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created: 22 mar 2015 21:42:28 UTC ~ updated: 19 ene 2020 18:13:06 UTC ~ rssv2 ~ TTL 10 min. ~ es

El hilo del 15M, la PAH, Gamonal, el 8 de marzo y los pensionistas. El hilo de la marea blanca, la verde y la naranja. El hilo que ha tejido una "década de la esperanza" sintetizada en el "sí, se puede", lema entonado para frenar desahucios y para alumbrar Podemos en 2014. Ese "sí, se puede", ese hilo, ha asegurado Pablo Iglesias este sábado en la tribuna del Congreso, es el que va a traducirse en políticas públicas tras el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para el primer Gobierno de coalición en 80 años en España.

Pablo Iglesias ha arrancado este sábado su discurso en la sesión de investidura de Pedro Sánchez con varios agradecimientos. En primer lugar, al discurso del candidato socialista, y ha señalado los dos principales objetivos del primer Gobierno de coalición de la historia democrática reciente: "Los avances sociales y democráticos". En segundo lugar, Iglesias ha saludado al grupo confederal de Unidas Podemos, por su "perseverancia y apoyo". "Las cosas no salen a la primera", ha dicho en referencia a las negociaciones fallidas de julio.

Iglesias también ha tenido en su discurso un recuerdo para los muñidores del acuerdo: María Jesús Montero, Pablo Echenique, Félix Bolaños, Ione Belarra,  "que han ilusionado a millones de compatriotas".

Por último, Iglesias ha dado las gracias a la sociedad civil y los movimientos sociales: "El acuerdo es más mérito de ellas y de ellos que de cualquier partido político, son los verdaderos arquitectos de este acuerdo". Y, frente a las presiones para que el Gobierno no salga adelante "de grupos financieros, poderes económicos y sus brazos mediáticos", Iglesias ha considerado "necesaria" la crítica de los movimientos sociales "para hacer las cosas bien".

El líder de Unidas Podemos ha contrapuesto "una década perdida" por la "corrupción, los recortes sociales, de derechos y libertades" unido al "conflicto territorial agrandado por la gestión de la derecha", con la "década de la esperanza", jalonada por el 15M, las mareas por los servicios públicos, los movimientos feministas y de los pensionistas que llevan "el sí se puede' a políticas de Gobierno".

Ante esas dos caras de la década, Iglesias ha defendido el programa acordado con el PSOE: "Combina la experiencia del PSOE con la valentía de Unidas Podemos, junto con la reconstrucción de derechos y libertadas arrebatadas a los ciudadanos y la conquista de nuevos derechos". Y ha señalado que, de esta manera, España se convierte en un "referente" en "Europa y el mundo por la justicia social y como vacuna ante la extrema derecha. La justicia social es la mejor vacuna frente a la extrema derecha".

En su intervención, el líder de Unidas Podemos se ha dirigido directamente a la bancada de la "derecha, la extrema derecha y la ultra-ultra derecha".

"Sólo aceptan la democracia y las instituciones cuando mandan ustedes", ha afirmado, a la vez que le ha recomendado "más Pérez Galdós y menos Pérez Reverte" a Pablo Casado. Y a Abascal le ha afeado "chupar del frasco de Esperanza Aguirre" tras hablar del "leviatán" del acuerdo de coalición.

"Cuando hay una mayoría parlamentaria diferente", ha dicho Iglesias, "quieren usar todos los medios para oposición, y esperamos que sean medios legales".

Y les ha recordado su oposición histórica a la "Constitución del 78 –con votos en contra de AP y polimilis– , los derechos de las mujeres, de los trabajadores, que las lesbianas y gays se puedan casar... ¿Se imagina señor Maroto que no se hubiera podido usted casar con quien hubiera querido? Y ahora con la lucha contra el cambio climático".

Pablo Iglesias ha insistido: "Ustedes repiten la España porque no la entienden. Este Congreso recoge la pluralidad de nuestra patria, no entienden la diversidad de nuestra patria, desprecian la mayoría parlamentaria. Al despreciar el Parlamento, desprecian a España". Y ha recordado que ese discurso de la "antiEspaña" retrotrae a la dictadura, cuando "se asesinó a millares de españoles; se mandó a la División Azul a combatir junto a Hitler y que destruyó nuestra democracia".

"Su partido fue fundado por seis ministros de la dictadura", le ha dicho Iglesias a Casado, "pero hay que dar las gracias a esa gente que cambió de chaqueta". Así, Iglesias pidió a las bancadas de la derecha: "No vuelvan a su ideología totalitaria original, la democracia española les pondrá en su sitio". Y les señaló sus pecados: "Traicionar a España es atacar los derechos de los trabajadores, regalar dinero público a los bancos, privatizar los servicios públicos, vender viviendas públicas a fondos buitre, robar a manos llenas y financiarse ilegalmente campañas electorales".

Así, el líder de Unidas Podemos anunció que las tareas del próximo gobierno serán "reparar las traiciones a España". Y recordó cuando en un acto de partido, Angela Merkel, rechazó una bandera alemana porque no "ningún partido puede arrogársela". A continuación, Iglesias pidió la misma "responsabilidad de Estado. Antes que españoles, son reaccionarios".

Después de las palabras dedicadas a los representantes de las derechas, Iglesias se ha dirigido a los independentistas: "Querría convencerles de que dejen de serlo dialogando, para hacer juntos un país diverso en el que quepan diferentes naciones y empujar el republicanismo. No soy ingenuo, seguirán siendo independentistas y es legítimo en democracia. Pero creo que hay valores democráticos y sociales compartidos que nos sirven para afrontar democráticamente los conflictos políticos y para mejorar la vida de la gente, independientemente de su bandera. Y quienes nos han votado quieren que en estas cosas nos podamos entender".

Pero Iglesias también se ha dirigido a los independentistas "en prisión y en el exilio" pasando. El líder de Unidas Podemos ha reconocido que conoce a "muchos de ellos", con los que tiene "grandes diferencias" pero mantienen "profundas convicciones democráticas", y a los que ha querido "dar las gracias desde la tribuna" por "no haber dejado de defender el diálogo como vía para el acuerdo desde la cárcel. Hagamos política".

"El próximo Gobierno tendrá muchos enemigos", ha afirmado Iglesias, "tendrá poderes económicos, financieros y sus brazos mediáticos atacarán al próximo Gobierno, y habrá algunos togados que pondrán su ideología reaccionaria por delante del derecho. El próximo Gobierno deberá defender la democracia con la ley, con la ley, con la ley y con la ley".

Para terminar, Iglesias ha recordado unos versos de La Patria Grande, de Antonio Machado. En ellos, Juan de Marine les dice a sus discípulos, Machado:

"La patria es, en España, un sentimiento esencialmente popular, del cual suelen jactarse los señoritos. En los trances más duros, los señoritos la invocan y la venden, el pueblo la compra con su sangre y no la mienta siquiera". 

Y se ha dirigido a Pedro Sánchez, quien estará "al frente de una coalición progresista histórica": "Es un honor caminar con vosotros. Sí, se puede. Adelante, presidente".

Asens: "Hay que ir más lejos que nunca"

"Hay que ir más lejos de lo que nunca se ha llegado, lo que nunca ha sucedido no envejece. Será fundamental tener cintura, estar atentos a los matices, aprender que gobernar es gestionar las contradicciones", ha dicho el portavoz de los comunes, Jaume Asens: "La situación es excepcional y hay que arriesgarse con responsabilidad por el momento histórico que vivimos. Nosotros saltamos con una activista de la PAH y con un profesor de universidad que será vicepresidente del Gobierno. Muchas gracias, Pablo".

"Habrá muchos enemigos, pero no hay que atemorizarse", ha insistido Asens: "Ya lo vivimos en Barcelona, decían que saldría azufre de las alcantarillas. Y demostramos que era posible gobernar de otro modo, ser líderes en inversión social sin deuda, que era posible. Y también podremos demostrarlo en el Gobierno de España. Es verdad que traemos frescura, pero también venimos de lejos". 

Asens ha reconocido sus herencias políticas: "Se lo debemos a todos ellos, a los movimientos sociales, está en juego los derechos conquistados. A la extrema derecha se la gana gobernando para la gente y por el bien común, se la gana trabajando por la fraternidad y la solidaridad entre los pueblos".

"Por eso, muchas gracias a todas las formaciones que han entendido que no se puede gobernar a espaldas de la plurinacionalidad de España", ha afirmado Asens.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, se ha estrenado este sábado como líder de la tercera fuerza de la oposición. En su intervención ha cargado duramente contra el candidato Pedro Sánchez al que ha acusado de ser "un fraude, un mentiroso, un estafador, un personaje sin escrúpulos".

Ha continuado en ese tono, para asegurar que el candidato socialista “ha cometido el mayor fraude electoral de la democracia" porque ha pactando "con quien dijo que no iba a pactar”. “Hemos oído a un charlatán cuyas palabras tienen el mismo valor que un estafador profesional”, ha incidido.

Abascal ha iniciado su intervención cargando contra el president de la Generalitat de Catalunya, después de que el viernes la Junta Electoral Central le haya inhabilitado. “Quim Torra debe ser detenido”, ha incidido, para reseñar posteriormente que están afrontando “un debate de investidura en circunstancia excepcionales” porque el Gobierno autonómico está en “absoluta rebeldía”. “En España no hay ley por las necesidades de la investidura del señor Sánchez”, ha incidido el presidente de Vox, para cargar contra el candidato socialista.

El líder de la formación de extrema derecha ha respaldado que se pronunciarán en contra de la candidatura de Sánchez. “Votaremos no a esta investidura clandestina, a esta emboscada a la constitución que se está perpretrando en las Cortes Generales”, ha continuado.

Ante la primera intervención de Sánchez, Iván Espinosa de los Monteros, portavoz del grupo parlamentario, ha acusado al PSOE de "retomar el discurso marxista y casi leninista". En su intervención ante los medios, este diputado ha cargado contra el líder socialista, de quien ha dicho que ha "traicionado" lo que ha defendido en los últimos meses y años. "Todo lo que ha dicho es una burda mentira", ha insistido Espinosa de los Monteros. "Lo más grave no es la economía sino la ruptura de España", ha remarcado.

Señora Presidenta, señoras y señores diputados, Buenos días.
No se va a romper España, no se va a romper la Constitución. Aquí lo que se va a romper es el bloqueo al Gobierno progresista democráticamente elegido por los españoles.

Comparezco ante este Congreso de los Diputados, en virtud de lo dispuesto en el artículo 99 de la Constitución, al objeto de obtener la confianza mayoritaria de la Cámara para ser investido Presidente del Gobierno.

Antes de exponer el programa de gobierno, quiero hacer dos reflexiones de partida. 

Una de carácter personal: el honor que representa para mí, como demócrata, como ciudadano y como español, tener la ocasión de obtener la confianza de la Cámara y de poder dirigirme a la Nación desde esta tribuna.

Otra de carácter político, directamente vinculada a lo que este momento representa: el punto de partida de un nuevo tiempo para España, en el que todos los aquí presentes estamos llamados a participar.

Unidos a estos sentimientos, permítanme transmitir un agradecimiento sincero.

En primer lugar, al conjunto de la ciudadanía, por su paciencia; y por su compromiso con la democracia. Los datos de participación en todas las citas electorales en el año pasado, evidencia la extraordinaria fortaleza de nuestra democracia.

En segundo lugar, un agradecimiento a mi partido, el Partido Socialista Obrero Español. Gracias, compañeros y compañeras, por la enorme confianza que depositáis en mí. Es un honor para mí representar en vuestro nombre a una fuerza política que representa también la historia viva de España.

Señorías, El pasado 10 de noviembre, los españoles fueron de nuevo a las urnas. Y señalaron una preferencia clara: situaron al Partido Socialista como primera fuerza a gran distancia de la siguiente.

No era ni mucho menos la primera vez que los ciudadanos eran convocados a las urnas. Nada menos que cinco veces han votado en el último año, y en las cinco elecciones han dado una mayoría clara al Partido Socialista. 

No solo el PSOE es la fuerza más votada, y por ello quien tiene mayor número de representantes. Con los resultados de las últimas elecciones, y una vez manifestada la posición de cada formación, no cabía otra mayoría como la que hoy vamos a presentar. Aunque ya hemos visto que sí puede haber una mayoría de bloqueo suficiente para impedir que se forme cualquier gobierno.

Pero las elecciones arrojaron también, Señorías, otro resultado sobresaliente: los españoles, al elegir a sus representantes, repartieron sus preferencias entre 19 fuerzas políticas diferentes. El mayor número de partidos representados en la Cámara Baja desde el inicio de nuestra democracia.

Esa es la voluntad de los españoles y nos corresponde a nosotros, a todos nosotros, traducirla en Gobierno. Insisto, no somos nosotros quienes hemos decidido la conformación de esta Cámara, han sido con su voto los españoles. Y a nosotros nos corresponde traducir su voluntad en Gobierno y no en bloqueo.

Nuestra Constitución atribuye a las Cortes la función de representar a la ciudadanía, porque es en ellas donde reside la soberanía de la Nación. Pero también demanda de ellas algo más: la misión de formar un Gobierno que ejerza la función ejecutiva y dirija la política interior y exterior de nuestra nación.

No hay Gobierno sin Parlamento; pero tampoco puede haber un Parlamento que funcione indefinidamente sin un Gobierno. Para funcionar plenamente, el mecanismo de la democracia necesita de todas sus piezas.

Por esa razón acepté el encargo del Jefe del Estado, y por esa razón comparezco ante ustedes con la esperanza de obtener la confianza mayoritaria de esta Cámara.

Señorías, Represento a un partido que tiene 140 años de vida. Nació cuando en España solo tenía derecho a votar el 3% de la población porque para ejercer el derecho al voto se requería en primer lugar ser hombre y en segundo lugar ser una persona pudiente.

En las elecciones que se celebraron hace 140 años, el PSOE no obtuvo, lógicamente, ningún representante. Ni uno sólo. Y, sin embargo, un siglo después, al restablecerse la democracia, ha gobernado España en más de la mitad de las últimas cuatro décadas.

Cuando un partido, o cualquier otra institución humana, perdura de forma tan prolongada a través del tiempo, suele significar dos cosas: en primer lugar, significa que su existencia hunde sus raíces en sentimientos y aspiraciones profundas de la sociedad; que no es un accidente ni un producto de las circunstancias pasajeras, sino que da voz a los deseos de millones de españoles y españolas.

Pero esta longevidad del PSOE tiene un segundo significado. El Partido en cuyo nombre les hablo es una institución que ha superado desde sus inicios las más diversas situaciones, propicias y también adversas. Nació sin otro apoyo que el impulso de dos docenas de trabajadores y profesionales que aportaban cada mes 50 céntimos de su salario para su sostenimiento. Ha predicado en el desierto hasta extender su organización y su influencia a todos los rincones de España; ha sobrevivido a la persecución y al exilio. Es un partido que no se rinde; que no desfallece. Es un partido que ha conocido todo tipo de situaciones y las ha encarado todas con ánimo de superación.

El PSOE es, como dicen sus siglas y acredita su historia, un partido español, formado por compatriotas, que, con aciertos y errores, ha contribuido y contribuye a mejorar la vida de nuestra sociedad. Se equivocan muy gravemente quienes, desde los bancos de la derecha, ponen en duda el compromiso de la izquierda con España. Por eso les pido a todos desde aquí el mismo respeto que reciban de nosotros, porque el respeto a la pluralidad es también un mecanismo esencial de la democracia. Y el PSOE lo ha representado a lo largo de toda su historia, que es la historia de España.

Señorías, la voluntad soberana de los españoles ha dibujado un mapa político sumamente fragmentado que convierte en un reto la configuración de las mayorías y, por tanto, la constitución del Gobierno, incluso con las zancadillas que estamos viendo en las últimas horas por arte de la bancada de la derecha.

Hay dos formas de encarar esa situación: una es la cómoda, y consiste en refugiarse en la pureza de las creencias propias, en inhibirse, en evitar correr cualquier riesgo y en esperar que sean otros quienes aporten la solución. No es la nuestra, no es la que corresponde a nuestra historia y a nuestra cultura.

Nuestra opción pasa por asumir la realidad parlamentaria salida de las urnas y construir con ella una solución.

Ese ha sido nuestro empeño tras las elecciones del 10 de noviembre: alcanzar la mejor solución que puede darse y lograrse bajo las circunstancias del aquí y el ahora, y de acuerdo con los principios progresistas que caracterizan a una formación progresista como es el PSOE.

Y en ello hemos puesto nuestro empeño: Primero, y en un plazo de 48 horas, alcanzamos un preacuerdo para constituir una coalición progresista con Unidas Podemos, a quienes agradezco su apoyo.

Es cierto que hubiésemos preferido formar un Gobierno socialista integrado por socialistas y enriquecido por independientes de prestigio. Es verdad también que nos abrimos en julio a un gobierno de coalición con Unidas Podemos. Y es cierto, por último, que esa negociación no fructificó, como todo el mundo sabe.

Sirve de poco señalar culpas. Es más útil volver a intentarlo sobre nuevas bases que aseguren las dos condiciones que dificultaron el entendimiento meses atrás: el principio de cohesión y el principio de idoneidad.

Eso hicimos porque eso es lo que nos pidieron los españoles y las españolas el 10 de noviembre. Eso hicimos y acordamos lo que no había sido posible meses antes: unir nuestras fuerzas en un gobierno de coalición progresista que funcionará como un gobierno unido, pues —cito el acuerdo— “se regirá por los principios de cohesión, lealtad y solidaridad gubernamental, así como por el de idoneidad en el desempeño de las funciones”.

A partir de ahí hemos trabajado para sumar a este acuerdo las fuerzas de otras formaciones hasta alcanzar la cifra crítica que permita la constitución de un Gobierno que eche a andar la legislatura. Y en esa situación comparezco ante ustedes para solicitar su apoyo.

Los españoles han votado en uno u otro sentido; pero han votado Gobierno, no han votado bloqueo ni parálisis. Y nuestra obligación es buscar la mejor solución que pueda lograrse aquí y ahora.

Todas las soluciones son respetables. No lo es la falta de solución.

Por eso quiero dejar constancia de mi pesar por la conducta de las fuerzas de la derecha democrática al negarse a prestar la menor contribución a la gobernabilidad de España.

Menos aún se entiende que agiten los peores presagios sobre el porvenir de España y a la vez se nieguen a evitarlos. No comparto ni remotamente sus terrores. Pero si son sentidos y no fingidos no alcanzo a entender cómo es posible que no muevan un dedo por evitar que sucedan. Al concluir estas sesiones de investidura se producirá un voto. Y ese voto expresará tres posturas: - De un lado, se perfilará la España que avanza, que trasciende sus diferencias y se une para avanzar formando una coalición de progreso, diálogo y justicia social. - En medio, quienes no quieren sumarse a ese avance, pero al menos no lo impiden con su abstención. - Y de otro lado, una coalición curiosa y variopinta, en la que figuran desde la derecha hasta la ultraderecha hasta quienes se dicen antisistema y también los nacionalismos más intransigentes de uno u otro signo. Es, en definitiva, la España que bloquea sin alternativa, sin solución, sin horizonte, sin respuesta. Solo ‘no’.

