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¿Prevaricación a la vista?. 11 jun 2019 12:00:05.eldiario.es - eldiario.es.

El lector, sin duda, recuerda que la Junta Electoral Central intentó impedir que Carles Puigdemont pudiera ser candidato a las elecciones al Parlamento Europeo y que no lo consiguió porque su decisión fue anulada por el poder judicial. No se puede impedir que alguien que no está privado del derecho de participación política mediante sentencia judicial firme, pueda ejercerlo. Respecto de Oriol Junqueras no se planteó siquiera el problema y, en consecuencia, pudo concurrir y ha podido ser elegido el 26-M.

Parece evidente que, si no se puede impedir que un ciudadano ejerza su derecho de participación para poder ser elegido, tampoco se puede impedir que, una vez que ha sido elegido, pueda tomar posesión del escaño al que lo han aupado los ciudadanos con su voto. La sentencia dictada por el cuerpo electoral solamente es recurrible a través del contencioso electoral. Si no se ha recurrido, es una sentencia firme, que se impone sin excepción. Una vez producida la proclamación como candidato electo por la Junta Electoral y transcurrido el plazo en el que se puede interponer el recurso contra la misma, el candidato ha dejado de serlo para convertirse en parlamentario. Tiene que prometer o jurar la Constitución, pero no se puede impedir que la prometa o la jure, para impedirle ocupar su escaño.

Esta es la situación en la que se encuentra Oriol Junqueras. También Puigdemont y Comín, aunque con peculiaridades que quedarán para otro artículo. En el caso de Junqueras no hay ninguna circunstancia que condicione su estatus de parlamentario europeo. Ha sido elegido. Tiene que acudir a la sede de la JEC a prometer o jurar la Constitución y una vez evacuado este trámite, la JEC tendrá que enviar al Parlamento Europeo la lista de los parlamentarios españoles con el nombre Oriol Junqueras entre ellos.

A partir de ese momento, el Tribunal Supremo tendría que poner fin a la prisión provisional de Oriol Junqueras y tendría que enviar al Parlamento Europeo el correspondiente suplicatorio para poder proceder contra él y esperar la decisión del Parlamento para continuar su enjuiciamiento.

En mi opinión, esto debió ocurrir tras el 28-A, cuando Oriol Junqueras fue elegido Diputado, pero el Tribunal Supremo en auto de 14 de mayo se negó a aceptar esta interpretación, aunque no impidió que acudiera a la sesión constitutiva de la Cámara para prometer la Constitución y tomar posesión del escaño. 

Tras el 26-M, ante la imposibilidad de proceder de la misma manera, parece que se pretende negar a Oriol Junqueras el ejercicio de su derecho de sufragio pasivo, es decir, su derecho a ser parlamentario europeo, para el que ha sido elegido. Esa es la pretensión del Ministerio Fiscal, que solicita al Tribunal Supremo que no autorice a Oriol Junqueras a  acudir a la sede de la JEC a prometer la Constitución, porque reconoce expresamente que en tal caso tendría que ser puesto en libertad, se tendría que solicitar el suplicatorio y detener el proceso hasta que el Parlamento Europeo hubiera resuelto sobre el mismo. 

El escrito del Ministerio Fiscal es materialmente prevaricador. Propone la vulneración de un derecho fundamental para evitar las consecuencias que se producirían con el ejercicio del mismo. Como estas son las consecuencias, propongo que se impida el ejercicio. Es lo que se pone blanco sobre negro en el escrito conocido ayer martes. En todo caso, en el supuesto de que el Tribunal Supremo hiciera suya la posición del Ministerio Fiscal, sí que estaríamos ante un supuesto de prevaricación de libro. 

El Tribunal Supremo no puede impedir que Oriol Junqueras acuda a la sede de la JEC. Y no puede suspender a Oriol Junqueras en el ejercicio de la función parlamentaria con base en el artículo 384.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, porque él mismo ha decidido que es la Mesa del Parlamento la que tiene que hacerlo. Así lo decidió respecto de los Castro diputados y del senador elegidos el 28-A. Ahora tendría que dirigirse a la Mesa del Parlamento Europeo para que acordara la suspensión de Oriol Junqueras. Al Tribunal Supremo también le es de aplicación el que no pueda ir contra sus propios actos.

¿Se arriesgará el Tribunal Supremo a cometer un delito de prevaricación para impedir que Oriol Junqueras ocupe su escaño en el Parlamento Europeo?

La declaración de bienes y actividades del diputado de Ciudadanos, Marcos de Quinto, es una de las más extensas de esta legislatura. El exvicepresidente de Coca-Cola declara un gran patrimonio que incluye 10 millones de acciones cotizadas de empresas que no concreta y que le reportaron unos 350.000 euros, cuatro vehículos –entre ellos dos Porsche–, nueve motos –dos Harley Davison– y un barco de vela.

El diputado de Ciudadanos, que presentó su declaración con retraso con el argumento de que no tenía los datos actualizados a 2018, cobró de Coca-Cola 5,14 millones de euros en 2018, un año después de dejar de ser vicepresidente de la compañía a nivel mundial. También declara unos 57.000 euros por asesorías y conferencias así como 3.600 euros por participación en programas de radio. 

También percibió más de 350.000 euros en dividendos de sus acciones y más de 20.000 en intereses. También declara 24 millones de euros en derechos de compra de acciones y dos planes de pensiones que superan los ocho millones de euros en total. 

El alquiler de su apartamento en Nueva York le reportó 39.000 euros. Tiene en el banco en España más de 2,6 millones de euros y, en Estados Unidos, más de 400.000 euros, además de cuentas en Portugal con 121.000 euros. 

En el apartado de bienes bancarios, De Quinto declara más de 10 millones de euros en acciones cotizadas que no especifica, además del 100% de una sociedad limitada dedicada a la elaboración de miel valorada en más de 765.000 euros y el 50% en otras dos sociedades. 

El espacio destinado a la declaración de vehículos, embarcaciones y aeronaves se queda pequeño para Marcos de Quinto, que declara dos Porsche –uno adquirido en 1999 y otro en 2018–, un Citroën Mehari y un Volkswagen Polo. En el caso de las motocicletas, el diputado de Ciudadanos declara tener nueve, entre ellas dos 'Harleys' y una BMW GS80 Paris-Dakar. También tiene una embarcación de vela que compró en 2004. A nombre de una sociedad declara otros cinco vehículos. 

A su nombre, tiene dos chalés –uno en Málaga y uno en Madrid–, un apartamento en Nueva York y un piso en Lisboa. De Quinto trasladó su residencia a Portugal, donde paga menos impuestos. A través de una sociedad dispone de un chalé pareado en Cuenca para alquiler, naves industriales con ese mismo fin, una finca y parcelas en un "pequeño pueblo" de la provincia. De naturaleza rústica declara un chalé en Cuenca y "terrenos diversos". 

De Quinto registró su declaración de bienes en el Congreso después de que eldiario.es informara de que era uno de los diputados que no lo había hecho. Por ahora solo quedan cinco sin hacerlo: Carvalho Dantas, María Espinosa de los Monteros de Simón, Iván Gorrotxategi Azurmendi, Miren Herrero Bono y José Alberto Matarí Sáez.

La investidura de Ximo Puig este miércoles -se podría realizar en segunda vuelta en los próximos dos meses- se complica todavía más. Los negociadores de Unides Podem se han levantado de la mesa negociadora a las 13:30 horas de esta martes al no mostrarse conforme con las competencias cedidas por PSPV y Compromís para sus dos consellerias que les corresponden.

La coalición entre las fuerzas de izquierda pretende la competencia de Transición Ecológica, ahora en manos de Compromís. La ruptura no es definitiva puesto que los propios negociadores han asegurado que se marcha "hasta que haya posibilidad de hablar".

Fuentes de la negociación han explicado que Unides Podem han emplazado a PSPV y Compromís a hacerles una propuesta: "No nos han aceptado nada de lo que proponemos y el lunes ya perdimos todo el día en el mismo punto". Sobre la vicepresidencia para la coalición electoral de izquierdas, tampoco ha quedado cerrado nada sobre la mesa.

Los morados y EUPV esperarán a esta tarde a recibir una propuesta para someterla a sus bases. "Nos piden entrar en el Gobierno, pero no quieren darnos poder de decisión", apuntan fuentes de los negociadores. 

De momento, Unides Podem tiene seguro que tendrá dos conselleries, una de Vivienda -competencia cedida por el PSPV- y otra de Calidad Democrática, cedida por Compromís y que tendrá Transparencia y Cooperación Internacional. 

Las negociaciones se encallaron el lunes por la mañana cuando PSPV y Unides Podem se unieron para que Compromís cediera Transición Ecológica, a lo que la coalición se niega puesto que sería vaciar la mitad de competencias de la Conselleria de Medio Ambiente.

La presión de Unides Podem también se entiende en buscar acomodo a Julià Álvaro, el que fuera secretario autonómico de Medio Ambiente con Compromís. Álvaro se pasó a Podemos y concurrió en la lista morada, no consiguiendo acta por los malos resultados. Fuentes de la negociación desmienten esta versión: "No está ni ha estado encima de la mesa nunca". Darle Transición Ecológica a Álvaro es una línea roja que Compromís no quiere rebasar. 

Ciudadanos se hace con la presidencia de la Asamblea de Madrid con el apoyo de PP y Vox. El respaldo de los dos partidos han permitido sumar la mayoría absoluta para que Juan Trinidad, el candidato naranja, sea elegido presidente de la institución con 68 votos. 

Salvo sorpresas, el apoyo de Vox tiene una contrapartida: que Ciudadanos respalde con sus 26 diputados la entrada de la extrema derecha en la Mesa de la Asamblea de Madrid. Las próximas votaciones para elegir las vicepresidencias y las secretarías confirmarán este extremo, aunque todo apunta a que un diputado del partido de Santiago Abascal podría ocupar la secretaría segunda o la tercera. 

La candidata socialista para la presidencia del Parlamento, Pilar Llop, ha reunido 64 votos procedentes del PSOE, de Más Madrid y de Unidas Podemos. Los partidos liderados por Iñigo Errejon e Isabel Serra ya anunciaron que apoyarían a Llop, aunque la suma de fuerzas no ha sido suficiente para desbancar a Trinidad, aupado tras el pacto del bloque de derechas. 

El acuerdo, que el PP daba por hecho desde primera hora de la mañana, se ha sellado con una reunión in extremis entre los candidatos de Ciudadanos y Vox, Ignacio Aguado y Rocío Monasterio, apenas dos horas antes de la sesión de constitución de la Asamblea. Vox exigía un nuevo encuentro para que la formación naranja le pidiera "formalmente" el apoyo para hacer a Trinidad presidente. 

Isabel Díaz Ayuso (PP) anticipaba a su entrada a la Asamblea que no habría "sorpresas" y calificaba el pacto como un "acuerdo global" que también se ha reproducido en el Parlamento Regional de Murcia. 

