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created: 22 mar 2015 21:42:28 UTC ~ updated: 12 dic 2019 20:45:44 UTC ~ rssv2 ~ TTL 10 min. ~ es

Más de 700.000 personas están llamadas a votar durante las próximas horas en las consultas que las principales organizaciones implicadas en el proceso de investidura han formulado a sus bases. PSOE y las formaciones que integran Unidas Podemos preguntan sobre el acuerdo que firmaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para un Gobierno de coalición. ERC busca el aval para tomar tomar la decisión de facilitar la gobernabilidad si los socialistas aceptan una mesa de negociación. Los equipos de las dos formaciones se reunirán la próxima semana para empezar a perfilar cómo abordar ese diálogo. 

Los 178.651 militantes socialistas –incluidos los del PSC y las Juventudes Socialistas– votan este sábado 'sí' o 'no' respecto al "acuerdo alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos para formar un Gobierno progresista de coalición". Los que se inscribieron para hacerlo online pueden hacerlo desde el viernes. La dirección socialista confía en que haya una amplia participación y que el respaldo al pacto sea abrumador, a pesar de que solo se conocen dos folios del preacuerdo y aún no están cerrados todos los apoyos para que salga adelante. 

Ferraz ha movilizado a los suyos a través de una campaña en las redes sociales pero también con debates en agrupaciones socialistas. La cúpula de Organización del partido, pilotada por José Luis Ábalos y Santos Cerdán, se reunió con los responsables territoriales para tomar el pulso a las federaciones sobre la necesaria abstención de ERC en la investidura y para planificar la campaña informativa de la consulta. 

El objetivo de la dirección de Sánchez es superar el apoyo respecto al único referendo similar que ha celebrado: el del acuerdo para la investidura fallida de 2016 con Ciudadanos. En aquel momento no era obligatorio para el líder socialista hacerlo y fue una forma de zafarse de la presión de los barones blindándose con las bases. A pesar de que recibió un respaldo del 79% de los afiliados, participó tan solo el 51,7% del censo. El Partido Socialista ha perdido 10.605 militantes desde entonces de acuerdo con los datos oficiales. Entonces estaban llamados a las urnas 189.256 personas y ahora, 178.651. El resultado de la votación se conocerá a última hora del sábado. 

Las organizaciones que conforman el grupo confederal también someten el preacuerdo al refrendo de sus bases estos días. Podemos, que es la formación principal, pregunta a los cerca de 520.000 inscritos desde las 10 horas del día 23 hasta las 10 horas del 26 de noviembre si están "de acuerdo en que participemos en un Gobierno de coalición en los términos del preacuerdo firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias". De ese medio millón de personas, el censo activo es de 228.400 usuarios (los que han participado en la plataforma en el último año).

En Podemos también dan por hecho que el respaldo será aplastante. La formación de Iglesias ha utilizado ese sistema en muchas más ocasiones siempre con un resultado favorable a la dirección. La última vez fue sobre la posición que debía mantener en la investidura de Sánchez cuando el socialista se abrió a incorporar a miembros de Unidas Podemos al Consejo de Ministros casi tres meses después de las elecciones del 28A y a través de los medios. Un 70% se posicionó en contra de apoyar un Gobierno en solitario del PSOE. 

Los comunes también someten a la valoración de sus 10.008 inscritos el preacuerdo entre Iglesias y Sánchez entre el día 21 y el 24 de noviembre. En el caso de Galicia, los datos se ofrecerán de manera territorializada a partir de los resultados de las consultas de IU y Podemos. Los 37.408 afiliados y simpatizantes que forman parte del censo de Izquierda Unida también votan estos días sobre su hipotética participación en el Ejecutivo. "En base al preacuerdo programático de 10 puntos y el último acuerdo de Presupuestos Generales del Estado, ¿estás de acuerdo con que miembros de Izquierda Unida participen en un gobierno de coalición entre Unidas Podemos y PSOE?", es la pregunta que tienen que responder los de la organización que lidera Alberto Garzón. 

La pregunta de ERC, una oportunidad para el PSOE

La otra pata fundamental para la investidura es ERC –aparte de los grupos minoritarios con los que el PSOE ya ha encarrilado las negociaciones– y también formulará una consulta a sus 9.500 militantes. La pretensión de la dirección es devolver la presión a los socialistas para que no den por hecho sus trece abstenciones si no hay una buena oferta. "¿Está de acuerdo con rechazar la investidura de Pedro Sánchez si previamente no hay un acuerdo para abordar el conflicto político con el Estado a través de una mesa de negociación?", es la pregunta que tendrán que responder los republicanos catalanes. Es una formulación que, como reconocían fuentes de Esquerra esta semana, necesita ser leída un par de veces para comprenderse. Pero con la que también esperan marcar de forma clara cuáles son los mínimos que están dispuestos a aceptar a cambio de pasar del 'no' a la abstención de sus 13 diputados, imprescindibles tal y como están las cosas para que Sánchez e Iglesias puedan formar su gobierno.

Los socialistas consideran mayoritariamente que la consulta de ERC allana el camino por los términos abiertos de la pregunta, que no incluye líneas rojas para el PSOE sino simplemente una mesa de negociación. Sánchez ya aceptó una mesa de partidos con representación estatal en las negociaciones con la Generalitat a las puertas de los Presupuestos Generales del Estado. PSOE y ERC se reunirán la semana que viene para avanzar en las conversaciones sobre la exigencia de los republicanos catalanes, ya que la cúpula socialista da por imposible que PP o Ciudadanos faciliten la investidura. 