Señora Presidenta, Señorías, En resumen. Del mapa de este Parlamento pueden sacarse varias conclusiones. Primera, que los españoles han señalado al PSOE como primera fuerza, no una sino cinco veces a lo largo de 2019: quieren, por tanto, un Gobierno progresista liderado por el Partido Socialista.

Segunda, que los españoles y las españolas han distribuido con equilibrio su voto y han otorgado a las derechas una representación significativa. Por tanto, quieren acuerdos amplios, transversales, que rompan la lógica estéril de los bloques y que ofrezcan el futuro de concordia que necesita y demanda España.

Y tercera, que los españoles han ampliado su representación en un buen número de formaciones de carácter territorial. Por tanto: quieren que superemos las tensiones territoriales que arrastra nuestro país y en particular que superemos el conflicto político que desde hace demasiado tiempo erosiona Cataluña y enturbia las relaciones entre Cataluña y España.

Y justamente esos serán los objetivos de la Coalición Progresista: gobernar con una mirada progresista; alcanzar acuerdos amplios y transversales en los asuntos de Estado; y reducir mediante la política y el diálogo la tensión territorial y comenzar a superar el contencioso político catalán.

Me presento ante esta Cámara, por tanto, con un plan de Gobierno progresista que aúna la voluntad de avanzar del PSOE y de Unidas Podemos, pero que está abierto a la colaboración de todas aquellas fuerzas parlamentarias que apuesten por una solución de progreso a los desafíos que tenemos por delante.

Permítanme que describa la Coalición Progresista que me propongo encabezar por sus valores, por su actitud y por su método, para exponer seguidamente su programa de Gobierno. 

Comencemos por sus valores. ¿Cuáles son los valores que sustentarán esta Coalición Progresista?

En primer lugar, la justicia social, el propósito de recortar las desigualdades lacerantes que sufre buena parte de nuestra sociedad. En España hay más de doce millones de personas —es decir, una cuarta parte de nuestros compatriotas— que están en riesgo de pobreza o exclusión social.

La tasa de paro todavía es demasiado elevada (13,92% según la última EPA). Y entre los empleados hay trabajadores que soportan la precariedad laboral –sobre todo la gente joven- e incluso la pobreza: uno de cada 8 trabajadores está en riesgo de pobreza. En su mayoría, mujeres.

La pobreza infantil sigue en España entre las más elevadas de Europa: afecta a casi 3 de cada 10 niños y niñas, es decir, a más de dos millones de menores.

Soportamos uno de los índices de natalidad más bajos de Europa y el más bajo desde que se registran estadísticas en España. Eso refleja varias cosas, pero sobre todo las dificultades de los jóvenes para emanciparse, para encontrar un trabajo no precario y para desarrollar un proyecto de vida personal. Solo 19 de cada 100 jóvenes menores de 29 años se ha emancipado.

La desigualdad extrema es corrosiva para la convivencia y el progreso. Esa reducción de la desigualdad puede alcanzarse a través de la pre-distribución (es decir, mediante una elevación de los ingresos más bajos). Y así lo vamos a hacer. Y puede alcanzarse también mediante la redistribución, es decir a través de una fiscalidad justa y unos servicios sociales consecuentes. Y así lo haremos también desde la Coalición Progresista.

En segundo lugar, un proyecto progresista también se define por la defensa de los servicios públicos de la comunidad. Defendemos y defenderemos la economía social de mercado, tal como lo estipula la Constitución. Creemos que el mercado es esencial para la generación de riqueza social y de prosperidad.

Y entendemos que la persecución del interés personal forma parte de la naturaleza humana y es un estímulo poderoso también ara la prosperidad. Pero existen otros impulsos que también forman parte de la naturaleza humana como la generosidad, la solidaridad y la empatía.

Por eso, creemos en una economía social de mercado; pero no creemos en una sociedad de mercado. Porque no se puede entregar al mercado la salud, la seguridad, el porvenir, la vida de las personas.

Señorías, tanto como creemos en la iniciativa privada, creemos en los servicios públicos universales. Hablo, por ejemplo, de la educación. Hablo de la sanidad. Que han sufrido en la última década recortes que se han traducido en un deterioro que se plasma, por ejemplo, en el aumento de las listas de espera, en copagos o en la externalización de servicios públicos.

Hablo también de los servicios de Dependencia, tras ocho años de entrada en vigor de la Ley que los creaba, y que se resintió durante el gobierno de la anterior Administración conservadora, con un descenso del gasto público de 4.600 millones de euros.

Somos una comunidad, no un grupo de personas. En eso consiste el verdadero patriotismo, en el reconocimiento de un bien común y no solo en la identificación con los símbolos de todos. Es rotundamente falsa la concepción neoliberal para la que la sociedad no existe. Y que solo toma en cuenta a individuos y familias. Existimos como comunidad. Y es lo público lo que nos une, nos vincula y nos representa como sociedad. 

Es verdad que los símbolos son importantes para los seres humanos, pero lo son precisamente por aquello que simbolizan. España es la educación de nuestros hijos, las pensiones públicas de nuestros mayores, el cuidado sanitario público de nuestros familiares; España es el socorro de nuestros vecinos en las catástrofes; la comodidad de nuestros desplazamientos; la seguridad de nuestras calles; España es también los impuestos que pagamos solidariamente para costear todo ello. 

El dinero no está siempre mejor en el bolsillo de quien posee una fortuna. A menudo el dinero está mejor en las escuelas y en las bibliotecas que nos hacen más sabios, en los hospitales que nos mantienen más sanos, en las vías que nos comunican, en las pensiones que amparan nuestra vejez, en las comisarías y en los juzgados que garantizan los derechos y las libertades. 

Y quienes invocan a cada minuto el patriotismo, deberían prestar más atención a los bienes públicos que nos definen y representan como sociedad.

Eso es patriotismo y ese es el patriotismo social en el que se reconoce la Coalición Progresista que quiero encabezar y que comparte la inmensa mayoría de nuestro país.

En tercer lugar, el proyecto de la Coalición Progresista está indisolublemente unido a la libertad. La libertad frente a la intrusión arbitraria de las instituciones públicas y también frente a la interferencia interesada de quienes tienen más poder. 

La libertad no para hacer nuestro capricho, sino para no estar sometido al capricho de nadie; libertad para disponer plenamente del propio destino. Para expresarse, para asociarse, para vivir la vida de acuerdo con nuestros propios valores y creencias.

Una noción de la libertad incompatible con la ley mordaza –por ejemplo- o con el propósito de ilegalizar organizaciones o clausurar medios de comunicación.
Una libertad para vivir plenamente y para administrar con dignidad el fin de la propia vida.

Una libertad para realizarse sin sufrir discriminación y menos aún violencia por el hecho de ser mujer.

Una libertad para no soportar persecución ni postergación por la orientación sexual. 

Una libertad para no ser relegado por la raza o menospreciado por la procedencia.

Una libertad plena, incompatible con el machismo, con la homofobia, con la xenofobia o con el racismo.

Una noción plena y valiente de la libertad porque nunca ha habido nada tan opuesto a la valentía como atacar a las mujeres o a los menores; ni nada menos noble que perseguir a los diferentes.

Una noción de la libertad que se inspira en el humanismo, en la defensa del valor de la vida humana, y que no se detiene en nuestras fronteras, sino que se proyecta en socorro de quienes precisan del auxilio de España y de Europa.

Es cierto que no deberíamos estar dedicando a estos asuntos ni un solo minuto, porque han sido durante décadas bienes sociales conquistados y asumidos colectivamente como sociedad.

Pero por desgracia vivimos un tiempo doloroso en el que se vuelve a cuestionar algo tan elemental como los derechos humanos. Hay que volver a recordar a Bertolt Brecht cuando se preguntaba: “¿Qué tiempos son estos en los que vivimos, que tenemos que defender lo obvio?” Pues seguiremos defendiendo lo obvio todo el tiempo que haga falta, hasta devolver la intolerancia y el fanatismo a la irrelevancia. 

Así mismo, en el régimen político democrático, la libertad supone una implicación activa de la ciudadanía en el gobierno e implica también un control estricto de cualquier abuso por parte de los poderes públicos. Exige transparencia, limpieza y ejemplaridad.

Debemos combatir la desafección política ciudadana con ejercicios claros de transparencia, mecanismos estrictos de control y garantías en la rendición de cuentas. No hay ni habrá ninguna excusa, ninguna justificación, para ningún comportamiento irregular.


En cuarto lugar, Señorías, una Coalición Progresista debe construir la cohesión social a través de la cohesión territorial. Es evidente que en nuestro país no existe un único modo de vivir o de sentir la identidad nacional. Esta circunstancia no es nueva y era conocida por los constituyentes, que la plasmaron en el artículo 2 de nuestra Carta Magna.

Es también evidente que los sentimientos no pueden imponerse a la fuerza. La clave de la cohesión consiste precisamente en compatibilizar sentimientos diversos bajo unas mismas reglas de respeto.

Hoy existe en un sector amplio de la población catalana un sentimiento de agravio respecto de las instituciones centrales. Un sector amplio que no siente reconocida y respetada su personalidad.

Existe otro sector igualmente amplio de la población catalana que se siente ignorado y tratado injustamente por las instituciones de su propia tierra. Y existe, en otros puntos de España, un rechazo a las acusaciones que vierten algunos líderes independentistas sobre la España Constitucional. Yo me incluyo entre ellos. Y estos sentimientos pueden tener mayor o menor racionalidad, pero son innegables, existen.

Y son el resultado de la incapacidad política y el abandono de anteriores Gobiernos de la vía política para resolver un conflicto que es de naturaleza política. No sólo en el acomodo institucional de la diversidad de identidades que tiene nuestro país. Sino de debilidades y desgates acumulados de nuestro sistema autonómico que debemos corregir.

Esta es una crisis heredada, de la que ya advirtió el PSOE estando en la oposición. Y que asumimos con toda la lealtad constitucional y con toda la responsabilidad institucional, para devolver a la política un conflicto político. Permitiendo, con ello, dejar atrás la deriva judicial que tanto dolor y tanta fractura ha causado en buena parte de la ciudadanía catalana y española.

Hay que retomar la única vía posible: la política. La del diálogo, la negociación y el pacto. Amparado por nuestra Constitución.

Señorías, llevamos demasiados años consumiendo las energías colectivas en tensiones políticas que tienen que ver con la vertebración de nuestro modelo de convivencia.

Llevamos demasiado tiempo acumulando agravios. Demasiado tiempo en querellas, muchas de ellas estériles, que restan tiempo a los asuntos que podrían proporcionarnos a todos mayor prosperidad y progreso.

Ahora iniciamos 2020, un tiempo donde los desafíos se han vuelto más globales y las soberanías están más compartidas. La desigualdad, el proyecto común europeo, la lucha contra la emergencia climática, la resolución del problema de las migraciones, el combate contra el dumping y los paraísos fiscales, el combate contra el terrorismo internacional… nos sitúan en la era de la interdependencia.

Una de las secuelas de la pasada crisis económica fue el retorno de fórmulas de otro tiempo que permitieran recobrar la prosperidad perdida y librarse de las amenazas que se ciernen sobre los individuos en un mundo global. 

Pero esas fórmulas ya no son válidas en el mundo interdependiente que vivimos.
Sabemos que los sentimientos no se imponen ni se prohíben. Y que la solución no vendrá de la imposición de una percepción sobre la otra, sino de un cambio de ambas percepciones.

Así que lo que propongo a esta Cámara es recomenzar. Necesitamos recomenzar. Retomar nuestro diálogo político en el momento en que los caminos se separaron y las razones y los argumentos dejaron de escucharse. Retomar el diálogo en el punto en que los agravios comenzaron a acumularse.

Retomar la senda de la política, dejando atrás la judicialización del conflicto. Retomar la senda del diálogo, la negociación y el pacto porque es nuestra obligación. Se lo debemos a nuestros hijos y nietos, que merecen vivir en un país unido en su diversidad. No fracturado y confrontado.

Todos sabemos que es necesario el diálogo. Que el diálogo debe partir del reconocimiento del otro. De la atención a sus razones. Que no hay otra forma de resolver este contencioso. No hay otra vía que a través de un diálogo que se desarrolle dentro de la Ley. La ley por sí sola tampoco basta, y lo hemos visto. La Ley es la condición, el diálogo es el camino.

Si queremos comenzar a trabajar honestamente, partamos ya de esas dos premisas: abramos un diálogo honesto, amparado por la seguridad que otorga nuestro marco legal.

Tenemos la responsabilidad, todos los partidos presentes en esta Cámara, de arrimar el hombro para reconstruir la cohesión dañada durante más de una década. Y hacerlo en torno a una propuesta de España diversa que se enriquece en la pluralidad de sus identidades, lenguas, culturas y personas.

No resolveremos súbitamente un problema largamente larvado durante la última década. Pero podemos comenzar a resolverlo con paciencia y constancia, con templanza y responsabilidad, y con generosidad y empatía. Y yo les garantizo que la Coalición progresista trabajará con eso: con paciencia y constancia, con templanza y responsabilidad, y con generosidad y empatía.

Existe también otro problema territorial acaso menos agudo, pero mucho más extenso que tenemos que afrontar con igual esmero: el del reto demográfico. El de la España que se ha despoblado por la falta de atención. 

Porque cohesión territorial es trabajar por crear empleo para aquellos jóvenes del mundo rural que se vieron obligados a buscarse la vida en grandes ciudades o en el extranjero. Cohesión territorial es tener una política de infraestructuras que conecte oportunidades para que nadie se sienta abandonado por las administraciones públicas.

Nuestra obligación es llenar de soluciones a esa España interior que languidece ante la despoblación, el envejecimiento, el desmantelamiento de sus servicios públicos y el empobrecimiento de sus hogares. Y para ello, el Gobierno que aspiro a formar tomará todas las medidas que sean necesarias, como detallaré más adelante. Medidas que lógicamente contribuirán a perfeccionar el mejor modelo territorial de nuestra historia, que es el Estado autonómico.

Señora Presidenta, Señorías, estos son los 4 valores cardinales que definirán la orientación de la Coalición Progresista: justicia social, defensa de los servicios públicos, libertad y cohesión y diálogo territorial.

Si estos son los valores de la Coalición Progresista, ¿cuál será su actitud? Respondo sin dudar: pretendemos gobernar para todos los españoles, sean cuales sean sus ideas y fuera cual fuere su voto. Y pretendemos hacerlo además a través del diálogo.

La política no puede ser un tapón de la vitalidad de un país que quiere avanzar. 

Y esa sociedad nos lo reclama a todos. A las fuerzas progresistas, en primer lugar, porque ese ha sido el sentir mayoritario de su voto. Pero también se lo pide a las fuerzas de las derechas, que representan a un número elevado de ciudadanos. Y también a los partidos regionales y nacionalistas.

Sería un gran error ignorar ese mandato. No reconocer el resultado de las elecciones y negarnos unos a otros la legitimidad, como en algunas ocasiones escuchamos a la bancada de la derecha.

Todos tenemos la plena legitimidad democrática. Estamos aquí por eso. Con posiciones diferentes, a veces antagónicas. Pero con posiciones, al fin y al cabo, que representan a una parte de la ciudadanía española.

Esa ciudadanía podría llegar a entender que no alcancemos acuerdos, pero no podría entender jamás que ni siquiera lo intentemos, alegando que los puntos de partida de cada uno son muy distantes.

Justamente porque partimos de puntos distantes necesitamos más que nunca este Parlamento. Necesitamos más que nunca sentarnos a hablar. Precisamos por eso necesitamos más que nunca diálogo.

Nuestras orientaciones difieren, pero los problemas que padecemos son los mismos.

La contaminación y el cambio climático no hacen distinción entre izquierdas y derechas; ni siquiera distingue entre quienes creen o no creen en sus efectos. Por eso, es necesario un Pacto para reducir las emisiones de CO2 y que establezca, entre otras cuestiones, la obligatoriedad de zonas urbanas libres de emisiones en todos los municipios de más de 50.000 habitantes.

De la educación, la cultura, la ciencia y la investigación depende en buena medida el futuro de nuestro país. Y el signo de ese futuro no hará distinciones entre progresistas y conservadores. Por eso, es necesario un pacto que garantice la inversión educativa al final de la legislatura en el 5% del PIB anual.

La vejez es algo que nos alcanzará a todos y no hace distinción tampoco entre izquierda o derecha. Por eso es necesaria una renovación del Pacto de Toledo, por eso es necesaria la revalorización de las pensiones conforme al coste de la vida y por eso es necesaria también la sostenibilidad del sistema público de pensiones.

Tenemos la oportunidad de probar a los ciudadanos que somos capaces de articular mayorías amplias para resolver problemas capitales. Devolvámosles la fe en la política. Demos prueba de que, por encima de nuestras particularidades y diferencias, hay una voluntad de entendimiento por el bien de España.

Desde el Gobierno no pediremos a nadie que renuncie a sus principios, no lo vamos a hacer. Sólo les vamos a pedir que renuncie a su sectarismo.

En años pasados fue muy criticada por estéril la lógica bipartidista que reducía la vida política a una dialéctica de dos grandes partidos. Aún sería peor que cayéramos en una dialéctica de dos bloques cerrados y herméticos. España necesita que se rompan los bloqueos. España necesita que hagamos cosas que hasta hace poco no éramos capaces de hacer.

Y así trataremos de hacerlo desde el Gobierno. No tenemos enemigos personales en esta Cámara, créanme, y nos esforzaremos por dialogar con todos. Evitaremos el insulto y el exabrupto. Creemos que en democracia la palabra es el instrumento de persuasión más poderoso.

Nuestros enemigos son la injusticia, el odio y el fanatismo.

El único sentido de un cordón sanitario es evitar el acceso de las ideas extremistas a posiciones de poder desde la que puedan dañar la convivencia. Por eso, cualquier cordón sanitario que se establezca no se dirigirá a las personas, se dirigirá a las ideas.

Por tanto, Señora presidenta, Señorías: valores progresistas; y actitud de diálogo; y en cuanto al método, permítanme que lo resuma en pocas palabras: será un Gobierno activo, ejecutivo y, en consecuencia, resuelto.

Necesitamos un Gobierno que dialogue y que decida. Nos han tratado de convencer desde las posturas conservadoras de que el Estado forma parte del problema y no de la solución. Que el mejor Gobierno es aquel que sestea indolente y se inhibe de los problemas del país. Hemos tenido bastante durante estos últimos ocho años.

Ya hemos visto que no es así, en la crisis de Cataluña o en nuestra proyección internacional; en investigación y en pensiones. Ya hemos visto que cuando no se abordan los problemas rara vez mejoran, a menudo empeoran y a veces se emponzoñan.

¡Claro que los Gobiernos a veces cometen errores en sus acciones! También se equivocan las empresas, y tampoco los mercados son infalibles. Pero el peor error que puede cometer un gobierno es no actuar, cruzarse de brazos.

El mundo vive una revolución tecnológica, social, climática, y tenemos que darle respuesta. La revolución que queremos promover no precisa de grandes alardes; se compone de un gran flujo constante de reformas y cambios en la buena dirección. Cambios –por ejemplo- que aumenten la sensación de seguridad de las personas y reduzcan el miedo al futuro; cambios que reduzcan las grandes diferencias de renta que sufren muchísimos españoles y españolas y devuelvan un sentido de comunidad y de confianza; cambios que reduzcan la tensión territorial y alimenten el entendimiento, la comprensión y la concordia entre españoles. 

