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created: 22 mar 2015 21:42:28 UTC ~ updated: 24 jun 2019 17:05:34 UTC ~ rssv2 ~ TTL 10 min. ~ es

El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha planteado ante el jefe del Estado la posición de su grupo parlamentario para la investidura de un nuevo presidente del Gobierno: negociar un programa "progresista" con el PSOE y un Ejecutivo de coalición como "garantía" de que se ponen en marcha las medidas acordadas. Solo así, ha asegurado ante los periodistas, votarán a favor de Pedro Sánchez. Iglesias ha reclamado además que las negociaciones comiencen cuanto antes y ha descartado que el líder socialista se presente a la investidura sin tener garantizados apoyos suficiente: "No concibo que el candidato llegue a la investidura sin los acuerdos cerrados".

Iglesias ha comparecido durante media hora ante los medios de comunicación en el Congreso para dar cuenta de su visita al Palacio de la Zarzuela. El secretario general de Podemos ha señalado que la reunión con el jefe del Estado ha sido "cordial" y ha valorado la "empatía" de Felipe de Borbón a la hora de hablar de "política nacional e internacional". 

"Le he transmitido que lo más sensato sería un Gobierno de coalición proporcional a los resultados de las elecciones generales que garantice estabilidad y políticas progresistas", ha dicho Iglesias.

El líder de Unidas Podemos ha asegurado que le ha planteado a Felipe VI cuatro ejes programáticos sobre los que articular dicho acuerdo de Gobierno: un programa de inversiones estratégicas que evite una desaceleración económica como consecuencia "de la guerra comercial emprendida por Donald Trump"; acabar con la precariedad laboral "y reconocer que las reformas laborales de 2012 y 2010 han fracasado"; reducir la desigualdad económica y social y plantear una "ley de suficiencia de ingresos con una cuantía mínima de 600 euros"; y una amplia reforma fiscal. 

Estas medidas, que ya planteó profusamente Iglesias ante el Círculo de Empresarios de Catalunya, se las planteará a Pedro Sánchez "cuando tenga a bien iniciar una ronda de contactos para una investidura", ha asegurado Iglesias. El secretario general de Podemos se ha mostrado sorprendido, como el resto de portavoces que han comparecido ayer y hoy en el Congreso, de que el líder socialista no haya descolgado todavía el teléfono para iniciar conversaciones con nadie.

Iglesias ha recordado que el candidato debe explicar al jefe del Estado con qué apoyos cuenta para ser investido y ha rechazado la opción de que Sánchez se presente a la investidura sin haber cerrado los votos necesarios para ser elegido. "No concibo que el candidato llegue a la investidura sin los acuerdos cerrados. A la investidura uno va con los deberes hechos. El rey encarga a un candidato que se trabaje la investidura. No concibo que alguien vaya a la investidura sin tener los acuerdos", ha insistido.

Iglesias ha despejado las muchas preguntas sobre qué fórmula de Gobierno de coalición prefiere y ha señalado que, primero, buscará un acuerdo programático y que la discusión sobre la composición del Consejo de Ministros vendrá después. Lo que sí ha dejado claro es que no aceptará vetos por parte de Sánchez: "Nosotros no vetaremos ningún nombre que proponga el PSOE, de la misma forma que el PSOE no vetará ningún nombre que presentemos nosotros".

El líder de Unidas Podemos ha descartado en cualquier caso un apoyo externo al PSOE. "Solo un Gobierno de coalición garantiza medidas progresistas", ha dicho. Iglesias se ha referido al acuerdo programático firmado por él y Sánchez en 2018 como ejemplo: "No existe ningún mecanismo de control de los acuerdos programáticos. Llegamos a uno muy bueno y comprobamos que una cosa es lo firmado y otra lo que se hace". Y ha insistido: "La única forma es desde el Consejo de Ministros y es evidente. No hay mecanismo formal para controlar que un acuerdo programático se lleve a la práctica".

Además, Iglesias ha sostenido que un Gobierno en solitario del PSOE acabaría inclinándose a la derecha. "Lo que hemos visto en los últimos 15 días no invita a pensar que un Gobierno en solitario garantice programas progresistas", ha señalado. Y ha añadido: "Lo primero que ha hecho [el PSOE] es tender la mano a Ciudadanos". Iglesias ha zanjado: "Si Albert Rivera quisiera, el PSOE buscaría ese acuerdo".

La salida de Echenique

En una rueda de prensa sin límite de preguntas Iglesias también ha respondido sobre la destitución de Pablo Echenique como secretario de Organización de Podemos y su sustitución por Alberto Rodríguez, que deberá ser ratificada este sábado por el Consejo Ciudadano Estatal. 

"Ser secretario de Organización en cualquier partido es asumir la responsabilidad más difícil y gravosa", ha concedido Iglesias, quien ha dicho que "una cierta rotación" en el cargo "es sensata y buena".

Preguntado por si el cese es una respuesta a los malos resultados del 26M, Iglesias ha dicho que el partido debe "tener un debate para mejorar los resultados". El secretario general ha puesto el acento en el "contraste" entre los resultados de abril y mayo y ha defendido que "Echenique va a ser crucial en una tarea que le encomendará el CCE el sábado: la acción de Gobierno y las negociaciones con el PSOE".

Pablo Iglesias estaba reunido con el rey Felipe VI en Zarzuela, donde le ha trasladado su voluntad de apoyar a Pedro Sánchez si llegan a un acuerdo programático que pase por un gobierno en coalición "proporcional" a los resultados del 28A cuando la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, ha atendido a los medios de comunicación y lo ha descartado. La dirigente socialista ha insistido en que los resultados de Unidas Podemos alejan, además, esa posibilidad. 

"El señor Iglesias tiene que hacer una reflexión de lo que le han dicho las urnas", ha expresado Calvo en una entrevista en Al Rojo Vivo (La Sexta) en la que ha recordado que ha quedado en "una posición mermada". Sobre la posibilidad de gobernar en una coalición, la vicepresidenta en funciones ha sido tajante en su aspiración de mantener un "Gobierno socialista": "No alcanzamos la mayoría solo con Unidas Podemos. Esos son los datos fríos". También le ha invitado a llegar a un entendimiento programático antes de hablar de los puestos en el Gobierno. 

Calvo ha defendido que Sánchez no haya iniciado los contactos para intentar formar Gobierno, como le han reprochado el resto de formaciones: "Al PSOE todavía el rey no le ha dicho que forme Gobierno, estamos en las formas elegantes, correctas y profundas en la política que dicen que hasta que el rey no le indique a nadie formar Gobierno no adelante acontecimientos".

"Queremos respetar el encargo del rey porque es a lo que nos obliga la Constitución", ha dicho la vicepresidenta que considera que "la política necesita más liturgia, más formas e incluso tiempos un poco más lentos". En ese sentido, ha deslizado que no se trabajará a fondo en el acuerdo para el Gobierno de España hasta que culmine el proceso de conformación de los ayuntamientos y los acuerdos para los gobiernos autonómicos autonómicos. 

También ha justificado que Sánchez no vaya a comparecer tras la reunión con el jefe del Estado: "Él tiene un plus de responsabilidad que le entrega el sistema constitucional porque es el candidato y el presidente en funciones. Cuando uno sale de ver al rey, lo que debe contarse es lo ya sabido, que encargará formar gobierno al candidato".

Calvo también se ha pronunciado sobre uno de los frentes que tiene abierto el PSOE y que tiene repercusiones directas en la investidura de Sánchez: el proceso de gobernabilidad en Navarra. A pesar de que los socialistas navarros se muestran determinados a formar "un gobierno progresista", Ferraz les corta las alas porque requiere de la abstención de Bildu: "Siempre hemos puestos un espacio infranqueable con respecto a Bildu".

La dirección de Sánchez se desmarcó de las intenciones de María Chivite de ser presidenta de Navarra, pero está permitiendo sus contactos. "Es razonable que el partido explore" alternativas, según ha concedido Calvo, antes de recordar que "el PSOE tiene unos órganos federales que tienen atribuidas las últimas decisiones de algunas cosas determinantes". La política de alianzas la decide Ferraz y es quien autoriza o no los acuerdos así como las consultas que se puedan realizar a los militantes, que tienen después la última palabra. 

La vicepresidenta ha afirmado que el PSOE prioriza, además, la formación del Gobierno en España. UPN abrió la puerta este miércoles a permitir con la abstención de sus dos diputados la investidura de Sánchez si los socialistas facilitan que Navarra Suma se haga con el poder en la comunidad foral. "Es lógico que un partido en todos sitios haga sus maniobras y aproximaciones –ha dicho intentando rebajar la tensión con el PSN. Ahora también le diré algo importante: en mi partido hay una prioridad de situaciones, tenemos el Gobierno de España en funciones y unos resultados que nos colocan en la asunción de ese Gobierno en España". 

Desde Luxemburgo, el secretario de Organización, José Luis Ábalos, ha reclamado que se permita la "gobernabilidad" del país sin que suponga un intercambio de intereses.

Los tres diputados de Junts per Catalunya encarcelados por la causa del procés, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, no entregarán sus actas de parlamentarios, lo cual facilita la investidura de Pedro Sánchez en segunda votación en el caso de que finalmente los dos representantes de Navarra Suma se abstengan, tal y como sugirió el presidente de UPN, Javier Esparza, este lunes, si bien condicionó esa abstención a que los socialistas dejen gobernar a la coalición que engloba a su partido, PP y Ciudadanos en Navarra. 

La decisión de los diputados presos la anunciaba este jueves la portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Laura Borràs, tras reunirse con el rey. "No están dispuestos a renunciar a su acta porque para ellos presentarse a las elecciones no era un acto simbólico", ha explicado en rueda de prensa. 

Aunque la Mesa del Congreso decidió ayer que mantendría la mayoría absoluta de la Cámara en 176 diputados pese a la suspensión de los parlamentarios presos, al retener los diputados independentistas su acta y no poder votar la mayoría simple se situaría en 173 parlamentarios.

Sánchez podría así ser investido presidente en segunda votación –la que requiere esa mayoría simple– sumando los votos del PSOE a los de Unidas Podemos, PNV, Compromís y PRC, siempre que Navarra Suma se abstenga. No necesitará, por tanto, del apoyo de los grupos independentistas.

Borràs, que ha avanzado que por el momento su grupo no apoyará la investidura de Sánchez espera que el presidente del Gobierno en funciones acabe dialogando sobre Catalunya con el fin de tratar de dar una solución a un problema, a su juicio, "político", pero reconoce que "de momento" no parece tener mucha disposición o "lo disimula mucho".

La diputada de Junts ha recalcado que durante la campaña ha visto a un Sánchez asegurando que "nunca jamás" atendería el derecho a la autodeterminación de Catalunya, lo que, en su opinión, no supone "las mejores credenciales" para el diálogo. 