Es la primera vez en más de una década que ERC consulta a sus bases una decisión política, más allá de las elecciones periódicas de sus órganos. La dirección comandada por Pere Aragonès no consultó la posición facilitadora de la moción de censura, ni tampoco tumbar los presupuestos pactados entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Ni siquiera se preguntó a la militancia por el apoyo gratuito que Gabriel Rufián ofreció a Sánchez durante el último debate de investidura, en julio pasado, cuando el partido estaba mucho más dividido que ahora.

La última vez que los afiliados a ERC votaron, en septiembre pasado la configuración de la dirección del partido, la participación fue de 5.195 personas. Una cifra récord que en la dirección imputan a las facilidades que ofrece el voto electrónico. Los militantes republicanos pueden responder preguntas de forma sencilla mediante una aplicación compatible con casi cualquier dispositivo.

Para el partido también es cómodo, desde el punto de vista técnico. Calculan que media hora después de cerrar la votación a las 20 horas de la tarde podrán ofrecer resultados. Con la consulta, además, acallan a un sector crítico que viene reclamando de forma recurrente más votaciones. Además, la votación no es vinculante y será finalmente el Consejo Nacional quien, una vez acabadas las negociaciones, valore si se cumplen o no sus demandas y se posiciones sobre el voto en la investidura. La última vez que los republicanos catalanes sometieron a sus bases una posición política fue en 2006 sobre el Estatut y ganó el 'no'. 

Marzo de 1998. Tres estudiantes de la Unión de Estudiantes Progresistas-Estudiantes de Izquierdas eran golpeados por ultras en la facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, con amenazas de muerte y al grito de "rojos de mierda". Terminaron en el hospital con contusiones en la cara, el cuerpo y el torso.

Noviembre de 2019. Uno de aquellos estudiantes agredidos, Pablo Iglesias, está a las puertas de convertirse en vicepresidente del Gobierno. Y uno de aquellos agresores, condenado por esos mismos hechos, Kiko Menéndez Monasterio, es asesor de Santiago Abascal, presidente de Vox, partido de extrema derecha que escaló en las últimas elecciones hasta los 52 escaños y se convirtió en la tercera fuerza más votada de España.

Iglesias regresó este jueves a la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, donde el 17 de marzo de 1998 fue golpeado por una veintena de ultras relacionados con la asociación Tornasol –vinculada a la Alianza por la Unidad Nacional, de Sáenz de Ynestrillas–, a dar una conferencia ante los estudiantes. El secretario general de Podemos recordó brevemente aquel episodio: "Hay muchas batallitas de la lucha antifascista. A Mario [López de Andújar] y a mí nos pegó un tipo, y 18 más, que ahora es la mano derecha de Abascal".

¿La excusa de aquella agresión? Les acusaban de haber retirado de las paredes carteles que honraban la vida y obra del dictador chileno, Augusto Pinochet, en vísperas de que se convirtiera en senador vitalicio en medio de una gran polémica por las causas abiertas contra él por los crímenes cometidos durante su dictadura.  

El ambiente en aquella facultad hace dos décadas era complicado: con una única asociación de izquierdas y nueve que abarcaban todos los grados desde la extrema derecha hasta la derecha. El propio Iglesias relataba el parte de lesiones que había sufrido su grupo en el programa Sucedió en Madrid, de Telemadrid, poco después de la agresión.

La mujer que toma el megáfono a partir del segundo 46 del siguiente vídeo es Amaya Olivas, hoy magistrada de lo Social en Madrid y asociada a Juezas y Jueces para la Democracia y al Grupo de Estudios de Política Criminal.

La primera respuesta a aquellas agresiones fue una manifestación, también recogida por Telemadrid, en su programa Madrid Directo, en el que se recopilaban diferentes testimonios de miembros de asociaciones estudiantiles, algunos autodefinidos como falangistas, y de los participantes de la marcha antifascista –el entrevistado al final del vídeo es Jorge Rochet, dirigente actual del PCE en Madrid–.

Pero la tensión duró en el tiempo. Un año después, en marzo de 1999, la revista Cambio 16 publicaba un reportaje de portada sobre "los fachas en la universidad", en el que entrevistaba a Iglesias y a los responsables de las juventudes de los partidos de la época, entre ellos el por entonces presidente de Nuevas Generaciones del PP y hoy presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; y José Manuel Caballero (Juventudes Socialistas), hoy presidente de la Diputación de Ciudad Real.

Aquel estudiante antifascista, que años después, en 2001, viviría en primera persona el asesinato de Carlo Giuliani en las protestas antiglobalización de Génova –cuyo recuerdo tuvo presente durante las negociaciones del verano pasado–, está ahora a las puertas de la vicepresidencia del Gobierno de España, si finalmente se produce la investidura. Desde el lugar de aquella agresión compromete la lucha contra el avance de la extrema derecha. Tanto en España, como en Europa, según prometió en su conferencia en la facultad de Derecho este jueves.

"España está viviendo un crecimiento de la extrema derecha sin precedentes", advertía Iglesias: "Allá donde los colectivos sociales dejan de contar con la protección de los Estados, crece la extrema derecha. Esto explica el surgimiento de la extrema derecha en Europa y la que representa Donald Trump. Pero en España la clave fundamental es la gestión política del conflicto catalán de la derecha tradicional, con la desaparición del PP en Catalunya".

