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created: 22 mar 2015 21:42:28 UTC ~ updated: 24 jun 2019 17:05:34 UTC ~ rssv2 ~ TTL 10 min. ~ es

Las voces que pedían un proceso asambleario que revisara los liderazgos de Podemos se han apagado ante la reunión del Consejo Ciudadano Estatal (CCE) del partido, que este sábado ha ratificado casi por unanimidad las recomposición del Consejo de Coordinación (la ejecutiva) planteada por Pablo Iglesias. El secretario general también ha recibido el plácet del máximo órgano del partido para negociar con el PSOE un Gobierno de coalición y progresista. Andalucía y Asturias son las únicas direcciones que se oponen a este planteamiento y prefieren un apoyo programático externo.

La dirección de Iglesias llegaba a la reunión de este sábado con cierta tranquilidad. El artículo de Ramón Espinar en eldiario.es pidiendo convocar de forma urgente una Asamblea Ciudadana había provocado una tormenta mediática y reabierto el temor a que una nueva disputa interna interfiriera en las negociaciones de Gobierno, como ya ocurriera en 2016.

Pero Espinar no es Íñigo Errejón ni la situación en el partido y en los territorios es la de hace tres años. Los malos resultados del 28A, que pese a todo permiten a Unidas Podemos poner reclamaciones sobre la mesa si Pedro Sánchez quiere su apoyo, y la debacle del 26M, hacen inviable una alternativa real a Pablo Iglesias en estos momentos.

La clave la daba el secretario de Comunicación de Podemos en Andalucía, Pablo P. Ganfornina, quien sustituía en el cónclave a Teresa Rodríguez, todavía de permiso de maternidad. "No toca hablar de dimisiones ni de Vistalegre 3. Toca hablar de políticas", aseguraba el dirigente andaluz ante la prensa antes de abandonar la reunión.

Eso no quiere decir que desde Andalucía no planteen la necesidad de que haya "cambios" en la interna de Podemos y esperan que "la sensibilidad canaria" de Rodríguez ayude para avanzar en la descentralización del partido.

Para entonces, el resultado estaba claro. El CCE había ratificado por 42 votos a favor y seis abstenciones la remodelación de la ejecutiva planteada por Pablo Iglesias. A la sustitución ya conocida de Pablo Echenique por Alberto Rodríguez al frente de la Secretaría de Organización, el secretario general planteaba una reordenación mucho más profunda del órgano más próximo a él.

Otros cuatro dirigentes se estrenan en el Consejo de Coordinación. Entre las novedades destaca la incorporación de la exdiputada Ana Marcello como secretaria de Círculos y Participación, que se suma al relevo en Organización. En la dirección de Podemos son muy conscientes de que el enorme escalón entre los resultados del 28A y los del 26M se debe a fallos de los liderazgos autonómicos, como dejó claro Iglesias en su informe inicial ante el CCE. Pero no solo.

"Es responsabilidad de todos", dijo el secretario general. Pero Iglesias añadió otros dos elementos al análisis. Uno, "obtuvimos mejor resultado en las generales". Y dos, "mi sensación es que el papel de los liderazgos jugó un rol muy importante". El máximo dirigente de Podemos planteó los nombres de Kichi y Ada Colau como ejemplo de esos liderazgos que han aguantado y planteó la necesidad de profundizar, cuando no empezar, en la implantación territorial del partido.

Reticencias al Gobierno de coalición

El cierre, al menos temporal, de la crisis abierta en Podemos despeja el camino a Iglesias para el inicio de las negociaciones reales con Pedro Sánchez para un acuerdo que permita al líder del PSOE ser investido presidente del Gobierno. Del resultado de las conversaciones que arrancan este martes dependerá que se reactiven o no las críticas al líder de Podemos.

Iglesias ha vuelto a insistir en su idea de un "Gobierno de coalición y progreso" que reparta la presencia en el Consejo de Ministros de forma proporcional al resultado de las elecciones de abril. El secretario general de Podemos quiso dejar muy claro que son las elecciones generales las que marcan, en su opinión, la posición negociadora de partida, y no las autonómicas y municipales de un mes después, como pretende el PSOE.

"Nada va a cambiar la convicción de que solo con nosotros en el Gobierno hay garantía de políticas progresistas ni los resultados de las generales, que nos dieron 42 diputados imprescindibles para un Gobierno progresista", dijo el sábado ante el CCE. 

"Gobernar tiene riesgos", reconocía Iglesias al final de su informe. "Y gobernar con un socio con más apoyos y que se iría con la derecha, tiene riesgos también", añadía, para zanjar: "Pero las políticas se cambian desde el Gobierno. Los acuerdos programáticos son papel mojado. Eso nosotros lo hemos vivido con el PSOE".

En este punto sí ha encontrado más pegas el secretario general de Podemos. Tampoco muchas, pero sí hay una cierta contestación interna a este planteamiento por parte del sector de Anticapitalistas. Ya lo planteó el dirigente Miguel Urbán el pasado mes de mayo en otra reunión del CCE. Ahora lo ha hecho Andalucía.

La posición histórica de Anticapitalistas es esa, la de mantenerse fuera de los gobiernos de coalición. Al menos, de aquellos en los que el PSOE es la fuerza mayoritaria. Pablo P. Ganfornina recordaba este sábado las experiencias históricas andaluzas (Partido Andalucista e IU) para justificar su posición, aunque también reconocía que hay otros ejemplos de convivencia positivos.

"Entendemos los argumentos, pero no los compartimos", señalaba ante los medios para señalar que ambas posiciones "tienen dificultades y límites".

"No podemos considerar probado el uso de la violencia como elemento estructural del plan de los acusados". Tras casi una hora recitando los eventos del procés conocidos por todo el mundo, la abogada del Estado Rosa María Seoane pronunció este martes la frase clave para negar la rebelión: la violencia no formaba parte del plan de los exconsellers, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los 'Jordis', que no obstante encaminaron a Catalunya hacia un proceso de independencia de forma unilateral al margen de la ley. Seoane había asumido una causa de más de 50.000 folios cuando solo faltaban dos meses para empezar el juicio y en su intervención final pide hasta 12 años de cárcel por sedición para los líderes soberanistas.

Seoane, que ejerce la acusación en nombre de un organismo dependiente del Gobierno, empezó su andadura en la vista oral del juicio de forma un tanto inusual. Dedicó parte de su trámite de cuestiones previas, donde normalmente se discuten aspectos técnicos y procesales, a realizar una defensa de la secretaria de Estado de España Global, Irene Lozano, por unas declaraciones en la BBC que los acusados creían que vulneraban su presunción de inocencia.

Una vez tocó interrogar a los acusados y a los testigos, Seoane ha protagonizado actuaciones dispares. La abogada del Estado ha combinado preguntas que han completado aspectos no tratados previamente por los fiscales con cuestiones reiterativas o que no tenían que ver con lo declarado por los acusados o testigos, lo que le ha valido sonoros reproches del presidente del tribunal, Manuel Marchena.

Ocurrió en el interrogatorio del exconseller de Interior, Joaquim Forn. Seoane, muy insistente con el pasillo de voluntarios de la ANC frente a la sede de Economía el 20 de septiembre, preguntó por el "riesgo a la seguridad" que suponía el pasillo como si Forn lo hubiera mencionado. Siempre alerta, el letrado de Forn, Xavier Melero, hizo constar que en ningún momento Forn se había referido a un "riesgo a la seguridad" al hablar del pasillo. "Si no había un riesgo de seguridad, por qué los Mossos....", intentó continuar Seoane, cortada en seco por Marchena. "Olvídese ya del pasillo", le espetó el presidente del tribunal.

En el mismo interrogatorio, Seoane declaró que ella "tendría problemas" para entender la "dualidad" expresada por Forn para que los Mossos cumplieran las órdenes judiciales y al mismo tiempo el Govern mostrara compromiso político con el 1-O. "No hagamos glosa de las respuestas del acusado", reprochó Marchena a Seoane.  Semanas después, con Gabriel Rufián declarando como testigo, Seoane protagonizó otro choque con Marchena al preguntar de forma insistente al diputado de ERC por una entrevista en la que aseguraba que en 18 meses se tenía que llegar a la independencia.

Tras dos avisos del presidente del tribunal de que la pregunta no era pertinente, Seoane volvió a intentarlo. Y Marchena no se anduvo con rodeos: "Le vuelvo insistir, las expectativas del testigo sobre el proceso son prescindibles para la sala, le está preguntando cosas que no interesan. A ver si conseguimos hacer una pregunta que la sala considere que tiene que valorar para dar un adecuado tratamiento jurídico a los hechos".

Con todo, tras los testigos políticos, Seoane amarró las dudas que habían generado las preguntas de la Fiscalía en algunos altos cargos de la Generalitat sobre la malversación. Y a diferencia del fiscal Cadena, logró con preguntas más mesuradas que los dos peritos propuestos por la defensa Jordi Cuixart sobre desobediencia civil reconocieran que las entidades soberanistas actuaban de forma concertada con el Govern.

Y pese a que formuló varias preguntas al major Josep Lluís Trapero y al resto de mandos de los Mossos d'Esquadra, Seoane apenas mencionó a la policía catalana en su informe final. Y eso que en el escrito de acusación se dedican varios párrafos a criticar el despliegue del 1-O y del 20-S. Sin embargo, a diferencia de la Fiscalía, que ve un alzamiento violento sostenido en el tiempo entre el 20 de septiembre y el 27 de octubre de 2017, cuando se declaró la independencia de forma unilateral, Seoane solo ve una jornada –la del 1 de octubre– constitutiva de sedición. Al contrario que los fiscales, negó que los 'Jordis' quisieran impedir los registros del 20-S.

De Adif al procés

Antes de asumir la jefatura de lo Penal de la Abogacía del Estado y por lo tanto la causa del procés, Seoane fue secretaria general de Adif, la empresa pública que gestiona las infraestructuras ferroviarias. Anteriormente ocupó la subdirección de general de asuntos consultivos y contenciosos del servicio jurídico de la Agencia Tributaria. Desde este organismo se inicia la persecución de la mayoría de los delitos contra la Hacienda Pública.

Tras toda una carrera en la Abogacía del Estado, en la que entró en el año 2000, Seoane ha desempeñado distintas responsabilidades dentro de la institución durante los últimos años. Fue la jefa de ese organismo en la Comunidad de Madrid entre 2015 y 2017 y también ejerció su representación ante la Audiencia Nacional.

La llegada de Seoane a la dirección de la causa del procés, adelantada por eldiario.es, se produjo el pasado mes de diciembre. Faltaban solo dos meses para que empezara el juicio. El relevo se produjo después de una crisis en la institución por la negativa a rebajar la acusación por rebelión del abogado del Estado Edmundo Bal, que a la postre fue destituido y se pasó a la política de la mano de Ciudadanos. 

Tal fue la discrepancia que el escrito de acusación de la Abogacía, presentado un mes antes del nombramiento de Seoane, estuvo firmado por la abogada general, Consuelo Castro, en vez de por Bal. El ahora diputado del partido de Albert Rivera se personó en la causa en un principio solo por el delito de malversación  –lo habitual en la Abogacía del Estado cuando en un caso judicial se investiga el posible uso de fondos públicos–, pero a medida que avanzaba la investigación su sumó a la acusación por rebelión que la Fiscalía ha mantenido desde el principio.

