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created: 22 mar 2015 21:42:28 UTC ~ updated: 21 mar 2019 15:23:51 UTC ~ rssv2 ~ TTL 10 min. ~ es

La Cámara de Cuentas acaba de aprobar su dictamen sobre la fiscalización del gasto sanitario entre 2011 y 2015. El documento final omite datos relevantes que figuraban en el anteproyecto, publicado por eldiario.es antes de someterse al periodo de alegaciones, como la multiplicación del coste de las intervenciones en los hospitales privatizadosel "envejecimiento" acelerado de los centros públicos por la falta de inversión o la constatación de que los hospitales gestionados por concesionarias derivan a los pacientes a centros públicos "para reducir costes en tratamientos complejos o largos". 

El órgano encargado de la fiscalización del gasto público en la Comunidad de Madrid ha modificado el texto teniendo en cuenta las alegaciones de los "fiscalizados", confirman fuentes de la Cámara a eldiario.es. Entre ellos está la Consejería de Sanidad y el exconsejero Javier Fernández Lasquetty, ideólogo de la privatización sanitaria madrileña y actual jefe de gabinete del líder del PP Pablo Casado.

Fuentes cercanas a Lasquetty explican a este medio que los consejeros de la Cámara aceptaron cuatro de sus cinco alegaciones contra las "exageraciones", a su juicio, incluidas en el anteproyecto, elaborado según las mismas fuentes por la consejera Mónica Melle, propuesta por el PSOE. Ese dictamen provisional revelaba que la Comunidad de Madrid no ha aportado en una década ningún informe con datos que avalen que la privatización sanitaria es más eficiente. Esta tesis del "ahorro", sin fundamento para la Cámara de Cuentas, fue reproducida entre otros por el exconsejero Lasquetty.  Sanidad también presentó alegaciones aunque rehúsa hacerlas públicas y valorar el texto final acordado por el pleno de consejeros. 

La Cámara de Cuentas es un órgano colegiado e independiente. Tiene siete consejeros aunque desde diciembre de 2017 solo hay seis. El presidente, Arturo Canalda, dimitió tras ser imputado por el caso Lezo y ahora desempeña sus funciones el vicepresidente Carlos Salgado. La mayoría de los consejeros encargados de elaborar los informes de fiscalización tienen vinculación con algún partido político porque se eligen a propuesta de ellos en el pleno de la Asamblea. 

Cada año el órgano remite a la Cámara regional un programa de fiscalizaciones que luego el presidente reparte entre los consejeros: a cada uno le encomienda unos trabajos concretos y ellos deben tutelar al equipo que elabora los anteproyectos que analizan el gasto público. Una vez completada esta fase, el documento provisional se somete a votación en el pleno y solo se publica si una mayoría –vertebrada ahora por personas más o menos cercanas al PP– respalda el contenido. 

En este caso, el proceso de negociación para dar a luz un texto final se ha demorado cuatro meses. Este proyecto, de hecho, estaba incluido en el programa de fiscalizaciones de 2018 pero no se ha aprobado hasta 2019. Fuentes conocedoras de las negociaciones apuntan que el proceso ha sido complejo por las "fuertes implicaciones políticas" del documento, que pone negro sobre blanco que la supuesta eficiencia de la privatización no se ha logrado demostrar y "se desconoce en base a qué criterios" se decidió poner en marcha. 

Estas conclusiones han permanecido intactas en el texto final. También, por ejemplo, que el programa para reducir las listas de espera de los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González fue un fracaso porque la mitad del presupuesto, 61 millones de euros, se quedó sin gastar mientras el número de pacientes que aguardaban para ser intervenidos aumentaba y también el tiempo de espera (de 80 a más de 126 días).

"Puede concluirse que la ejecución presupuestaria de este programa de gasto ha sido ineficiente en el objetivo de reducción de lista de espera, y que las medidas desarrolladas no han sido suficientes para conseguir el objetivo perseguido", dice el informe final. En la versión definitiva también ha quedado plasmado el abuso de la "contratación temporal" en la sanidad madrileña. "La contratación de facultativos alcanzó, en 2014, una cifra de 2.615, que representa sobre la plantilla efectiva un 35%, seguido del personal sanitario no facultativo que en dicho ejercicio representó el 28%". 

Otras afirmaciones del anteproyecto han sido matizadas y algunas, directamente, eliminadas. Entre las primeras está la alusión a la "derivación" de pacientes de hospitales privatizados a públicos "para reducir costes en tratamientos complejos". Esta conclusión, muy clara en la versión provisional previa a las alegaciones, ha desaparecido del texto definitivo, que sí admite que a veces estos centros no pueden darles el cuidado que precisan porque no tienen una cartera de servicios suficientes. El informe final también busca justificaciones más amables para explicar las derivaciones, como "la fidelización de los pacientes crónicos con los facultativos que les venían tratando". 

Cuatro páginas borradas 

Las omisiones más evidentes tienen que ver con la Fundación Jiménez Díaz que, contactada por eldiario.es, no ha querido hacer declaraciones. Del dictamen final han desaparecido, según ha podido comprobar este medio, cuatro páginas completas del anteproyecto donde se mostraba con gráficos las diferencias de coste de las intervenciones y tratamientos en este hospital de la red pública gestionado por Quirón Salud respecto a otros 100% públicos del mismo tamaño.

Las comparaciones eran demoledoras: hay cirugías, especialmente las ambulatorias que no requieren ingreso hospitalario (rodilla, pie, varices, ojos...), que cuestan hasta seis veces más. El informe provisional cuantificaba el exceso de coste en "desviaciones de hasta el 743%" que pueden verse en este gráfico elaborado con los datos incluidos en el anteproyecto.  

El anteproyecto, que publicó eldiario.es, también reflejaba que en 2012 la propia Consejería de Sanidad detectó que era posible ahorrar hasta 37 millones de euros anuales de más de 312 si se renegociaba el convenio y planteó varios escenarios para hacerlo: con "financiación capitativa (considerando lo que se paga por cápita, es decir, por paciente)" o teniendo en cuenta "las tarifas medias (precios públicos)". En este segundo caso el ahorro ascendería a 58 millones, según recogía el órgano fiscalizador. 

Nada de esto ha quedado por escrito en el informe definitivo, que es el único que tiene validez para la Cámara de Cuentas. "El criterio de este órgano solo se refleja en el informe definitivo", responden las fuentes oficiales de la Cámara, que admiten la "discrepancia" entre un texto y otro y la enmarcan dentro de la "normalidad" por la incorporación de las alegaciones. 

Partidos como el PSOE o Podemos consideran un "escándalo" que los datos más comprometidos para Sanidad se hayan esfumado" del documento aprobado por la Cámara de Cuentas este lunes. "Hemos conocido el informe de fiscalización del gasto sanitario entre 2011 y 2015 en 2019, con retraso y a tres meses de las elecciones. Lo que da muy poca posibilidad de debate sobre el asunto", critica el diputado socialista José Manuel Freire. "Esto nos da una idea del tipo de organismos de control que tenemos", añade. Para Mónica García, diputada de Podemos, "el anteproyecto contenía una parte fundamental que evidenciaba el fraude de la privatización". "No es casualidad que esa parte haya desaparecido del informe final y eso solo profundiza en el desprestigio de nuestras instituciones", considera. 

La Fiscalía del Tribunal Supremo envió el martes al juicio del procés a su principal batería de artillería contra los acusados: el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos. Comparado con él, los anteriores testigos de la acusación parecían un coro de niños de escolanía. Aparecía el actual jefe de la Guardia Civil en Madrid, que Interior traspasó a Catalunya cuando ostentaba un alto cargo en el Ministerio para que se ocupara de la coordinación de fuerzas policiales ante el referéndum del 1-O a través de una orden de la Fiscalía del TSJC.

Una primera paradoja: la principal víctima de sus acusaciones no estaba en la sala, sino presumiblemente en su casa viendo la retransmisión del juicio. El exjefe de los Mossos Josep Lluís Trapero está acusado del delito de rebelión en una causa de la Audiencia Nacional, cuya vista se celebrará después de este juicio.

Pérez de los Cobos tenía cuentas que ajustar con Trapero y se ocupó de soltarlas todas. Lo considera uno de los principales responsables del 1-O, o al menos de que el referéndum llegara a celebrarse. 

A pesar de la insistencia de la Fiscalía por preguntar sobre ello en este juicio, la simple descripción de hechos violentos no serviría por sí sola para justificar una condena por rebelión. Se necesitaría probar una acción concertada de dirigentes y organizaciones, un complot surgido de varios ámbitos en el que los Mossos d'Esquadra jugaran un papel básico. 