La Constitución del 78 como "cinturón de seguridad"

Para Iglesias, la extrema derecha española, hoy por hoy, no es como la europea. "Vox es atlantista, monárquico, ultraliberal", señalaba ante los alumnos el jueves. "Pero poco a poco pueden aprender que se puede disputar el voto de la frustración, y que puede funcionar el discurso de la soberanía, oponer el penúltimo al último, generar una reacción ultraconservadora frente al feminismo. Y eso es enormemente peligroso".

Y, ante ese escenario, Iglesias se autoimpone tareas: "Creo que me toca asumir como alguien que a lo mejor está en el próximo Gobierno qué se puede hacer para conjurar los peligros de la extrema derecha. Qué estamos dispuestos a hacer. Creo que toca hacer algo que nos hubiera costado hace unos años. Nosotros queríamos una Constitución mejor, y ahora tenemos la sensación que la Constitución del 78, con todos sus defectos, contiene una serie de artículos que son el mejor cinturón de seguridad para defender a las mayorías sociales de la extrema derecha".

El giro político que se ha producido en los últimos años ha llevado a Podemos a posponer, cuando menos, uno de los proyectos que sirvieron para poner en marcha el partido hace casi seis años: un proceso constituyente. En 2016, el partido de Iglesias estuvo a punto de adelantar al PSOE en las urnas. En 2019, esa posibilidad se ha truncado. Además, el repunte de Vox, la crisis catalana y la posibilidad de una desaceleración económica terminan de cerrar, al menos de momento, la oportunidad de romper "el candado del 78", como se teorizaba en los orígenes de Podemos.

El líder de Unidas Podemos, como ya hizo en la campaña del 28A y el 10N,  –y como en su día hiciera Julio Anguita– reivindica artículos de la Constitución menos nombrados que el 155: "Algunos de nuestros padres y abuelos nos dejaron artículos que dan seguridad frente al miedo de la extrema derecha: que toda la riqueza estará supeditada al interés general, que el sistema fiscal tiene que ser distributivo, que las remuneraciones tienen que ser dignas, que la vivienda es un derecho, o que las pensiones se tienen que actualizar de manera regular. Un Gobierno progresista tiene que ofrecer seguridad en un contexto de desaceleración económica, pero esa seguridad no tiene que ver con los muros, sino con proteger salarios, pensiones, que la educación sea un derecho".

Iglesias hacía esta reflexión el mismo día que Silvio Berlusconi, eurodiputado y ex primer ministro italiano, usaba ese mismo miedo para ofrecer otra respuesta. Una que apuntó en el congreso del PP europeo, ante Pablo Casado y el resto de líderes populares: "Hay que tener un Ejército europeo común ante una posible invasión masiva de africanos".

Berlusconi decía eso 24 horas después de que el nuevo presidente del PPE y presidente del Consejo Europeo saliente, Donald Tusk, hiciera la siguiente reflexión: "El desafío más importante de nuestra familia política es, hoy, más que antes, el miedo, que juega un papel principal en la política. Aún mucha gente se preocupa por su seguridad más que por cualquier otra cosa. En momentos como la crisis migratoria y las olas terroristas, el miedo domina sobre cualquier emoción. 'Danos seguridad y certidumbre', es lo que llevo oyendo en Europa en los últimos años, y quien mejor responda a esa llamada, tendrá el apoyo del público".

Dos modelos de afrontar un mismo problema y que se dirimirá en los próximos años hacia el lado que logre acumular más fuerzas en el panorama europeo.

Las primeras cuentas municipales de PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento cuidan a sus principales distritos afines, los que más les votaron en las últimas municipales, con una inyección extra de financiación para 2020.  El cálculo sale de cruzar el escrutinio de las elecciones del 26 de mayo y las partidas de gasto en las cuentas públicas para el ejercicio 2020.

La correlación no se da en todos los distritos en los que PP y Ciudadanos tienen sus caladeros de votos, pero sí se evidencia en dos barrios del norte: Chamartín, el distrito más rico de Madrid, y Chamberí. Las zonas más agraciadas por las cuentas municipales –su presupuesto crece un 17,6% y un 16,3%, respectivamente– son el segundo y tercer barrio de la capital que más apoyó al PP el 26M con porcentajes superiores al 35%. Por delante solo está el distrito de Salamanca, que sin embargo rompe con la tendencia y solo crece en presupuesto un 1,3%. 

Ciudadanos registra un buen porcentaje de apoyo en estas zonas (más del 20%), pero no son los enclaves donde más papeletas cosechó en las municipales. La formación que dirigía Rivera despuntó en Barajas, con un 25,52% de los sufragios. Este distrito es el tercero más beneficiado por las nuevas inyecciones presupuestarias del Gobierno y está en la cabeza –solo por detrás de Vicálvaro y Villaverde– en gasto por habitante. Su financiación aumenta en un 15% y pasa de casi 13 a 15 millones de euros.

En estos tres distritos se da, sin embargo, una paradoja: tienen el presupuesto que más crece pero también el más bajo en valores absolutos. Los 14,7 millones de gasto previsto en Barajas; los 20,2 de Chamberí o los 21,3 de Chamartín están muy lejos de los casi 50 que destinados a  Carabanchel o los 61 de Villa de Vallecas.

Durante el Gobierno de Manuela Carmena los presupuestos de estos barrios que ahora mima la derecha fueron los que menos crecieron comparativamente, junto con el de Centro: un 7, un 5 y un 3%. 

Se trata de distritos con alto nivel socioeconómico. Chamartín tiene la renta per cápita más elevada de la capital (25.699 euros) y Chamberí está en tercera posición (22.499 euros), por detrás de Salamanca. Barajas se sitúa en el percentil alto también, pero no destaca tanto: registra unos ingresos por habitante de 17.641 euros. Los barrios más humildes de la ciudad –Puente de Vallecas y Usera– apenas alcanzan los 9.500 euros de media. 