La declaración de bienes que acaba de presentar Albert Rivera en el Congreso ha variado en algunos datos con respecto a la que registró hace tres años al ser reelegido en 2016 diputado por Madrid tras la repetición de las elecciones generales. Entonces Rivera firmó el documento como Alberto Carlos Rivera Díaz, su nombre completo, ahora simplemente como Albert Rivera Díaz.

Según los datos que ha aportado a la Cámara Baja, Rivera no se ha comprado ningún chalet por un millón de euros en Pozuelo de Alarcón tras dejar Barcelona y fijar su residencia en Madrid, como algunos medios publicaron y fue desmentido por Maldita.es.

En su declaración solo siguen figurando dos créditos hipotecarios que pidió en 2004 y 2008 para adquirir dos pisos, de los que tiene el 50% de su propiedad, uno por 165.500 euros y el otro por 306.000 euros. Eso sí, el líder de Cs ha reducido su deuda con los bancos. Si en 2016 debía 107.000  y 254.800 euros de ambos créditos, ahora las cantidades han bajado a 83.900 y 224.700 euros, respectivamente. Es decir, que de un total de 361.800 euros ha pasado ahora a deber 'solo' 308.600 euros.

El dirigente de Cs asegura tener el mismo coche de siempre, un Volkswagen Golf de 2011. Sin embargo, ya no tiene su moto Yamaha, que vendió recientemente, según explican fuentes del partido. Por ese motivo pidió una prestada durante la campaña electoral de las generales, el día que realizó un acto con asociaciones de moteros en el Mirador de Ángel Nieto, en el que desgranó las medidas sobre Seguridad Vial de Ciudadanos. 

En las rentas percibidas, el líder de Ciudadanos declaró en 2016 un salario como diputado del Parlament de Cataluña de 74.845 euro. Ahora declara que su sueldo como diputado por Madrid  ha sido de 41.373 euros, más otros 48.000 de salario anual del partido.

Además, Rivera asegura tener un depósito en la cuenta corriente de 4.500 euros –en 2016 dijo tener 6.000 euros– con unos intereses de cuenta de 2,42, y percibir 573,29 euros por alquiler de vivienda.

Asimismo, desvela que el año pasado ha pagado de cuota por IRPF 30.747,28 euros. En su anterior declaración señaló el pago de 24.229 euros por el mismo concepto. El líder de Cs ya no ingresa nada por derechos de autor cuando en 2016 declaró 1.500 euros por ello. 

El Partido Popular y Ciudadanos se encuentran en plena 'faena' negociando posibles pactos de Gobierno para la Región de Murcia. La primera reunión se está marcada por la 'preferencia' de los naranjas a llegar a acuerdo con los populares. Hace unos días, el propio Rivera hacía referencia a un nuevo gobierno murciano de su partido de la mano del PP. Para que se materializara esta opción, Vox tendría que dar su brazo a torcer por activa o por pasiva mediante su apoyo o abstención. Algo que, a priori, no parece que vaya a suceder, dada la directiva de los de Abascal de estar incluido en las negociaciones para apoyar pactos de gobierno, algo a lo que Ciudanos se niega.

Antes de comenzar la reunión, organizada en el Hotel Agalia, miembros de ambas formaciones se han dado cita con los medios para narrar las principales líneas que tratarán durante su encuentro. José Miguel Luengo, alcalde en funciones de San Javier del PP, ha señalado que durante la última legislatura, su partido fue capaz de gobernar con 22 diputados, mediante acuerdos con Ciudadanos, con los que sacaron adelante los presupuestos. También ha expresado que consiguieron bajar los impuestos y proporcionar "estabilidad" a los ciudadanos. Respecto a la reunión con Cs, Luengo ha indicado que creen que serán capaces de llegar a un acuerdo. "Venimos a  escucharles y a seguir poniendo puntos en común entre las dos formaciones. Hemos visto sus propuestas inciianles y son un punto de partida interesante".

Esta tarde, el alcalde en funciones se reunirá con Vox para hablar sobre pactos de gobierno. "Estamos llamados a dialogar y a ser conscientes de que los ciudadanos han dado su apoyo mayoritoario a un posible gobierno liberal y reformista". Con respecto a la negativa de Ciudadanos de sentarse a hablar con la extrema derecha, los populares tratarán la cuestión durante su primera reunión con Cs: "Quiero escuchar las líneas que nos marcan con Vox".

Miguel Garaulet, diputado en Congreso por Murcia y miembro del comité negociador de Ciudadanos, ha expresado que hablarán con el PP "sobre todo de las líneas programáticas y de los puntos que estamos de acuerdo, como la rebaja de impuestos, tratamiento de los autónomos o la educación". El dirigente ha indicado que lo importante de las negociaciones será que cuando finalicen habrá "un cambio real en la política de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, porque estará Ciudadanos".

Garaulet ve como únicos socios de gobierno posible al PP y PSOE, con quien finalmente se reunirán el viernes 7 de junio, y no el lunes 10 (un día antes de la constitución de la Asamblea Regional), como había manifestado en un principio el candidato socialista Diego Conesa. "Son las opciones que pueden afrontar un cambio político en la región". Sobre si finalmente se sentarán con Vox para acuerdos de gobierno, el diputado ha sentenciado que no negociarán "ni con populistas de izquierda ni de derechas".

Con respecto a los asuntos judiciales que tiene pendiente el grupo popular y que podrían salir a colación las próximas semana, Garaulet ha indicado que "cuando vengan esos problema" decidirán qué hacer. "Lo importante es que queremos un gobierno que mejore la vida de los habitantes de la Región de Murcia".

El PSOE se ha reunido este jueves por primera vez con Ciudadanos tras el 26M. A la salida del encuentro, el candidato Ángel Gabilondo se ha cruzado con el aspirante de Más Madrid, Inigo Errejón, en los pasillos de la Asamblea. "Todo va como parece, es decir, mal", le ha dicho el socialista. Errejón ha acudido a Vallecas para recoger su acta de diputado, junto al resto de su grupo parlamentario, formado por 20 diputados. 

En declaraciones a la prensa, el candidato de Más Madrid ha informado de que este viernes se reunirá formalmente con Gabilondo y le pedirá una mesa a tres con Ciudadanos para "evitar que Vox tenga la llave". "Vamos a ofrecer hasta el último momento un acuerdo. Es una mayoría que nos permite no retroceder. No es inevitable que se mantenga al frente del gobierno el PP de la corrupción", ha avanzado. 

Minutos después, Ignacio Aguado ha rechazado de plano esa posibilidad. "Hemos transmitido a Gabilondo de que la mejor manera de que el PP siga progresando es que el PSOE esté cuatro años más en la oposición", ha confirmado en una rueda de prensa tras el encuentro de poco más de media hora con los socialistas. "No compartimos sus guiños al separatismo, que los que quieren liquidar nuestro país sean los socios preferentes del psoe. Por estas razones le he trasladado nuestra voluntad de avanzar nuestras negociaciones con el PP y formar un gobierno de centro liberal", ha insistido Aguado. 

El grupo parlamentario Vox en Andalucía ha presentado este jueves en el registro de la Cámara la anunciada enmienda a la totalidad con propuesta de devolución contra los primeros Presupuestos del Gobierno de PP y Ciudadanos. Es la misma iniciativa que han registrado los otros dos partidos de la oposición -PSOE y Adelante Andalucía- y que puede impedir que arranque la tramitación parlamentaria de las cuentas de 2019, obligando a la Junta a mantener la prórroga del Presupuesto de 2018.

El debate de totalidad tendrá lugar el próximo miércoles 12 de junio. PP y Ciudadanos tienen de plazo hasta entonces para negociar a contrarreloj unas cuentas de casi 36.000 millones de euros, porque su discrepancia no es puntual -algo que podría negociarse en el trámite posterior de enmiendas parciales- sino un rechazo absoluto "al espíritu de unas cuentas continuistas con las políticas del PSOE", y que difícilmente podrán reconducirse en los próximos seis días. Vox no ha descartado exigir a la Junta que prorrogue sus cuentas y centrar la negociación (con más tiempo y en una mesa a tres bandas) en el nuevo Presupuesto para 2020, que empezará a diseñarse en las próximas semanas y que debe llegar al Consejo de Gobierno antes del 31 de octubre.

Pero el mensaje que Vox quería trasladar este jueves iba dirigido a un partido concreto: Ciudadanos. La formación de extrema derecha dio su apoyo a la investidura del presidente Juan Manuel Moreno Bonilla, a partir de un acuerdo firmado exclusivamente con el PP, pero ahora quiere negociar "con el Gobierno en su conjunto". Esto significa hacer extensible su acuerdo con Ciudadanos, que hasta ahora se ha negado a vincularse políticamente con Vox, y sacar de la "equidistancia" a los naranjas, obligándoles a retratarse junto a ellos en una alianza a tres. En España, hay cuatro comunidades autónomas y 20 grandes ciudades que dependerían de una alianza PP-Cs-Vox, entre ellas Granada, Córdoba y Jaén. "Ellos ya sabían que para sacar unos Presupuestos necesitan los votos de los 12 diputados de Vox. Que salgan o no salgan estas cuentas no depende de Vox, sino de la irresponsabilidad del Gobierno de PP y Cs", ha subrayado el portavoz parlamentario del grupo, Alejandro Hernández.

El partido de Albert Rivera mantiene ese veto a la formación de Santiago Abascal, no sólo en Andalucía, sino en el marco de la negociación de los pactos municipales y autonómicos en el conjunto del país. Pero el órdago de Vox en el Parlamento andaluz busca, sobre todo, derribar ese muro y "retratar" a Rivera. La presión de Vox desde Andalucía sobre Ciudadanos busca comprometer a los naranjas en negociaciones y acuerdos tripartitos de gobierno en ayuntamientos y parlamentos autonómicos, siguiendo la fórmula andaluza. "No podemos aprobar los Presupuestos de la mitad de un Gobierno. Ciudadanos, ¿qué va a pretender, estar cuatro años aprobando sus Presupuestos din Vox? Eso es imposible", ha recalcado el diputado del partido conservador, Manuel Gavira.

También el PP comparte esa tesis y presiona a sus socios para que, finalmente, asuma que los votos de los 12 diputados de Vox son claves para la estabilidad del Gobierno andaluz. Los populares aprietan a los naranjas para que abandonen la equidistancia y se sientan a negociar cara a cara con el tercer aliado andaluz, el partido de Abascal.