A eso se dedicó con intensidad Pérez de los Cobos, que se convirtió en muy pocos minutos en el principal testigo de cargo contra el procés, y en especial contra su némesis particular. Dijo que en la reunión de la Junta de Seguridad del 28 de septiembre, el mayor Trapero "hizo unas intervenciones que estaban en la línea de los sentados en el mismo lado de la mesa, que era el de los convocantes del acto ilegal”, refiriéndose a los responsables políticos de la Generalitat, incluido su presidente, Carles Puigdemont, y el conseller de Interior, Joaquim Forn.

De esa manera, el coronel ponía al entonces jefe de los Mossos en el centro de la presunta trama, le acusaba de negarse a cumplir el mandato judicial de impedir el referéndum y finalmente denunciaba que la Policía autonómica eligió un despliegue que facilitaba que se llevara a cabo la consulta y que obstaculizaba los intentos de Policía y Guardia Civil de acabar con ella.

Pérez de los Cobos –hermano de un expresidente del Tribunal Constitucional– alegó que "nunca llegamos a pensar en la inacción absoluta (de los Mossos) que vimos el día 1". Por la contundencia de su declaración, la impresión que dio fue la contraria, es decir, que siempre sospechó de Trapero. 

El ataque llegó al punto de que una medida tomada por los Mossos para comenzar a cumplir el auto de la magistrada del TSJC –las visitas de patrullas de los Mossos a los colegios electorales el viernes y el sábado previos al 1-O– fue descrita por el coronel como un intento de facilitar la votación al advertir a la gente sobre lo que se iba a hacer. Lo que se estaba haciendo, según Pérez de los Cobos, era avisar de que los Mossos actuarían "a no ser que hubiera tal masa de ciudadanos" que fuera imposible hacerlo y que "en ningún caso harían uso de la fuerza".

Pérez de los Cobos no estaba en terreno tan consistente al proseguir con la argumentación. "Luego supimos que esta circunstancia fue conocida por organizaciones, lo que hizo que hicieran un llamamiento para que por la noche acudiera el número suficiente de personas para que los mossos no pudieran actuar", dijo. Si los Mossos formaban parte de la conspiración, algunos no se enteraron hasta el día anterior. Otra opción es que los grupos independentistas se aprovecharan de una decisión anterior anunciada por la Policía autonómica.

Se puede considerar que esa medida no era del todo sorprendente, porque se supo bastante antes de la celebración del referéndum. Trapero había dejado claro que cumpliría las órdenes judiciales, pero no al precio de lanzar a los Mossos a impedir con violencia el ejercicio del voto. Por eso, las defensas han insistido tanto en una frase del auto de la magistrada del TSJC, que ordenó a Mossos, Policía y Guardia Civil que impidieran el referéndum "sin afectar la natural convivencia ciudadana". Ese es un punto en que las defensas insistirán en sus alegatos finales.

Pero para alguien como Pérez de los Cobos, eso era un defecto o una excusa, y es en ese sentido como describió la orden del mando de los Mossos de ser especialmente cuidadosos en las situaciones en que hubiera niños y ancianos presentes en el lugar de los hechos. En su opinión, lo que se hizo con estas medidas fue encubrir "una pasividad absoluta" en el cumplimiento de las órdenes recibidas por el TSJC.

Además, llegó a acusar a algunos mossos –en número desconocido– de realizar "seguimientos y vigilancias" a las patrullas de Policía y Guardia Civil, un dato del que no quedó claro si figura en algún informe aportado a la causa. 

El coronel entró en el territorio de la especulación cuando sostuvo sin más pruebas que su propia opinión que la colaboración de los mossos podría haber marcado la diferencia: "Yo creo que esos 6.000 efectivos (de Policía y Guardia Civil), con la colaboración de los Mossos d'Esquadra, hubieran sido suficientes para cumplir una parte considerable del auto de la magistrada". A las preguntas tipo 'qué hubiera pasado si...', todo el mundo puede responder lo que quiera. Sería extraño que el tribunal las aceptara en la sentencia como un hecho indiscutible.

Xavier Melero, abogado de Forn, había hecho el día anterior un completo ejercicio de demolición de buena parte del testimonio del exsecretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto. Esta vez, con Pérez de los Cobos, tuvo delante un rival mucho más duro, casi impenetrable, y no pudo ser tan efectivo. Sí dejó de manifiesto cierta extrañeza por el hecho de que el coronel y el comisario de los Mossos Ferran López se despidieran sin problemas el 30 de septiembre, cuando unas horas después, a primera hora de la mañana del 1 de octubre, Pérez de los Cobos decidió poner fin a la colaboración con los Mossos al considerarla inútil.

El coronel llegó a esa conclusión tras hablar con los jefes de la Policía y Guardia Civil en Catalunya al darse tres condiciones que explicó sobre la conducta de los Mossos, tal y como él la veía: insuficiencia, inadecuación e ineficacia.

Enric Millo y las guerras del Fairy

Una impresión muy diferente dio el testigo de la mañana del martes, el exdelegado del Gobierno Enric Millo. Se manejó con la hipérbole tan habitual en la política española y acabó convertido en carne de chistes en Twitter. Millo, diputado del PP en el Parlament durante una década, no resistió la tentación de pintar un retrato horrible sobre los actos violentos denunciados. "Tenebroso" es como llamó a lo que le contaron los policías en el barco de los Piolines cuando les visitó en los días posteriores al referéndum: "Pude ver lesiones, pude ver dedos rotos, fracturas, un chaleco antibalas rajado de arriba a abajo". 

Todo eso en el día en que se supo que la Audiencia de Barcelona ordenó reabrir la investigación de las cargas policiales del 1-O, además de negar en un auto que el cumplimiento de las órdenes del TSJC fuera una "patente de corso para cualquier acción de violencia de la Policía".

El día anterior, el exsecretario de Estado de Seguridad confirmó que no hubo agentes hospitalizados. Tampoco hubo muchos que tuvieran que pedir la baja médica. Es difícil creer que un policía pueda seguir haciendo su trabajo con una fractura. Trabajan mucho con las manos. 

Millo debió de pensar que era el momento perfecto para hablar de un hecho desconocido. "Un agente me dijo que habían caído en la trampa del Fairy. Entraban en un centro, resbalaban, caían al suelo y les pateaban en la cabeza", dijo Millo en un comentario que despertó comentarios no demasiado favorables entre el público, lo que obligó al presidente del tribunal a recordar que no están permitidas en la sala las "muestras de desaprobación", incluidas las sonrisas.

No se conocían las virtudes deslizantes del Fairy, más allá de su papel fundamental en el conflicto entre Villarriba y Villabajo, y mucho menos como recurso en guerras de baja intensidad. 

Hubo risas generalizadas en las redes sociales y después del momento chispeante era posible pensar que es muy raro que hayamos tardado quince meses en enterarnos de una historia tan singular y también violenta. 

Los abogados defensores están en condiciones de desdeñar el testimonio de Millo, con o sin lavavajillas. Con el de Pérez de los Cobos lo tienen más complicado. Dos de los letrados tienen que interrogarle el miércoles por la mañana. Para el interés de sus defendidos, les conviene tener algo consistente para cuestionar su declaración.

A las cuatro y cuarto de la madrugada del martes apareció en la pista del sambódromo de la avenida Marqués de Sapucaí el desfile más esperado en muchos años de Carnaval en Río: "Historia para acunar adultos". Era el punto culminante de un ambiente general marcado por la respuesta social y la rebeldía alegre en el arranque del primer carnaval de la era Bolsonaro. Las pasarelas de Río de Janeiro y São Paulo se llenaron de espectáculos inspirados en ideas y conceptos que el líder de la extrema derecha y sus seguidores menosprecian.

El Brasil representado en el carnaval de Río por la Estação Primeira de Mangueira se llama Dandara, como la esclava que se convirtió en guerrera, y ya desde lejos se veía llegar un indio gigante presidiendo uno de los carros alegóricos. El rostro del país se describe en este samba como el de un indio cariri. Con 3.500 integrantes en acción, la agrupación etiquetó de invasión lo que siempre se ha vendido como descubrimiento, y honró a los que fueron de acero en los años de plomo de la dictadura militar.

Las ganas de ver el desfile de la Estação Primeira de Mangueira las palió un anticipo en el desfile del domingo del bloco Boi-Tolo por el centro de Río de Janeiro. El actor Pedro Monteiro, miembro de la escuela, participó cargando con un cartel que ilustraba uno de los versos de la composición presentada a concurso: "Brasil, llegó la hora de oír a las Marías, Mahins, Marielles, Malês", en homenaje a Maria Felipa, heroína de la independencia de Bahía; Luísa Mahin, líder de la revuelta esclava de los malês, y la activista y concejala Marielle Franco, asesinada hace un año.

Cerraba el desfile, ya casi de día, una bandera de Brasil desplegada entre una veintena de personas, con los colores alterados emulando los de la escuela –rosa y verde– y la inscripción "Orden y progreso" modificada por otra más cruda: "Indios, negros y pobres".