En 2018, la anterior corporación recortó el presupuesto a todos los distritos respecto al ejercicio anterior, según el histórico que ha elaborado eldiario.es y que recoge la evolución de los gastos por distrito desde 2011. Las últimas cuentas, las de 2019, año electoral, intentó compensar la caída. 

Los presupuestos de los distritos sirven para pagar gastos corrientes de los barrios: como las zonas verdes, la limpieza y mantenimiento de los colegios y los centros deportivos, la luz y el agua, el personal, las escuelas infantiles y también el servicio de ayuda a domicilio, según el proyecto de las cuentas de 2020.

Puente de Vallecas, el distrito con más inversión

Aparte de estas cantidades, que evolucionan de un modo más o menos estable a lo largo de los ejercicios, están las inversiones para obras y proyectos puntuales recogidas en las cuentas de cada año y que recaen en los distritos. Por ejemplo, la construcción de una biblioteca o de un polideportivo. Las inversiones se plasman de forma separada en las cuentas y en 2020 van a beneficiar especialmente a los distritos de Puente de Vallecas (con 33,6 millones), a Vicálvaro (30,6), Centro (18,1) y Moncloa-Aravaca (16,1). En todos estos distritos, excepto en el último, los partidos de izquierdas ganaron en votos a los de derechas. Algunos de estos proyectos requieren de una larga tramitación y son heredados del anterior mandato.

Centro es un distrito particular. En 2020 recogerá una buen porción de inversiones pero es la zona cuyo presupuesto crece menos. No es una novedad: las cuentas del distrito entre 2015 y 2019, durante el mandato de Manuela Carmena, creció un 0% en el balance final (tras subir unos años y bajar otros). El distrito votó masivamente a la exalcaldesa de Madrid en las elecciones municipales. Más Madrid concentró el 49% de los votos. Ningún partido obtuvo un resultado así en ningún distrito madrileño. El PP, como contraparte, recogió un apoyo residual en las urnas que apenas llegó al 17%. Ciudadanos se quedó en el 13%.

Aquí, el presupuesto apenas escala un 0,21% hasta los 49,07 millones de euros. Hay que tener en cuenta, no obstante, que el distrito está en unos estándares altos de financiación. Es el tercero que más inversión en cifras absolutas recibe si lo comparamos con el resto, por detrás de Puente de Vallecas (con 61 millones de euros) y Latina (55,5). 

Usera, el más pobre y más castigado

Usera –el distrito con menos renta per cápita de la ciudad– y Arganzuela, están en  segunda y tercera posición por abajo, reprodujeron el apoyo a la formación de Errejón pero no en la misma medida: Más Madrid reunió un porcentaje de voto entre el 37% y el 39%. En Carabanchel, la cuarta por la cola en aumento de la inversión, este partido también fue el más votado (33%).

Usera es un distrito especialmente castigado: las inversiones puntuales para 2020 son escasas (6 millones de euros) y apenas recibe 300.000 euros más en los presupuestos para gasto corriente, pese a que es la zona más pobre de la capital según el INE. 

Esta mala situación, sin embargo, no se replica igual en otros distritos de bajo nivel socioeconómico. Si tomamos como referencia los valores absolutos, y no los porcentajes de aumento de presupuesto, la foto general evidencia que las zonas con menos renta per cápita –con votantes, por lo general, de izquierdas– se refuerzan con una media de entre cuatro y cinco millones de euros más.

El presupuesto de Villaverde crece en 4,9 millones, el de Puente de Vallecas aumenta 4,8, San Blas-Canillejas recibe 4,5 millones más respecto al año anterior Ciudad Lineal suma 4,4 millones más. En estos casos, aunque la inversión haya crecido en varios millones, el porcentaje se ve menos alterado porque el presupuesto total es mayor. 

Otra variable para medir cómo de atendidos están los vecinos de un barrio es la inversión media por habitante. Esta lista la encabeza Vicálvaro, Villaverde y Barajas.

Distintos tribunales llevan más de un lustro desentrañando tramas cruzadas de corrupción en la Comunidad de Madrid durante los casi veinte años en que el PP la gobernó y el primer expresidente, de la institución y del partido, está a punto de sentarse en el banquillo. Ignacio González está acusado de cobrar comisiones millonarias en el Canal de Isabel II. Su compañero de gabinete y enemigo en la batalla interna, Francisco Granados da nombre al sumario Púnica, que también indaga sobre contratos amañados. Y la jefa de ambos, Esperanza Aguirre, también está imputada por corrupción en la Audiencia Nacional. Todos están ya fuera de la política, igual que la última presidenta, Cristina Cifuentes, a la que se investiga por una adjudicación bajo sospecha durante su etapa como vicepresidenta de la Asamblea Regional. Lo que se va a juzgar es una era de mayorías absolutísimas del PP en Madrid y los desmanes que sus todopoderosos dirigentes cometieron desde las administraciones públicas. El más avanzado de los sumarios es el caso Lezo, donde todos los focos apuntan a Ignacio González.  

Un reparto de mordidas de 5,4 millones de dólares (aproximadamente cuatro millones de euros) en el Canal de Isabel II, la empresa pública de aguas, sitúa al borde del banquillo a Ignacio González. Considerado delfín de Esperanza Aguirre, del que fue 'número dos' en la Comunidad de Madrid y a la que sucedió en el cargo en 2012, es el primer presidente madrileño en ser procesado por un caso de corrupción. 

