremeño de salud que fue condenada por la Audiencia Provincial de Cáceres como autora responsable de dos delitos continuados de descubrimiento de secretos cometidos por funcionarios públicos, que acarreó una pena de tres años y siete meses de prisión. Esta profesional accedió "en más de un centenar de ocasiones" [entre 2011 y 2015] al historial de su exyerno y su nueva pareja.

Según figura en los hechos probados, el padre de sus nietos "atravesaba problemas derivados de sus adicciones, que motivaron que fuera tratado por el equipo de salud mental" y esta circunstancia llegó a convertirse "en una verdadera obsesión [para la acusada], que le producía un importante estado de ansiedad" por el bienestar de sus nietos. El alto tribunal estimó el recurso presentado por la enfermera y redujo la pena a dos años de cárcel, entendiendo que su conducta debía ser entendida como "atenuante". De hecho, destacan que ya en el relato de hechos probados se planteó que "el acceso de los datos reservados lo realizaba con el ánimo de proteger" a los menores.

Antequera destaca que en estos fallos "hay un fenómeno a destacar". Para este abogado experto en derecho sanitario subyace, en unos casos, "un conflicto en la unidad en la que trabajan" y, en otros, "se accede a historia clínica de familiares". "Hay una percepción se pierde el carácter legal al acceder a historias de familiares o personas con las que has tenido una relación sentimental", apunta. 

Esta jurisprudencia no se limita a estos casos. En febrero, el Supremo desestimó el recurso de un médico condenado a un año y tres meses de cárcel y tres años de inhabilitación absoluta por un delito de descubrimiento de secretos, por consultar sin autorización ni consentimiento el historial clínico del examante, según informó Europa Press. Por su parte, la Audiencia de Navarra también sentenció en abril de 2017 a tres años y nueve meses a una enfermera por "un delito continuado de descubrimiento de secretos" por consultar la historia de su expareja, de la nueva pareja de éste y de su excuñado.

El giro a la derecha que emprendió Pablo Casado nada más ganar las primarias del Partido Popular, su reciente acercamiento a Vox con el objetivo de lograr el apoyo de la formación de extrema derecha para llegar al Gobierno de Andalucía y el control que la dirección nacional de los populares ejerce sobre todas las estructuras territoriales del partido, eligiendo a dedo a los candidatos para las próximas elecciones municipales y autonómicas, han generado en los últimos días varios incendios internos en las filas del PP.

Los populares gallegos y su influyente presidente, Alberto Núñez Feijóo, eran este martes los últimos en tratar de dejar claras sus discrepancias con la dirección de Casado por la reciente predisposición del líder del PP a equiparar la violencia machista con la violencia del ámbito familiar, siguiendo la línea marcada por la extrema derecha.

El viraje del presidente de los populares, que la semana pasada se abrió incluso a poner en marcha ayudas para hombres maltratados, se produjo con el objetivo de contentar a Vox, que ha incluido entre sus condiciones para apoyar la investidura de Juanma Moreno en Andalucía –que presentó este martes en la reunión que mantuvo con el PP en Madrid– que PP y Ciudadanos acepten la derogación de las leyes contra la violencia de género o que hacen frente a la discriminación que sufre el colectivo LGTBI.

"Solamente se dejarán de aplicar medidas contra la violencia machista cuando no exista la violencia machista", aseguraba este martes Feijóo, en un claro distanciamiento del discurso mantenido por la dirección nacional del PP en los últimos días. "No cabe la violencia machista en Galicia y yo me avergüenzo como hombre de que tenga a otros hombres del mismo género que yo en una situación de irracionalidad y en una situación lamentable que es acosar o incluso llegar a la violencia con cualquier persona por el hecho de que sea mujer", apuntaba. 

Un debate "superado"

Más explícita era un día antes la viceportavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Galicia, Paula Prado, que según informa El Mundo instó a "no mezclar" entre "violencia de género, violencia doméstica y violencia intrafamiliar", como había empezado a hacer la dirección nacional de su partido. "El debate sobre lo que es violencia de género y violencia doméstica ya está superado. Y quien no lo superó debería remitirse a 14 o 15 años atrás", sentenció, antes de recordar que "las víctimas de la violencia de género son fundamentalmente mujeres".

Las voces internas en contra del giro emprendido por la dirección de Casado para contentar a Vox siguen creciendo a medida de que se va desarrollando la negociación con la formación de extrema derecha en Andalucía.

La pasada semana era el portavoz del PP en el Parlamento vasco, Borja Sémper, el que verbalizaba su rechazo frontal a que los populares busquen acuerdos con Vox. "El PP tiene que buscar pactos y entendimientos con otras formaciones con las que comparte determinados principios de estabilidad, de pacto constitucional y de concordia nacional, y Vox es una realidad política que ha venido a romper esos grandes consensos constitucionales", apuntaba.

El también candidato a la Alcaldía de San Sebastián obtenía el respaldo de la dirección del PP vasco y su rotundo 'no' del dirigente popular vasco a la negociación con Vox era compartido por otros dirigentes populares consultados por eldiario.es, que sin querer que su nombre trascienda públicamente aseguraban no compartir la estrategia de la dirección de Casado respecto a la formación de extrema derecha y el acercamiento de la dirección popular hacia posicionamientos "más radicales" prácticamente desde que asumieron el poder en julio.

'Mazazos' en Cantabria y Asturias

Además de las discrepancias estratégicas, la decisión de Casado de nombrar a dedo a algunos de los principales candidatos para las próximas elecciones autonómicas y municipales de mayo ha abierto esta semana nuevos frentes a la dirección nacional del PP. El lunes, Génova comunicaba a los populares cántabros y asturianos los nombres de las cabezas de lista elegidas por el equipo de Casado para esas comunidades y que en ambos casos han torpedeado los intereses de las respectivas direcciones regionales. 

En Cantabria la elegida es Ruth Beitia. Génova informaba al PP cántabro la decisión el lunes en una tensa reunión que se prolongó durante cuatro horas. La presidenta de los populares de la comunidad, María José Sáenz de Buruaga, veía frustradas sus expectativas de optar a gobernar la región y el dedazo de Casado suponía un mazazo para la dirección del PP cántabro, profundamente dividido desde el último congreso regional.

En el cónclave, Buruaga ganó la presidencia por solo cuatro votos de diferencia al que había sido su mentor, el expresidente cántabro Ignacio Diego, entre acusaciones de "pucherazo". En aquella disputa por el liderazgo, Beitia se posicionó del lado de Diego. La división se trasladó a las primarias nacionales. Mientras Buruaga apoyó la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría, el sector crítico del que forma parte Beitia -que no llegó a pronunciarse públicamente- optó por Casado. Ahora, la deportista a la que el líder del PP ya incluyó en su dirección, ve premiada su lealtad con la confirmación de su candidatura.

Este martes, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, obviaba el ruido interno y se limitaba a señalar como un "acierto" presentar a Beitia como candidata en Cantabria por ser la atleta española "más laureada de la historia". "Esa persona que ha representado a España en los podios más importantes como fue Río de Janeiro en 2016, va a levantar ahora la bandera de España, y la del PP en su región, en Cantabria", añadía.

El número dos de los populares aclaraba que Buruaga sigue al frente del PP de Cantabria y será la "interlocutora" con la dirección nacional. "Necesitamos que a partir de este momento, el partido junto a los candidatos se pongan a trabajar para nombrar también a esos más de cien municipios que en Cantabria todavía están pendientes de confirmar la candidatura".

"Nuestro adversario es Pedro Sánchez"

La situación en el PP de Asturias es aún más tensa que en Cantabria después de que, por sorpresa, Génova anunciara el lunes a la presidenta de los populares asturianos, Mercedes Fernández, que no sería la candidata de las próximas autónomicas en la comunidad. La reunión que tuvo lugar en la sede nacional del partido concluyó sin acuerdo entre ambas direcciones, por lo que el nombramiento fue finalmente impuesto por el equipo de Casado. La elegida es Teresa Mallada, otra fiel al nuevo líder del PP que, según Génova, es la que tiene más opciones de ganar al PSOE en la comunidad. 

"Tiene muy buena trayectoria profesional en el sector privado que, en definitiva, la avalan para recoger el descontento de una tierra como Asturias que lleva ya demasiado tiempo sometida a los rigores del socialismo", apuntaba este martes García Egea, que como en el caso de Cantabria aclaraba que Mercedes Fernández seguirá siendo la presidenta del PP de Asturias y trabajarán de forma conjunta para elaborar las listas municipales.

A Génova no le preocupan los cismas que puedan crear sus decisiones en las dos comunidades. "Hay que seguir trabajando porque nuestro adversario es Pedro Sánchez y Podemos, así como las políticas fracasadas de Revilla y Javier Fernández", zanjaba el secretario general del PP este martes, en rueda de prensa. 

La dirección nacional de los populares ya avisó en octubre de que intervendría en el nombramiento de los candidatos de todas aquellas comunidades autónomas en las que el PP no gobierna. Esa estrategia justificó la elaboración de las listas para las elecciones andaluzas por parte de Génova y explica también, a juicio de la dirección nacional de los populares, que en las negociaciones para formar la nueva Junta andaluza la batuta la esté llevando el equipo de Casado y que el presidenciable Juan Manuel Moreno Bonilla y sus afines, estén manteniendo un papel secundario. 