Así pues, Señora Presidenta, Señorías;

Estas serán las señas de identidad de la Coalición Progresista: Valores, progresistas; Actitud, dialogante; Método, activo, ejecutivo y resuelto.

Permítanme ahora que desgrane con mayor detalle las propuestas concretas y programáticas que transformarán esos valores en hechos y resultados.

Hoy, aquí, nos disponemos a votar la primera propuesta de Gobierno de Coalición de nuestra historia reciente. Pero el programa que ofrecemos a la sociedad no es sólo el sumatorio del programa del Partido Socialista y del de Unidas Podemos, sino un programa que va mucho más allá pues incorpora demandas que emanan de la propia sociedad y de las transformaciones que necesita. Les recuerdo cuáles son:

1º Crecimiento económico, creación de empleo digno y la sostenibilidad del sistema de pensiones.

2º La digitalización de nuestra economía.

3º La Transición ecológica justa.

4º La Igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.

5º La Justicia social.

6º El diálogo y el entendimiento de una España unida en su diversidad y comprometida con una Europa fundada en los derechos humanos.

Estas reformas conforman nuestra hoja de ruta para el cambio de década que comienza. Nuestro país debe iniciar una gran transformación que nos lleve a la España que nos merecemos en el año 2030.

El acuerdo de Coalición Progresista distribuye en diez grandes ejes este amplio paquete de medidas.

El programa completo está a su disposición, pero permítanme que esboce aquí algunas —solo algunas— de las medidas concretas más significativas que se incluyen en el mismo.

1. El primer capítulo se refiere a la consolidación del crecimiento y la creación de empleo digno.

España necesita consolidar el crecimiento económico. Seguimos creciendo por encima de la media europea, pero debemos mejorar las condiciones de competitividad, productividad y cohesión para hacer que nuestro crecimiento sea más sostenible.

Esta triada (competitividad, productividad y cohesión) serán los pilares que justifiquen las transformaciones económicas que abordaremos.

De ahí que propugnemos un crecimiento que se traduzca en empleo. De ahí que propugnemos un crecimiento que combata la precariedad. De ahí que propugnemos un crecimiento que garantice el trabajo digno, estable y de calidad.

Este Gobierno cree firmemente en el Diálogo y en el Acuerdo Social. Por eso, proponemos reconstruir consensos rotos y derogar la reforma laboral de 2012.

Y avanzar, junto a los agentes sociales, en la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores que tenga en cuenta las nuevas realidades laborales y afronte los retos del empleo del siglo XXI.

Junto a ello, el Diálogo Social deberá abordar muchas tareas, a título de ejemplo, la simplificación y la reordenación del menú de contratos de trabajo, reforzar la causalidad en los despidos… 

La eliminación de los cambios que facilitan el despido por absentismo laboral justificado, la recuperación de derechos laborales en los procesos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, así como la revisión de los contratos formativos, incluyendo la aprobación y el desarrollo del Estatuto del Becario.
Vamos a continuar apostando por el programa de retorno de personas emigradas. Al igual que continuaremos los planes de lucha por el empleo digno, la creación de empleo entre los jóvenes y la lucha contra el paro de larga duración.

El gobierno, señorías, también impulsará una lucha sin cuartel contra el fraude laboral; y hará una apuesta decidida por la mejora de la eficiencia y coordinación de las políticas activas de empleo, así como por la simplificación del sistema de protección por desempleo.

Actuaremos en materia de prevención de riesgos laborales, actualizando su legislación.

Señorías,

Hemos dicho antes que uno de los valores que guiarán la acción del Gobierno será la reducción de la desigualdad.

Y ello se acometerá desde la redistribución de la riqueza y las rentas. Pero también mediante la pre-distribución, es decir en base al incremento de las rentas más bajas. Gracias a ese Diálogo Social fijamos el horizonte de alcanzar al final de la legislatura un SMI que represente el 60% del salario medio en nuestro país. 

Abordaremos la plena integración en el Régimen General de la Seguridad Social de las empleadas del hogar a lo largo de la legislatura. Incentivaremos la titularidad compartida de las explotaciones agrarias, mejorando la posición de las mujeres del campo dentro del sistema de Seguridad Social.

Nos proponemos impulsar un Plan Nacional de Emprendimiento Social y, desde esa misma filosofía, tenemos que hacer frente a uno de los principales desafíos que tenemos como es el de hacer una apuesta decidida por la Formación Profesional, y en articular por la Formación Profesional Dual.

Impulsaremos el Plan Estratégico de Formación Profesional, incorporando a las empresas con fórmulas flexibles y creando consorcios con la participación de los agentes sociales y la comunidad educativa.

Hasta el año 2025, España necesita, señorías, crear 200.000 nuevas plazas de Formación Profesional, reforzar la formación del profesorado, además de su movilidad y vinculación a los sectores productivos. Hoy en día, ya estamos actualizando el catálogo para incorporar 80 nuevas titulaciones y cursos de especialización, asociados sobre todo a la digitalización de nuestra economía.

Pero es necesario ir más allá. Vamos a actualizar los contenidos de los 172 títulos ya existentes para que en todos ellos se incorpore un nuevo módulo de digitalización aplicada a cada sector productivo. Se trata, en definitiva, de adaptar nuestro modelo de formación a las necesidades laborales de la economía del siglo XXI. Y en este sentido, vamos a trabajar en la reforma del Catálogo de Cualificaciones Profesionales para adaptar las titulaciones a las necesidades laborales de nuestra economía. 

Este gobierno cuenta entre sus valores con la defensa de los servicios públicos, el impulso de los bienes comunes. Para hacerlo con eficacia tenemos retos por delante que es preciso acometer.

Retos como el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, que exige mejorar los sistemas de acceso a la Función Pública, agilización de los procesos, carrera profesional, evaluación del desempeño y clasificación profesional.

Es preciso, en este ámbito, revisar también el contrato de interinidad en las Administraciones para evitar su uso abusivo. Y avanzar de forma decidida en la perspectiva de género en las instituciones de la Administración General del Estado para eliminar cualquier tipo de discriminación de género.

Por último, señorías, en esta legislatura, les adelanto que el gobierno va a continuar la equiparación salarial de la Policía y la Guardia Civil. Una medida justa para reparar una situación que se ha prolongado de forma injusta durante demasiado tiempo.

2. El segundo capítulo es la justicia fiscal y el equilibrio presupuestario. Dos caras de una misma moneda.

Señorías, partimos de una convicción clara: es esencial combinar cohesión social con equilibrio presupuestario. Llevar adelante este ambicioso programa progresista de reformas; sentar las bases de un desarrollo orientado al cambio tecnológico; y aprovechar las oportunidades de la transición hacia una economía verde, exigen más evaluación de las políticas y más control del gasto público.

Vamos a cumplir nuestros compromisos en materia de responsabilidad fiscal con Europa. Y lo haremos a la vez con sensatez en el gasto y con justicia fiscal. Una justicia fiscal que va a exigir de progresividad y, en consecuencia, que nos sitúe en la media del resto de países de la zona euro.

Un sistema fiscal justo es un sistema en el que contribuyen en mayor medida quienes más tienen, es decir, un sistema progresivo, y en el que nadie elude sus obligaciones fiscales, porque el fraude es la peor de las injusticias fiscales.

Señorías, Es imprescindible luchar contra el fraude con más y mejores herramientas. Por eso les anuncio que vamos a impulsar una Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude fiscal y elaboraremos una estrategia nacional que incluya reforzar los medios, actualizar la lista de paraísos fiscales y potenciar la prevención mediante la lista de morosos de la Agencia Tributaria. Así mismo, vamos a prohibir por ley algo que hizo el anterior gobierno y es que se puedan aprobar en un futuro amnistías fiscales.

Es necesario introducir límites rigurosos a los pagos en efectivo, prohibir el software de doble uso, impulsar la unidad de control de grandes patrimonios y ejercer un mayor control sobre las SICAV.

En materia de Sociedades, elevaremos el tipo efectivo para las grandes corporaciones y lo reduciremos para las PYMES.

También revisaremos el régimen fiscal de cooperativas y sociedades laborales para recuperar la eficacia tributaria en el fomento de este tipo de empresas.

En lo relativo a IRPF, evitaremos cualquier aumento de la presión fiscal sobre las clases medias que no se verán afectadas. Y únicamente incrementaremos los tipos sobre la base general para los contribuyentes con rentas superiores a 130.000 euros anuales.

Promoveremos la fiscalidad digital, tal y como demandan las recomendaciones de la Unión Europea. E impulsaremos la Tasa Tobin como tienen otros países europeos. 

Es el momento de apostar por un futuro verde y la fiscalidad es un instrumento más para lograrlo. El objetivo último será desincentivar comportamientos nocivos para el medioambiente y tendrá una premisa clara: evitar que cualquier cambio normativo impacte sobre las clases medias y trabajadoras. En este ámbito seguiremos promoviendo a nivel europeo el establecimiento de mecanismos de compensación de CO2 en frontera para las importaciones.

Es esencial abordar la modernización de nuestro sistema fiscal con criterios de justicia y eficacia para los ingresos. Yo creo que este es un diagnóstico que podemos compartir la mayoría de la Cámara. Pero si tenemos que ponernos al día y asegurar eficiencia en los ingresos aún debemos mostrarnos más vigilantes en el control de los gastos. En definitiva, ser más eficientes en nuestra gestión para que las transferencias de renta desde lo público cumplan los fines para los que fueron concebidas.

3. El tercer capítulo se refiere al impulso a la Industria, las Pymes, los Autónomos y el Sector Primario para reforzar nuestro tejido productivo en el marco de la Revolución Tecnológica.

Señorías, España tiene la posibilidad real de estar en el grupo de países que lidere la Cuarta Revolución Industrial. Pero para lograrlo debemos acometer reformas y prestar atención especial a algunos de los segmentos que sostienen nuestro tejido productivo, como es la economía social, como son las Pymes y los Autónomos, que representan a más de 3 millones de españoles. Les expongo a continuación algunas de las medidas que queremos impulsar durante los próximos cuatro años.

Continuaremos fomentando el Ecosistema Español de Innovación y apoyaremos decididamente a las PYMES, todo ello dentro de la Estrategia España Nación Emprendedora. 

Para ello, potenciaremos el papel del CDTI como principal agente dinamizador de la innovación en España. Y apoyaremos la transformación digital de las PYMES a través de la aprobación de un Marco Estratégico PYMES 2030.
Una pieza esencial de la política productiva es el impulso a la ciencia y la inversión en I+D+i.

Aumentaremos la inversión pública en I+D+i civil por encima del incremento del límite de gasto no financiero del Estado, avanzando hacia los objetivos comunitarios de inversión total pública y privada.

Es preciso facilitar la contratación de personal en los centros de investigación públicos; aumentar becas predoctorales y contratos postdoctorales y mejorar las condiciones del personal investigador predoctoral, equiparándole en derechos y apostando por la estabilización profesional.

Es prioritario desarrollar la Ley de Ciencia que lleva sin desarrollarse desde el año 2011, con el refuerzo de la transferencia de conocimientos y simplificación del trabajo de los investigadores en los organismos públicos.

Habrá que aumentar recursos; pero también orientarlos con más eficacia desde una óptica plurianual para aprovechar mejor el talento y la continuidad del personal. España puede y debe ser un país para la ciencia. Y será un país para la ciencia, para la innovación y el conocimiento.

El comercio no debe estar ausente de la ola de modernización que precisa nuestra economía. Presentaremos un Plan de modernización del comercio minorista que impulse la digitalización y la adaptación a las nuevas tecnologías.

La internacionalización de la economía española es clave para conseguir un crecimiento más sólido y saneado. Y para potenciarla impulsaremos el Plan de Acción para la Internacionalización 2020-2021, que modernizará los instrumentos de apoyo financiero e introducirá también la sostenibilidad como elemento transversal en la política de internacionalización que ponga en marcha el sector público español.

El Gobierno se compromete a mejorar la cobertura y a fijar cuotas más justas para los trabajadores autónomos. Procederemos a una equiparación gradual de los derechos de este colectivo con los de los trabajadores por cuenta ajena. Se establecerá un sistema de cotización por ingresos reales, con mayor protección social en caso de desempleo, enfermedad o jubilación.

España necesita aumentar el peso de su industria en el conjunto del PIB, y para ello se creará un Plan de Desarrollo Industrial que sirva para mejorar la competitividad y crear empleo de calidad.

El Gobierno activará los recursos del Estado para garantizar la continuidad de aquellas empresas que sean una fuente fundamental de empleo en sus comarcas. Es decir, lucharemos de forma decidida –como hemos hecho durante estos meses- contra las deslocalizaciones industriales.

Con la participación de las Comunidades Autónomas y de los principales agentes económicos y sociales del sector, elaboraremos una Estrategia de Turismo Sostenible 2030, basada en la sostenibilidad y la implementación de la inteligencia turística.

Son muy importantes para este Gobierno las condiciones de vida del mundo rural y del Sector Primario en su conjunto. Por ello, defenderemos una Política Agraria Común (PAC) suficientemente dotada, que sea capaz de garantizar esa triple sostenibilidad económica, social y medioambiental de las explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales españolas durante todo el periodo financiero 2021-2027. El campo puede contar con el Gobierno de España.

Y puede contar también con nosotros el sector pesquero. Porque vamos a impulsar una pesca y acuicultura sostenibles, basada en el conocimiento, la innovación y la investigación científica.

Y, por último, Señorías, dentro de este capítulo quiero detenerme en la revolución digital. Pondremos en marcha una serie de medidas encaminadas a completar el despliegue de infraestructuras digitales, con la nueva tecnología móvil 5G, crearemos un bono social de acceso a internet para colectivos vulnerables, impulsaremos la Ley de Derechos Digitales y presentaremos una ambiciosa Estrategia Española de Inteligencia Artificial.

Y en todo ello, por supuesto, la Administración Pública deberá tener una actitud ejemplar, por lo que caminaremos hacia una administración digital, más abierta y eficiente. Quiero destacar, en este ámbito, la extensión de la Carpeta Ciudadana, en la que cualquier ciudadano o ciudadana podrá acceder a los trámites y todos sus expedientes en relación con la Administración General del Estado.

4. El cuarto capítulo se refiere a la lucha contra la emergencia climática.

La reciente Cumbre del Clima COP25 de Chile celebrada en Madrid nos familiarizó aún más con el gran debate que nos atañe como sociedad.

Aquí sufrimos ya las sequías que afectan a campos y embalses, los incendios que asolan nuestros montes y la pérdida de biodiversidad de nuestros ríos y mares.

Solo hay una conclusión posible: nuestro modelo de desarrollo está obsoleto, ha colapsado. Está arruinando el planeta en el que vivimos.

El Gobierno que voy a presidir si la Cámara me otorga su confianza estará en primera línea del compromiso con la transición ecológica, la protección de nuestra biodiversidad y la garantía de un trato digno a los animales.

Aprobaremos la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en la que se fijarán objetivos ambiciosos de emisiones de gases de efecto invernadero. El objetivo será alcanzar un reto bien ambicioso en 2050: una generación de electricidad con origen 100% renovable, y entre el 85% y el 95% en 2040.

Aprobaremos el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, y reformaremos el mercado eléctrico con el propósito de reducir la factura energética, siempre dando certidumbre a los inversores antiguos y futuros, no como en administraciones anteriores.

Cualquier acción emprendida por el Gobierno tendrá como prioridad la transición justa al nuevo modelo energético. No puede quedar nadie atrás, no puede haber perdedores. Para ello, crearemos el Instituto de Transición Justa, evolución del Instituto de las Cuencas Mineras, desarrollaremos planes de acción urgente para las comarcas afectadas por el cierre de centrales de carbón y centrales nucleares con calendario conocido, de manera que se aseguren nuevas oportunidades de empleo en las comarcas afectadas.

Elaboraremos una Estrategia de Economía Circular con el objetivo de alcanzar el “residuo cero” en el horizonte de 2050. Impulsaremos la aprobación de una Ley de Plásticos de un solo uso. Y abordaremos medidas de eficiencia para sectores clave: construcción, agroalimentación, turismo, envases, embalajes, textil, fabricación eléctrica y electrónica.

El Gobierno regulará y fomentará el autoconsumo energético, simplificando los trámites administrativos y técnicos para autoconsumir sin sobrecostes.

En su voluntad de proteger a las familias más vulnerables, el Gobierno reformará el bono social eléctrico, creando un bono general que incluirá también un bono gasista. Además, prohibiremos los cortes de suministros básicos cuando el impago se deba a motivos ajenos a la voluntad de los titulares.

Resulta fundamental afrontar la movilidad sostenible, y para ello elaboraremos una Ley de Movilidad Sostenible y financiación del transporte público, pondremos en marcha un esquema de ayudas económicas para el vehículo eléctrico e impulsaremos un Plan de cercanías 2019-2025, entre muchas otras medidas en este ámbito.

En este capítulo de transición ecológica y medio ambiente, la gestión del agua es capital. Elaboraremos para ello un Plan nacional de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización de agua, consagrando, entre otras cuestiones, el acceso al agua como un derecho humano y no como un bien mercantil.

Ampliaremos la red de espacios protegidos, dotando de financiación adecuada las políticas de defensa de la biodiversidad y la gestión de los espacios naturales.

Y, por último, impulsaremos una Ley de Bienestar Animal, una exigencia cada vez más clamorosa en nuestra sociedad.

5. El quinto capítulo es el reto demográfico.

Como decía antes, la cohesión territorial no se refiere únicamente al conflicto en Cataluña, a la financiación autonómica o al desarrollo competencial de las Comunidades. En nuestra geografía hay amplísimas zonas que se extienden por la mayoría de las CCAA que se han ido vaciando por la falta de oportunidades. Los jóvenes se han ido de los pueblos por falta de oportunidades. Y es urgente, en consecuencia, revertir esa situación…

Para ello, el Gobierno desarrollará la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, de lucha contra la despoblación, de conectividad y de apoyo a la población joven.

Consolidaremos un Estado del Bienestar inclusivo en las zonas rurales. Nos comprometemos a extender el conjunto de los servicios públicos del bienestar a toda la ciudadanía al margen de su tamaño, la dispersión o el grado de envejecimiento de su población.

Pondremos en marcha medidas transversales y de apoyo a proyectos de empleo, autoempleo y emprendimiento colectivo en los municipios rurales en riesgo demográfico. Desarrollaremos la cobertura de más de 30 Megas y de 3 Gigas para el 100% de la ciudadanía a un precio asequible.

Priorizaremos la mejora de las infraestructuras existentes y, en particular, todas las poblaciones, sea cual sea su tamaño, contarán con servicio de transporte que comunique con la cabecera de la comarca.

También se garantizará el acceso a la atención sanitaria a domicilio cuando no exista un centro local de salud.

Garantizaremos la seguridad en nuestros pueblos con la recuperación de las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Para estimular la recuperación económica de las zonas más deprimidas y abandonadas, crearemos oficinas de despoblación en al menos 20 comarcas rurales que requieren una intervención urgente. Su función será acompañar a las personas o empresas que quieran instalarse en la zona, facilitándoles todos los contactos y la mediación en el proceso.

