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created: 22 mar 2015 21:42:28 UTC ~ updated: 19 ene 2020 18:00:22 UTC ~ rssv2 ~ TTL 10 min. ~ es

PSOE y ERC ya tienen cerrado el acuerdo que permitirá que los trece diputados republicanos se abstengan para facilitar la investidura a Pedro Sánchez. Solo queda que lo ratifiquen el Consell Nacional de ERC del próximo 2 de enero a las 17 horas y la Ejecutiva socialista, que se ha convocado para el 3 de enero a las 10 horas. El pacto incluye una mesa de negociación entre gobiernos que va más allá de la que fija el Estatut con la comisión bilateral, tal y como adelantó eldiario.es, y que las conclusiones de ese órgano se sometan a consulta en Catalunya.

Esas son las principales líneas maestras del acuerdo que han alcanzado los equipos negociadores en más de cuatro semanas de tiras y aflojas que han ido retrasando la investidura de Sánchez. Ha sido la conformación de esa mesa de diálogo el principal caballo de Troya de la negociación.

El PSOE pretendía inicialmente que la negociación entre el Estado y la Generalitat colgara de alguna forma de la comisión bilateral que establece el Estatut, pero para los republicanos catalanes ese marco normativo es ya pantalla pasada. Por eso la conversación entre gobiernos estará al margen de ese organismo estatutario que Sánchez y el Govern recuperaron en el verano de 2018 tras años de parón.

La posibilidad de establecer negociaciones bilaterales entre el Gobierno y las comunidades autónomas está reflejada en el acuerdo programático que Sánchez y Pablo Iglesias hicieron público este lunes. Así, ese texto establece que “el marco de colaboración” entre el Gobierno central y las comunidades autónomas estarán definidos “por el principio de la multilateralidad” pero abre la puerta a “procedimientos y órganos bilaterales” entre el Gobierno y las comunidades así como entre las comunidades entre sí “especialmente cuando se trate de dirimir un asunto de interés específico para una o varias comunidades”. “En todo caso, esas relaciones bilaterales siempre se regirán por los principios de lealtad y colaboración entre territorios que fija la Constitución”, reza el acuerdo de PSOE y Unidas Podemos.

La alusión al cumplimiento de la Constitución es importante de cara a la interna del PSOE, donde el entendimiento con ERC ha generado muchas suspicacias. Los barones, especialmente Javier Lambán y Emiliano García-Page, han elevado la voz en las últimas semanas en contra de esa vía. La consulta o validación exclusiva en Catalunya de los acuerdos bilaterales que logren el Gobierno y la Generalitat, que ha adelantado el Diari Ara, levantará reticencias en las filas socialistas, aunque Sánchez tiene el camino expedito para la investidura. "Sobre España hablan todos los españoles", dijo el presidente de Castilla-La Mancha recientemente tras haber recibido las críticas del líder del PSC, Miquel Iceta, por cuestionar la negociación con ERC. 

"Desarrollaremos el Ingreso Mínimo Vital como prestación de Seguridad Social". Es una de las medidas del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias rubricaron este lunes en el Congreso de los Diputados como preludio a la esperada formación del que sería el primer Gobierno de coalición de la historia democrática española, con la reducción de la desigualdad como "principal desafío", según dijo el presidente del Gobierno en funciones durante la firma del pacto.

El documento difundido este lunes señala respecto a ese Ingreso Mínimo Vital: "Comenzaremos en un primer momento por el aumento decidido de la prestación por hijo/a a cargo para familias vulnerables, y posteriormente mediante un mecanismo general de garantía de renta para familias sin ingresos o con ingresos bajos". No se especifican cifras ni plazos, a diferencia de lo que ocurrió cuando se anunció esta medida en el frustrado acuerdo presupuestario que alcanzaron estas formaciones en octubre de 2018.

Este ingreso mínimo vital es un mecanismo diferente de la renta básica universal que (de manera experimental) se ha empezado a ensayar en algunos países, en este caso sin discriminar entre los ingresos de los beneficiarios, como medida paliativa a las consecuencias que se espera tendrá el futuro de digitalización y robotización de la economía en el empleo.

¿En qué consiste?

Podemos, cuyo líder planteó en el pasado una renta universal de ese tipo, proponía en su último programa electoral un "ingreso básico garantizado" de 600 euros al mes que se incrementaría en función del número de miembros del hogar hasta un máximo de 1.200 euros y funcionaría "de manera automática e incondicionada" para garantizar la "suficiencia de ingresos" de los hogares en situación vulnerable.

Además, la formación morada planteaba una "prestación para el cuidado de niños, niñas y adolescentes, que llegará a los 1200 euros al año de manera universal y a los 2000 euros al año para situaciones de pobreza severa", y que se iniciaría "de manera urgente con 600 euros al año para familias en riesgo de pobreza, con un incremento del 50% para familias de una sola progenitora o de un solo progenitor”.

Por su parte, el PSOE lleva prometiendo un ingreso mínimo vital en sucesivas elecciones desde que Pedro Sánchez lo anunció en julio de 2015 como medida para erradicar la pobreza infantil. La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social alcanzó el 21,5% en 2018, según el INE, lo que significa que uno de cada cinco españoles tiene unos ingresos inferiores a 8.871 euros al año. Afecta especialmente a los menores de 16 años, con una incidencia del 26,2% en 2018.

Los socialistas definen la figura del ingreso mínimo vital como "una renta básica que actúe como última red de protección social para atender a las personas que queden desamparadas": "Consiste en la creación de una prestación nueva dirigida a los hogares sin ingresos y en situación de necesidad, sea cual sea la causa, como Prestación No Contributiva de la Seguridad Social, similar a las Pensiones No Contributivas" y "articulado en coordinación con el Subsidio por Desempleo, con iguales garantías, de forma que una vez agotada la protección por desempleo, permita el paso entre ambos sistemas manteniendo siempre la cobertura de la prestación".

¿Cómo se implantaría?

En su programa para las elecciones de abril, los socialistas prometieron implantar el ingreso mínimo vital "de manera progresiva", comenzando en un primer momento, precisamente, "por el aumento de prestación por hijo a cargo para familias vulnerables", ayuda que el Gobierno elevó a unas semanas de los comicios hasta los 588 euros anuales para las familias en situación de pobreza severa (aquellas bajo el umbral del 25% de la renta mediana). "Posteriormente", decía el programa del PSOE, esa ayuda se complementaría "mediante un mecanismo general de garantía de renta para familias sin ingresos o con ingresos muy bajos".

¿A cuánto ascendería?

Entonces, los socialistas prometieron que la combinación entre el ingreso mínimo vital y una mayor inversión en infancia "mejorando sustancialmente la situación de los niños y niñas en hogares con menos rentas" permitiría alcanzar al final de la legislatura (en 2023), y para los casos de pobreza severa, un mínimo de 580 euros al mes para familias con un hijo a cargo y de 858 euros para aquellas con tres personas a cargo.

¿Cuánto costaría?

Cuando el PSOE anunció en 2015 su propuesta de ingreso mínimo vital (una ayuda mensual de 426 euros para familias en situación de necesidad que se sumaría a los complementos familiares en función del número de hijos y el nivel de renta), cifró el coste de estas medidas en unos 6.000 millones de euros.

No obstante, como señalaba hace algo más de un año en una entrevista en eldiario.es el experto en desigualdad, actual diputado socialista y entonces Alto Comisionado para la Lucha Contra la Pobreza Infantil, Pau-Marí Klose, "se puede avanzar secuencialmente, sobre todo en transferencias por hijo a cargo. No hace falta llegar a estas cifras tan altas para ir mejorando significativamente la situación de pobreza severa y desigualdad".

Por su parte, Podemos ha cifrado en 10.000 millones el coste de su ingreso básico garantizado, que beneficiaría a unos 10 millones de personas y se financiaría mediante un impuesto a las grandes fortunas.

Ejemplos autonómicos

En ausencia hasta ahora de una renta mínima estatal, todas las comunidades autónomas cuentan actualmente con mecanismos de este tipo, con cerca de 780.000 beneficiarios, según un reciente estudio publicado en la revista Panorama Social de Funcas, en el que se advertía de que se trata de ayudas con unas características muy dispares.

Así, "cada autonomía regula cómo se determina y computa la carencia de recursos, así como la cuantía de la prestación económica y su proyección en el tiempo. Del mismo modo, cada comunidad autónoma decide qué vinculación (fuerte o débil) establece respecto del cumplimento de las obligaciones de inserción, y su repercusión en el acceso y mantenimiento de la prestación económica. En definitiva, todo ello genera como resultado una diversidad muy significativa en función del lugar de residencia de los beneficiarios", concluía el informe.

La más conocida es la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) que Euskadi implantó en 2008: una ayuda autonómica que pueden cobrar personas sin suficientes recursos para cubrir sus necesidades básicas y que reciben unos 55.000 titulares, con un coste de unos 470 millones de euros anuales y una cuantía mínima de 672 euros mensuales. La RGI vasca ofrece las prestaciones más elevadas de este tipo de instrumentos a escala autonómica, por delante de la Renta de Inclusión Social navarra (unos 600 euros mensuales) y la Renta Mínima de Inserción catalana (564 euros mensuales).

Una mesa, un atril y dos banderas (la española y la europea) aguardaban a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias que, escoltados por una decena de dirigentes del PSOE y Unidas Podemos, rubricaban con "ilusión" el acuerdo programático para el primer gobierno de coalición de la democracia. El candidato socialista ha pisado el acelerador para la investidura en las últimas horas, aunque está a la espera de que ERC dé el visto bueno definitivo en el Consell Nacional convocado el 2 de enero a las 17 horas al pacto que han negociado durante varias semanas. 

Los diputados están prevenidos para tener que coger un tren o un avión en cualquier momento para llegar al Congreso, pero la dilación de ERC para reunir a su máximo órgano ha vuelto a poner en solfa el plan de Moncloa. La idea con la que jugaba el PSOE a primera hora de este lunes era arrancar ese proceso el 2 de enero, que la primera votación fuera al día siguiente y 48 horas después, la víspera de Reyes, Sánchez saliera investido con la mayoría simple del Parlamento. Pero la decisión de ERC de fijar la reunión de su máximo órgano entre congresos para el día 2 de enero a las 17 horas dificulta ese plan. 