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias negociarán en las próximas semanas "un Gobierno de cooperación" del que todavía no se conocen los detalles y que debe "buscar fórmulas para gobernar la complejidad", en palabras de la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra. La dirigente venía a confirmar pasado el mediodía las palabras del líder de Unidas Podemos unos minutos antes. Tras reunirse con el presidente en funciones, Iglesias señalaba ante la prensa que ambos comparten que "una mayoría social progresista" quiere que gobiernen "juntos". "Iniciaremos reuniones más discretas para poder definir un gobierno conjunto", zanjaba el líder de Podemos.

Sánchez e Iglesias se han reunido este martes en el Congreso durante poco menos de una hora y media. La cita, convocada por el secretario general del PSOE, sirve para iniciar los contactos del candidato socialista para buscar los apoyos que le garanticen una investidura como presidente del Gobierno.

El líder socialista recibirá esta tarde a sus homólogos del PP y de Ciudadanos, aunque tanto Pablo Casado como Albert Rivera han descartado cualquier opción de permitir la investidura de Sánchez, ni con un voto a favor ni con una abstención.

Iglesias comparecía primero ante los periodistas. "Sánchez ha ofrecido negociar un Gobierno de cooperación", ha arrancado. "Nos da igual el significante", ha dicho en referencia al nombre. "Queremos un Gobierno plural que asuma los retos de país, y los retos de futuro", ha asegurado.

El secretario general de Podemos no ha entrado a explicar si Sánchez ha aceptado o no que haya representantes de Unidas Podemos en el Gobierno. Iglesias se ha limitado a asegurar que "no ha habido ningún veto" por parte del dirigente socialista. 

"Tengo la impresión de que Pedro Sánchez quiere negociar un Gobierno con nosotros. No creo que me esté mintiendo", ha concluido Iglesias.

"Fórmula novedosa" de entendimiento

Minutos después, era Lastra la que explicaba los resultados de la reunión ante los periodistas: "Un Gobierno de cooperación entendemos que es la mejor de las fórmulas porque nos permitiría un Gobierno plural, abierto, integrador, incluyente y representativo de las diferentes sensibilidades y con personalidades referentes de sus distintos ámbitos".

En las últimas semanas, desde las elecciones generales del pasado 28 de abril, el tono entre el PSOE y Unidas Podemos había subido a cuenta de la fórmula concreta con la que se tendrían que poner de acuerdo para un Gobierno y para que los 123 votos de unos y los 42 de los otros se sumaran y acercarse así a los necesarios para investir a Sánchez.

En Unidas Podemos han hecho especial hincapié en que el Gobierno debe ser de coalición, es decir con representantes de ambos partidos sentados en el Consejo de Ministros, y "proporcional" a los resultados obtenidos el 28A. El PSOE se había opuesto a esta opción e incluso José Luis Ábalos este lunes amenazaba con una repetición electoral si Sánchez no logra los respaldos suficientes para gobernar en solitario.

A este respecto, Iglesias ha respondido que "la amenaza de repetición no gustó a nadie" y ha recordado que el PSOE y Unidas Podemos negocian "en la Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias" acuerdos de Gobierno. "Y eso empuja la posibilidad de un Gobierno pronto", ha asegurado.

La portavoz del PSOE, Adriana Lastra, ha asegurado que Sánchez e Iglesias no han hablado de nombres, pero ha mostrado la "satisfacción" de los socialistas tras el encuentro. Para el PSOE, que Iglesias haya rebajado la exigencia de un Gobierno en coalición a esta fórmula "novedosa" de un Ejecutivo de cooperación es un paso importante.

"Un Gobierno de cooperación entendemos que es la mejor de las fórmulas porque nos permitiría un Gobierno plural, abierto, integrador, incluyente y representativo de las diferentes sensibilidades y con personalidades referentes de sus distintos ámbitos", ha expresado la número dos del PSOE en la rueda de prensa tras el encuentro.

Para el PSOE, esa fórmula permitiría contar con los votos de algunos grupos que, según ha reiterado los portavoces socialistas en los últimos días, rechazan un Gobierno de coalición. "Entre Unidas Podemos y PSOE, por desgracia, no sumamos", ha insistido Lastra.

Lastra ha dejado claro que la opción para los socialistas pasa por un entendimiento con Unidas Podemos 24 horas después de que Sánchez dejara claro que la posibilidad de que haya elecciones está sobre la mesa. La vicesecretaria general del PSOE también ha recordado que el presidente en funciones se reunirá esta tarde con Pablo Casado y Albert Rivera para "pedirles también responsabilidad".

Nada de violencia. Solo política. Y un poco de desobediencia. Así se podría resumir el informe final en el juicio del procés del abogado del exvicepresident Oriol Junqueras y el exconseller Raül Romeva, Andreu Van den Eynde. Fiel a su estilo, el letrado ha combinado alegatos técnicos con políticos, y no ha dudado en replicar el titular más destacado que dejó la intervención de la Fiscalía la semana pasada, cuando Javier Zaragoza tildó el procés de golpe de estado. "Hablar de golpe de estado es confundir la desobediencia con la rebelión", ha rebatido Van den Eynde este martes.

Las defensas replican este martes y miércoles los informes finales de las acusaciones de la pasada semana. Los políticos tendrán su turno de última palabra cuando finalicen los letrados. Van den Eynde ha expuesto durante dos horas su informe, en el que ha contestado a las tesis fiscales negando la mayor sobre la violencia y con numerosos alegatos sobre el carácter pacifista y no violento tanto de la estrategia independentista como de la manera de ser de Junqueras y Romeva. 

Como ya hiciera en la primera sesión del juicio, Van den Eynde ha apelado al tribunal presidido por Manuel Marchena a que el juicio se convierta en "una oportunidad para superar la crisis y devolver la pelota a la política". En otras palabras, Van den Eynde pedía al tribunal ya no la absolución sino una condena que no deje durante lustros en prisión a sus clientes, algo que pondría en dificultades una salida negociada al conflicto catalán una vez ERC ha abandonado la vía unilateral y apuesta por una solución dialogada.

En este sentido, Van den Eynde ha destacado que Zaragoza "no estaba equivocado" cuando habló de "golpe de Estado" en línea con las tesis filosóficas de Kelsen. Donde se equivoca la Fiscalía, a criterio de Van den Eynde, es en llevar al terreno penal y al delito de rebelión esta definición política de golpe de estado. "Se confunde la desobediencia de manual con la rebelión, y para ello se cambian las palabras y se habla de derogación de la constitución o violencia normativa", ha aseverado Van den Eynde, citando dos de las expresiones más contundentes de la Fiscalía. 

A diferencia de la Fiscalía, que hizo alusiones muy puntuales a lo expuesto por los testigos durante el juicio (básicamente los jefes de los Mossos d'Esquadra), Van den Eynde ha trufado su informe de numerosas citadas a guardias civiles, mossos, policías y políticos que han desfilado por el Supremo. 

En línea con sus tesis de defensas y para remarcar las contradicciones de las tesis de la Fiscalía sobre el plan independentista o el papel de los Mossos, Van den Eynde ha destacado que el supuesto "periodo insurreccional" del mes de octubre de 2017 estuvo marcado por los intentos del Gobierno y la Generalitat de negociar una salida política al conflicto, tal y como atestiguó el lehendakari Urkullu. 

 “Hubo reuniones en despachos, llamadas de teléfono, mediadores [en referencia a Urkullu], hubo política y voluntad de diálogo, no violencia”.  “El clima de indignación o desafección no es violencia”, ha apostillado Van den Eynde, hilando así su tesis de defensa consistente en que el la protesta del 20-S y el 1-O están amparados por los derechos de reunión y manifestación con la apelación al tribunal para una salida dialogada. Y es que "cuando no hay negociación, hay protesta e indignación", ha advertido el letrado citando la “desafección” de la sociedad catalana respecto al Estado de la que alertó el expresident José Montilla tras la sentencia del Estatut.

Asimismo, en un apartado del informe más centrado en la personalidad y la experiencia política y profesional de Junqueras y Romeva, Van den Eynde ha destaca que los acusados “reniegan de cualquier forma de violencia” y, a su juicio, las acusaciones no han encontrado “un solo mensaje” en que Junqueras y Romeva promuevan la violencia. 

La Mesa del Congreso de los Diputados ha decidido este martes ubicar a los 24 diputados de Vox en la parte alta del hemiciclo de la bancada central, el conocido como gallinero y, por tanto, apartados del centro de la Cámara Baja.

El máximo órgano de decisión del Parlamento ha abordado en su reunión de esta mañana la distribución de los escaños para la nueva legislatura y, ante la falta de acuerdo, la mayoría que ostentan PSOE y Unidas Podemos se ha impuesto por la falta de consenso con PP y Ciudadanos. 

Según la decisión de la Mesa, los de Rivera se sentarán justo al lado de los populares, en la misma bancada, a la derecha de la Cámara, algo que no ha gustado ni al partido de Pablo Casado ni a Ciudadanos. Los dos representantes del PP en la Mesa, la expresidenta del Congreso Ana Pastor y Adolfo Suárez Illana, se han negado a participar en la votación de la nueva distribución. "No estábamos en condiciones de votar", explican fuentes populares. 

Ciudadanos sí ha votado, pero lo ha hecho en contra de la propuesta de la mayoría de la Mesa, controlada por la izquierda. En la legislatura pasada los de Rivera se sentaban en la bancada central, pero ahora pasan a la situada a la derecha, a lo que se oponía a la formación que se define como liberal.

El PSOE ocupará la bancada izquierda de la cámara, su lugar habitual, mientras que Unidas Podemos se sentará en la bancada central, donde se ubicarán también las fuerzas nacionalistas e independentistas. En la parte baja de ese 'quesito' central, la zona más visible, se sentarán representantes tanto de Unidas Podemos como del PNV. Detrás de los nacionalistas vascos se situarán los diputados de ERC. 

El Tribunal Supremo ha autorizado al exconseller de Interior Joaquim Forn, concejal electo de Junts per Catalunya en Barcelona, a acudir al pleno de constitución del Ayuntamiento de Barcelona este sábado. En un auto, el tribunal indica que Forn deberá ser custodiado desde la cárcel a Barcelona el viernes 14 "acompañado de las medidas que garanticen su seguridad y el retorno al centro penitenciario de origen, sin aplazamiento ni dilación", el mismo sábado.

Asimismo, el tribunal recuerda que la presencia de Forn en el pleno se limita "de forma exclusiva" a la presentación de credenciales y documentos ante el registro de la corporación y a su asistencia al acto de constitución del pleno municipal. "No se legitima su presencia -añade la sala- en cualquier otro foro ni institución pública o privada, distinta de la corporación municipal".

El PP lo da por cerrado, Vox asegura que es un preacuerdo y hace falta una reunión con Ciudadanos aún y la formación de Albert Rivera desmiente el pacto. Tres versiones sobre la negociación para controlar la Asamblea de Madrid. Las votaciones para constituir la Mesa se inician a las 12 de la mañana. 