6. El sexto capítulo es el impulso de la Cultura y el Deporte como factores esenciales de vida. 

El Gobierno quiere asentar la cultura como un derecho y el deporte como garantía de salud, integración y calidad de vida.

Queremos impulsar la actividad cultural y apoyar la creación joven. El presupuesto para la Cultura aumentará de forma progresiva en los Presupuestos Generales del Estado.

Completaremos el desarrollo del Estatuto del Artista, aprobado en este Parlamento por unanimidad, para mejorar las condiciones de nuestros creadores y creadoras.

Crearemos una Oficina de Derechos de Autoría pública, dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte, para optimizar la gestión de los derechos y velar por la protección de la propiedad intelectual.

Pondremos en marcha un Pacto por la Lectura que revitalice al sector del libro.

Defendemos un modelo de RTVE plural, independiente, pública, transparente y de calidad, que esté orientada al fomento y difusión de la cultura española.

Regularemos las profesiones del deporte con un plan de formación y empleo para los deportistas retirados.

Y dos últimas medidas que me permiten anticipar el siguiente capítulo del programa de Gobierno:

Promoveremos una Ley del Deporte que buscará, entre otras cosas, apoyar especialmente el deporte femenino. También el deporte de base y el universitario.

E impulsaremos un Plan de Acción sobre Igualdad en el ámbito cultural para dar visibilidad a las autoras, artistas y creadoras invisibilizadas, eliminando la brecha de género.

7. Una de las señas de identidad de este Gobierno, Señorías, serán las políticas dirigidas a alcanzar la plena igualdad entre hombres y mujeres, y a ella está dedicado el séptimo apartado de este programa.

Señorías, la igualdad de género no es una moda pasajera. Nos define como sociedad. El feminismo no va a dar marcha atrás.

Es un movimiento social y político irreversible que defiende la igualdad de forma pacífica y transversal y por eso es imparable.

Y este Gobierno se inscribe, precisamente, en esa filosofía de la igualdad que reivindica el movimiento feminista a nivel global.

Desarrollaremos, en primer lugar, políticas que garanticen la igualdad entre mujeres y hombres en el empleo, mediante una Ley que ampare la igualdad retributiva. Estableciendo medidas que favorezcan la transparencia salarial.

Seguiremos impulsando la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles.

El avance de la igualdad y de la corresponsabilidad implica una reflexión sobre el uso que damos al tiempo. Por ello vamos a impulsar y aprobar un Acuerdo Social por la racionalización de los horarios, que queremos acordar con todos los agentes sociales y políticos.

Para velar por el cumplimiento de estas medidas, se potenciarán las inspecciones laborales, se incrementará el régimen sancionador y crearemos la Oficina Estatal de lucha contra la discriminación.

El avance de la igualdad supone acabar con aquellas discriminaciones que sufren las mujeres en todos los ámbitos.

Así, vamos a abordar a la desactivación de lo que se denomina “tasa rosa”, es decir, el incremento de precio de un mismo producto cuando se trata de una “versión femenina”.

Pero si la igualdad es un objetivo irrenunciable, la lucha contra la violencia de género es una verdadera emergencia social. Los datos siguen siendo estremecedores: llevamos ya más de 50 mujeres asesinadas en lo que va de año y las cifras de condenados por delitos sexuales llevan aumentando un 10% al año desde 1998. Para luchar contra eso, debemos recuperar la vigorosidad con un Gobierno en plenas capacidades, y para empezar lo haremos por lo preliminar: regulando en el Código Penal que en el consentimiento sexual solo sí sea sí.

El Gobierno desarrollará todas las medidas pendientes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, incorporando a nuestro ordenamiento todo lo dispuesto en el Convenio de Estambul para prevenir y erradicar todas las formas de violencia que sufren las mujeres.

Reforzaremos el apoyo a las que padecen esta violencia, con la aprobación de un Plan Integral de Compensación, Reparación y Recuperación de la Autonomía. Estableceremos la suspensión del régimen de visitas de menores por parte de progenitores o tutores legales que estén cumpliendo condena, o se hayan dictado medidas cautelares, por delitos graves de violencia de género o cometidos en su presencia.

Trabajaremos para erradicar la prostitución y erradicar la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. A este respecto, se aprobará una ley Integral contra la Trata de Personas con fines de explotación sexual.

También impulsaremos una protección reforzada de los menores para evitar el acceso a la pornografía, en línea con la nueva normativa audiovisual del Parlamento Europeo.

Y Señorías, decimos NO a la gestación subrogada. La explotación reproductiva está prohibida en nuestra legislación, y por eso actuaremos frente a las agencias que ofrecen estos servicios a sabiendas de que están prohibidos en nuestro país.

Garantizaremos los derechos sexuales y reproductivos para asegurar una maternidad libremente decidida, mediante políticas activas de educación y prevención de embarazos no deseados; mediante la facilitación del acceso a los últimos métodos anticonceptivos, a la anticoncepción de urgencia y a la interrupción voluntaria del embarazo de todas las mujeres; y garantizando los tratamientos de reproducción asistida a todas las mujeres a través del Sistema Nacional de Salud.

Es importante, Señorías, que hagamos un esfuerzo compartido por cerrar la brecha de género en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Necesitamos a las mujeres en esas áreas, y para ello desarrollaremos diversas medidas dentro de los ámbitos educativo y científico.

8.-El octavo capítulo es la protección y ampliación de los Derechos Sociales y la Regeneración Democrática.

Señorías, El Gobierno para el que solicito la confianza de la Cámara va a trabajar por la protección, la recuperación y la consolidación de los derechos sociales. Lo hará desde una óptica claramente progresista, de defensa de lo público, de la educación, la sanidad y la atención a la dependencia y los servicios sociales.

Uno de los vectores estratégicos que marcarán el futuro de nuestro país es, sin duda, la educación. Se trata de un ámbito en el que un amplio acuerdo no sólo es deseable sino imprescindible.

El gobierno impulsará una Ley Básica que derogue la vigente LOMCE. Una norma que parta de dos consideraciones básicas: blindar la educación pública como eje vertebrador del sistema educativo y la incorporación de los acuerdos alcanzados por la comunidad educativa.

En dicha norma, es preciso alinear la Formación Profesional con el resto del sistema, el refuerzo de la formación en valores, así como los mecanismos de autonomía y gobernanza de las escuelas.

La nueva Ley de Educación debe garantizar la inclusión y la eliminación de la segregación escolar por las condiciones de origen de los estudiantes, por sus necesidades educativas especiales o por sexo.

Señorías, ningún centro sostenido con fondos públicos puede amparar ninguna forma de segregación.

Tenemos la obligación de actuar ante fenómenos como el fracaso escolar, el abandono temprano o el acoso y la violencia en los centros educativos. Lo haremos a través de planes específicos en cuyo impulso tendrán un papel esencial las comunidades autónomas en virtud del título competencial que ostentan en la materia.

Vamos a garantizar la gratuidad real y efectiva de la educación obligatoria, para que ninguna familia en situación de vulnerabilidad vea truncada la carrera educativa de sus hijos e hijas.

La asignatura de religión tendrá carácter voluntario, sin que haya una asignatura alternativa ni la nota sea computable a efectos académicos.

En ese constante esfuerzo de adaptación, es imprescindible apostar por el profesorado. Vamos a reforzar la formación inicial, promover la estabilidad docente y avanzar en la evaluación del desempeño de manera acordada con los representantes del sector.

Señorías, una educación pública de calidad es la mejor herramienta de igualdad de oportunidades y de movilidad social con que cuenta España. Por ello, vamos a incrementar los recursos públicos destinados a educación y becas hasta situarnos en ese objetivo ambicioso pero posible de inversión educativa en un 5% del PIB en 2025.

Del mismo modo, esta será la legislatura de la universalización del acceso a la educación infantil de 0 a 3 años a través de la red pública y en condiciones de equidad. Vamos a trabajar con las comunidades autónomas en el diseño de la oferta para cubrir todas las demandas.

En el ámbito de la educación universitaria me propongo poner en marcha un Pacto por la Universidad de la mano de todos los agentes políticos y sociales. Tenemos que garantizar no sólo la suficiencia de recursos; también la capacidad de atracción y retención del talento a nuestra universidad o la estabilidad del profesorado reduciendo la precariedad.

Es necesario impulsar la simplificación de los procedimientos de acreditación de nuevos títulos académicos y afianzar una nueva política de becas y tasas universitarias.

El sistema de becas será revisado para considerarlas como un derecho subjetivo según la situación de las rentas familiares. Dicho sistema debe ser, ante todo, ágil. Las becas han de dejar de ser una dádiva y pasar a ser un derecho de las personas que cumplan con ciertos requisitos sociales y académicos.

Además, vamos a facilitar la movilidad y la residencia del alumnado del medio rural en el acceso a los estudios universitarios. No podemos consentir que nadie sufra discriminación o dificultad añadida porque proceda del medio rural.

En materia sanitaria, el gobierno para cuya investidura solicito la confianza de la Cámara va a avanzar sin demora en la eliminación progresiva de los copagos. Empezando por los pensionistas y los hogares en situación de mayor vulnerabilidad.

A lo largo de este mandato, vamos a introducir de forma progresiva la atención a la salud bucodental de la población en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Y avanzaremos en el blindaje de nuestro modelo público con una apuesta clara por la gestión pública directa.

Del mismo modo, es preciso reorientar las políticas relativas a la industria farmacéutica, priorizando la eficiencia y la transparencia en la fijación de precios.

España debe alcanzar una inversión sanitaria equiparable a la de la media de los estados de la zona euro durante esta legislatura, de modo que logremos alcanzar el 7% del PIB en 2023.

El derecho a la protección a la salud implica el acceso universal al Sistema Nacional de Salud.

Y por eso vamos a extender este derecho a las personas ascendientes que llegan desde países extracomunitarios, reagrupadas por sus hijas e hijos con nacionalidad española, revirtiendo las medidas que, en sentido contrario, fueron implantadas en el año 2012 por la anterior Administración.

Por último, es preciso avanzar en ámbitos como la implementación del Marco Estratégico de Actualización de la Atención Primaria, el desarrollo de un sistema de atención temprana, la integración de las necesidades de las enfermedades raras en la planificación global de la cobertura sanitaria o la revisión de la Estrategia de Salud Mental.

No quiero concluir este apartado sin una referencia al que considero el mejor capital de nuestro sistema sanitario: sus profesionales. Vamos a mejorar las condiciones del personal, garantizando el cumplimiento de los acuerdos vigentes y a promover un programa de retorno de profesionales que hoy trabajan fuera de nuestro país, como consecuencia de los recortes que fueron implementados por la anterior Administración.

En materia de servicios sociales, quiero hacer una consideración de partida. Proponemos el blindaje constitucional del sistema público de servicios sociales como Cuarto Pilar del Estado del Bienestar.

Es fundamental abordar con decisión la reducción de listas de espera en el Sistema de Atención a la Dependencia.

Vamos a mejorar además las cuantías en el nivel mínimo y en el acordado de Dependencia.

Por último, vamos a actuar ante una problemática creciente en nuestras calles y que afecta a nuestros mayores: aprobaremos una Estrategia frente a la Soledad no Deseada.

Señorías, Este será el gobierno de la garantía de pensiones dignas a través de la suficiencia y revalorización del sistema público.

Vamos a plantear a todas las fuerzas políticas y a los agentes sociales un nuevo Pacto de Toledo, que garantice, mediante su blindaje en la Constitución, la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones.

Actualizaremos mediante ley las pensiones conforme al IPC, y aumentaremos el poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas.

E impulsaremos la reducción de la brecha de género en las pensiones y la ampliación de las pensiones de viudedad en los casos de parejas sin vínculo matrimonial.

A este respecto, me propongo impulsar la reforma y reorganización del sistema de Seguridad Social en el marco del diálogo social. Tenemos que propiciar un aumento estructural de los ingresos y limitar los gastos impropios del sistema.

España necesita un gobierno comprometido con las políticas de lucha contra la pobreza y contra la desigualdad extrema. Y este ejecutivo se va a implicar a fondo. Vamos a aumentar la prestación por hijo a cargo para familias vulnerables y más adelante aplicaremos una garantía de renta para familias sin ingresos o con ingresos bajos. La meta es acabar implantando un Ingreso Mínimo Vital que rescate de la pobreza a los sectores más vulnerables.

En este mismo ámbito, vamos a combatir la pobreza infantil con medidas como el impulso de ayudas para comedor y material escolar y ayudas para la conciliación y racionalización de horarios.

Proteger la infancia y la adolescencia es invertir en sociedad. Tenemos que proporcionar las herramientas, pero también otorgar la protección necesaria. Por eso les anuncio que es el momento de culminar –y lo vamos a hacer cuanto antes- la Ley para la Protección Integral de la Infancia y Adolescencia frente a todas las formas de violencia.

Señorías, 19 de cada 100 jóvenes se emancipan. El acceso a la vivienda es uno de los mayores problemas que enfrentamos como sociedad y uno de los campos en los que el mandato constitucional se ve más insatisfecho. Este gobierno tratará de estar a la altura de lo que ese mandato representa. Y trabajará con una hoja de ruta clara.

No sólo con un incremento en la dotación de recursos presupuestarios, sino con medidas normativas claras que protejan a quienes más necesitan del apoyo del Estado, especialmente en materia de alquiler. Vamos a frenar las subidas abusivas de los alquileres poniendo techo en zonas de mercado tensionado. Y reforzaremos el marco competencial de las entidades locales para que puedan actuar en este ámbito.

Impulsaremos medidas de realojo inmediato en situaciones de vulnerabilidad y fomentaremos el alquiler social para las personas que hayan sufrido un proceso de ejecución hipotecaria y no tengan alternativa habitacional.

Vamos a impulsar mecanismos para la reestructuración viable de las deudas hipotecarias sobre la vivienda habitual de los deudores de buena fe en situación de vulnerabilidad.

Es preciso estudiar la aplicación de obligaciones adicionales para los grandes tenedores de vivienda. Y en consecuencia, vamos a reformar el régimen jurídico y fiscal de las SOCIMIS.

En materia de alquiler turístico, reforzaremos las potestades de las comunidades de propietarios para que puedan condicionar el ejercicio de esa actividad.

Apostaremos con decisión por la rehabilitación. Pondremos en marcha un Plan Estatal que incluya financiación específica para la vivienda destinada al alquiler y tenga en la eficiencia energética uno de sus elementos centrales.

Señorías, Tenemos que avanzar en el uso social de la vivienda y el parque público con un marco legal claro. No podemos tolerar lo que hemos visto estos últimos años y es la desamortización, es decir, que la vivienda de protección pública pueda ser explotada como ocurre hoy por fondos de inversión y debemos garantizar que su destino es el adecuado, el de las familias que necesitan de ella.

En este ámbito, la SAREB tendrá un papel relevante, garantizando la firma de convenios con administraciones autonómicas y locales que impulsen la utilización de las viviendas para alquileres sociales.

Tenemos que utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para garantizar la efectividad del derecho constitucional a la vivienda. Vamos a movilizar suelo público y a estimular la oferta privada de alquiler.

Este gobierno va a actuar con decisión en otro ámbito que genera preocupación creciente, como es el de la prevención de adicciones.

Vamos a regular la publicidad de los juegos de azar y apuestas en línea y a introducir medidas de información, gestión y limitación del consumo de juegos de azar.

Impulsaremos criterios homogéneos con las Comunidades Autónomas para evitar que los locales de apuestas puedan abrir en determinados horarios y que limiten su proximidad a centros escolares, como hoy en día ocurre en muchas ciudades de nuestro país desgraciadamente. Y reorientaremos la tasa de gestión administrativa del juego de los operadores en línea para destinar un porcentaje a iniciativas preventivas, de sensibilización y reparación de los efectos negativos de la actividad del juego.

Las iniciativas hasta ahora expuestas apelan a un cumplimiento de sus obligaciones sociales por parte de las instituciones. No queremos expandir indiscriminadamente la presencia de lo público. Queremos un Gobierno activo y un Estado eficiente. Pretendemos instituciones eficaces y transparentes para combatir la desigualdad y luchar por lo que nos unes que es la equidad.

Este último mandato, el de la transparencia, entronca directamente con la regeneración democrática. Señorías, en esta cuestión tenemos el deber moral de ser ambiciosos porque lo que está en juego, en último término, es la propia confianza de la ciudadanía en la política y en sus instituciones.

Tenemos la obligación de ponernos de acuerdo para la elección y renovación de los órganos constitucionales y los organismos independientes y debemos hacerlo, además, primando los principios de mérito, capacidad, igualdad, paridad de género, y prestigio profesional.

El gobierno elaborará un Plan Nacional contra la Corrupción, reforzando los medios operativos en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y estudiando la introducción de nuevas figuras penales. Vamos a aprobar una ley integral contra la corrupción y un Estatuto del denunciante que refuerce esta figura esencial para combatir una lacra como esta, intolerable para la sociedad. 

Del mismo modo, abordaremos la regulación de los lobbies para hacer transparente su labor y regularemos de forma más efectiva las condiciones de incompatibilidad y desempeño de actividades privadas para los servidores públicos. Y también es preciso reforzar la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, y aprobar su reglamento para hacerla efectiva sobre la base de la experiencia acumulada. También es necesario iniciar acciones para reforzar la lucha contra los “cárteles” en la contratación pública, y es fundamental avanzar en la integración de los principios de buen gobierno y responsabilidad social corporativa en el sector público fundacional y empresarial.

Vinculado a estos objetivos en materia de regeneración democrática, la apuesta por una justicia eficaz será una prioridad en esta legislatura. Vamos a promover un Pacto de Estado para la Modernización de la Justicia, que incida sobre la agilidad y el sistema de acceso.

Y vamos a modificar la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para eliminar el plazo máximo de instrucción, que no es sino una limitación para luchar contra la corrupción política.

9. El noveno capítulo son los nuevos derechos y la Memoria democrática

Uno de los grandes éxitos de la España Constitucional ha sido la ampliación de derechos, que ha convertido a nuestro país en una sociedad moderna, libre y que sirve de referente internacional. Pero esa tarea no está acabada, Señorías.

El Gobierno que aspiro a formar se compromete a consolidar España como el país de la diversidad que es, recogiendo las peticiones de la sociedad civil y aprobando en esta legislatura cuantos cambios legales resulten necesarios en pro de los derechos de las personas LGTBI, las personas con discapacidad (con la modificación artículo 49 de la Constitución) y la convivencia intercultural.

Aprobaremos, como hemos anunciado una Ley de Regulación de la Eutanasia que reconozca el derecho a la muerte digna. Seguiremos avanzando también en los derechos de las personas con diversidad funcional mediante el desarrollo de normas y leyes inclusivas.

El Gobierno protegerá a las familias. A todo tipo de familias, como demanda la sociedad española. También a las familias monomarentales y monoparentales, las familias numerosas, las de partos múltiples y las familias que acogen. Elaboraremos medidas de apoyo a la adopción por parte de familias LGTBI y de reconocimiento de la filiación de las parejas de mujeres lesbianas.