De hecho, fuentes de las defensas consultadas recuerdan a Bal "incluso más incisivo que la Fiscalía" en los interrogatorios durante la fase de instrucción. Desde su salida de la institución no ha dejado de criticar la acusación por sedición que ejerce Seoane y se ha presentado como una víctima del Gobierno de Pedro Sánchez. Su relato que ha generado gran malestar en la institución ha sido utilizado por Albert Rivera y los líderes de Ciudadanos durante toda la campaña para dar a entender que el Gobierno de Sánchez tenía un pacto oculto con los independentistas.  

"Que dijera que hubo violencia no gustó al Gobierno y me trataron de convencer de firmar un escrito donde dijera que no pasó lo que pasó", afirmó Bal el jueves en Onda Cero. "Seoane se ha inventado el concepto de violencia no estructural", apostilló el viernes en la COPE, tergiversando las palabras que había dicho Seoane en el juicio. Como en los partidos, están los enemigos a secas, los mortales y los compañeros de Abogacía del Estado. Y Bal decidió hace unos meses que su misión es política.

La irrupción de Vox en el espectro político ha debilitado al entorno histórico de la ultraderecha española. Los apoyos recibidos por formaciones como Alternativa Española, Falange o Democracia Nacional se han reducido un 82,9% en las últimas elecciones europeas, en comparación con los comicios que se celebraron hace cinco años. A pesar de que la movilización fue mucho mayor que entonces, cerca de 20 puntos más de participación, estos colectivos no han conseguido mantener a su electorado.

En ese espectro ideológico de la extrema derecha, el partido de Santiago Abascal ha conseguido multiplicar sus apoyos. Ha pasado de 245.635 votos en 2014 con la candidatura liderada por Alejo Vidal Quadras a 1,3 millones este año con la lista encabezada por Jorge Buxadé. "Vox ha recibido votos de gente que nos hubiera votado a nosotros si no hubieran tenido el acelerón que sufrieron de diciembre a abril", explican fuentes de La Falange a eldiario.es. Consideran que estos partidos no consiguen gran implantación porque en España el sentimiento eurosescéptico no está muy expandido.

Para afrontar las últimas elecciones europeas se unieron varios partidos ultras en una única candidatura. Hace cinco años hubo más coaliciones, algunos se presentaron con su marca y otros participaron junto a otras formaciones. El pasado 26 de mayo Falange Española de las JONS, La Falange, Alternativa Española y Democracia Nacional concurrieron conjuntamente en la misma papeleta encabeza por las siglas ADÑ.

Esta candidatura que obtuvo 11.798 votos (0,05% del apoyo electoral), estaba encabezada por el empresario Martín Sáenz de Ynestrillas, hermano del dirigente ultraderechista Ricardo Sáenz de Ynestrillas, e incluía a una hija de Blas Piñar como número cuatro. Los ejes de su programa se basaban en la restauración de "la soberanía nacional", la "salida del euro" y políticas contra la inmigración porque consideran que "España debe reafirmarse en sus valores tradicionales".

Por su parte, en 2014 estos partidos se dividieron en cuatro candidaturas, a través de esas formaciones consiguieron más votos, sumando en total 69.272. Entre esos apoyos, 21.617 fueron recabados por FE de las Jons; 12.928 por Democracia Nacional; La España en Marcha consiguió 16.902, esta coalición estaba integrada por Alianza Nacional, La Falange, Nudo Patriota Español y Movimiento Católico Español; e Impulso Social logró 17.825, en este lista electoral se integraban varios partidos, entre ellos Alternativa Española, liderado por Rafael López-Diéguez, yerno de Blas Pilar, fundador de Fuerza Nueva.

Como se ha ido desvelando en las semana de campaña, algunos de estos partidos no eran desconocidos para algunos miembros de Vox. Por ejemplo, el número tres de la candidatura a la Comunidad de Madrid y vicesecretario de Implantación Territorial, Jorge Cutillas, formó parte de la formación de López-Diéguez en las listas de las elecciones europeas del 2009.

Por su parte, Jorge Buxadé, cabeza de lista a los recientes comicios europeos con el partido de Abascal, se presentó en 1995 en candidaturas de Falange Española de las JONS por Tarragona a las elecciones catalanas y un año después, también figuró en una lista a las generales de Falange Española Auténtica por Barcelona.

Más allá de estas formaciones, a pesar de que el grupo neonazi Hogar Social se registró en marzo como partido político y anunció a esta redacción que su "intención" era "concurrir a una de las elecciones de este año", no ha participado en los comicios que se han convocado en 2019. Según explica la presidenta del colectivo ultra Melisa Rodríguez, no les dio tiempo a formar una estructura y organizarse. "Hasta que no veamos que tengamos posiciones reales, no vamos a presentarnos", ha explicado.

Comienza la cuenta atrás. La formalidad del encargo del jefe del Estado a Pedro Sánchez para que se presente a la investidura marca el arranque de unas conversaciones que se sumarán a las negociaciones y pactos cruzados en los que los partidos trabajan desde el 27 de mayo para conformar los ayuntamientos y gobiernos autonómicos. El primer hito en ese reparto del poder será el 15 de junio, fecha en la que se elegirán los más de 8.131 alcaldes. A partir de ahí, irán saliendo en cascada los acuerdos para los ejecutivos regionales y el culmen será el Gobierno de España. 

Sánchez no tiene un plazo concreto para la sesión de investidura. En su comparecencia tras reunirse con Felipe VI se limitó a decir que pretende que se produzca "cuanto antes". No dio más pistas sobre la fecha. La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, sí ha reconocido que la intención es que el debate parlamentario se celebre la primera quincena de julio. Ese es el calendario de Moncloa. 

El presidente en funciones tiene cinco semanas para sumar a sus 123 diputados los apoyos que necesita para conseguir de nuevo la confianza del Congreso. 173 es la cifra clave en los cálculos de los socialistas: si la alcanzan (con Unidas Podemos, PNV, Compromís y PRC), la mayoría simple requerida estaría lograda toda vez que los tres diputados presos de JxCat mantendrán el acta y contarán como abstenciones. El PSOE también confía en que UPN o Coalición Canaria acabarán absteniéndose. 

Pese a que de momento le faltan 50 diputados para salir investido en segunda votación, Sánchez no tiene prisa. Ha convocado nuevas reuniones con Pablo Iglesias, Albert Rivera y Pablo Casado este martes. Es la segunda vez que los recibe, los tres líderes ya estuvieron en Moncloa tras el 28A y las posiciones quedaron bastante claras. El presidente trata de ganar tiempo ya que el Gobierno quiere esperar a que vayan colocando las piezas del puzzle: primero los acuerdos para los consistorios y, después los pactos en los gobiernos autonómicos –que tampoco tienen una fecha específica sino que depende, en la mayoría de los casos, de las presidencias de los parlamentos regionales–. Solo después entrará en materia con la investidura del presidente del Gobierno. 

Los planteamientos opuestos de PSOE y Unidas Podemos conducen de momento al bloqueo. Pablo Iglesias reclama un Gobierno en coalición en el que el grupo confederal tenga representación proporcional a sus 42 diputados. El PSOE aspira a gobernar en solitario y, aunque Sánchez evitó descartar la incorporación de miembros de Unidas Podemos al Consejo de Ministros en su comparecencia tras pasar por Zarzuela aduciendo que aún no ha comenzado la conversación al respecto, Gobierno y Ferraz han dicho que 'no' con distintos argumentos: la debacle de Podemos el 26M que le sitúa en una "posición mermada" o la insuficiencia en la suma (los 165 escaños que aglutinan ambas formaciones no llegan a la mayoría necesaria). 

Si en estas cinco semanas el camino no se despeja, Sánchez puede enfrentarse a su segunda investidura fallida. La salida sería un nuevo intento en el plazo máximo de dos meses desde que se vote en el Congreso por primera vez y, si no prospera, nuevas elecciones en otoño. Aunque en Moncloa no contemplan ese escenario y confían en que el candidato salga investido en julio, han iniciado la estrategia de presión sobre PP y Ciudadanos reclamándoles "altura de miras" para que se abstengan en aras de la "estabilidad". "Si no queremos que el Gobierno dependa de fuerzas independentistas, el PP y Ciudadanos deberán hacer un ejercicio", sentenció Celaá. 

El PP negocia a dos bandas con Ciudadanos y Vox

Por ahora las incógnitas se van deshojando en los gobiernos municipales. Los acuerdos tienen que cerrarse antes del próximo sábado. En caso de que los aspirantes a las alcaldías no logren la mayoría absoluta en una primera votación, los candidatos más votados salen investidos automáticamente. 

El PP negocia a dos bandas con Ciudadanos y Vox para intentar que la derecha consiga el mayor número de consistorios posible. Los de Pablo Casado han logrado un acuerdo con la formación de extrema derecha para gobernar en todos aquellos municipios en los que los dos partidos sumen mayoría absoluta. 

Ciudadanos también ha dejado claro en las últimas fechas que el PP es su aliado preferente. Así, pretende darle las presidencias de la Comunidad de Madrid o Castilla y León. En Aragón, el socialista Javier Lambán va allanándose el camino tras haber firmado un acuerdo con el PAR. Chunta Aragonesista también se decanta por sumarse a la alianza. 

Por su parte, PSOE y Unidas Podemos trabajan en llegar a entendimientos en la Comunidad Valenciana –el partido de Iglesias se decanta ahora por incorporarse al Ejecutivo del PSPV y Compromís en una reedición del Pacto del Botánic– y en Baleares, donde Iglesias apuesta por una coalición liderada por Francina Armengol. En Asturias y La Rioja el PSOE también pretende gobernar con el apoyo externo de Podemos. Emiliano García-Page y Guillermo Fernández Vara han logrado sendas mayorías absolutas en Castilla La Mancha y Extremadura, dos feudos históricos de los socialistas.

Navarra, clave de la gobernabilidad

En Navarra se da una de las situaciones más complicadas para la gobernabilidad. La coalición integrada por UPN, PP y Ciudadanos ha logrado 20 escaños, pero necesita la abstención de los socialistas para gobernar. El candidato de la coalición conservadora, Javier Esparza, se mostró dispuesto a facilitar la investidura de Sánchez con sus dos diputados a cambio de su presidencia. Ese escenario es complicado porque la socialista María Chivite se niega a hacerlo y está explorando una posible alianza con GeroaBai, Podemos e Izquierda-Ezquerra que necesitaría la abstención de Bildu para salir adelante. 

Ferraz se ha desmarcado de esas conversaciones, pero Sánchez no ha despejado la incógnita, más allá de asegurar que "con Bildu no se acuerda nada". La vicepresidenta, Carmen Calvo, sí deslizó que los socialistas priorizarían el Gobierno de España a la conquista de la comunidad foral. La dirección federal es la que determina la política de alianzas de las federaciones con lo que podría cortocircuitar la aspiración de Chivite, pero los militantes tendrían que avalar la abstención del PSN para permitir el Gobierno de Navarra Suma. "Lo tendrán que decir los militantes del PSN, pero no veo a los militantes apostando por esa vía", admitió el dirigente navarro Santos Cerdán, de la máxima confianza de Sánchez en Ferraz, durante la campaña. 

Grandes capitales en el aire

También están en el aire las principales capitales. La izquierda confía en que las desavenencias de PP, Ciudadanos y Vox puedan acabar con una investidura en precario de Manuela Carmena, que estaría amenazada por una moción de censura desde el principio. La pelea en el Ayuntamiento de Madrid está en este momento en quién es el alcalde: José Luis Martínez-Almeida (PP) o Begoña Villacís (Ciudadanos), a quien el PSOE está dispuesto a apoyar siempre y cuando los socialistas se incorporen al equipo de Gobierno municipal.