El PSOE andaluz también ha justificado su enmienda a la totalidad en que los Presupuestos de la Junta abundan en "recortes" en el gasto social y en políticas para las rentas altas. El portavoz socialista, Mario Jiménez, cree que Vox terminará retirando su órdago y anticipa ya un discurso combativo contra los socios de Gobierno y su tercer aliado. "Los tres son muy de derechas. Pero la derechita cobarde en Andalucía es Vox, al que le duran los retos 48 horas, y no tienen lo que hay que tener para defender sus principios políticos", afirma Jiménez. Y advierte: "Si al final se retira la enmienda, habrá que preguntarse a qué precio lo paga Moreno Bonilla en términos de libertades políticas". El diputado del PSOE niega las acusaciones de Vox y de Adelante, que coinciden en que las cuentas de PP y Cs son "continuistas", y asegura que el Ejecutivo andaluz "está en crisis". "El presidente de la Junta es un pato cojo cinco meses después de tomar posesión", concluye Jiménez.

Los empresarios Marcos de Quinto (Ciudadanos) e Iván Espinosa de los Monteros (Vox) se encuentran en el grupo de diputados que se han saltado la obligación de presentar el listado de sus bienes al Congreso, ocultando una información que se requiere a todos los parlamentarios al inicio de la legislatura. De los 350 parlamentarios, 11 no han presentado una documentación que este miércoles se ha empezado a hacer pública en la web oficial del Parlamento. 

De Quinto, número dos por Madrid en la lista de Albert Rivera, pasa por ser uno de los parlamentarios a los que se le supone mayor patrimonio, tras haber pasado por puestos como la vicepresidencia a nivel mundial de Coca Cola. En declaraciones a El Independiente, el parlamentario de Ciudadanos aseguraba a principios de mayo que estaba calculando el global de sus posesiones para presentarlas ante el Congreso de los Diputados. En una primera estimación el parlamentario avanzó la cifra aproximada de 41 millones: "Tengo que calcular el cambio del dólar y el yen de algunas inversiones y el valor de las acciones fluctúa según el día", aseguró De Quinto.

Superado el límite de plazo marcado por el Congreso, el diputado no ha podido cerrar el trámite de presentar sus números ante la cámara. Según fuentes de Ciudadanos, De Quinto se encuentra a la espera de cerrar su declaración de la renta de 2018 para poder aportar el dato exacto de IRPF pagado durante ese ejercicio fiscal: "Fue a cumplir el trámite y le recomendaron que volviese cuando pudiera aportar ese dato", aseguran fuentes de Ciudadanos a eldiario.es.

A menos de un mes para finalizar la campaña de la renta, el diputado de Ciudadanos no es el único al que se le ha pasado el plazo marcado por el Congreso para entregar su información económica. 

En la misma situación se encuentra el empresario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros. Con una vida profesional vinculada al negocio inmobiliario, el diputado de Vox ha protagonizado varios escándalos. En septiembre fue condenado por intentar eludir el pago de las obras de su mansión en el distrito madrileño de Chamartín. Fue la segunda condena por la misma razón, ya que había dejado a deber las obras que contrató a través de una sociedad de la que era administrador único. La empresa, Pedro Heredia SL, fue condenada en 2014 a pagar 57.038 euros a la empresa constructora.

Para eludir el pago, el dirigente de Vox cerró la empresa. La constructora perjudicada decidió entonces demandar a Espinosa de los Monteros, argumentando que él era el responsable de esa deuda al ser el propietario real de esa vivienda. La justicia le condenó el 4 de septiembre de 2018 al entender que él y su sociedad eran la misma persona. En total, Espinosa de los Monteros tiene que pagar ahora 63.183 euros por las obras de su casa que no llegó a abonar. La casa, de cuatro plantas y 545 metros cuadrados, estuvo a la venta por 3 millones de euros. El interés sobre su declaración de bienes radica en buena medida en comprobar si finalmente reconoce ante el Congreso la propiedad de la vivienda en la que reside. 

Desde Vox aseguran que "el plazo no ha finalizado". La afirmación es inexacta: en el momento de presentar las credenciales ante el Congreso, los diputados deben presentar dos declaraciones: una de actividades y otra de bienes. Solo la entrega del primer documento es imprescindible para adquirir la condición plena de diputado. Lo habitual es que los parlamentarios entreguen los dos formularios al tiempo, salvo que carezcan de algún detalle como es el caso de Marcos de Quinto. 

El artículo 160n de la Ley Electoral (LOREG)obliga a los diputados a presentar ante el Congreso ambas declaraciones. Según fuentes oficiales del Congreso, si el diputado de Vox persiste en su intención de no presentar sus cifras, los servicios de la cámara se encargarán de requerirle la información. Por el momento, el Congreso ya ha publicado en su página web las declaraciones de bienes de los 339 diputados que sí han cumplido con sus trámites a tiempo. 

El Congreso ha publicado las declaraciones de actividades de los diputados. Los nuevos representantes, como los 24 diputados de Vox, han tenido que acreditar por primera vez qué ingresos perciben para asumir su acta de representantes públicos. En esos documentos figura que Santiago Abascal ha cobrado 55.148 euros como presidente de la formación de extrema derecha. Esta cantidad es una cifra elevada para los gastos del personal que el partido declaró en sus cuentas, en 2018 abonaron 216.243 euros en sueldos para las 16 personas que tenían en nómina y en 2017 pagaron 128.836 euros por los seis trabajadores que tenían contratados.

En el documento presentado aclaran que las rentas detalladas "son las percibidas en el ejercicio económico anterior a la fecha de la declaración", por lo que se desprende que la nómina del presidente del Vox supuso el 25,5% de los gastos destinados al personal en 2018. Fuentes parlamentarias confirman a esta redacción que les han pedido presentar su información económica correspondiente a ese año.

Hasta la formación del partido de extrema derecha, el presidente de Vox hizo de los salarios procedentes de las arcas de las administraciones autonómicas y municipales su modo de vida. Abascal cobró alrededor de 685.000 euros en sueldos públicos entre mediados de 1999 y finales de 2013. 

Durante los últimos años en los que consiguió un trabajo en instituciones dependientes del Gobierno de la Comunidad de Madrid, a las órdenes del PP, llegó a recibir alrededor de 80.000 euros anuales como director de la Agencia de Protección de Datos regional y 55.000 euros brutos procedentes de la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social, en base a los datos remitidos a Maldita.es tras una petición de información. 

Otro de los diputados que ha estado trabajando para el partido es el diputado por Toledo Manuel Mariscal, en este caso su renta era más reducida y obtuvo de la formación de extrema derecha 15.866 euros por desempeñar el cargo de vicesecretario de comunicación. Por su parte, el secretario general de la formación, Javier Ortega Smith, ha declarado una renta de 23.087 euros en concepto de actividades económicas realizadas y rendimientos obtenidos.

Ortega Smith también ha incluido varios bienes inmuebles. Dos viviendas de pleno dominio; un local comercial, del que le corresponde el 25% por herencia; dos solares, sobre los que ostenta la propiedad del 50% y una finca en Toledo, también obtenida por herencia y de la posee el 12,5%. Las propiedades que se limita a incluir Abascal son dos vehículos: un todoterreno Jeep Commander y una moto BMW. Asimismo, declara dos préstamos con Bankia, uno de 20.000 euros, de los que le quedan 12.331 euros por pagar y otro de 2.600 euros, del que ya ha devuelto la mitad.

El Supremo y sus golpes de Estado. 6 jun 2019 06:17:31.eldiario.es - eldiario.es.

España, junio de 2019. El Tribunal Supremo retrocede 83 años en el tiempo no solo para legitimar a Francisco Franco, sino también para dar la razón a Adolf Hitler y a Benito Mussolini. Ellos fueron dos de los pocos líderes mundiales, y los únicos de relevancia, que dieron por buena la designación como jefe del Estado de un general gallego, bajito y con voz atiplada, llevada a cabo por una horda de militares golpistas en el otoño de 1936. El Führer y el Duce han dejado de ser los únicos, porque ahora esa elección ilegal ha sido avalada por nuestro Tribunal Supremo.

Es difícil creer que la perversa redacción de ese auto sea fruto de un inocente error o de la mera traición de un subconsciente que ha pasado demasiadas horas cara al sol. Aunque es la más grave, se trata de una decisión más. Una decisión que ahonda en la jurisprudencia filofranquista aplicada por el Alto Tribunal durante todo el periodo democrático. La lista de ejemplos es amplia y reveladora. El Supremo evitó condenar a varios alcaldes que habían incumplido la Ley de Memoria Histórica al negarse a retirar la simbología fascista de las calles. El Supremo, recientemente, ha rechazado que los familiares de las víctimas tengan el derecho a obtener ayudas económicas estatales para recuperar los restos de sus seres queridos, asesinados por defender la democracia y la libertad. El Supremo inhabilitó a Baltasar Garzón cuando osó investigar los crímenes del franquismo. Los magistrados buscaron la excusa para hacerlo en otro de los casos que instruía, pero la "coincidencia" no pasó desapercibida para nadie. El primer juez en 40 años de democracia que osaba poner su foco en el tirano era conveniente y oportunamente defenestrado.

Es una evidencia que, en la inmensa mayoría de sus decisiones, el Supremo se ha puesto siempre del lado de la dictadura, del lado de los verdugos y enfrente de sus víctimas. Es obvio también que parte del problema proviene de una Ley de Memoria Histórica descafeinada que encaja perfectamente en una legislación global amable con el franquismo. Una legislación que ni siquiera anula las sentencias dictadas en los juicios farsa que celebraban los tribunales militares y civiles durante la guerra y la posterior tiranía. Una legislación que, en el mejor de los casos, es tan equidistante y ambigua como para que cualquier magistrado con caspa pueda interpretarla a mayor gloria del "Caudillo". Sin embargo, las leyes no son las únicas culpables. La judicatura sigue trufada de magistrados que esconden bajo sus togas la camisa azul heredada de sus padres y sus abuelos.

Con este auto, el Tribunal Supremo ha terminado de dilapidar buena parte de la ya escasa credibilidad que atesoraba. Apenas han pasado seis meses desde aquel sonrojante día en el que su presidente corrió, más que nunca, para evitar que los bancos tuvieran que pagar el impuesto de las hipotecas. No le importó saltarse todos los procedimientos establecidos hasta ese momento… ni humillar a los miembros de la sala competente corrigiendo su decisión… ni embarrar la imagen de la institución que presidía. La banca mandaba y ganaba.

Sin haberse recuperado de aquel desastre, el Supremo ha dado el penúltimo paso hacia el abismo. Y lo ha vuelto a hacer en el peor de los momentos. No hay que ser independentista para sorprenderse de que en una sala del Alto Tribunal se acuse de golpistas a los políticos catalanes, mientras en la otra se legitima a los golpistas que secuestraron nuestras libertades durante cuarenta años. No hay que ser independentista para dudar de la credibilidad e incluso de la legitimidad de esos magistrados para quemar en la hoguera a quienes se saltaron la Constitución el 1 de octubre de 2017 en una acción incruenta que apenas tuvo consecuencias reales, al mismo tiempo que avalan la proclamación ilegal de un dictador que acabó a bombazos con el orden constitucional vigente, provocó una guerra que arrasó el país y asesinó a decenas de miles de demócratas.