Con tono más sarcástico, Paraíso de Tuiutí, escuela subcampeona el año pasado, escenificó sobre el sambódromo la historia real de una cabra elegida concejal de Fortaleza (Ceará) en 1922. "Salvador de la patria", lo titularon. La última parte del espectáculo, dedicada a los movimientos sociales y a la conciencia ciudadana, incluía la pancarta popularizada tras la elección de Bolsonaro: "Nadie suelta la mano de nadie". Emulando teléfonos móviles, y la importancia del whatsapp en los últimos comicios, también inmortalizaron mensajes como: "Dios encima de todos [en relación al eslogan del ultraderechista], pero soy a favor de la tortura".

Salgueiro, otra de las escuelas capitales del carnaval carioca, dedicó su desfile al orixá Xangó. "Viril y atrevido, violento y justiciero; implacable con los mentirosos, los ladrones y los malhechores", describía la sinopsis oficial. Como Xangó imparte justicia, el espectáculo fue rematado a base de injusticias, emulando una manifestación de diversos colectivos marginados por la sociedad.

En Sào Paulo surgió el "Quilombo del Futuro"

La población negra de los quilombos (antiguos refugios libres de esclavos) que aún perduran en Brasil, herencia de los asentamientos de esclavos prófugos, ha sido otro de los objetivos habituales de Jair Bolsonaro. De ellos dijo, tras visitar uno de estos quilombos, que "el más leve pesaba siete arrobas. No hacen nada. No sirven ni para procrear". El Tribunal Supremo rechazó en septiembre, por tres votos a dos, la denuncia por racismo presentada por la Procuraduría General de la República.

El presidente, en cambio, no consigue escapar de ellos. En el sambódromo de Anhembi, en São Paulo, una de las escuelas más tradicionales de la ciudad, y la más exitosa de todas, Vai-Vai, le tenía reservado un desfile titulado el "Quilombo del futuro".

"La lucha que Mandela enseñó", decía una de las partes más vibrantes de la letra del samba-enredo, repasando todas las dificultades que aun tiene que superar en el día a día la comunidad negra. Sobre Nelson Mandela, Bolsonaro afirmó en una entrevista en TV Cultura, durante la precampaña electoral, que "habría que ver su pasado". Y que el líder sudafricano no era "todo eso" que se dice de él.

En el mismo Grupo Especial, la escuela Mancha Verde se envolvió en la princesa africana Aqualtune para hablar de esclavitud, derechos de los negros y de las mujeres, e intolerancia religiosa; y Acadêmicos do Tucuruvi cantó y sambó por la libertad, la que buscan ahora y la que le robaron a los pueblos originarios hace cinco siglos.

Censura en el Carnaval de Belo Horizonte

El punto de partida de estos días de fiesta (y descontento) tuvo lugar el viernes por la noche, con la escalada del capitán Lisandro Sodré, de la Policía Militar, al vehículo de la agrupación Tchanzinho Zona Norte, en Belo Horizonte. Su intención no era otra que detener los cánticos y gritos de la banda, que en ese momento increpaba al presidente Bolsonaro.

El portavoz de la Policía Militar del estado de Minas Gerais reconoció los hechos y defendió la acción del capitán, teniendo en cuenta que en un evento de 70.000 personas era conveniente no exaltar a los asistentes. "El bloco siempre ha sido y siempre será un bloco político", explicaba Tchanzinho Zona Norte en un comunicado tras el incidente. "Nuestros posicionamientos políticos no hieren la existencia del prójimo, no promueven la intolerancia y la eliminación de la diversidad, como hacen varios discursos con los cuales disculpan a grupos que están representados hoy incluso en la Presidencia de la República, propagándose con alarmante velocidad entre diversas camadas de la población".

La Defensoría Pública del estado de Minas Gerais envió instantáneamente una recomendación oficial a la Policía Militar a través del oficio nº 71/2019, advirtiendo que las manifestaciones políticas no necesitan pasar "por la criba subjetiva-policial", y que solo deben responder a la legislación, lo cual no incluye, "obviamente, la restricción de discursos políticos". El documento define esa censura institucional como "ilegal, inconstitucional y delito de abuso de autoridad".

"Pasividad absoluta", "insuficiencia", "inadecuación", "ineficacia". Dureza inédita en el juicio del procés contra el dispositivo policial de los Mossos d'Esquadra el 1-O. El encargado de desmontar pieza a pieza el operativo de los Mossos ha sido el coordinador policial para impedir el referéndum, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, que ha tildado de "estafa" el dispositivo de la policía catalana.

Pérez de los Cobos ha cumplido con precisión su cometido de testigo clave de la Fiscalía para sustentar la supuesta rebelión por la que se piden decenas de años de cárcel a los dirigentes catalanes. Ha descrito varios episodios de "alineamiento" entre policía y Govern para facilitar la votación en vez de impedirla, con mención especial al major de los Mossos, Josep Lluís Trapero, al que ha acusado de "poner palos en las ruedas en todo". Y también ha relatado la segunda pata de la rebelión, el “alto grado de agresividad y hostilidad” en algunos colegios contra los agentes. 

La colaboración de los Mossos, según Pérez de los Cobos, fue antes, durante y después del 1-O. Desde el viernes 29 de septiembre, las patrullas de Mossos que visitaron más de 2.000 colegios avisaron a los allí concentrados de que si el 1-O había “masas de ciudadanos” en los centros, la policía no usaría la fuerza. Esto permitió, ha añadido el coronel, que se sucedieran las llamadas de los políticos y entidades independentistas a acudir a los colegios e "imposibilitar” así la actuación policial. Además, añade que los propios Mossos concretaron que si había en los colegios gente mayor, niños o personas vulnerables, la actuación todavía sería más difícil.

También estuvo dirigido a "facilitar, en vez de impedir" el 1-O el despliegue de los Mossos el día de la votación. La patrulla de dos mossos que se personó en los colegios "no sirvió para nada" y era "absolutamente insuficiente" para cumplir con la orden judicial que exhortaba a incautar urnas y papeletas y cerrar colegios. Se permitieron libranzas de agentes y se articularon "extraños mecanismos" en los que antes de intervenir, los casi 6.000 mossos de cada colegio debían pedir permiso hasta a tres centros de control.

Todo ello perseguía para Pérez de los Cobos un único objetivo: "Dar normalidad institucional a una actividad ilegal. No hay más apariencia de normalidad que un local con gente haciendo colas y una pareja de policías durante toda la jornada". Es más, el operativo de los Mossos solo sirvió para "diseminar la fuerza" de los tres cuerpos policiales, a criterio del coronel. Y es que según Pérez de los Cobos, si hubieran actuado juntos, Policía, Guardia Civil y Mossos podrían haber cumplido con la orden judicial para impedir el 1-O. Pero la policía catalana quebró los planes.

Además de reiterar en varias ocasiones la “pasividad absoluta” de los Mossos d'Esquadra para facilitar el 1-O en vez de impedirlo, Pérez de los Cobos ha recordado que en diez u once colegios agentes de la policía catalana “intentaron obstruir físicamente” a la Policía Nacional. Incluso afirma que “en algunos casos” eran los propios mossos los que no solo retiraban el material, sino que “sujetaban” las urnas para que los ciudadanos votaran.

Hogar Social ya es un partido político. El grupo neonazi ha solicitado su registro ante el Ministerio del Interior, que ha cursado la petición con fecha del 28 de febrero. La presidenta del nuevo partido será Melisa Rodríguez, la persona que ha ejercido la portavocía del grupúsculo ultra desde su nacimiento, según la información que consta en el Registro de Partidos Políticos.

"Nos hemos legalizado como partido político", reconoce su presidenta en conversación con eldiario.es. "Nuestra intención es concurrir a una de las elecciones de este año", ha avanzado Rodríguez, sin concretar a cuál de ellas. 

La sede del partido político Hogar Social (HS) estará en Granada y no en Madrid, donde surgió el movimiento y ganó relevancia estatal. Tras su surgimiento, el grupo de ultraderecha ha ganado adeptos en otras latitudes. Granada ha sido precisamente uno de los epicentros de esa expansión

En los estatutos con los que Hogar Social se ha inscrito como partido ante el Ministerio del Interior se establece "la posibilidad de crear, por acuerdo del Consejo Nacional, delegaciones territoriales" de ámbito "municipal, provincial o autonómico".

Hogar Social saltó a la fama por ocupar edificios vacíos en Madrid en los cuales ofrecía servicios básicos a personas en problemas económicos. Las dudas comenzaron cuando se constató que no atendía a las personas extranjeras. Como otros movimientos sociales, exigía ser española a las personas que acudieran a su banco de alimentos, por ejemplo.

HS ganó posiciones en los medios de comunicación y su mensaje comenzó a calar, lo que provocó la reacción de otros movimientos sociales de Madrid. El colectivo fue denunciado por la Red Española de Inmigración ha denunciado ante la Fiscalía por sendos actos violentos que protagonizaron en Madrid y Granada tras el atentado de Barcelona de agosto de 2017.