En Barcelona, Ada Colau ha dado un paso al frente para ser alcaldesa pero el PSC le ha recordado que tendrá que negociar con Jaume Collboni la formación de un gobierno municipal. Manuel Valls, que se ha desmarcado otra vez más de Cidadanos, ofreció sus votos gratis. En Zaragoza, la socialista Pilar Alegría espera lograr el apoyo de Ciudadanos, pero por ahora la formación de Rivera ha demostrado tener buena sintonía con el PP en la ciudad. 

El resultado definitivo de esta primera fase se verá el próximo sábado 15 de junio, cuando se conformen los más de 8.000 municipios españoles. Será la primera fase de distribución del poder. A partir de ahí, continuarán las negociaciones cruzadas para dirimir el mapa autonómico y despejar finalmente la incógnita del Gobierno de España.

Un amigo fue a Chernóbil y me trajo esta camiseta radiactiva. 8 jun 2019 18:53:32.eldiario.es - eldiario.es.

CHERNÓBIL-CIRCUITO COMPLETO

13.391 opiniones

Puntación media: *** (3/5)

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***** IMPRESCINDIBLE

Una visita esencial para conocer la historia del siglo XX. Im-pre-sio-nan-te.

***** ALUCINANTE

Este verano ha sido la tercera vez que hacemos el circuito. Estaba un poco más masificado que la primera visita, pero sigue siendo un lugar alucinante, un paisaje post-apocalíptico. Tenemos ganas de volver en invierno, para verlo con nieve, que dicen que es más bonito.

***** VISITA OBLIGADA

Pocos sitios tan emocionantes como este. Un lugar fantasmal, lleno de memoria, dolor y muerte. Mejor que veas la serie antes de ir, para que sobre el terreno recrees lo sucedido. Debería ser una visita obligada para todos los habitantes del planeta, para conocer de primera mano los peligros de la energía nuclear. Y del comunismo! ;-)

***** TOTALMENTE SEGURO

Sobrecogedor. Un poco caro, pero merece la pena el gasto, no vas a encontrar un lugar así en todo el planeta. Y es totalmente seguro, no hagáis caso de los bulos.

**** MEJOR CON AIRBNB

El hotel muy cutre, el baño olía fatal y el bufé de desayuno tenía poca variedad. Si podéis, alquilad un Airbnb en algún pueblo de los alrededores, sale mejor. Y aun así le doy cuatro estrellas, la visita merece mucho la pena. Si te gustó la serie, es tu lugar. Por cierto, ¿se sabe ya algo de la cuarta temporada?

**** HAY QUE VERLO

Es totalmente seguro, y ya permiten la entrada de niños, así que es un plan familiar genial, y muy educativo. Como punto negativo, los atascos en la carretera de acceso, y las colas en el parque de atracciones de Pripiat. Casi no podemos entrar porque se nos agotaba el tiempo máximo de exposición a la radiación, aunque eso del tiempo yo creo que es un camelo para dar más emoción. Reserva con tiempo y elige turoperadores profesionales, que lo barato acaba saliendo caro: mi hermana encontró una oferta en Internet y la acabaron paseando por un bosque muy bonito… pero fuera de la zona de exclusión, jajaja.

*** MASIFICADO

Un lugar alucinante, único… pero lleno de turistas. Como Venecia, pero sin canales y con isótopos. Deberían poner un cupo de visitas diarias, porque aquello es una romería. La parte divertida fue que nos encontramos a Shakira! Estaba grabando un videoclip en la central nuclear. Qué maja es, nos dejó hacernos una foto con ella.

*** MUY CHULO

Si tu guía se enrolla y le das una propina, te deja colarte en algún edificio abandonado, y ver por dentro las viviendas, que tienen todavía las cosas que la gente dejó cuando la explosión. Para hacer fotos es el mejor sitio. No os perdáis el parque de atracciones. ¿Es verdad eso de que van a reabrirlo?

*** CUTRE

La central nuclear con el sarcófago es muy impresionante, y la ciudad abandonada también. Pero la recreación que hacen del accidente es muy cutre. Figurantes vestidos con ropa de ahora, no de la época, y unos pocos bomberos que encima se estaban partiendo de risa. Aun así merece la pena. Pasad de la tienda de recuerdos, que es un robo. En el aeropuerto de Kiev tienen los mismos productos y a la mitad de precio.

*** SI PUEDES, POR TU CUENTA

La visita dejó mucho que desear. Pero unos chavales españoles que conocimos en el hotel nos dijeron que se habían colado de madrugada, que es fácil pasar y recorrerlo por tu cuenta, y así puedes hacerte buenas fotos con todo desierto. No lo hicimos porque a mi pareja le daba miedo la radiactividad.

** POCO RESPETO

El sitio muy bien, alucinante, y puedes reconocer todos los escenarios reales de la serie. Pero la gente es muy maleducada, tiene muy poco respeto. Muchos iban en bañador y chanclas, como si fuese el puto paseo marítimo. ¿No se supone que hay que llevar ropa cerrada y luego lavarla bien o tirarla? Es lo que hicimos nosotros. Vi gente que recogía piedras, y hasta uno que se escondió en la mochila un peluche de la escuela abandonada. A ver si pillan un cáncer, por imbéciles.

** PREPARA LA CARTERA

Carísimo. Mi primo fue hace cinco años y dice que costaba la tercera parte que ahora. Te cobran hasta por mear, y no es una forma de hablar: los baños son de pago. La guía que nos tocó era una borde, iba a toda leche y ni escuchábamos las explicaciones. Llevábamos un grupo por delante y otro pegado detrás, así que no podíamos pararnos a hacer fotos. Si queréis verlo bien, esperad a que el año que viene abran el acceso libre como han anunciado, y vais en coche por vuestra cuenta.

** DECEPCIÓN

No puedo entender que un sitio tan concurrido no esté adaptado para sillas de ruedas. Deberían advertirlo antes. Mi madre no pudo bajar del autobús en toda la excursión, y tampoco nos devolvieron el dinero. Nos gustó mucho, pero deberían hacerlo accesible.

** ¿QUÉ PINTA UN PUTO PEKINÉS EN CHERNÓBIL?

Lo peor que han podido hacer es permitir la entrada de mascotas. ¿Dejan entrar perros en Auschwitz o en la cárcel de Mandela? No. ¿Por qué en Chernóbil sí? En nuestro grupo iba una mujer con un pekinés viejo y enano, lo que yo llamo un "perro-patada". Es obligatorio llevarlo atado y con bozal, pero esta lo llevaba en brazos y nadie le dijo nada. Cuando salíamos de la zona visitable del reactor, va y lo deja en el suelo para mear, y el perrito echa a correr detrás de una rata. La mujer chillando, porque la rata le sacaba una cabeza al chucho, yo creo que era una rata mutante. Y el perro que desaparece detrás de un edificio y adiós muy buena. Era ya el final del circuito, nos teníamos que subir al autobús de vuelta, y la señora que dice que no se va sin su "Rocky". Y el guía que no la entendía y que se pensaba que se había perdido un niño. La gente empezó a ponerse nerviosa, porque la excursión se había alargado más de la cuenta por el atasco en la carretera, y ya estábamos en el límite del tiempo de exposición. Que yo no sé si de verdad es peligroso estar más horas, pero no pensaba comprobarlo y exponerme a un tumor por culpa de un perrito de mierda. La señora se negó a subir al bus, el guía no sabía qué hacer, y parte del grupo se fue a buscar a "Rocky", mientras los demás exigíamos largarnos cuanto antes. Un matrimonio que iba con tres niños pequeños se puso a darles pastillas de yodo que traían de casa, habían leído algo en Google sobre el tema, pero los niños no querían tragarlas y lloraban mientras todo el mundo gritaba, unos llamando al perro, otros pidiendo que los sacasen de allí, como si la central acabase de estallar. Y aun así le pongo dos estrellas, que el sitio es una pasada. Ah, al final "Rocky" apareció y pudimos salir. Al llegar al hotel nos desnudamos, tiramos toda la ropa a la basura, y en la ducha nos frotamos con rabia.

* UN ASCO

Menos mal que estuve hace diez años y pude verlo en condiciones, porque ahora ya no merece la pena, se lo han cargado. Otro jodido Disney. Carísimo, y un caos organizativo. En nuestro grupo no había dosímetros suficientes para todos, y mi máscara olía fatal.

* FRAUDE

No os dejéis engañar, aquello es un bluf. La mitad de los objetos abandonados que ves son nuevos, los han colocado para ambientar, para que parezca más estremecedor. Nos lo contó un camarero con el que cogimos confianza. Zapatos perdidos, juguetes infantiles, mesas con la comida en los platos, las mochilas en el colegio. Todo cartón piedra, objetos nuevos que desgastan y cubren de polvo. Lo único de verdad es la mierda, que está todo muy sucio.

* MUY BORDES

La ciudad abandonada está curiosa, es como sale en las fotos pero añadiéndole miles de turistas. La gente que todavía vive en la zona de exclusión son muy bordes, unos viejos antipáticos. No querían que les hicieran fotos, no te dejaban ni acercarte a sus casas, y como encima te hablan en ruso, no sabes si se están cagando en tus muertos. Viven del turismo, y así lo agradecen.

* MALA ELECCIÓN

Llegamos desde Polonia, donde habíamos visitado Auschwitz, que nos pareció un horror pero no por lo de los judíos, sino por la gente haciéndose selfis en los hornos. Pues Chernóbil es todavía peor. En nuestro hotel se alojaba un viaje de fin de curso de chavales italianos, no pegamos ojo en toda la noche. El año que viene nos vamos a Guantánamo, a conocer el campo de detención. También va mucha gente, pero por lo menos hay playa.

El PP vasco, en el diván. 8 jun 2019 18:30:00.eldiario.es - eldiario.es.

"No estamos disputando el mando, no vamos a por lo de los demás, sino a defender lo nuestro". La afirmación corresponde a Alfonso Alonso, el presidente del Partido Popular en el País Vasco y esa fue su forma de anunciar que su formación celebrará una convención en septiembre para definir la "identidad propia" que el partido debe tener en Euskadi, con el objetivo de ser la alternativa al nacionalismo. Y todo pasa por la defensa a "ultranza" de la foralidad y del constitucionalismo.

Lo cierto es que es lo único que podía hacer Alonso después de comprobar el hundimiento electoral de su partido en Euskadi: ya no aporta ningún diputado al Congreso y en las pasadas elecciones municipales y forales del 26-M cosecharon 79.020 votos, la peor cifra en décadas. Alfonso Alonso se hizo con la presidencia del partido en octubre de 2015 y este es uno de los peores momentos de la historia reciente de la formación.

Tras constatar los pésimos resultados en las elecciones generales y locales, la primera decisión del PP vasco ha sido clara: urge desmarcarse cuanto antes del descarnado discurso de la dirección nacional de Pablo Casado, que en Euskadi ahuyenta al tradicional electorado del PP. De ahí, el empeño en hablar de reforzar su "acento propio" y una "personalidad" diferente. El tiempo corre en contra del PP, que si todo va según lo previsto, el próximo año se enfrenta a unas elecciones autonómicas en Euskadi que pueden suponer el último clavo en su ataud. Es decir, que se convierta en un partido irrelevante. Algo similar a lo que le ocurre en Catalunya, aunque allí Ciudadanos es una referencia, pero en el País Vasco ni están ni se les espera ni a Ciudadanos ni a Vox.