Este miércoles la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha exigido al Supremo que rectifique su auto. No estaría de más que esa corrección fuera acompañada de una petición de perdón a todos los españoles, en general, y a las víctimas del franquismo, en particular. Está por ver si Carlos Lesmes y sus huestes atienden la exigencia, recuperando una pequeña parte de la dignidad perdida, o demuestran que su sitio continúa estando al lado de dictadores y banqueros.

El error. 5 jun 2019 22:47:15.eldiario.es - eldiario.es.

"Decirlo no es hacerlo"

‘La ley de la calle’. Francis Ford Coppola

Si algo tiene el periodismo es que te embarca en singladuras de todo tipo y que todas te enseñan algo. Una de las cosas que aprendí, en aquellos tiempos en los que trabajaba al filo de las pasiones humanas, pasiones más terrenales pero no distintas ya que el poder siempre está de telón de fondo, fue que en la calle si amagabas tenías que dar. Amenazar sin cumplir, sacar navaja sin intención de tirar, mostrar los puños sin dar es el fin en la jungla de asfalto o de tierra, en la jungla humana. Y eso porque el mostrar tu poder sólo tiene sentido y efecto si estás dispuesto a usarlo. Con todas las consecuencias.

Todo esto me venía a la cabeza, a título de metáfora, cuando leía el auto de paralización cautelar de la exhumación del dictador en el que cinco magistrados dejaban en suspenso, en una resolución de contenido insólito, la decisión legítima del pueblo español, formulada a través de sus representantes democráticos, de acabar con la inadmisible situación de honor y preeminencia de un dictador genocida en una democracia asentada. Y lo hacía porque durante todo este largo y agónico trámite siempre he pensado -y he dicho, que no soy de callar- que el error de origen estaba en la decisión de anunciar la realización de una acto de justicia democrática, que emana de una orden del pueblo, y de convertirlo en un vulgar procedimiento administrativo en el que la familia del execrable dictador se convierte en una parte habilitada en la balanza de la Justicia con el mismo peso que toda la fuerza de la justicia debida a sus víctimas. al pueblo español y a los requerimientos de la legalidad internacional. Amagar y no dar. Y ese amago se produjo porque el anuncio se hace en un momento en el que el gobierno no se siente con la suficiente fuerza. Por eso muestra los puños, pero no se atreve a usarlos. Mala cosa. A sabiendas de que tras el músculo faltaba golpe, la familia del tirano, se vino arriba y convirtió todo el asunto en una cuestión de divergencias administrativas entre unos nietos atribulados por el “desgarro” producido por la idea de que el abuelito fuera desenterrado y las antiguallas del derecho absoluto de la iglesia sobre ese “sagrado” que ni siquiera mantiene económicamente. Así comenzó un debate absurdo e inane. Así normalizamos los deseos de los franquistas y sus herederos, los llevamos a los medios, los entrevistamos, les dejamos ocupar el espacio público que jamás ocuparon hasta ahora en toda la democracia. Existían, valga, pero existían en la sombra, existían marcados por la vergüenza, existían por la magnanimidad de una democracia que se define como no militante.

Si Gobierno hubiera sido el justiciero con fuerza, el ejecutor de la voluntad de la dignidad democrática y popular, hubiera sacado al dictador sin contemplaciones, apoyado en la fuerza de las urnas, en la de la memoria europea de los fascismos, en la de la dignidad y la reparación de las víctimas y hubiera asumido las consecuencias. Así se actuó en Pamplona con Mola y con Sanjurjo, el dueño de la silla de Franquito, el doble rebelde. La familia de Sanjurjo fue a tiro pasado a la Justicia y en una primera instancia le dieron la razón y ordenaron reinhumarlo pero el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha avalado finalmente la exhumación. ¿Alguien duda de la diferencia que hay en someter a un tribunal de Justicia un hecho consumado que debe revertir a preguntarle sobre si puede o no hacerse? No hablo sólo en términos jurídicos sino en términos de dignidad democrática.

La equidistancia entre el mal y el bien es moralmente inaceptable. No hay término medio. Sólo cabe un alineamiento. La equidistancia entre los deseos de la familia de un dictador asesino y liberticida y los de las víctimas de su régimen opresor y de los representantes legítimos del pueblo democráticamente elegidos, tampoco.

Además de la normalización del franquismo sociológico y del real hemos conseguido también que el Tribunal Supremo del Reino de España considere un golpe de estado militar -este sí, de código penal en mano- como fuente de legitimidad de gobierno, al datar el inicio de caudillaje del rebelde y su usurpación del poder en la fecha en el que él y sus golpistas se proclaman, obviando la legalidad de un gobierno legítimo y reconocido además por todas las instancias internacionales. La Justicia demuestra una vez más su confusión respecto a la realidad político-jurídica de la dictadura y su incapacidad para hacer justicia y reparar los crímenes de un régimen opresor e ilegítimo que usurpó la voluntad del pueblo español durante cuarenta años.

El interés general por acabar con la ignominia que supone mantener al tirano enterrado con honor junto a los cadáveres de miles de personas que fueron, estas sí, robadas de cunetas, sin consideración absoluta a su memoria, sus ideales y a su familia, para dar una pátina de regularidad a la obra megalómana de un dictador ensoberbecido, se pone en pie de igualdad con el deseo de los herederos de su infausta memoria. El Valle es una loa a lo que los rebeldes victoriosos consideraron su “gloriosa cruzada” y un escupitajo en la cara de los defensores de la legitimidad constitucional vencidos. Franco, al que yo no llamaré don Francisco Franco Bahamonde como hace el auto, no es un “jefe de Estado” en abstracto, y mucho menos desde la fecha en que él lo decide unilateralmente tras un violento golpe de Estado, sino que fue el militar que, por la fuerza, tomó un poder que no le correspondía y lo usurpó mediante la violencia y la represión, perpetrando un sin número de crímenes con el único objetivo de acabar con los que no compartían su delito ni sus efectos.

Franco es el secuestrador de la libertad de los españoles. Franco es quien represalía y ejecuta a los que pensaban diferente. Franco es el golpista que nos sacó del hilo de la historia. A semejante individuo no se le pueden rendir honores ni en el papel timbrado.

El error ha sido consentir hacerlo como ellos querían. Aceptar que las condiciones eran las que sus nostálgicos reclamaban. Un gobierno, siguiendo instrucciones de un parlamento, no amaga sino que da. El error ha sido mostrarse débil. ¿Qué sucedería si cuatro o cinco personas decidieran que el lugar del dictador es el que le enaltece por la aplicación de cuatro reglamentos y dos normas administrativas? Esto no es una cuestión de administraciones sino una cuestión constitucional y de dignidad democrática. ¿Por qué no ha llevado a pleno Díaz-Picazo esta cuestión como hizo para arreglar a los bancos la historia de los gastos hipotecarios?, ¿no tiene la suficiente relevancia?

El Supremo de nuevo navega por aguas turbulentas. Han olvidado que ha terminado el tiempo en el que todo se hacía tras la cortina y sin dar explicaciones. Toda la dignidad de una nación libre les espera fuera.

La unanimidad ha dominado este miércoles la primera jornada de la ronda de consultas del jefe del Estado, Felipe de Borbón, para sondear las posiciones de los diferentes partidos con representación parlamentaria ante una futura votación de investidura. No todos los dirigentes han coincidido, ni mucho menos, en qué opción prefieren. Pero sí han reprochado a Pedro Sánchez que un mes y una semana después de ganar las elecciones generales y con las visitas al Palacio de la Zarzuela en marcha, todavía nadie del PSOE se haya puesto en contacto con ellos para iniciar las conversaciones necesarias para buscar los votos que le permitan ser reelegido presidente del Gobierno.

Sánchez recibió en la Moncloa a los dirigentes de los grandes partidos (PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox) una semana después de las elecciones generales del 28 de abril. Con Pablo Iglesias, calificado por el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, como su "socio preferente", quedó en hablar tras las elecciones del 26 de mayo. Pero esa conversación no se ha producido. Ni ninguna otra, según las declaraciones públicas de los diferentes dirigentes.

"Nunca en democracia había pasado algo así", lamentaba la portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, la dirigente que ha acudido a ver a Felipe VI que más legislaturas suma en el Congreso y, por tanto, que más negociaciones de investidura ha vivido. Oramas resume un sentir general entre los dirigentes de los partidos que, aunque minoritarios, pueden ser clave en una legislatura tan fragmentada y en la que el candidato a presidente solo tiene 123 diputados.

Antes que la diputada canaria habían desfilado por la sala de prensa del Congreso José María Mazón (PRC), Joan Baldoví (Compromís), Juan López de Uralde (Equo) y Javier Esparza (UPN). Todos ellos han coincidido en que el PSOE está en silencio.

Mazón ha señalado que Sánchez ha llamado al secretario general de su partido, Miguel Ángel Revilla, para felicitarle por los resultados. Quedaron en hablar, según esta versión, pero eso no ha ocurrido. Más contudente ha sido Baldoví, cuyo partido negocia en la Comunidad Valenciana reeditar el Gobierno con el PSOE y Podemos.
"Si no hay negociación, no habrá voto a Pedro Sánchez", ha señalado, para añadir: "Sería una falta de respeto a los ciudadanos si se pretendiera que le apoyáramos sin negociación. Sería faltar a la mañana mínima regla de la cortesía y el respeto".

Garzón teme que Sánchez prefiera a Ciudadanos

También ha sido muy contundente el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, quien ha advertido a Pedro Sánchez de que el silencio del PSOE "apunta a un tipo de negociación basada en el chantaje". "No vamos a tolerar una negociación basada en el chantaje", ha asegurado.

Garzón ha dicho que espera "que el PSOE llame a los diferentes actores" o que explique "cómo va a gobernar con 123 diputados". Y ha añadido: "La pelota está en el tejado del PSOE, que es quien ganó las elecciones. Tiene que comenzar las negociaciones. Lo podía haber hecho con anterioridad a las consultas con el ciudadano Felipe de Borbón".

El portavoz adjunto de Unidas Podemos ha deslizado cuál es el motivo, en su opinión, del silencio del PSOE. "Es un indicador de que están tomando un tiempo razonable para ver si se abren otras opciones", ha dicho, en referencia a la opción de que Ciudadanos se abra a apoyar a Sánchez de alguna manera, pese a que Albert Rivera firmó ante notario que no lo haría.

El no de Ciudadanos y sus 57 diputados deja solo una opción a Sánchez: ser investido con los votos del ala progresista del Congreso, lo que incluye a Unidas Podemos y Compromís. Pero también al PNV. Y aún así, los números no acaban de cuadrar si los partidos independentistas no optan por abstenerse. La decisión de la Mesa del Congreso de mantener la mayoría absoluta en 176 diputados obliga a una investidura en segunda votación que solo sería posible con la abstención (o el voto favorable) de ERC y JxC. Una opción hoy por hoy complicada.