"El 5 es complicado por los tiempos", admiten ahora fuentes de Ferraz. Ni los socialistas ni sus aliados quieren, no obstante, que la sesión se retrase mucho más. "La fecha es lo de menos, pero creo que será pronto", dijo Iglesias a los periodistas en los pasillos del Congreso de camino a la sala en la que se encontró con Sánchez al filo de las 17 horas de este lunes. No se atrevió a avanzar más concreción, aunque la fecha a la que los actores involucrados apuntan ahora es que el Pleno comience el 4 de enero, la primera votación sea el día 5 y la definitiva, el 7 de enero. 

En Moncloa tampoco se atreven a dar fechas por cerradas, pero con ese calendario, da tiempo a que las distintas direcciones avalen los acuerdos alcanzados para la gobernabilidad con cierto margen mientras que la investidura el 2 de enero obligaría a todas las formaciones a celebrar las reuniones esa misma mañana y con el Pleno ya convocado por Meritxell Batet, que tiene que hacerlo como mínimo por cortesía parlamentaria con 24 horas de antelación. Fuentes de la dirección socialista aseguran, además, que no se convocará el Pleno antes de que se reúna el Consell Nacional de ERC para posicionarse definitivamente sobre el acuerdo que le lleve a la abstención. 

Por ahora Sánchez tiene garantizados 163 síes a su investidura –a falta de que algunos partidos pequeños confirmen su respaldo– frente a los 163 noes  (PP, Vox, Ciudadanos, JxCat, UPN, CUP y Foro). La maquinaria socialista no ha parado este lunes, que ha comenzado con el anuncio de un acuerdo con el PNV para que sus seis diputados voten a favor en la investidura. "Estamos contentos", ha asegurado su líder, Andoni Ortuzar, tras firmar un pacto con el presidente en funciones que, según ha dicho, ofrece "garantías para Euskadi". 

Tras la firma de Sánchez e Iglesias, que cerraron los flecos de su acuerdo en un encuentro de tres horas en Moncloa este domingo, la vicesecretaria general, Adriana Lastra, y el número dos del grupo, Rafael Simancas, se reunieron con los representantes de Más País, Íñigo Errejón e Inés Sabanés, y lograron un respaldo que en ningún momento habían dudado. 

A esos apoyos se ha sumado este mismo lunes la pretensión de Bildu de que sus cinco parlamentarios se abstengan, aunque la decisión se someterá a la militancia una vez que se convoque formalmente el Pleno de investidura. Esa posición da mayor margen al PSOE. Los socialistas mantienen la negociación abierta con las formaciones minoritarias, de las que necesita o bien su apoyo o bien su abstención, aunque dan por hecho que no bloquearán la gobernabilidad. 

El PRC, que fue el único diputado que Sánchez logró sumar a sus 123 escaños en julio, ha manifestado su intención de apoyar la investidura, aunque condicionó ese respaldo a leer la letra pequeña del pacto al que los socialistas lleguen con la fuerza independentista. También con el diputado de Compromís Joan Baldoví se han intercambiado los negociadores socialistas documentos y se acerca su 'sí', aunque no lo ha dado aún por cerrado. 

El BNG especificará su posición este martes mientras que las conversaciones también están abiertas con los diputados de Teruel Existe, Coalición Canarias y Nueva Canarias, que aún no han cerrado acuerdos con el PSOE. Esas formaciones estaban, además, a la expectativa del acuerdo programático del futuro Gobierno de coalición, que Sánchez e Iglesias han hecho público este lunes. 

El grueso de las medidas económicas incluidas por PSOE y Unidas Podemos en el programa de Gobierno pactado y firmado este lunes por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias son iniciativas que ambas formaciones ya pactaron en octubre de 2018, cuando lograron un acuerdo para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2019 que finalmente no salieron adelante por el rechazo de las fuerzas independentistas durante su tramitación en el Congreso. Otras iniciativas contenidas en el texto ya iniciaron además su recorrido legislativo en el Parlamento, pero se vieron encalladas en la Cámara Baja con la convocatoria de elecciones.

Ambas formaciones incluyeron en el acuerdo de Presupuestos la elaboración de un "nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI" que ahora han incorporado al pacto de Gobierno. Aunque en el texto actual los partidos desarrollan esa pretensión, incluyen una frase casi exacta: "A tal efecto, se podrá constituir un grupo de trabajo para su redacción, integrado por expertos y expertas de reconocido prestigio, del ámbito académico y profesional".

Si bien la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 900 euros pactada en las Cuentas del Estado fallidas se aprobó finalmente por Real Decreto en diciembre del año pasado, ahora PSOE y Unidas Podemos incluyen un objetivo más ambicioso, que contempla la subida hasta "alcanzar progresivamente el 60% del salario medio en España tal y como recomienda la Carta Social Europea", es decir, unos 1.200 euros.

El documento presentado este lunes también promete desarrollar "el Ingreso Mínimo Vital como prestación de Seguridad Social", un objetivo que ya se fijó en el acuerdo de Presupuestos. En un primer momento, con el "aumento decidido de la prestación por hijo/a a cargo para familias vulnerables, y posteriormente mediante un mecanismo general de garantía de renta para familias sin ingresos o con ingresos bajos".

Subidas y bajadas de impuestos

Parte de la política fiscal que se incluye en el programa de Gobierno también estuvo recogida en el acuerdo de las Cuentas para 2019 que no salió adelante, como en el caso de la bajada de impuestos para las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES). En el texto de octubre de 2018 y en el actual se contempla que aquellas sociedades que facturen menos de un millón de euros pasen de tributar de un tipo de gravamen del 25% al 23%.

En ambos documentos se incluye, asimismo, y de manera literal el incremento de dos puntos del IRPF "para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros". Con idéntica redacción, se contempla además que "el tipo estatal sobre las rentas de capital se incrementará en 4 puntos porcentuales para dichas rentas superiores a 140.000 euros".

De igual forma, los dos partidos han recuperado la iniciativa acordada en 2018 para que las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (las conocidas como Socimis) tributen en un 15% sobre los beneficios no distribuidos. Y se establece, también, la garantía de una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones a través del Impuesto de Sociedades, que se ampliaría hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos.

PSOE y Unidas Podemos calcan en su documento de Gobierno prácticamente de forma íntegra el apartado referido a la reforma del mercado eléctrico que ya recogieron en el pacto de Presupuestos de octubre de 2018.

En ambos textos acuerdan realizar "los cambios normativos necesarios en relación con el funcionamiento del mercado eléctrico para acabar con la sobrerretribución (conocida como "beneficios caídos del cielo") que reciben en el mercado mayorista determinadas tecnologías que fueron instaladas en un marco regulatorio diferente, anterior a la liberalización y que han recuperado sobradamente sus costes de inversión".

Más control de las SICAV y las casas de apuestas

Lo mismo ocurre con la promesa de ejercer un "mayor control sobre las SICAV". Tanto en el acuerdo de las Cuentas de 2019 como en el pacto programático del nuevo Ejecutivo progresista, los dos partidos se muestran de acuerdo en otorgar a los órganos de inspección de la Agencia Tributaria "la competencia para declarar a efectos exclusivamente tributarios el incumplimiento de los requisitos establecidos para las SICAV en la normativa financiera".

También se recoge exactamente igual el establecimiento de "requisitos adicionales para la aplicación por las SICAV del tipo impositivo reducido tendentes a asegurar su carácter de instrumento de inversión colectiva, por ejemplo, estableciendo un tope de concentración de capital en manos de un mismo inversor (incluyendo la participación de personas físicas o jurídicas vinculadas)".

La regulación de las casas de apuestas se pactó también en los Presupuestos fallidos. Se trata de una iniciativa de la que Unidas Podemos siempre ha hecho bandera y que el PSOE ha defendido en los últimos meses con menos vehemencia. Pero ahora el programa pactado para el nuevo Ejecutivo contempla la aprobación de una "regulación de la publicidad de los juegos de azar y apuestas en línea", así como "medidas de información, gestión y limitación del consumo" de estos juegos.

En materia de Vivienda, la regulación para evitar las subidas abusivas de los alquileres es ahora más ambiciosa que la recogida en el acuerdo de Presupuestos de 2018, si bien sigue el mismo espíritu de entonces y establece que "se impulsarán las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado".

Otra de las medidas que ya se recogió en octubre de 2018 es la de la habilitación de "las comunidades autónomas y/o ayuntamientos para que a partir del Sistema Estatal de Índices de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda que está desarrollando el Ministerio de Fomento puedan establecer su índice de precios de acuerdo a una metodología objetiva y sujeto a revisión periódica".

Educación y eutanasia

La ley educativa que ahora se plantea en el documento conjunto para el nuevo Gobierno llegó a aprobarse por el Consejo de Ministros en febrero, pero decayó al llegar al Congreso de los Diputados dado que se produjo el adelanto electoral que puso fin a la XIII Legislatura. La universalización de la educación de 0 a 3 años que incorpora el texto presentado este lunes ya se pactó en los Presupuestos de 2018, pero no el fin de las ayudas públicas a los colegios que segreguen por sexos, como se establece en el texto acordado ahora.

El objetivo del 5% del PIB en Educación para 2025 ni se acerca al 7% que Pedro Sánchez había prometido otras veces, aunque en ese caso lo planteaba para un horizonte de ocho años y el incremento actual se propone, de forma progresiva, para los próximos seis años.

Entre los proyectos y proposiciones de ley que decayeron con la disolución de las Cortes y el adelanto de las elecciones se encontraban varios de los buques insignia del Gobierno socialista que ya habían iniciado su tramitación en el Congreso y que ahora vuelven a incorporarse en el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos.

Es el caso de la ley de Eutanasia. El documento presentado este lunes promete una respuesta "jurídica, sistemática, equilibrada y garantista a las demandas sostenidas de la sociedad actual en relación con el final de la vida". PSOE y Unidas Podemos acuerdan impulsar "una Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida" y una "Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia”" con servicios incluidos en el Sistema Nacional de Salud.

Esa ley, que tiene que contar con la mayoría parlamentaria, aparecía en los programas tanto de PSOE como de Unidas Podemos. "Nos comprometemos a aprobar la Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida que, entre otros aspectos, regulará el derecho a la eutanasia", se leía en los "35 compromisos" que presentaron los socialistas. En su programa, UP llevaba "las garantías necesarias para las personas que deciden poner fin a su vida".