El ataque de Madrid tuvo como objetivo una de las mezquitas más emblemáticas de la ciudad. La Fiscalía atribuyó a Hogar Social un delito de odio por tirar bengalas al edificio. 11 de sus miembros fueron imputados. La Fiscalía, al final, mantuvo solo la petición de investigar a Melisa Rodríguez por haber justificado el ataque.

Hogar Social, junto a otros partidos ultras como Falange y España 2000, secundó la movilización de la Plaza de Colón contra el diálogo abierto entre el Gobierno de España y el Govern catalán.

El que fuera delegado del Gobierno en Catalunya Enric Millo ha declarado este martes como testigo en el juicio del procés, donde ha respaldado las tesis de la Fiscalía para acusar al Govern del delito de rebelión. Millo ha descrito un "clima de violencia" contra la Policía durante la celebración del referéndum del 1-O, aunque ha caído en varias contradicciones a lo largo de su intervención.

La "trampa del Fairy" que no aparece en los informes policiales

La alusión a la violencia durante aquel día que más ha sorprendido ha sido lo que el propio millo ha llamado "la trampa del Fairy", a la que habrían acompañado las "artes marciales" empleadas contra los agentes. Esa "trampa" habría consistido, según el testimonio de Millo, en rociar el suelo con el famoso lavavajillas para que los policías cayeran al suelo y, así, "patear" sus cabezas.

En los informes de la Policía Nacional y Guardia Civil –en los que se recogen los incidentes en cada uno del centenar de colegios electorales en los que intervinieron– se hacen alusiones a lanzamientos de piedras, agentes lesionados, resistencia pasiva –"murallas humanas"–, incluso a bloqueos de puertas con la colocación de "retroexcavadoras" y "carros de la compra y de bebés" para impedir la labor de los agentes. Pero no hay rastro alguno de esa "trampa del Fairy" ni ninguna otra técnica que consistiera en hacer resbalar a los agentes para "patear" la cabeza de ningún policía. 

De "artefactos incendiarios" a "artefacto incendiario"

El exdelegado del Gobierno también ha hablado de "artefactos incendiarios", en plural, durante su intervención. Pero ha tenido que reducir la referencia a un único "artefacto incendiario", el encontrado en Igualada (Barcelona), tras las preguntas del abogado de Jordi Cuixart, Benet Salellas.

"Creo que hablamos"

Millo también ha afeado al exconseller de Interior Joaquim Forn que le dijera en una reunión que tuvo lugar en  julio que iban a "garantizar que la jornada electoral se" desarrollase "con total normalidad", en referencia al 1-O. Tras ello, ha asegurado que no siguieron hablando, pero el abogado de Forn, Xavier Melero, le ha recordado que durante la celebración de la consulta –es decir, tres meses después– intercambiaron varios mensajes a través de WhatsApp.

"Creo que hablamos", ha sido su respuesta.

La precandidata de Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Serra, ha dicho este martes que no ha decidido aún si votará a la candidata de Más Madrid a la Alcaldía de la capital, Manuela Carmena, pero que "hará todo lo posible" para que siga siendo la alcaldesa.

En una entrevista en La Sexta, ha recordado que la Alcaldía de Madrid "la ganaron" con la fórmula de Ahora Madrid, "una candidatura amplia en la que estaba Carmena pero en la que también había un número de actores, colectivos y organizaciones diferentes".

"Creo que fue una fórmula ganadora y eso nos permitió entrar y hacer todas las buenas políticas que se han hecho durante estos años. Posteriormente Manuela ha decidido prescindir de parte de esos actores y ahora hay que ser muy responsables y hacer todo lo posible para que el Gobierno de Madrid no vuelva a estar gobernado por la derecha", ha esgrimido.

Sobre su decisión de presentarse a las primarias regionales de Podemos, cuando ella ya se había optado a ocupar un escaño en el Congreso, Serra ha señalado que entró en un proceso de reflexión tras la marcha de Íñigo Errejón a su proyecto de Más Madrid y de la dimisión de Ramón Espinar como secretario regional de Podemos.

"Iba a ir al Congreso pero ante esta situación he decidido dar un paso adelante. Es una responsabilidad en este momento, en una situación en la que los madrileños están sufriendo todavía las políticas del PP, que no estamos ni mucho menos en los niveles de inversión en Educación y Sanidad de 2008 y era un momento necesario para ir en una candidatura unitaria", ha explicado Serra.

"Durante unas cuantas semanas hemos tenido un debate dentro de Podemos. Había una situación de vacío en el que muchas personas que estamos desde el inicio pensamos qué hacer. Y hablándolo en ese momento con varios compañeros he decidido dar el paso. Siempre dije que iba a dar el paso a partir de saber qué proceso de primarias planteaba la gestora actual. Y cuando lo he sabido he dado ese paso", ha proseguido.

La también diputada de la Asamblea de Madrid no quiere rivalizar con Más Madrid, aunque ha apuntado que el que se marchó fue Errejón, y asegura que Podemos se presenta a las elecciones autonómicas "para echar al PP del Gobierno regional y evitar que la derecha y ultraderecha tenga algo de cabida en las instituciones".

Isabel Serra ha asegurado que ella hubiera querido una sola candidatura más a la izquierda del PP para las elecciones porque tienen "una responsabilidad enorme con todos madrileños".

"No he visto las propuestas de Íñigo pero hay una cosas que sí nos diferencia, que es el proyecto colectivo. Ayer lo dije y es que yo asumo una responsabilidad de un proyecto colectivo, que es Podemos, que tiene un proyecto estatal, que llevamos cuatro años en la Asamblea trabajando, que llevamos las demandas de los movimientos sociales a las instituciones. Es a día de hoy la principal diferencia. Y en ese sentido asumo la responsabilidad de seguir trabajando por tener una única candidatura y no me cierro a hablar con nadie porque es lo que hay que hacer", ha aseverado.

La precandidata de Podemos "desde luego" buscará la confluencia con IU que, según ha recordado, sus afiliados están votando en una consulta sobre ello. "Soy respetuosa pero voy a hacer lo posible por que haya esa confluencia con el mayor número de actores", ha añadido.

"A día de hoy todavía no soy la candidata, tengo que pasar por un proceso de primarias y quiero ser muy respetuosa con todas las que se presenten. Luego, teniendo el aval de los inscritos elaboraremos un programa, tenemos que hacer un proyecto y hablar con el mayor número de actores para que hagamos una candidatura de cambio real", ha concluido.

Tres semanas después de que el Tribunal Constitucional aceptase la retirada de los recursos del Gobierno central contra las leyes antidesahucios catalanas, el Govern de la Generalitat se ha puesto manos a la obra en el despliegue de una legislación que había estado paralizada durante años. El conseller de Territori, Damià Calvet, ha presentado este martes un decreto que, entre otras medidas, obliga a informar del precio del índice de referencia de la Generalitat tanto en los anuncios como en los contratos que se formalicen en cualquier arrendamiento de inmuebles. 

Esta medida es la punta de lanza del decreto-ley que el Govern ha aprobado este martes, que interviene el mercado del alquiler con el objetivo, por un lado, de aumentar la oferta y el parque de vivienda disponible en régimen de alquiler, tanto de protección oficial como privado y, por otro, tratar de moderar los precios de los alquileres, especialmente disparados en Barcelona y su área metropolitana.

Así por ejemplo, la Generalitat permitirá a los ayuntamientos catalanes calificar terrenos como destinados para el alquiler, creando así una nueva calificación urbanística, lo que a juicio del conseller permitirá aumentar el parque público y privado. Además el decreto-ley permite, tanto a las administraciones locales como a la autonómica, adquirir nuevo suelo mediante el derecho de tanteo y retracto para destinarlos a la construcción de vivienda pública.

En el mismo sentido, la normativa impone a los municipios con alta demanda residencial la obligación de impulsar la construcción de vivienda pública en los solares de los que disponga en su patrimonio en los próximos dos años. Esa construcción de vivienda debe ir destinada, mayoritariamente, al alquiler, con el objetivo de actuar sobre la oferta.

La tercera gran medida que incorpora la nueva regulación tiene que ver con el Registro de Viviendas Vacías, creado hace más de una década pero que hasta ahora tenía un carácter casi voluntario para los grandes propietarios. A partir de ahora pasará a ser obligatorio suscribir en este registro los inmuebles que lleven más de dos años vacíos o pendientes de que se acaben unas obras ejecutadas más del 80%. Este Registro funciona como primer paso antes de poner el parque de vivienda vacía en el mercado, bien para compradores privados o bien para que el sector público ya que, de no hacerlo, la Generalitat puede imponer sanciones e incluso expropiarlos. 