El portavoz adjunto de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso cita a eldiario.es en un pequeño establecimiento de la Calle Prado. A pocos metros, el Congreso se mantiene sin apenas actividad y a la espera de que se inicie el debate presupuestario del que esa misma mañana se sabe que será inmediato. El presidente del Gobierno ha anunciado en una entrevista a la agencia EFE que llevará el proyecto de cuentas públicas al primer Consejo de Ministros tras las vacaciones. Se activa un trámite para el que Sánchez no cuenta con apoyos garantizados. 

El parlamentario de ERC se muestra preocupado por la discusión latente en su partido sobre qué hacer con Pedro Sánchez y sus presupuestos. "Todas las opciones están abiertas", asegura. Rufián repite en cada respuesta que en su partido esperan un gesto del Gobierno para poder corresponderlo. Esquerra se debate entre dar trámite a los presupuestos o presentar una enmienda a la totalidad con espíritu de censura. Si más concreción. Todo en el aire.  

¿Saben ya en Esquerra qué van a hacer con su voto en el debate de presupuestos?

No. Es una decisión colectiva y está por decidir. Reconozco que hay diferentes posicionamientos dentro de la propia Ejecutiva y del grupo parlamentario y hay que ponerlo en común. 

¿Hay debate? 

Hay debate, sí. Me parece sano. 

¿En qué consiste ese debate, qué posturas están enfrentando?

Sería injusto por mi parte adelantarme a los acontecimientos, incluso comentar las diferentes posiciones que hay y que todo el mundo se puede imaginar. 

¿Permitir la tramitación de esos presupuestos está encima de la mesa? 

Evidentemente. Y de hecho no sería incompatible con el sentido del voto. Sería simplemente permitir que el debate se plantee. Pero repito: forma parte de la discusión que se tiene que tomar dentro del grupo parlamentario y de la Ejecutiva de ERC. 

¿Entiendo que ERC descarta presentar una enmienda a la totalidad? 

Pues no se sabe.

¿Es una de las posibilidades? 

Lo es. Está todo abierto y forma parte de la discusión y el debate que tiene que haber.

¿Presentar una enmienda a la totalidad les permitiría tener un turno de palabra durante el Pleno de Presupuestos? 

En ese caso el reglamento del Congreso te convierte en protagonista del debate y puedes llegar a plantear un debate en clave 'moción de censura', mucho más allá de lo que plantean los Presupuestos Generales del Estado. Es algo que yo creo que merece este Gobierno. 

¿Está diciendo que el Gobierno merece una moción de censura? 

Se la merece por no haber movido un dedo contra la represión del Estado. 

¿Cuál es su calendario para tomar la decisión? 

Pues en breve. Este mismo viernes se reúne la Ejecutiva del partido y de ahí saldrá ya algún tipo de posicionamiento. Nos tenemos que dar prisa. 

¿Saben ustedes qué harán sus compañeros del PDeCAT?

No tengo ni idea. Primero dijeron que sí y luego dijeron que no. No quiero ser irrespetuoso y no me quiero meter en eso. 

La exconsellera de Traball, Dolors Bassa ha pedido que no se deje caer al Gobierno de Pedro Sánchez. ¿Usted qué opina de estas palabras?

Un tripartito o un 'trifachito' de PP, Ciudadanos y Vox sería tremendamente nocivo, pero no solamente hacia ellos, sino hacia todos. El hecho de que vayan contra las mujeres poniendo en duda la Ley de violencia de género es un peligro para todo el mundo.

¿El independentismo está reflexionando sobre la llegada de Vox como un elemento mas a tener en consideración para decidir qué hacen con sus votos? 

Sí. A Vox los conocemos perfectamente porque son acusación particular en el proceso a nuestros compañeros, pidiendo 700 años de cárcel a Forcadell y compañía. Los conocemos perfectamente. Nosotros somos los campeones antiVox. Me parece muy perverso ese discurso por una parte de la izquierda que dice que la culpa del auge de Vox es nuestra. Lo que pasa en Andalucía no es culpa del auge del fascismo, que siempre ha estado ahí, sino de la abstención de la izquierda. El votante de izquierdas lo que ve es que tiene a un Gobierno temeroso de gobernar con valentía, por culpa de la caverna. Y a otro partido que venía a asaltar los cielos y que le echa la bronca a un diputado de ERC por llevar una camiseta.

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha invitado a Sánchez a una mesa de negociación si quiere que los presupuestos salgan....

Me parece muy positivo que haya reuniones. La reunión de Torra con Sánchez el otro día en Pedralbes me parece muy positiva. Me parece positivo que se reúna a nivel bilateral el Gobierno de Catalunya y el Gobierno de España. Lo anormal era lo que pasaba antes, que nadie hablaba con nadie. En cuanto a qué gestos o qué tiene que hacer el Gobierno, la pregunta es para Sánchez, no para nosotros. Nosotros entendemos que si tú te autocalificas de Gobierno del cambio, Gobierno de izquierdas, pues tienes que hacer algo. Y repito: la Fiscalía puede hacer algo hoy, mañana y pasado, para intentar paliar la situación o la deriva represiva del Estado.

¿Cree que el Gobierno puede impulsar un cambio de criterio en la Fiscalía? 

Decir que la Fiscalía puede cambiar su posicionamiento no es atentar contra la separación de poderes, es simplemente decir que la Fiscalía depende del Gobierno y que puede hacer un montón de cosas. Sánchez tiene que ver  que enfrente ya no están ni Rajoy ni Soraya, dos personas que mandaban mucho en este país y que hoy en día no están porque Catalunya les pasó por encima. Al final el dilema es para él. 

¿Qué orden le gustaría a usted que le diera el Gobierno a la Fiscalía? 

Que no hay rebelión, que no hay ningún tipo de delito y que votar no es dar un golpe de Estado. 

¿Piden un cambio en la calificación de los delitos? 

Evidentemente. Y que caiga la causa. 

Sin llegar a tanto, ¿Qué gesto le gustaría que hiciese el Gobierno?

¿Qué pasaría si el ministro Marlaska en algún momento reconociera que son presos políticos, o que es una barbaridad lo que está pasando? ¿Qué pasaría si Sánchez también dijera lo mismo? ¿Qué pasaría si la ministra de Justicia también dijera lo mismo? Se moverían un montón de cosas. Y eso no es atentar contra la separación de poderes, sino que significa alinearte con posicionamientos europeos. Hay cinco países involucrados en todo esto y solo se han visto delitos en España. 

¿Está diciendo que si tres ministros reconocen la existencia de presos políticos, los presupuestos de Sánchez salen adelante?

Yo no he dicho eso. Lo que he dicho es que si un Gobierno reconoce que lo que está pasando y lo que pasará en el Tribunal Supremo es una barbaridad, sería un gran avance. 

En los últimos días se ha hablado de la posibilidad de que Borrell abandone el Gobierno para asumir otras responsabilidades, ¿qué efectos tendría la salida de Borrell del Gobierno en la búsqueda de esos entendimientos? 

Te voy a ser sincero. No voy a decir quién, pero Podemos nos propuso durante un tiempo la cabeza de Borrell a cambio de nuestro apoyo a los presupuestos. Dijeron que ellos presionarían para que Sánchez hiciera ese gesto. Les dijimos que ojalá el problema fuera Borrell. Yo no pido la cabeza de ningún ministro ni de ningún representante electo en el Congreso. Ahora bien, que Borrell no esté ocupando un ministerio del Estado siempre es una buena noticia porque es un mentiroso.

De la última entrevista con el presidente del Gobierno le quiero leer algunas frases para pedirle su comentario...

De acuerdo. 

"La propuesta política que resuelva la crisis en Catalunya tiene que salir de Catalunya"...

Eso significa todo y nada.

"No se puede indultar a quien no está condenado"...

Tiene razón y también conviene recordar que Romeva y compañía han dicho que no habrá un indulto porque ellos no van a reconocer que hicieron nada malo. Votar no es nada malo. 

La última frase del presidente sobre la que le pido valoración: "No solamente vamos a mirar a las fuerzas independentistas. Le vamos a tener la mano también a Ciudadanos y al Partido Popular"...

Me parece un error y se demostró el otro día en su discurso en el pleno monográfico de Catalunya, en el que intentó contentar a la derecha, olvidando que a la derecha en este país solo se la contenta si nos meten a todos en la cárcel. 

Hablemos del espacio independentista. ¿Quién manda: Puigdemont o Torra?

Desde Waterloo se manda mucho y desde el Palau de la Generalitat quiero creer que también. 

¿Y quién es el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras?

Yo creo que es innegable. Nosotros dentro de todas esta amalgama independentista, de las pocas cosas que no se pone en duda es del liderazgo de Oriol Junqueras. También manda mucho Marta Rovira desde Ginebra. Allí iremos el viernes, a celebrar una ejecutiva. 

¿Son ahora los presos los que piden más calma y menos ambición en las reclamaciones?