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha confirmado en una entrevista en esRadio que tanto el Parlamento madrileño como el de Murcia "tendrán mayoría de centro derecha" y que en ambas instituciones Vox ocupará un puesto para que las Mesas "reflejen" el resultado de las elecciones en esas comunidades. "Lo hemos defendido siempre y Ciudadanos ha dado muestra de entendimiento", ha asegurado, sobre la entrada del partido de Santiago Abascal en los órganos de decisión de los parlamentos. 

En el caso de Madrid, el acuerdo pasa por votar al candidato de Ciudadanos, Juan Trinidad, como nuevo presidente de la Cámara regional. El pacto, sin embargo, estaría aún pendiente de una reunión para firmarse, según Vox. La formación de extrema derecha confirma que hay un "preacuerdo" pero exige que Ciudadanos les pida el apoyo "formalmente" en un encuentro esta mañana con el candidato a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, de manera que se les trate como a cualquier otro partido. 

"Creo que el asquito se van a tener que ir olvidando de él esta mañana (porque) vamos a tener que sentarnos a firmar acuerdos y van a tener que olvidarlo todo y retroceder en sus posiciones", ha aseverado Monasterio en una entrevista en Cope, en la que ha avanzado que "parece ser" que este martes se sentarán en "algún momento". 

Sin embargo, Ciudadanos niega a esta hora que haya algún acuerdo cerrado. "Que yo sepa en estos momentos todavía no hay nada cerrado. Vamos a presentar nuestro candidato, Juan Trinidad, pero no hay nada cerrado", ha anunciado José María Espejo, coordinador del Comité Negociador de Ciudadanos, en la Cadena Ser.

En declaraciones a RNE, el secretario general del partido de Rivera, José Manuel Villegas, sí ha admitido que esta mañana se producirán "conversaciones para pedir el voto" de los de Abascal, si bien ha negado que haya negociaciones. "Que yo sepa ahora mismo no hay negociaciones en ese sentido pero seguro que durante la mañana se producen conversaciones para pedir el voto", ha afirmado Villegas en declaraciones a RNE. Villegas no descarta acudir a la votación de la Mesa sin tener ningún pacto cerrado y "ver qué vota cada uno".

Pedro Sánchez se reúne este martes en el Congreso a Pablo Iglesias, con quien a priori está condenado a entenderse para poder formar Gobierno. El encuentro llega en un momento tenso entre PSOE y Unidas Podemos, con amenazas cruzadas de nuevas elecciones. Tras él, se encontrará también con Albert Rivera y Pablo Casado. Además, es el día en el que las defensas de los líderes independentistas leerán sus conclusiones en el juicio del procés.

Las condiciones de Ciudadanos y Vox para negociar están complicando hasta el último momento el pacto de derechas en la Comunidad de Madrid. Los partidos avanzan en un acuerdo para elegir al presidente de la Asamblea en silencio informativo. Intercambian mensajes y llamadas; salen y entran por el garaje a la Cámara Regional; pero no hay ni convocatorias de prensa ni declaraciones. La jornada del lunes estuvo únicamente marcada por el vodevil protagonizado por Vox a cuenta del reparto de asientos en el parlamento regional.

La formación de Santiago Abascal ha conseguido que la actual Mesa de la Asamblea se reúna exclusivamente para reubicar a los grupos en el pleno de este martes. El partido de extrema derecha puso una queja formal el pasado viernes y ha logrado que Más Madrid y Unidas Podemos sean desplazados una fila más arriba. Su sitio, sin embargo, no ha variado. El único objetivo es que estuvieran al mismo nivel en la hilera de asientos. 

Más allá de la escenificación, Ciudadanos trabaja sobre una certeza en clave de negociación: necesita reunir los votos de PP y Vox para presidir la Mesa de la Asamblea y a su vez trata de evitar a toda costa una fotografía con la extrema derecha. El candidato, Ignacio Aguado, ha comunicado que está dispuesto a prestar los votos de sus 26 diputados para que Vox entre en la Mesa a cambio de presidirla. Un trueque que ya se usó en Andalucía y que sería suficiente para alumbrar el enquistado acuerdo porque el PP está dispuesto a ceder la presidencia. Pero el partido de Santiago Abascal exige que se reconozca que se ha negociado directamente para firmar el pacto. "Para que haya acuerdo tiene que haber negociación", aseguran fuentes de Vox en Madrid. 

El equipo de Isabel Díaz Ayuso trabaja, mientras, para ser el nexo que allane las posturas enconadas de sus socios e intercambia llamadas con unos y otros que no han servido, de momento, para sellar el acuerdo. "No quiero hablar de lo que se va a hacer para no crear una fisura entre los tres", ha admitido la candidata a primera hora de la mañana. La expectativa manifestada de "cerrar todo entre los tres a lo largo del día" parece ya difícil de cumplir. 

Así que, sin moverse un ápice públicamente de sus posiciones, los partidos apuran los plazos hasta el límite mientras el silencio se impone en la Asamblea de Madrid. La falta de información y la espera son la tónica en los pasillos. Y casi también en los despachos de los grupos.

Las decisiones no se están tomando solo en Vallecas, donde está la cámara regional, sino desde las direcciones nacionales que negocian in extremis en las sedes de Génova y Alcalá. El secretario general del PP, Teodoro García-Egea confiaba en que el acuerdo estaría cerrado este lunes. El reloj se para a las 12 de la mañana, la hora de inicio del pleno de constitución de la Mesa, y todo apunta a que el pacto llegará en el último momento.

En Ciudadanos no descartan "nuevas conversaciones" con Vox tras romper el hielo el domingo en un encuentro que la formación de Rivera se negó a calificar como negociación. Todas se podrían estar produciendo a nivel telefónico para evitar esa fotografía juntos, aunque oficialmente Ciudadanos niega cualquier interacción. La dirección nacional insiste, además, en que la reunión secreta mantenida entre los dos portavoces madrileños no choca con los criterios aprobados por la dirección nacional. "Ciudadanos no tiene vetos si no líneas de actuación aprobadas por la Ejecutiva", alegaba este lunes el secretario general, José Manuel Villegas. 

Una cita crucial para Ciudadanos

La cita del martes es vital, sobre todo, para la formación de Albert Rivera. Ciudadanos se verá forzado a retratarse por primera vez, a través de una votación, sobre su relación con Vox. "Es una buena medida del conflicto en el que están. No solo los dirigentes del partido, sino también los votantes. Si se hace un pacto explícito con Vox, su teoría se tambalea", ha advertido el candidato socialistas, Ángel Gabilondo. 

Porque, si bien solo se constituye el Parlamento regional, los pactos y el reparto de poder que se desvelen este martes en Madrid marcarán el camino para la negociación del Gobierno regional. Y todo en un contexto en el que a Ciudadanos lo están mirando con lupa sus socios europeos de Alde y dirigentes de su entorno como Manuel Valls, que se ha quejado de que el partido negocie nada con la extrema derecha. 

Las tres formaciones de derechas aspiran a lo mismo en el corto plazo: garantizarse la mayoría en la Mesa de la Asamblea de Madrid, un órgano poco mediático pero esencial en la actividad legislativa madrileña. El equilibrio de fuerzas aquí es decisivo para muchas decisiones, como la admisión o la inadmisión de escritos, la aprobación de los calendarios de trabajo del pleno y las comisiones... 

En principio, y siempre que haya acuerdo, el bloque formado por PP, Ciudadanos y Vox tendría cuatro puestos en la Mesa, incluida la presidencia para Ciudadanos. La votación de este martes revelará cómo se reparten. La formación de Rivera pidió, además de la de presidente, otra silla más. Si se aceptan sus condiciones, el PP solo ocuparía un asiento. La misma cuota que Vox, pese a que tiene más del doble de diputados (30) que la formación liderada por Rocío Monasterio en Madrid (12).

Los tres restantes corresponden, por representatividad al PSOE, con la duda de si finalmente cederán uno o no a Más Madrid. "No hay ningún compromiso", aseguraban fuentes socialistas a última hora de la tarde. La plataforma de Inigo Errejón tampoco confirma un pacto en este sentido. Si no hay acuerdo entre las derechas, la presidencia recaería en el PSOE, que ya ha presentado a su candidata: la exdelegada para la Violencia de Género, Pilar Llop. 

Así que la jornada del martes arroja, de momento, pocas certezas. Dará comienzo a las 12 de la mañana. Primero se formará la mesa de edad, con el diputado más mayor (Juan Miguel Hernández de León, PSOE) y los dos más jóvenes (Eduardo Fernández Rubiño, Más Madrid, y Javier Guardiola, PSOE). Y después se organizarán las cuatro votaciones en urna y en secreto para elegir al presidente de la Cámara, a los tres vicepresidentes y a los tres secretarios. Una vez elegida la Mesa al completo, con sus siete miembros, cada uno de los diputados y diputadas jurará su cargo. La legislatura que se inicia este martes tendrá más diputadas que nunca en la historia de la Asamblea de Madrid: 61 mujeres frente a 71 hombres.

Al candidato de Ciudadanos a  la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, y a su equipo no les ha resultado convincente la rueda de prensa de este lunes en la que el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, declaró que estaba dispuesto a vetar a alcaldes que lleven dos o más legislaturas en el cargo como pedía Cs.

Esta es una de las medidas que Igea anunció el pasado jueves para pactar un acuerdo de gobierno autonómico, y afectaría directamente a los alcaldes de Burgos y de Palencia, Javier Lacalle y Alfonso Polanco. En el aire queda lo que haría Fernández Mañueco con los presidentes de las diputaciones de Salamanca y Valladolid, César Rico y Jesús Julio Carnero, porque el candidato del PP se negó a "hablar de personas".

Una rueda de prensa y una nota posterior que no recogen lo mismo

Poco después de una rueda de prensa en la que fue preguntado y repreguntado para aclarar sus crípticas frases, Fernández Mañueco envió una tibia nota de prensa en la que se hacían afirmaciones de escasa precisión. Decía, por ejemplo, que el PP "ha aceptado de forma satisfactoria las propuestas de regeneración política" presentada por Ciudadanos, y que comparten "plenamente en sus objetivos y fines”. Pero una vez que se ha aceptado el decálogo y constituido un grupo de trabajo y aceptadas las propuestas de regeneración, el Partido Popular quiere seguir avanzando en los acuerdos manifestados con Ciudadanos y expresar su disposición para proponerles las primeras medidas". O lo que es lo mismo, ignoran las medidas que ya ha propuesto Francisco Igea y se remiten a lo que se habló en la primera reunión de negociación.