El Estatuto del Artista y los derechos de autor

La eutanasia ocupó un lugar central durante la campaña del 28A por coincidir en el tiempo con el caso de María José Carrasco, pero en la del 10N el tema quedó más desdibujado. Durante la legislatura previa, pasó por el Congreso cuatro veces, la última tramitada por el PSOE pero bloqueada en la Mesa por el PP y Ciudadanos.

En materia cultural, las formaciones progresistas se comprometen a dar el empujón definitivo al Estatuto del Artista que lleva en barbecho un año desde que el Congreso de los Diputados aprobara sus 75 medidas en enero. Lo que garantiza este Real Decreto es cierta estabilidad laboral para un sector que ha estado abandonado por los distintos gobiernos ante penalizaciones y lagunas en derechos laborales que precarizaban aún más a los artistas. Así, aspiran a actualizar las protecciones "por desempleo" y "mejorar el reconocimiento de las enfermedades profesionales, los periodos de creación y formación, así como la transición profesional al final de las carreras artísticas".

Aunque uno de los grandes descuidados durante en los últimos años ha sido el sector editorial (empezando por los presupuestos), en esta materia solo anuncian un Pacto por la Lectura. Hace dos años se presentó un Plan de Fomento a la Lectura que buscaba captar un 40% más de lectores con una partida diez veces menor que la de cine y, por lo pronto, esto no cambiará en el nuevo pacto.

Por último, el texto confirma la creación de una Oficina de Derechos de Autoría que dependa directamente de la cartera de José Guirao. Esta medida generó recelos en la SGAE el pasado verano cuando el actual ministro en funciones reiteró a Pedro Sánchez su intención de doblar la vigilancia sobre la sociedad encabezada por Pilar Jurado, que ha desoído los mandamientos de Cultura durante todo el año.

La nueva institución servirá para mejorar y actualizar "la regulación de la propiedad intelectual", pero sobre todo para velar por el "buen funcionamiento" de las sociedades de derechos después del doble rechazo que recibió Cultura por parte de la Audiencia Nacional para intervenir la SGAE.

Las que quedaron pendientes

Otras de las iniciativas que también iniciaron su tramitación en el Parlamento pero que no fueron aprobadas son la derogación de la ley Mordaza, la de la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy –que finalmente se ha incorporado con unos objetivos más ambiciosos, como pedía Unidas Podemos– o la derogación del Artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que entró en vigor en el año 2015 de la mano del Gobierno de Rajoy que incluyó una serie de plazos para limitar a seis meses la investigación de causas penales y a 18 meses –prorrogables a otros 18– aquellos casos declarados complejos, que obtuvo un rechazo total por parte de la judicatura.

En el grupo de esas leyes que no se pudieron tramitar por completo en la XIII Legislatura y que ahora se propone retomar el nuevo Ejecutivo progresista están la de Cambio Climático, la de Universidades, normativas referidas a la diversidad y a la igualdad o la ampliación de la Ley de Memoria Histórica.

Con información de Antonio Muñoz Vélez, Belén RemachaDaniel Sánchez Caballero y Mónica Zas Marcos

Un acuerdo de 12 puntos -y apenas un folio de extensión- recoge la agenda del PNV a cambio del 'sí' de sus seis diputados a la investidura de Pedro Sánchez. El documento, en un lenguaje lo suficientemente medido y ambiguo como para dejar puertas abiertas, rescata la anhelada reivindicación de completar el Estatuto de 1979 -"proceder en 2020 a la negociación y traspaso a la Comunidad Autónoma Vasca de las competencias estatutarias pendientes"-. También allana el terreno para pactar una posible reforma del Estatuto vasco en la línea del preacuerdo de PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos. Todo dentro de un deseo más general de impulsar "a través del diálogo entre partidos e instituciones las reformas necesarias para adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las identidades territoriales". Un claro guiño a Catalunya. En tercer lugar, se hace una apuesta "urgente, firme y decidida por las infraestructuras correspondientes al Estado" en Euskadi. Básicamente, el Tren de Alta Velocidad, más conocido como la 'Y' en Euskadi (por su forma de unir las capitales vascas), cuyos retrasos han sido una constante. Un cuarto punto va dirigido a encauzar las discrepancias que puedan producirse en las relaciones en el ámbito fiscal o el financiero establecidas por el Concierto Económico. Cuestión básica para el autogobierno vasco, que ha costado grandes disgustos en otras épocas a ambos ejecutivos.

Más simbólico que trascendental es el apartado que busca la "representación internacional" de la cultura y el deporte vascos.

Estas son las claves del acuerdo para que el PNV de su sí a Pedro Sánchez:

1-La eterna cantinela de las transferencias pendientes

Es en el punto tercero del documento en el que se trata sobre "la negociación y traspaso al País Vasco de las competencias estatutarias pendientes". No se empieza de cero, puesto que el Gobierno vasco y el de Sánchez, antes de la doble cita electoral, cerraron un primer calendario que sólo contemplaba una excepción, la transferencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Aquel cronograma se empezó a desarrollar con la firma de la cesión de las autopistas de peaje, por ejemplo, pero quedó en un cajón en cuanto el Ejecutivo entró en funciones y la ministra responsable, Meritxell Batet, pasó a presidir el Congreso.

En aquel momento eran un total de 37 competencias las pactadas entre los Gobiernos central y vasco, incluida la de Prisiones (Catalunya ya la tiene, aunque la existencia de presos de ETA provoca recelos entre una parte de la sociedad). El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, tras firmar el acuerdo, ha valorado que este punto trata de "todas las competencias que están pendientes" en el Estatuto de Gernika, dando por hecho que se incluirá también la tradicional y conflictiva reivindicación de la Seguridad Social.

La transferencia de la Seguridad Social es una de las viejas aspiraciones del PNV. Pero sus deseos siempre han chocado con el mismo mensaje por parte de Madrid: la ‘caja única’ de la Seguridad Social seguirá como ahora, es decir, única e indivisible. Euskadi es una comunidad receptora y no donante y el déficit anual supera los 2.500 millones, con la presunción de que va a crecer durante los próximos ejercicios.

El acuerdo político entre PNV y PSOE deberá ser ahora gestionado por dos Gobiernos en los que se sientan o sentarán nacionalistas y socialistas por una parte y socialistas y Unidas Podemos por la otra parte. Además, hay un apéndice específico para acelerar el traspaso de las competencias de la Guardia Civil de Tráfico a la Policía Foral en Navarra. En el caso vasco, ya se hizo en 1982-1983 y ése deberá ser el espejo.

En esta misma línea, el acuerdo aboga por orillar la litigiosidad entre los Gobiernos central y vasco que presidió estas relaciones en la etapa de Mariano Rajoy y por apostar por la política y el diálogo para resolver conflictos competenciales. Uno de los puntos en los que hay compromiso de hablar es el decreto contra la denominada 'república digital catalana' y que, según la parte vasca, invadía materias autonómicas.

2- Sentimientos nacionales de pertenencia y la reforma del Estatuto

Aunque fuentes del PNV remarcan que el "contencioso" catalán deben abordarlo los partidos de Catalunya y el Gobierno central, los nacionalistas han incorporado a su acuerdo una apuesta por trabajar "las modificaciones legales necesarias a fin de encontrar una solución tanto al contencioso en Catalunya como en la negociación y acuerdo del nuevo Estatuto de la Comunidad Autónoma Vasca atendiendo a los sentimientos nacionales de pertenencia". 

El PNV no ha querido apuntar a lo más alto en este acuerdo (la reivindicación del derecho a decidir) porque , al fin y al cabo, se trataba de llegar a un pacto de mínimos para echar a andar. Y en ese sentido puede servir de paraguas al acuerdo trabado por PNV, Elkarrekin Podemos y PSE-EE para la reforma del Estatuto, que minimiza las referencias al derecho de autodeterminación. En el texto base acordado este asunto pasa a una disposición adicional y en ella hay tres formulaciones diferenciadas, dos a favor de una referencia genérica a favor del derecho a decidir (las de PNV y Elkarrekin Podemos, ésta con la coletilla de que sea "legal") y una contraria (la del PSE-EE). En cualquier caso, es sumamente improbable que la reforma llegue a algún puerto en lo que queda de legislatura vasca.

3-El Tren de Alta Velocidad que no termina de llegar

El PNV reclama a Sánchez hacerse cargo de los acuerdos que los nacionalistas arañaron al PP de Mariano Rajoy en los días previos a la moción de censura y el año anterior. Los diputados votarán 'sí' a cambio de "apostar de manera urgente" por las infraestructuras correspondientes al Estado en Euskadi, "especialmente por lo relativo al Tren de Alta Velocidad". En Euskadi, el proyecto se conoce como Y (por su forma) y unirá las tres capitales vascas. La previsión del Ejecutivo de Vitoria es que esté operativa en 2024 o 2025, pero todavía no está contemplado con exactitud cómo será la entrada del tren a las tres capitales vascas. Y lo que es más importante no hay ninguna previsión de tiempo para el ramal que debe unir Burgos con Vitoria, un asunto crucial para no dejar a la 'Y' como un tren solo para Euskadi.

4-La estrella fiscal de Euskadi que no deje de brillar

"Acordar previamente con EAJ-PNV las medidas fiscales que el Gobierno quiera proponer a las Cortes, así como encauzar las discrepancias que puedan producirse en las relaciones en el ámbito fiscal o el financiero establecidas por el Concierto Económico". Casi nada. El PNV intenta garantizarse con este formato otro superblindaje para el Concierto Económico y para las disposiciones fiscales de las diputaciones vascas. Los acuerdos con el Concierto han costado importantes disgustos a los sucesivos gobiernos vasco y central, al tratarse de una fórmula poco entendida más allá de Euskadi.

Cada cierto tiempo, salta al debate político nacional las supuestas bondades de la relación económica que tanto Navarra como el País Vasco mantienen con la Administración central. El Cupo, el Concierto económico, la presión fiscal, los mejores servicios... cientos de interrogantes que se basan en un régimen reconocido tanto en la Constitución como por las instituciones europeas.