Lo que comparten todos es intentar parar a un frente de PP, Ciudadanos y Vox. 

¿En qué situación estamos tras la llegada de Vox a un Parlamento?

Digo con pesar que estoy convencido de que los veremos aquí en el Congreso. Vendrán curvas. Le pedí el otro día a Sánchez, y lo sigo pidiendo, hacer un frente antifascista.

¿No hay una contradicción entre solicitar un frente contra Vox y, al tiempo, tumbar los presupuestos que podrían empujar a las elecciones que traigan a Vox al Congreso? 

No. No podemos abstraermos de lo que sucede en las cárceles o en el exilio y con la deriva represiva del Estado. Si al final el PSOE siempre va a ser el mal menor, creo que es hacerle un flaco favor a la democracia, al propio PSOE y a la izquierda de este país. Creo que la defensa de los derechos civiles de Junqueras y compañía es la defensa de los derechos civiles y sociales del resto del país. 

Aquí en el Congreso está sobre la mesa de Ana Pastor el debate sobre la retirada de las palabras "golpista", "fascista" y "corrupto" del diario de sesiones. ¿Qué opina de ese debate? 

Por un lado me parece valiente, viniendo de alguien como Ana Pastor que me parece de lo más decente del Partido Popular. Sí es cierto que me sorprende que durante una sesión parlamentaria se dice 15 veces "golpista", no pasada nada, y en cuanto nosotros decimos "fascista", todo se para. 

El Constitucional acaba de dictar una sentencia limitando el trabajo de las comisiones parlamentarias de investigación y recordando que no se puede concluir nada que suponga la imputación de un delito a los investigados. ¿Cree que esto va a tener efectos?

Me parece muy interesante y creo que es dramático. Es lo que llevo viviendo los últimos tres años en el Congreso: Un intento por parte del PP y el PSOE, con la colaboración de Ciudadanos de intentar hacer residuales las conclusiones en las comisiones de investigación. En el caso del Alvia no se podrá señalar como responsables políticos a José Blanco o a la propia Ana Pastor, como ministros de Fomento; en la de Financiación no se podrá concluir que el PP se financió ilegalmente. Lo dramático no es lo que hacen PP y Ciudadanos, lo lamentable es lo que hace el PSOE a puerta cerrada en las comisiones de investigación.   

¿Qué hacer con la extrema derecha? Su discurso, su agenda, su narrativa, parece que no deja de calar en los partidos europeos, ya sea por la política migratoria, la de seguridad; el soberanismo patriótico o la impugnación del feminismo. Y, ante eso, hay dos opciones: dejarse seducir por ese discurso o hacerle frente; pactar con quienes lo plantean para alcanzar gobiernos o renunciar a esos votos.

En España, el PP y Ciudadanos lo tienen claro: agitan la bandera, hablan de efecto llamada en relación con la migración y aceptan que se revisen las políticas de género con el fin de alcanzar el Gobierno de Andalucía con los votos de Vox. 

De momento, Vox ha lanzado un órdago a PP y Ciudadanos, y ha pedido renunciar a la autonomía andaluza a cambio de apoyar la investidura del candidato popular, Juan Manuel Moreno Bonilla. La formación ultraderechista ha enviado un documento de máximos a los populares que incluye la devolución de competencias en Sanidad, Educación y Justicia al Estado; deportar 52.000 inmigrantes, derogar leyes de igualdad y de memoria y trasladar el Día de Andalucía del 28 de febrero al 2 de enero, "conmemoración de la Reconquista" por la toma de Granada en 1492.

Ahora es Andalucía, pero está por ver qué pasará a partir de mayo de 2019, tras las elecciones europeas, municipales y autonómicas. De momento, PP y Ciudadanos abonan el terreno para el entendimiento con Vox con vistas a ese 27 de mayo en el que puedan estar en disposición de gobernar autonomías y ayuntamiento reproduciendo ese pacto de tres.

El modelo no es nuevo en Europa, aunque tanto Angela Merkel en Alemania como Emmanuel Macron en Francia han renegado de él tradicionalmente.

Ya lo ensayó el liberal Charles Michel en Bélgica con el apoyo de los soberanistas flamencos del N-VA, que finalmente estalló en diciembre por el Pacto Mundial de las Migraciones. También lo había ensayado previamente Silvio Berlusconi, miembro del Partido Popular europeo, con la Liga Norte o Alianza Nacional. Del mismo modo que lo ensaya en la actualidad otra joven realidad del PPE, el austriaco Sebastian Kurz, que gobierna con la extrema derecha. Una extrema derecha que, así mismo, mantiene al borde de la repetición electoral a Suecia.

Pero en apenas cinco meses, populares, S&D, liberales, verdes y la izquierda se medirán entre sí y con la extrema derecha para definir quién gobernará la Comisión Europea; quién el Consejo Europeo; quién el Parlamento Europeo; y con quién habrá que pactar cargos como el del presidente del BCE. Y no sólo sus puestos principales, sino los secundarios.

Y, ante ese panorama, en Europa recelan de fotos con la extrema derecha; prefieren aparecer como antagonistas que como colaboradores o aliados.

La Comisión Europea, por su parte, reafirmó este lunes su compromiso con "la igualdad entre hombres y mujeres" ante el discurso de Vox impugnando las leyes sobre violencia machista en España. Un discurso que está calando en el PP, y que también preocupa al Gobierno francés de Emmanuel Macron, aliado de Albert Rivera y Ciudadanos, partidos que concurrirán de la mano a las europeas del 26 de mayo.

"Las declaraciones de Vox sobre los derechos de las mujeres son preocupantes", ha declarado a su llegada al Consejo de Asuntos Generales la ministra de Asuntos Europeos francesa, Nathalie Loiseau.

"Cada país tiene sus especifidades", ha dicho Loiseau, "y cada partido toma sus propias decisiones". Y en el caso español, el futuro gobierno andaluz, de PP y Ciudadanos, va a depender de Vox: "Entenderán que como miembro de un gobierno y un partido como La République En Marche [aliado de Ciudadanos], que ha luchado contra la extrema derecha en las últimas elecciones presidenciales, para mí no puede haber ningún compromiso con un partido de extrema derecha con valores opuestos a los nuestros", ha insistido Loiseau a preguntas de la corresponsal de la Cadena SER en Bruselas, Griselda Pastor.

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"He escuchado las primeras declaraciones de los representantes de Vox", ha proseguido Loiseau, "que quieren dar marcha atrás sobre los derechos de las mujeres. Lo encuentro muy preocupante, y creo que se debe hacer todo lo posible para combatir ese tipo de extremismo".

Desde Vox, su número tres, Rocío Monasterio, responde "al francés" recordando la guerra de independencia al son de Rocío Jurado.

No hace tanto, a finales de septiembre, Albert Rivera, Matteo Renzi, Guy Verhofstadt y el jefe del partido de Macron publicaron un manifiesto para "rescatar la UE de los Salvini y los Orbán". Levantaban la bandera del europeísmo de una arquitectura institucional de la UE refundada como antagonista al repliegue nacionalista que reclama la extrema derecha europea creciente.

"No queremos dejar ninguna piedra sin remover", decían: "Estamos listos para reformar los tratados si la refundación de Europa lo requiere. Estamos listos para seguir adelante a pesar de los bloqueos: todos deben poder avanzar a su propio ritmo. Juntos, queremos una Europa más fuerte, por lo que nos comunicamos con quienes desean comunicarse con nosotros en este camino. Estamos listos para superar las estructuras políticas existentes si resultan ser obstáculos. Estamos comprometidos con esta refundación de Europa se lleva a cabo por las mujeres y los hombres que representan a su país, de oeste a este, de norte a sur: los aficionados europeos, decididos a participar en este proyecto histórico, a diferencia de los otros que están contenidos ser un miembro".

Y sostenían: "No se trata solo de superar de una vez por todas las divisiones que han caracterizado a la política europea en los últimos años y que han llevado al callejón sin salida actual; se trata de reafirmar con firmeza que todos los Orban, Le Pen, los Salvini de Europa no pueden hacer otra cosa que incriminar a la Unión, acusarla de todos los males sin proponer nada constructivo, sin siquiera acordar una respuesta única. Si quieren destruir, nuestro trabajo es proponer".

El propio Rivera dijo a mediados de diciembre en Bruselas: "El acuerdo pasa por partidos que creen y apoyan la Constitución y partidos que tienen un proyecto común para Europa, la solución no es destruir Europa, no es ir con Wilders (líder de la extrema derecha holandesa) o Le Pen (dirigente del Agrupación Nacional francesa), es ir con Macron". De momento, quien se sienta a negociar con Vox es el PP; pero Ciudadanos también se beneficiará de sus votos para gobernar Andalucía.

Bruselas, por su parte, ha reafirmado la "absoluta prioridad de la igualdad entre hombres y mujeres" ante el discurso de Vox asumido por el PP. "Nunca comentamos los acontecimientos a escala local o las elecciones regionales", aseguró el portavoz de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, al ser preguntado sobre si el Ejecutivo comunitario teme que la exigencia de partidos de extrema derecha como Vox de modificar las leyes contra la violencia machista en España suponga una regresión de derechos a escala europea.