El PP habla de sus propuestas pero no de las de Igea

El PP dice que "habrá que aplicar" sus propuestas "en los primeros cien días de gobierno para generar la ilusión que requiere y demanda en estos momentos la sociedad de Castilla y León". Las medidas, dicen, "tienen que ver con aportaciones en regeneración, nuestro firme compromiso con la bajada de impuestos, un primer paquete para la apuesta por la generación de empleo y las ayudas para emprendedores y autónomos y compromiso irrenunciable por el mundo rural". De excluir del equipo de gobierno al consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y al alcalde de León, Antonio Silván, por aparecer en los pinchazos de la Operación Enredadera" no hay una sola mención en la nota de prensa.

"Nuestra disposición es favorable a seguir negociando con Ciudadanos el gobierno de Castilla y León y son más las cosas que nos unen que las escasas cuestiones que nos puedan separar", apunta Fernández Mañueco. La nota de prensa no cita lo que dijo en la rueda de prensa sobre la exigencia de Igea de que prescinda de alcaldes.

Desde que se produjo la rueda de prensa hasta que se envió el comunicado, Ciudadanos optó por analizar "sosegadamente" las declaraciones de Fernández Mañueco, ya que ni siquiera veía que todos los medios reflejasen las mismas declaraciones o que se interpretasen en el mismo sentido. Pero, una vez que estudiaron la nota de prensa, las mismas fuentes indicaron a este diario que dada la falta de consistencia, prefieren ver por escrito en qué se traduce ese compromiso por la regeneración, y este, remarcan, debe recoger "hechos concretos"

43 días después de las elecciones generales, las fichas siguen en la casilla de salida. Pedro Sánchez vuelve a reunirse con Pablo Iglesias, Albert Rivera y Pablo Casado un mes después de recibirlos en sendos encuentros que sirvieron a Moncloa para la batalla del relato, pero en los que apenas se avanzó. Los tres interlocutores del líder del PSOE mantienen sus posiciones intactas mientras Sánchez repite el ritual –esta vez en el Congreso y alterando el orden como gesto a Iglesias– con varias estrategias bajo el brazo: la apelación a la estabilidad del Gobierno para que PP y Ciudadanos se abstengan en su investidura y la amenaza de una repetición electoral para presionar a Unidas Podemos. 

El PSOE lanzó un órdago a la grande la víspera de su encuentro con los líderes de PP, Ciudadanos y Unidas Podemos al asegurar que la investidura dependía de ellos. José Luis Ábalos deslizó que la idea de Sánchez no es sacar adelante su mandato con las formaciones más pequeñas y descargó toda la responsabilidad sobre los tres grandes partidos por detrás del PSOE. No obstante, la primera vez que el presidente en funciones descolgó el teléfono fue para llamar a Miguel Ángel Revilla para apuntalar un acuerdo de coalición en Cantabria y amarrar el apoyo del diputado del PRC. 

El plan de Moncloa pasa ahora por empujar a PP, Ciudadanos y Unidas Podemos. Ábalos, uno de los hombres fuertes del presidente, aprovechó para meter el dedo en la llaga al airear las voces que dentro del PP ven con buenos ojos la abstención, como la candidata en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien Génova ha desautorizado inmediatamente. Lejos de pensar que es una contradicción por parte de Sánchez, que hizo bandera de su "no es no" a Mariano Rajoy, el PSOE utiliza como baza la abstención que brindó el partido tras una guerra interna en 2016. 

El grueso de la presión se dirige, no obstante, a Pablo Iglesias, que lleva desde el 28A reclamando un gobierno en coalición. Unidas Podemos asegura no temer a una repetición electoral mientras que en el Gobierno consideran que su debacle el 26 de mayo le deja muy debilitado y en unas condiciones precarias para volver a las urnas. No obstante, en el grupo confederal consideran que Sánchez no puede arriesgarse a perder La Moncloa. 

"La alternativa a una investidura viable es la repetición de elecciones. La alternativa a un gobierno socialista es obligar a que los españoles vuelvan a votar. Y no les quepa ninguna duda que las urnas también tienen memoria. Los españoles no perdonarán a quienes ponga en solfa la viabilidad de la legislatura en un momento en el que las tensiones evidentes, conviene desactivar sin titubeo sin demoras partidistas", dijo Ábalos este lunes. 

El PSOE quiere evitar la 'opción 173'

Dirigentes socialistas consultados por eldiario.es admiten que los puntos de partida opuestos pueden conducir a una primera sesión investidura fallida. "Si el escenario que barajamos es conseguir la mayoría absoluta sobre la base de ir sumando uno o dos, sumando seis, es muy complicado y enrarecería mucho la capacidad para gobernar dado el pluralismo que hay y eso nos lleva a buscar acuerdos amplios durante la legislatura –expresó Ábalos, que no descartó, por tanto, que se diera esa situación–. Si hay una actitud obstruccionista por parte de PP, Ciudadanos y también de Podemos, puede salir o no salir. Va a depender de estos grandes grupos. La gobernabilidad va a depender de cuatro formaciones políticas". 

Ábalos aseguró que el objetivo es que haya gobierno "antes del verano". "Ojalá", ha deseado. En caso de que la investidura sea fallida en una primera sesión que el Gobierno calcula que será la primera quincena de julio –una vez se despejen los pactos municipales y autonómicos–, se iniciaría entonces el calendario de dos meses de plazo para intentar sacarla adelante de nuevo antes de que las Cortes se disuelvan de manera automática para la convocatoria de comicios generales 47 días después.

En el PSOE están convencidos de que en una repetición electoral no tendría por qué irles mal –"Rajoy fue a segundas elecciones y sacó 137 diputados", expresa un miembros de la Ejecutiva del PSOE, que recuerda que el expresidente tenía entonces los mismos 123 escaños que Sánchez– y de que incluso puede ser perjudicial para los demás. En su análisis está que Ciudadanos no ha logrado superar al PP y que Unidas Podemos se dejó un millón de votos entre las elecciones del 20 de diciembre de 2015 y las de junio de 2016. No obstante, en las filas socialistas también son conscientes de que repetir la movilización de la izquierda sería complicado y de que el temor a Vox ha desaparecido. 

Por el momento los interlocutores de Sánchez han dejado claras sus posiciones de partida: Casado rechaza la abstención por mucho que los socialistas se la dieran hace tres años al PP; Rivera también se niega a dejar gobernar a Sánchez "por activa o por pasiva; e Iglesias pone como condición indispensable la presencia de Unidas Podemos en el Consejo de Ministros. Su única cesión es que las carteras que ocupen sean de contenido social (por ejemplo, Trabajo o Hacienda). 

El PSOE cree que puede evitar el choque de trenes incluso sin un gobierno en coalición, porque junto a Unidas Podemos no suma mayoría suficiente y "no solo no añade sino que incluso puede restar", según ha argumentado Ábalos, que también ha explicado que el gabinete debe contar con la "confianza y la empatía del presidente": "No entendemos un gobierno vigilado ni condicionado; por lo tanto, entendemos que concita más aceptación un gobierno en solitario del PSOE".

La explicación de que Unidas Podemos "resta" dentro del Ejecutivo no era baladí para el PSOE por las suspicacias que despierta el grupo confederal en grupos como Coalición Canarias, que podría sumar mediante el 'sí' o la abstención a la mayoría simple; pero choca con el criterio de los socialistas de apelar a la "altura de miras" de PP y Ciudadanos como los únicos capaces, junto a Unidas Podemos, de "facilitar o bloquear" la investidura. 

A pesar de esa táctica, las calculadoras están en marcha en Ferraz, que ha levantando el veto para que María Chivite gobierne en Navarra con la abstención de Bildu. "No nos vamos a apoyar en Bildu", ha afirmado Ábalos antes de matizar: "Que Bildu vote en contra, se abstenga o vote a favor, si no se negocia, no depende de uno". Aunque el dirigente socialista ha tratado de desvincular la investidura de Sánchez del resto de negociaciones a escala autonómica y municipal, ha reconocido que sacrificar la comunidad foral en favor de Navarra Suma podría darles dos abstenciones de UPN en el Congreso, pero a costa de poner en peligro el apoyo del PNV, según ha expresado: "Si pretendíamos ganar dos, hemos perdido seis".

Fuentes de la dirección socialista también descartan ahora la opción de los 173 escaños, que pasaba por sumar a Unidas Podemos, PNV, Compromís y PRC para que Sánchez saliera investido en la segunda votación por mayoría simple gracias a la ausencia de los tres diputados presos suspendidos. Esas fuentes muestran ahora su temor de que la decisión de mantener el acta cambie en el último momento. De ahí que refuercen la estrategia del miedo: "Es importante saber si uno contribuye a la gobernabilidad o al caos y la inestabilidad".

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Producción: Toni Garrido

Dirección: Álvaro de Cózar

Guion: Álvaro de Cózar y Pablo G. Batista

Grabación y diseño de sonido: Yago Mendívil 

Música: Juan Arance

Tema: No hay amor sin dolor de Los Bengala

Créditos: Al rojo vivo (La Sexta), Más vale tarde (La Sexta), La Sexta Noticias, Hoy por hoy (Cadena SER), La ventana (Cadena SER), Hora 25 (Cadena SER), Hora 14 (Cadena SER), Más de uno (Onda Cero), Antena 3 Noticias, Dos días y una noche (Antena 3), Noticias cuatro, El cascabel (13TV), Es la mañana de Federico (esRadio), Millenium (TVE), Telediario 1 (TVE), Telenoticias (Telemadrid).

El próximo sábado se constituyen los 8.131 ayuntamientos españoles que surgieron de las elecciones del 26 de mayo y los partidos apuran los plazos para cerrar pactos y acuerdos que les permitan acceder a los gobiernos municipales.

La cuenta atrás ha comenzado, las negociaciones se intensifican en todas partes con el foco puesto en Madrid y Barcelona, las dos grandes ciudades donde la falta de una mayoría clara entre bloques ha forzado al diálogo entre distintas formaciones y dibujará el inicio de un nuevo ciclo político de pactos que tendrá también consecuencias en las comunidades en las que el 26M hubo además comicios regionales. Capitales como Zaragoza, Valencia, Pamplona o Valladolid están también pendientes de las negociaciones de última hora.

Aunque en la suma global de todo el Estado el PSOE fue el partido más votado en las municipales, gracias a los pactos de las tres derechas (PP, Ciudadanos y Vox) los populares podrán recuperar o mantener algunas de las plazas más importantes –entre ellas, previsiblemente, Madrid–. Los acuerdos de fuerzas de izquierdas y nacionalistas condicionarán además los gobiernos locales en Euskadi, Catalunya o la Comunidad Valenciana. 

Madrid, en vilo, por la relación entre Cs y Vox

En Madrid, las negociaciones entre PP y Ciudadanos han encallado tras la primera toma de contacto de los equipos negociadores. El partido de Rivera no garantiza la investidura de José Luís Martínez-Almeida (PP), el segundo más votado por detrás de Manuela Carmena (Más Madrid), porque ve opciones de que su candidata, Begoña Villacís, sea la que acabe imponiéndose como alcaldesa en el acuerdo entre las formaciones de derechas. Este mismo lunes, el secretario de Comunicación de Ciudadanos, Fernando de Páramo, abogaba por hablar primero de programas para después definir quiénes liderarán los gobiernos.