5-La aspiración a convertirse en selección nacional

"Promover la representación internacional" del deporte y cultura vascos es la idea principal del punto undécimo del acuerdo, que aspira a la internacionalización de los equipos vascos en competiciones oficiales, una propuesta que carece de efectos prácticos inmediatos y que está sujeta a la aprobación de los comités de deporte internacionales y del resto de selecciones o equipos. Por el momento y desde que el Tribunal Constitucional lo aprobara en 2014, Euskadi compite con su propia selección en modalidades deportivas en las que España no tiene equipo propio, como la sokatira.

Más País ha confirmado que apoyará el acuerdo de Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos y que dará el 'sí' a la investidura del candidato, Pedro Sánchez. En declaraciones a Europa Press tras la reunión con los representantes del PSOE, Adriana Lastra y Rafael Simancas, la formación que dirige Íñigo Errejón ha explicado que el pacto entre fuerzas progresista "es una buena noticia para la ciudadanía española" y una "gran oportunidad histórica para el futuro de España".

El portavoz de Más País en el Congreso, Íñigo Errejón, ha declarado además que el acuerdo "guarda mucha sintonía con lo que creemos que son los retos de nuestro país en justicia social, en combate contra todas las formas de violencia y discriminación hacia la mujer y en transición ecológica". En esta misma línea, Errejón ha pedido a las fuerzas progresistas "no amedrentarse" ante "las derechas y las fuerzas reaccionarias que parecen entender que si el gobierno no les pertenece, no es legítimo".

Sin embargo, Más País cree que "hay una falta de concreción en algunos temas" del acuerdo de Gobierno de coalición, como "en la prestación por hijo a cargo". "La Ley por el cambio climático puede y debe ser más ambiciosa", ha añadido la formación, que asegura que "también puede ser más ambiciosa la estrategia de movilidad sostenible, con una apuesta firme por nuestra red ferroviaria".

Una falta de concreción que el líder de la formación también ha expresado en Twitter, a través de un mensaje en el que apunta que aún queda "todo por hacer" y ha afirmado la necesidad de "empujar" para "llevar más lejos" un acuerdo que define como una "oportunidad para la justicia social y la transición ecológica".

Justo después de que, en la tarde de este lunes, se hayan conocido los términos del acuerdo de España entre el PSOE y Unidas Podemos de cara a una próxima investidura, Juan Manuel Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía ha mostrado su preocupación "como andaluz y como español" ante la posibilidad de que "el futuro Gobierno de España otorgue privilegios a unos territorios por encima de otros y que haya desigualdad entre comunidades y entre españoles". Un mensaje que, sin duda, no es nuevo en la comunidad autónoma. Sin ir más lejos, a la anterior presidenta socialista, Susana Díaz, se le escuchó en más de una ocasión hablar de la necesaria igualdad de los territorios. Así, Moreno ha lanzado un mensaje al Gobierno central: "No toleraremos ningún tipo de discriminación hacia Andalucía", en referencia velada a los posibles acuerdos con partidos nacionalistas por parte del Ejecutivo en ciernes. 

Al hilo de esta reivindicación, Moreno ha desgranado las reclamaciones que lleva haciendo el Ejecutivo de PP y Cs al Gobierno central en los últimos meses y que han culminado con la acusación de "intervención" a la economía de la región por parte de Pedro Sánchez. Entre estas reclamaciones no han faltado "el mal sistema de financiación" que sufre la comunidad o el "pago completo de su deuda con Andalucía".

Mensajes para los partidos

El presidente de la Junta de Andalucía ha exhibido su modelo económico: "Cuando mañana se cierre este año 2019, la economía de Andalucía habrá crecido por encima de la media de España, invirtiendo la tendencia de los últimos cuatro años, y un punto por encima de la zona euro". Ha mencionado las exportaciones, la eliminación del impuesto de sucesiones, la inversión extranjera ("estamos haciendo atractiva la región"), ha lanzado un mensaje de tranquilidad ante el inminente Brexit y, por supuesto, ha mencionado la aprobación de los presupuestos para 2020 "con aportaciones de absolutamente todos los partidos" de la Cámara. 

En esta línea,  el también líder del PP andaluz ha tenido mensajes prácticamente para todos los partidos. Para Ciudadanos, a quien ha agradecido "la lealtad y el trabajo" como socio de Gobierno. Para el PSOE, cuando, sin mencionarlo explícitamente,  ha pedido que se abandonen los tiempos de la nostalgia, "los clientelismos, las conductas impropias y los ejercicios de soberbia", reproches que ya le hacían los populares en la oposición.

Y para Vox, su socio necesario en el Parlamento, iban dirigidas las palabras sobre violencia de género del discurso, capítulo en el que los de Abascal se muestran más beligerantes. "Estamos haciendo y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para luchar contra esta lacra. No vamos a dar ni a tolerar un solo paso atrás en la protección de las víctimas", a pesar de que en la aprobación de los dos presupuestos con la fuerza de extrema derecha hayan admitido algunas de sus medidas en este espacio, como la creación del teléfono de violencia intrafamiliar, lo que introduce en un documento oficial un término que diluye el concepto de violencia de género en otro más amplio.

El presidente ha querido salir al paso de las críticas a la gestión de la sanidad y la educación públicas asegurando que es una "prioridad elevar la calidad de la sanidad y de la educación públicas, así como atender las necesidades de los profesionales y usuarios" pese al "déficit" de partida que achaca a los gobiernos socialistas. Moreno ha presumido de un incremento de "1.300 millones de euros el presupuesto en Sanidad y Educación" pero ha reclamado "recursos" al Gobierno central para lograr los objetivos de mejora.

También ha tenido palabras para el cambio climático y las oportunidades que las energías renovables pueden ser para Andalucía, para la cultura y la celebración del quinto centenario de la circunnavegación de Magallanes y Elcano, para los 40 años de la autonomía andaluza que se celebran en este 2020 y para el mundo rural.

El pueblo más pequeño

De hecho, el mensaje se ha emitido, por Canal Sur, desde el municipio de Cumbres de Enmedio, en la Sierra de Huelva, el pueblo más pequeño de Andalucía. Un gesto que él mismo ha descrito como una muestra del "firme compromiso" del Gobierno de Andalucía "con la Andalucía rural" que "necesita una especial atención por parte de los poderes públicos".

María Reyes Páez (PSOE) ha señalado este mismo lunes que "no lo esperaba" cuando contactaron con ella para informarle sobre la elección para el mensaje institucional y ha remarcado que desde el principio "le encantó la idea". "Igual que existen los pueblos y las ciudades grandes, los pequeños también existimos", ha remarcado la alcaldesa, que ha ensalzado las bondades de su pueblo como "la belleza" de la calle principal o la amabilidad de sus gentes, entre otras.

Se ha mostrado convencida de que el hecho de que el mensaje de Moreno se emita desde Cumbres de Enmedio supone "toda una ventana" para el municipio, al tiempo que ha valorado que "se acuerde del pueblo más pequeño" de Andalucía. 

Mensaje de fin de año del Presidente de la Junta de Andalucía by El Diario Andalucia on Scribd

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha reiterado en su mensaje de fin de año su receta para resolver el conflicto catalán: referéndum y diálogo con el Gobierno central pese a los reiterados recordatorios del Ejecutivo de Pedro Sánchez de que la autodeterminación no cabe en la Constitución. Sin menciones directas a las negociaciones de investidura pero con mensajes para los partidos independentistas y el futuro Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, Torra ha sostenido que "no hay solución real para Catalunya que no implique reconocer el derecho de la autodeterminación y su ejercicio".

El president ha mostrado una disposición "absoluta" al diálogo, pero con sus propias condiciones. La primera: "Diálogo quiere decir contenidos concretos y compromiso de soluciones políticas y democráticas". En clave interna independentista, Torra ha pedido "recuperar el sentido de la unidad que hizo posible el 1-O" así como "no volver a caer en la trampa de engañarnos a nosotros mismos" porque, según ha argumentado, sin autodeterminación "no hay diálogo honesto sino tan solo una voluntad de tapar agujeros con parches caducos".

Y la segunda condición, que Torra ha lanzado a modo de advertencia al Ejecutivo central de cara a la futura negociación entre Gobierno y Generalitat que contempla el programa entre el PSOE y Unidas Podemos que este mismo lunes han rubricado Pedro Sánchez y Pablo Iglesias: "Diálogo quiere decir reconocimiento, y en este caso bilateralidad y respeto para los sujetos políticos con derechos y deberes". "Sin un compromiso para dar la palabra a la ciudadanía sobre el futuro político de Catalunya, no hay diálogo", ha apostillado. 

A criterio del president, en Catalunya no existe "un problema de banderas o de convivencia", sino "un problema de derechos, de bienestar, de progreso y de justicia que hace falta resolver pensando en las generaciones futuras y no en las próximas elecciones". La referencia a las urnas de Torra llega en un momento en que el adelanto electoral en Catalunya es una de las opciones que contemplan los partidos si la Junta Electoral Central decide este viernes forzar la salida del president de la Generalitat sin esperar a que el Supremo resuelva el recurso a la condena por no descolgar lazos amarillos. 

Además de rechazar cualquier adelanto electoral, Torra ha acusado al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de condenarle mediante "el uso de la justicia para hacer política". "La sentencia ya estaba escrita cuando empezó el proceso judicial. No quieren inhabilitarme a mi, quieren inhabilitar al president de Catalunya", ha dicho Torra. "Pero el Estado español tiene que saber -ha continuado el president- que a los presidents los nombra y cesa el Parlament, y no permitiré que ningún tribunal y menos una junta electoral suplante la soberanía de los catalanes".

Según Torra, 2019 ha servido para "constatar que solo la libertad y la soberanía completa nos permitirá alcanzar una sociedad justa y llena de oportunidades para todo el mundo". En consecuencia, a criterio del president 2020 debe ser "el año de la democracia reencontrada y de la democracia, el diálogo y los derechos humanos". Bajo una premisa: "Decirnos la verdad". 

Fin de las negociaciones entre el PSOE y ERC con acuerdo. La Ejecutiva de ERC ha convocado este lunes el Consejo Nacional para el jueves 2 de enero a las 17:00h. para tomar la decisión definitiva sobre la votación en la investidura. La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha rechazado concretar si el partido se abstendrá, si bien de lo que ha explicado en rueda de prensa se desprende que los republicanos facilitarán la investidura de Pedro Sánchez. Y es que Vilalta ha celebrado que ERC y el PSOE han acordado "una mesa de negociación" entre el Gobierno y la Generalitat, uno de los escollos que quedaban en la negociación.