La Comisión reconoce que son asuntos "que se están discutiendo", si bien puntualiza "que aún no se han producido"; y, en todo caso, se remite a "los valores europeos. A escala europea, reiteramos que para nosotros los derechos fundamentales como la paridad, la igualdad entre hombres y mujeres, sigue siendo una prioridad política absoluta", ha subrayado el portavoz comunitario: "Esta Comisión ha hecho un trabajo excepcional para promover la igualdad entre hombres y mujeres a todos los niveles".

Mientras en las fechas navideñas los españoles se daban a los encuentros familiares, las grandes comidas y los regalos, Pablo Casado tenía una misión que no podía esperar: visitar Ceuta y Melilla por tercera vez desde que fue elegido líder del PP. La intención era mantener caliente el tema de la inmigración precisamente cuando Génova –que no el PP andaluz– está dirigiendo la negociación con Vox para conseguir la investidura de Juanma Moreno.

En un acto relacionado con la memoria histórica que sí le interesa y hasta le conmueve, Casado acudió al Panteón Militar de Melilla para rendir homenaje a los militares muertos en el Desastre de Annual donde cayeron 10.000 hombres en uno de los episodios más lamentables de negligencia militar de la historia contemporánea de España, como certificó el informe del general Picasso.

"Creo que muchos de los que estamos aquí compartimos muchos de los valores y principios no sólo de la Legión, que el año que viene cumplirá 100 años desde su creación, sino en definitiva de las Fuerzas Armadas", dijo Casado con el convencimiento de que los símbolos de españolidad tan gratos para las autoridades de las dos ciudades africanas de España son igualmente compartidos en el resto del país.

En la visita anterior en julio, el presidente del PP había dado la cifra falsa de un millón de inmigrantes que están en Libia a punto de dar el salto a Europa, es decir, a España. Sembrar la alarma continúa siendo un elemento fundamental de su estrategia.

Casado no ha desperdiciado ninguna oportunidad para hacer ver a los votantes de Vox en Andalucía que las ideas que les llevaron a votar a ese partido de extrema derecha son también las suyas y las del Partido Popular. En varias comunidades autónomas hay dirigentes del PP que empiezan a preguntarse por qué su líder está dignificando con tanta intensidad el mensaje de un partido cuya función es quitarle votos. 

Donde no tiene piedad Pablo Casado es con el Gobierno de Pedro Sánchez. Una oposición dura del primer partido de la oposición a un Gobierno sin mayoría absoluta entra dentro del manual habitual en política. Lo que no es corriente es que se decida negar al partido del Gobierno la mínima legitimidad democrática. Es lo que hizo Casado en diciembre cuando acusó a Sánchez de "gobernar contra la Constitución" por no aplicar el artículo 155 a Catalunya. De Podemos ya ni hablamos. "Lleva años fuera de la Constitución", dijo. A la izquierda de Casado, sólo está el horror. A su derecha, todo es menos peligroso.

Vox, el alumno aplicado

Casado puso el listón constitucional tan alto que inevitablemente tenía que dejar fuera a Vox, un partido que por ejemplo quiere acabar con el Estado autonómico tal y como lo conocemos. "El Estado de la autonomías está acabando con la igualdad, la libertad y la prosperidad de los españoles", llegó a decir Santiago Abascal.

Sin embargo y a pesar de estas declaraciones y de todo lo que prometió la ultraderecha en la campaña andaluza, Vox obtiene como mínimo un aprobado en el examen de la asignatura de Derecho Constitucional impartida por Casado. "Lo que está diciendo Vox en Andalucía está dentro de la Constitución", dijo el martes en una entrevista en Onda Cero. Queda la duda de si se refiere al desmantelamiento del Estado autonómico, la islamofobia, la xenofobia o la negativa a reconocer la lucha contra la violencia contra las mujeres.

Sólo tuvieron que pasar unas horas para que el PP descubriera los riesgos sanitarios de irse a la cama con Vox. El partido de Abascal difundió su documento de exigencias para las negociaciones con el PP en Andalucía. No hay sorpresas para cualquiera que haya seguido su campaña en las elecciones autonómicas. Reclama desmantelar en Andalucía la red de protección social a las mujeres que sufren violencia machista y niega que exista la discriminación de la mujer en España desde hace décadas. Quiere obligar a la Junta a que delate a los inmigrantes sin papeles para que sean deportados por decenas de miles. Pretende acabar con las competencias en sanidad y educación de la Junta, que se enviarían de vuelta a Madrid.

A última hora del martes, el PP se vio obligado a corregir la nota del examen hecho por Casado. "Varios de los puntos son un auténtico despropósito que el PP no puede respaldar", dijeron fuentes del partido, que aparentemente acaban de descubrir la realidad de la extrema derecha en Europa. No han debido de leer las noticias que han aparecido en los medios en los últimos años.

Algunos sí son más conscientes del peligro. Un líder autonómico del PP resumió al periodista Pablo Montesinos la situación presentada por el documento de Vox: "Derogar la ley de apoyo a las personas LGTBi y aprobar una de apoyo a la caza. Ya está todo dicho. Es el peligro de alimentar monstruos". 

Casado ha decidido que Moncloa bien vale una misa de Vox por muchos monstruos que aparezcan en la ceremonia. Por eso, no puede entender el mensaje de los liberales de Emmanuel Macron. "Para mí, no puede haber ningún compromiso con un partido de extrema derecha con valores opuestos a los nuestros", dijo el martes la ministra francesa Nathalie Loiseau. 

Los valores no aportan créditos en las clases de Derecho Constitucional de Pablo Casado.

El documento de 19 propuestas que Vox presentó este martes al PP y que constituyen las condiciones que la formación de extrema derecha plantea para que sus 12 diputados en el Parlamento andaluz apoyen la investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla como nuevo presidente de la Junta de Andalucía, deja al descubierto las contradicciones del partido de Santiago Abascal sobre la política autonómica y el modelo territorial del Estado.

La primera medida que contempla el texto que los representantes de Vox llevaron a la reunión que mantuvieron con los dirigentes populares es una declaración institucional de la presidencia de la Junta "a favor de la apertura de un proceso nacional de devolución al Estado de las competencias de Educación, Sanidad, Justicia y Orden Público" y "que promueva la libertad e igualdad de todos los españoles".

A pesar de esa petición para poner en marcha un proceso de recentralización de las competencias autonómicas, los siguientes puntos del documento de Vox reivindican la autonomía andaluza para legislar y adoptar medidas precisamente en algunas de las materias que el partido de extrema derecha pretende devolver al Estado.

En el plano educativo, la formación que preside Santiago Abascal plantea incluso ampliar el gasto autonómico con la ampliación de la red de guarderías y llega a incorporar todo un epígrafe en el que desgrana cómo deben ser las políticas de la Junta para garantizar la "libertad de educación". "La Junta garantizará el derecho constitucional de los padres a que sus hijos reciban la formación moral de acuerdo a sus propias convicciones", apunta Vox en su documento. "Para ello se implantará 4 de 6 un 'PIN parental' con el objeto de que los padres puedan excluir a sus hijos de enseñanzas, charlas, talleres o actividades con carga ideológica o moral contraria a sus convicciones", añade.

Protección a la segregación por sexos

Tratando siempre de que la administración autonómica siga controlando los contenidos que se impartan en las clases andaluzas, el partido de extrema derecha reivindica, asimismo, una "garantía de que los centros de formación no difundirán ninguna ideología que niegue hechos científicos indubitados, con especial atención a la biología".

Vox quiere también que la nueva Junta defienda "la coexistencia de la educación, pública, privada y de iniciativa social (concertada)", así como proteger a los colegios que segregan por sexos: "Se desistirá del hostigamiento que la Junta ha venido ejerciendo contra los modelos educativos de educación diferenciada, consolidando el derecho de los padres a elegir el modelo educativo. Ampliando la oferta educativa, se estudiará si existe demanda suficiente para la apertura de centros públicos de educación diferenciada", zanjan.

Entre sus propuestas, Vox plantea que Andalucía emplee sus competencias autonómicas para "reducir la disparidad de las condiciones laborales y de enseñanza entre la escuela pública y la de iniciativa social" y para "ampliar el concierto al bachillerato", así como para promover la "libre elección de centro".

El partido de extrema derecha contempla también que la nueva Junta ejerza sus competencias en materia de Sanidad proponiendo un Plan de Extensión de Cuidados Paliativos en la sanidad pública que refuerce las Unidades del Dolor "en toda la red sanitaria" o prestando "especial atención a las mujeres con embarazos no deseados, proporcionándoles información, asistencia y alternativas para que puedan evitar el drama del aborto".

Competencias de Interior

La formación que preside Santiago Abascal llega a plantear incluso iniciativas para las que la Junta no tiene las competencias transferidas, como las relativas a la inmigración o al control policial, que dependen del Ministerio del Interior. Vox propone que la Junta "colabore con la policía en la identificación de inmigrantes ilegales para que puedan ser expulsados" porque, a su juicio, "la Junta de Andalucía encubre la inmigración irregular, pues posee la documentación necesaria para la expulsión de 52.000 inmigrantes ilegales y no la comparte con la Policía".