Desde el PP, por su parte, explican que "Madrid no es moneda de cambio" y que "en ningún caso" se plantean un Ayuntamiento presidido por Begoña Villacís. Sostienen que la propuesta de Ciudadanos era un "órdago" del partido de Rivera para presionar y lograr un acuerdo en la Asamblea de Madrid. Este martes se retomarán las negociaciones entre ambas formaciones.

Para la ecuación es en todo caso fundamental el apoyo de Vox con quien Ciudadanos, insiste, "no va a negociar acuerdos de gobierno". Así lo volvía a asegurar Páramo este lunes después de que su candidato a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, se reuniera en secreto este domingo con Rocío Monasterio.

El candidato del partido de extrema derecha en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, añadía por su parte más incertidumbre este lunes acerca de quién debe ser invertido alcalde. Ortega Smith instó en una entrevista en esRadio a que ambos partidos se pongan de acuerdo sobre quién es el alcalde, porque, dijo, no pondrá problemas a que sea Almeida o Villacís, a la vez que pedía un tripartito en el Gobierno municipal y negociaciones a tres.

Si no hay acuerdo entre las tres formaciones en los cinco días que restan para la sesión de investidura, Carmena se impondrá de nuevo como regidora de la capital al ser la cabeza de la lista más votada. Aunque estaría al frente de un gobierno débil ya que no suma mayoría absoluta con el PSOE y podría revocarse su nombramiento al día siguiente con una moción de censura.

Colau puede repetir en Barcelona

Ada Colau está muy cerca de repetir al frente del Ayuntamiento de Barcelona y conservar así la principal alcaldía del cambio de las que lograron Podemos y sus confluencias en 2015. Pero nada está cerrado en una capital catalana en la que la oferta de Manuel Valls de votar a Colau sin pedir nada a cambio ha sacudido el tablero municipal después de la histórica –aunque por la mínima– victoria de ERC el pasado 26M.

La actual alcaldesa en funciones, que tiene el aval de las bases para intentar reeditar el cargo, reclamará hasta el sábado un tripartito de izquierdas para la ciudad. Pero sus otros dos integrantes, ERC y el PSC, lo rechazan de plano. Este veto es el que esgrimen los 'comuns' para presentarse a la investidura en busca de la mayoría absoluta necesaria para que el alcalde no sea el ganador de las elecciones, Ernest Maragall.

De momento Colau cuenta con sus 10 concejales y todo apunta a que tres de los seis de la lista de Ciudadanos, que son el cabeza de lista Manuel Valls y otros dos independientes. Para completar la mayoría faltarían los 8 ediles del PSC. Fueron precisamente los socialistas los primeros que le pidieron a Colau que optase a la investidura para impedir la alcaldía de ERC, pero ahora le ponen precio: un pacto de gobierno.

Los socialistas presionan para entrar en el ejecutivo, pero los 'comuns' se resisten y, si ninguno de los dos cede antes del 15 de junio, después de tantas vueltas podría acabar siendo Maragall investido alcalde por falta de mayorías alternativas.

Más allá de Barcelona, en Lleida y Tarragona, hasta ahora feudos socialistas, los 'comuns' se han decantado por facilitar alcaldías de ERC. En este último caso, En Comú Podem ha decidido negociar una investidura de los republicanos que ya cuenta con los votos de JxCat y la CUP, suficientes para arrebatarle la alcaldía al PSC de Josep Félix Ballesteros. También hay negociaciones abiertas en Girona, donde Guanyem quiere lograr la alcaldía que ostenta ahora JxCat con votos de ERC y PSC, y en Badalona, donde ERC-Guanyem, PSC y En Comú exploran una mayoría alternativa a Xavier Garcia Albiol.

La izquierda se impone en Valencia y Sevilla 

En la tercera ciudad de España, Valencia, después de algún primer desencuentro entre el alcalde en funciones, el valencianista Joan Ribó, y la candidata socialista, Sandra Gómez, los dirigentes de ambas formaciones formalizaron el pasado viernes su primera reunión tras el 26M como paso previo para acordar un "programa común" de Gobierno. El PSPV, tal y como ya adelantaron la noche electoral, ha asegurado su apoyo a Joan Ribó, por lo que Compromís (10) y PSPV (7) suman 17 concejales sobre un total de 33 ediles.

En el Ayuntamiento de Sevilla hay un alcalde socialista, Juan Espadas, con mayoría simple inclinado a buscar pactos puntuales con Ciudadanos y con Podemos-IU. En Málaga seguirá el regidor actual del PP, Francisco de la Torre, en la misma situación que Espadas –mayoría simple–, predispuesto a reeditar su pacto con Ciudadanos. Y las capitales de Córdoba, Granada y Jaén necesitan un pacto a tres de PP, Ciudadanos y Vox para arrebatar la alcaldía al PSOE (primera fuerza en las dos últimas).

El partido de Albert Rivera se ha quedado ya fuera del Ejecutivo de varios municipios andaluces  importantes –como Almería capital, Algeciras y El Ejido– donde PP y Vox han pactado gobernar sin Ciudadanos.

Zaragoza, en manos de Ciudadanos

El PSOE se hizo con la victoria en Zaragoza tras una legislatura en la que fue subalterno de Zaragoza en Común. Ahora la llave de la gobernabilidad la tiene Ciudadanos: puede inclinar la balanza hacia la socialista Pilar Alegría o hacia un pacto de derechas con PP y Vox. Los socialistas temen que se imponga la segunda opción ya que el partido de Albert Rivera ya ha mantenido contactos con los conservadores.

Este martes se reúnen la comisión negociadora del PSOE y Ciudadanos para abordar la negociación. Alegría se mostró dispuesta en una entrevista en eldiario.es a gobernar en coalición y descartó, eso sí, ceder el bastón de mando.

Los socialistas buscan acuerdos en Galicia 

Con la aplastante victoria del socialista Abel Caballero en Vigo y la permanencia del nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores en Pontevedra con el apoyo de los socialistas, ambos dirigentes se aseguran su continuidad en los grandes municipios gallegos donde el PSdeG –vencedor de los comicios en la comunidad– necesita hasta cuatro acuerdos para asegurarse otras tantas alcaldías. Las tres ciudades hasta ahora gobernadas por las mareas municipales –Santiago, A Coruña y Ferrol– tendrán desde el sábado alcaldías socialistas.

En el Ayuntamiento coruñés el bastón de mando será para la socialista Inés Rey, segunda fuerza en las urnas pese a haber empatado a 9 ediles con el PP. Marea Atlántica, hasta ahora gobernante, ya ha anunciado el voto favorable a la investidura. En Ferrol también habrá cambio por la izquierda con el PSdeG sustituyendo a una de las mareas. Y Santiago cambiará igualmente de signo. En este caso el socialista Xosé Sánchez Bugallo –que ya había sido alcalde entre 1998 y 2011– no necesita el voto afirmativo de Compostela Aberta ni del BNG en su investidura por ser primera fuerza y no existir suma alternativa posible.

El PSdeG necesita también un acuerdo en Lugo, donde el gobierno de la izquierda depende de que haya pacto con el BNG. Ambas formaciones ya han comenzado las negociaciones que apuntan a un bipartito encabezado por la actual alcaldesa, la socialista Lara Méndez, junto al nacionalista Rubén Arroxo. Capítulo aparte es el de Ourense. El 26M el PSdeG sustituyó al PP como fuerza más votada, pero la llave de gobierno la tiene el partido local Democracia Ourensana que, junto con Ciudadanos, es también clave para que los populares puedan retener la Diputación provincial, en manos desde hace décadas de la saga de los Baltar.

Todos los frentes de negociación están abiertos, si bien en los últimos días gana fuerza la posibilidad de un pacto a dos bandas entre PP y DO, con la alcadía de la ciudad para el partido local pese a ser tercera fuerza –empatada a 7 escaños con el PP– y la institución provincial para los conservadores.

PSOE en minoría en Valladolid, dudas en León

El actual alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha dado por rotas las negociaciones con Valladolid Toma la Palabra (VTLP) y gobernará en solitario. La coalición de izquierdas que llevó al PSOE a la alcaldía en 2015 no se reeditará. La tensión generada después de que los socialistas propusiesen una reducción del peso de las concejalías de VTLP, sumado a la pérdida de un concejal de VTLP (que pasó de 4 a 3) y un aumento de tres ediles socialistas (de 8 a 11) ha puesto punto y final al Gobierno de coalición.

Puente necesitará llegar a acuerdos puntuales con otras formaciones durante la legislatura. La suma de PP (9), Ciudadanos (3) y Vox (1) supera la mayoría simple del PSOE, por lo que la ausencia de un acuerdo entre PSOE y VTLP complica la gobernabilidad al alcalde socialista.

En León el PSOE de José Antonio Diez va a intentar un Gobierno en solitario con sus diez ediles, aunque podría contar con el apoyo de la Unión del Pueblo Leonés (3) y Podemos (1) para la investidura. El escrutinio definitivo daba la mayoría al PSOE después de que socialistas y leonesistas reclamasen un nuevo recuento en la mesa 7-5B del colegio Las Pastorinas de León. Así, el PP de Miguel Silván se quedó con 9 ediles en el Ayuntamiento, Ciudadanos con 4 y Vox sin representación.

Aunque Silván ha decidido recurrir la resolución de la Junta Electoral Central ante el TSJ de Castilla y León, la decisión no es apoyada del todo en el partido. Vox también ha presentado un recurso. La resolución tardará unos días, así que la toma de posesión de los concejales leoneses podría retrasarse hasta el día 5 de julio.

Ciudadanos, llave en Ciudad Real y Albacete

En Toledo, Milagros Tolón, candidata del PSOE en las elecciones municipales, logró una mayoría simple con la que cuenta para gobernar en solitario y sin necesidad de mayores pactos. En Cuenca, la formación que será fundamental para la investidura es 'Cuenca nos une', una agrupación de electores que ha puesto como condición la implicación de la Junta de Comunidades con la capital provincial. Su impulsor, Isidoro Gómez Cavero, ya se ha reunido con representantes del Gobierno regional que han considerado positivamente las exigencias de la formación.

Ciudadanos tiene la clave en Ciudad Real, Guadalajara y Albacete, pero en ninguna de las tres ciudades ha habido reuniones o movimientos que muestren en qué dirección quieren ir. En Guadalajara el PSOE señala que no hay ningún tipo de noticias, ni previsión de reuniones, a pesar de que quedan solo cinco días para las investiduras en los municipios. PP y PSOE han hecho el mismo llamamiento en Ciudad Real, pidiendo al partido naranja que diese un "paso al frente". Mientras tanto, en Albacete, no ha habido tampoco reuniones físicas, ni hay fechas para las mismas.