Y Señorías, el pasado mes de octubre el Estado, con el concurso de sus tres poderes, desplazó del mausoleo del Valle de los Caídos al dictador Francisco Franco, y ese hecho simbólico fortaleció a la democracia española. Abrió una nueva etapa de reparación, de justicia y de memoria que tiene que servir para empezar a cerrar definitivamente la división entre españoles. Aunque hubo personas que se sintieron molestas, esa acción no se dirigía contra nadie y se desarrolló dentro del respeto que merece cualquier ser humano, incluso aquellos que han vulnerado sistemáticamente los derechos humanos. Eso distingue precisamente a las democracias de las dictaduras. Vamos a proseguir ese camino de reparación y vamos a mantener esa misma filosofía.

Para ello, desarrollaremos actuaciones de reconocimiento y reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, declarando el 31 de octubre como día de recuerdo para todas las víctimas del franquismo, y el día 8 de mayo como el día de reconocimiento a las víctimas del exilio. Impulsaremos las exhumaciones de las víctimas del franquismo que continúan en fosas comunes. Retiraremos la simbología franquista de los lugares públicos y anularemos las condecoraciones derivadas de acciones represivas ejercidas durante la dictadura.

Y, por último, auditaremos los bienes expoliados por el franquismo para devolverlos a sus legítimos titulares, empezando por la recuperación lo antes posible del Pazo de Meirás para el patrimonio público.

El Gobierno aprobará una nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que derogue a la “Ley Mordaza", para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica. Es otro compromiso firme.

El Gobierno tiene la voluntad de avanzar en la justicia del sistema electoral, siempre recabando para ello el mayor apoyo parlamentario posible y, en ese sentido, propondremos la eliminación del voto rogado.

Otro de los fenómenos más dañinos para la confianza en la que se asienta la convivencia civil es la proliferación de las fake news. La mentira, la calumnia y la falsedad no son fenómenos nuevos. Pero la irrupción de la digitalización ha perfeccionado su producción y facilitado su expansión. Por eso, y dentro siempre del respeto escrupuloso a la libertad de expresión e información, impulsaremos una estrategia nacional de lucha contra la desinformación.

Además, aprobaremos un Plan de Ciberseguridad y crearemos un Foro nacional de ciberseguridad, para el desarrollo tecnológico y la investigación.

En un Estado aconfesional no tiene sentido que ninguna confesión se sitúe por encima de la Ley ni disfrute de privilegios que hieren el principio de legalidad y el principio de igualdad. Por esa razón, el Gobierno realizará las modificaciones legislativas oportunas –ya les anuncio- para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido inmatriculados indebidamente por la Iglesia. 

Igualdad no significa uniformidad. Al contrario, la igualdad para ser plena exige el reconocimiento de iguales derechos para todas las singularidades. Por eso reivindicaremos, en todo momento, el orgullo de la diversidad. El derecho a la diferencia.

Aprobaremos una Ley Integral para la Igualdad de Trato y la no Discriminación. Aprobaremos una Ley contra la Discriminación de las Personas LGBTI, incluyendo la prohibición a nivel nacional de las mal llamadas terapias de reversión. 

Aprobaremos la primera ley Trans, fomentando la integración sociolaboral de las personas transexuales y su plena participación en la vida política, social y cultural. Adoptaremos políticas públicas orientadas a mejorar el acceso y la permanencia en la educación y en el empleo de la población gitana. E impulsaremos, por último, un marco integral legislativo y político que erradique los discursos y los delitos de odio.

He dicho que este Gobierno no tratará a ninguna persona como enemigo y así será. Pero vamos a ser militantes contra la ideología racista, contra la xenofobia, contra la homofobia y contra el machismo.

Para este Gobierno patriotismo significa amparar por igual a todos los españoles, también a las minorías y a los más vulnerables. Patriotismo significa exhibir con orgullo nuestros logros en derechos sociales; nuestra condición de pioneros que somos en nuestro país –no hay más que ver lo que está debatiendo ahora Francia sobre la ley integral de Violencia de Género- en libertades civiles. Patriotismo significa desplazar del espacio público los símbolos que evocan un periodo de opresión y dictadura ejercida contra españoles por sus ideas, por su cultura y por su lengua.

Y este será un Gobierno que enarbolará y hará honor a nuestra bandera, a nuestras banderas, pero jamás se camuflará tras ellas para herir u oprimir a otros compatriotas.

10.- El décimo y último capítulo del Programa de Gobierno es el reforzamiento de la cohesión territorial, de nuestro Estado Autonómico, el reforzamiento del autogobierno y su desarrollo dentro de una Europa federal en la que se inscribe nuestro futuro. 

Señorías,

El Gobierno va a trabajar para superar el conflicto político en Cataluña. Lo debemos hacer por todos los catalanes y por el conjunto de españoles. Por convicción y por responsabilidad. El diálogo, siempre dentro de la Constitución, será una prioridad absoluta para alcanzar fórmulas de entendimiento y encuentro. No podemos asumir la herida territorial como una dolencia crónica destinada a pasar de generación en generación.

La España de las Autonomías, la España del autogobierno, es una realidad incuestionable y consolidada que no admite marcha atrás.

Una realidad que ha corrido en paralelo en las últimas décadas con la plena implicación de nuestro país en el desarrollo del proyecto europeo.

El marco de organización territorial previsto en nuestra Constitución en su título VIII ha permitido que territorios silenciados durante décadas tuvieran al fin una voz clara. Ha permitido el libre desarrollo de las identidades nacionales dentro de nuestro marco constitucional. Ha perfilado España tal y como es, plural, diversa y democrática, completa de matices que nos enriquecen a todos.

España tal y como es, ese va a ser nuestro proyecto político. Y como ha señalado la Autoridad Fiscal Independiente, contrariamente a ciertas creencias, que se están poniendo en cuestión por parte de la bancada de la derecha, el modelo autonómico ha supuesto una mejora de la distribución territorial de la renta superior a los países de nuestro entorno, por ejemplo Francia, con un Estado centralista.

El camino, por tanto, no puede ser el de la involución –como plantean algunos-, sino el de la mejora, la reforma y la actualización de nuestro sistema. Siempre garantizando lógicamente la igualdad entre españoles.

El nuestro es un modelo complejo, eso es evidente. Pero la complejidad no es más que una manifestación de la diversidad de nuestro país y no puede convertirse en un pretexto para no avanzar. Ha de ser un estímulo para el consenso y el diálogo desde una premisa clara: y es que se exige voluntad de compartir el poder, no de limitar el poder; o mejor dicho, no de asumirlo solamente una institución.

Por eso, vamos a mejorar los mecanismos de colaboración institucional con todas las comunidades autónomas. Lo hemos hecho durante estos últimos meses, hemos puesto en marcha todas las comisiones bilaterales que están recogidas en muchos Estatutos de autonomía para reforzar la cooperación interinstitucional entre Gobierno central y gobiernos autonómicos.

Y también, como consecuencia de que existe un conflicto político que tenemos que resolver, les anuncio que vamos a crear una mesa de diálogo bilateral entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Lo vamos a crear, vamos a debatir dentro del marco constitucional y vamos a poner fin a esta confrontación territorial.

Colaboraremos también con el Gobierno vasco en el cumplimiento de las transferencias pendientes del actual Estatuto, y en la renovación del mismo que quiera hacer el Parlamento vasco, siempre dentro lógicamente de nuestro marco constitucional.

Es imprescindible clarificar el reparto competencial entre Estado y poder autonómico –también mucho de lo que estamos viviendo, de los agravios territoriales, tiene que ver con el desgaste de nuestro Estado Autonómico, que tenemos que renovar y clarificar-. Al hacerlo, estaremos combatiendo uno de los efectos más perversos del actual sistema: el de la incertidumbre normativa que producen conflictos competenciales. Es verdad que el anterior gobierno ha reducido y mucho este nivel de conflictividad interinstitucional que ha existido entre Estad y CCAA; pero es evidente que tenemos que seguir clarificando competencias para evitar este nivel de conflictos. Más eficiencia, más claridad, más concreción en el reparto competencial tiene retornos para la sociedad y para los actores económicos. Significa menos conflicto y más claridad.

Del mismo modo, vamos a promover la participación de las comunidades autónomas en las decisiones del Estado y del Estado en las actuaciones autonómicas cuando esté afectado el interés general. Y propiciar un intercambio de información real para favorecer una auténtica integración entre ambos poderes. Esta que se inicia debe ser la legislatura del diálogo, en general, y del diálogo territorial en particular. Y promoveremos para ello la constitución formal de las Conferencias de Presidentes con carácter anual.

Esta será además en coherencia la legislatura de la financiación autonómica. Es evidente que no podemos hacerlo solos, que vamos a necesitar también a la bancada conservadora. Pero creo que las CCAA que son gestoras del Estado del bienestar necesitan una actualización de la financiación autonómica. Esta es una reclamación, un diagnóstico no solamente hecho por presidentes y presidentas de gobierno socialistas, sino también de otros signos políticos y, en consecuencia, creo que tenemos que abordarla sin dilación.

Señorías, Tenemos que garantizar la mejora de la financiación autonómica y local desde el respeto de sus elementos nucleares. Entre otras razones porque de ella depende el gasto en materias sociales que son esenciales para este gobierno, como educación, sanidad, servicios sociales o dependencia.

El proceso de descentralización en España es inseparable, incluso en términos históricos, del proyecto de construcción europea.

Quiero vincular ambas corrientes, que transitan en paralelo: la descentralización del poder territorial en nuestro país y también la construcción europea. Y transitan en paralelo como la manifestación de un gran éxito que es patrimonio de toda la sociedad española: una España autonómica, una España descentralizada, una España federal, en una Europa federal y unida. España seguirá teniendo una voz firme en la redefinición del proyecto de integración europea. Vamos a reforzar nuestro compromiso y orientarlo desde un principio: la reducción de la desigualdad, la precariedad y la pobreza.

Seguiremos defendiendo el establecimiento de un Salario Mínimo Europeo, un Seguro de Desempleo y la consolidación efectiva del Pilar Social de la Unión. El proyecto europeo tiene que ensanchar sus bases de apoyo, relegitimarse como un instrumento útil para las personas.

En definitiva, como una unión en valores que ensalza la diversidad de nuestro continente y nuestras sociedades, y ofrece una plataforma única para influir en un mundo globalizado.

La Unión Europea tiene que ser un referente global en la lucha contra cualquier forma de discriminación. Por ello, impulsaremos la creación de un Alto Comisionado Europeo para los Derechos Fundamentales y la Igualdad de Trato que armonice y supervise la protección de los derechos fundamentales en todos los Estados.

Europa es mucho más que un mercado: es una auténtica comunidad de valores humanistas y si abdica de la defensa de estos valores pierde su razón de ser. Esa es la visión con la que España sigue abrazando el ideal europeo.

Con esto concluyo la recapitulación de algunas de las medidas contenidas en el Acuerdo de Coalición Progresista. Son todas ellas medida alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 con la que este Gobierno se compromete, y pretende precisamente alumbrar la España que queremos para la próxima década. 

He comenzado exponiendo los valores que sustentas la orientación progresista de la Coalición Progresista para la que les pido el apoyo; he continuado describiendo la actitud integradora y dialogante que vamos a mantener con todos y cada uno de los gruis políticos. He definido su método de trabajo como activo y he enumerado por fin su programa.

Señorías, Hace justo dos décadas, Europa adoptó la moneda única. Nada parecía detener el afán de la Unión de expandir sus límites y su modelo de economía social de mercado, primacía del Estado de Derecho y valores democráticos.
Hace justo una década una devastadora crisis económica nos golpeó y nos obligó a frenar en seco. Esa misma Europa no supo responder con eficacia ni con equidad y descubrió de repente sus limitaciones.

En este tiempo, España ha tenido que curar sus heridas sin casi poder pensar en todo lo que se ha dejado por el camino. Y en el precio a pagar, que se ha pagado, en términos de desigualdad y precariedad.

Ante este cambio de década, es hora de reparar las secuelas que aún permanecen en la sociedad española y sentar las bases, en definitiva, para la tercera gran transformación de nuestro país.

La primera transformación nos devolvió a Europa y nos alineó con un sistema de libertades y de derechos sociales. La segunda transformación nos convirtió en referente de igualdad y de oportunidades en Europa y en el mundo.

Y la tercera nos emplaza a encarar los grandes retos de nuestro tiempo: a encarar la transición ecológica y la revolución digital, a encarar el debate y el desafío de la desigualdad, a saber entendernos y saber conocer y respetar y reconocernos en la diversidad de identidades que tiene nuestra nación; y a la vez que alcanzamos la plena igualdad de género y una mayor justicia social que nos haga sentir a todos integrantes de una misma comunidad.

Hay grupos de esta Cámara no comparten las ideas que les he expuesto. Soy consciente de ello. Lo mismo sucede en nuestros centros de trabajo, en nuestras familias, en nuestro vecindario. Y eso no impide dialogar, alcanzar acuerdos y convivir a diario entre todas y todos. Por eso, insisto en el compromiso de hacer del diálogo una herramienta que vuelva a reconciliar a la política con la calle. Con una sociedad que ansía de nosotros grandes acuerdos, grandes pactos y grandes consensos. Que vuelva la cultura del acuerdo y se aleje la del enfrentamiento.

En unos minutos abandonaré esta tribuna y después escucharé con atención sus intervenciones. Cada portavoz empleará su tiempo como estime oportuno.

Lo único que les pido, humildemente, es que piensen en la gente que nos ve desde sus hogares.

Suban a esta tribuna y expongan una visión alternativa al programa que he expuesto. Defiéndanla con la pasión y la convicción que les dicte su conciencia. Y voten según su criterio. Porque será un honor escucharles y debatir junto a ustedes.

Lo único que les pido es que no contribuyamos con nuestras palabras a que la convivencia se resienta. No traslademos desde esta tribuna más división a la calle, más discordia a las empresas, más desencuentro a las familias. 

Eso, Señorías, también es patriotismo.

Gracias.

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha recuperado este sábado su versión más radical, la que caracterizó los primeros meses de su mandato, utilizando el insulto contra Pedro Sánchez para desacreditar el acuerdo de Gobierno de PSOE y Unidas Podemos que previsiblemente facilitará la reelección del socialista en segunda votación el próximo martes. 

Durante su intervención en el debate de investidura que se ha producido en el Congreso de los Diputados, el jefe de los populares ha tildado a Sánchez de "sociópata" e incluso le ha llamado "presidente 'fake'". "Este Gobierno será su epitafio político. No le saldrá gratis. Ha perdido la dignidad de liderar un partido constitucionalista y la decencia de no mentir", le ha dicho. 

A juicio del líder de los populares "empezar el discurso diciendo que España no se va a romper es patético", y le ha preguntado: "Señor Sánchez, ¿usted duerme bien? ¿Ha dormido bien esta noche? ¿Ha conseguido conciliar el sueño después del espectáculo bochornoso que dieron sus socios de gobierno?".

A renglón seguido, Casado ha recordado que el president de la Generalitat catalana, Quim Torra, "ha dicho que no piensa reconocer" la decisión de la Junta Electoral Central de inhabilitarle y que "solo responde ante el Parlament". "Incluso llegó a retirar la bandera". Por eso, le ha preguntado: "¿Qué va a hacer ante ese desacato?" El líder del PP cree que "si Torra no cesa de su cargo en las próximas horas" Sánchez debería "aplicar de inmediato el 155".

Casado ha amenazado incluso con llevar a Sánchez ante los tribunales si el Gobierno no interviene Catalunya: "Si no lo hace podría incurrir en prevaricación. En ese caso actuaremos contra usted con la misma firmeza que hemos hecho contra Torra". 

En cuanto al discurso pronunciado por el líder del PSOE, Casado ha considerado que "da miedo". "Hemos escuchado un anticlericalismo guerracivilista que llevábamos tiempo sin escuchar en esta cámara", ha concluido, para añadir: "Usted llegó con una moción de censura al Gobierno y pretende perpetuarse en el poder con una moción de censura al Estado".

Para el PP, el que pretende formar Sánchez es "un Gobierno contra el Estado, con comunistas, asesores de dictadores y batasunos" que retoma el colectivismo de Zapatero, dividiendo la sociedad". Por eso ha anunciado una oposición frontal, amenazando incluso con acudir a las calles contra el Ejecutivo. "Ustedes perderán", les ha dicho Casado a los posibles socios del PSOE.

El presidente del PP también ha anunciado que su formación ayudará al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, a mantener su Gobierno autonómico en el caso de que el PSOE decida romper la coalición con el PRC en esta región, como represalia por el voto en contra del partido cántabro a la reelección del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. "Si usted rompe el Gobierno de Revilla por el cambio de voto del PRC, mi partido apoyará para dar estabilidad en Cantabria", ha garantizado el líder de los populares durante su primera intervención en el debate de investidura.

En su respuesta, Sánchez ha sugerido con ironía a Casado que suba a la tribuna y diga: "Hola, soy Pablo Casado, he perdido cinco elecciones en un año". "Para saber ganar algún día hay que saber perder antes con decoro", le ha dicho, tras recordarle una y otra vez sus fracasos electorales. "Sería el primer paso para dejar de perder porque empezaría a entender que la ciudadanía le ha dicho cinco veces que no". 

Sánchez ha recordado que Casado "no se ha conformado con bloquear la formación del Gobierno cuando han visto que los votos no le bastaba", sino que "han utilizado todo tipo de artimañas jurídicas y extrajurídicas para intentar sabotear" la formacion de Gobierno. "Ha hecho cosas impropias de un candidato a la Presidencia del Gobierno, pero no se va a salir con la suya porque las maniobras además de torticeras son demasiado evidentes", ha insistido.

Fuentes de la dirección del PP habían considerado minutos antes que "el aplauso de los separatistas a Sánchez, al hablar de bilateralidad con la Generalitat, debería de avergonzar a los socialistas. También a los barones socialistas que están en el hemiciclo, y que con su silencio amparan el acabar con la igualdad de los españoles". Además, el equipo de Casado ha denunciado que Sánchez haya pasado "de puntillas por la corrupción", y no se haya referido al "mayor caso de corrupción de la historia de España, que es el de los ERE".

"No pide perdón a los españoles ni asume responsabilidades políticas. Dedica más tiempo a Franco que a los ERE, de lo que no ha dicho nada", han zanjado.

Pedro Sánchez ha presentado ante el Congreso de los Diputados los principios programáticos que regirán su Gobierno si consigue salir adelante su investidura en un discurso que ha durado algo menos de dos horas y en el que ha defendido la vía política y el diálogo como solución al conflicto en Catalunya frente a la vía de la "judicialización". Se ha referido, además, al "patriotismo social" en el que se reconoce la "coalición progresista".

"No se va a romper España". Ha sido la primera frase del discurso y el primer dardo hacia las derechas. El líder del PSOE ha afirmado que tampoco se va a "romper la Constitución", sino que lo que se va a romper es "el bloque al Gobierno progresista". Ha recibido los aplausos de los parlamentarios Unidas Podemos y del PSOE en pie.