Por eso, el PP vasco se ha citado con el diván para los días 13 y 14 de septiembre en San Sebastián, en una convención de la que debe salir el 'nuevo' PP. La clave, según Alonso, es que los vascos vean al PP como "útil y necesario". El gran objetivo es "actualizar nuestra propuesta, hacerla más cercana y que haya una voz firme del constitucionalismo en el País Vasco, pero desde un compromiso profundamente foral con nuestra tierra". Lo que Alonso denomina "radicalismo de centro".

El discurso heroico frente a ETA

Pero, ¿toda la culpa de los malos resultados electorales en Euskadi la tiene la dirección de Casado? Gorka Angulo, periodista y autor La persecución de ETA a la derecha vasca, asegura en su libro que desde el final de ETA en 2011, el PP vasco carece de rum­bo y estrategia, de un proyecto de País Vasco. Según Angulo, los popu­lares se quedaron a vivir durante mucho tiempo en un discurso heroico, de resistentes, que tenía éxito en los momentos de mayor acoso de ETA, pero tras el cese del terrorismo y con una sociedad deseosa de pasar página suena a "monotema del pasado".

Ramón Rabanera, un histórico dirigente de PP alavés, quien llegó a diputado general de Álava y se mantuvo en el cargo durante ocho años, también cree que el PP vasco no ha sabido adaptarse al periodo después del terrorismo. "En los años duros del terrorismo la sociedad premiaba el coraje del PP. Era apreciado y premiado por una parte de la ciudadanía en forma de votos cuando llegaban las elecciones. Con la desaparición de ETA, el PP ya no ve como un dique de contención a la violencia e incluso se extiende la idea de que hay que olvidar el pasado porque hay una mala conciencia de que muchos miraron hacia otro lado en los años más duros".

Y es que cuando se echa la vista atrás se comprueba como el PP sí fue un dique contra el terrorismo y lo pagó con el asesinato de varios concejales y representantes del partido. Pero la tesis de Rabanera se confirma cuando, por ejemplo, se repasa los resultados electorales de Ermua, donde surgió el conocido como 'Espíritu de Ermua' tras el secuestro y posterior asesinato del concejal popular Miguel Ángel Blanco a manos de ETA. Aquello supuso un antes y un después en el despertar de la sociedad vasca frente al terrorismo. El pasado 26-M volvió a ganar el PSE (con casi el 40 % de los votos), seguido del PNV (21 %), EH Bildu (18 %), Podemos (10 %) y el PP, con el 8,5% de los sufragios.

"El PP vasco no ha sabido adaptarse a las nuevas circunstancias, no ha tenido un discurso claro con respecto al nacionalismo y a la etapa posterior al terrorismo, no ha sabido venderse como marca, como UPN en Navarra", apunta un conocedor del proceso.

El daño de la recentralización

Y una vez que se han reconocido algunos errores propios en cuanto a la estrategia, Rabanera amplia las culpas de los malos resultados al discurso de la recentralización de Pablo Casado. "Ha hecho daño. Ha producido un cierto temor. Un PNV moderado con gran implantación, haciéndose pasar casi por un partido de Estado dificulta el mensaje del PP en Euskadi. Desde luego que se nos ha ido más voto al PNV que al Partido Socialista".

Es lo que ha ocurrido en las elecciones al Ayuntamiento de Vitoria, donde el PP ha perdido cuatro de los nueve concejales que tenía y han ido a parar de forma mimética al PNV (2) y al PSE (otros dos). La posibilidad de que EH Bildu fuera la primera fuerza (al final se ha quedado como tercer partido) 'disparó' el voto de centroderecha hacia el PNV. Un destacado miembro del PP alavés así lo apunta. "Es clarísimo: el PNV se beneficia del rechazo del centroderecha hacia EH Bildu. Los ciudadanos han visto que el voto útil para detener a Bildu era el PNV. Eso unido al fracaso de las elecciones un mes antes nos dejó muy débiles y al electorado le resultó más fácil ser ‘infiel’. A un PNV que no se exalta no le pasa factura casi nada".

Las fuentes consultadas en el seno del PP vasco coinciden en que el movimiento de Alfonso Alonso de convocar la convención era su única opción. "Hay que tomar la iniciativa antes de quedarte en la nada. Hay elecciones autonómicas el próximo año y hay que reaccionar defendiendo la singularidad del País Vasco, tenemos un sello propio y lo que hay que hacer es actualizarlo".

Algo que Borja Sémper, presidente del PP en Gipuzkoa, viene advirtiendo hace tiempo. En las elecciones al Ayuntamiento de san Sebastián se presentó incluso sin siglas ("aunque a estas alturas todos saben a que partido pertenezco", dice con cierta ironía). Sémper acepta que el riesgo de que los populares vascos se conviertan en irrelevantes en el Parlamento vasco existe y prefiere mantener un perfil bajo  aunque la dirección nacional le impuso a Iñigo Arcauz como candidato a diputado por Gipuzkoa en las elecciones generales.  El resultado: una pérdida del 41,6 % de los votos entre las generales de 2016 y las del 28-A.

"El PP vasco", apunta un dirigente alavés, "es una referencia en la defensa foral, de un modelo liberal y de moderación política. Eso nos permitió gobernar 12 años en Álava y otros 12 en Vitoria. Rascar votos en Euskadi es una hazaña. La gente veía en el PP un partido que defiende la unidad de España, pero enraizado en las instituciones vascas. Y ahora esa capacidad de moderación se ha puesto en riesgo por los errores de la dirección nacional". La solución, entre el 13 y 14 de septiembre.

Podemos fue el partido del círculo. De hecho, el logo lo forman un entramado de esta figura geométrica y quiere volver a serlo. Uno de los emblemas en la fundación de la organización en 2014 fue establecer una herramienta de participación política líquida que permitiera a Podemos integrarse mejor en la sociedad al no exigir una militancia de carné, ni que se abandonara el que ya se tuviera, para participar en debates tanto sectoriales como organizativos. Pero tras cinco años de "correr y atarse los cordones", de yincana electoral y de crisis internas, los círculos no han alcanzado ni de lejos el nivel de incidencia necesaria.

Pablo Iglesias quiere ponerle remedio con la creación de una nueva Secretaría de Círculos en el Consejo de Coordinación de Podemos, la ejecutiva del partido. El puesto, que debe ser ratificado por el Consejo Ciudadano (CCE) este sábado, lo ocupará Ana Marcello, según ha podido confirmar eldiario.es. La exdiputada, quedó fuera en las elecciones generales del 28A, tendrá la labor de "cuidar a la militancia" y trabajará mano a mano con el nuevo secretario de Organización, Alberto Rodríguez.

En su informe ante el CCE, Iglesias ha calificado de "malos y decepcionantes" los resultados de las elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo y los ha considerado peores que los obtenidos por él mismo un mes antes en las generales de abril.

"El retroceso llama la atención", ha sostenido el secretario general. Iglesias ha considerado que "es un problema de todos" y ha analizado "que tiene que ver con las dificultades de convertirnos en referente territorial", ha dicho.

Los problemas de implantación han sido desde 2014 el principal problemas de Podemos, que aguanta mejor como proyecto estatal que como autonómico y municipal. Esta situación no la arregló el primer responsable de Organización, Sergio Pascual, ni su sucesor, Pablo Echenique. Iglesias espera haber encontrado a la tercera la solución con Alberto Rodríguez.

Junto a Rodríguez trabajará Marcello, cada uno en su Secretaría. Fuentes del Consejo Ciudadano aseguran a eldiario.es que "el mensaje al crear esta nueva Secretaría es que desde la dirección estatal se va a dar mucha importancia a la militancia". "Podemos va a cuidar la militancia", zanjan.

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha criticado al PSOE por estar "anaranjándose" en su intento de formar un Gobierno tras los resultados de las últimas elecciones generales, según Europa Press. Ha declarado que es "evidente" que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, está buscando apoyos en la derecha para la formación del nuevo Ejecutivo.

El dirigente ha declarado durante la Asamblea Político Social del partido que si bien Pedro Sánchez centró su mensaje en la campaña electoral en medidas de izquierdas, finalmente "ha cambiado de discurso y los tonos de las propuestas y ahora parece más inclinado a buscar apoyos de gobierno en la derecha". "Es bastante evidente; hemos visto como después de las elecciones se anaranjaba".

"El PSOE está tomando la misma estrategia de Mariano Rajoy, dejar que el tiempo transcurra mientras los demás se debilitan o se fortalecen", ha defendido. Garzón ha comparado la situación de "volatilidad" en la que se encuentra actualmente la política española con el escenario que se abrió tras las elecciones del año 2016 y ha insistido en que "todo apunta a que va a ir para largo". 

Asimismo, ha aprovechado para hacer un diagnóstico de la situación generada tras los últimos comicios, en la que cree que el espacio a la izquierda del PSOE "ha ido perdiendo apoyo social y electoral", y que, por el contrario, la posición de los socialistas "ha salido reforzada".

Respecto a su alianza con Podemos, cree que "no es suficiente para construir sus objetivos", aunque, al mismo tiempo, considera que fuera de esa unidad, los resultados habrían sido "muy inferiores". De hecho, ha asegurado que gracias a esa estrategia política el partido ha incrementado el número de concejales en algunos ayuntamientos y ha conseguido que algunas de sus federaciones hayan vuelto a tener una representación institucional que no tenían desde los años 90.

"La unidad ha permitido resistir mejor este escenario de derrota electoral", ha concluido. Garzón considera que deben utilizar esa presencia institucional para cumplir sus objetivos de "construcción de tejido social y de mejora de los espacios de colaboración con otras fuerzas políticas y de la sociedad civil organizada o la que no lo está y hay que organizar".

Entre las propuestas estrella de cara a las negociaciones con el PSOE para la formación de gobierno, Garzón ha situado como prioritarias las encaminadas "a mejorar la vida de las familias trabajadoras", como la intervención de los precios de alquiler o la bajada de la factura de la luz.

"Este es el eje vertebral de cualquier acuerdo con el PSOE, aunque yo no tendrían tan claro que quiera transitar sus opciones con Unidas Podemos", ha sentenciado.

La alcaldesa en funciones de Barcelona, Ada Colau, ha confirmado este sábado que se presentará como candidata en el pleno municipal de investidura del próximo 15 de junio. "Somos la única fuerza que puede liderar un gobierno progresista", ha asegurado Colau después de que las bases de Barcelona en Comú votase a favor de que la política intente revalidar su mandato.

Colau ha justificado esta decisión en los "vetos cruzados" entre el PSC y ERC que, ha explicado, se ha topado durante las dos semanas posteriores a las elecciones del 26 de mayo. "Todos deberían salir de su zona de coNfort", ha repetido. El mensaje que repetido durante su intervención la alcaldesa en funciones es que "Barcelona necesita la superación de la política de bloques" y conseguir un "gobierno de izquierdas y progresista que dé continuidad a políticas valientes".

La candidata ha argumentado que da este paso porque, tras las conversaciones con socialistas y republicanos en las que  "no hemos hablado sobre quién debería ser alcalde", ha concluido que "somos la única fuerza que puede liderar esta propuesta". También ha subrayado que "no hemos negociado con ninguna fuerza de derechas ni con el señor Valls", en referencia al ofrecimiento del político francés de apoyar su investidura sin contrapartidas para excluir a ERC de la ecuación. Con todo, Colau ha dicho que "queda una semana para el Pleno y no damos nada por imposible. Queda mucho por hablar. Y estamos convencidas de que un acuerdo de izquierda es posible"

Pablo Echenique ha declarado que tras la diferencia obtenida entre los resultados de las elecciones generales y autonómicas y municipales "hay trabajo por hacer". A pesar de ello, ha reconocido que sí que se han hecho algunas cosas bien, como mejorar los sistemas de votación del partido, según Europa Press.