ERC ha reunido en la tarde de este lunes su Ejecutiva tras conocer el informe de la Abogacía del Estado favorable a que Oriol Junqueras ejerza como eurodiputado hasta que se suspenda su inmunidad, un posicionamiento que los republicanos esperaban para definir su posición en la investidura. La reunión ha sido encabezada por el vicepresident de la Generalitat y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès; la portavoz y secretaria general adjunta, Marta Vilalta; el presidente del Consejo Nacional, Josep Maria Jové, y el portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, estos tres últimos son el equipo que ha negociado con el PSOE.

Tras el informe de la Abogacía, los acontecimientos se han acelerado en el Congreso y han redoblado la presión a los republicanos para clarificar definitivamente su voto en la investidura: al mediodía PSOE y PNV firmaban su acuerdo, EH-Bildu anunciaba que sometía su abstención en el debate de investidura al aval de sus bases.

Por la tarde Pedro Sánchez y Pablo Iglesias presentaban un programa de Gobierno de coalición de corte progresista. En el apartado territorial, el acuerdo entre socialistas y Unidas Podemos contempla la existencia de "procedimientos y órganos bilaterales" entre el Ejecutivo central y las comunidades autónomas, lo que daría cobertura a la mesa entre Generalitat y Gobierno que el PSOE ha negociado con ERC.

El nuevo gobierno de PSOE y Unidas Podemos ha reservado en su programa un apartado para las "políticas feministas", con esa denominación. Explicitan así la intención que los dirigentes de ambos partidos han reiterado en muchas ocasiones: comprometerse con políticas de igualdad. El apartado, el séptimo de los once totales, agrupa varios puntos de consenso entre las formaciones, algunas medidas ya en marcha y otras incluidas en los programas. Los temas estrella están dirigidos a "garantizar la seguridad, independencia y libertad de las mujeres" reforzando la lucha contra la violencia machista; a alcanzar la igualdad retributiva y laboral; a ampliar los permisos de maternidad y maternidad; y a lograr el fin de la trata.

Igualdad en el empleo, con plazos marcados

El documento menciona algunas medidas en materia de empleo y cuidados que ya están puestas en marcha, como la ampliación y equiparación de permisos de maternidad y paternidad, o la Ley de Igualdad Retributiva, que el Gobierno de Sánchez comenzó a implantar el pasado marzo pero de la que ahora se anuncian medidas con más profundidad. Una de ellas sería el aumento de las sanciones y la creación de una Oficina Estatal de lucha contra la discriminación, que dependería de la Inspección de Trabajo y que serviría para "supervisar" la igualdad. Actualmente no hay un organismo específico ni especializado que vigile el cumplimiento de los planes de igualdad, por ejemplo, o de los registros salariales que desde marzo las empresas están obligadas a tener para evitar la discriminación de sueldos.

Otro de los compromisos es el de garantizar el derecho a adaptar la jornada de trabajo para las personas que tengan hijas o hijos y que vuelvan de un permiso de crianza y hasta que los menores cumplan 12 años. El documento incluye una de las medidas que el PSOE llevaba en su programa electoral: una ley de usos del tiempo –a la que ahora añaden "y de racionalización de los horarios"– para conseguir la corresponsabilidad.

El pacto busca dar cumplimiento efectivo al apartado de la Ley de Igualdad de 2007 que hablaba de que los organismos y órganos públicos, pero también los consejos de administración de las empresas deben tener presencia equilibrada de mujeres y hombres. El documento marca incluso un plazo para que eso suceda: los próximos cuatros años, progresivamente. Y extiende esta obligación, aunque sin plazo, a los órganos de toma de decisiones sobre condiciones laborales, procesos electorales o convenios colectivos. Fuera de "políticas feministas", en el apartado del documento referido al empleo (el primero), está el compromiso de la plena integración en el Régimen General de la Seguridad Social de las empleadas del hogar, así como la ratificación del Convenio número 189 de 2011 que piden las trabajadoras.

Ampliación de la violencia machista y "sí es sí"

El documento se compromete a reforzar la lucha contra la violencia machista, que este 2019 ha dejado 55 asesinadas según los recuentos oficiales provisionales. Para ello, en primer lugar expresa la intención de incorporar en la legislación española lo dispuesto en el Convenio de Estambul, como ya preveía el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que firmaron todos los partidos en 2017 –antes de la entrada de Vox en el parlamento–. En la práctica, incluir lo estipulado en el Convenio implica ampliar el concepto de violencia machista a la que se ejerce fuera del ámbito de la pareja o expareja, a lo que la limita la actual ley de 2004. Esa es una medida que Podemos ha defendido desde su fundación.

Hay más: prometen que se tomarán como una "cuestión de Estado" la libertad y reparación de las víctimas y supervivientes. Y que desarrollarán las medidas necesarias "para que los procesos de denuncia y judiciales tengan perspectiva de género", también la designación urgente de abogados y procuradores de oficio. Anuncian un Plan Integral de Compensación, Reparación y Recuperación de la Autonomía para mujeres víctimas, impulsando sus posibilidades de independencia económica, y la protección de los menores, suspendiendo el régimen de visitas cuando el progenitor cumpla condena o se hayan dictado medidas cautelares contra él, también algo incluido en el Pacto de Estado.

En violencia sexual, blindan el "sí es sí", queriendo aprobar una Ley integral por la protección de la libertad sexual que reformaría el Código Penal para garantizar que la falta de consentimiento esté pensado, es decir, textualmente, "que, si una mujer no dice SÍ, todo lo demás es NO". Unidas Podemos y PSOE ya acordaron la anterior legislatura una ley en este sentido.

Erradicación de la trata

La trata con fines de explotación sexual tiene varios puntos dentro de "políticas feministas". La más importante, la aprobación de una Ley Integral contra la Trata de mujeres con fines de explotación sexual, "que incorpore medidas de prevención y persecución de estas redes criminales". A partir de ahí, elaborarán planes de formación en el tema para empleadas y empleados públicos y se estrechará la colaboración entre administraciones públicas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Servicios Sociales y otras instituciones. Perseguirán especialmente la pornografía que se realice ejerciendo la trata y explotación, sobre todo si expone a menores. También en cuanto a la pornografía, aseguran una "protección reforzada", con medidas más estrictas para limitar el acceso al visionado de niños y adolescentes.

Derecho al aborto y protección en las clínicas

El texto indica que se favorecerá el acceso a métodos anticonceptivos, anticoncepción de urgencia y al aborto a "todas las mujeres". Dicen que se hará en el marco de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2010, es decir, sin las modificaciones que hizo posteriormente el gobierno de Mariano Rajoy. Lo más relevante de esto es que sugiere que las chicas de 16 y 17 años recuperarían el derecho a la interrupción del embarazo sin consentimiento paterno, como era en esa primera versión de la Ley. En materia de derechos sexuales, también escriben que desarrollarán políticas activas de educación sexual especialmente dirigidas a jóvenes (el PSOE pretendía meterlo "en todas las etapas" en la nueva Ley de educación que no salió adelante con la convocatoria de elecciones) y se garantizará los tratamientos de reproducción asistida para todas las mujeres, también no heterosexuales o solas, algo en lo que ya se trabajó la anterior legislatura.

En esta parte se encuentra también plasmada la volundar de proporcionar "intimidad a las mujeres que acuden a clínicas de interrupción voluntaria del embarazo, su integridad física y moral, y su derecho a la libre circulación". Esto supondría crear una legislación con el objetivo de evitar el acoso a las chicas que acuden a abortar por parte de grupos antiaborto, presumiblemente con perímetros de seguridad en las clínicas que existen en otros países.

Vientres de alquiler

En el programa hay un "NO" rotundo a los "vientres de alquiler", "en coherencia con las recomendaciones del Parlamento Europeo", y la promesa de actuar "frente a las agencias que ofrecen esta práctica a sabiendas de que está prohibida en nuestro país". Los dos partidos se habían mostrado contrarios a la gestación subrogada este último tiempo, desde que Ciudadanos llevase el debate a la esfera pública.

La "tasa rosa" y la brecha en ciencias

Habrá una "fiscalidad con perspectiva de género", sin especificar cómo. Sobre impuestos, avanzan el fin de la "tasa rosa", es decir, de que haya productos más caros solo por considerarse para público "femenino". Se refieren también específicamente a la reducción del IVA en productos menstruales, incluida en los Presupuestos Generales que pactaron el año pasado, en el apartado de políticas fiscales. En otro punto, hablan del "cierre de la brecha de género" en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), con medidas que eviden la discriminacion por maternidad o que potencien las vocaciones de niñas y adolescentes.

Políticas LGTBI

En otro punto del documento, fuera de "políticas feministas", dentro de "nuevos derechos" y bajo el epígrafe "un país orgulloso de su diversidad", están las políticas LGTBI. Habrá una Ley para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, otra contra la Discriminación (que incluya la prohibición de las "terapias de conversión", que todavía se llevan a cabo en algunos obispados) y una Ley trans. Se resumen además en políticas para fomentar la inclusividad en el deporte, en la educación y en el empleo (con referencia aquí a la población gitana), fortalecer el marco legal de los delitos de odio, y la consolidación de un Pacto Social por el Sida, que se puso en marcha en noviembre de 2018.

COALICION PROGRESISTA_Políticas feministas by eldiario.es on Scribd

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han dado por hecho que España tendrá el "primer Gobierno de coalición" de la democracia tras rubricar el acuerdo programático que las organizaciones que dirigen han alcanzado este lunes. Los dos han destacado que servirá para que España tenga un "progreso" del que, a su juicio, le ha sido privado en los últimos años de poder del PP. "No vamos a rendirnos", ha dicho el candidato socialista que, en primer lugar, ha agradecido Iglesias y a Unidas Podemos "su generosidad y enorme dosis de responsabilidad en estos meses tan difíciles de la política española pero que han llevado a buen puerto". También Iglesias ha agradecido a los socialistas la "generosidad" para lograr el entendimiento y ha aprovechado para dejar claro que el futuro gobierno "va a convertir ese sí se puede" que entonaron, según él, los colectivos sociales "en políticas activas de gobierno".