Lucha de bloques en Navarra

En Navarra, la constitución de los ayuntamientos del sábado será la primera prueba de fuego para comprobar la viabilidad de los pactos alternativos a las derechas. Dentro de las principales poblaciones navarras, solo la capital de la ribera, Tudela, tiene claro el cambio de alcalde por la mayoría absoluta de Navarra Suma, que sustituirá a Izquierda-Ezkerra.

Muy esclarecedora será la batalla de Pamplona, donde una Navarra Suma (13) al borde de la mayoría absoluta, que se logra con 14, podría desbancar a Joseba Asiron (EH Bildu, 7) si el PSN (5) no ofrece sus votos junto con los de Geroa Bai (2) a la izquierda abertzale, algo que parece imposible, pues supondría pactar con EH Bildu, a lo que se ha negado la dirección federal del PSOE.

La aritmética no impide, sin embargo, que la socialista Maite Esporrín, tercera fuerza de la Corporación, se presentara y pretendiese recabar a cambio de nada los votos de EH Bildu. Existe el precedente del primer Ayuntamiento democrático, en 1979, cuando la entonces Herri Batasuna dio por sorpresa sus votos a Julián Balduz (PSE-PSOE) para que no gobernaran las derechas de UCD y UPN. El PSN estuvo integrado en el Partido Socialista de Euskadi hasta 1982.

La coalición PNV-PSE se impone en Euskadi

En Euskadi, el fin de semana se desbloquó el conflicto entre PNV y PSE-EE en Irún, que tenía en 'stand by' la reedición del acuerdo global entre ambas formaciones, que comparten también el Gobierno vasco. Los dos partidos alcanzaban este lunes un preacuerdo para la conformación de Gobiernos apoyados en mayorías estables en las instituciones forales y en los ayuntamientos de Bilbao, Donostia y Vitoria.

En líneas generales, el acuerdo se enmarca en términos muy similares al que ambas formaciones suscribieron en 2015 y que deparó un resultado muy satisfactorio en la pasada legislatura. EAJ-PNV y PSE-EE confían en poder alcanzar en las próximas horas un acuerdo total. La entente permitirá también desbancar a EH Bildu de algunos municipios como Pasaia o Andoain, que pasarán a manos de los socialistas. Solamente en Durango se prevé que una coalición de izquierdas (EH Bildu - Elkarrekin Podemos) desbanque a la coalición.

Escenarios abiertos en Murcia y Santander

En Santander el escenario todavía está muy abierto. El PP resistió el 26M mejor de lo esperado después de una legislatura muy convulsa y se quedó a tres concejales de la mayoría, justo lo que suman sus once ediles con los dos de Ciudadanos y el representante logrado por Vox. La alternativa al Partido Popular y al 'pacto a la andaluza' es otro tripartito, formado por el PSOE, que fue la segunda fuerza más votada con 7 concejales, el Partido Regionalista –5 ediles– y los dos de Ciudadanos.

La alcaldía de Murcia se encuentra en manos de las negociaciones por la presidencia de la Región. Los resultados municipales arrojados el 26M auguraban, como mínimo, otro gobierno en solitario del PP, con una mayoría simple de once concejales y apoyos puntuales de Ciudadanos, con cuatro representantes, abriendo la opción de un pacto del bloque de la derecha junto con Vox, que se llevó tres ediles.

El punto de inflexión fue la oferta del PSOE, que obtuvo nueve concejales, de aupar al candidato de Ciudadanos como alcalde de la capital, a cambio del apoyo de los naranjas para que los socialistas presidan la Comunidad. Para consumar el acuerdo, precisarían el apoyo de los dos representantes de Podemos, que permitirían sumar entre los tres un total de quince ediles, o lo que es lo mismo, mayoría absoluta.

El PSOE se impone en las ciudades canarias

Aunque solo ha ganado en dos de ellas, el PSOE se hará muy probablemente este sábado con las cuatro alcaldías de las ciudades más pobladas de Canarias. En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo renovará mandato al frente de un pacto de su partido, el PSOE, con Nueva Canarias y Podemos. Un pacto más reforzado que el suscrito por las mismas fuerzas en 2015 porque, al contrario de entonces, esta vez sí ha sido el PSOE la fuerza con más concejales (11), lo que contrarresta la caída de Unidas Podemos (de 6 a 3 actas). Nueva Canarias aporta al tripartito un concejal más que en 2015 (3), lo que permite superar la mayoría exigida de 15 concejales.

En Santa Cruz de Tenerife (205.000 habitantes), Coalición Canaria corre el riesgo de perder la alcaldía por primera vez desde la recuperación de la democracia. Pese a haber ganado las elecciones (10 concejales sobre 27), la confluencia del PSOE (9 actas), con Unidas Podemos (2) y Ciudadanos (2) podría hacer alcaldesa a la socialista Patricia Hernández. El Partido Popular, que se ha ofrecido al PSOE incluso para formar un gobierno regional, no descarta sumarse a ese pacto.

El PSOE puede hacerse con Palma y Logroño

Según informa el diario Última Hora, Més per Palma y Podem Palma dan de plazo hasta este martes al PSOE para cerrar un acuerdo en el reparto de áreas que permita reeditar el Pacte en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca. En Logroño, la llave de la alcaldía la tienen Ciudadanos y el Partido Riojano. El 26M ganó el PSOE, con 11 ediles, que podría gobernar con Ciudadanos (4) o con Podemos (2) y el Partido Riojano (1). Pero este partido podría dar también la mayoría al PP (9) si suma además a Ciudadanos. 

En Oviedo, el PP ganó las elecciones y suma mayoría absoluta si pacta con Ciudadanos sin necesidad de contar con Vox. La alternativa sería que el PSOE sumase a Ciudadanos y Somos Oviedo. Según informa la prensa local, los de Rivera están negociando a dos bandas, por lo que el escenario en la capital asturiana sigue abierto.

En Extremadura, finalmente, el PSOE consiguió ser primera fuerza en ambas capitales. En Cáceres, sin embargo, podría gobernar el PP si suma a Ciudadnos y Vox. No obstante, los socialistas están negociando con Ciudadanos y ven "buena sintonía" para que el partido de Rivera pueda darles la mayoría absoluta.

Un escenario similar se reproduce en Badajoz, donde el PSOE es primera fuerza y también suma mayoría con Ciudadnos, que a su vez puede darle el gobierno al PP si pacta además con Vox. En este caso la opción más probable es la de la suma de las tres derechas.

La extrema derecha española no seduce al votante obrero. A diferencia de lo que pasa en otros países europeos, Vox no ha logrado entrar en los cinturones rojos de las ciudades y logra los mejores resultados en los barrios más adinerados de los grandes ayuntamientos. 

Y eso que Vox arrancó la campaña para las elecciones autonómicas y municipales con el objetivo de conseguir recabar el apoyo de zonas obreras. Para escenificar este acercamiento, de forma simbólica, decidieron realizar el acto de inicio de este segundo periodo electoral en una zona industrial, en un polígono del barrio de Barajas (Madrid).

"Vox quiere acercarse a la España que madruga, la España de los trabajadores, la España de la gente que hace un esfuerzo todos los días, la España de gente que está en polígonos y centros de producción", reseñó el diputado y director de campaña del 26M, Iván Espinosa de los Monteros.

Sin embargo, la formación de extrema derecha no ha conseguido despuntar en estos barrios humildes en los comicios municipales, a diferencia de proyectos como el del Frente Nacional francés que sí ha logrado implantarse en esas demarcaciones.

Así lo evidencia el análisis de los resultados de la formación de Santiago Abascal en las 16 ciudades españolas más pobladas el pasado 26 de mayo. Vox logra sus mejores registros en los barrios más ricos de las grandes ayuntamientos. En las áreas urbanas con rentas superiores a 50.000 euros el partido de extrema derecha obtuvo el 8,63% de los votos.

En las zonas con ingresos que oscilan entre 30.000 y 35.000 euros, Vox cosecha el 5,06% de los apoyos municipales y el 5,53% en las que tienen menos de 25.000 euros. Tras apuntarse 2,7 millones de votos el 28 abril, en las elecciones que se celebraron un mes después se desinflaron y no consiguieron ganar ninguna alcaldía.

En otros países, como en Francia, el lepenismo –con muchos más años de asentamiento en el país– ha llegado a conseguir alcaldías, que le han servido como escaparate para sus políticas. "El lepenismo empezó con una implantación municipal en puntos muy visibles", reseña el historiador experto en el fenómeno de la extrema derecha Xavier Casals.

Voto obrero, clave para Le Pen

Un artículo de este especialista, publicado por el Instituto de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Barcelona, analiza por qué los obreros se decantan por el partido de la formación de la familia Le Pen, denominada actualmente Reagrupamiento Nacional. En él explica cómo ha ido evolucionando el apoyo de este sector social a la extrema derecha francesa, citando una investigación del politólogo Florent Gougou.

En la primera vuelta de las sucesivas elecciones presidenciales en Francia el porcentaje del electorado que se ha decantado por este partido ha ido aumentando: 17,6% en 1988, 21,1% en 1995, 25,6% en el 2002, 15,6% en el 2007 y 30,9% en el 2012.

Estos datos están muy alejados de los obtenidos por Abascal y sus compañeros de partido. España es el país que menos porcentaje de voto ultraconservador aporta en el Parlamento Europeo, con un 6,2%.

Además, a pesar del intento protagonizado el mes pasado de alcanzar un electorado transversal, Vox no ha conseguido irrumpir con grandes resultados en zonas obreras como el cinturón rojo de la Comunidad de Madrid o en la Asamblea de Extremadura, la autonomía con la tasa más elevada de paro (22,51%), de acuerdo a la última oleada de la Encuesta de Población Activa. En Canarias, una de las comunidades más pobres, el partido ni siquiera ha entrado en el parlamento autonómico.

El encargado de dirigir la estrategia fallida para cosechar un electorado transversal ha sido Espinosa de los Monteros, un político que posee una lujosa mansión de 545 metros cuadrados, cuatro plantas, parcela y piscina en una de las mejores zonas de Madrid.

En poblaciones como Alcorcón, Parla, San Martín de la Vega, Móstoles o Getafe – situadas en el conocido como cinturón rojo madrileño – el apoyo a este partido ha sido a costa del PP. Han entrado en estos ayuntamientos como última o penúltima fuerza con representación. Más allá de estos datos, si se analiza la situación del partido en las 16 ciudades más pobladas, se observa que la irrupción es desigual en cada urbe. Sus mejores resultados se dan en Córdoba, Madrid, Sevilla y Palma de Mallorca.

En la ciudad insular, con la candidatura liderada por el ex general Fulgencio Coll, se encuentran los tres barrios que más se decantaron por este partido. En estas demarcaciones que tienen una renta media que oscila entre los 30.000 y 46.000 euros, Vox obtuvo el 16% de los votos.

Por su parte, en Madrid, en zonas ricas como Castellana y Recoletos, el partido de Abascal consiguió el 12,6% del apoyo del electorado. En estas circunscripciones, que tienen una media de ingresos de 83.000 euros, el partido de extrema derecha obtuvo más votos que en la capital, 12,6% frente al 7,66% municipal. Por el contrario, en muchos barrios del distrito de Puente de Vallecas se quedó por debajo del 6% de las papeletas.