"Propongo retomar la senda de la política dejando atrás la judicialización del conflicto". El candidato ha reconocido en su discurso que existe un "sentimiento de agravio" en un sector de la población catalana con respecto a las instituciones centrales y otro sector "igualmente amplio" que se siente "ignorado" por las instituciones catalanas. Frente a ello, ha abogado por "devolver a la política un conflicto político" permitiendo "dejar atrás la deriva judicial que tanta fractura ha causado en buena parte de la ciudadanía". Ha propuesto a la Cámara "retomar el diálogo en el punto en el que los agravios empezaron a acumularse".

"El dinero no siempre está mejor en el bolsillo de quien posee una fortuna". Pedro Sánchez ha defendido los servicios públicos y ha reivindicado que el dinero "a menudo" está mejor "en las escuelas y en las bibliotecas que nos hacen más sabios, en los hospitales que nos mantienen más sanos, en las vías que nos comunican, en las pensiones que amparan nuestra vejez, en las comisarías y en los juzgados que protegen nuestros derechos y libertades".

El "patriotismo social". Ha enarbolado el patriotismo en varias ocasiones a lo largo de su discurso y ha hecho hincapié en reapropiarse del concepto para alejarse del patriotismo al que se refiere la derecha: "Quienes invocan a cada minuto el patriotismo, deberían prestar más atención a los bienes públicos que nos definen y representan como sociedad". Patriotismo, para el gobierno de coalición, significa "amparar a todos los españoles", en especial a "las minorías". Esa es la definición de "patriotismo social" en la que se reconoce la coalición progresista.

"Es cierto que hubiésemos preferido formar un Gobierno socialista enriquecido por independientes". Sánchez ha reconocido que hubiese preferido un Ejecutivo en solitario, aunque se abrieron en julio a un gobierno de coalición "y no fructificó". "Pero no es momento de buscar culpas", ha asegurado. "Es más útil volverlo a intentar sobre nuevas bases que aseguren las dos condiciones que dificultaron el entendimiento meses atrás: el principio de cohesión y el principio de idoneidad".

"Creemos en una economía social de mercado, no en una sociedad de mercado". Ha ofrecido un discurso económico socialdemócrata y crítico con algunos mantras neoliberales, con guiños a las posturas izquierdistas de sus socios de Unidas Podemos. Así, ha dejado claro que creen "en una economía social de mercado" pero no "en una sociedad de mercado", porque "no se puede entregar al mercado la salud, la seguridad, el porvenir, la vida de las personas", ha advertido.

Los republicanos no tienen previsto moverse de la abstención a la investidura de Pedro Sánchez pese al terremoto político generado este viernes cuando la Junta Electoral Central optó por cesar al president de la Generalitat, Quim Torra. La Ejecutiva republicana se ha reunido este sábado en Barcelona para "valorar las consecuencias" de la decisión del organismo electoral, y ha decidido no cambiar su posición y continuar facilitando la formación del Gobierno.

La dirección del partido ha optado además registrar una propuesta de resolución en el Parlament, conjunta con los independentistas o no, en la que denunciarán la actuación de la Junta Electoral. El objetivo es que la iniciativa pueda ser apoyada por los 'comuns' y también por el PSC en el pleno que este sábado por la tarde se celebrará en el Parlament y en el que el president de la Generalitat tiene previsto comparecer tras la decisión tomada el sábado por el organismo electoral con la que acordaba su destitución.

La decisión de la cúpula de ERC por mantenerse en la abstención era lo esperado después de que el Consell Nacional de la formación avalase el acuerdo con el PSOE el jueves pasado por amplia mayoría. El partido conocía además que la decisión de la Junta Central Electoral sobre la inhabilitación de Torra, y también sobre el acceso al Parlamento Europeo de Oriol Junqueras, se tomaría este viernes, y en el entorno del partido desvinculaban en las horas previstas su posición sobre la investidura de Sánchez de los acuerdos que pudiera tomar el organismo electoral.

Pese a eso, la inédita decisión de la JEC sobre Torra provocó fuerte malestar en el mundo independentista e hizo que todos sus partidos y entidades se posicionaran de forma unánime en contra del acuerdo. Además se convocaron concentraciones espontáneas en diversos municipios, la más importante de ellas la que formó la ANC ante la puerta del Palau de la Generalitat. El propio Torra hizo una declaración institucional acompañado de los miembros del Govern en la que rechazó su inhabilitación.

Si Dios –o las reacciones a la decisión de la Junta Electoral Central de inhabilitar a Quim Torra– no lo impiden, el martes habrá nuevo Gobierno. Un Gobierno que ha generado "inquietud" en la cúpula episcopal española. Tanto, que su presidente y vicepresidente, los cardenales Ricardo Blázquez y Antonio Cañizares, han hecho sendos llamamientos a "estar muy alerta" y a "orar por España" ante la "situación crítica" que, sostienen, vive nuestro país por la posibilidad de un Gobierno PSOE-Unidas Podemos.

Sorprende la virulencia teniendo en cuenta que, pese a que el programa del gobierno de coalición sí apunta a una revisión de las inmatriculaciones de bienes, el fin de las ayudas a los colegios que segregan por sexo o que la clase de Religión dejará de tener alternativa, ni Sánchez ni Iglesias han incluido la revisión de los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979, pese a que tanto PSOE como Unidas Podemos llevaban esta medida en sus programas electorales.

Tampoco contempla el acuerdo tocar la financiación, ni el modelo de escuela pública, ni la presencia religiosa en las Fuerzas Armadas o la Sanidad y, en cuanto a la Religión, la escuela concertada no verá mermada su presencia, y los profesores de esta materia seguirán siendo contratados (y despedidos) por los obispos, sin dar razón alguna... aunque quien pague los sueldos sea la Administración.

Perplejidad y horizonte incierto

Pese a ello, el presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez (abandonará su puesto en marzo, cuando haya elecciones entre los obispos españoles), concedió una entrevista a la web de su diócesis, en la que asegura sentir "inquietud" ante la formación de un Gobierno PSOE-Unidas Podemos.

"Ciertamente, por la situación actual, a mí me produce mucha perplejidad y un horizonte muy incierto. Yo pido al Señor que acierte en la formación del Gobierno y después en la gobernación diaria del Gobierno ya constituido, pero tengo inquietud", sostuvo el cardenal Blázquez, que insistió en que en España existen "cuatro o cinco partidos de ámbito nacional con consistencia".

"Pediría que el espíritu de la Transición, que es de diálogo, de confianza recíproca, de reconciliación, no se olvide, porque si no, es muy difícil poder convivir los distintos. Espero que no se formen bloques de una parte y de otra, no reproduzcamos nuestra historia en capítulos penosos", subrayó el presidente la Conferencia Episcopal, quien invitó a estar "muy alerta" ante las decisiones que pueda tomar el futuro Ejecutivo.

"Una hora crucial"

Más allá de Blázquez ha ido el cardenal Antonio Cañizares. El arzobispo de Valencia, actual vicepresidente de la Conferencia Episcopal y señalado por algunos sectores como candidato a suceder a Blázquez –aunque cumplirá su edad de jubilación en breve–, ha enviado una carta a todos los católicos en la que les invita a que "en todas las iglesias se ore por España, que se eleven oraciones especiales por España, que en todas las Misas se ore por España, en los conventos de vida contemplativa se ore intensamente por España".

En la carta, que lleva por título un revelador 'En esta hora crucial para España, ¡orad por España!', el purpurado considera que el país se encuentra ante una "situación crítica, de verdadera emergencia de cara su futuro".

"La situación urge y apremia", sostiene el purpurado en una carta pastoral enviada a toda la diócesis. "Nos encontramos en España con una situación crítica, de verdadera emergencia de cara a su futuro. Muchísimo va a depender de lo que suceda estos días. Lo que digo no es ni retórica ni dramatismo estéril. Es así y no hay que darle vuelta: hora crucial y de emergencia", concluye Cañizares.

Las corrientes cristianas progresistas: "Esperanzador"

Las palabras de la cúpula episcopal contrastan con el comunicado conjunto emitido por las corrientes cristianas del PSOE y de Unidas Podemos, quienes consideraban "un compromiso esperanzador e ilusionante" la formación de un Gobierno de coalición progresista, que consideran "una herramienta fundamental para superar el empobrecimiento y la desigualdad", al tiempo que "alaban el compromiso de Iglesias y Sánchez por la "construcción de una sociedad abierta, inclusiva, tolerante, justa, fraterna y centrada en el bien común".

También, de las del obispo de Sant Feliu, Agustí Cortés, quien en su carta pastoral de esta semana avala el pacto PSOE-ERC que, en principio, permitirá la investidura de Sánchez. "Siempre será mejor la tranquilidad de un pacto que la crisis del enfrentamiento continuo", y añade que "si los pactos son verdaderamente un bien para la sociedad, bienvenidos sean", destacó el prelado.

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El prólogo de la tormenta en una investidura de fin de semana. 4 ene 2020 09:54:40.eldiario.es - eldiario.es.

Fue el mejor prólogo para estos días de furia y urgencias y la sesión de investidura, y se produjo fuera del Congreso, incluso lejos de Madrid. El PP gallego entró en estado de pánico al encontrar un hashtag en Twitter que pedía el boicot a Galicia, presumiblemente por el apoyo de un diputado del BNG a la investidura de Pedro Sánchez. Es lo que ocurre cuando creas monstruos que muerden a todos los lados. Pensabas que podías controlarlo con la correa y te acaban pegando una dentellada en la pierna.

El mismo Núñez Feijóo en persona tuvo que salir para responder: "No #boicotGalicia. No. El BNG no es Galicia. El BNG solo tiene 1 diputado. No es Galicia". Lo tuvo que repetir dos veces para que se le entendiera. "No 'castiguéis' a gente honrada", había dicho la cuenta del PP de Galicia. Es decir, castigad a otras comunidades autónomas. No a nosotros, que somos de los buenos.

Ese era el ambiente que la derecha había creado antes del debate de investidura. Como siempre, arrancó con la parte más rutinaria, el discurso del candidato, necesario porque debe incluir todas sus promesas, pero sin grandes alardes que se reservan para otros momentos del pleno.

Pero al iniciarlo Sánchez sí dio un titular para los tiempos que corren. "No se va a romper España. No se va a romper la Constitución". España lleva tantos años rompiéndose que no debería quedar ya ni un mueble en pie. Eso es en la política, claro. Los ciudadanos continúan con su vida, no plácida y cómoda para todos, mientras la política va dando tumbos entre llamaradas.

Sánchez inició su discurso sabiendo que tiene la investidura asegurada por una distancia mínima y en segunda votación, por tanto, sin margen de error. La abstención de Esquerra lo hará posible. Dirigentes del partido lo habían confirmado la noche anterior después de recibir la noticia de la inhabilitación exprés de Quim Torra aprobada por la Junta Electoral Central sin esperar a que la sentencia que le condenó por desobediencia sea firme. Esa decisión de ERC hará fracasar el último intento del PP por tumbar la investidura con su recurso. 

También esta mañana, la dirección de ERC se reúne en Barcelona para estudiar la decisión contra Torra. Incluso con la abstención, los republicanos pueden dejar claro lo difícil que tendrá Sánchez su camino. 

El candidato a presidente se refirió en su discurso inicial al conflicto catalán, de forma muy sumaria y sin meterse en problemas. Esos ya vendrán en el resto de la sesión. "La única vía posible es la política, el pacto y la negociación", dijo sobre el problema catalán. "Un diálogo que se desarrolle dentro de la ley", continuó para responder de forma preventiva a la derecha. 

Hubo un segundo apunte más interesante por polémico, sobre todo porque el conflicto juega siempre sus partidos decisivos en sede judicial: "Este es un conflicto heredado. Hay que dejar atrás la deriva judicial que tanto daño ha acusado". Cada uno puede entenderlo como quiera. Puede referirse a que la mejor forma de que no intervengan los jueces es que no se viole la ley. O a que no se utilice a los tribunales para dirimir un conflicto político de raíz histórica, como por cierto lo denominó la sentencia del Tribunal Supremo en el juicio del procés. 

Sánchez pasará este fin de semana haciendo equilibrios entre unos y otros. Sí puso de manifiesto que este no será un Gobierno como el que tenía en mente después de las elecciones de abril. No hizo muchas menciones al Gobierno de coalición con Unidas Podemos. Fue el programa de medidas prometidas el que habló por él. En sanidad, educación, impuestos, igualdad o memoria histórica, detalló un programa social claramente socialdemócrata hasta un nivel que deje satisfecho a Podemos.

Cuando Sánchez se refirió a la desinformación y las "fake news", los diputados de la derecha despertaron del letargo y aplaudieron con sorna. Pablo Casado se daba en la cara para acusarle de tener mucho rostro. En las redes sociales, el argumentario del PP se había movido en los tuits de diputados del partido para acusar a Sánchez de mentir sobre sus pactos. Fue un aperitivo de la pelea que vendrá después.

La decisión de Junta Electoral Central de cerrar el paso del Parlamento Europeo para Oriol Junqueras se adoptó en un clima de división y frente a cinco votos particulares que planteaban la necesidad de esperar a la posición que el Tribunal Supremo debe adoptar en los próximos días sobre la misma materia. El máximo órgano electoral se reunió a mediodía de la víspera de la sesión de investidura: fue un encuentro de cuatro horas, sin pausa para comer y en el que se estuvo muy lejos de la unanimidad sobre las inhabilitaciones que finalmente se dictaron contra Quim Torra y Oriol Junqueras. 

Los cinco vocales que firman el voto particular piden esperar a "conocer el sentido de la resolución del Tribunal supremo antes de resolver la cuestión debatida". Frente a estos cinco vocales otros ocho apostaron por impulsar el camino rápido y acometer la inhabilitación de Oriol Junqueras sin esperar por nadie. En el caso de la inhabilitación de Quim Torra el resultado fue incluso más ajustado: siete a favor de frenar su carrera política frente a seis en contra. 

El Tribunal Supremo debe decidir en los próximos días sobre la petición de Junqueras para suspender la sentencia del procés por la vulneración de derechos fundamentales durante el proceso. La sala que preside Manuel Marchena tendrá que valorar la resolución dictada por el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) en la que se sentenció que Junqueras debe ser considerado eurodiputado con inmunidad desde el momento en el que se proclamaron los resultados de las elecciones europeas. 

No es la primera vez que las peticiones de Junqueras provocan división en los organismos que las tramitan. A finales de noviembre el Tribunal Constitucional ofreció uno de sus primeros síntomas de división a la hora de decidir sobre cuestiones relacionadas con el juicio del procés. Ese día el alto tribunal desestimó los recursos de amparo del líder independentista contra su prisión preventiva y la prohibición de ejercer sus responsabilidades parlamentarias.

Frente a la decisión mayoritaria, seis vocales redactaron un voto particular favorable a las peticiones del líder independentista. 

"No se va a romper España, no se va a romper la Constitución, aquí lo que se va a romper es el bloqueo a la mayoría progresista elegida democráticamente". Así ha comenzado Pedro Sánchez su discurso de investidura para el Gobierno de coalición con Unidas Podemos que saldrá adelante con los votos de ambas formaciones, el apoyo de varias fuerzas minoritarias y la abstención de ERC, con quien los socialistas han llegado a un acuerdo para la creación de una mesa de gobiernos para poner fin al "conflicto político" en Catalunya. A la senda política y el fin de la judicialización ha dedicado Sánchez buena parte de su intervención, pero también ha enarbolado la bandera del concepto de "patriotismo social" frente a la derecha, a la que ha reclamado que "renuncie al sectarismo" y el "insulto". 

En el inicio de su discurso, Sánchez ha defendido la coalición progresista que ha alcanzando con Pablo Iglesias y que ha reconocido que no fue posible hace unos meses y ha reprochado a PP, Ciudadanos y Vox que se erijan como los únicos defensores de España: "Se equivocan quienes desde la bancada de la derecha ponen en duda el compromiso de la izquierda con España". "Menos se entiende que agiten los peores presagios sobre el porvenir de España y se nieguen a evitarlos. No comparto sus temores; pero si no son fingidos no alcanzo a entender que no muevan un dedo para evitarlos", ha continuado.

A partir de ahí, Sánchez ha desgranado lo que para él significa la defensa de España más allá de envolverse en la bandera en lo que ha definido como el "patriotismo social". "España es la educación de nuestros hijos, las pensiones de nuestros mayores, el cuidado sanitario de nuestros familiares", ha resumido Sánchez, que ha puesto también como ejemplo las pensiones o la seguridad. 

Recibido en pie por la bancada socialista y también por la que lidera Pablo Iglesias, Sánchez ha defendido la "libertad" como uno de los pilares en los que se sustentará la "coalición" progresista. Una libertad que entiende debe proteger algunos de los principios que la extrema derecha pone en cuestión. "Una libertad plena, incompatible con el machismo, con la homofobia, con la xenofobia o con el racismo; una libertad para realizarse sin sufrir discriminación y menos aún violencia por el hecho de ser mujer", ha enumerado Sánchez, que ha aprovechado ese momento para manifestar su oposición a la "ley mordaza" y su intención de poner en marcha una normativa que avale la eutanasia. 

Otro de los ejes de la coalición que liderará Sánchez ha sido el de la cohesión territorial. Es un capítulo que ha merecido especial relevancia en las semanas previas por la negociación con ERC, que prevé avalar la investidura con su abstención tras el acuerdo suscrito con el PSOE. Sánchez ha asegurado que el "conflicto político" en Catalunya es una "crisis heredada" que el futuro Ejecutivo abordará desde el "diálogo" dejando atrás la "judicialización". 

"Necesitamos recomenzar" en Catalunya

"Hay que retomar la única vía posible, que es la política; la del diálogo, la negociación y el pacto", ha proseguido Sánchez, que ha matizado que todo ello estará "amparado por nuestra Constitución". Ese ha sido uno de los momentos en los que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha tenido que llamar al orden por el murmullo que se ha suscitado en el hemiciclo. 

Sánchez ha reconocido que en Catalunya hay un "sector amplio" de la población que siente que existen "agravios" desde la Administración central al igual que en el resto de España al igual que hay sectores catalanes que se sienten "ignorados" por sus instituciones autonómicas. El aspirante socialista también ha asegurado que hay en parte de España un "rechazo a las acusaciones que vierten algunos líderes independentistas sobre la España constitucional". "Yo me incluyo entre ellos", ha aseverado. Frente a esa situación, Sánchez ha apostado por "recomenzar" y "retomar" el diálogo para abordar el conflicto que ha insistido en que tiene una "naturaleza política".

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Arranca este sábado el debate de investidura de Pedro Sánchez que puede suponer el primer Gobierno de coalición desde la vuelta de la democracia. Llega este día con una mayoría muy ajustada del PSOE y tras el terremoto provocado por las decisiones de la Junta Electoral Central de este viernes: la decisión sobre Quim Torra y la negativa a que Oriol Junqueras sea eurodiputado.

La defensa del president de la Generalitat, Quim Torra, hacía días que esperaba la decisión que este viernes por la tarde ha tomado la Junta Electoral Central. Fue la propia JEC la que llevó a la Fiscalía la desobediencia de Torra a su orden y, una vez el tribunal le ha condenado, el equipo jurídico del president estaba convencido de que tratarían de cesarlo. Ahora tienen previsto presentar un recurso judicial y reclamar medidas cautelares, con la esperanza de que la sala tercera del Supremo revoque a la mayor brevedad la decisión del organismo electoral.