Otro de los asuntos para los que el Gobierno andaluz no tiene competencias es el referido al "control del fundamentalismo islámico". Vox plantea que la Junta colabore "con todos los medios a su alcance para prevenir la amenaza fundamentalista" exigiendo "a las autoridades islámicas una total cooperación para la identificación y expulsión de elementos radicales, vigilando que sus enseñanzas no animen a la violencia y poniendo especial atención en la protección de la mujer". 

Finalmente Vox llega a plantear que Andalucía pueda legislar para ciudadanos que ni siquiera residan en la comunidad autónoma. En su "plan para evitar la discriminación de los andaluces que viven en otras regiones de España" el partido propone "asistencia legal y económica de la Junta para que los andaluces que residan en otras comunidades no se vean obligados a escolarizar a sus hijos en una lengua regional", así como "asistencia de la Junta para que los andaluces que trabajen en otras comunidades no sufran discriminaciones laborales ni de ningún tipo por razón de su origen y su lengua". 

Las 19 propuestas del documento presentado este martes al PP –que fueron inmediatamente rechazadas por los populares, que las consideraron "inviables"– evidencian la confusión competencial de Vox y la dificultad para articular su propuesta política extremista en las instituciones.

Las locas propuestas de Vox para Andalucía. 8 ene 2019 20:38:52.eldiario.es - eldiario.es.

“Supresión de las subvenciones a las asociaciones y ONGs ideológicas (todas aquellas dedicadas a la promoción de determinada visión ideológica) independientemente de su naturaleza comunista, feminista, progresista, liberal o conservadora”.

Como, por ejemplo, la Fundación para la Defensa de la Unidad de España, que presidía Santiago Abascal durante los años en los que recibió 207.375 euros en subvenciones de la Comunidad de Madrid.

“Estudiar si existen duplicidades (en el gasto autonómico) con el Estado para su ahorro”.

Como, por ejemplo, la Agencia de Protección de Datos de Madrid, un organismo que hacía exactamente lo mismo que la Agencia Española de Protección de Datos y donde Esperanza Aguirre colocó a Santiago Abascal como director para que tuviera un buen sueldo público.

“Supresión de todo Instituto o Agencia que no acredite fuera de toda duda su utilidad pública”.

Como, por ejemplo, la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social, otro chiringuito de la Comunidad de Madrid, sin ninguna actividad conocida, y que no tenía más empleado que su director gerente, Santiago Abascal.

En ese puesto, Abascal cobraba 83.000 euros anuales. Fue solo tras perder esa mamandurria cuando Abascal se cayó del caballo “liberal” y abandonó el PP para irse a iniciar la reconquista con Vox.

“Se defenderá la coexistencia de la educación pública, privada y de iniciativa social (concertada). Se desistirá del hostigamiento que la Junta ha venido ejerciendo contra los modos educativos de educación diferenciada, consolidando el derecho de los padres a elegir el modelo educativo. Libre elección de centro: derogación de la normativa zonal”.

Es la fórmula de Esperanza Aguirre, la madrina de Santiago Abascal durante años. El resultado, un sistema educativo que ha convertido las aulas de Madrid en las más desiguales.

“Reducción drástica (75%) de las subvenciones a partidos políticos, con el horizonte final de lograr su completa eliminación”.

Para que así sean las grandes empresas con sus donativos, y no los ciudadanos con sus votos, quienes decidan qué personas se pueden dedicar a la política.

“Derogación de la "Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía". Esta ley impone, de forma totalitaria, una versión sesgada de la historia andaluza en el periodo 1931-1982. En su defecto, supresión de todos los apartados de la ley que establezcan como indubitadas cuestiones en discusión histórica, afirmaciones puramente ideológicas o que interfieran en la libertad de pensamiento, de expresión, de investigación y de educación”.

Porque la Guerra Civil empezó en el 34, la inició el PSOE con un Golpe de Estado y Pío Moa es el único verdadero historiador, frente a todos los demás sectarios.

“Desgravaciones por gastos educativos”.

Es decir, que los impuestos de todos paguen los colegios privados de unos pocos.

“Terminar con el efecto llamada: suprimir las ayudas a los inmigrantes ilegales”.

Y suprimir también los unicornios. Se ahorra lo mismo porque ambos son mitos: no hay ayudas públicas directas a los inmigrantes sin papeles en Andalucía y el único “efecto llamada”, si es que existe, lo provoca Vox al difundir estos bulos. Pese al rumor, los inmigrantes no reciben en España ninguna paga por el hecho de serlo.

“La Junta promoverá, en el ámbito jurídico y administrativo correspondiente, la ilegalización de organizaciones que, cooperando con las mafias de tráfico de personas, favorezcan la inmigración ilegal”.

Traducido: criminalizar a las ONG que evitan que miles de personas se ahoguen en el Mediterráneo.

“Supresión de subvenciones a asociaciones islámicas”.

Pero mantener el Concordato con el Vaticano.

“Bonificación al 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones”.

Es decir, que esa minoría de herederos de fortunas superiores al millón de euros –esa cifra es hoy el mínimo exento en Andalucía– no pague prácticamente nada en este impuesto que tanto odia, por motivos obvios, la derecha.

“Garantía de que los centros de formación no difundirán ninguna ideología que niegue hechos científicos indubitados, con especial atención a la biología”.

A favor de sacar la religión de las escuelas. Ya está bien de contar a los niños, contra toda evidencia científica, que dios creó el mundo en seis días.

“El Día de Andalucía pasará del 28 de febrero al 2 de enero, en conmemoración de la culminación de la Reconquista”.

Pero los nacionalistas son los otros.

“Derogación de la “Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía”: Esta ley interviene totalitariamente en todos los niveles de la sociedad con el pretexto de promocionar a las mujeres, y partiendo de la premisa errónea de que, si no se alcanza una ratio 50/50 en todos los ámbitos, es porque las mujeres han sido discriminadas. La igualdad de derechos está garantizada en España desde hace décadas”.

Y si no hay discriminación alguna, ¿cuál es entonces la razón de que las mujeres tengan menos presencia en los ámbitos de poder que los hombres? ¿Que son inferiores?

“Derogación de la “Ley 8/2017 para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía. Los derechos de las personas de orientación homosexual están ya reconocidos en las leyes ordinarias y la Constitución. España no es un país “homófobo” que necesite leyes especiales”.

El año pasado, solo en Madrid, hubo 287 incidentes homófobos. Y eso que la inmensa mayoría de las agresiones no se denuncia.

“Ley de protección de la tauromaquia y de la actividad cinegética”.

Porque, según Vox, las mujeres y los homosexuales no están discriminados, ni necesitan “leyes especiales”, pero los cazadores y los taurinos sí..

“Plan para evitar la discriminación de los andaluces que viven en otras regiones de España”.

Porque los andaluces también están discriminados, no como las mujeres y el colectivo LGTBI.

“La Junta garantizará el derecho constitucional de los padres a que sus hijos reciban la formación moral de acuerdo a sus propias convicciones. Para ello se implantará un “PIN parental” con el objeto de que los padres puedan excluir a sus hijos de enseñanzas, charlas, talleres o actividades con carga ideológica o moral contraria a sus convicciones”.

Esta idea está copiada de la alt-right estadounidense y de su vertiente creacionista. ¡Ya está bien de enseñar a los niños darwinismo, es solo “una teoría”!

“Colaborar con la policía en la identificación de inmigrantes ilegales para que puedan ser expulsados. La Junta de Andalucía encubre la inmigración irregular, pues posee la documentación necesaria para la expulsión de 52.000 inmigrantes ilegales y no la comparte con la Policía”.

Traducido: Vox pide que la Junta denuncie ante la Policía a los inmigrantes sin papeles que vayan al médico.

“Declaración institucional de la presidencia de la Junta a favor de la apertura de un proceso nacional de devolución al Estado de las competencias de Educación, Sanidad, Justicia y Orden Público. Y que promueva la libertad e igualdad de todos los españoles”.

Es decir, devolver competencias que Andalucía sí tiene, pero asumir otras que dependen del Gobierno central, como la gestión de la inmigración, el control del fundamentalismo islamista o la deportación de inmigrantes.

Propuesta de reforma estatutaria para suprimir el término “realidad nacional”.

Supongo que Vox no sabe que para reformar el Estatuto hacen falta dos tercios del parlamento andaluz y no alcanza solo con los votos del ‘Three Party’.

“Realización de una auditoría externa de las cuentas de la Junta, encabezada por una persona de reconocido prestigio en la lucha contra la corrupción”.

Propongo a Esperanza Aguirre, que fue ella quien descubrió la Gürtel y Abascal la conoce muy bien.

Vox exige que la Junta de Andalucía denuncie ante la Policía a los inmigrantes que, según los registros autonómicos, se encuentren en situación irregular. Es una de las exigencias incluidas en un nuevo documento con el que Vox pretende condicionar la investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla como nuevo presidente andaluz. En la práctica, esto supondría que la Junta de Andalucía denuncie ante Interior a aquellos inmigrantes sin papeles que vayan al médico o que se empadronen como exigen los ayuntamientos.