En un encuentro con los medios durante la celebración del Consejo Ciudadano Estatal del partido, se ha referido al nuevo secretario de Organización, Alberto Rodríguez. Ha señalado que es una persona "no solo con unas capacidades muy altas para hacer un trabajo político y muy comprometida con las luchas sociales, sino que además es buena persona".

Por otro lado, el nuevo secretario de Acción de Gobierno de Unidas Podemos ha apuntado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, está pidiendo apoyo a Ciudadanos o el PP como primera opción, pese a que "hizo campaña pidiendo el voto para frenar las derechas".

"Esto es un hecho, creo que es el 'plan A' del PSOE, pero Albert Rivera parece no estar por la labor", ha resaltado, tras afirmar que confía en que tarde o temprano "la sensatez vuelva a los criterios de negociación del Gobierno y se pueda conformar un Ejecutivo progresista en España".

"El escenario de repetición de elecciones forma parte del ruido y de las presiones que hay siempre cuando se habla de negociar un Gobierno en España". Echenique ha descartado así la posibilidad de una repetición electoral y ha afirmado que Unidas Podemos "va a trabajar con calma". Respecto a la reunión de la Comisión de Seguimientos de los Pactos de Gobierno a la que acababa de asistir, ha afirmado que hay "altas probabilidades de que Podemos forme parte de los gobiernos autonómicos".

Así, ha puesto de relieve que Podemos tiene posibilidades de formar parte del Gobierno autonómico de la Comunidad Valenciana, que es donde más avanzadas están las negociaciones debido al adelanto electoral que se vivió en la comunidad valenciana.

No obstante, también aseguran tener posibilidades y "muy buena sintonía" de formar parte del Gobierno balear y canario. Además, Podemos ve "ciertas probabilidades" también en La Rioja y está a la expectativa de ver qué puede pasar en escenarios "más complejos" como son Navarra o Aragón.

"Nos sorprende el contraste entre la buena predisposición del PSOE a formar Gobierno en Comunidad Valenciana, Baleares o Canarias, mientras que en el ámbito estatal estamos viendo a Sánchez mirar hacia el PP y Ciudadanos", ha añadido Echenique.

Por último, preguntado por la situación de su partido en Castilla-La Mancha, donde dimitió en bloque toda su dirección, Echenique ha afirmado que se está estudiando la situación y que nombrarán un equipo técnico al no haber dirección autonómica. Sin embargo, ha destacado que "no hay un plazo fijarlo" para hacerlo y ha señalado que tampoco se está debatiendo en estos momentos.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha defendido su gestión frente a los líderes territoriales del partido al inicio de la reunión del máximo órgano entre asambleas, el Consejo Ciudadano. Iglesias ha definido como "muy malos y decepcionantes" los resultados de las autonómicas y municipales de mayo y los ha contrapuesto a los del 28A: "Llama la atención que [el 26M] sea solo un mes después de las generales en las que fuimos de abajo a arriba y en las que obtuvimos resultados mejores a los previstos".

Iglesias ha aprovechado su intervención inicial ante el CCE, en la que habitualmente ofrece un informe que inicia el debate, para atajar cualquier intento de crítica por parte de los secretarios generales autonómicos. Aunque no está previsto que el órgano busque culpar a la dirección estatal, según las informaciones previas que ha recabado eldiario.es, sí se alzarán voces puntuales contra Iglesias, especialmente desde Andalucía.

El líder de Podemos trata así de zanjar cualquier atisbo de crisis interna ante los malos resultados del 28A, la debacle del 26M y, sobre todo, el movimiento liderado por el exdirigente Ramón Espinar para reclamar una Asamblea Ciudadana extraordinaria que revise liderazgo del partido. La dirección estatal ha evitado confrontar para no dar importancia a un paso que llega en mitad del proceso para elegir un nuevo Gobierno.

Iglesias ha acometido una profunda reorganización del Consejo de Coordinación, la ejecutiva del partido, que afecta principalmente a la Secretaría de Organización que pasa de Pablo Echenique a Alberto Roríguez; a la de Internacional, que asume Idoia Villanueva en lugar de Pablo Bustinduy; y a otras áreas que deben definirse. El Consejo Ciudadano deberá debatir y, en su caso, aprobar dichos relevos.

"Creo que las municipales, autonómicas y europeas consolidan el éxito electoral del PSOE, pero con límites", ha señalado Iglesias. "La derecha recupera el Ayuntamiento de Madrid y mantiene la Comunidad", ha lamentado. El líder de Podemos ha sostenido que se ha producido un "desinfle de la extrema derecha", pero no solo. "También un retroceso más que notable por nuestra parte que llama la atención".

Iglesias ha dicho que este retroceso no ha sido el mismo en todos los territorios. "En Euskadi hay municipios donde hemos mejorado", ha reconocido. Para añadiro: "Pero en general los resultados son muy malos y decepcionantes". "Llama la atención que sea solo un mes después de las generales en las que fuimos de abajo a arriba y en la que obtuvimos resultados mejores a los previstos", ha dicho.

El líder de Podemos ha recordado que en 2015 se vivió una situación similar "salvo en Aragón, donde Echenique tuvo mejor resultado que en las generales". Iglesias ha defendido que estas discrepancias tienen que ver con los candidatos. "Mi sensación es que el papel de los liderazgos jugó un rol muy importante. El resultado de Kichi en Cádiz es espectacular y no es disociable de él, de la ciudad y de su trabajo", ha defendido. Iglesias también ha mencionado en este contexto a Ada Colau, que pugna por mantener la Alcaldía de Barcelona.

"Pero son la excepción. Hemos visto lo que ha pasado", ha zanjado.

Iglesias ha lamentado que Podemos no se haya convertido en un referente territorial en ninguna de las comunidades autónomas. "Es un problema de todos que tiene que ver con las dificultades de convertirnos en referente territorial", ha dicho. Ha reconocido que el partido tiene "solo cinco años" de vida y, medio en broma medio en serio, ha lamentado que Podemos sea "especialistas en tener un nombre diferente en cada territorio". Iglesias ha asegurado que durante la campaña tenía que preguntar en los mítines: "Cómo nos llamamos aquí". "Si esto nos ha generado confusión a nosotros, a muchos ciudadanos también", ha zanjado.

El candidato de Ciudadanos a la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha respondido este sábado a la misiva del candidato socialista Luis Tudanca en la que le pedía una reunión urgente para abordar un pacto de gobierno.

Igea reconoce que comparte con Tudanca "la idea de la voluntad de un cambio real" en las políticas de Castilla y León "expresada por los votantes en las urnas el pasado 26 de mayo". Sin embargo, advierte de que Ciudadanos "mantiene serias discrepancias" con el PSOE "en cuanto  a la necesidad de una política más firme en defensa de la legalidad constitucional frente a  los ataques de quienes desprecian e ignoran el marco constitucional", una clara referencia a Cataluña. Para Ciudadanos "esa amenaza" para la "convivencia" atañe a los intereses de Castilla y León "ya que su  cuestionamiento pone en duda la existencia de los derechos y libertades de todos, así como  la sostenibilidad del Estado del Bienestar". Incide en que "un Estado en el que se fragmentase la caja  común y las políticas fiscales fueran desiguales, un Estado en el que no se respetase el  marco jurídico constitucional aduciendo un inexistente derecho de autodeterminación, un  Estado en el que los políticos que se saltan la ley -poniendo en riesgo la convivencia y  creando un enfrentamiento civil cada vez más profundo- resultasen impunes por el mero  hecho de necesitar sus votos, se convertiría en Estado que no respetaría los derechos de  los ciudadanos más débiles" de Castilla y León. Por ello, razona Francisco Igea, la ejecutiva nacional de Ciudadanos decidió "estudiar acuerdos de forma  preferente con el Partido Popular", partido con quienes Cs comparte "más espacio en  política económica".

Sin embargo, recuerda Igea, el Partido Popular no ha respondido "afirmativamente aún" a su "exigencia de hacer efectiva con carácter inmediato" la limitación de mandatos a dos legislaturas de todos los altos cargos (presidente, consejeros, secretarios generales y  directores generales) así como de los presidentes de Diputaciones y ayuntamientos  mayores de 20.000 habitantes. Para Cs, la limitación de mandatos "es esencial para conseguir dos  objetivos irrenunciables" en su política de regeneración: "romper las redes clientelares  que se generan durante prolongados periodos de poder, y evitar que el objetivo en política  sea antes la permanencia que la realización de políticas novedosas en beneficio de la ciudadanía".

La falta de respuesta del PP -Igea dio a conocer el jueves esas medidas regeneradoras- "hace que se generen serias dudas sobre la voluntad real del PP para admitir el  cambio y la regeneración que las urnas han solicitado". En este sentido, el líder autonómico de Ciudadanos considera que "cuando un partido coloca las  ambiciones personales de sus cargos sobre las necesidades de sus ciudadanos está dando  muestras de una escasa voluntad de cambio". Finaliza Igea diciendo que "en beneficio de la creación de las necesarias mayorías" que precisan las instituciones para "atender las políticas de cambio solicitadas por la ciudadanía", da traslado de la "amable" carta de Luis Tudanca al grupo negociador "a fin de valorar el  establecimiento de posibles vías de negociación" en el caso de que el Partido Popular  continuase sin aceptar sus propuestas de regeneración. Pero Igea subraya que esa posibilidad de negociar con los socialistas, deberá contar "naturalmente" con el "aval" de la dirección nacional.

Ada Colau ha recibido el aval masivo de la militancia para presentarse a la investidura y, pese a que sigue apelando a formar un tripartito de izquierdas en Barcelona, se encamina a una votación el 15 de junio de la que todo apunta a que saldrá como alcaldesa con los votos del PSC y Manuel Valls. El resultado de la votación del plenario, a la espera del recuento del voto en urna, ha sido de 457 votos a favor de que se postule en la investidura y 27 en contra. Un 94,4% de apoyos. 

Lo que se sometía a consulta no era ninguna pregunta, sino un texto parecido a la resolución de este jueves de la Coordinadora del partido que defendía que la líder de los 'comuns' debe optar a repetir al frente del gobierno municipal. En total podían participar unos 2.000 afiliados y activistas de la formación. 

"Dado los vetos cruzados entre estas dos formaciones [ERC y PSC] y la congelación de conversaciones por parte de ERC, constatamos que la mejor manera de mantener viva la posibilidad de un gobierno tripartito en Barcelona es un paso adelante y liderarlo como Barcelona En Común", rezaba el documento sometido a consulta, que apelaba al 64% del voto que cosecharon las fuerzas progresistas en las elecciones. Y remataba: "Por todo lo expuesto, Barcelona En Común decide presentar la candidatura de Ada Colau como alcaldesa a la investidura del 15 de junio".

A una semana del pleno de investidura, Colau da definitivamente el paso para ser reelegida en el cargo con unas mayorías que todavía no están aseguradas. Al ser ERC la fuerza más votada el pasado 26M en Barcelona, los 'comuns' tienen que sumar 21 de los 41 concejales del pleno. De entrada los tenían asegurados con Ciudadanos –que les regala los votos para evitar un gobierno independentista– y con el PSC, pero estos piden ahora garantías de entrar al ejecutivo.