El pasado septiembre, la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de citar como imputadas a Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre cerró un ciclo de 15 años con todos los que fueron presidentes de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2018 implicados en diferentes sumarios.

En la causa por la que González enfila el banquillo se ha investigado un supuesto desfalco de entre 6,4 y 9,6 millones de euros en la compra por parte del Canal del 75% de la empresa brasileña Emissão a través de una sociedad paraguaya. La operación, que se supone que abría las puertas del Canal al mercado brasileño, se cerró por 31 millones de dólares, pero su valoración cayó al poco tiempo hasta los cinco millones. 

Cuando la compañía pública de aguas ejecutó esa compra, en noviembre de 2013, González era ya presidente de la Comunidad de Madrid. Había abandonado poco más de un año antes el puesto de máximo responsable del Canal que ocupó entre 2003 y 2012 al tiempo que era vicepresidente autonómico. 

Los investigadores atribuyen a González la labor de "supervisión" y "vigilancia" de un proceso "plagado de ilicitudes" y en el que cinco de los investigados se pusieron de acuerdo para que el Canal pagara por Emissão un "sobreprecio indebido" con cargo al cual pudieran repartirse comisiones ilegales. Las mordidas habrían alcanzado los 5,4 millones de dólares, de los que González se habría quedado con 1,8 millones. 

El citado auto detalla cómo el expresidente regional se habría encargado de fijar la cuantía de esas comisiones "siendo la suya el doble que las de los demás". Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado testaferro de González y entonces presidente de Inassa, sociedad pública que participó en la operación; el exdelegado del Gobierno en Ceuta, Luis Vicente Moro, también persona de confianza de González y los exgerentes de filiales del Canal que participaron en el supuesto concierto Diego García Arias y Ramón Navarro habrían cobrado 900.000 dólares cada uno. 

González hizo carrera política a la sombra de Aguirre, con la que se inició en la vida pública en 1996 en el cargo de subsecretario de Educación cuando ella ocupaba esa cartera en el Gobierno de José María Aznar. Más de dos décadas después ambos comparten imputación en otro caso de corrupción, la trama Púnica. Los investigadores le atribuyen un papel decisivo en la maquinaria supuestamente puesta en marcha bajo el mandato de Aguirre (2003-2012) para desviar el dinero de los madrileños hacia las cuentas del partido.

El sumario de ese caso lo sitúa en una reunión que se considera clave en el sistema de financiación irregular del PP madrileño y en la que también habrían estado presentes la propia Aguirre y su otro gran colaborador, Francisco Granados, con el que González mantiene una enemistad de años.

En sus declaraciones en sede judicial, tanto Aguirre como González descargaron toda la responsabilidad sobre los asuntos de carácter económico en el que fuera gerente del PP regional Beltrán Gutiérrez y negaron la existencia de una caja b en la formación. Y eso a pesar de las altas responsabilidades que ocuparon en los años en los que estuvieron en la primera línea política en la Comunidad de Madrid. 

El horizonte judicial de González tiene más hitos además de su supuesta implicación en la financiación irregular del PP o la "fraudulenta" compra de Emissão. El juez García Castellón también investiga la mordida de 1,4 millones de euros que OHL le quería pagar por la adjudicación de una obra férrea en la Comunidad de Madrid. González nunca llegó a recibir ese dinero porque Adrián de la Joya, el empresario que puso a disposición de la constructora una de sus cuentas en Suiza para realizar la operación, se quedó con él tal y como declaró en sede judicial. 

Además, el expresidente regional tiene abierta otra investigación por su relación con un ático de lujo en Estepona (Málaga). Concluida la instrucción, el juez tiene que decidir ahora si lo procesa o archiva la causa, abierta en 2012, para dilucidar si compró ese inmueble con todas las de la ley o se trata de un soborno en especie. Este fue precisamente el caso que forzó su abandono de la vida pública en 2015, dos años antes de estallara la causa que lo ha situado ahora al borde del banquillo. 

Los resultados del 10N no solo fortalecen a Vox en el Congreso. El partido de Santiago Abascal ha salido reforzado en las autonomías en las que ha promovido gobiernos de derechas. En comparación con el 28A, en Andalucía han duplicado su representación pasando de seis a doce diputados en la Cámara Baja y en Murcia y Madrid han conseguido dos escaños más en cada una de las circunscripciones.

En estas comunidades han conseguido imponer su discurso tensando la relación con PP y Ciudadanos a cambio de sustentar sin grandes amenazas los ejecutivos autonómicos de derechas. Tras los resultados de las elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo, Vox optó por adoptar una postura rupturista con sus aliados políticos llegando a asegurar que pediría entrar en los gobiernos como condición para dar su apoyo.

En el Ayuntamiento de Madrid estiraron la cuerda hasta horas antes de la proclamación de José Luis Martínez Almeida como alcalde. En Murcia llegaron a tumbar el primer intento de investidura del popular Fernando López Miras. Finalmente, la contundencia de sus alegatos fue reduciéndose y favorecieron ejecutivos de derechas en las grandes instituciones en las que eran decisivos.

Por ejemplo, en Murcia el líder del PP consiguió ser proclamado presidente a finales de julio, tres semanas después del primer intento, a cambio de introducir términos como "violencia intrafamiliar" o el derecho de los padres a elegir "el tipo de educación moral que reciban sus hijos" en el acuerdo ratificado por las tres derechas.