Según indican las fuentes jurídicas consultadas, Torra podría encontrar amparo en los tribunales teniendo en cuenta la colisión evidente entre dos leyes orgánicas, la que regula los procesos electorales y el Estatut catalán. Dos normas de igual rango y que pueden interpretarse de forma contraria, por lo que tanto la defensa de Torra como los servicios jurídicos del Parlament, pero también la propia Junta Electoral de Barcelona, considera que debe leerse de la forma menos lesiva con el ejercicio de los derechos políticos.

La controversia jurídica está servida ya que, por una parte, la ley electoral (LOREG) permite declarar inelegible a cualquiera contra quien pese una inhabilitación por delitos "de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado", gracias a una reforma introducida para evitar que diputados independentistas vascos relacionados con ETA pudieran tener cargos. Pero, por otra parte, el Estatut determina que los tribunales solo pueden cesar al president mediante una condena penal firme de inhabilitación, un precepto que se reafirma en la ley de la presidencia.

"Elegido entre los diputados"

Hay un argumento más que esgrimen fuentes jurídicas del Govern respecto al procedimiento que ha realizado la Junta Electoral. Según indican, la decisión de la JEC no puede cesar al president aunque le descabalguen de la condición de diputado, ya que Torra ya fue elegido e investido por el pleno del Parlament. Según esta interpretación, aunque el Estatut indica que el president de la Generalitat debe ser elegido entre los diputados, ninguna ley dispone que deba cesar de la presidencia si pierde su escaño.

La primera revisión de la decisión de la Junta Electoral la deberá realizar el Supremo, donde el equipo jurídico de Torra enviará su primer recurso. Esta actuación por sí misma no deja sin efecto la resolución de la JEC, por lo que la destitución del president seguiría su curso. Ahora bien, la sala tercera del Tribunal sí podría entender que debe suspender la resolución si los efectos que esta provoca son irrevocables mientras el tribunal sentencia sobre el fondo de la cuestión. Es este el último argumento que los abogados del president esgrimen en favor de esperar a que la sentencia sea o no confirmada por el Supremo.

"Mientras el Parlament no diga lo contrario continuaré siendo diputado y president de Catalunya", ha afirmado Torra en una comparecencia en el Palau de la Generalitat tras una reunión extraordinaria del Govern. El president, que ha calificado la decisión de la Junta Electoral Central de "golpe de Estado", comparecerá este sábado ante el Parlament para volver a reclamar la confianza del pleno tras su destitución. En el ámbito político, los planes de Torra pasan por buscar que el Parlament le reafirme en el cargo y provocar el choque entre la institución catalana y los tribunales.

Pedro Sánchez afronta a partir de este sábado su tercer debate de investidura como candidato a la presidencia. Esta vez llega al Congreso con los apoyos amarrados para sacarla adelante por la mínima tras varias semanas de negociaciones que los grupos minoritarios han apurado hasta el final. Pero cuando el PSOE se disponía a firmar el último acuerdo, con el BNG, la Junta Electoral Central ha asestado un revés a la Generalitat con la inhabilitación de Quim Torra y otro a ERC al oponerse a que Oriol Junqueras sea considerado eurodiputado añadiendo una nueva incógnita a la ya de por sí ajustada mayoría de Sánchez.

Las decisiones de la Junta en la víspera del comienzo del debate de investidura en respuesta a sendos recursos del PP y Ciudadanos han caído como un jarro de agua fría en la cúpula socialista, donde califican como una "vergüenza" el posicionamiento del que es un "organismo administrativo/electoral". La número dos del PSOE y quien ha encabezado las negociaciones con ERC, Adriana Lastra, ha comparecido de urgencia para cuestionar las decisiones de la Junta Electoral y atacar a la "derecha y la ultraderecha" de intentar "boicotear" la investidura. Ha sido un gesto inmediato para sus aliados de ERC. "La democracia se va a abrir paso. Mañana empieza un nuevo ciclo en este país", ha avisado Lastra. Los socialistas esperan que la maniobra de la Junta Electoral no haga a ERC cambiar de opinión provocando la tercera investidura fallida de Sánchez.

Lastra ha comparecido tras rubricar el último acuerdo con un grupo minoritario necesario para garantizarse la investidura. Tras ocho meses en funciones, dos elecciones, semanas de negociación diputado a diputado, el candidato socialista obtendrá el próximo martes, salvo cambios de última hora, la confianza del Congreso en segunda votación con un margen de tres votos: 167 síes, 19 abstenciones –ERC, Bildu y Coalición Canaria– y 164 noes. 

Si nada cambia el las próximas horas, la investidura de Sánchez dará paso al primer gobierno de coalición desde la restauración de la democracia en España con una mayoría más apretada de lo que hubieran deseado sus protagonistas. El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, consigue el objetivo de ser vicepresidente que lleva persiguiendo desde que irrumpió en el Congreso hace cuatro años, aunque lo hace con la mitad de diputados que logró entonces. El grupo confederal tendrá, además, al menos tres ministerios

El hueso más duro de roer ha sido ERC, cuya abstención era imprescindible para que el pacto entre PSOE y Unidas Podemos saliera adelante y por eso los socialistas temen que cualquier movimiento pueda perjudicar la investidura. El grupo que lidera Gabriel Rufián ya había dejado claro tras las elecciones de abril que la sentencia del procés complicaría su respaldo. Las conversaciones con los de Oriol Junqueras se han prologando durante seis semanas en las que ha habido altibajos vinculados al calendario judicial: los republicanos anunciaron la suspensión de las negociaciones hasta conocer el posicionamiento de la Abogacía del Estado ante el fallo del Tribunal de Justicia de la UE sobre la inmunidad de su líder encarcelado. La posición de los servicios jurídicos del Estado, siguiendo la línea que ya mantuvo durante el juicio, fue finalmente bien recibida por ERC. 

El principal escollo de la negociación ha sido, no obstante, la creación de una mesa de negociación entre gobiernos que va más allá de la comisión bilateral que establece el Estatut –que era el marco del que el PSOE quería que dependiera de alguna forma el diálogo para la resolución del "conflicto político" en Catalunya–. Una vez asumidas una serie de exigencias de los republicanos catalanes, como la consideración de la naturaleza política de la crisis territorial o el reconocimiento de Quim Torra como interlocutor de la Generalitat, los socialistas han aceptado también la "bilateralidad" de la negociación así como un diálogo sin vetos donde cada parte pueda plantear lo que le parezca. 

Las conclusiones de esa mesa de negociación entre gobiernos –que Torra no daba ya por válida antes de que este viernes fuese inhabilitado por la Junta Electoral Central – se someterán a consulta en Catalunya. Para ello el PSOE no descarta que se tengan que modificar las leyes actuales para darle encaje, pero ha dejado claro que no supone un "referéndum de autodeterminación". Ese es, para los socialistas, el punto de partida de ERC, pero creen que tendrán que encontrar un punto de encuentro que cuente con "la mayor adhesión de la sociedad de Catalunya", según explicó el secretario de organización del partido y ministro de Fomento, José Luis Ábalos. 

Una vez atado el entendimiento con ERC –y a falta de que lo suscribieran sus órganos de dirección–, el PSOE pisó el acelerador con el resto de formaciones necesarias para la investidura. Esquerra había asegurado previamente que la decisión de la Junta Electoral Central –que finalmente ha optado por inhabilitar a Torra antes de que se pronuncie el Tribunal Supremo sobre su condena por desobedecer la orden de retirar lazos amarillos del Palau de la Generalitat– no supondría un escollo puesto que cabe recurso contra ella. Ahora la convocatoria de la Ejecutiva de urgencia a las 10:30 horas de este sábado se ha convertido la principal incógnita para la investidura. 

Negociación in extremis con el BNG

Sánchez e Iglesias se reunieron en Moncloa durante tres horas el domingo para cerrar los flecos del acuerdo programático ante una investidura que se preveía inminente. La literalidad del que será el plan de actuación del bipartito se dio a conocer el pasado lunes por la tarde. Previamente, Sánchez había rubricado el acuerdo con Andoni Ortuzar, que le otorga los seis síes del PNV. A los nacionalistas vascos les prometió completar las transferencias pendientes. El futuro presidente acordó impulsar "las reformas necesarias para adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las identidades territoriales". 

A continuación llegó rodado el apoyo de los diputados de Más País, Íñigo Errejón e Inés Sabanés, mientras la negociación se iba puliendo con el resto de partidos minoritarios. La víspera de que arrancara el debate de la investidura, la vicesecretaria general, Adriana Lastra, suscribió los acuerdos con Compromís, Nueva Canarias y Teruel Existe –que logró compromisos para infraestructuras y telecomunicaciones–. Con el apoyo de esos tres diputados, Sánchez amarraba 166 síes, 18 abstenciones –las trece de ERC y las cinco de Bildu tras ratificar sus militantes la decisión de la dirección– frente a 163 votos en contra. 

Al rechazo de PP, Vox, Ciudadanos, JxCat, CUP, y Navarra Suma con el que los socialistas contaban desde el principio, se sumó por sorpresa el diputado del PRC tras la decisión de Miguel Ángel Revilla de votar en contra por el acuerdo suscrito por los socialistas y los republicanos catalanes. El PSOE, por su parte, amenazó con dinamitar el acuerdo de gobierno en Cantabria. Con ese "cambio drástico de posición" (según lo definió Ábalos), la investidura quedaba a la espera de la decisión de Coalición Canaria y BNG. El nerviosismo se apoderó de algunos dirigentes socialistas cuando los nacionalistas gallegos mostraron sus reticencias públicamente. 

No obstante, por la tarde del viernes respiraron con alivio al constatar que su representante en el Congreso, Néstor Rego, no impediría la investidura. El diputado nacionalista gallego secundará la investidura convirtiéndose en el apoyo 167. Por su parte, Coalición Canaria ha decidido abstenerse en el último momento. Así le han salido las cuentas a Sánchez. 

Una derecha enardecida 

A pesar de que la dirección del PSOE ha asegurado que el acuerdo que "en su caso" se alcance a través de la mesa de negociación entre gobiernos tendrá encaje legal, la derecha lleva semanas enardecida contra el futuro Gobierno de coalición. PP y Vox han recuperado el mantra de que se rompe España, habitual durante la presidencia de Rodríguez Zapatero. "El pacto del PSOE y ERC liquida la soberanía nacional", afirmó el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos. También preocupado por la unidad de España se mostró Vox, que acusó a Sánchez de "arrodillarse" ante "unos auténticos golpistas".

La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, reclamó sin éxito a los presidentes autonómicos socialistas que frenaran la aspiración de Sánchez de seguir en Moncloa a través de pactos con los nacionalistas. Solo Emiliano García-Page y Javier Lambán respondieron al teléfono. A pesar de que en las filas del PSOE el acuerdo con ERC provoca suspicacias, solo el presidente de Castilla-La Mancha ha alzado la voz públicamente para reclamar que la "bilateralidad" debe ser igual para todas las comunidades y que el diálogo incluya a "los representantes del conjunto de los españoles". 

La ardua negociación que se ha prolongado hasta la última hora de la víspera del debate de investidura anticipa una legislatura costosa para el futuro Gobierno de coalición. "Lo que sí sabemos es que nos va a tocar mucha negociación política con todos los grupos. Los grupos pequeños adquieren mucha relevancia. Los esfuerzos han de ser mayores. Somos rehenes de los 350 diputados", admitió Ábalos. Sánchez solo ha cerrado los apoyos al gobierno de coalición para esta votación que optó por colocar en el puente de Reyes. El temor a que descarrile el entendimiento con ERC ha sido una constante para los negociadores. 

El camino hasta aquí se ha prolongado siete meses desde las elecciones del 28 de abril, que se convocaron tras el fracaso de los Presupuestos Generales del Estado por la decisión de ERC de presentar una enmienda a la totalidad que echó por tierra, además, el diálogo que se había emprendido entre el Gobierno y la Generalitat. 

A pesar de la victoria electoral, Sánchez fracasó en su intento de seguir en Moncloa en julio por la incapacidad de llegar a un entendimiento con Unidas Podemos. Tras dilatar más de un mes el inicio de las conversaciones, comenzó un tira y afloja entre Sánchez e Iglesias que derivó en una negociación de apenas 72 horas para un gobierno de coalición después de que el líder de Podemos renunciara a formar parte del Consejo de Ministros. Dos meses después, las conversaciones entre ambas formaciones seguían enquistadas derivando en una repetición electoral el 10 de noviembre

Apenas 24 horas después de pasar de nuevo por las urnas, Sánchez e Iglesias alcanzaron un acuerdo para un gobierno de coalición. Evitaban así todo tipo de presiones internas y externas y el ruido general, tras haber empeorado sus resultados. El PSOE, que había aspirado a aumentar su representación a costa de Unidas Podemos y Ciudadanos presentándose como víctima del bloqueo, falló en su estrategia y perdió tres escaños. Unidas Podemos bajó de 42 a 35 diputados. "Está bien escuchar a la ciudadanía", justificó Sánchez sobre su cambio de posición dado que en septiembre se cerró a negociar una coalición con Iglesias. El 10 de noviembre, Sánchez recibió el mensaje de las urnas" y supo "interpretarlo", según explicó a los periodistas en una conversación informal durante el aniversario de la Constitución. 

Ahora ambos líderes se preparan para enfrentar un proyecto "ilusionante" que tendrán que defender desde la tribuna del Congreso. El primero en intervenir en el debate será Sánchez a las 9 de la mañana de este sábado. No tendrá límite de tiempo describirá "las señas de identidad de la Coalición progresista", según fuentes socialistas, que apuntan a "la justicia social, la defensa de los servicios públicos, la libertad y cohesión y diálogo territorial".

Tras un receso, será el turno de Pablo Casado con las consiguientes réplicas y contrarréplicas a Sánchez. A partir de ahí, intervendrán los grupos de mayor a menor representación hasta que se cierre el Pleno para su continuación al día siguiente. Fuentes parlamentarias calculan que la primera votación se produzca al mediodía del 5 de enero. Sánchez irá al día siguiente a la Pascua Militar aún en funciones puesto que no logrará la mayoría absoluta y 48 horas después del primer intento obtendrá la confianza de la Cámara con mayoría simple. Si finalmente dan los números, Sánchez tendrá que prometer entonces su cargo ante el jefe del Estado y dar a conocer los nombres del primer Consejo de Ministros bipartito desde la Segunda República. 

El teorema del punto gordo es una broma matemática que afirma que dos rectas paralelas pueden cortarse en un punto, siempre que ese punto sea suficientemente gordo. A este principio parecen haberse acogido PSOE y ERC para consensuar el documento que ha acabado desbloqueando la investidura de Pedro Sánchez a cambio de abrir una futura negociación entre gobiernos. Un texto que utiliza un lenguaje lo suficientemente ambiguo como para permitir interpretaciones abiertas y adaptables a las necesidades de cada parte, pero que a la vez permite poner a ambos los mínimos para avanzar.

El riesgo de usar el punto gordo es que las interpretaciones sobre lo pactado no coincidan. Y eso es precisamente lo que ha pasado este viernes, solo un día después de que los republicanos aprobaran el acuerdo, cuando PSOE y ERC han discrepado públicamente sobre si la Constitución será o no un límite en la negociación que se han comprometido a abrir en 15 días. Mientras que para los socialistas cualquier acuerdo al que se llegue debe estar dentro de la Constitución, los independentistas creen que el marco pactado permite llegar más lejos.

"Hemos identificado que el marco legal es el ordenamiento jurídico democrático, y esto va mucho más allá de la Constitución", ha explicado este viernes la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, en los micrófonos de Catalunya Ràdio. A juicio de la republicana, la Carta Magna no puede suponer "un tope" para la negociación pues "la democracia y la voluntad de la ciudadanía van más allá de los marcos legales que tenemos en cada momento", ha expresado.

Pero el ministro de Fomento en funciones y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, poco ha tardado en contradecir esta postura. Tras celebrarse la ejecutiva socialista donde se han ratificado los pactos alcanzados para la investidura, Ábalos ha asegurado que no hay posibilidad de que en la mesa con la Generalitat el Gobierno pacte nada que quede fuera de la Constitución, ni mucho menos que se someta a referéndum.

El socialista ha separado entre dos ámbitos: el espacio del intercambio y la negociación, donde cualquier propuesta puede ser debatida, y el acuerdo final que finalmente rubriquen el Govern de la Generalitat y el Gobierno central. "En la mesa estamos dispuestos a debatir cualquier iniciativa, pero eso no significa aceptar cualquier iniciativa", ha resumido Ábalos. Además, en lo que respecta al ámbito de los acuerdos, el socialista ha dejado claro que el PSOE solo aceptará medidas enmarcadas dentro de la legalidad "vigente en ese momento", es decir, en la Constitución.

Desde el PSOE no niegan que cabe la posibilidad de hacer cambios en el ordenamiento jurídico, incluidos el Estatut o la Constitución. Pero recuerdan que eso debería realizarse siempre mediante los mecanismos de reforma que prevén las propias leyes.

Validación en forma de consulta

Pero si la Carta Magna es o no un muro infranqueable en la negociación no es la única discrepancia que han dejado ver los partidos. El otro "punto gordo" importante del documento es el párrafo en el que se habla del referéndum. Según indica el texto "las medidas en que se materialicen los acuerdos serán sometidas en su caso a validación democrática a través de consulta a la ciudadanía de Catalunya, de acuerdo con los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político".

Tanto el PSOE como ERC aceptan, por tanto, celebrar una consulta entre los catalanes. Menos claro está qué tipo de respaldo legal debe tener esta consulta pues, aunque la Constitución permite referéndums estatutarios en el territorio al que se refieren, los republicanos niegan que tengan intención de proponer o aceptar una reforma del Estatut en el acuerdo final. De esta forma el encaje de la consulta podría depender de la legislación autonómica sobre las consultas, siempre controvertida por haber sido el amparo legal del proceso participativo del 9 de noviembre de 2014, y que solo permite a la Generalitat a convocar votaciones no vinculantes.

Esquerra, con todo, ha evitado igualar la consulta pactada con ninguna clase de referéndum. De la misma forma, Ábalos ha querido subrayar que "una consulta no es un referéndum de autodeterminación", por lo que las comparaciones que ha lanzado la oposición, en su opinión, carecen de sentido.

A falta de que comience el pleno de investidura, todo apunta a que Pedro Sánchez será nombrado presidente de Gobierno el próximo 7 de enero. El líder socialista arranca este sábado el debate con 167 apoyos garantizados (PSOE, Unidas Podemos, Más País, Compromís, Teruel Existe, Nueva Canarias, BNG y PNV) frente a 164 votos en contra (Vox, Ciudadanos, Navarra Suma, PP, Foro, JxCat, CUP y PRC).

El candidato socialista no conseguirá ser elegido en la primera votación que tendrá lugar el domingo, ya que para ser nombrado presidente en ese momento necesitaría mayoría absoluta (176 votos). 48 horas después, el martes 7 de enero, se celebrará un segundo plebiscito en el que ya solo necesitaría obtener mayoría simple, es decir, más síes que noes.