ERC y BComú, irreconciliables por ahora

A estas alturas, y aunque todas las formaciones en liza insisten en que hay margen para que cambie el escenario, Colau y Maragall están plantados en posiciones irreconciliables. ERC, que empató a 10 concejales con los 'comuns' pero ganó las elecciones por 4.000 votos, está dispuesta a cederle medio gobierno a Colau, pero no entregará la alcaldía ni se prestará a un tripartito con el PSC.

Por su parte, los 'comuns' lanzan a Colau a la investidura argumentando que esta es la mejor forma de garantizar el gobierno de izquierdas que tanto republicanos como socialistas descartan desde el primer día. En el equipo de la actual alcaldesa han llegado a la conclusión de que puestos a gobernar en minoría con ERC y Maragall de alcalde, mejor hacerlo ostentando ellos la alcaldía. Si el PSC estará o no en su futuro ejecutivo dependerá de las negociaciones que mantienen abiertas con los socialistas.

Los 'comuns' insistirán en el tripartito de izquierdas hasta el último minuto para tratar de demostrar que no son ellos los que excluyen a los demás actores. Pero ERC también tiene argumentos para este flanco: a principios de semana convocaron al socialista Jaume Collboni para un primer encuentro pero éste se negó al instante.

En ERC, de hecho, han empezado a asumir que no ocuparán la alcaldía de Barcelona y han decidido elevar el tono contra Colau. Maragall la ha acusado este viernes de "blanquear" a Manuel Valls con el único objetivo de preservar su cargo al frente del consistorio y ha sacado a colación los presos independentistas para advertirle que, en la semana en que concluye el juicio al procés, acabará siendo aupada a la alcaldía con el apoyo de "los carceleros".

La Iglesia da por hecho que el Tribunal Supremo permitirá la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos, pero que la familia del dictador podrá llevar los restos donde estime oportuno, según ha sabido eldiario.es de fuentes eclesiales. El único lugar que, hasta el momento, han aceptado los descendientes ha sido el nicho propiedad de la familia en la cripta de la catedral de La Almudena. 

La Iglesia de Madrid tiene un problema con Franco. Sus restos reposan en el Valle de los Caídos, en una tumba monumental que goza de la inviolabilidad de los Acuerdos Iglesia-Estado, y con una comunidad benedictina, encabezada por su prior, el candidato por las listas de Falange Santiago Cantera, dispuesta a defender, con uñas y dientes, la lápida de Franco, sin hacer caso a las llamadas al diálogo del cardenal Osoro.

Este problema va camino de acrecentarse, ya que la institución asume a estas alturas que la sentencia del Tribunal Supremo será a favor de la exhumación de los restos del dictador, pero también del derecho de sus nietos a enterrar a Franco donde ellos quieran. La sepultura familiar en La Almudena está a pocos pasos del Palacio Real (anteriormente conocido como de Oriente y centro de exaltación franquista) y justo debajo del lugar en el que, cada domingo, preside la Eucaristía del domingo el cardenal de Madrid.

¿Por qué asume la Iglesia que el destino final de la momia se encamina hacia el templo episcopal en la capital madrileña? La razón es que, en los sucesivos recursos a la decisión del Gobierno de sacar a Franco del Valle, la familia Franco anunciaba que sólo aceptarían su salida de Cuelgamuros si se le inhumaba en la cripta de La Almudena, junto a su hija Carmen y su marido, el marqués de Villaverde. En ningún caso al cementerio de Mingorrubio, donde descansa Carmen Polo, la mujer del dictador, y el destino elegido por el Ejecutivo socialista.

En ese punto, la Iglesia "no podría hacer nada", confirman fuentes eclesiales a eldiario.es. "La tumba es propiedad de la familia, y si el Supremo les concede a ellos potestad para elegir el lugar de inhumación, nosotros no tenemos nada que decir", admiten, no sin cierta preocupación, sabedores de que, en ese caso, se correría el riesgo de convertir la cripta de La Almudena en un lugar de peregrinación de nostálgicos del franquismo.

Dispositivo de seguridad

La diócesis madrileña se vería obligada a disponer un sistema de seguridad para asegurar que la cripta continuara siendo un lugar de culto y oración –como ya adelantó este diario–. Así, como sucede en la basílica de San Pedro, se impediría el acceso con indumentarias o insignias de claro corte político, así como la prohibición de todo tipo de concentración política o que incluyera loas al dictador. No obstante, se asume que es imposible evitar que se produzcan actos de este tipo.

Oficialmente, el Arzobispado de Madrid, así como la Conferencia Episcopal, no se pronuncian sobre el tema, y continúan llamando al diálogo entre Gobierno y familia, y al respeto de las resoluciones judiciales. Ello no evita recordar que, el pasado mes de diciembre, la Delegación del Gobierno en Madrid emitió un informe en el que desaconsejaba la inhumación de Franco en La Almudena, aduciendo razones de seguridad y de orden público.

En concreto, el informe alegaba que esos problemas obligarían a la Delegación a actuar para preservar la seguridad, actuaciones que, paradójicamente, provocarían una "limitación significativa" de derechos fundamentales, y en concreto los de integridad física y moral, libertad religiosa, libertad y seguridad y manifestación y reunión.

La Delegación del Gobierno señalaba que la cripta de La Almudena no podría absorber el elevado volumen de visitas que atraería la sepultura, incrementado por su carácter céntrico y bien comunicado, y que se sumaría a la presencia habitual de turistas en la zona.

Del mismo modo, también se darían problemas para la lucha antiterrorista, puesto que se trata de un lugar emblemático y cercano al Palacio Real o la Plaza Mayor, y avisa de un posible colapso circulatorio y de movilidad en el entorno, con el consiguiente riesgo para los servicios esenciales y la seguridad ciudadana.

Además, sostiene que el enterramiento en ese lugar podría generar problemas de conflictividad social, por "espolear a la extrema derecha", ofendiendo así a sus víctimas y parte de la sociedad, y generar altercados, enfrentamientos y concentraciones no autorizadas.

Por todo ello, alega que pueden verse vulnerados los derechos de quienes deseen visitar la sepultura, de quienes acudan a la Catedral por motivos turísticos y religiosos y de todos los que caminen por el entorno.

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España ha salido esta semana de la UVI económica de la Unión Europea. Y está gobernada por el principal dirigente socialdemócrata del momento, que está tejiendo una entente con el presidente francés, Emmanuel Macron, para desalojar a los populares de la presidencia de la Comisión Europea, donde han estado instalados 15 años. El Gobierno de Pedro Sánchez vive un momento idóneo para influir en una Europa que tiene a uno de sus grandes –Reino Unido– de salida y que dejará un hueco a ocupar.

Mientras Sánchez acelera en Europa con los liberales y mantiene en cuarentena la idea del Gobierno de coalición progresista con Unidas Podemos, el político que en España se referencia en Macron, Albert Rivera, se niega a mirar a su izquierda. Defiende la aplicación de un "cordón sanitario" al PSOE y está dispuesto a prolongar la gestión de décadas del PP en plazas como Madrid, Murcia y Castilla y León, con los votos de Vox incluidos.

Pedro Sánchez es, junto con el primer ministro portugués, Antonio Costa, el negociador de la familia socialista. Este jueves cenó con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk; y el viernes, con los primeros ministros de Bélgica, Charles Michel, y de Holanda, Mark Rutte, liberales; y los primeros ministros de Letonia, Arturs Karins, y Croacia, Andrej Plenkovic, del Partido Popular Europeo (PPE). La reunión duró tres horas y media, y los asistentes anunciaron que volverán a citarse en los próximos días. 

Es la primera vez que el PPE se sienta a hablar con la alianza de socialdemócratas y liberales, y entre los tres hay mayoría para sacar adelante lo que se decida. Y, también, es la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que la gran coalición de socialdemócratas y populares no se basta para hacer y deshacer.

Sobre la mesa está la renovación de los principales cargos europeos: presidente de la Comisión Europea; del Consejo Europeo; del Banco Central Europeo; del Parlamento Europeo y Alto Representante para la Política Exterior.

Y a España se le presentan varios problemas: para la presidencia de la Comisión –institución que nunca ha ocupado– respalda al candidato socialista, Frans Timmermans, lo cual bloquearía a cualquier otro aspirante español. Otro asunto sería que la alianza entre socialdemócratas y liberales se tradujera en un genuino Borgen, en el que la danesa Margrethe Vestager se convirtiera en Birgitte Nyborg y acabara presidiendo la Comisión.

Si eso fuera así, se despejaría el camino para una vicepresidencia importante o para ocupar el Alto Representante para la Política Exterior. Ahí las quinielas señalan tanto a Josep Borrell, cabeza de lista socialista a las europeas, como a Nadia Calviño, con pasado en Bruselas, si bien Borrell ha mostrado poco interés en campaña.

Pero ese puede ser el techo de cristal para España en un momento propicio para poder aspirar a más. ¿Por qué? Porque los presidentes del Consejo Europeo –institución que tampoco ha presidido nunca España– son ex jefes de Gobierno, y ahora mismo no hay ninguno en España exportable a la UE; porque la presidencia del BCE no puede caer en un español mientras Luis de Guindos sea vicepresidente, y le quedan aún siete años más; y porque Josep Borrell ya ha sido presidente del Parlamento Europeo, y no parece que tenga ilusión en volver a serlo. Es más, que Iratxe García tenga todas las papeletas para presidir el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo –la delegación del PSOE, con 20 escaños, es la mayor del S&D–, da indicios de que Borrell no quiere tener un papel relevante en la Eurocámara.

En todo caso, los movimientos aún son preliminares, fundamentalmente entre ocho o nueve países principales, y el reparto de puestos al final será una suerte de dominó en función de cómo vaya la negociación. Por ejemplo, si Timmermans sale presidente de la Comisión, los socialdemócratas tendrán menos peso en las vicepresidencias. Y al revés, si el PPE es el que se queda con la presidencia, España puede aspirar a una vicepresidencia relevante, teniendo en cuenta también que ha de haber equilibrio de género y geográfico, además de político. Y si el PPE se empeña en Manfred Weber, su spitzekandidat, como presidente de la Comisión, quemaría muchos cartuchos en la operación, porque es alguien con muy pocos apoyos para ese puesto... Por lo que quizá su salida natural fuera presidir la Eurocámara.

El juego de tronos europeo acaba de empezar. Los jefes de Gobierno de la UE quieren que todo esté listo para la cumbre del 20 y 21 de junio, si bien ya hay quien dice que puede haber otra reunión extraordinaria el 30 de junio. En todo caso, los deberes deben empezar a quedar hechos para el 2 de julio, fecha de constitución del nuevo Parlamento Europeo que elegirá su presidente. Un presidente que debería ser parte del intercambio de cromos.

Europa está eligiendo a su Gobierno. Y Pedro Sánchez intenta hacer valer su alianza con los liberales y su peso electoral para ganar influencia en el reparto de cargos, a pesar de que la lista de candidatos españoles es corta –entre otros asuntos, por los idiomas–. Y mientras acelera en Europa con Macron, mantiene en el congelador la idea del Gobierno de coalición progresista con Unidas Podemos y deja en evidencia el "cordón sanitario" de Rivera en España.

Los vetos, las líneas rojas y las preferencias de cada partido hacen complicado, por el momento, la formación de un gobierno un mes después de las elecciones del 28A. También los números. El PSOE quiere gobernar en solitario, con el apoyo de Unidas Podemos, pero evitando a los independentistas catalanes. La suma no alcanza para una mayoría absoluta, pero, además, la formación que lidera Pablo Iglesias reclama formar parte del ejecutivo. Ciudadanos, que en 2016 apoyó la investidura fallida de Pedro Sánchez, veta al socialista ahora que sus diputados superan los 176 necesarios para la presidencia, pero también evita a toda costa la foto con Vox. En la práctica, imposibilitaría también una hipotética suma de derechas. Con este panorama, ¿despejaría el tablero político una repetición electoral como la de la pasada legislatura?