"Era evidente que debíamos de actuar sobre los contratos de alquiler, la cuestión era decidir cómo", ha asegurado Calvet, explicando que la elección era entre desarrollar una ley de arrendamientos urbanos catalana, lo que hubiera supuesto un conflicto competencial, o hacerlo mediante la reforma del Código Civil, avanzadas este lunes por la consellera de Justicia, y las medidas sectoriales aprobadas en el presente decreto-ley. "La reforma de los alquileres que se aprobó el viernes pasado en el Consejo de Ministros está en la línea de lo que deseábamos, y por tanto bienvenido sea", ha añadido el conseller.

En paralelo a esta regulación, el Govern anunció este lunes que preparaba un proyecto de ley para tratar de regular el precio de los alquileres. Una competencia hasta ahora en manos del Gobierno central y que ahora la Generalitat le intentará arrebatar mediante la modificación del Código Civil. La idea del Ejecutivo catalán es llevar la ley al Parlament antes de que acabe el año.

El ministro de Ciencia y Universidades, Pedro Duque, será el candidato al Congreso del PSOE por la circunscripción de Alicante. El PSPV ha favorecido el aterrizaje de Duque, que por residencia pertenece a otra circunscripción, porque el presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV es favorable a situar independientes de prestigio en las listas socialistas. Por su parte, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez cumple su objetivo de que un ministro lidere la candidatura de una circunscripción clave, la quinta de España por población.

La decisión, explican fuentes del partido, es un "win-win" porque tanto Ferraz como el PSPV-PSOE están encantados con la decisión. Además, no será el único ministro que encabece una lista electoral clave. José Luis Ábalos, Ministro de Fomento, será el cabeza de lista por Valencia con toda seguridad. La tercera circunscripción más poblada y con más diputados en juego.

Pedro Duque, que no está empadronado en Alicante, sí que tiene una segunda residencia en Xàbia y fuentes del PSPV explican que es muy próximo a su alcalde, José Chulvi. Sobre este chalé en la costa valenciana, Duque tuvo que dar explicaciones públicas al tenerlo a nombre de una sociedad patrimonial con la que abonaba menos impuestos

El fichaje estrella de Ciudadanos, Silvia Clemente, será respaldada de nuevo por los líderes de su nuevo partido. Si su presentación, muy polémica, llegó de la mano del secretario general, José Manuel Villegas, su cierre de campaña de primarias, que la catapultará o la expulsará de la carrera a la presidencia a Junta de Castilla y León, no podía ser menos.
Clemente ha anunciado esta mañana a través de su cuenta en twitter, que el portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Juan Carlos Girauta, estará mañana con ella, en un acto a las 19,00 horas en el Hotel NH Ciudad de Valladolid. 
 
A a cita acudirá también el secretario general del Grupo Parlamentario de Cs en el Congreso, Miguel Gutiérrez. "Juntos vamos a cambiar tanto Castilla y León como toda España", dice Silvia Clemente en su tuit. La votació telemática de Ciudadanos, a la que están llamados unos 1.500 afiliados de Castilla y León, arrancarán este viernes y finalizarán 24 horas después.

La entrevista que el presidente de Societat Civil Catalana, Josep Ramon Bosch, concedió este lunes a eldiario.es ha levantado ampollas entre algunos sectores de esta entidad.  Bosch marcó distancias respecto a la estrategia del PP y Ciudadanos al afirmar que en estos momentos no se dan las condiciones necesarias para aplicar de nuevo el artículo 155 de la Constitución y señaló que no es cierto que Pedro Sánchez haya cedido ante los partidos independentistas, tal y como también aseguran Pablo Casado, Albert Rivera y también Vox.

Societat Civil ha emitido un comunicado en el que se limita a insistir en que la suspensión del autogobierno sería una medida constitucional: "El artículo 155 es una medida democrática y constitucional. Corresponde a los representantes democráticos del pueblo español decidir la forma y el momento de su aplicación. En cualquier caso, creemos que la recuperación de la normalidad institucional y la convivencia en Cataluña no puede basarse únicamente en su aplicación, sino que requiere de una estrategia de largo plazo y amplio alcance".

En la citada entrevista, Bosch también se posicionó a favor de la inmersión lingüística en Catalunya, una defensa que muchos asociados de Societat Civil no comparten. De ahí que la entidad se haya visto obligada a matizar a su presidente y para ello arguye la necesidad de cumplir las sentencias judiciales.

"El bilingüismo es una gran riqueza de Cataluña. Defendemos la presencia de nuestras dos lenguas en todos los ámbitos oficiales y en la educación. En este sentido, exigimos el cumplimiento de las sentencias judiciales que reconocen que el castellano debe ser también lengua vehicular en la educación, como lo es el catalán", argumenta SCC en su comunicado. 

Bosch ha asumido hace un par de meses la presidencia de Societat Civil, la entidad que ya dirigió en 2014 y 2015, para intentar acabar con las broncas internas e intentar reconducirla. Una tarea que, como se demuestra con el comunicado en el que la entidad se desmarca de su presidente, no será nada fácil.

El exdelegado del Gobierno en Catalunya Enric Millo ha abonado este martes la tesis de la rebelión de la Fiscalía y ha culpado al Govern de Carles Puigdemont de alentar y crear un "clima de violencia" el 1-O, provocando que "masas de personas" y "murallas humanas" se concentraran en los colegios contra la Policía y la Guardia Civil. 

Se esperaba el tono duro de Millo contra los dirigentes independentistas. El exdirigente del PP catalán, ahora retirado de la política institucional, ha lanzado sus dardos contra Carles Puigdemont, Joaquim Forn y el major Josep Lluís Trapero. A todos ellos les ha culpado de provocar que la población se concentrara en los colegios el 1-O para que se actuara "con violencia" contra los cuerpos policiales y de acordar que los Mossos no cumplieran con la orden para impedir el 1-O, las dos patas de la rebelión según los fiscales. 

Millo ha señalado a Trapero por "alinearse políticamente" con el Govern para facilitar el 1-O en vez de impedirlo, como había ordenado la jueza del TSJC. Del expresident ha criticado su "comportamiento suicida" para impulsar al 1-O y que el mismo día de la votación siguiera "animando a la gente no a votar, sino a defender los colegios". "Al otro lado de la mesa me encontré con una silla vacía", ha lamentado.

Respecto al exconseller de Interior, ha afirmado que Forn inauguró su mandato en julio diciéndole: "El 1-O vamos a garantizar que la jornada electoral se desarrolle con total normalidad". "Me quedó grabada esta frase y ya no seguimos hablando", ha añadido Millo, a lo que el abogado de Forn, Xavier Melero ha replicado con los whatsapps que ambos se cruzaron el 1-O. Ante la constatación de que sí habló con Forn, Millo ha reconocido: "Creo que hablamos".

"La trampa del Fairy"

Millo se ha explayado, a preguntas del fiscal Zaragoza, en relatar "actos de violencia" el 1-O, como, por ejemplo, policías pateados en la cabeza tras ser víctimas de "la trampa del Fairy" en los colegios para que resbalaran, así como votantes que golpearon mediante "artes marciales" a los agentes y "artefactos incendiarios" contra las casas cuartel de la Guardia Civil. No ha concretado, sin embargo, si le consta si hay algún imputado por este hecho. En sus informes en los que refieren cada una de las intervenciones en los colegios el 1-O, los jefes de Policía Nacional y de Guardia Civil no expusieron ninguna "trampa del Fairy".

Millo, a preguntas del abogado de Forn, Xavier Melero, ha tenido que matizar su descripción. A la pregunta de por qué los cuerpos policiales detuvieron tan solo a cinco personas el 1-O ante un escenario tan violento, Millo ha instado a "preguntar a los Mossos d'Esquadra". A preguntas del abogado de Jordi Cuixart, Benet Salellas, Millo ha rebajado los "artefactos incendiarios", en plural, a un único artefacto en Igualada (Barcelona).

El Gobierno de la Comunidad de Madrid avaló en febrero las obras del Ejecutivo de Pedro Sánchez para sacar a Franco del Valle de los Caídos, pero ha evitado este martes explicar profusamente su decisión técnica, recogida en un informe publicado por eldiario.es. "No somos competentes para en lo que se refiere a una autorización de obras que otorga un ayuntamiento. Poco más puedo añadir", ha asegurado el vicepresidente Pedro Rollán en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

En su respuesta a los periodistas, Rollán ha criticado que "otras administraciones" les intenten "señalar y poner en la diana" por este asunto y ha asegurado que su gobierno está "más centrado en solucionar los problemas de los vivos que en retroalimentar debates estériles que nada aportan para solucionar los problemas del siglo XXI". "Ha sido el Partido Socialista el que han puesto en el día a día un dictador que lleva fallecido mucho tiempo", ha añadido. 