Vox ha exigido al PP como condición para su apoyo que la futura Junta de Andalucía comparta "documentación" de migrantes en situación irregular con la Policía con la finalidad de "colaborar en la identificación de inmigrantes ilegales para que puedan ser expulsados". Según la formación de extrema derecha el Gobierno andaluz "posee la documentación necesaria para la expulsión de 52.000 inmigrantes ilegales y no la comparte con la Policía", pero no aclara de dónde sale esa cifra, ni qué tipo de datos son los que pretende que sean compartidos con el Ministerio del Interior.

Aunque las organizaciones especializadas desconocen de dónde sale la cifra citada por Vox y el partido no responde a las preguntas de eldiario.es, hay dos mecanismos principales por los que los datos personales de migrantes en situación irregular quedan registrados en la Administración regional: a través del empadronamiento o cuando requieren atención sanitaria. La sanidad universal en Andalucía garantiza asistencia médica a cualquier persona, indepedientemente de su situación administrativa.

La Junta de Andalucía no tiene competencias para deportar a inmigrantes en situación irregular, algo que depende del Ministerio del Interior, actualmente dirigido por el Gobierno del PSOE.

En el último año, 54.703 personas han llegado de forma irregular a las costas peninsulares y Baleares, según el balance del Ministerio del Interior de 2018., pero el Gobierno central no aporta los datos desglosados por comunidades autónomas. La Policía Nacional es la encargada de realizar la primera identificación de los migrantes recién llegados, pero la mayoría de ellos no pueden ser devueltos de forma rápida (a excepción de los nacionales de Marruecos y Argelia) puesto que el gobierno carece de acuerdos de readmisión con muchos de sus países de origen. 

Todos los vuelos salientes del aeropuerto con mayor tránsito de Reino Unido, el londinense Heathrow, han sido suspendidos tras el avistamiento de un dron. Este acontecimiento tiene lugar solo tres semanas después de que el aeródromo de Gatwick paralizase su actividad durante un día completo por la misma causa.

A través de Twitter, desde el aeropuerto han asegurado que ya se encuentran "trabajando en colaboración de la policía para responder a la interferencia de un dron" en el espacio aéreo del aeropuerto y evitar "cualquier amenaza para la seguridad de las operaciones".

"Como medida de precaución, hemos suspendido las salidas mientras llevamos a cabo la investigación. Pedimos disculpas a los pasajeros por las inconveniencias que esto pudiera causar", añade el mensaje en la red social.

El PP considera "inaceptable" el documento que le ha planteado Vox para facilitar un Gobierno con Ciudadanos en Andalucía. Entre otras peticiones, Vox exige al futuro Ejecutivo andaluz que renuncie a las competencias en Educación y Sanidad, que derogue leyes de género y que quite ayudas a asociaciones. Según Génova, este tipo de propuestas demuestran que el partido de Santiago Abascal "no quiere un acuerdo" en Andalucía.

Se trata del documento que el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha entregado a su homólogo del PP, Teodoro García Egea, en la primera reunión que las direcciones de ambos partidos han mantenido en Madrid.

En una primera valoración de ese documento, el partido de Pablo Casado considera que a Vox "parece importarle más Vox que los andaluces". "Se trata de un documento inaceptable por parte del PP. Varios de los puntos son un auténtico despropósito que el PP no puede respaldar", han señalado

"Vox no quiere un acuerdo"

El PP cree que, con este documento, Vox "demuestra no quiere un acuerdo". A su entender, si no cambia su postura, Vox estará "desperdiciando una oportunidad histórica" para que haya un cambio en Andalucía después de casi 40 años de socialismo.

En concreto, en el documento que Vox ha entregado al PP al inicio de su reunión en Madrid pide abrir "un proceso nacional de devolución al Estado de las competencias de educación, sanidad, justicia y orden público", así como una propuesta de reforma estatutaria para "suprimir el término de 'realidad nacional'" que figura en el Estatuto andaluz.

Además, Vox pide al PP que se condene "el discurso del odio y exclusión" contra su partido; suprimir las subvenciones a asociaciones feministas; derogar la ley de memoria histórica andaluza y la de violencia de género de esta comunidad; expulsar a "52.000 inmigrantes ilegales"; y reducir Canal Sur a un solo canal y con la mitad de presupuesto.

El partido de Santiago Abascal también quiere que el Día de Andalucía pase del 28 de febrero al 2 de enero, "en conmemoración de la culminación de la Reconquista", en alusión a la toma de Granada que se produjo el 2 de enero del año 1.492.

El documento que Vox ha entregado este martes al PP nacional es un órdago político que obliga al partido de Pablo Casado a escorarse abiertamente hacia la extrema derecha si quiere lograr su apoyo a la investidura de Juanma Moreno como presidente del Gobierno andaluz. Entre las propuestas que el PP ha recibido de la formación de Santiago Abascal -en la negociación paralela que mantiene, al margen de su acuerdo con Ciudadanos- está el compromiso del futuro presidente de la Junta a renunciar al autogobierno de Andalucía, blindado en el Estatuto de Autonomía (con rango de Ley Orgánica, avalado por el Congreso de los Diputados y por el sí mayoritario de los andaluces en un referéndum). El órdago a la autonomía andaluza se plasma simbólicamente en otra de las propuestas que consiste en pasar el Día de Andalucía del 28 de febrero -que conmemora la aprobación del Estatuto de Autonomía de 1981- al 2 de enero, " en conmemoración de la culminación de la Reconquista". 

Vox es consciente de su limitada capacidad de influencia con 12 diputados en un Parlamento con 109 escaños, y también de que muchas de sus reclamaciones políticas no son del ámbito autonómico (políticas de inmigración, reformas estatutarias...). Sin embargo, los ultraconservadores exigen al PP que su futuro presidente de la Junta haga una declaración pública, al poco de ser investido, para comprometerse a acatar sus exigencias en un futuro. Entre ellas, que renuncie a las competencias de Educación, Sanidad y Justicia, que derogue las leyes de lucha contra la Violencia de Género y de Memoria Histórica, que fueron aprobadas por unanimidad del Parlamento y sin ningún voto en contra). Vox pide la expulsión de 52.000 inmigrantes "sin papeles", la retirada de ayudas públicas a comunidades islámicas y asociaciones feministas, y el desmantelamiento de Canal Sur, dejándolo en un solo canal de televisión y con la mitad del presupuesto actual.

El bloque de izquierdas en el Parlamento andaluz está en minoría, pero al fin las dos formaciones que lo representan -PSOE y la coalición Adelante Andalucía (Podemos-IU)- han aparcado sus diferencias y empiezan a negociar de cara al próximo debate de investidura. Una cuestión que puede no ser baladí a tenor de las primeras reacciones del PP al órdago lanzado este martes por el partido de extrema derecha Vox para apoyar la investidura de Juan Manuel Moreno.

Desde el principio ha habido conversaciones entre los dirigentes de los socialistas y de la coalición, aunque la agrupación que pilota Teresa Rodríguez era la más reacia a entenderse con Susana Díaz, convencida de que las elecciones del 2 de diciembre confirmaron que "la mayoría de los andaluces no quería que siguiera como presidenta de la Junta".

Ahora, Adelante Andalucía ha decidido tras una reunión colegiada celebrada este martes abrir una negociación formal con el PSOE para presentar una candidatura conjunta a la Presidencia de la Junta, un nombre que "tendrá que acordarse por consenso y comprometerse a aceptar como programa de urgencia el inicio en el primer año de legislatura" una serie de medidas.

La negociación abre una rendija a un posible Gobierno de izquierdas, pero siempre que el acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox descarrile. Las tres formaciones de derechas suman más diputados que las dos de izquierdas, de modo que en el debate de investidura, la candidatura del popular Juanma Moreno tiene, a priori, más posibilidades de prosperar que la de una alternativa de izquierdas.

El paso que se ha dado este martes, sin embargo, es importante porque revela que los dos grupos progresistas han enterrado temporalmente su rivalidad intrínseca para unir fuerzas con el objetivo común de que "el tripartito reaccionario" "conforme una agenda política reaccionaria, antisocial y antiandaluza". En cualquier caso, la opción de Teresa Rodríguez pasaría por dejar que el PSOE forme un Gobierno en minoría, nunca entrar en el gabinete como socio de coalición.

Lista de peticiones

La lista de peticiones que hace Adelante Andalucía a un hipotético gobierno en minoría del PSOE contiene el blindaje por ley de fondos para políticas de igualdad con perspectiva de género con un 5% del presupuesto, así como el blindaje de los servicios públicos gestionados desde la autonomía y el autogobierno andaluz con mínimos de inversión del PIB del 5% en educación pública, 7% en sanidad pública y 2% en dependencia, además de un aprovechamiento al 100% de la infraestructura pública en educación y sanidad antes de cualquier concierto que recuperará su carácter subsidiario.

También piden una subida del complemento autonómico a las pensiones no contributivas hasta alcanzar el IPREM, la internalización de los servicios privatizados y precarizados como los servicios de emergencia (061, 112, Salud Responde), monitoras de educación especial, ayuda a domicilio, subcontratas de educación, sanidad y dependencia y gestión directa de los comedores escolares.