A Sánchez se le había abierto una posible alternativa: la abstención de UPN (dos diputados) y de Coalición Canaria (otros dos). José Javier Esparza ha comprometido su posición a cambio de recuperar el Gobierno foral, que ha estado en manos de Geroa Bai estos últimos cuatro años. Esta misma semana, el PSOE ya había dado órdenes a su dirección en Navarra para que renunciaran a intentar una investidura de María Chivite apoyada en nacionalistas, Podemos e IU. Para ello es necesaria la abstención de Bildu.

Si Chivite renuncia, algo que todavía no ha ocurrido, se asomaba la opción del apoyo de UPN. Pero Ana Oramas zanjaba la cuestión, al menos de momento. Coalición Canaria no apoyará ningún acuerdo, ya sea de gobierno o programático, que incluya a Podemos. La línea roja es tan fuerte que Oramas ha dicho preferir la repetición electoral.

Cerradas las vías alternativas, al menos por ahora, vuelve a ser única la opción del gobierno progresista. "Lo adecuado sería llamarnos a nosotros si realmente somos sus socios prioritarios", decía Garzón este miércoles. "Y debería haber una representación proporcional de las partes" en el futuro Gobierno, zanjaba.

Esta será la posición que lleve el jueves el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, a su visita a la Zarzuela. En Podemos tienen claro, muy claro, que solo hay dos caminos: gobierno de coalición o voto en contra a la investidura de Sánchez. Así lo han declarado por todos los medios tanto Iglesias como el resto de portavoces del partido desde que se convocaran las elecciones generales. Y así se lo trasladará a Felipe de Borbón.

Pero la posición en IU no está tan clara. Hay voces en la coalición que reclaman rebajar el tono y que no quieren oír hablar de repetición electoral bajo ningún concepto. El propio Garzón, en su comparecencia ante los periodistas en el Congreso, evitaba responder a los futuribles sobre la votación de sus diputados ante una hipotética investidura en solitario de Pedro Sánchez y recordaba que en IU este tipo de decisiones se toman "en órganos muy numerosos" y que, en este caso concreto, debería pasar además por una consulta la militancia.

El Tribunal Supremo no da su brazo a torcer y de momento no rectifica la frase que ha levantado la indignación entre víctimas del franquismo, asociaciones memorialistas y una asociación de jueces. Son trece palabras en la página 8 del auto dictado este martes que paraliza la exhumación de Franco y en las que decribe que Franco fue "Jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta su fallecimiento". Eso, en palabra de los historiadores, es dar por bueno que era el líder legítimo antes del fin de la guerra y justo después del golpe. "Franco fue nombrado Jefe del Gobierno del Estado por la Junta de Defensa Nacional en Burgos a finales de septiembre de 1936, pero era una Junta compuesta por militares sublevados", ha explicado el historiador Ángel Viñas a eldiario.es.

El uso de la cronología golpista ha indignado a otros historiadores como Paul Preston o Ian Gibson, y también a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), cuyo presidente, Emilio Silva, ha elevado una queja al Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces. En ella, exige que la sala retire esa frase del auto porque "da legitimidad al golpe de Estado de julio de 1936 y considera a un grupo de militares fascistas con capacidad para elegir quién era el jefe del Estado, cuando en ese momento en España era el presidente de Gobierno Manuel Azaña elegido democráticamente el 11 de mayo de 1936". De hecho, solo los régimenes nazi-fascistas reconocieron a Franco en 1936. El resto de países lo hicieron a partir del fin de la guerra, en 1939, la fecha en la que se da por terminada la República y empieza la dictadura.

En su escrito, Silva también quiere saber cómo acabó esa frase en el auto, por lo que solicita "información sobre el origen de tal afirmación" y pide que se le informe sobre si es una frase empleada en el recurso presentado por los nietos de Franco.  En declaraciones a eldiario.es, el presidente de la ARMH lamenta esta "ofensa bastante terrible" para las víctimas del franquismo y, en su opinión "caben dos posibilidades, que los miembros de la sala sean unos absolutos ignorantes o que lo hayan hecho a conciencia".

Pero la asociación que representa a las víctimas del franquismo no ha sido la única que ha mostrado su indignación. La asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia señala en un comunicado crítico con el contenido del auto que además "es una resolución insólita también por el tratamiento que otorga al dictador, a quien considera jefe de Estado sin otra connotación. De un aparato estatal de facto, surgido de la violencia, no sometido a la legalidad y no homologado en la Comunidad Internacional de su época (...). Parece mentira que el Tribunal Supremo manifieste esa falta de sensibilidad y de respeto hacia el principio democrático y el principio de legalidad", relatan.

También el secretario general UGT, José María Álvarez, ha criticado que los jueces que firman el fallo sostengan que Franco accedió a la jefatura del Estado el 1 de octubre de 1936 e Izquierda Unida va a llevar el asunto al Congreso. El partido ha registrado una iniciativa para que el Gobierno de Pedro Sánchez se pronuncie sobre la frase del Tribunal Supremo: "¿Comparte este pronunciamiento sobre quién ostentaba la jefatura del Estado en esa fecha?", relata su pregunta. 

Por su parte, fuentes de la sala manifestaron el martes por la noche que la inclusión de esa frase y el uso del 1936 "no es un error", aunque no dieron más explicación de por qué se ha utilizado esa cronología. Este miércoles fuentes del Supremo han querido recalcar que el auto "no legitima a Franco ni hace juicios morales sobre su figura", pero sin entrar en el patinazo histórico. "La referencia en el auto de la sala de lo contencioso-administrativo al cargo de jefe de Estado se hace en el contexto de argumentar que, en este caso, prima el interés público sobre el interés particular de la familia Franco", han explicado a eldiario.es.

Pese a las peticiones de rectificación e información, el motivo por el que el juez ponente, Pablo Lucas Murillo, ha utilizado el 1936 para dar por vencedor a Franco antes de la guerra no tiene una explicación clara y, de momento, no va a ser cambiado.

Pedro Sánchez calca la estrategia de Mariano Rajoy, tres años después. Lejos han quedado los movimientos de los socialistas hace tres años para intentar hacerse con el Gobierno, que comenzaron antes incluso de que el candidato del PP renunciara a intentarlo. El líder del PSOE aguarda ahora agazapado cuando el proceso de la investidura se ha puesto en marcha formalmente con la ronda de consultas del jefe del Estado, que le designará este jueves candidato a la presidencia. Los dirigentes del partido mantienen un perfil bajo, alejados de los focos y los micrófonos, mientras observan la crisis en Podemos y las primeras desavenencias en las negociaciones de la derecha para los gobiernos autonómicos y municipales.

La estrategia de los socialistas pasa por descargar toda la presión sobre Pablo Iglesias, convencidos como están sus dirigentes de que acabará aceptando un acuerdo que le deje fuera del Ejecutivo antes que jugársela en las urnas, que vienen dando la espalda a Unidas Podemos en las últimas convocatorias.

El PSOE no ha hecho ni una llamada para empezar las conversaciones para la investidura de Sánchez, que se prevé para la segunda semana de julio. El presidente en funciones irá este jueves al Palacio de la Zarzuela pudiendo acreditar solo sus 123 diputados antes de aceptar el encargo del rey. Más allá de la reunión con Pablo Iglesias a principios de mayo y de las negociaciones de Adriana Lastra e Irene Montero para la Mesa del Congreso, los contactos han desaparecido. PSOE y Unidas Podemos solo se han retado a través de los medios de comunicación.

La estrategia del PSOE –que pretende hacer la primera llamada la próxima semana– pasa por esperar y ganar tiempo mientras se va resolviendo el rompecabezas de los municipios y comunidades autónomas. "Comer palomitas", ironiza un miembro de la Ejecutiva socialista sobre la actitud que está manteniendo el partido. Esa misma fuente considera que es la táctica que deben llevar a cabo ahora mientras la derecha empieza a negociar –en Moncloa creen que si Vox tensa mucho la cuerda Ciudadanos puede acabar mirando al PSOE en algunos municipios y comunidades– y ante la situación de Podemos justo cuando arrecian las críticas internas e  Iglesias ha apartado a Pablo Echenique de la Secretaría de Organización.

La intención de Moncloa es configurar otro Gobierno monocolor, a pesar de la presión de los de Pablo Iglesias para que el Ejecutivo sea de coalición. Los resultados del 26M reforzaron al PSOE en su creencia de que Unidas Podemos no estaba en condiciones de reclamar presencia en el Ejecutivo –de hecho, algunos dirigentes socialistas anticiparon que Iglesias se enfrentaría a una crisis interna–. El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, abrió la puerta a que, en todo caso, se incorporaran "miembros de otros partidos, en este caso de Unidas Podemos" de forma individual sin que ello requiera una coalición al uso.

El PSOE optado por alejarse de los focos: durante dos días el partido no tuvo agenda oficial y han desaparecido los dirigentes de las entrevistas en radio y televisión. Sánchez ha reaparecido en la inauguración de una exposición con motivo de los 140 años de historia del PSOE en la que solo se ha permitido la entrada a los cámaras de televisión y fotógrafos. El presidente en funciones no contesta a preguntas de los periodistas en España desde el 26 de abril (antes de ganar las generales) y lo ha hecho en dos ocasiones desde Bruselas, donde la tradición obliga. En una solo se refirió al estado de salud de Alfredo Pérez Rubalcaba y a cuestiones comunitarias y, en la segunda, envió un mensaje a Iglesias: "Todos tenemos que reconsiderar nuestras estrategias, todos".

Fue una advertencia clara para el líder de Unidas Podemos tras el hundimiento de Podemos y sus confluencias el 26 de mayo. Sin embargo, Iglesias insiste en que nada tienen que ver las generales con los comicios autonómicos, municipales y europeos. Pero la crisis desatada dentro de su partido –con las críticas del alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, el exdirigente Ramón Espinar reclamando una renovación del proyecto y Alberto Garzón desmarcándose de la exigencia de un Gobierno de coalición a cambio de su apoyo a Sánchez– alienta a los socialistas en su "propósito" de gobernar en solitario.

El PSOE seguirá su estrategia pausada, a pesar de las críticas de todos los grupos por no haber movido ficha, y con el convencimiento de que Unidas Podemos acabará apoyando a Sánchez en su investidura. Los socialistas sostienen que Iglesias no se puede permitir ir a una repetición electoral porque consideran que sería su final. Sin embargo, lo que emiten en Unidas Podemos es que si Sánchez no acepta incluirlos en el Gobierno tendrá que elegir entre pactar con Albert Rivera o ir de nuevo a las urnas y correr el riesgo de perder el poder. Por ahora en Moncloa ni siquiera contemplan el escenario de que Sánchez salga derrotado del Congreso en la sesión de investidura y que tenga que repetirse tras el verano (la Constitución establece que si ningún candidato logra la mayoría suficiente en dos meses tras la primera votación, se disuelven las Cortes y se repiten las elecciones).