El Ejecutivo regional rechazó el pasado 12 de febrero los informes de los arquitectos de la Fundación Francisco Franco que pedían la paralización de las obras para desenterrar al dictador. Los denunciantes utilizaron esta vía para intentar frenar el proceso acogiéndose a un artículo de la ley del suelo que permite pedir amparo a la administración regional sobre una licencia municipal, en este caso del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial.

Pero su dictamen la Subdirección General de Urbanismo desdeña los argumentos de los denunciantes y asegura que la "obra es estrictamente la necesaria para proceder a una exhumación de un cadáver". 

En 2009, Timothy Brown pasó a la historia al convertirse en la primera persona en haberse curado de su infección por VIH tras un transplante de médula. Conocido como el paciente de Berlín, aquel hombre supuso un avance prometedor, pero quedó la duda de si solo había sido una extraña excepción. Hoy, un equipo internacional de investigadores con participación española ha confirmado que su curación no fue una anécdota y ha conseguido que un segundo paciente infectado por VIH elimine todo rastro del virus de su cuerpo durante 18 meses gracias a un transplante de células madre. A pesar de este importante avance en la lucha contra esta enfermedad, los investigadores advierten de que "es prematuro concluir que este paciente se ha curado".

"No hablamos de curación porque es demasiado pronto, hablaremos de ello cuando hayan pasado varios años y esté confirmado que el virus no rebota", explica a eldiario.es María Salgado, investigadora de IrsiCaixa y coautora del estudio en el que se detalla el hallazgo y que ha sido publicado hoy en la revista Nature. Sin embargo, Salgado no esconde su satisfacción y califica el hallazgo como "una inyección de energía para todos nosotros" y avanza que este nuevo caso "ofrece muchísima información para desarrollar nuevas técnicas que se puedan aplicar a toda la población".

La remisión de Timothy Brown, que lleva ya 11 años sin VIH, se produjo gracias a un transplante de médula que se le realizó para tratar una leucemia. Tras unas sesiones de quimioterapia y radioterapia, se le realizó el transplante y al hacerlo los médicos descubrieron que no había rastro del VIH. La quimioterapia, la radioterapia y el transplante habían destruido las células en las que se escondía el virus y, además, las nuevas células del donante tenían una mutación (del gen CCR5) que impedía al virus entrar en nuevas células, evitando que volviera a brotar la infección.

Un tratamiento menos agresivo

"El paciente de Berlín abrió un campo de investigación centrado en la búsqueda de una cura", afirma Salgado. Desde entonces, científicos de todo el mundo han analizado las posibilidades de esta mutación. En este caso, los investigadores demostraron la eficacia de una forma menos agresiva de este tratamiento en un paciente británico con VIH al que se le diagnosticó linfoma de Hodgkin avanzado en 2012 y al que se le realizó un transplante en 2016.

Para el transplante se utilizaron las células madre de un donante que tenían la misma mutación que en el caso de Brown. Al cabo de 16 meses, los médicos interrumpieron el tratamiento antirretroviral y hoy, 18 meses después, el virus permanece indetectable en su sangre.

Cuando el VIH infecta a un huésped comienza a replicarse en sangre a gran velocidad. Los actuales tratamientos antiretrovirales eliminan el virus en sangre y lo hace indetectable e intransmisible. Sin embargo, explica Salgado, "aún así el virus se mantienen dormido en las células y cuando se para el tratamiento el virus se despierta y comienza de nuevo a replicarse". Esto es lo que los investigadores llaman rebote y se suele producir entre dos y cuatro semanas después de abandonar el tratamiento.

Sin embargo, en este caso "el transplante funciona como un recambio del sistema inmune, reduciendo la cantidad de células que tienen al virus dormido", afirma Salgado. Hay varios factores del transplante que ayudan a destruir el virus y, entre ellos, el nuevo estudio destaca lo que se conoce como enfermedad injerto contra huésped. "Es el rechazo del nuevo sistema inmune contra las células antiguas, esto, que ya se sabe que es beneficioso para eliminar el tumor, también hemos visto que es beneficioso para eliminar las células que tienen el virus", explica Salgado.

Aún así, advierte la investigadora, "la prueba de fuego llega cuando paramos el tratamiento antiretroviral", entonces entra en juego el nuevo sistema inmune con células que disponen de "una mutación que provoca que, si queda algún virus escondido en el cuerpo, no pueda entrar en las células".

Un tratamiento arriesgado y no generalizable

La principal conclusión que extraen los autores del estudio es que el paciente de Berlín "no fue simplemente una anécdota y es posible conseguir una remisión total del virus", explica otro de los autores del estudio, el también investigador de IrsiCaixa, Javier Martínez-Picado. "Aun así, no queremos hablar aún de cura, pero más de un año sin rebote viral es algo que no se había visto desde entonces, por lo que nuestra visión es muy optimista", añade.

Sin embargo, los investigadores advierten de que el enfoque no es apropiado como un tratamiento estándar para el VIH debido a la toxicidad de la quimioterapia y al riesgo inherente de este tipo de transplantes. "Un paciente con VIH es un enfermo crónico que, con un tratamiento adecuado, puede llevar una vida absolutamente normal, con lo que no es ético plantear un procedimiento como este, que tiene una mortalidad que puede llegar al 40 o 50 por ciento", advierte Salgado.

A pesar de ello, estos hallazgos, que han sido desarrollados en el marco del consorcio internacional IciStem, coliderado por los investigadores españoles, proporcionan un mayor apoyo para el desarrollo de enfoques que apuntan a la mutación del gen CCR5 como una estrategia para la remisión del VIH y ofrece la esperanza de nuevas técnicas de tratamiento que podrían eliminar el virus por completo en un futuro.

VÍDEO | La huelga feminista explicada en menos de tres minutos. 5 mar 2019 09:55:49.eldiario.es - eldiario.es.

Relevante auto de la Audiencia de Barcelona sobre las cargas del 1-O. Los magistrados han rechazado que la orden del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) fuera una "'patente de corso' para cualquier acción de violencia" de la Policía el 1-O, uno de los motivos esgrimidos por los agentes imputados por su actuación el día del referéndum. Varios de los agentes han alegado ante el juez instructor que actuaron cumpliendo la orden judicial.

Formalmente, el auto de la Audiencia de Barcelona tiene una sola consecuencia práctica: obliga al juez instructor a reabrir la investigación de las cargas en un solo centro, el colegio Estel. Pero a nivel político, supone un desmentido en toda regla a lo declarado por exministros y exaltos cargos de Interior del Gobierno del PP que han declarado estos días en el Tribunal Supremo y han argumentado que los agentes actuaron en estricto cumplimiento de la orden del TSJC para impedir el 1-O. "Si se hubiera querido hacer un mayor uso de la fuerza, hubiéramos estado amparados por la ley", llegó a decir este lunes el exsecretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto.

Los magistrados de la sección 3 de la Audiencia de Barcelona, en el primer auto sobre el archivo de la investigación en un colegio decretado por el instructor, son contundentes. Rechazan uno de los motivos del juez instructor para finalizar la investigación en el colegio Estel, la falta de vídeos e imágenes para identificar a los agentes intervinientes. "La inexistencia de material videográfico no puede impedir una completa investigación de lo sucedido", concluyen los togados en el auto, al que ha tenido acceso eldiario.es.

Pero además, destacan que en el centro Estel "el uso desproporcionado de la violencia no vendría amparado por el cumplimiento" de la orden del TSJC del 27 de septiembre a Policía, Guardia Civil y Mossos para impedir el 1-O. El auto judicial no puede ser, a criterio de los magistrados, "una especie de 'patente de corso' para cualquier acción de violencia cuando esta resulta innecesaria, desproporcionada y con claro abuso de poder".

Por ello la Audiencia de Barcelona estima el recurso de los 18 heridos en este centro y del Ayuntamiento de Barcelona, que ejerce la acusación popular y ordena al juez instructor reabrir las pesquisas referentes al colegio Estel. El instructor ha archivado la causas referentes a una quincena de colegios de los 27 en los que hubo cargas el 1-O en Barcelona. La decisión respecto al colegio Estel puede suponer la reapertura de otras piezas respecto a otros colegios. 

Este martes se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el real decreto–ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler que aprobó el Consejo de Ministros del pasado viernes tras pactarlo con Unidos Podemos. Entrará en vigor a partir de mañana, miércoles, y afectará a los nuevos contratos que se firmen a partir de ese momento. No tiene efectos sobre los contratos de alquiler que están ahora vigentes.

Se trata del segundo decreto en la materia, ya que en el primero se dejaron de incluir medidas que a juicio de Unidos Podemos eran esenciales para conseguir su apoyo. Esto significó que el primer decreto estuvo vigente poco más de un mes, entre el 15 de diciembre y el 24 de enero, y tuvo efecto sobre los contratos que se firmaron desde la publicación en el BOE de la aprobación hasta la publicación en el mismo boletín de la derogación que había tenido lugar en el Congreso. Todos los decretos-leyes son primero aprobados en Consejo de Ministros, después publicados en el BOE, que es cuando entran en vigor y después convalidados, o derogados, en la Cámara Baja.