Así se han pronunciado Sánchez e Iglesias en una sala del Congreso en la que han firmado el documento programático del gobierno de coalición en una comparecencia en la que no han admitido preguntas de los periodistas. El equipo del presidente en funciones ha impedido la entrada de los redactores y solo han facilitado el acceso a los reporteros gráficos y fotógrafos. 

Tras la rúbrica del documento, Iglesias ha sido el primero en hablar en una breve intervención en la que ha asegurado que la que queda atrás ha sido una "década pérdida" en términos de avances sociales, derechos, libertades así como para la crisis territorial "muy mal gestionada por la derecha". Pero también ha sido, según ha expresado, pero "una década de esperanza" con movimientos como el 15M, el feminista, el de protesta por las pensiones o las mareas. 

"Todos esos colectivos, en condiciones muy difíciles nos han venido a decir a las fuerzas políticas que se podían hacer las cosas de otra forma –ha proseguido–. Este Gobierno viene a convertir ese 'sí se puede en políticas activas de gobierno". Iglesias ha asegurado que la coalición podrá ser un "referente" internacional y una "vacuna" contra la extrema derecha. Además, ha considerado que será un éxito gracias a la "experiencia del PSOE con la frescura de Unidas Podemos".

A continuación ha tomado la palabra Sánchez, que se ha extendido más que su socio. "Si alguien tuviera que preguntar cuál es el tronco del programa conjunto sería sin dudarlo la idea de progreso. Este es un programa de una coalición progresista pensado para un país que lo tiene todo para ser mejor de lo que es hoy", ha afirmado. 

"Siempre he creído que en política no basta con estar, hay que actuar con lo que es posible aquí y ahora", ha proseguido el presidente en funciones que ha asegurado que el programa que han publicado "representa la voluntad conjunta de PSOE y Unidas Podemos no solo de ser gobierno sino de hacer gobierno": "Vamos a compartir políticas, propuestas, proyectos, ilusión por mejorar España, la vida de la gente, que es para lo que nos pagan y para lo que servimos en política".

"El reto es enorme, tenemos un país diverso en lo territorial e ideológico. Ambas certezas hacen compleja la gobernabilidad, pero en modo alguno la imposibilitan. Donde algunos ven bloqueo yo veo estímulo. No vamos a rendirnos en ese empeño", ha aseverado el candidato socialista, que está pendiente de que ERC le dé el 'sí' para que la investidura salga adelante. 

Al acto han asistido varios dirigentes socialistas, entre ellos Adriana Lastra, y María Jesús Montero, que ha pilotado las negociaciones del acuerdo programático con Pablo Echenique, miembros de la cúpula, también diputados y los hombres de confianza de Sánchez en Moncloa, y representantes del grupo confederal, entre ellos Alberto Garzón, Juantxo López Uralde y el propio Echenique. 

El documento pactado entre el PSOE y Unidas Podemos, que marcará la acción de Gobierno esta legislatura, incluye un par de medidas relacionadas con la memoria histórica. También un par de ausencias, entre ellas una destacada: no hay rastro de la disolución de la Fundación Franco que Pedro Sánchez prometió en directo en uno de los debates electorales. Sí que "prohibirán" la exaltación de la dictadura en público, pero esto no implica la ilegalización de la Fundación.

Después de la medida estrella del anterior Ejecutivo, que logró sacar a Francisco Franco del Valle de los Caídos el pasado octubre, al de coalición le quedan varias tareas pendientes con la memoria. Se lee en el texto que el Gobierno implementará un programa de exhumaciones de las víctimas del franquismo que continúan en fosas. Sin embargo, pese a que Patrimonio ya dio luz verde para comenzar las labores en el Valle, el texto no menciona explícitamente la basílica. Solo se refiere, específicamente, a "las víctimas que continúan en fosas comunes".

Otra de las medidas contempladas es que se retirará la simbología franquista de lugares públicos, como prevé la actual Ley, y prohibirán la exaltación de la dictadura y el dictador en público, y "estudiarán" vías legales para retirar condecoraciones a personas que cometieron actos criminales no juzgados, como podrían ser las medallas a Billy el Niño.

También se auditarán "los bienes expoliados por el franquismo para devolverlos a sus legítimos titulares", concretando la recuperación "inmediata" del Pazo de Meirás para patrimonio público, y dicen que declararán nulas las condenas dictadas durante la guerra o la dictadura por motivos políticos, ideológicos, de orientación sexual o de género.

Además, el Gobierno quiere instaurar dos días en honor de las víctimas. PSOE y Unidas Podemos quieren declarar el 31 de octubre día de recuerdo para todas las víctimas del franquismo, coincidiendo con la efeméride de la aprobación en las Cortes de la Constitución –el día de la Carta Magna se celebra el 6 de diciembre porque es el día que se aprobó en referéndum–. El 8 de mayo será, si la propuesta del pacto sale adelante, el día de las víctimas del exilio, y coincide con la fecha en que acabó la II Guerra Mundial.

En relación al exilio, el nuevo Ejecutivo reconocerá la nacionalidad española a las personas descendientes de progenitores españoles pero que nacieran en el extranjero "en cualquier momento". La medida no es exclusiva para los exiliados por la Guerra Civil, pero "a quienes perdieron la nacionalidad en el exilio (...) se les reconocerá con el fin de saldar esa deuda histórica".

Derogar la LOMCE, prohibir los conciertos educativos en colegios que segreguen por sexo, subir la inversión educativa y sanitaria, incluir el dentista en el catálogo, eliminar los copagos, mejorar las condiciones laborales de los profesores universitarios, regular la eutanasia, descongestionar las listas de espera de la Dependencia, avanzar hacia la generación del 100% de energía renovable o toda una sección dedicada al feminismo.

Como había anunciado, el futuro Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos dedica una buena parte de su pacto de Gobierno a lo social, casi la mitad del texto. Un total de cinco de los 11 puntos acordados tienen este cariz: Educación, Sanidad, cambio climático, feminismo y despoblación componen los apartados más sociales del documento que se va a presentar esta tarde.

Educación: fin de la LOMCE y de los conciertos que segregan por sexo

La derogación de la LOMCE va a llegar tarde. El futuro nuevo Ejecutivo se compromete en el pacto de Gobierno alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos a tumbar la conocida como ley Wert y sustituirla por una Ley Básica de Educación. Pero los plazos aprietan, derogar en el Congreso una ley orgánica como la LOMCE lleva tiempo y los cursos escolares empiezan a prepararse por marzo, mucho antes de empezar en septiembre. Las cuentas no salen.

Así, en el mejor de los casos la LOMCE habrá resistido casi siete años, pese a ser una ley que "nació muerta". El Ejecutivo también se compromete a eliminar una de las medidas más polémicas que trajo la ley y que el Tribunal Constitucional avaló: los conciertos educativos en centros que segregan a sus alumnos por sexo. En lo relativo a la escuela concertada, el pacto anuncia que "se asegurará que todos los centros privados concertados informan al alumnado de que las aportaciones son voluntarias y nunca condicionan la prestación del servicio educativo".

Todavía dentro de la etapa obligatoria, a la que se dedican 11 de los 17 puntos de la parte educativa, el acuerdo compromete al Gobierno a elevar hasta el 5% del PIB el gasto en Educación (actualmente en el 4,2%) en 2025 (ni rastro de objetivos cercanos al 7%, considerada la cifra mágica en Educación y que algún responsable socialista ha citado como la meta ideal). Por último, se anuncia "la universalización del acceso a la educación infantil 0-3 a través de una red pública de centros".

En Universidad, para los alumnos el Ejecutivo anuncia que revisará el sistema de becas, que el PP había modificado con rebaja en las cuantías incluida. Entre los objetivos del nuevo Gobierno en este aparatado estará que el dinero llegue antes de que empiece el curso, una queja recurrente de las asociaciones de alumnos. También se quiere promover una rebaja de las tasas, que llegaron a subir hasta el 300% según dónde, aunque esta ejecutar esta medida depende de las comunidades autónomas, el Gobierno solo puede modificar los márgenes en los que se moverán las autonomías.

Para los profesores, un vago anuncio de "avanzar en la reducción de la precariedad y progresiva estabilización", sin más concreción. A los docentes ya consolidados se les ofrece un estatuto docente, otra reivindicación histórica de los funcionarios universitarios. Para el personal de servicios no hay promesas.

El texto también contempla acuerdos en I+D+i. Se comprometen los dos partidos a aumentar la inversión pública y "avanzar" hacia los objetivos comunitarios, lo que supondría duplicar el gasto (no se especifica este objetivo en el acuerdo). También hay una propuesta para facilitar la contratación de personal investigador y aumentar las becas predoctorales y los contratos postdoctorales.

Sanidad y servicios sociales: hola al dentista e impulso a la dependencia

Una de las medidas más ambiciosas que recoge el pacto de gobierno es la introducción de la salud bucodental en el catálogo del Servicio Nacional de Salud. Dicho de otra manera, dentistas gratis. "Progresivamente", eso sí.

El nuevo Gobierno también pretende eliminar los copagos introducidos en 2012, sin otro plazo que la legislatura. Esta medida empezará por los pensionistas y los hogares en situación de mayor vulnerabilidad. Asimismo, el tercero de los 14 puntos dedicados a la Sanidad se refiere al "blindaje" del sistema público de salud, "apostando por una sanidad que se base en la gestión pública directa". En este sentido, el documento fija el 7% del PIB como objetivo de financiación para 2023. Los países europeos que más invierten superan el 8%. Como le sucede en ciertos apartados de educación, el Gobierno central tiene las competencias en Sanidad limitadas y depende en buena parte de lo que las comunidades autónomas quieran o no quieran hacer.

El acuerdo también se refiere a la dependencia. Dice el texto que "mejorarán" la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia para "reducir las listas de espera", poniéndose el objetivo del 75%. Actualmente, la media de espera para recibir una prestación o servicio es de un año y 4 meses, según hizo público este mes la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Además, este año el Sistema, que nació con la Ley de 2007, ha sufrido un retroceso grave: el número de personas que esperaban la valoración alcanzó en verano su récord desde 2012, y también aumentó la lista de personas calificadas como severas o graves que no contaban todavía con ayuda por primera vez desde 2015.