Los cálculos que hace el presidente es salir investido en la segunda votación (para hacerlo en la primera requiere los 176 escaños de la mayoría absoluta) con los votos afirmativos de PSOE, Unidas Podemos, PNV, Compromís y PRC (173) frente a los noes de PP, Ciudadanos, Vox, ERC, JxCat, Bildu, Coalición Canaria (171) y la abstención de UPN (2) además del vacío que dejan los cuatro diputados presos independentistas.

Por el momento, Sánchez no tiene ninguno de los respaldos garantizados y los ocho dirigentes que ya han pasado por la residencia del rey han asegurado que no van a dar su apoyo a Sánchez sin que se abran conversaciones y se atiendan sus reclamaciones. Moncloa no tiene prisa por ahora. 

Una mesa redonda, rostros sonrientes y "buena sintonía". Es el resumen de la fotografía que han protagonizado este miércoles PP y Ciudadanos en Castilla y León. Una instantánea que es más que eso: demuestra a través de hechos consumados, lo que ya anticipaba Ciudadanos en los últimos días. Que el PP es el "socio preferente" para formar gobiernos. 

La dirección nacional de Ciudadanos marcó sus cartas el lunes. El secretario general, José Manuel Villegas, dejó la puerta abierta a excepciones que en Castilla y León, la comunidad en la que la formación ha bailado más en cuestión de alianzas en las últimas jornadas, se interpretaron como una apuesta clara por negociar un pacto en la Junta con los socialistas para hacer presidente a Luis Tudanca. El PSOE también confiaba que 32 años de gobiernos conservadores salpicados por varios casos de corrupción inclinarían la balanza a su favor por la incompatibilidad de esta realidad con el discurso regenerador de Ciudadanos. 

El posado del secretario general del PP, Teodoro García-Egea, y el secretario de Acción Institucional de Ciudadanos, José María Espejo, matiza relativamente esa expectativa. El candidato naranja, Francisco Igea –un verso suelto para el partido de Rivera– ha asegurado que "habrá cambio" y "ningún imputado" en el Gobierno. Unas horas después, un juzgado anunciaba que empieza a investigar las primarias del PP de Castilla y León que convirtieron en líder a Alfonso Fernández Mañueco por presunta financiación ilegal. 

"La voluntad de acuerdo" manifestada por Ciudadanos se matizaba, sin embargo, a renglón seguido en las mismas declaraciones. "Si no fructifica el acuerdo, y esperemos que no sea así, se negociará con otras fuerzas". Una advertencia que casa mal con la tendencia en todos los territorios: priorizar los pactos con el PP. 

Madrid

En algunos territorios sagrados, como Madrid, no solo se ha favorecido la alianza con los conservadores sino que se ha vetado expresamente a los socialistas, pese a que fueron la fuerza más votada el 26M. El líder autonómico y candidato, Ignacio Aguado, descartó el domingo un pacto con Ángel Gabilondo tras el ofrecimiento del PSOE de alianzas alternativas para aislar a Vox de las instituciones. Tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento los votos del partido de extrema derecha son necesarios para que el pacto de derechas salga adelante. 

José Luis Martínez-Almeida (PP) y Begoña Villacís (Ciudadanos) se han reunido por primera vez este miércoles para sentar las bases de un acuerdo para el Ayuntamiento. En el encuentro se ha producido "un intercambio de documentos programáticos" y ha habido "buena sintonía", según el candidato del PP, que asegura que ha intercambiado llamadas con Vox y se citará con el candidato Javier Ortega-Smith próximamente. 

En el Partido Popular son optimistas hasta el punto de que calculan que habrá un acuerdo cerrado entre el domingo y el lunes de la semana que viene. "Todo apunta a que entre el 9 y el 10 de junio estará todo liquidado", aseguran desde fuentes del grupo municipal del PP, que enmarcan los acuerdos para la Mesa de la Asamblea como parte del entendimiento para un Gobierno en el Ayuntamiento de Madrid presidido por Almeida en coalición con Ciudadanos. La sesión de investidura en el Ayuntamiento está programada para el 15 de junio. 

En el partido de Villacís recuerdan que las líneas generales de las negociaciones se marcan desde el comité nacional, que se negó este lunes a sentarse a negociar en una mesa a tres como reclama Vox y trasladan la presión al PP para que logre que la formación de extrema derecha se conforme con acuerdos a la andaluza. A día de hoy, Vox mantiene que si no hay negociación a tres, Carmena será investida alcaldesa.

Las conversaciones en la Comunidad de Madrid aún están en una fase muy prematura y van con retraso respecto a otros territorios. Todavía no ha habido ningún encuentro formal entre comités negociadores, pero el PP se encuentra aquí en la misma encrucijada que en el Ayuntamiento: Ciudadanos no quiere negociar nada con Vox, pero la extrema derecha exige sentarse en la mesa como un partido más. Los conservadores se muestran "dispuestos a todo" para poder gobernar pero admiten las dificultades. "Si digo algo en favor de Vox puede que Ciudadanos se irrite, y al revés", ha admitido Díaz Ayuso este miércoles. 

De momento, el primer escollo que resolver es negociar los puestos en la Mesa de la Asamblea de Madrid. Tendrá que estar resuelto antes del día 11, cuando se constituye el órgano de gobierno de la institución y, según coinciden todos los partidos, de este pacto emanará lo que venga después: negociar un gobierno. Que Vox tenga una silla dependerá de PP y Ciudadanos.  

Murcia

En Murcia, los comités negociadores se reúnen por primera vez de forma "oficial" este jueves para abordar el futuro gobierno de la Región de Murcia que, según las últimas declaraciones que han hecho los dirigentes de uno y otro partido, seguirá estando presidido por el PP, pero en coalición con la formación naranja. El propio Albert Rivera se manifestó el pasado martes en el programa ‘Espejo Público’ sobre esta cuestión y avanzó que "el cambio" que se producirá en la Región de Murcia es que "no va a gobernar el PP en solitario", para luego añadir que "cambio habrá porque va a gobernar Ciudadanos", afirmó ante las cámaras de Antena 3.

A pesar de que tanto Isabel Franco, líder de Ciudadanos en Murcia, como algunos dirigentes del partido a nivel nacional realizaran en campaña llamamientos a la "regeneración" tras 24 años de hegemonía del PP, los movimientos poselectorales y la agenda del partido han evidenciado que los populares son el "socio preferente". Los socialistas murcianos, que fueron la fuerza más votada el 26M, saben que tendrán muy difícil gobernar la Comunidad, aunque podrán sentarse con la formación naranja el próximo 10 de junio, solo un día antes de la constitución del parlamento murciano. 

La Mesa de la Asamblea de Murcia se forma el mismo día que la de Madrid y, por tanto, el deadline es idéntico en los dos casos. Aquí también el PP necesita los cuatro escaños de Vox para superar la investidura y la formación de extrema derecha transmite la misma exigencia que en el resto de territorios: ser parte activa de una "mesa a tres", con la que pretenden conseguir notoriedad y visibilidad en la política murciana. 

¿Un plan B con el PSOE?

Pese a que la realidad desmiente, de momento, posibles pactos alternativos de Ciudadanos, al modo de la bisagra que fueron en 2015, en la dirección aclararon el pasado lunes que hay una puerta abierta a intentar entenderse con el PSOE en el caso de que fallen las negociaciones con el PP si Vox impide un pacto bilateral o bien si los populares ceden y admiten la presencia del partido de extrema derecha en las negociaciones, una línea roja para la formación naranja. 

Los de Rivera entonces harían recaer el peso de toda la responsabilidad de esos posibles fracasos sobre los de Abascal, a los que culparían de haber impedido un pacto de la derecha con el "centro liberal", espacio donde se encuadran. De momento, esperarán a ver cómo evolucionan las conversaciones, que se prevén largas y complejas, para optar por cualquier plan B. 

Aunque lo cierto es que ese plan B es factible en pocos sitios, además de Castilla y León. Rivera hizo un llamamiento al PP para que evitara un gobierno "separatista" en Barcelona con una propuesta de respaldar al candidato del PSC, Jaume Collboni (tercera fuerza por detrás de ERC y Ada Colau). 

Otro hecho avala que las negociaciones con el PSOE no están completamente cerradas. Aunque en un principio Villegas incluyó entre las exigencias para pactar con los de Sánchez que se comprometieran a la aplicación del 155 en Catalunya, además de renegar de su política territorial, en el documento programático no se plasmó esa condición. Ese detalle no es baladí ya que allana el camino para que los candidatos del PSOE se avengan a algún tipo de acuerdo con Ciudadanos en el caso de que se abra ese escenario. 

Esta pieza se ha elaborado con información de Laura Cornejo y Víctor Peñalver. 

La histórica caída del Partido Popular tanto en las elecciones generales del pasado 28 de abril como en las municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo empieza a pasar factura a los trabajadores de la formación conservadora que, como consecuencia de la debacle en las urnas, perderá gran parte de los ingresos públicos que ha percibido en los últimos años.

Una información de la Cadena Ser desvelaba este martes que al menos seis empleados –cuatro en el Senado y dos en el Congreso– que aseguran tener contratos fijos en el partido desde hace tres décadas han denunciado que la formación que preside Pablo Casado se ha negado a readmitirlos y no ha reconocido su antigüedad al ser despedidos de sus respectivos puestos de asesores en los grupos parlamentarios populares de Congreso y Senado, unos cargos para los que, dicen, tuvieron que solicitar una excedencia forzosa del PP.

Consultada por este diario, la dirección popular no reconoce que esos trabajadores estuvieran en excedencia en el partido y los considera empleados "eventuales" en las Cortes, de donde cobraban. Justifica, por ello, que al final la legislatura pasada –el 20 de mayo– se les finalizara el contrato como trabajadores de los grupos populares en las dos cámaras y fueran despedidos con tan solo 12 días de indemnización por año trabajado, limitando a cuatro años su antigüedad, los que dura la legislatura.

El PP ha solicitado en todo caso un informe a sus servicios jurídicos para conocer la situación contractual de esos empleados. En otro texto que había sido solicitado por los populares a los letrados del Congreso sobre la situación de sus trabajadores en el Parlamento, estos respondían este mismo martes al partido que "la Cámara es ajena a las relaciones entre los grupos y el personal contratado por los mismos, al tratarse de una actuación de contratación celebrada por el Grupo en ejercicio de su autonomía organizativa y funcional, que la Cámara ni conoce ni controla". 