Sin embargo, los de Abascal abandonaban de forma puntual una de sus batallas: su lucha contra los derechos del colectivo LGTBI. Vox renunciaba a revisar la Ley LGTBI murciana para votar a favor de la investidura y daba su apoyo a un Gobierno que actualmente tiene una Consejería que cuenta con esas siglas en su nombre.

La experiencia andaluza ha servido para conocer cómo influye la extrema derecha en los gobiernos afines. Desde diciembre tienen representación y en esta comunidad ya se han aprobado dos presupuestos gracias a los votos de los de Abascal. Durante la negociación en junio de las primeras cuentas, que coincidió con las conversaciones para formar gobierno en Madrid y Murcia, Vox puso en peligro su aprobación hasta el último momento.

Dejó agonizar el presupuesto andaluz

La formación de extrema derecha llegó a registrar una enmienda a la totalidad con propuesta de devolución contra los presupuestos que retiraron desde la tribuna en el último momento, tras llegar a un acuerdo después de cuatro horas de pleno. Vox daba su apoyo a cambio de incluir medidas sobre "violencia intrafamiliar" e "inmigración irregular".

En las segundas cuentas, la formación de Abascal continuó abriendo brecha a su discurso y ha conseguido introducir en el acuerdo pactado con PP y Ciudadanos para los presupuestos del 2020 definitivamente partidas presupuestarias para desarrollar sus propuestas ideológicas.

Cesiones económicas para sus propuestas ideológicas

Lograron 300.000 euros "para la gestión del teléfono para la protección de violencia intrafamiliar" o un "proyecto de inversión por importe de 150.000 euros" para "seguir reforzando la seguridad de los menores atendidos e los centros MENAs". A pesar de que las cifras no establecen esa necesidad, PP y Ciudadanos se plegaron a las peticiones de Vox para imponer su discurso a cambio de sus votos.

El índice de delincuencia asociado a los menores migrantes tutelados en Andalucía es del 0,54%, según datos anunciados por la propia Junta de Andalucía. Esta misma semana, el fiscal de Sala Coordinador de Menores, Javier Huete, también desmontaba la relación entre violencia y niños y adolescentes extranjeros. "Yo no detecto, en las memorias de las fiscalías que son los datos que puedo utilizar, que haya un aumento ni que cometan más delincuencia que los nacionales", apuntó en declaraciones a los periodistas tras intervenir en el IV Congreso Interés Superior del Niño.

Arrastró a la derecha durante la campaña

Tras su irrupción en las instituciones, uno de los grandes éxitos de la estrategia del partido de extrema derecha ha sido la imposición de su discurso, a pesar de la radicalidad de sus mensajes xenófobos y contra minorías. Esta semana han conseguido volver a centrar la atención mediática con su discurso negacionista con la violencia de género, impidiendo en varias instituciones, como las Cortes Valencianas, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, o el Consistorio de Córdoba declaraciones institucionales contra esta lacra.

Durante la campaña electoral del 10N volvieron a imponer su agenda, arrastrando a PP y Ciudadanos que votaron a favor de una Proposición No de Ley (PNL) –una medida que no es vinculante– en la Asamblea de Madrid en la que pedían al Gobierno central que ilegalizase los "partidos separatistas que atenten contra la unidad de España".

Días después y ya pasadas las elecciones, la formación del dimitido Albert Rivera y de Pablo Casado cambiaban de postura ante el mismo texto en el Parlamento cántabro y se desmarcaban de esta iniciativa, al considerar que era "un atropello al Estado de Derecho". Esta retractación le permitía a Vox reafirmarse en su decisión y calificar a sus socios en Murcia, Andalucía y Madrid de "veletas". "El consenso progre gira por complejos y electoralismo", apuntaban desde su cuenta de Twitter.

De esta forma, Vox mantiene su discurso contra PP y Ciudadanos, pero las críticas por ahora no ponen en peligro la continuidad de estos gobiernos. En Madrid, los enfrentamientos entre la portavoz del partido de extrema derecha, Rocío Monasterio, y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, suelen protagonizar los plenos en la Asamblea. Durante la exhumación de Franco, la presidenta de Vox Madrid acusó al Gobierno regional de convertirse en "cooperadores necesarios" de esta actuación "por inacción, por cobardía o por pasividad" siendo aliados de la izquierda. 

Sin embargo, cuando han tenido la oportunidad de apretar un poco más a la presidenta autonómica, han desistido. Al día siguiente de las elecciones del 10N, Vox se abstenía en la votación de la Mesa del parlamento madrileño que pedía la comparecencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid en la Comisión de investigación de Avalmadrid. Se evitaba también la comparecencia del resto de expresidentes regionales: solo acudirán directores generales, así como trabajadores y altos cargos de la entidad inspeccionada.

No apoyan la declaración de Ayuso por Avalmadrid

Desde Vox no han querido explicar a eldiario.es su cambio de postura después de que permitiesen que la izquierda representada por PSOE y Más Madrid se hiciera con la mayoría en la mesa de la comisión. Monasterio solo se limitó a destacar que era "coherente". Pero llama la atención este posicionamiento porque uno de los objetivos políticos de Vox, dicen, se centra en desmantelar los chiringuitos que dilapidan subvenciones y, como publicó esta redacción, el socio principal de Avalmadrid es el dinero público: más de 16 millones anuales que suponen más de un 30% del total suscrito.