Palma, fortín de Vox

Esta situación se repite en otras grandes ciudades españolas. En la zona de Sevilla donde se encuentran 'Las 3.000 Viviendas' (14.600 euros de renta media), Vox obtuvo el 5% de los votos. A cientos de kilómetros, en el barrio zaragozano de Delicias (23.000 euros) cosechó el mismo resultado. La misma dinámica se mantiene en Valencia y en Valladolid, a mayor renta, más papeletas al partido de extrema derecha.

Málaga es una de las excepciones. En esta ciudad andaluza los barrios con menos ingresos se han decantado más por Vox que los que tienen rentas más altas. Por ejemplo, en El Limonar ha obtenido su peor resultado (3,2%), a pesar de que es la zona más rica del municipio. Esta decisión del electorado se podría explicar porque en este territorio no ha logrado arrebatar voto al candidato municipal del PP Francisco de la Torre, que ganó las municipales en este barrio con el 80% de apoyo.

Finalmente, en ciudades de Catalunya y del País Vasco la irrupción de este partido ha sido mucho más reducida. Para la politóloga Helena Castellà, miembro del Instituto de Derechos Humanos de Catalunya, estos resultados autonómicos se podrían justificar por sus ejes programáticos. "Vemos que en Catalunya, y en el resto de España recupera el eje de reivindicación histórica de la extrema derecha, anti nacionalismos periféricos. Eso explicaría el rechazo de Catalunya, País Vasco y Galicia porque no representa la realidad de esos casos", incide esta experta.

En Barcelona, donde consiguieron el 1,16% de los votos, se da una situación llamativa. Dos de las zonas con mayor disparidad de renta fueron las que apostaron por esta formación. El elitista barrio barcelonés de Pedralbes (80.000 euros de renta media) fue uno de los que más se decantó (2,8%) en la ciudad por este partido. En Torre Baró, Ciutat Meridiana y Vallbona, con 22.254 euros de ingresos familiares, obtuvo el 3,3% de apoyos en las municipales del 26 de mayo.

Casals asegura que tras estos últimos comicios todavía es pronto para sacar conclusiones tajantes. Asimismo, remarca la peculiaridad de las elecciones municipales porque la formación "no tiene candidatos conocidos en la mayor parte de casos" y destaca el control total que ha realizado el partido sobre la comunicación de sus cargos públicos. "Si tienes un candidato que no es conocido y además no tiene autonomía, es difícil. Con un programa marco, unos candidatos pocos conocidos y además a los que no dejan participar en debates, es compleja su lucha electoral", cuenta Casals.

Nacionalismo económico

El historiador destaca que el programa económico de Vox tiene diferencias con el de la formación de Le Pen. "Hay una apuesta por el nacionalismo económico y no solo por el nacionalismo identitario", señala sobre la agrupación francesa. Según explica este experto, el Reagrupamiento Nacional francés apuesta por un "Estado fuerte que garantice los derechos de los trabajadores" y las medidas del partido de Abascal "combinan una protección a la familia con neoliberalismo, copago a los medicamentos o una reducción del Estado".

Por otro lado, Castellá destaca que a diferencia de los programas económicos de los partidos de extrema derecha del norte de Europa que "defienden el estado del bienestar fuerte pero solo para los nacionales", Vox se dirige a "clases altas y más conservadores, y no tanto a defender el estado del bienestar fuerte donde los inmigrantes no tiene cabida". Algunas de las propuestas destacadas por Abascal consistían en limitar el derecho a huelga, apostar por pensiones semiprivadas y el desguace del sistema fiscal.

El Parlamento Europeo se encuentra estos días ultimando la composición de los grupos parlamentarios. La mayoría de los partidos repiten en los grupos de la anterior legislatura. Pero hay partidos nuevos, y algunos cambios en los viejos. 

Por ejemplo, Fidesz, el partido del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha sido suspendido por el Partido Popular Europeo, pero repite como integrante del Grupo Popular Europeo en la Eurocámara, lo que es un reflejo de la incapacidad de los partidos de extrema derecha de lograr configurar un único grupo que demostrara su músculo en negociaciones dentro del Parlamento. 

Así, los principales grupos derechistas seguirán siendo el ECR, grupo de los Conservadores y Reformistas, creado por el Partido Conservador británico –cuyos cuatro eurodiputados se irán con el Brexit– y que cuenta con el partido gobernante polaco, los ultraconservadores del PiS (Ley y Justicia), y el ENF, de Matteo Salvini y Marine Le Pen.

El PiS es un partido amigo de Vox, el que gestionó su acto sobre Catalunya en el Parlamento Europeo en vísperas electorales. Incluso Santiago Abascal y otros dirigentes de Vox visitaron a la cúpula del PiS en Polonia en abril.

Pero en el ECR también está la N-VA, el partido nacionalista flamenco, aliado de Carles Puigdemont y primer partido belga en votos y escaños. Hace semanas, cuando las encuestas auguraban un mejor resultado para Vox, en Bruselas se manejaba la hipótesis de que el ECR expulsara a la N-VA como exigencia de Vox para integrarse en sus filas. Sin embargo, la N-VA ha sacado 3 eurodiputados, los mismos que Vox, y duplica en porcentaje de voto a los de Abascal. 

¿Compartirá Vox espacio en el Parlamento Europeo con los principales aliados de Puigdemont en Bélgica? Seguramente este miércoles se despejarán las dudas.

La otra alternativa es el grupo eminentemente de extrema derecha, el ENF, menos neoliberal que el ECR, y cuyos impulsores fueron la Lega, de Salvini; y Agrupación Nacional, de Marine Le Pen. Están negociando la incorporación a sus filas esta legislatura de la extrema derecha alemana, la AfD. A los que hay que sumar la irrupción de la extrema derecha belga, Vlaams Belang, con tres escaños, mundialmente famosos por sortear las leyes de igualdad de género haciendo dimitir a sus candidatas para colocar solo hombres.

La otra opción para Vox, que parece más descartada, es el EFDD, el grupo en el que estuvo la pasada legislatura el AfD y que formaron dos partidos que llegaron con fuerza en 2014: el M5S y UKIP. Nigel Farage ya no está en UKIP, sino en el Partido Brexit, que ha ganado las elecciones británicas con 29 escaños.

¿El problema? Que cuando se marche Farage tras el Brexit, el grupo puede desaparecer, en tanto que se necesitan al menos 25 escaños de al menos 7 países, cota a la que tendría difícil llegar el M5S sin Farage y sin AfD. Y permanecer como no inscritos en una Cámara de 751 escaños es el ostracismo –sin influencia, representación en los órganos del Parlamento y sin recursos del grupo parlamentario–.

¿Podría solucionar eso Vox? Habría que echar mano a la calculadora y quizá por los pelos. Pero, si así fuera, sería formar parte del grupo más reducido una vez producido el Brexit.

Quienes también están viendo en qué grupo se integran son Carles Puigdemont y Toni Comín. Después de que el partido ALDE expulsara a PDeCAT por iniciativa de Ciudadanos, todo indica que JxC no se integrará en ALDE en esta legislatura. ¿Alternativas? Ir con sus socios de Gobierno en Catalunya, ERC, al grupo ALE, confederado de los Verdes –Greens/EFA–, donde también estuvo el BNG en la última legislatura. 

ALE eligió a Oriol Junqueras como su spintzenkandidat para la Comisión Europea, pero no parece claro que ERC quiera facilitar la entrada de Puigdemont y Comín a su grupo en caso de que finalmente puedan tomar posesión de su acta. 

Una historia de periodistas. 10 jun 2019 18:50:37.eldiario.es - eldiario.es.

Tenemos novedades del caso Cifuentes, de uno de los flecos que queda de él: la querella que la expresidenta de la Comunidad de Madrid presentó contra Raquel Ejerique y contra mí por el delito de "revelación de secretos" en su tipo agravado, que contempla penas de hasta cinco años de prisión. La primera: que el juez que llevaba esa querella se ha jubilado. La segunda: que nuestros abogados han solicitado el sobreseimiento de este proceso penal, en el que estamos inmersos desde hace casi un año. La tercera: que el nuevo juez que ha heredado el caso, tras la jubilación del anterior, por ahora sigue adelante. Otro de los imputados ha pedido la nulidad y el juez la ha rechazado. Ejerique y yo seguimos imputados. No sabemos aún qué desenlace tendrá.

Hay una cuarta novedad, una más agradable que nuestras miserias judiciales. Acabamos de estrenar un interesante podcast. Se llama 'Máster' y tiene cinco capítulos en los que explicamos los entresijos de nuestra investigación sobre este título regalado a la expresidenta de Madrid. Lo ha producido Toni Garrido y lo dirige Álvaro de Cózar, el mismo equipo que antes hizo el premiado podcast 'V, las cloacas del Estado', sobre el comisario Villarejo.

En 'Máster' no contamos lo que todos ya sabéis: que a Cifuentes le regalaron un título en una universidad pública con notas falsificadas. Es otra historia, una de periodistas. Es un documental radiofónico sobre cómo fue la investigación: cómo llegamos a la información, cómo la contrastamos, cómo soportamos las presiones, cómo destapamos las mentiras de Cifuentes, cómo falsificaron un documento para tapar nuestra exclusiva… Cómo se vivieron esas semanas desde dentro de eldiario.es.

En el podcast, Raquel Ejerique y otros periodistas de eldiario.es recordamos cómo fueron esos días tan intensos. Difundimos algunos audios inéditos y desnudamos el trabajo periodístico de ese caso. La parte más épica y también nuestras dudas y miedos. Los momentos más difíciles que vivimos durante ese pulso con la expresidenta de la Comunidad de Madrid.

Hemos hecho este podcast porque el presupuesto no nos daba para una película, pero el objetivo es el mismo. Queríamos documentar la historia detrás de la historia, cómo fue el trabajo periodístico en eldiario.es y en otros medios sobre este caso, contar lo que hicimos bien y lo que hicimos mal en esos días, guardar ese relato en un soporte más duradero que nuestra memoria y que esa experiencia sirva para otros periodistas.

'Máster' también es un homenaje a nuestros socios y socias, a las decenas de miles de lectores que nos apoyáis. Sin vosotros, esta investigación habría sido imposible. Espero que os guste y os emocione tanto como me ha emocionado a mí.

Podéis escuchar 'Máster' aquí.

Ningún partido político estará en la cabecera de la manifestación en Madrid del Orgullo LGTBI. Así lo ha decidido la organización, que ha consensuado que serán activistas históricos del movimiento quienes estarán en la pancarta principal. La decisión se ha conocido en medio de la polémica por el veto a Ciudadanos y al PP por parte de COGAM, colectivo LGTBI de Madrid y organizador junto a la Federación Estatal de Lesbianas Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), que aunque en un principió aseguró que ninguna de las dos formaciones podría estar en la cabecera, finalmente concretará el veto en las carrozas. El motivo es que ninguno de los dos partidos ha firmado un compromiso que incluía, entre otras cosas, no pactar con Vox.