Con la abstención de los trece diputados de ERC, los cinco de EH Bildu y la única representante de Coalición Canaria, por ahora Sánchez cuenta con más votos a favor que en contra. Aunque la formación independentista catalana acordó este jueves no votar en contra de la investidura, esta decisión podría modificarse tras la Ejecutiva que han convocado este sábado para valorar la inhabilitación de Quim Torrala resolución de la Junta Electoral Central que determina que Oriol Junqueras no puede ser eurodiputado. Más allá de los 120 diputados socialistas, esta es la situación actual de los apoyos recabados por el PSOE.

A favor

Unidas Podemos. 35 diputados. La confluencia liderada por Pablo Iglesias conformará junto al PSOE el primer Ejecutivo de coalición de la democracia. Estos dos partidos hicieron público la semana pasado su programa de Gobierno, en el que apuestan por incremento de impuestos para los más adinerados, la derogación de la reforma laboral y el desarrollo de un ingreso mínimo vital.

Además, contempla el final de la LOMCE, eliminar progresivamente el copago y combatir la gestación subrogada. También recogen medidas sobre el desafío independentistas, comprometiéndose a aplicar el diálogo para abordar "el conflicto político" y a actualizar el sistema autonómico. Con el apoyo de Unidas Podemos, Sánchez sumaría 155 votos en el debate que comienza este sábado.

PNV. Seis diputados. El PSOE también ha ratificado un acuerdo con los nacionalistas vascos. El documento consta de doce puntos, entre ellos negociar y traspasar a la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) las "competencias estatutarias pendientes", así como ceder en el plazo de seis meses "las competencias de tráfico a la Comunidad Foral de Navarra". 

Estas dos formaciones han apostado por "acordar previamente con EAJ-PNV las medidas fiscales que el Gobierno quiera proponer a las Cortes, así como encauzar las discrepancias que puedan producirse en las relaciones en el ámbito fiscal o el financiero establecidas por el Concierto Económico". Con el apoyo de Unidas Podemos y PNV, Sánchez sumaría 161 votos a favor de su investidura.

Compromís. El único diputado que tiene Compromís en el Congreso de los Diputados también votará a favor del Gobierno de Pedro Sánchez. Los socialistas han conseguido el apoyo de Joan Baldoví a cambio de que el futuro Gobierno de coalición se comprometa a aportar el 50% de los fondos para el sistema de atención a personas con dependencia y a que condone la deuda del Consorcio Valencia 2007, la sociedad creada para la celebración de la Copa América.

Más PaísÍñigo Errejón ya planteó antes de las elecciones que cada uno de sus votos estaría "al servicio de un gobierno progresista". Por lo tanto, manteniendo esa postura, los dos diputados que obtuvieron el 10N han confirmado que votarán a favor de la investidura de Sánchez. "Es una oportunidad para la justicia social y la transición ecológica. Ahora todo por hacer: hay que concretarlo y empujar para llevarlo más lejos", aseguró Errejón en su perfil de Twitter, al confirmar que el Gobierno de Coalición contaría con sus apoyos.

Teruel Existe. Un diputado. Tomás Guitarte, único representante de la formación aragonesa, también apoyará al candidato socialista. "Es nuestro compromiso, luchar por nuestra tierra apoyando un pacto de investidura, y como siempre hemos defendido, en el que sus acuerdos estén dentro del marco constitucional, como así va a ser", anunciaban en su cuenta de Facebook.

Nueva Canarias. Un diputado. Pedro Quevedo también se ha sumado al 'sí' a Sánchez, tras el pacto alcanzado entre su partido y el PSOE, en el que los socialistas se han comprometido a defender la condición de Región Ultraperiférica (RUP) de Canarias, el Régimen Económico y Fiscal (REF) y el Estatuto de Autonomía de Canarias.

BNG. Un diputado. Fue uno de los últimos partidos en hacer pública su postura, para anunciar finamente que votarán a favor. De esta forma, y gracias a la formación nacionalista, el líder socialista se ha asegurado ya revalidar la presidencia del Gobierno en la segunda votación.

Abstención

ERC. 13 diputados. Este jueves  anunciaron que facilitarían la investidura. El Consell Nacional de la formación independentista apoyó el texto del acuerdo al que se llegó con el PSOE, en el que los dos partidos se comprometen a crear "una mesa bilateral de diálogo, negociación y acuerdo para la resolución" del conflicto catalán. Sin embargo, esta decisión podría alterarse tras las resoluciones emitidas por la Junta Electoral Central este viernes, con las que han inhabilitado tanto al president Quim Torra como a Oriol Junqueras. Los republicanos han convocado una Ejecutiva este sábado que podría modificar el sentido de su voto. 

EH Bildu. Cinco diputados. Las bases de EH Bildu han validado con un 81% la abstención de sus representantes para facilitar la investidura de Sánchez. De esta forma, la militancia de la coalición vasca ha refrendado la decisión avanzada por la dirección del partido, que era partidaria de abstenerse en el debate al considerar que un Gobierno de coalición "abre una ventana de oportunidad para la resolución de los graves problemas estructurales del Estado". 

Coalición Canaria. Una diputada. A última hora de este viernes, el consejo político de la formación nacionalista anunciaba la orientación del voto de Ana Oramas. Esta formación había optado por desmarcarse de Nueva Canarias, su socio en las últimas elecciones generales, y elevar las exigencias al PSOE, entre ellas requerían una bonificación del 60% del IRPF para todas las rentas o una deducción parecida sobre el impuesto de sociedades.

En contra

Vox (52), Ciudadanos (10), Navarra Suma (2), Foro (1) y PP (88)153 diputados. Los partidos de derecha y de extrema derecha mantendrán la misma postura que defendieron en el anterior debate de investidura, que desembocó en la convocatoria de elecciones del 10 de noviembre. Aunque el pasado 10N tampoco consiguieron revalidar una suma de escaños que les permitiera realizar una propuesta de Gobierno, PP, Ciudadanos y Vox han continuado su ofensiva para criticar la investidura del líder socialista, gracias a la abstención de ERC y EH Bildu.

Junts per Catalunya y CUP. Diez diputados. JxCat justifica su negativa asegurando que han constatado "muchos déficits y pecados originales" durante las conversaciones con el PSOE. Por su parte, la CUP se suma a ese voto en contra asegurando que "facilitar la gobernabilidad del Estado no aportará soluciones ni para frenar la represión ni para el ejercicio de la autodeterminación, como tampoco en materia de políticas sociales".

PRC. Un diputado. A pesar de que el Partido Regionalista de Cantabria fue la única formación que se sumó al PSOE para votar en julio a favor de la investidura de Sánchez, en esta ocasión ha anunciado que le dará la espalda. Este cambio de opinión se produjo después de que la Ejecutiva del partido de Miguel Ángel Revilla conociese el texto firmado entre socialistas y republicanos catalanes.

"Nos parece inasumible que un acuerdo entre el Gobierno de España y el de la Generalitat solo se pudiera someter a consulta de los ciudadanos de Cataluña y no a los de España", ha argumentado el único diputado del PRC, José María Mazón.

La reforma legal que abordó la Comisión Institucional del Congreso de los Diputados a finales de 2010 tenía un objetivo muy concreto: lograr que los condenados por terrorismo saliesen de las instituciones sin esperar a que la sentencia fuese firme. Sucedió semanas antes de que ETA declarase el alto un alto el fuego permanente la segunda semana de 2011. Con el PSOE todavía en el Gobierno, aunque hundido en las encuestas, José Luis Rodríguez Zapatero autorizó un pacto con el Partido Popular para introducir un cambio en la ley electoral que buscaba combatir al entorno de ETA en las instituciones. Se hizo a través de una enmienda de UPYD, entonces liderado por Rosa Díez.

El texto proponía incluir entre los inelegibles a "los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración pública, o contra las institución es del Estado, cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal".

Aquella proposición de ley fue aprobada con el voto en contra del PNV, que insistió en su "inconstitucionalidad", ERC y Nafarroa Bai. CiU se abstuvo en algunas de las enmiendas. Ya entonces el representante de Esquerra Joan Ridao alertó de que la norma podría alterar los resultados electorales, puesto que facultaba a declarar inelegible a un cargo público por una condena sobrevenida después de haber tomado posesión.

La iniciativa formaba parte de una batería legal para impedir que los sucesores de Batasuna siguieran en sus escaños. "A las amenazas se contesta con más democracia y por eso estas medidas son lícitas y justas, pero sobre todo un nuevo instrumento para la defensa de la democracia", proclamó el diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro.

Ocho años después, el PP y Ciudadanos invocaron la aplicación de esa reforma legal ante la Junta Electoral Central para inhabilitar al president de la Generalitat, Quim Torra, después de que este haya sido condenado por desobediencia al no atender los requerimientos, precisamente de la Junta Electoral Central, para que retirase los lazos amarillos del Palau la Generalitat que pedían la libertad de los presos preventivos durante la campaña electoral.

La primera resolución de la Junta Electoral de Barcelona, descartó la inhabilitación de Torra como diputado hace solo una semana. Pero la Junta Electoral Central ha enmendado esa decisión (por una ajustada mayoría de seis contra cinco) y ordena que deje de ser diputado, lo que conllevaría su cese como presidente, puesto que el Estatut de Catalunya establece que el President ha de tener escaño en el Parlament.

La Junta Electoral Central también ha concluido que el líder de ERC, Oriol Junqueras, debe perder la condición de eurodiputado, también como consecuencia de estar condenado por el Tribunal Supremo, en este caso por el delito de sedición, que le ha supuesto una pena de nueve años de cárcel.

Es la primera vez que el cambio legal pactado por PSOE y PP en 2011 se aplica a cargos que no son municipales. Sí se produjeron resoluciones en los que se apartaron a concejales y alcaldes. El caso más sonado es el del exregidor de Valladolid, Javier León De la Riva, del PP, al que no se le permitió tomar como posesión como edil tras haber sido condenado en primera instancia por un delito de desobediencia por el retraso en cumplir una sentencia judicial sobre irregularidades urbanísticas en el edificio donde residía.

Desde el mismo 10N en el que las tres derechas no lograron una suma de escaños que les permitiera desbancar al PSOE de La Moncloa, PP, Ciudadanos y Vox se situaron en la oposición al nuevo Ejecutivo de izquierdas. Las tres formaciones se han esforzado desde entonces por poner todos los obstáculos posibles para que Pedro Sánchez no pudiera consumar su investidura, que previsiblemente se confirmará el martes después del debate que se inicia este sábado en el Pleno del Congreso de los Diputados.

En plena pugna por la hegemonía de la derecha dividida en tres desde hace meses, las fuerzas conservadoras llegan al debate parlamentario alentadas por las decisiones adoptadas este viernes por la Junta Electoral Central inhabilitando al president de la Generalitat, Quim Torra, y declarando que Oriol Junqueras no puede ser eurodiputado. Con ambos escritos que el PP se ha atribuido como un triunfo propio al ser la parte recurrente, las derechas confían en poder hacer saltar por los aires la investidura de Sánchez. 

"El PP consigue que Torra pierda su escaño de diputado después de que la Junta Electoral Central haya aceptado nuestro recurso", aseguraba el líder del PP, Pablo Casado, en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter. Minutos después, pero casi una hora antes de que la JEC hiciera público su escrito sobre Junqueras, Casado añadía, en otro tuit:"Otro recurso del PP a la Junta Electoral Central consigue que Junqueras no sea eurodiputado, y por tanto siga en la cárcel sin viajar a Bruselas, como pretendía el informe del Gobierno de Sánchez. A cada cesión a los separatistas responderemos con la firmeza del Estado de Derecho".

También la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, trataba de atribuirse el mérito de las decisiones de la JEC: "Gran noticia: la Junta Electoral estima nuestro recurso y ordena cesar a Torra. Mientras Sánchez pacta con los separatistas que se saltan las leyes, Ciudadanos utiliza todos los recursos para hacerlas cumplir. Seguimos trabajando por nuestra democracia", señalaba en otro mensaje en la misma red social.

Y también desde la cuenta oficial de Vox se apropiaban de las inhabilitaciones acordadas por la justicia: "VOX logra impedir que la petición de la Abogacía del Estado salga adelante. Nuevo jaque al golpismo y al plan de PSOE-ERC", contaban.

Las tres fuerzas, PP, Ciudadanos y Vox, llegan al debate de investidura preparadas para deslegitimar en el hemiciclo el pacto de Gobierno de PSOE y Unidas Podemos así como los acuerdos suscritos por los socialistas con PNV, ERC y otras fuerzas políticas más pequeñas para garantizarse la reelección de Sánchez. La escalada dialéctica llevará a estas fuerzas a acusar a la izquierda de querer "romper España", así como de intentar gobernar "en contra de la Constitución". 

Ese mensaje del miedo por la toma del poder de un Gobierno progresista inundará los discursos de PP, Ciudadanos y Vox de este fin de semana, según reconocen sus respectivas direcciones, después de que las tres negaran cualquier tipo de acuerdo alternativo al PSOE tras las elecciones generales, con la excepción de Inés Arrimadas, que contando solo con sus diez diputados planteó una gran coalición de socialistas, PP y Ciudadanos pese a que la formación de Casado la rechazó una y otra vez.

Desde el equipo de Pablo Casado se confiesan "preocupados ante la situación" generada por los pactos suscritos por los socialistas. Fuentes de la dirección del PP consultadas por eldiario.es anuncian que su líder realizará en el Congreso un discurso en el que desarrollará que los populares son "el dique de contención ante un Sánchez que ha vendido España por su sillón en la Moncloa".

"España va a ir a peor"

En Génova 13 creen que el líder socialista "es el presidente que quieren Otegi, Rufián y Pablo Iglesias, con quien no se podía plantear formar un Gobierno porque provocaba insomnio, en boca del propio Sánchez". "Hay muchos españoles que están intranquilos, no sólo en el centro derecha, sino también entre los votantes socialistas", insisten en la dirección del PP, que aventura que Casado defenderá desde la tribuna que "España va mal y lo más peligroso es que tiene las expectativas de ir peor" con el nuevo Ejecutivo.

Como ya ha hecho en los últimos días, el líder popular pintará en el Congreso un futuro apocalíptico al que ha abocado el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos con más pobreza, más paro, el fin de la libertad de mercado e incluso la instauración del "cantonalismo" en materia territorial, así como la connivencia española con "dictaduras", entre las que citaba a Cuba o Venezuela, y la "ruptura" definitiva de los socialistas con la Constitución de 1978.

En Ciudadanos afirman que este sábado Arrimadas no va a variar su postura frente al acuerdo del PSOE cerrado con ERC que "pone en peligro la igualdad y la unidad de España" y en el que "ni siquiera se cita a la Constitución", según adelantan fuentes cercanas a la portavoz parlamentaria. "Ella ya ha ofrecido la vía de los 221 escaños como alternativa a ese pacto porque es la más sensata y viable. Y se lo volverá a reiterar en el debate", añaden.

Por ello, Arrimadas seguirá "hasta el último minuto" exigiendo al líder del PSOE que "recapacite" y no cierre ese gobierno "con populistas" apoyado por "separatistas" y el PNV. La dirigente de Ciudadanos volverá a dirigirse a la bancada socialista para apelar al "sentido de Estado" de sus dirigentes, y a su historia, recordándoles que el PSOE siempre ha sido un partido garante de los valores constitucionales.

Apelaciones a los barones socialistas

Arrimadas dedicó el jueves a hacer una ronda de llamadas telefónicas a los barones del PSOE que considera "críticos" con estas negociaciones, como el aragonés Javier Lambán o el castellano manchego Emiliano García Page –el extremeño Guillermo Fernández Vara no quiso ponerse al teléfono, aseguran en Ciudadanos–, y a líderes de los partidos regionalistas con representación parlamentaria como Ana Oramas (CC); José María Mazón (PRC) y Tomás Guitarte, de Teruel Existe (TE), a los que invitó a ayudarla para "frenar a Sánchez".

La portavoz de Ciudadanos llamó también a Pablo Casado para trasladarle la misma propuesta, la única que considera que puede "evitar un gobierno que solo va a profundizar en dar privilegios a unos y agravios a otros". Su indignación contra el documento que los socialistas cerraron con ERC quedó bien clara en su cuenta de Twitter. "Nadie en el PSOE piensa decir BASTA?", se preguntaba.

Horas antes de que comenzara el debate en el Congreso Vox continuaba, por su parte, elevando el tono contra el PSOE. Santiago Abascal denunciaba en su perfil de Twitter este martes que Pedro Sánchez estaba usando "las vacaciones navideñas para pisotear el Estado de Derecho", poco después de que se conociese que la Abogacía del Estado iba a pedir al Supremo que Oriol Junqueras ejerza como eurodiputado hasta que se suspenda su inmunidad.

"Para conseguir el apoyo de los separatistas, ha humillado a la abogacía del Estado, convertida en la abogacía de ERC", añadía el presidente del partido de extrema derecha. Abascal subirá por primera vez este fin de semana a la tribuna del Congreso como líder de la tercera fuerza nacional, tras conseguir en las elecciones del pasado 10N pasar de 24 a 52 diputados.

El PSOE, un partido "traidor" y "golpista"

Este viernes, la secretaria general del grupo parlamentario, Macarena Olona, dejaba entrever en una entrevista en EsRadio el argumentario que defenderá su formación: duro con el PSOE y buscando erigirse como "la única alternativa patriótica" frente al Gobierno progresista de coalición. La diputada del partido de extrema derecha volvía a acusar al PSOE de ser un partido "traidor", "golpista" y sin escrúpulos "para hacerse con el poder y asaltar la Moncloa".

Incluso antes de que se conociera el contenido de los pactos alcanzados entre las fuerzas progresistas y nacionalistas, las tres derechas ya iniciaron su plan de acoso y derribo contra la izquierda en el primer minuto de la legislatura, justo después del pleno de la constitución de las Cortes del 3 de diciembre.

Siguiendo con la estrategia de la judicialización de la política que ya pusieron en marcha en años anteriores, PP, Ciudadanos y Vox anunciaron entonces la presentación de sendos recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional por las fórmulas de acatamiento utilizadas por algunos diputados de Unidas Podemos, ERC o JxCat que fueron validadas por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.

Se trata de frases añadidas por esos parlamentarios que fueron idénticas a las empleadas en el inicio de la penúltima legislatura por los mismos partidos y que entonces fueron avaladas también por la entonces presidenta de la Cámara Baja, la popular Ana Pastor, paradójicamente hoy firme defensora de los recursos ante el Constitucional.

Las tres derechas prosiguen este sábado con su estrategia de poner en marcha una oposición frontal a la que no tienen previsto dar tregua durante toda la legislatura.

Como respuesta a la inhabilitación del president Torra decidida por la Junta Electoral Central, la bandera española ha sido descolgada y ya no luce en el Palau de la Generalitat. El gesto ha seguido a una comparecencia de Torra, que ha bajado a la plaça de Sant Jaume a entregar una pancarta a los ciudadanos congregados. Pocos minutos después, otra pancarta similar ha sido colgada en el balcón de la Generalitat. 

Este gesto por orden de Quim Torra incumplía la ley que regula el uso de la bandera de España y de otras enseñas, que obliga a que en los edificios de los gobiernos autonómicos figure la bandera de España junto a la de cada comunidad. La protesta ha durado muy poco ya que unos minutos después, la enseña ha sido izada de nuevo.

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