Otras cuestiones de dicha lista son no gastar ni un euro de dinero público en contratos, convenios o subvenciones con empresas que no demuestren con carácter previo estar cumpliendo los convenios y normativa laboral vigente, así como la protección de los sectores productivos andaluces frente a la 'uberización' de la economía y las inversiones especulativas de fondos buitre sin base en la creación de empleo. Hablan también de un decreto de protección del sector del taxi frente a Uber y Cabify, del derecho a la vivienda frente a Airbnb, del sector turístico frente a Booking y otras, etc.

Adelante Andalucía incluye en su lista la aprobación de las medidas contenidas en leyes presentadas en la anterior legislatura: Ley de titulizaciones de las hipotecas; reforma del reglamento para reducir los privilegios de los parlamentarios y Ley de Buen Gobierno para suprimir los privilegios de los altos cargos (ayudas al alquiler, etc.) así como para reducir drásticamente el número de cargos de libre designación a favor de nuevas contrataciones públicas; Ley de emergencia habitacional, pobreza energética y pobreza hídrica, que garantice derecho a la vivienda y protección frente a los desahucios sin alternativa habitacional y garantice suministros básicos vitales de energía y agua; Ley de bioclimatización de los centros educativos andaluces; Ley de bienestar y protección animal de Andalucía; Banca Pública Andaluza; y Ley de movilidad sostenible.

Además alude a la Oficina Anticorrupción, a la reforma de la Ley de la Cámara de Cuentas, Ley de Cuentas Claras y resto de medidas presentadas de transparencia y lucha contra la corrupción, así como un Plan de Empleo extraordinario en el medio rural para caminos públicos, recuperación de la biodiversidad y del medio rural, y un incremento hasta el 2% del PIB en I+D+i, así como un Plan de transición energética vinculado a la creación de empleos verdes.

Asimismo se refieren a la Ley de blindaje de Doñana y paralización inmediata de las obras de Gas Natural Fenosa en su entorno y al Banco de Tierras Públicas con las tierras improductivas para el fomento del empleo en el medio rural y la agricultura ecológica con valor añadido.

"No vamos a firmar más medidas que las del acuerdo de Gobierno. Y serán los demás partidos los que deben contestar si van a votar esas políticas o van a bloquear el cambio en Andalucía", es la respuesta que ha dado Albert Rivera al ser preguntado sobre la reunión que el PP y Vox han anunciado para este martes en Madrid con el objetivo de negociar por su cuenta algunas de las exigencias que la formación de Santiago Abascal ha puesto sobre la mesa.

A dicha reunión, que se celebra esta tarde, no va a acudir Ciudadanos, que ha decidido continuar ignorando al partido ultraderechista pese a saber que de sus 12 votos depende que salga adelante el pacto que ultiman con el PP en Sevilla y Madrid. Un Rivera "optimista" ha asegurado que Ciudadanos tiene "la garantía de que no se va a mover ni una coma del acuerdo".

En su primera rueda de prensa de 2019, tras la reunión que ha celebrado el Comité Permanente de la Ejecutiva, Rivera ha vuelto a zafarse con habilidad de todas las preguntas sobre Vox, partido al que sigue sin querer etiquetar ni como ultraderechista ni tampoco como "constitucionalista".

"No voy a poner adjetivos. Yo sé lo que soy, y yo soy liberal y las políticas que defiendo son liberales y de progreso", ha recalcado Rivera, que ha retado de nuevo tanto a Vox como al PSOE a que "no bloqueen el cambio" en Andalucía porque si lo hacen "tendrán que mirar a los ojos de los andaluces y explicarles por qué lo hacen".

Tampoco ha querido aclarar si tarde o temprano, una vez que cierren con el PP la composición del Gobierno y se garanticen la investidura, habrá foto con Vox. "No hablamos de fotos, hablamos de gobierno y de una imagen que es la del cambio". "Cada uno negocia como quiere y como puede. Las medidas nuestras son razonables", ha zanjado.

En su comparecencia, Rivera ha presumido de que Ciudadanos "está imparable en las urnas" y que gracias a ese crecimiento está legitimado para ser "el artífice del cambio en Andalucía". Además, ha destacado que casi todas las 90 medidas cerradas con el PP tienen el "color naranja" o "medio naranja". Lo que no ha querido desvelar es qué Consejerías serán para su partido. No obstante, ha avanzado las "prioridades" de Ciudadanos: "Políticas económicas, empleo y de innovación, de regeneración democrática y educación". 

Según se ha ido conociendo y han confirmado fuentes de Ciudadanos a eldiario.es, el nuevo Ejecutivo estará encabezado por el líder popular, Juanma Moreno, cuyo partido se quedaría con la Consejería de Hacienda, mientras Juan Marín ocuparía la vicepresidencia, que posiblemente lleve aparejada la Consejería de Economía y Empleo. También liderarán otra cartera o área sobre Regeneración Democrática, de nuevo cuño, y la de Educación. 

El viernes se sabrá la fecha de la investidura

El viernes que viene, la presidenta del Parlamento regional, Marta Bosquet, tras realizar una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios, fijará la fecha del debate de investidura y propondrá como candidato previsiblemente a Juanma Moreno tras constatar que es quien más apoyos concita. Pero su designación como presidente de la Junta depende del apoyo de los 12 diputados de Vox. 

El partido de la ultraderecha ha condicionado su respaldo a que se elimine el punto sobre las ayudas para el desarrollo a la ley de violencia de género en Andalucía. Pero desde Ciudadanos descartan que se vaya a mantener esa exigencia. 

Horas antes de esa reunión, el propio secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, en una entrevista en TVE, ha matizado que no quieren que se cambie "ni una coma" de lo que ambos partidos –PP y Cs– han suscrito, sino que acepten medidas en proporción a su representación en el Parlamento andaluz. El número dos de Abascal ha recordado tanto al PP como a Ciudadanos que el cambio en Andalucía no será posible sin el concurso de Vox.

Por su parte, Pablo Casado también ha advertido en Onda Cero tanto a Ciudadanos como a Vox de que "no se pueden permitir el lujo" de "malograr la ola de cambio que las urnas arrojaron en las elecciones andaluzas" del pasado 2 de diciembre.

El líder del PP ha quitado hierro a ese encuentro a nivel nacional en Madrid para negociar la investidura andaluza. "Se negocia con Juan Marín, y Juanma Moreno es el que está liderando", ha dicho, asegurando que es "compatible" eso con las conversaciones que se producen en la capital entre dirigentes de ambas cúpulas.

"Nuestros derechos no se negocian. ¡Ni un paso atrás en igualdad!". Bajo ese lema, organizaciones de mujeres y feministas de Andalucía han convocado concentraciones ante el Parlamento de Andalucía y en las ocho provincias el próximo 15 de enero con motivo del Debate de Investidura de la Presidencia de la Junta de Andalucía que "materializará el vergonzoso pacto de gobierno en Andalucía en el que se está negociando con nuestros derechos, usándolos como moneda de cambio y negando la incuestionable realidad de la violencia machista".

Según informa en una nota la Coordinadora Andaluza Feminista, decenas de colectivos de mujeres feministas de Andalucía llaman a la sociedad a celebrar un encuentro el martes 15 de enero, a las 12h en la sede del Parlamento en Sevilla y a las 19h con cncentraciones simultáneas en el resto de provincias, "para denunciar la justicia patriarcal que sólo nos cree cuando somos asesinadas" y "para reivindicar que seguimos siendo nosotras las que sostenemos la vida echándonos a nuestras espaldas el peso de los cuidados y las que realizamos los trabajos más precarizados", informan las organizadoras.

La convocatoria, que denuncia "este sistema patriarcal que cada día nos agrede, nos viola y nos asesina", aún se tiene que definir y no se conocen todavía los lugares de las concentraciones de las 19h. Los colectivos convocantes solicitan a otros territorios del Estado que se solidaricen con las mujeres que viven y trabajan en Andalucía realizando acciones similares y simultáneas. “Ahora es Andalucía, pero en unos meses esta amenaza de involución se puede hacer realidad en todo el país”, informa la organización.

"Nos van a tener enfrente"

Los colectivos recuerdan "que la vigente Ley de Violencia de Género es claramente insuficiente", como vienen denunciando. "Pero las feministas no vamos a permitir que se dé ni un paso atrás. Ningún pacto de gobierno puede suponer deshacer lo que juntas y con tanto esfuerzo hemos conquistado". "Que quede claro: en Andalucía nos van a tener enfrente, no permitiremos ni un paso atrás en nuestros derechos y libertades, de todas las mujeres, vengan de donde vengan".

El movimiento, "autónomo" y que "no depende de ningún partido o sindicato" según advierte la coordinadora, señala que "nuestra lucha seguirá siendo por un feminismo inclusivo, interseccional, antifascista y anticapitalista, que ponga la defensa de la vida en el centro de la economía, de la política y de la cultura, porque somos conscientes de nuestras opresiones, no vamos a permitir ninguna otra".

La movilización alcanza ya a 42 colectivos, "a los que se van sumando cada vez más de todos los rincones de Andalucía, pendientes algunos de ellos de reuniones y asambleas esta semana".