Siete politólogos y expertos de diferentes universidades y asociaciones españolas valoran para eldiario.es qué ocurriría en el escenario vacío de una hipotética repetición electoral. Hay tendencias comunes, como el desplome de Podemos y Ciudadanos y el aumento del PP; algunas discrepancias, como el beneficio para el PSOE; y la duda común sobre un cambio en el equilibrio de fuerzas derecha-izquierda.

La clave estaría, en todo caso, en la causa de esas nuevas elecciones. "Si se convocan porque todo el mundo vota contra Sánchez en la investidura, el PSOE saldría claramente reforzado. Cuando se imposibilita la formación de un gobierno, la gente lo castiga", explica la profesora de Ciencia Política de la UNED Carmen Lumbierres. En 2016, el PP salió reforzado de la repetición electoral, subiendo de 123 a 137 escaños, pese a que Mariano Rajoy ni siquiera se había presentado a la investidura siendo el candidato del partido más votado en 2015.

En cualquier caso, esta visión tiene una doble lectura. "Es el PSOE quien tiene el peso de la negociación y la responsabilidad de formar gobierno", señala el director del Centro Internacional de Gobierno y Marketing Político (CIGMAP) y decano de la facultad de comunicación de la Universidad Camilo José Cela, Jorge Santiago Barnés. Una idea en la que incide el director del departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Complutense, Jaime Ferri: "Habría que ver cómo se posicionan otros partidos, pero (una repetición electoral) sería un fracaso para Sánchez, que es quien ahora mismo tiene mayores posibilidades y tiene que pactar". "Perdería Sánchez y, en función de eso, ganarían otros", sentencia, aunque ve "improbable" este escenario de repetición electoral.

"La tendencia es concentrar el voto en los dos principales partidos", explica el politólogo y profesor de la UC3M Pablo Simón. En este caso, unas nuevas elecciones beneficiarían al PSOE, que ya va por delante y podría verse favorecido por el sistema electoral, que premia al primero, y al PP, que recuperaría parte de los 3,5 millones de votos que perdió de 2016 a 2019. En la misma línea, Lumbierres indica que los 'populares' podrían obtener un resultado más cercano al de las municipales de mayo (con el 23,86% de los votos) que al de las generales de abril (16,83%). En cualquier escenario, un cambio en los resultados del PP afectaría también a Ciudadanos y Vox, y viceversa. "Los bloques ideológicos en este país están claros y se mueven en torno al 48-51%", desarrolla la experta.

La izquierda no movilizaría como el 28A

La doctora en comunicación política y miembro del consejo directivo de la Asociación de Comunicación Política Miljana Micovic apuesta también por el crecimiento del grupo popular. El PP podría utilizar el escrutinio del 28A para escenificar que la división de la derecha facilitó el triunfo de Sánchez y apelar con ese argumento al voto útil para crecer, sobre todo, a costa de Ciudadanos. Para esta experta, el partido que lidera Albert Rivera sufriría por ambos costados. "Como son un partido de centro, habrá votantes más progresistas que volverían a votar a los socialistas y otra parte, que viene de la derecha, que volvería a votar al PP al ver que están hablando de posibles pactos con el PSOE en algunos municipios y comunidades", explica. Para ella, Vox podría mantener a su electorado: "No está teniendo un papel marginal, está reclamando pactar y tener su sitio en las negociaciones. Eso a su votante no le decepciona", razona.

El PSOE mejoraría resultados, pero la gran beneficiada sería la suma de la derecha, según la hipótesis de Micovic. ¿El motivo? La abstención. "El gran problema de una repetición electoral sería la desmovilización. La gente no saldría tanto a votar, porque estarían decepcionados con la incapacidad de sus líderes para llegar a acuerdos", desarrolla. En este nuevo escenario, considera que la izquierda no sería capaz de movilizar como lo hizo hace un mes. "Si tú haces elecciones y no se traducen en un resultado tangible, hay un electorado medio que dice: ya me avisaréis. La participación aumenta cuando el votante considera que la elección puede ser decisiva", añade el catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad de Barcelona Pere Vilanova. El dato de abstención del 28A, un 24,25%, es el más bajo de este siglo. De 2015 a 2016, la participación cayó más de tres puntos, del 73,2 al 69,84%.

"Sería (una repetición electoral) el peor escenario de todos, cuando existen diferentes opciones", añade Santiago. PSOE, Unidas Podemos y los nacionalistas o PSOE y Ciudadanos. "El mensaje sería que la clase política es incapaz de hablar" cuando "España ha dicho que no quiere un gobierno mayoritario, sino uno con contrapesos y un control por parte de otros partidos", desarrolla.

"La situación va a ser inamovible"

¿Supondría una repetición electoral un cambio en el equilibrio de fuerzas izquierda-derecha? "Es irrelevante porque si funcionase ese cálculo ya se habría aplicado (antes de llegar a una repetición electoral)", explica Vilanova. Para él, el PSOE saldría "premiado electoralmente", pero no se atreve a vaticinar "en qué se traduciría eso". Porque las opciones son una situación similar a la actual o que la derecha sume más. "A estas alturas, pensar que se va a seducir a un electorado, como si no se hubiera hecho ya... la gente no es totalmente idiota. Este país ya ha pedido un gobierno en el centro, con matices, donde se pueda sentir cómodo un votante de centro-izquierda y de centro-derecha", destaca. De hecho, la suma de PSOE y Ciudadanos si lograría la mayoría absoluta. Y la alianza no sería nueva: ya se dio en 2016, cuando solo sumaban 130 escaños. Rivera ha insistido en una entrevista en Antena 3 en que el PSOE "ya tiene socios para gobernar", en relación a Unidas Podemos y los nacionalistas, por lo que ha descartado una repetición electoral

"Saber si sumarían es difícil (la izquierda o la derecha), son solo conjeturas", señala Simón. "Yo creo que no ha pasado nada para que ese cambio que han marcado los españoles vuelva a cambiar", indica Santiago. Para Lumbierres, la visualización es que la izquierda no sumaría: "O se consigue una fuerza transversal capaz de moverse con unos y con otros o la situación va a ser inamovible". La fuerza transversal, a su juicio, serían apuestas como las de Íñigo Errejón y Más Madrid, o Manuel Valls, que ha ignorado el camino marcado por Ciudadanos ofreciendo su apoyo a Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona. "Distendería mucho más las posiciones tan dogmáticas, pero siguen siendo minoritarios y, de hecho, están fuera de sus partidos", lamenta la experta.

El descalabro de Unidas Podemos en una repetición electoral es algo en lo que coinciden todos los expertos consultados. "Ni a Unidas Podemos ni a Vox les interesan nuevas elecciones" y plantearlas es, explica Simón, "un farol desde una perspectiva de estrategia electoral". En 2016 la coalición de Podemos e Izquierda Unida liderada por Pablo Iglesias mantuvo los 71 diputados de 2015, pero por el camino se dejó más de un millón de votos. En 2015, Podemos había conseguido 5,2 millones de apoyos e IU, 900.000 votos. En 2016 superaban por poco los cinco millones. En estos comicios solo han revalidado 42 diputados. El batacazo en las autonómicas ha sido notable y ha forzado a la dirección del partido a realizar cambios en la cúpula. Unas nuevas elecciones generales, indica Lumbierres, dejarían un resultado más próximo al de las municipales y autonómicas que al de las generales. En el caso de Vox, en apenas un mes ha perdido la mitad de apoyos.

"En términos absolutos, un adelanto electoral es mejor para Sánchez, pero en términos relativos este país no puede seguir así. Ir a unas nuevas elecciones en un plazo de dos o tres meses sería un fracaso y quemaría mucho al sistema y a los ciudadanos. Puede que también tenga un coste para los partidos", defiende la directora de la Escuela de Gobierno de la UCM, Paloma Román, para quien España está "en una situación de elecciones críticas que suponen el fin o el inicio de algo". "Vamos a una situación desconocida".

La caída en las urnas sufrida por el Partido Popular tanto en las elecciones generales del 28 de abril como en las municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo, ha puesto fin al silencio que durante los últimos meses han mantenido "por responsabilidad" los sectores internos críticos con la dirección nacional. Estos dirigentes ya no tienen tapujos a la hora de mostrar su descontento por el giro a la derecha que puso en marcha Pablo Casado nada más ganar las primarias, que le llevó a acercarse a los postulados de formaciones como Vox y que ha hundido al partido en las urnas.

Prácticamente desde que se conocieron los resultados del 26M, los dirigentes díscolos y algunos de los principales barones comenzaron a manifestar públicamente sus discrepancias con la dirección de Casado, al que exigieron que virara al centro para poder reconectar con el electorado fugado a otras opciones políticas como Ciudadanos y Vox. Esta última semana se han producido además los primeros movimientos de estos sectores críticos para organizarse frente a Génova y reivindicar su espacio dentro de la formación conservadora.

El gesto más contundente lo realizaba el pasado lunes el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, que en las primarias apoyó a Soraya Sáenz de Santamaría y que en los últimos meses ha apostado en todo momento por la "centralidad" del partido. El líder de los populares en Euskadi anunciaba a principios de semana que la organización celebrará los próximos días 13 y 14 de septiembre una convención con el objetivo de dejar clara su "personalidad propia" frente a la dirección nacional.

Aunque Alonso ha tratado de explicar que su iniciativa no tiene "un ánimo cismático", ha justificado la celebración de ese cónclave utilizando frases que cuestionan abiertamente la estrategia de Casado. "A veces se emiten discursos desde Madrid que resultan muy alejados cuando uno los ve desde Vitoria o desde Bilbao", reconocía el martes el presidente de los populares vascos, en clara alusión al viraje a la derecha emprendido por la dirección nacional de los populares y su acercamiento a los postulados de Vox.

En plenas negociaciones con Ciudadanos y Vox

Para el líder del PP vasco "es muy importante" que la dirección nacional del PP "respete también cada una de las organizaciones territoriales, su manera de hacer política, su acento propio, su manera de entender la vida de la gente en cada sitio. En el País Vasco la gente tiene unas preocupaciones que son un poco específicas y creo que el PP siempre ha sido un partido que es capaz de amoldarse, adaptarse, de hacerse de la tierra, y de tener su acento propio", añadía.

Otro de los barones que ha querido desmarcarse de la estrategia de Casado ha sido el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Se trata de uno de los dirigentes territoriales con más peso político y orgánico del partido. Feijóo ha cuestionado abiertamente la iniciativa de su propio partido para lograr gobiernos y ayuntamientos en los que no ha sido la fuerza más votada con acuerdos con Ciudadanos y Vox. Y lo ha hecho justo cuando se están produciendo las negociaciones entre los populares y los partidos de Albert Rivera y Santiago Abascal para alcanzar esos pactos. 

Esta semana el también líder de los populares gallegos, que no ha cesado de exigir un giro al centro de su partido desde el 26M, defendía también insistentemente que se vuelva a intentar reformar la ley para que gobierne la lista más votada. El martes, en una entrevista en la Cadena Cope, el presidente gallego utilizaba frases que no dejaban precisamente en buen lugar al PP, que busca recuperar poder sin haber ganado elecciones.