Ante las estrecheces económicas por las que atraviesa el partido, los trabajadores denuncian que, al no reconocer su antigüedad ni sus excedencias forzosas, el equipo de Casado trata con su actitud de ahorrarse la indemnización que debería pagarles por sus décadas de servicio al PP.

De 37.000 euros a un millón

Según los cálculos aportados por la propia Cadena Ser, al considerarles empleados eventuales en los grupos parlamentarios su despido tan solo costará al partido 37.000 euros. En el caso de reconocer su pertenencia a la formación conservadora y su antigüedad, tal y como exigen los propios trabajadores, debería en cambio abonarles en total cerca de un millón de euros en concepto de indemnizaciones. 

Pese al silencio de todos los dirigentes del partido sobre este caso, este mismo martes los empleados afectados recibían el respaldo del exdiputado Juan Ramón Calero, que fue portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados entre 1987 y 1989. También en la citada emisora, el exdirigente aseguraba que estaría dispuesto a declarar a favor de estos trabajadores, a los que conoció hace 30 años, "para que quede clara la antigüedad que tienen en el partido".

La polémica llega cuando el PP empieza a notar las estrecheces económicas tras la debacle en las generales, que se agravará en las próximas semanas ante el resultado de las municipales, autonómicas y europeas en las que los populares han perdido miles de votos respecto a los comicios de hace cuatro años y han visto también mermada su representación en los parlamentos regionales y los ayuntamientos. Esto hará que pierdan buena parte de sus ingresos públicos.

451 trabajadores en peligro

Solo por la derrota del 28A los populares perderán 257.430 euros al mes resultantes de las subvenciones que obtenían en el Congreso y el Senado por cada representante en cada una de las cámaras. Si desde las últimas generales de 2016 ingresaba 225.432 euros al mes por sus 137 diputados, ahora le llegarán 108.602 euros, 1.645,49 por cada uno de sus 66 escaños en la Cámara Baja. En cuanto al Senado, que otorga una subvención de 1.900 euros al mes por senador, pasa de 130 a 56, con lo que cae de 247.000 a 106.400 (pierde 140.600 euros).

Esta situación pone en peligro la permanencia de los 451 trabajadores que el PP aseguraba mantener en nómina en las últimas cuentas anuales colgadas en su página web, correspondientes a 2017.

Fuentes de la dirección popular insisten, no obstante, en que por el momento el equipo de Casado no se ha planteado poner en marcha un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que implique el despido de más trabajadores que dependen directamente del partido. Desmienten también los rumores sobre una posible venta de la sede nacional de la calle Génova de Madrid. 

Las negociaciones entre Ernest Maragall y Ada Colau de cara a un pacto de gobierno en Barcelona han embarrancado casi antes de empezar. Después de ofrecerles los republicanos a los 'comuns' un gobierno a medias con un rol especial para la actual alcaldesa, entienden que no pueden ceder más y que ahora es el turno de Colau. Que acepte su mano tendida o que decida ya si será alcaldesa con los votos del PSC y Manuel Valls, una opción que los 'comuns' para nada descartan. 

Esta suerte de ultimátum, al que ERC ha preferido llamar paréntesis, responde a la voluntad del partido ganador de las elecciones de forzar a Colau a abandonar cuanto antes su apuesta por el tripartito de izquierdas. A diez días del pleno de investidura en el Ayuntamiento de Barcelona, los 'comuns' no se mueven de su propuesta de gobierno con ERC y PSC, pero los republicanos argumentan que se ofrecieron a tener una primera reunión con los socialistas y estos ni siquiera aceptaron

Asumiendo esta premisa, desde ERC interpretan que si los 'comuns' siguen negociando con el PSC todavía no ha habido reunión de Colau con Jaume Collboni, pero sí contactos informales es porque se encaminan hacia una investidura en la que Colau salga elegida como alcaldesa con los votos de socialistas y de Valls. 

No lo ven así los 'comuns', que no han respondido este miércoles públicamente a Maragall pero insisten en privado que el tripartito de izquierdas ha de ser posible para demostrar que con 28 de 41 concejales, a un y otro lado en el eje nacional, se puede superar la política de bloques en la capital catalana. Este es el discurso en el que está instalado el partido ahora mismo y nada hace pensar que lo vayan a modificar hasta el mismo día de la investidura, cuando Colau podría optar por presentarse a ella esgrimiendo que PSC y ERC no han sabido ponerse de acuerdo.

Los 'comuns', pendientes del plenario

La estrategia de los 'comuns' de cara a la recta final de las negociaciones tomará forma el próximo viernes, cuando se celebra por la tarde el plenario del partido, una asamblea de la que pueden tomar parte todos los que participan en la formación. Unas 3.000 personas, según fuentes del partido, aunque suelen acudir 200 o 300. Aunque la reunión será de carácter deliberativo no se votará nada, el entorno de Colau confía salir de ella con un aval a su persistencia en el tripartito. 

A la espera de lo que salga de la asamblea, y tras las diferencias iniciales ante el ofrecimiento de Valls, dentro de la formación se extiende el razonamiento de que si está en sus manos revalidar la alcaldía, como es el caso, hay que aprovecharlo. La figura de Colau y su proyección más allá de Barcelona es una figura a preservar a toda costa por unos 'comuns' en retroceso en toda Catalunya tras el 26M, y puestos a gobernar en minoría con ERC, mejor hacerlo con el PSC conservando el liderazgo. 

A ello responde también la oferta de Maragall de darle a Colau un cargo especial en su gobierno conjunto, superior al de teniente de alcaldía y con funciones de representación institucional. En lo que no están dispuestos a ceder los republicanos es en la alcaldía, puesto que defienden que es su legítimo trofeo por la victoria en las elecciones y porque es dudoso que puedan hacerlo. A la alcaldía sólo se accede por votación y, para ostentarla, Colau necesita 21 votos que ERC y BComú no suman.

El PSC sigue abierto a negociar

Ante el callejón sin salida al que han llegado ERC y Barcelona en Comú, el PSC ha salido a dejar claro que ellos no le piden a Colau exclusividad en sus reuniones para formar gobierno. "Seguimos trabajando para hacer posible un buen acuerdo de gobierno de progreso", aseguró Laia Bonet, segunda de la lista de los socialistas y responsable de su equipo negociador, que explicitó que lo hacen "al margen de que BComú mantenga abiertas conversaciones con otras formaciones". 

Después de abrir juego hace ya una semana asegurando que estaban dispuestos a hacer "todo lo posible" para que no hubiese un alcalde independentista en la ciudad, los socialistas han optado por quedarse en segundo plano. Los contactos con los 'comuns' los han mantenido de manera informal. Pero si algo han reiterado por activa y por pasiva es que no se plantean entrar en un ejecutivo con ERC.

En otoño de 1989 el tripartito que apenas dos años antes había tumbado el débil Gobierno gallego de Alianza Popular se ponía a prueba en las urnas. El PSdeG, que lideraba la peculiar alianza completada por Coalición Gallega -escindida de la propia AP con el impulso de tránsfugas- y el PNG, había logrado el que aún ahora es su mejor resultado en el Parlamento gallego, con 28 escaños. Pero el PP, liderado por un Manuel Fraga debutante en la política autonómica, consiguió los 38 diputados que marcan el umbral de la mayoría absoluta.

Las posteriores hagiografías acabarían retratando la victoria que inauguró el fraguismo como aplastante, pero realmente fue muy ajustada y en ella fue clave la provincia de Ourense, la misma en la que tres décadas después peligra ahora el poder absoluto de los populares. Allí, entre votos sospechosos que el PSOE había amagado con recurrir ante la Justicia -proceso que la dirección del partido acabaría frenando en lo que fue interpretado como un afán de Felipe González por asegurar que Fraga se quedaba en Galicia-, el Partido Popular recién refundado había asegurado su mayoría absoluta. Lo hacía en gran medida gracias a su coalición con Centristas de Galicia, la formación en la que pocos meses después emergería definitivamente como líder José Luis Baltar, que había logrado colocar como primer presidente del Parlamento del fraguismo a Victorino Núñez mientras él se quedaba con su puesto en la presidencia de la Diputación de Ourense.

Comenzaba así una provechosa alianza que orgánicamente derivó poco después, en 1991, en la integración de Centristas en el PP. Pero lo de Baltar con el PPdeG nunca fue una disolución, sino una coalición de intereses. El barón ourensano aseguraba el enorme granero de votos engrasado desde la presidencia de la Diputación y el patrón de la derecha española dejaba hacer en todo lo demás. Incluso padeciendo desafíos y amenazas de escisión a modo de exhibición de poder que nunca llegaron a mayores. El apellido Baltar se convertía de este modo en piedra angular de la inmensa maquinaria desplegada por el PP en Galicia durante los años 90 y así ha seguido siendo, con más o menos turbulencias, hasta las últimas elecciones municipales. El 26M el PP de Ourense perdió la mayoría absoluta en la Diputación provincial. La piedra angular del poder del PPdeG tiene, ahora sí, una grieta.

"Baltar o fillo no es Baltar"

Quien ahora ha perdido la mayoría absoluta del baltarismo ha sido José Manuel Baltar, hijo del autodenominado "cacique bueno", quien en 2012 había recibido de su padre a presidencia de la Diputación a modo de legado político. Dos años antes, en 2010, el padre ya había transmitido al hijo la presidencia del PP de Ourense en un Congreso provincial que acogió el único intento real de Alberto Núñez Feijóo por tumbar a la saga. La cúpula del PPdeG había escogido para enfrentarse a los dos Baltar al entonces alcalde de Verín, Juan Manuel Jiménez, cuyo equipo no había ahorrado acusaciones de caciquismo durante el proceso. Pero la operación de Feijóo acabó en fracaso y Baltar hijo, triunfando en un cónclave antes del cual, según dio por probado la justicia en 2014, Baltar padre había enchufado 104 personas en la Diputación, muchas de ellas vinculadas a la trascendental votación.

El fundador de la saga actuaba como cacique -"bueno", añadía- y no ocultaba, sino todo lo contrario, su capacidad para repartir pequeños o grandes favores por toda la provincia mientras, al son del trombón, cantaba aquello de "Si no eres del PP, jódete, jódete". Mientras esto sucedía, su heredero, que acompañaba con un bombo el trombón de su padre en aquellas charangas, acumulaba cargos públicos desde poco después de terminar la carrera de Derecho en 1992. Asesor de la Consellería de Agricultura, delegado provincial de este mismo departamento, diputado en el Parlamento autonómico y, poco después, vicepresidente del mismo.