Por su parte, en Andalucía, se han tratado de desmarcar de forma más contundente de Ciudadanos, aunque con afirmaciones de las que se han ido retractando. La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha estado en el disparadero de sus críticas. Tras tomar posesión de su cargo, el propio Santiago Abascal llegó a asegurar que si no era cesada ellos pedirían "su reprobación" en el Parlamento, después de que se recuperase un artículo publicado por Ruiz en 2013 en el que aseguraba que "las procesiones de Semana Santa son desfiles de vanidad y rancio populismo cultural".

La reprobación no se produjo, la consejera pidió disculpas y la contundencia de Abascal desapareció. En septiembre, el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, volvió a la carga solicitando un "recambio más pronto que tarde" al frente de la Consejería de Igualdad asegurando que probablemente esta política era "lo peor" del Gobierno andaluz. Un día de después matizaba sus palabras asegurando que no pedía su reemplazo, sino que sus palabras se trataban de "una percepción y no una petición".

En Murcia el futuro determinará si su ratificación el 10N como primera fuerza en esa autonomía modifica sus exigencias. Por ahora Abascal aseguró este lunes que no iban a "subir el precio" de su apoyo o poner el "riesgo de la gobernabilidad" en esos territorios, a pesar de que el partido de extrema derecha lleva varias semanas reivindicando que el Gobierno de López Miras ha desoído varios puntos del acuerdo.

Por ejemplo, denuncian que el aumento de altos cargos en el Ejecutivo murciano o la negativa de Ciudadanos a apoyar el pin parental –una medida que permite a los padres decidir la asistencia de sus hijos a charlas relacionadas con contenidos éticos, sociales, cívicos morales o sexuales– viola su pacto de investidura.

Próximo objetivo: los presupuestos murcianos

Tras el 10N el portavoz parlamentario autonómico, Juan José Liarte, se limitaba a asegurar que "tarde o temprano" habrá "consecuencias" por incrementar el número de altos cargos. Uno de los nuevos diputados murcianos Luis Gestoso ya ponía la vista en las cuentas autonómicas. "No vamos a aprobar los presupuestos del presidente López Miras si no se aplican las medidas acordadas en el pacto de investidura, como el pin parental", aseguró después de conocer el resultado de las elecciones.

En diciembre se cumplirá un año desde que Vox consiguió representación en Andalucía. Durante estos meses han conseguido imponer su discurso en los medios y en las instituciones que tienen representación. Uno de los últimos casos se produjo la semana pasada, el Ejecutivo de Moreno Bonilla borraba el término "género" de su congreso anual sobre economía para la igualdad entre mujeres y hombres.

En el Ayuntamiento de Madrid, el Gobierno de PP y Ciudadanos también anunciaban un guiño al partido de extrema derecha en su proyecto de presupuestos del 2020. Se comprometía a la desaparición del 30% de las subvenciones nominativas, aquellas que se otorgan a determinadas entidades sin concurso previo. La extrema derecha celebra su irrupción vanagloriándose de haber abierto "todos los debates prohibidos", en alusión a temas como la inmigración o la violencia de género, populares y Ciudadanos se lo han permitido a cambio del apoyo de Vox para gobernar. 

Mondi Omori, de 23 años, apenas mira a los ojos cuando habla. Se frota la frente con los dedos y después los hombros, haciendo como si tiritara, pero no de frío, cuenta, sino por las heridas de la tortura que sufrió en los centros de detención libios: "Lo destrozaron todo. Destrozaron mi cuerpo, todo está roto". El joven tuvo que huir de Nigeria cuando el terrorismo de Boko Haram mató a toda su familia hace cerca de dos años, relata. Ahora se encuentra a salvo en el Aita Mari, el barco de rescate que el jueves auxilió a 78 migrantes a la deriva en el Mediterráneo Central.

Llegaron descalzos y haciendo el símbolo de la victoria. A muchos les hicieron quitarse los zapatos antes de entrar en la lancha de goma para evitar pincharla. Los que los pudieron mantener los acabaron utilizando para achicar el agua que ya comenzaba a entrar en la patera. El grupo de migrantes salió el miércoles por la noche de Garabulli, en la costa de Libia, con la única indicación por parte los traficantes de navegar "siguiendo la dirección de la luna", cuenta Emeka Umeronye, también nigeriano.

Hacía tiempo que habían perdido el rumbo y el motor de la embarcación se había roto. Antes de ver el barco de rescate de la ONG Salvamento Marítimo Humanitario (SMH), continúa Umeronye, nadie supo qué hacer más que rezar. "Sabemos que podemos morir, pero hemos sufrido tanto que… lo que tenga que pasar", explica. Umeronye tiene 37 años aunque aparenta muchos más, y habla español con cierta soltura. Acumula una larga historia de fronteras y migraciones: en 2001 consiguió saltar la valla de Melilla y trabajó en Mallorca durante varios años. Quiso regresar a Nigeria para ver a su familia, y una enfermedad inesperada le hizo tener que quedarse más de lo previsto, explica. Su documentación caducó y viéndose arruinado decidió volver a emprender camino.

"Con mis ojos he visto muchas cosas", cuenta en la popa del Aita Mari. Como muchos, cruzó Libia en pick up "que no miraba atrás", un viaje sin descanso lleno de cadáveres en la carretera. Los traficantes no paran cuando alguien cae. Al hablar de su llegada a Trípoli, a su prometida, que es de Camerún y no quiere dar su nombre, se le llenan los ojos de lágrimas. Estuvo tres meses encerrada en una habitación donde cada cierto tiempo varios hombres la violaban. Quedó embaraza y la violencia le provocó un aborto. En el hospital, una mujer nigeriana la ayudó a escapar.