"No puede ser que el partido ganador se convierta en perdedor, y el que pierda se convierta en gobierno", apuntaba Feijóo, que reclamaba para corregir esa situación medidas como la introducción de una segunda vuelta o de un 'plus' parlamentario para la formación ganadora de las elecciones que en este momento no permitiría al PP gobernar en Madrid, Castilla y León o Aragón.

Acuerdos con Vox en municipios

También se mostraba contrario a la entrada de Vox en gobiernos, algo que no solo no se ha descartado desde la dirección nacional, sino que está cada día más cerca después del acuerdo alcanzado por los populares y el partido de extrema derecha para gobernar en aquellos ayuntamientos en los que suman mayoría y, por tanto, no necesitan del apoyo de Ciudadanos. Entre otros municipios, el partido de Abascal podría lograr concejalías en los de Pozuelo de Alarcón, Las Rozas, Majadahonda (los tres en Madrid), El Ejido (Almería) o la capital almeriense. 

Las voces críticas con la estrategia de Casado se multiplicaron después de que el 26M el partido encajara una nueva derrota en las urnas tras la debacle histórica de las generales. Pese al retroceso en votos en todo el país, tras las autonómicas y municipales el líder del PP vendió el resultado como un triunfo y habló del "inicio de la remontada" al ver posible recuperar feudos históricos como el Ayuntamiento de Madrid y mantener otros como la Comunidad de Madrid o la Región de Murcia, siempre que logre acuerdos con Ciudadanos y Vox. 

Un día después de los comicios, sin embargo, los barones se mostraron muy críticos con la estrategia de Casado de los últimos meses e insistieron la necesidad de recuperar el centro antes y después de la reunión del Comité Ejecutivo Nacional que se celebró en Génova. Además de Feijóo y Alonso a favor de la moderación se mostraron el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, o el candidato popular en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Tras la reunión llegó a producirse un enfrentamiento entre esos líderes territoriales y el presidente nacional del PP durante una comida en Madrid, porque Casado se negó a aceptar que la mínima mejora en los resultados del 26M respecto a los del 28A se había producido por haber lanzado mensajes más centristas durante la campaña. 

Una "imagen antigua"

Según explicó La Vanguardia, durante el tenso almuerzo Feijóo reprochó al líder del PP no haber hecho la lectura correcta de las elecciones y le acusó de haber provocado que la ciudadanía percibiera al partido "derechizado". En esta misma línea se expresó –siempre según el citado diario– la presidenta de los populares valencianos, Isabel Bonig, que lamentó que el líder del PP diera una "imagen antigua, de derechas" de la formación conservadora.

Otro de los momentos de mayor tensión se produjo cuando Moreno Bonilla reclamó moderación a Casado y este le reprochó que el acuerdo con Ciudadanos y Vox que permitió llegar al poder al presidente de la Junta de Andalucía hizo más daño que la foto de la concentración de Colón de febrero en la que posaron juntos Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal. 

Ciudadanos ha empleado las primeras reuniones formales con el Partido Popular en Madrid para lanzar órdagos a su "socio preferente" sobre quién debe liderar el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad, pese a que los conservadores han obtenido más votos en las dos plazas. O así al menos lo han escenificado en las dos ruedas de prensa que han ofrecido tras los encuentros. 

El equipo negociador municipal del PP ha salido contrariado y "preocupado" del primer encuentro este viernes por la mañana porque Ciudadanos no ha "mostrado su disposición" a apoyar a José Luis Martínez-Almeida como alcalde de Madrid; y por la tarde, la candidata popular, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que "no se ha trasladado" a Ciudadanos que ella sea la presidenta del Gobierno regional que se está pactando. 

Instantes después el secretario general del PP, Teodoro García-Egea, con quien ha comparecido la candidata, ha matizado su declaración: "Hay que atenerse al criterio objetivo que han marcado los ciudadanos en las urnas". Es decir, que el PP peleará porque Díaz Ayuso ocupe la presidencia de la Comunidad por ser la segunda fuerza más votada, por delante de Ciudadanos. 

Ciudadanos Castilla y León no dará un paso más en su negociación de un pacto con el PP hasta que conteste a las duras condiciones del candidato Francisco Igea: no incluir en el gobierno al consejero y al alcalde que aparecen en las escuchas del sumario Enredadera, Juan Carlos Suárez-Quiñones y Antonio Silván, y prescindir de aquellos regidores y presidentes de diputaciones que hayan cumplido al menos dos legislaturas. De esta forma, el Partido Popular tendría que prescindir del alcalde de Burgos, Javier Lacalle y del de Palencia, Alfonso Polanco, además de los presidentes de la Diputación de Salamanca, Burgos y Valladolid.

"De momento, estamos a la espera", indican desde Ciudadanos. No se ha programado ninguna reunión más hasta que el Partido Popular conteste. La decisión no es fácil. El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, está muy valorado por Pablo Casado. Tanto es así que, para asegurar su continuidad en un cargo público, se le metió en dos listas: en la de la candidatura a la alcaldía y en la del Senado.No ganó las elecciones, pero una triple alianza de derechas —PP, Cs, y Vox— le permitiría gobernar. Además, consiguió escaño en la Cámara Alta.

El caso de Antonio Silván es algo más difícil. Afrontaría, de haber ganado las elecciones, su segunda legislatura después de media vida política como consejero, pero por el momento los malos resultados obtenidos y el cambio en los resultados por un error en las actas que han dejado fuera al que podría ser su socio, Vox, hacen imposible que repita. Pero si así fuera, Silván está vetado por Igea. Tal y como manifestó en una entrevista a la agencia Efe, nadie que aparezca en el sumario de la Operación Enredadera puede formar parte del gobierno de Castilla y León. El alcalde en funciones aparece en los audios de esa operación en la que presuntamente el empresario de la construcción y la comunicación, José Luis Ulibarri, amañaba concursos públicos extorsionando a políticos. Silván  sale en uno de los pinchazos informando en directo a Ulibarri de cómo se estaba desarrollando la apertura de sobres en una licitación.

Al igual que hicieron con Lacalle, el partido también quiso asegurar un puesto a Silván presionando a la dirección nacional para que fuese en las listas al Senado, sin éxito. Acabó en la diputación permanente de las Cortes, un puesto que garantiza o garantizaba su aforamiento. Pero es que Ciudadanos quiere acabar con los aforamientos, con todos.

El caso del consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, es similar. No milita en el PP pero el PP no quiere quedarse sin él y lo incluyó en la lista a las Cortes. Consiguió escaño. Francisco Igea recuerda que apareció también en la Enredadera, en una conversación con Ulibarri en la que le ofrecía sin concurso una obra de más de dos millones de euros con la frase "yo soy la administración".

En la Diputación de Valladolid también se viven momentos de incertidumbre. El presidente, Jesús Julio Carnero, lo tiene complicado: no es de la facción de Mañueco y su nombramiento ya estaba en cuestión antes de las elecciones. Una bronca en el partido le hizo salir de la lisa al Ayuntamiento de Valladolid y saltar al número 2 en las Cortes para posteriormente volver a la del Consistorio pero varios puestos por debajo del que él quería. Además, Carnero es el presidente del PP de Valladolid. Perder el cargo dejaría en el aire su continuidad al frente del partido.

Hasta el momento, el Partido Popular ha vivido el inicio de las negociaciones con mucho optimismo. De la primera reunión ambos partidos, para enfado de Igea, prácticamente anunciaron un preacuerdo para gobernar Castilla y León. Después de 32 años sin sobresaltos y varios días de zozobra parecía que no perdería el poder. Es más, fuentes del partido apuntan a que les saldría "barato" el pacto con Ciudadanos reduciendo el sacrificio a entregar la vicepresidencia y tres consejerías. Eso hasta el pasado jueves, cuando Igea les hizo llegar su hoja de ruta.

Sus exigencias se recibieron con aparente afabilidad y disposición por parte del PP y así se intentó hacer ver con algunas declaraciones que se remitieron a los medios. No es así. Las condiciones han caído como una bomba y han producido un enorme malestar. Los afectados no quieren pronunciarse. Desde el PP no han precisado a este diario cuando responderán. "No manejamos ningún plazo", comentan. Pero sí que lo hay: el nombramiento de alcaldes está fijado por ley para el 15 de junio, así que o acceden esta semana y retiran a los señalados por Igea, o el pacto quedará paralizado definitivamente.

El PSOE y el PP cierran su primer acuerdo en Lanzarote. 7 jun 2019 17:25:16.eldiario.es - eldiario.es.

Los agoreros que pronosticaban que el PSOE y el Partido Popular nunca alcanzarían acuerdos de gobierno en Canarias se pueden encontrar en cuestión de horas con el primer desmentido en la frente. Populares y socialistas tienen bastante encaminado un pacto para la isla de Lanzarote que implicará el control de las dos instituciones más importantes de la isla: el Cabildo y el Ayuntamiento de Arrecife. De cerrarse con éxito las negociaciones, lo que se estima que ocurra entre la tarde de este viernes y mañana sábado, Coalición Canaria perderá uno de sus más destacados bastiones, el Cabildo de Lanzarote, a cuyo frente ha estado Pedro San Ginés desde 2009 tras una moción de censura a la socialista Manuela Armas.

Este primer acuerdo entre el PSOE y el PP colocaría a Loli Corujo, secretaria general de los socialistas conejeros, al frente del Cabildo de Lanzarote, lo que ocurrirá de manera automática por haber encabezado la lista más votada en las pasadas elecciones de mayo, aunque no con mayoría absoluta. A su vez, la dirigente popular Astrid Pérez será investida alcaldesa de Arrecife con los votos del PP, el PSOE y Somos Nueva Canarias (13 concejales), aunque en la capital de la isla fue Coalición Canaria la fuerza más votada (9 concejales).

También dependerá de los acuerdos entre el PP y el PSOE, en algunos casos con el respaldo de otras fuerzas políticas, el desalojo de Coalición Canaria de plazas tan importantes como los cabildos de Tenerife y de La Palma o el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

En La Palma ya ha habido dos acuerdos entre ambos partidos a escala municipal: en Garafía y en la Villa de Mazo. En el primer municipio tendrá el cetro de alcalde Yeray Rodríguez, y en el segundo, Goretti Pérez, ambos del PSOE.

Ninguno de los ya celebrados y de los demás posibles acuerdos están supeditados a lo que se decida para el Gobierno de Canarias. Si bien el candidato socialista, Ángel Víctor Torres, ganador de las elecciones autonómicas, se ha inclinado por un acuerdo progresista con Nueva Canarias, Podemos, la Agrupación Socialista Gomera (ASG) y, circunstancialmente, Ciudadanos, el PP tiene autonomía para acordar gobiernos locales allí donde lo considere oportuno, como han ratificado este mismo viernes desde la dirección nacional de ese partido.

El presidente regional del PP, Asier Antona, se reunirá formalmente el lunes con Ángel Víctor Torres con la mirada puesta en una posible reactivación de una opción de gobierno por la derecha, que contemplara un Gobierno presidido por Coalición Canaria y respaldado por los populares, Ciudadanos y ASG, una posibilidad que se torna cada día más compleja.

Ciudadanos mantiene su veto a investir presidente a Fernando Clavijo como presidente dada su imputación en el caso Grúas, lo que ha conducido a CC a insinuar su disposición a sustituirlo por Rosa Dávila, actual consejera de Hacienda en funciones, para conseguirlo.

Ni siquiera con esta cesión Ciudadanos ha garantizado todavía su respaldo a esa opción conservadora.

créditos

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