A pesar de no ser posible explicar el ascenso del hijo sin el influjo del padre, cuando llegó a la presidencia de la Diputación quiso hacer ver que comenzaba una nueva era con una nueva imagen. La imagen de Manuel Baltar, el presidente del "Gobierno Provincial", como suele referirse a la Diputación, una institución a la que presentó como adalid de la transparencia. "Baltar o fillo no es Baltar" [Baltar el hijo no es Baltar], se cantaba en el irónico Festival Intercultural do Barbanha mientras el heredero anunciaba innovadores planes de control y transparencia y aseguraba sentir "asco" por cualquier tipo de práctica corrupta. Pero también mientras las pesquisas de la eterna operación Pokémon sembraban dudas sobre la financiación del PP ourensano en la etapa de su padre.

Sustos judiciales, fatiga de materiales

Pero la imagen que el segundo Baltar quiso proyectar de sí mismo comenzó a sufrir erosiones no solo por ser heredero de quien es. En el año 2015 una mujer lo denunciaba asegurando que le había ofrecido un puesto de trabajo en la Diputación a cambio de sexo. La denuncia, revelada por eldiario.es, acabó en imputación judicial de Baltar hijo pero también de Baltar padre por ser todavía presidente en el momento de los hechos. Pero el caso quedó en un susto judicial para ambos, ya que en 2017 la jueza instructora lo archivó al no ver "suficientemente justificado" que lo sucedido hubiese sido constitutivo de delito.

Aquel proceso judicial había servido, no obstante, para devolver al debate público la cara menos simpática del baltarismo. Para que, casi siempre por lo bajo, resurgieran en Ourense voces que recuerdan que por detrás del trombón, los repartos de favores y los edificios con incontables porteros hay también férreo control político, mediático y social y obstáculos múltiples para los no afines. Los materiales del baltarismo comenzaban a mostrar tras tres décadas una fatiga que ha quedado plasmada en las urnas aunque el PP haya vuelto a ser primera fuerza de la provincia el 26M.

José Manuel Baltar se aferra a esa condición de primera fuerza para defender su derecho a retener el poder. También al hecho de que la pérdida de la mayoría absoluta haya tenido gran parte de su origen en Ourense ciudad, donde el ex-conselleiro Jesús Vázquez, colocado por Feijóo, sufrió una fuerte caída tras cuatro años de turbulenta alcaldía. Pero, de cualquier modo, lo cierto es que el baltarismo ya no es lo que era, porque su poder ya no es absoluto y la propia continuidad de Baltar en la presidencia de la Diputación ya no depende enteramente de él sino también, al menos, de lo que determine la dirección de Ciudadanos, a quien el PP ourensano ofrece pactar. Todo, a menos de un año de unas elecciones gallegas en las que el granero ourensano volverá a ser trascendental.

María Chivite y los suyos parecen dispuestos a asumir hasta las últimas consecuencias de su promesa de conformar "un gobierno progresista" para Navarra. Se enfrentan a la historia, pero también a la dirección federal del PSOE, que no ve con buenos ojos nada que tenga que ver con la ayuda -ni siquiera por omisión-  de EH Bildu; con la propia izquierda abertzale, que ha advertido a los socialistas navarros de que "todos los agentes somos necesarios"; y hasta con sus futuros socios, que dudan no ya de la sinceridad de los socialistas en Navarra, sino de su capacidad de decisión al margen de la política de pactos nacional que se decida en la sede de Ferraz.

El ofrecimiento de Javier Esparza (Navarra Suma, la coalición de UPN, Ciudadanos y PP) de facilitar la investidura de Sánchez condicionada al Gobierno de Navarra tras su entrevista de hoy con el rey ha terminado de complicar una situación que empeora por momentos. La reunión del PSN con Geroa Bai de este miércoles –este jueves será el turno de Podemos, y el viernes de Izquierda-Ezkerra– ha concluido sin despejar incógnitas: los cuatro partidos serán capaces seguramente de alcanzar un acuerdo que involucre a 23 parlamentarios para superar a los 20 de Navarra Suma, pero la abstención de EH Bildu seguirá siendo imprescindible para hacer presidenta a María Chivite.

Quizá por esa evidencia la mañana ha comenzado con la cabeza de lista de EH Bildu en la Comunidad Foral, Bakartxo Ruiz, acusando a la socialista de hacer "política ficción" al  tratar de obviar la fuerza de voto de los 7 parlamentarios de la izquierda abertzale: "Hay que hablar con EH Bildu, con todos los agentes que somos necesarios", ha subrayado Ruiz. Una opinión compartida por Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra, socios todavía del gobierno cuatripartito en funciones de Uxue Barkos.

Y para aclarar cuál es la senda que debe tomar Chivite para lograr su abstención, ha citado la constitución de los ayuntamientos, el próximo día 15, como "primera oportunidad del PSN de rectificar su trayectoria histórica". Ruiz considera que "las decisiones se tienen que tomar aquí, no se pueden tomar en Madrid". El Ayuntamiento de Pamplona es quizá el mejor ejemplo: el PSN no tiene ninguna intención de prestar sus 5 votos a EH Bildu (9) y Geroa Bai (2) para impedir la Alcaldía de Enrique Maya (Navarra Suma, 13). María Chivite tiene claras sus líneas rojas de no apoyar y no hablar con la izquierda abertzale, pero espera que la disciplina interna de EH Bildu le lleve a impedir un Gobierno de Navarra de derechas sin recibir nada a cambio. Pero ni siquiera eso convencería a Ferraz para dar luz verde a la operación.

La estabilidad de un gobierno en minoría

Así las cosas, la reunión con Geroa Bai, celebrada en el Parlamento de Navarra, ha transcurrido en un ambiente de "cordialidad". María Chivite ha asistido acompañada por su secretario de Organización, Ramón Alzórriz, y la secretaria ejecutiva de Administraciones Públicas, Inma Jurío. Por parte de Geroa Bai han acudido la presidenta del Gobierno en funciones, Uxue Barkos, el número dos al Parlamento, Unai Hualde, el tres, Koldo Martínez, la candidata de Pamplona, Itziar Gómez, y la presidenta de Zabaltzen, una facción de la coalición, Ana Ansa.

El propio Hualde ha sido el encargado de dar un baño de realidad tras el encuentro: aunque coincide con los socialistas navarros en trabajar por un "gobierno de progreso", ha preguntado cómo piensan conformar una mayoría -tanto de investidura como de estabilidad durante la legislatura- sin levantar el veto a EH Bildu. Y también ha considerado que "no debería haber problema para que todas las fuerzas políticas se reunieran".

Ambas delegaciones se han emplazado a encuentros posteriores tras la primera toma de contacto, en la que Chivite ha sondeado la -buena- disposición de Geroa para prestarle sus votos y Geroa ha pedido al PSN que no se produzca otro agostazo. "Queremos saber si van en serio, porque tenemos serias dudas", ha soltado Hualde, que ha recordado que la falta de seguridad sobre qué hará el PSN es algo que piensa "la ciudadanía navarra en general, en vista de los antecedentes".

Sobre la conformación de los ayuntamientos, Hualde ha explicado que en la reunión han puesto sobre la mesa "cada uno su planteamiento en general" y "no es coincidente", en referencia, una vez más, al veto de los socialistas a EH Bildu, partido al que Geroa sí considera parte de la “mayoría progresista” y merecedor de ayuda cuando se trata de enfrentarse a la coalición de las derechas Navarra Suma.

Alzórriz: ni hablar con EH Bildu ni 'agostazo'

El secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, ha trasladado a Geroa Bai que quieren "liderar un gobierno progresista, de izquierdas y plural". El objetivo, ha dicho, es aglutinar una mayoría de 23 parlamentarios con Geroa Bai, Podemos e I-E para que María Chivite pueda presentarse a la investidura.

Ha insistido también en que no darán sus votos a Navarra Suma y tampoco se sentarán a hablar siquiera con EH Bildu; por eso ha negado que la postura de los socialistas navarros suponga un "desafío" a Ferraz: "Trabajamos en la misma sintonía que el Gobierno de España para conformar gobiernos plurales, de izquierdas, de progreso; entendemos que no hay ningún problema", ha dicho. También ha negado cualquier posibilidad de que se repita la situación de 2007, el agostazo, cuando Ferraz vetó un acuerdo de los socialistas con el nacionalismo moderado y dio el Gobierno a UPN.

El ofrecimiento de Esparza –UPN– de colaborar en la investidura de Sánchez, sin embargo, unido al veto de Ferraz a cualquier opción que involucre a una imprescindible EH Bildu, lleva a pensar que la repetición de la historia está más cerca que la entente socialista-nacionalista. Sin embargo, María Chivite cree tener tiempo todavía de convencer a propios y extraños. El jueves sigue con Podemos.

"No vamos a tolerar una negociación basada en el chantaje". Así de rotundo se ha mostrado con Pedro Sánchez el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, en una rueda de prensa tras asistir a la ronda de contactos abierta por el jefe del Estado con los diferentes líderes parlamentarios antes de proponer un candidato a la Presidencia del Gobierno. Garzón ha sostenido que "lo deseable es un Gobierno de coalición con un acuerdo programático" con el PSOE, pero ha dejado la puerta abierta a otras opciones, que deberían pasar por una consulta a las bases de IU.

"Mi opción es un acuerdo de izquierdas y que vayan a la raíz de los problemas que finalice con un acuerdo entre Unidas Podemos y el PSOE. Es lo que he trasladado al ciudadano Felipe de Borbón", ha señalado Garzón. "La alternativa", ha dicho, "pasa por un Gobierno del PSOE y Ciudadanos. Dan los números, pero sería continuismo en las política conservadoras y de derechas, lo que ahondaría en los problemas de nuestro país".

Garzón ha reprochado que Sánchez no se haya puesto en contacto con ninguno de los dirigentes políticos que este miércoles, o el jueves, acudirán al Palacio de la Zarzuela. Y le ha conminado a iniciar la negociación. "Tiene la pelota en su tejado, ganó las elecciones", ha dicho. En su opinión, el silencio del PSOE "es un indicador de que se están tomando un tiempo razonable para ver si se abren otras opciones", en una referencia velada a Ciudadanos.

El líder de IU ha planteado que en las negociaciones las partes deben "ofrecer algo al otro" para recabar su apoyo. "Pero vemos demasiado a menudo que la negociación consiste en cuánto pierde el otro si no apoya", ha dicho, en lugar de "cuánto podemos ganar las partes si pactamos".

"Lo deseable es un Gobierno de coalición con un acuerdo programático", ha dicho, para añadir: "Pero sin la opinión del PSOE estamos construyendo castillos en el aire".

Preguntado por la posición de voto de IU en una futura investidura, Garzón no se ha pronunciado. "No puedo garantizar qué votaríamos porque las decisiones se toman en órganos numerosos de forma colectiva", ha señalado. También ha recordado que los acuerdos importantes pasan por una consulta a la militancia.

Garzón ha insistido en que es el PSOE el que debe comenzar las negociaciones y explicar cómo "cómo quiere gobernar con 123 diputados". "No creo que lo tenga fácil", ha concluido.

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