También prometen PSOE y UP que "se realizará un esfuerzo gradual para mejorar la financiación del nivel mínimo y se recupera el nivel acordado derogado por el Partido Popular", como piden las asociaciones, y de carácter "finalista", es decir, que no se pueda desviar. Actualmente, las autonomías aportan el 80% al Sistema y el Gobierno central el 20%, cuando la legislación dicta que debería de ser una inversión al 50%.

Regular la eutanasia

El documento también formaliza dos cuestiones de las que se viene hablando cierto tiempo y que incluso han llegado a entrar al Congreso: las apuestas online y la eutanasia.

Respecto a esta última, el texto promete una respuesta "jurídica, sistemática, equilibrada y garantista a las demandas sostenidas de la sociedad actual en relación con el final de la vida". Lo harán impulsando "una Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida" y una "Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia", con servicios incluidos en el Sistema Nacional de Salud.

Esa Ley, que tiene que contar con la mayoría parlamentaria, aparecía en los programas tanto de PSOE como de Unidas Podemos. La eutanasia ocupó un lugar central durante la campaña del 28A por coincidir en el tiempo con el caso de María José Carrasco, pero en la del 10N el tema quedó más desdibujado. Durante la legislatura previa, pasó por el Congreso cuatro veces, la última tramitada por el PSOE pero bloqueada en la Mesa por el PP y Ciudadanos.

En cuanto a los juegos de azar y la ludopatía, uno de los caballos de batalla recurrentes en Unidas Podemos, el nuevo Ejecutivo promete regular la publicidad de los juegos de azar y las apuestas en línea con una norma "similar a la del tabaco", que básicamente prohíbe los anuncios.

Cambio climático

El acuerdo le dedica todo un apartado en exclusiva, aunque no hay grandes anuncios en el texto. PSOE e Unidas Podemos anuncian su objetivo de alcanzar en 2050 una generación de electricidad con origen 100% renovable. También se anuncia un impulso a la compra de vehículos eléctricos, el fomento del autoconsumo y se establecerá "la retribución de la energía vertida a la red por las instalaciones de autoconsumo", que fija al mismo precio que el mercado mayorista de electricidad. Por último, el Ejecutivo se compromete a prohibir que se le corten los suministros a las familias que no paguen por no tener dinero.

El acuerdo presupuestario entre el PSOE y Unidas Podemos en materia de vivienda conocido este lunes recupera algunos elementos ya pactados en el pasado entre ambas formaciones que por algún motivo no se llegaron a llevar a la práctica. Entre ellos destaca que los socialistas se hayan vuelto a comprometer a limitar las subidas abusivas de precios del alquiler.

La opción de limitar precios ya se firmó en octubre de 2018, pero el Gobierno socialista se resistió a incluirlo en el decreto que varió la Ley de Arrendamientos Urbanos, lo que propició un primer rechazo del texto por parte de sus socios. Finalmente, el texto fue aprobado ante la inminencia de una nueva convocatoria electoral. Cuando se firmó el primer acuerdo la subida de los precios de los alquileres estaba en un momento álgido, mientras que ahora están moderándose o al menos subiendo con menos virulencia.

"Se impulsarán las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado" y "frenaremos las subidas abusivas del alquiler", afirma el texto del acuerdo que se presentará esta tarde en el Congreso de los Diputados.

Aseguran que los ayuntamientos que así lo consideren podrán declarar "de forma objetiva y fundamentada en criterios técnicos, con carácter temporal y excepcionalmente", una zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un "incremento abusivo y sostenido de las rentas de alquiler de vivienda habitual, que obstaculice a sus habitantes el acceso y el disfrute de una vivienda a un precio razonable, y, con ello, el ejercicio del derecho a una vivienda".

¿Y qué podrán hacer entonces los ayuntamientos tras esta declaración? Lo que dice el acuerdo es que tanto las corporaciones como las comunidades autónomas podrán "regular las subidas abusivas del precio del alquiler en las zonas previamente declaradas tensionadas y a la vez evitar posibles efectos de contracción de la oferta de vivienda en alquiler".

No se explica de qué manera se regularía, aunque la experiencia en lugares como Nueva York y Berlín apunta a la limitación de subidas en un porcentaje máximo entre contrato y contrato.

Lo que establece el decreto ahora mismo en vigor es la elaboración de unos índices de referencia para comunidades y ayuntamientos "a los efectos de diseñar sus propias políticas y programas públicos de vivienda". Con el acuerdo ahora presentado los socialistas parecen dispuestos a llegar más allá y usar esos índices para una regulación.

Estos índices de referencia están en proceso de elaboración por parte del Ministerio de Fomento y supondrán una estadística oficial de los precios del alquiler en España, hasta ahora al albur de los estudios que efectúan los portales inmobiliarios.

Impuesto a las socimis, medidas para viviendas vacías

Otras medidas también habían sido ya pactadas y nunca llegaron a aplicarse, aunque en este caso porque no hubo nuevos presupuestos. Se trata por ejemplo de la reforma del régimen jurídico y fiscal de las socimis, a las que se aplicará un tipo de gravamen del 15% sobre los beneficios no distribuidos

Estas sociedades de inversión inmobiliaria, que para los sindicatos de inquilinos explican en parte la subida desbocada de los precios de los alquileres al haber hecho de éstos su principal negocio, están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de Sociedades en las rentas obtenidas en su actividad principal (alquiler y renta de inmuebles) y tienen una fuerte bonificación (95%) en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

En cuanto a la aplicación de un tipo de gravamen del 15% sobre los beneficios no distribuidos por este tipo de entidades afectaría, en principio, al 20% de sus beneficios, aquellos que no se distribuyen (están obligadas a hacerlo con un 80%), según explicaban fuentes de la negociación del anterior acuerdo presupuestario a eldiario.es.

En cuanto a la vivienda vacía, se establecerá un marco legal que defina los conceptos de "vivienda vacía" y se estudiarán las "medidas más adecuadas: fiscales, sancionadoras, de aseguramiento o estímulo" para movilizarla "en un marco donde los grandes tenedores de vivienda colaboren con la administración competente para poner a disposición del mercado de alquiler la vivienda vacía a precio razonable".

El programa de gobierno de PSOE y Unidas Podemos que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias presentan este lunes en el Congreso de los Diputados promete recuperar los derechos laborales "arrebatados" por la reforma laboral que el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó nada más llegar al poder en 2012. "Derogaremos la reforma laboral", dice el documento, que especifica las seis medidas que se abordarán con "carácter urgente".

El documento, que no hace mención a la "derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012" que incluyera el frustrado acuerdo presupuestario que ambas formaciones pactaron en octubre de 2018, apuesta en primer lugar por eliminar "la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad" avalada en octubre por el Tribunal Constitucional y suprimir "las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo", haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo.

El documento también plantea derogar la prioridad de los convenios de empresa sobre los sectoriales que consagró la reforma de 2012; una modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores para "limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa"; limitar "la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa" y revisar el mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos, "orientándolo a descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves".

El acuerdo promete, en materia de contratación, "recuperar los derechos laborales en los procesos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, revisando las causas y el procedimiento, garantizando su reversibilidad y su carácter negociado"; y "explorar las opciones posibles para reducir la dualidad, favoreciendo el uso del contrato fijo discontinuo para actividades cíclicas y estacionales".

Asimismo, se plantea "reforzar el control de la contratación a tiempo parcial, en especial en lo relativo a la distribución irregular del tiempo de trabajo contratado", revisando la normativa para prevenir el "uso fraudulento" de esta figura "para garantizar efectivamente que las condiciones de trabajo y los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras a tiempo parcial son iguales a los de los contratados a tiempo completo".

Además, se plantea "revisar las causas del despido para hacer más precisa la definición de las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción"; una "revisión de los contratos formativos" y aprobación y desarrollo del Estatuto del Becario "para que su uso responda a finalidades exclusivamente formativas".

El documento confirma la anunciada subida del salario mínimo interprofesional (SMI) "hasta alcanzar progresivamente el 60% del salario medio en España tal y como recomienda la Carta Social Europea", aunque sin precisar fechas, y promete una mejora de las políticas activas de empleo y del sistema de desempleo.

PSOE y Unidas Podemos señalan "notorias disfunciones" en la "actual formulación" del Estado autonómico por lo que proponen su actualización. En ese apartado del programa de Gobierno que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias presentarán esta tarde y al que ha tenido acceso eldiario.es dedican dos líneas a la crisis territorial en Catalunya, que ha supuesto para los socialistas una importante negociación con ERC, que en los próximos días dará el visto bueno al acuerdo alcanzado con el PSOE. 

"Abordaremos el conflicto político catalán, impulsando la vía política a través del diálogo, la negociación y el acuerdo entre las partes que permita superar la situación actual", reza el documento programático. La definición de la situación en Catalunya como un "conflicto político" fue una de las condiciones de ERC para sentarse a negociar con el PSOE la investidura de Sánchez, que incorporó esa calificación al discurso de los socialistas desde entonces. 

Pero el capítulo dedicado al estado autonómico incorpora también la creación de un comité de expertos que aborde el autogobierno de las comunidades autónomas. "Impulsaremos la mejora y clarificación de la distribución competencial entre el Gobierno central y las comunidades autónomas para implementar un modelo de reparto más claro y preciso que perimetre las facultades competenciales concretas de cada entidad, y reduzca al máximo las competencias compartidas a fin de evitar la ambigüedad actual, que a menudo acaba teniendo que ser dirimida por los tribunales, provocando fricciones judiciales entre el Gobierno central y las comunidades autónomas". El fin de la judicialización de los conflictos territoriales ha sido también una de las máximas del PNV, con quien Sánchez ha rubricado el acuerdo esta mañana

"Resulta fundamental, de un lado, que las competencias del Gobierno central estén bien configuradas, de tal manera que ello permita la correcta coordinación de las políticas nacionales y el respecto a la igualdad de todos los españoles. De otro, que las comunidades autónomas dispongan de las capacidades necesarias para un autogobierno eficiente a la par que respetuoso con el interés general. Se creará un Comité de expertos que asistirá y dará soporte al Gobierno en esta medida", señala el texto. La promesa de un nuevo sistema de financiación autonómica también está reflejada en el acuerdo. 