Tanto COGAM como la FELGTB han acordado que sean las y los activistas quienes encabecen la manifestación para conmemorar el 50 aniversario de Stonewall Inn, la revuelta que dio origen en Nueva York al Orgullo LGTBI. Sin embargo, el posicionamiento respecto al PP y Ciudadanos sigue en pie y la formación naranja no podrá llevar carroza en la marcha, tal y como ha hecho en los dos últimos años y como si harán Podemos y el PSOE. Los populares, por su parte, nunca lo han solicitado.

Los vetos llevan días revolucionando las redes sociales y han sembrado la polémica. Ciudadanos ha cargado contra los organizadores, a los que acusa de "obligar a firmar documentos políticos". Y es que el origen es un decálogo de compromisos con la comunidad LGTBI que ambas formaciones conservadoras se negaron a rubricar. El texto fue enviado por COGAM a todos los partidos el pasado 17 de mayo, día contra la LGTBIfobia, apuntando a que condicionaría su participación en la manifestación. Al menos, la de los líderes locales y regionales, puesto que es este colectivo el que se encarga de su gestión. El objetivo era que se adhirieran antes de las elecciones municipales y autonómicas del pasado 26 de mayo, algo que hicieron tanto el PSOE como Podemos y Más Madrid. PP y Ciudadanos nunca respondieron.

El listado cuenta con diez puntos, el primero es "no valerse de los votos de los partidos que defienden una ideología de extrema derecha para gobernar". Un requisito que, al no ejecutarse, implica el incumplimiento de todos los demás, según entiende COGAM. El resto son el "desarrollo y cumplimiento" de las leyes LGTBI autonómicas, implementar la PrEP -la pastilla que previene el VIH-, promover la educación en diversidad en las aulas y la lucha contra el acoso LGTBIfóbico, llevar a cabo políticas de acogida a las personas refugiadas LGTBI o la creación de un centro LGTBI en Madrid al estilo del que existe en Barcelona. Además, incluye el fomento de políticas para las personas mayores, promocionar la diversidad en el deporte y las acciones culturales y artísticas LGTBI.

"Entendemos que si no cumples el primer requisito, no puedes cumplir el resto. Estamos viendo a un partido, Vox, que directamente cuestiona nuestros derechos y los pone en juego. Negociar y pactar con ellos es la condición", explica Carmen García de Merlo, presidenta de COGAM, en referencia a las negociaciones a tres bandas entre el PP, Vox y Ciudadanos para llegar a pactos de gobierno. García de Merlo pone de ejemplo el acuerdo que llevó a Juan Manuel Moreno Bonilla a la presidencia de Andalucía y alude que los acuerdos "velados" también se incluyen en este requisito. Este mismo lunes, Ciudadanos ha decidido dar sus votos para que VOX entre en la Asamblea de Madrid a cambio de la presidencia.

El Orgullo, centrado en "frenar" a la extrema derecha

"No pueden estar quienes pactan con la homofobia", sentencia la presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), Uge Sangil, que alude a que la manifestación de este año, que se celebrará el próximo 6 de julio y recorrerá los kilómetros que separan Atocha de Colón, hará especial hincapié en la necesidad de "frenar" a la extrema derecha. Vox "está entrando en gobiernos autonómicos gracias a la mano que le están tendiendo los partidos conservadores mayoritarios", señala Sangil.

Tanto PP como Ciudadanos podrán acudir a la manifestación, como todas las personas, colectivos y partidos políticos que así lo deseen, pero para la organización es "incoherente" tener un papel protagonista en la marcha "que grita 'Ni un paso atrás' y simboliza la libertad y la igualdad de derechos del colectivo" mientras "se empodera a aquellos que quieren volver a privarnos de los pocos derechos", ejemplifica la presidenta. Vox ha defendido en varias ocasiones la derogación de las leyes LGTBI autonómicas, Santiago Abascal ha asegurado que cambiaría el nombre del matrimonio igualitario si tuviera oportunidad y la candidata a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha llegado a hablar de que a los menores se les enseña zoofilia en los talleres LGTBI que se llevan a cabo en las aulas y que ha tachado de "adoctrinadores".

Preguntada sobre el veto, la responsable de Mujer y LGTBI de Ciudadanos, Patricia Reyes, apunta a que el partido estaba gestionando la carroza con la que pretendía acudir cuando COGAM le conminó a firmar el documento "de un día para otro" para tener una. "Hay una parte que habla de que el partido político que lo firme no puede valerse de los votos de la 'extrema derecha' —que también tendrían que definir que es para ellos la extrema derecha— para poder gobernar. Y eso no nos pareció bien", explica.

Reyes alude a que a la formación naranja no le pueden "reprochar nada en cuanto a la defensa de los derechos del colectivo LGTBI" y asegura que acudirán a la marcha "como todos los años", caminando y con sus propias pancartas. "Si ellos defienden a las personas tendremos que hablar de propuestas a favor del colectivo, no de vetar a un partido", opina la dirigente.

El PP, vetado el año pasado

No obstante, impedir que un partido político participe en algún espacio simbólico de la manifestación no es una novedad. Así, en 2018 la organización del Orgullo decidió no invitar al PP después de que un año antes la formación se hubiera comprometido a apoyar la Ley LGTBI que poco después iniciaría el trámite en el Congreso y posteriormente se abstuviera en la toma en consideración. La FELGTB exigió a los populares que suscribieran el acuerdo en 2017, cuando se celebró en Madrid el World Pride, para ir en la pancarta principal, en la que participó Andrea Levy y Javier Maroto. Era la primera vez que el Orgullo LGTBI invitaba al PP.

Sin embargo, unos meses después el Grupo Popular no apoyó la norma e incluso presentó una enmienda a la totalidad que fue rechazada por el pleno y que la vaciaba de contenido. Por ello, en 2018, la organización del Orgullo concluyó que no invitaría a ningún líder popular. Por parte de Ciudadanos acudieron entonces Albert Rivera, Begoña Villacís e Ignacio Aguado junto a políticos de otras formaciones como Iñigo Errejón y Sofía Castañón (Podemos), Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, y la entonces titular de Sanidad, Carmen Montón.

En esta ocasión, el Orgullo quiere dar prioridad a las activistas históricas, entre ellas Boti G. Rodrigo, Jordi Petit, Carla Antonelli o Beatriz Gimeno, que aunque sean políticas acudirán a título individual y en reconocimiento a su trayectoria en defensa de los derechos LGTBI. "Este año queremos que todo el protagonismo recaiga sobre las personas que fueron pioneras", ha zanjado Sangil.

El 10 de junio de 2019 será un día señalado en negro en el calendario de la violencia machista. Este lunes un hombre de 48 años asesinaba a su pareja, una mujer de 28 años en Alboraia (Valencia). El caso se añade en el contador que se puso a funcionar en 2003 y arroja un número redondo: mil mujeres han sido asesinadas por violencia de género en los últimos dieciséis años. Dicho de otra manera, mil hombres han matado a sus parejas o exparejas desde 2003, el año en el que la administración empezó a contabilizar los asesinatos. 

El último caso confirmado por la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género sucedió el pasado 3 de junio en Córdoba. Allí, un hombre mataba a una mujer de 50 años. Era la víctima mortal número 23 de este año y 998 desde 2003. Desde ese día, dos hombres han matado a sus parejas: aunque la Delegación no los ha confirmado como violencia de género, es la principal hipótesis de los dos casos; el último, el de Alboraia.

En 607 ocasiones, el agresor era la pareja actual de la víctima en el momento de la agresión. En las 393 restantes, era la expareja o estaba en fase de separación.

"Frente a esta corriente negacionista que ha cobrado fuerza, esta cifra tremenda en un país como España en el que la tasa de homicidios es baja habla de la realidad del componente de género y de una violencia que es estructural e inherente a la desigualdad entre mujeres y hombres. Una mujer tiene más probabilidad de ser asesinada por su pareja o expareja que en ningún otro ámbito", afirma la presidenta de abogadas Themis, María Ángeles Jaime de Pablo. 

El forense y experto en violencia de género Miguel Lorente subraya la normalidad con la que aún sucede la violencia de género. "Es una violencia que nace desde la normalidad, de ese vecino, amigo o pareja que acaba asesinando a una mujer. Hay que cuestionar siempre la violencia machista, no solo cuando el resultado es mortal", dice. Los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) muestran como el porcentaje de población que nombra la violencia de género como una de sus principales preocupaciones oscila entre apenas un 1% y un 3%.

Los datos muestran que la mayoría de mujeres asesinadas no denunciaron. "La denuncia protege. Aún así hay un porcentaje de mujeres que han sido asesinadas después de denunciar y eso es un fracaso del sistema. No se supo valorar bien el riesgo, no se las protegió", prosigue Lorente.

Jaime de Pablo subraya que las que no denunciaron también representan el fracaso del sistema: "Significa que no hemos llegado a ellas, que después del machaque de la violencia no tienen confianza en el sistema, en que interponer una denuncia las vaya a proteger o en que se vayan a poner recursos para que salga de ahí". De las 1.000 mujeres asesinadas desde 2003, solo existía denuncia previa en 209 ocasiones.

El miedo, la dificultad de reconocerse como víctima, de romper el círculo de dependencia creado por los agresores, la carencia de medios económicos propios o las incertidumbres que aún arrojan los procesos judiciales propician que muchas mujeres no denuncien. Precisamente, el Pacto de Estado contra la violencia machista contiene una medida que ya están poniendo en marcha las administraciones: que baste la acreditación de los servicios sociales o de los médicos para que una mujer sea considerada víctima y pueda recibir ayuda o acudir a los recursos públicos.

No están todas

La cifra de mil asesinatos machistas recoge solo los casos en los que un hombre ha matado a su pareja o expareja (tal y como estipula la Ley de Violencia de Género), pero deja fuera otros, como los crímenes sexuales. Casos como los de Diana Quer o Laura Luelmo, que fueron asesinadas por hombres que presuntamente las atacaron sexualmente, quedan fuera de esta estadística. Sus casos, de hecho, se han convertido en el emblema de la reivindicación feminista para que el concepto de violencia machista se amplíe.

También quedan fuera ataques como el de este domingo noche en Aranjuez. Un hombre asesinaba a una hermana de su expareja y hería a otra y a su exsuegra. De confirmarse que el móvil era la violencia de género (dañar a la mujer con la que tenía una relación), los casos serían considerados violencia doméstica pero no machista. En 2015, Sergio Morate asesinó a Marina Okarynska, de 24 años, con la que había mantenido una relación, y a Laura del Hoyo, de 26 años, una amiga que había ido a acompañarla para recoger sus pertenencias del piso. El primer crimen fue considerado y contabilizado como violencia de género; no así el segundo.

créditos

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