A pesar de no incluir el control de precios de subida del alquiler, la formación morada ha aceptado dar sus votos a este nuevo texto cuando vaya a ser convalidado en el Congreso de los Diputados debido a otras mejoras y al adelantamiento de las elecciones generales, que dejaban ya poco margen para seguir negociando. Otros grupos, como PDeCAT, ya han expresado su disposición a apoyarlo en la diputación permanente (órgano que rige las Cámaras en periodos inhábiles). El Gobierno aseguró que sólo estaría dispuesto a aprobar decretos que tuvieran comprometidos los votos necesarios para salir adelante en su convalidación parlamentaria, con lo que es previsible que esta vez se evite el varapalo del primer texto.

Estas son las nuevas medidas que van a regir el mercado del alquiler cuando entren en vigor a partir de mañana, miércoles:

1.Contratos mínimos de 5 o 7 años  

Se recuperan los plazos establecidos con anterioridad a la reforma liberalizadora de 2013. De esta manera, se establece en cinco años el periodo de prórroga obligatoria, salvo en caso de que el arrendador sea persona jurídica, supuesto en que se fija un plazo de siete años. Las empresas son los propietarios de en torno al 5% del total del mercado, frente al 50% de Alemania, según Fomento.

En cuanto a la prórroga tácita, se establece que llegada la fecha de vencimiento del contrato, si no existe comunicación de alguna de las partes se prorrogará el contrato durante tres años más, "con lo que se dota al inquilino de una mayor estabilidad que deja de estar expuesto a la prórroga anual establecida en 2013".

2. Limitación de fianzas a tres meses

Se fija en dos mensualidades de renta la cuantía máxima de las garantías adicionales a la fianza (de un mes) que pueden exigirse al arrendatario, ya sea a través de depósito o de aval bancario, salvo que se trate de contratos de larga duración. En total son tres meses como máximo.

3. Vivienda turística

A partir de ahora, éstas deberán ser necesariamente comercializadas a través de canales de oferta turística y remitiendo específicamente a lo establecido en la normativa sectorial turística que resulte de aplicación. También se recoge una reforma del régimen de propiedad horizontal que explicita la mayoría cualificada necesaria (tres quintos) para que las comunidades de propietarios puedan limitar o condicionar el ejercicio de la actividad, o establecer cuotas especiales o incremento en la participación de los gastos comunes de la vivienda. 

4. Fiscalidad

El decreto también toca la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para modificar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). En primer lugar se elimina la obligación de repercutir este impuesto a los inquilinos de las viviendas en alquiler social. Asimismo, se abre la posibilidad de que los municipios decidan bonificar el IBI en inmuebles de uso residencial que sean objeto de alquiler social o asequible hasta el 95%.

Se regula también un recargo en el IBI a las viviendas desocupadas. Esta regulación viene a desarrollar un recargo que ya estaba establecido en 2002.

Además, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados habrá un nuevo supuesto de exención aplicable a la suscripción de contratos de arrendamiento de vivienda para uso habitual o permanente.

Fuentes de Fomento explican que están estudiando medidas fiscales adicionales en fomento de la vivienda asequible (se ha llegado a hablar estos días de una reducción del IBI para vivienda por debajo de precios establecido en índices, pero no se ha concretado en el texto). En todo caso, serían medidas a implementar en una nueva legislatura, han explicado. 

5. Vivienda social e inversiones de los ayuntamientos

Una de las justificaciones que da el Gobierno sobre la urgencia del decreto es que en España la vivienda social ofrece cobertura a menos del 2,5% de los hogares, una cifra que contrasta con los porcentajes sensiblemente superiores al 15% registrados en países como Francia, Reino Unido, Suecia, Países Bajos, Austria o Dinamarca. Por ello, se proponen "eliminar determinadas barreras normativas y de financiación que dificultan el desarrollo de promociones de vivienda en alquiler social por parte de las distintas administraciones públicas".

Entre otras cosas, el plan estatal de vivienda pasará a apoyar en exclusiva la vivienda en alquiler social y asequible; se movilizará suelo público con este fin a través de colaboración público-privada; y se amplía el ámbito de las inversiones financieramente sostenibles para que los ayuntamientos puedan invertir en vivienda sin incumplir la regla de gasto. 

6. Comunidades de vecinos

Además de la necesidad de una mayoría de tres quintos para aprobar viviendas turísticas, otras modificaciones de la ley de Propiedad Horizontal que van a afectar a las comunidades de vecinos son el incremento hasta el 10% del último presupuesto ordinario de la cuantía del fondo de reserva de las comunidades de propietarios. Se establece la posibilidad de que tales recursos se destinen a la realización de obras obligatorias de accesibilidad.

Las obras de accesibilidad serán obligatorias cuando la administración pública pague el 75% y el 25% se sufrague por todos los propietarios.

7. Tanteo y retracto 

Se establece el derecho de adquisición preferente (tanteo y retracto) por administraciones públicas en caso de venta conjunta de un inmueble con arrendamientos.

8. Subrogación en caso de fallecimiento de inquilino

Se "blinda" la posibilidad de subrogación, en caso de fallecimiento del inquilino, en favor de determinados perfiles vulnerables (menores, discapacitados, mayores de 65 años). 

NOVEDADES RESPECTO AL PRIMER DECRETO

7. Limitación de las subidas interanuales al IPC

Se trataría de recuperar el límite de las subidas anuales a la variación de la inflación. En la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 2013 se estableció que estas subidas, de darse, serán las pactadas entre las partes. En caso de salir adelante el nuevo decreto la duración de los contratos podría ser de hasta siete años y se podría dar el caso de que se pretendieran practicar revalorizaciones de la renta abusivas. De este modo, solo se podrá elevar el precio lo que haya variado el IPC de un año a otro, protegiendo al inquilino y evitando subidas arbitrarias dentro del mismo contrato. 

8. Desahucios

A partir de ahora los juzgados tendrán que evaluar la vulnerabilidad de los afectados y poner en conocimiento de los servicios sociales los procesos de desahucio si la aprecian. En el anterior texto, el demandado podía informar a estos servicios y estos, en caso de advertir vulnerabilidad, trasladarlo al juzgado al juzgado. La realidad es que es frecuente que las familias vulnerables que se enfrentan a un desahucio ni siquiera sepan que existe esta posibilidad.

Además, en el primer decreto el aplazamiento de los desahucios en caso de vulnerabilidad era de un mes para dueños personas físicas y dos para las jurídicas: ahora se amplía a tres meses con las personas jurídicas. 

Se acaba con los desahucios abiertos, es decir, aquellos que se producen sin fecha ni hora y en los que la Policía puede llegar en cualquier momento, a los que el anterior decreto no hacía referencia alguna. 

9. Indices de precios

En el segundo decreto se dispone la creación del índice estatal de referencia de precios en un plazo de ocho meses para mayor conocimiento . Con datos de la Agencia Tributaria, el catastro, el registro de la propiedad, el registro de fianzas y otras fuentes se ofrecerá anualmente los valores medios de renta mensual en euros por metro cuadrado de vivienda por barrios, municipios, provincias, comunidades autónomas. Las comunidades autónomas podrán establecer sus propios índices de de referencia a efectos de diseñar sus políticas y programas públicos de vivienda. Esto no implica que vayan a poder limitar los precios, que es lo que reclamaba Unidos Podemos a través de una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, sino tan solo tener una estadística fiable.

Estos índices estatales podrán ser utilizados como base por las comunidades autónomas y ayuntamientos para los suyos propios. En Catalunya y Comunidad Valenciana ya existen estos índices, y Euskadi está elaborándolos. 

En ningún caso habilitan para establecer sistemas de regulación de los precios de alquiler, han insistido fuentes de Fomento, que alegan que la medida sería inconstitucional por afectar al derecho fundamental a la propiedad en caso de incluirse en un decreto. Según afirma Fomento, esta limitación sí podría ir en una ley, pero esto ya tendría que ocurrir en otra legislatura. Lo que las comunidades pueden hacer si lo desean, como hasta ahora, es usar la información de los índices para hacer política fiscal según los márgenes que ya marca la ley.

 10. Gastos de formalización y gestión del contrato 

En el primer decreto aparecía que estos gastos quedarían a cargo de los arrendadores personas jurídicas "salvo acuerdo en contrario". En el nuevo queda claro que los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato irán siempre a cargo del arrendador, en los supuestos que el arrendador sea una persona jurídica, tal y como aparecía en el acuerdo inicial. 