El PSOE entra en año electoral con una precampaña ya definida: los Presupuestos Generales del Estado que el Consejo de Ministros aprobará este viernes. Pedro Sánchez inaugurará una campaña de actos que los socialistas reeditarán en toda la geografía para explicar el proyecto "social" que suponen esas cuentas públicas así como sobre los siete meses de Gobierno. El presidente se lanza a la precampaña de las elecciones del 26 de mayo con los presupuestos para los que aún no tiene garantizados los apoyos como protagonistas. 

El secretario de Organización y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha explicado que el PSOE va a comenzar dos campañas "simultáneas": para llevar a todos los territorios las especificidades de las cuentas y para presumir de los siete meses de Gobierno socialista. "Lo queremos hacer de un modo positivo. Somos conscientes de que la oposición quiere generar tal ruido, tal lío, que se evite [visualizar] los logros positivos que está llevando a cabo este Gobierno", ha expresado Ábalos.

El pistoletazo de salida para esa campaña lo dará Pedro Sánchez este sábado en Barcelona y el domingo, en Burgos. "Vamos a hacer una campaña de explicación de lo que representa nuestro proyecto de Gobierno y una segunda parte que tendrá que ver con las inversiones territoriales que van a mejorar", ha afirmado el ministro. Los socialistas van a usar los presupuestos como carta de presentación ante las autonómicas y municipales del mes de mayo, a pesar de que en un importante sector del PSOE preocupa que salgan adelante con el apoyo de los independentistas que les pase factura en algunas regiones.

La baza de las inversiones es la que también explota el Gobierno para intentar convencer precisamente a las fuerzas independentistas de que respalden las cuentas públicas: "Los gestos que vamos a tener con Catalunya son los mismos que vamos a tener con muchas comunidades de España, que son los que tienen que ver con las prioridades políticas, sociales, que van a mejorar notablemente la situación en materia social de los ciudadanos con independencia de donde vivan". El gesto que va a lanzar el Ejecutivo al Govern es en forma de inversiones, según ha explicado Ábalos. 

A pesar de haber insistido en que la "voluntad" del Gobierno es que las cuentas salgan adelante, Ábalos ha reconocido que aún no tienen garantizados los apoyos y que ni siquiera saben qué van a hacer PDeCAT y ERC, que aún amenazan con presentar enmiendas a la totalidad. "Unos días hay mayor predisposición, otros menos", ha admitido. 

En cuanto a Andalucía, el PSOE asume que perderá la Junta tras 36 años ininterrumpidos de poder y carga contra PP y Ciudadanos por negociar con Vox: "Se está pactando un acuerdo que está chantajeado por la ultraderecha", ha dicho Ábalos. 

Sánchez: "En Andalucía se estaba cerrando un ciclo"

"No va a haber elecciones. Creo que no va a haber", ha dicho Ábalos: "Lo que no sabemos son los acuerdos secretos a los que van a llegar PP y Ciudadanos con la ultraderecha, pero es evidente que va en la dirección para que el acuerdo se produzca". El dirigente socialista ha lamentado que la derecha "no tiene ningún problema" para traspasar la "línea roja" que existe en Europa para no gobernar gracias a la extrema derecha mientras en España lo están haciendo "asumible" PP y Ciudadanos frente a los "prejuicios" que se le "atribuye" al PSOE por gobernar gracias a los independentistas. 

En una entrevista con la Agencia EFE, Sánchez da por amortizada a Susana Díaz, a quien Ferraz señaló la puerta de salida tras el batacazo en las elecciones del 2 de diciembre. "Creo que en Andalucía se estaba cerrando un ciclo político y en España se está abriendo un ciclo político, y ese ciclo político quien lo está abriendo es el PSOE a nivel estatal", dice el presidente.

Ferraz reconoce que no está previsto por ahora ningún mecanismo para echar a Díaz del liderazgo de la federación más potente del partido, aunque ha avisado de que la dirección federal "no renunciará a ejercer su función". 

"No tutelamos nada. Somos conscientes de la estructura del PSOE y la gran autonomía que tienen las federaciones. No tutelamos nada. Eso no significa que no ejerzamos nuestra responsabilidad como dirección federal", ha zanjado Ábalos. La dirección de Sánchez avisa a Díaz de que no tendrá las manos libres para futuros procesos electorales como sucedió en el 2D, cuando Ferraz le dio total libertad para la configuración de las listas. 

El Partido Popular ha activado todas las alarmas ante la posibilidad de que la negociación que la formación conservadora mantiene con Ciudadanos y Vox para formar gobierno en Andalucía no concluya de forma satisfactoria. Génova ha admitido este martes por primera vez que existe el riesgo de que las tres fuerzas políticas no logren un acuerdo y que los esfuerzos por conformar un Ejecutivo alternativo al socialismo se conviertan en un "intento frustrado". 

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha recordado en rueda de prensa que IU está intentando conformar una mayoría alternativa a la de la derecha en Andalucía "para perpetuar el socialismo en Andalucía". El número dos de los populares ha asegurado que "la izquierda se moviliza ante la falta de acuerdo centro derecha". "Es un claro aviso a navegantes de que en el caso de que PP, Vox y Ciudadanos no nos pongamos de acuerdo Susana Díaz puede ser presidenta", ha asegurado.

Egea ha defendido que desde el PP van a hacer "todos los esfuerzos" entre "hoy, mañana y pasado", que son "días clave", para conformar un Ejecutivo de derechas en Andalucía. "No entendemos desde el PP que esa oportunidad se malogre", ha sostenido el número dos de los populares. "Estamos a días de lograr un hecho histórico y hay quien se empeña en ponerlo en riesgo", ha advertido, sobre el cruce de declaraciones de Ciudadanos y Vox.

"El cambio en Andalucía puede ser el comienzo de todo o un intento frustrado", ha insistido García Egea, que ha advertido de que "si Vox y Ciudadanos quieren seguir toma y daca, peloteo absurdo, eso no conduce a ningún sitio". "El PP sí responderá a la llamada que hicieron los andaluces. Somos el único partido capaz de pactar con Vox y Ciudadanos, de aglutinar a todas las fuerzas del cambio. Que nos pongamos de acuerdo por España, por Andalucía", ha reclamado.

"Hemos tratado a nuestros socios con total lealtad. Es lo que pido a Ciudadanos y lo que pido a Vox. Lealtad mutua, claridad y esfuerzo por consensuar", ha insistido el número dos de los populares. Respecto a la reunión de esta tarde con Vox, García Egea ha asegurado que lo que va a a ofrecer el PP es "cambiar las políticas en Andalucía y cambiar a Susana Díaz".

A dos meses exactos del 8 de marzo, ya hay una certeza: habrá movilización feminista. Tras la movilización histórica del año pasado, la situación se repite. El movimiento feminista trabaja desde hace meses para que el próximo 8M desborde el concepto tradicional de huelga, es decir, para que no sea solo una huelga laboral, sino también de cuidados, estudiantil y de consumo. "Una huelga feminista", remarcan. Por otra parte, los sindicatos mayoritarios han anunciado este martes la convocatoria de paros parciales para ese día, como sucedió en 2018. UGT y CCOO dejan la puerta abierta a sumar otro tipo de movilizaciones, por ejemplo, huelgas de 24 horas en sectores feminizados.

Paro general de dos horas, con la posibilidad de ampliarse en algunos sectores concretos. Es la opción por la que se han decantado de nuevo este año los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT para plasmar la "dimensión laboral" de la lucha feministas del próximo 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer. Aunque aún hay elementos que deberán concretarse, según han explicado los secretarios generales de ambas organizaciones, los sindicatos repiten la misma medida que el pasado año.

Al menos para el conjunto de los trabajadores, que serán llamados a secundar "en el marco de una jornada de lucha y movilización social más amplia", dos horas de paro por turno. Sin embargo, el 8M de este 2019 los sindicatos contemplan "la posibilidad de que algunos sectores, por sus particularidades y reivindicaciones, puedan hacerla de 24 horas".

Tanto Unai Sordo como Pepe Álvarez, secretario general de CCOO y UGT, respectivamente, han reclamado medidas concretas al Gobierno para "acabar con la brecha de género" en el mercado laboral. Álvarez ha criticado que "desde el 8 de marzo en este país se ha hablado mucho y no se ha hecho casi nada, por no decir nada" y ha reclamado al Ejecutivo -y en concreto a la vicepresidencia del Gobierno- que explique y concrete qué medidas va a aprobar para avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres en el mundo laboral.

Ambos sindicalistas han subrayado también su "preocupación" por "el debate político de las últimas semanas", en las que VOX ha reclamay el PP (POR FI, si esto te lo sabes mejor tú). Sordo ha sostenido que "se puede hablar de misoginia en este debate" y ha reclamado "no dar ni un paso atrás" en los derechos de las mujeres conseguidos hasta la fecha y avanzar en nuevas conquistas. "Las dos organizaciones vamos a combatir este proceso de involución al que ciertas fuerzas políticas quiere someter a la mujer en este país", ha añadido Pepe Álvarez.

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