Batalla contra la despoblación

La despoblación ocupa un apartado concreto del documento con el fin de dar un "apoyo decidido a la llamada España vaciada". Una de las medidas que señalan para luchar contra el reto demográfico –un asunto que aparece en varios epígrafes diferenciados– es "la desconcentración institucional del Estado" a través del traslado de diversas instituciones y organismos públicos –que no concreta– a "distintas ciudades": "Este proceso se hará en diálogo y consenso con las comunidades autónomas y ayuntamientos interesados". En el pasado el PSOE planteó llevar el Senado a Barcelona. 

Pero el grueso de esos compromisos –para los que Sánchez llegó a prometer en campaña un ministerio específico– se cobijan en el paraguas de una "Estrategia Nacional frente al reto demográfico, de lucha contra la despoblación, de conectividad y de apoyo a la población joven", que incluye desde medidas de avance digital en las zonas despobladas hasta la atención sanitaria a domicilio en lugares donde no haya centros de salud o el aumento de efectivos policiales que han disminuido en los últimos años. 

El fomento del emprendimiento en las zonas rurales es otro de los puntos en la lucha contra la despoblación a través de la "creación de oficinas" en al menos 20 comarcas rurales que requieran una intervención urgente. "Su función será acompañar a las personas o empresas que quieran instalarse en la zona, facilitándoles todos los contactos y la mediación en el proceso; impulsar “Espacios de Innovación Rural” así como el emprendimiento, formación y asistencia para la mujer en el medio rural, que faciliten su incorporación al mercado laboral, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, y su capacitación en la creación de empresas".

Fin de la 'mordaza' y listas cremalleras

El futuro Gobierno de coalición se compromete a derogar al 'ley mordaza' a través de una nueva legislación que "verá la luz a la mayor brevedad". "Estará basada en una concepción progresista de la seguridad ciudadana y priorizará la garantía de derechos y la protección de la ciudadanía, y en particular regulará, entre otros, el Derecho de reunión, la identificación y registro corporal, la identificación de los agentes, y la derogación del artículo 315.3 del Código Penal" (que castiga con penas de cárcel a los piquetes). 

Respecto al sistema electoral, se comprometen a eliminar el voto rogado que dificulta que los españoles en el extranjero ejerzan su derecho. Además, van un paso más allá en la paridad al establecer "listas cremallera en todos los procesos" electorales. "Se trabajará para conseguir un amplio consenso que permita modificar la fórmula electoral para mejorar la proporcionalidad del sistema", recoge el acuerdo. Sobre el derecho a voto a los menores de edad de 16 y 17 años –que fue una de las exigencias de Más País y que de una forma u otra PSOE y Unidas Podemos llevan en sus programas– el documento se limita a dejar ese debate en manos de la Comisión Constitucional del Congreso. 

PSOE y Unidas Podemos no plantean nuevos mecanismos para la elección de los órganos directivos de instituciones como el Consejo General del Poder Judicial sino que apuestan por "promover acuerdos parlamentarios de consenso que permitan la elección y renovación de los órganos constitucionales y organismos independientes, como en el caso del Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y el Consejo de Administración de Radiotelevisión Española". "Primaremos en la búsqueda de dichos acuerdos los principios de mérito, capacidad, igualdad, paridad de género y prestigio profesional", agrega. 

El acuerdo programático de PSOE y Unidas Podemos para un gobierno de coalición incluye una subida de impuestos para los más adinerados. Así, se elevará el IRPF dos puntos para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000. El tipo estatal sobre las rentas de capital se incrementará en 4 puntos porcentuales para rentas superiores a 140.000 euros. También se contempla una tributación mínima del 15% en el Impuesto de Sociedades de las grandes corporaciones, que se ampliaría hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos.

El texto, al que ha tenido acceso eldiario.es, se presentará esta tarde en el Congreso en una comparecencia conjunta y sin preguntas de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. El acuerdo habla asimismo de derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral y en materia de vivienda, se vuelve a hablar de una regulación de los precios del alquiler y zonas tensionadas. 

"Derogaremos la reforma laboral", dice el documento, que promete recuperar los derechos laborales "arrebatados" por esa norma sin incluir la coletilla de eliminar sus aspectos "más lesivos", como ha venido matizando el PSOE en los últimos meses. Así, con "carácter urgente", se eliminará "la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad" que avaló en octubre el Tribunal Constitucional;  así como "las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo", haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo.

El documento también plantea derogar la prioridad de los convenios de empresa sobre los sectoriales que consagró la reforma laboral de Mariano Rajoy; un modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores para "limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa": promete limitar "la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa" y revisar el mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos, "orientándolo a descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves".

Educación: derogar la LOMCE y eliminar los conciertos a centros que segreguen por sexo

El nuevo Gobierno se compromete en el acuerdo a derogar la LOMCE, una ley que “nació muerta”, pero lleva vigente desde 2013 y probablemente aún siga el curso que viene, dados los plazos que conlleva aprobar una ley orgánica y que el nuevo curso se empieza a preparar por marzo. El pacto, que prioriza la educación de alguna manera poniéndola como segundo punto, incluye 11 acuerdos para la educación básica y otros seis para la Universidad y promete subir la inversión en educación hasta el 5% del PIB (está en el 4,2%).

La nueva ley educativa eliminará los conciertos educativos a los centros que segreguen por sexo, una novedad que introdujo la LOMCE de Wert y que el Tribunal Constitucional validó. En relación a la concertada, también se asegura que se obligará a los colegios a informar a las familias de que las cuotas mensuales que pagan realmente son voluntarias. Además, se elimina la asignatura alternativa a Religión.

En cuanto a la universidad, el nuevo Ejecutivo revisará el sistema de becas, que durante la etapa del PP cayeron en cuantía, y promoverá una reducción de las tasas, que las comunidades autónomas han subido en los últimos años. Por último, hay una vaga mención a “reducir la precariedad del profesorado universitario”, una larga demanda del colectivo, pero especificar cómo.

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha vuelto a lanzar este lunes sospechas sobre la profesionalidad de la Abogacía del Estado al dar a entender que el informe hecho público hoy mismo por esa institución pidiendo que el líder de ERC, Oriol Junqueras, pueda ejercer como eurodiputado hasta que se suspenda su inmunidad –tal y como reclamó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea–, tiene que ver con la negociación de la investidura entre el PSOE y ERC. 

En rueda de prensa, Casado ha considerado que "hay que investigar y conocer toda la verdad sobre por qué la Abogacía del Estado ha resuelto a favor de las tesis de ERC". Dando por hecha esa injerencia, el presidente popular ha señalado que "Sánchez no ha respetado la independencia de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía porque "ha cumplido las expectativas de ERC". "La Abogacía del Estado está siendo muy condescendiente con la posición de parte de Oriol Junqueras", ha llegado a asegurar.

Por eso ha anunciado que "el PP pedirá la comparecencia de la ministra de Justicia, Dolores Delgado en las Cortes", así como el de la abogada general del Estado, Consuelo Castro, "para que expliquen por qué han decidido tomar esta decisión que reclamaba ERC". "Si viéramos que ha habido una filtración a ERC antes de que se hiciera público el informe, eso sería un delito de revelación de secretos", ha zanjado el líder del PP.

A su juicio, "es muy grave que en una negociación entre un preso y el Gobierno se ponga en la almoneda a la Abogacía del Estado" y no se puede "permitir una investidura que se está negociando en una cárcel". También ha querido dejar claro Casado que "en caso de que hubiera habido una filtración" por parte de la Abogacía sobre la decisión que iba a tomar sobre la inmunidad de Junqueras, el PP "no dudaría en acudir a la justicia". 

El líder del PP ha comparecido ante la prensa para hacer balance después de presidir la reunión del Comité de Dirección del partido, a la que han asistido también los consejos de dirección de los grupos parlamentarios en el Congreso y en el Senado. "Lo que ha sido este año podríamos decir que ha sido un gran vacío. Una estafa también porque no se ha cumplido nada de lo que decía Sánchez en la moción", ha proclamado, para añadir que España "va mal" y que se ha gobernado "en contra de España".

La investidura de Pedro Sánchez está cada vez más cerca. Los socialistas han pisado el acelerador en las últimas horas y, a la espera de que ERC ratifique en su Consell Nacional el acuerdo alcanzado con los socialistas, Sánchez y Pablo Iglesias presentarán este lunes a las 17 horas en el Congreso el documento programático en el que se basará la actuación del gobierno de coalición, según han confirmado a eldiario.es fuentes conocedoras de la decisión.

El plan del PSOE sigue siendo que la sesión de la investidura comience el 2 de enero, que la primera votación sea fallida al día siguiente –necesita mayoría absoluta para salir adelante– y que el Congreso le otorgue la confianza en una segunda votación 48 horas después –el 5 de enero– con mayoría simple (más síes que noes). Para ello  Ferraz tiene toda la maquinaria preparada. 

La intención de los socialistas era presentar el acuerdo programático con Unidas Podemos una vez que tuviera amarrada la abstención de ERC para que el resto de aliados necesarios para que la investidura salga adelante puedan justificar que apoyan también la investidura. La formación independentista aseguró este domingo que no reunirá al Consell Nacional antes de que acabe el año. No obstante, esta tarde se reúne a las 17 horas la Ejecutiva para analizar la situación de las negociaciones. Fuentes socialistas apuntan a que no sería un problema que el órgano directivo de ERC se reuniera a las puertas de la investidura. 

Lo que no pretenden Sánchez e Iglesias por ahora es dar a conocer la estructura del futuro Ejecutivo, del que sí se conocen algunos detalles: la vicepresidenta primera seguirá siendo Carmen Calvo y el líder de Podemos será el vicepresidente segundo, entre otros detalles. 

Sánchez ratificará, además, a las 13 horas de este lunes el acuerdo con el PNV en un acto en el Congreso junto a Andoni Ortuzar, que prevé hacer declaraciones ante los periodistas posteriormente. No es la intención del presidente en funciones. 

Al PSOE le faltan por cerrar algunos flecos con el resto de formaciones minoritarias para contar con su respaldo y sacar adelante la investidura. Desde esos grupos aseguran que se están intercambiando documentos, pero que aún no se ha cerrado formalmente ningún acuerdo concreto. 

créditos

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