11. Validez del contrato frente a terceros 

En la Ley de Arrendamientos Urbanos de 2013 del PP se estableció que si el contrato de alquiler no se registraba en el Registro de la Propiedad (cosa de la que es responsable el propietario) dejaría de tener efectos frente a terceros. De este modo se desregulaba más el mercado, pues los fondos que compraban bloques de pisos necesitaban poder disponer de esos pisos fácilmente, y si el contrato no había sido registrado carecía de toda validez. Esta situación, que se mantenía en el anterior decreto, ha sido ahora solventada: en el caso de contratos de cinco y siete años, deberán ser respetados también en el caso de no estar inscritos en el registro de la propiedad.  

12. Plazo de preaviso de no renovación de contrato  

Aumenta el plazo con el que se debe avisar de que no se desea renovar el contrato. En concreto, si se establecía en un mes para inquilinos y propiedad en el primer decreto, ahora será de cuatro meses para los inquilinos y dos meses para la propiedad.  

13. Recuperación del piso por necesidad del arrendador 

Con el nuevo decreto, siempre según el borrador del acuerdo, las causas de de necesidad que deban alegar los propietarios para recuperar la vivienda antes del plazo mínimo deberán constar en el contrato, y especificarse cuál de ellas es la que se produce en el momento de la comunicación. 

Tras el retraso en las declaraciones del juicio del procés, el Supremo afronta el martes con una apretada agenda con dos nombres propios: Enric Millo y Diego Pérez de los Cobos. El ex delegado del Gobierno y el coordinador del dispositivo policial del 1-O seguirán analizando el papel de los Mossos y de la Policía antes y después del referéndum de 2017.

Los temas del día

Así fue el lunes 4 de marzo

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha señalado en una entrevista en TVE que está "convencida de que en la siguiente persona que ocupe la Secretaría General de Podemos será una mujer". "Es algo que la gente tiene muy clara en Podemos", ha apuntado sobre la ausencia de mujeres al frente de los partidos que concurren a las elecciones generales del 28 de abril. La dirigente de Podemos ha defendido que el próximo 8M será "un hito que afectará a la política".

Montero, que ha sustituido en la entrevista a Pablo Iglesias, de baja de paternidad, ha reclamado el apoyo para Unidas Podemos en las urnas para ahondar en las medidas acordadas por su grupo y el Gobierno de Pedro Sánchez tras la moción de censura. "Si somos los más votados, cambiaremos las cosas más que el PSOE", ha apuntado.

La dirigente ha defendido la baja de Iglesias. "Uno tiene que hacer lo que dice y lo que propone. Se puede ser candidato sin renunciar a la baja. Es compatible con ser presidente", ha señalado.

La portavoz del grupo confederal ha afirmado que su partido "arrancó" a Sánchez las medidas más sociales, como subida del SMI o la revalorización de las pensiones, aunque ha reconocido que non ha sacado otras medidas como regular los precios del alquiler o derogar la reforma laboral.

Para la dirigente de Podemos, el motivo habría que buscarlo en el PSOE. "Gracias a nuestra presión, ha llegado al límite de donde puede llegar. Por eso es necesario que la gente no acuda con a votar con miedo o resignación", ha sostenido. "El voto a Podemos es la garantía de que la vida de la gente puede cambiar", ha insistido una y otra vez, para rechazar un hipotético apoyo exterior a un posible pacto entre Pedro Sánchez y Albert Rivera.

"Si lo que hay como alternativa es un PSOE que titubea, la derecha acabará llegando", ha concluido Montero, quien ha restado valor a las diferentes encuestas que apuntan a una fuerte caída de la alianza entre Podemos e IU.

"Útiles", pese a los "errores graves" internos

Montero también ha respondido sobre la grave crisis que atraviesa Podemos en Madrid tras la ruptura de Íñigo Errejón. La dirigente ha lamentado la decisión del cofundador de Podemos y ha achacado la escisión al proceso de "madurez" al que ha llegado el partido tras cinco años de vida.

Errejón y el resto de miembros de Podemos que le han acompañado, ha dicho, sob "perfectamente libre" de "irse a otro partido y presentarse con otro programa"."Hay que tirar para adelante", ha sostenido.

La dirigente ha reconocido "errores graves que disgustan" a sus potenciales votantes. Pero ha señalado que "el principal error" no son los problemas internos que, ha dicho, todos los partidos tienen, sino "la forma" en la que los han "expuesto".

Montero ha defendido que "una organización vale por lo que consigue hacer con la gente". "Somos útiles incluso con problemas", ha dicho. Y ha insistido: "Si somos la fuerza mayoritaria del bloque progresista, a lo mejor no nos tiemblan las piernas al pedir a las eléctricas que bajen la luz. Lo prometió Pedro Sánchez y no lo ha hecho".

Montero ha defendido la propuesta de un nuevo encaje territorial con un referéndum pactado para resolver el conflicto con Catalunya. La dirigente de Unidos Podemos ha sostenido que "en Extremadura y Castilla y Leon quieren que hablemos más del tren de Extremadura o de cómo se vacía la España rural" y menos de Catalunya.

El entrevistador también ha preguntado a Montero por Venezuela. La portavoz de Unidos Podemos ha defendido una solución dialogada para el país latinoamericano. "Es un error reconocer a un presidente que la única forma de imponerlo sea una intervención militar extranjera", ha sostenido sobre la posición de España. "Este país ha dicho muchas veces que no quiere guerras por petróleo", ha zanjado.

La Comunidad de Madrid avaló en una resolución el pasado 12 de febrero la legalidad de las obras planteadas por el Gobierno para sacar el cuerpo del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Lo hizo días antes de que el juez José Yusty Bastarreche, titular del Juzgado número 3 de Madrid y muy significado contra las leyes de memoria histórica, aceptase la pasada semana suspender cautelarmente el informe del Ayuntamiento de El Escorial que avalaba la operación para desenterrar los restos. 

La resolución de la Subdirección General de Inspección y Disciplina Urbanística de la Comunidad de Madrid, a la que ha tenido acceso eldiario.es, rechaza así suspender los efectos del informe del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial que estableció que el proyecto de actuaciones para realizar la exhumación planteada por el Ejecutivo cumple con la ordenación urbanística del municipio.

En el informe que sirve de base a la resolución, la Dirección General de Urbanismo y Suelo del Gobierno de Ángel Garrido coincide con la instrucción del procedimiento que se ha seguido por el Consejo de Ministros y rechaza los argumentos de las denuncias en todos los aspectos que plantean.

La Comunidad de Madrid desdeña los informes de los arquitectos de la Fundación Francisco Franco, despojándolos de cualquier valor pericial. En su dictamen la Administración afirma que "la obra pretendida es estrictamente la necesaria para proceder a una exhumación de un cadáver y consistirá en la retirada de la losa existente, y tras la exhumación la reposición del solado original".

El "amparo legal"

"Tampoco se puede pretender que la referida protección del bien impida una simple exhumación de un cadáver, acción que tiene amparo legal", añade el informe de la administración regional.

"En ningún caso se estaría en el supuesto de infracción patente, notoria y evidente, más allá de que es precisamente el organismo encargado de la protección del bien, el Patrimonio Nacional, el que va a ejecutar los trabajos, el cual es el organismo público encargado de la gestión del patrimonio histórico nacional de España proveniente de la Corona", zanja el Gobierno regional en su respuesta a las demandas de paralizar la exhumación.

La resolución de la administración madrileña señala, además, que en ningún caso hubiese sido posible aplicar el artículo 197 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, como pretendían los denunciantes para solicitar la suspensión de los efectos de la licencia, porque dicho artículo exige que para decretar la paralización las obras estas deben estar en curso.

La Comunidad de Madrid, por todo ello, cierra la puerta a la suspensión de las obras que pretendían las denuncias, y aporta más argumentos a la legalidad del procedimiento que se está siguiendo para la exhumación de los restos de Franco.

Denuncias en masa

La resolución de la administración regional respondió así el pasado 12 de febrero a las numerosas denuncias "de contenido idéntico" que le hicieron llegar distintos particulares con la intención de suspender el desentierro del dictador. Demandas parecidas habían recibido también en masa y de forma coordinada el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y distintos tribunales.

Ante todas esas actuaciones, solo el juez Yusty Bastarreche –que en un artículo académico consideró que la Ley de Memoria Histórica provoca "agrias polémicas de carácter político en la que se creían superados los fantasmas de la Guerra Civil"–decidió suspender cautelarmente las obras atendiendo los informes presentados por arquitectos de la Fundación Francisco Franco y al no ver "urgencia" para exhumar al dictador.

Tal y como adelantó este diario, otros tres jueces rechazaron en quince ocasiones la suspensión del permiso urbanístico municipal que autoriza la obra que hay que hacer en la basílica del Valle de los Caídos.

Las actuaciones planeadas por el Ministerio de Justicia incluían el "levantado del pavimento de mármol, la retirada de la losa de piedra que cubre la sepultura de Francisco Franco y su traslado a otro lugar".

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