"Los derechos de las mujeres en Libia son un desastre", continúa Umeronye. Entre las personas rescatadas había seis mujeres. Varias han hecho el viaje con sus parejas y una de ellas, que llegó en peor estado de salud y muy asustada, está embarazada de unos seis o siete meses. Libia es un infierno para ellas, donde también mujeres y niños son sistemáticamente encerrados en cárceles, acusados de inmigración irregular y a la espera de un juicio que nunca llega y sobre el que no tienen ninguna garantía, explica Mohamed Shaw, de Sierra Leona.

A sus 22 años, Shaw lleva dos migrando: de Sierra Leona a Guinea Conakri, de ahí al desierto de Mali, de Bamako a Burkina Faso, después Níger y finalmente Libia. Vendió el coche con el que trabajaba de conductor de taxi para poder asumir los cerca de 3.500 dólares que ha tenido que pagar a las mafias. Unos 700 fueron a parar a los traficantes que le pusieron en una lancha en el mar en Libia. "Ni a mi peor enemigo le desearía que hiciera mi mismo viaje", explica. "Todos los que venimos a Libia nos arrepentimos. Ese país no es seguro para la gente negra, si ven por la calle a un negro le arrestan", añade. 

En una de esos centros donde son encerrados pasó hasta siete meses. Finalmente pidió a la OIM, la Organización Internacional de las Migraciones, que le deportaran a Sierra Leona. Pero la lentitud de los trámites le hizo cambiar de opinión y lanzarse al mar: "Prefieres venir y morir en esta agua".

Aumento de pateras en el Mediterráneo Central

Al caer la tarde el Aita Mari dio por finalizada su misión y puso rumbo norte. El mar ha dado una tregua después de días de temporal, y las últimas jornadas han sido un no parar. Después de esa primera operación el jueves comenzó la búsqueda de una segunda embarcación en la que viajaban cerca de 90 personas y que llevaba horas a la deriva. Pese a que se trató de localizar en coordinación con el Open Arms, no se pudo dar con la patera. Por la noche, tras un nuevo aviso, el Aita Mari cambió de rumbo hacia un tercer objetivo, que habría sido finalmente rescatado por las autoridades maltesas: a bordo viajaban 45 personas.

Por último, en la tarde del viernes se informó de otra embarcación en peligro en el Mediterráneo Central. Tras la falta de respuesta de las autoridades y centros de coordinación del área, el Aita Mari se ha dirigido a la zona. Sin embargo, cuando comenzaban las maniobras para lanzar las lanchas de rescate al agua, tras cuatro horas de silencio, la Guardia Costera libia se ha puesto en contacto con el capitán. A través de un mensaje de WhatsApp ha pedido al barco de salvamento que se retire y ha rechazado coordinarse para las labores búsqueda y rescate, alegando que serían ellos quienes llevasen a cabo el operativo.

"Es llamativo que con tantas embarcaciones en el mar no se haya lanzado ni un solo aviso a navegantes. Libia no ha emitido ni una sola advertencia, y eso que se atribuye la responsabilidad en esa zona", apunta en el puente de mandos del barco Íñigo Mijangos, presidente de la ONG armadora del Aita Mari.

Cuando se detecta una embarcación en peligro el Derecho Internacional indica que auxiliarla es una obligación, y los Centros de Coordinación marítima de los países deben extender un aviso a las naves más cercanas para que acudan al rescate. En los últimos días otros barcos humanitarios en la zona han realizado operaciones de salvamento: el Ocean Viking ya ha auxiliado a 215 y el Open Arms lleva a 73 migrantes en su cubierta.

Todavía no se pueden hacer cábalas sobre cuándo o cómo será el desembarco de los 78 migrantes a bordo del Aita Mari. La ONG ya ha pedido puerto a Malta, el país seguro más cercano. De momento, los migrantes rescatados preguntan cuándo y a dónde llegarán, y la única respuesta posible es que hay que esperar. Hay que esperar una respuesta de Europa.

Luiz Inácio Lula da Silva, expresidente de Brasil, se compromete a liderar la oposición contra el líder ultraderechista Jair Bolsonaro, con quien su país está viviendo una regresión, una marcha atrás de los logros conseguidos con mucho esfuerzo. "Bolsonaro ya ha dejado claro qué es lo que quiere para Brasil: quiere destruir todas las conquistas democráticas y sociales de las últimas décadas", sostiene Lula en su primera entrevista a un medio extranjero desde su liberación hace dos semanas.

El expresidente asegura que ahora su misión es "luchar por la democracia". "¡El Partido de los Trabajadores se está preparando para volver a gobernar este país!", exclama dando un golpe sobre la mesa. Sin embargo, Lula no sugiere en ningún momento que él vaya a ser candidato a presidente en las próximas elecciones generales de Brasil. "En 2022 yo tendré 77 años. La Iglesia Católica, que tiene 2.000 años de experiencia, jubila a los obispos a los 75", señala.

Este exlíder sindical, que nació en la miseria de las tierras semiáridas de Brasil, llega a las oficinas centrales del Partido de los Trabajadores, ubicadas en el centro de Sao Paulo y saluda a una docena de personas con apretones de manos y besos.

Han pasado casi 40 años desde que Lula lideró las huelgas de trabajadores del metal en los suburbios industriales de Sao Paulo durante la dictadura militar, pero su energía y su pasión por la política siguen sorprendiendo.

Cuando habla de Bolsonaro –que apoya la dictadura militar brasileña y admira la Chile de Pinochet, así como a líderes autoritarios actuales como el húngaro Viktor Orbán–, Lula no se guarda nada. "Esperemos que Bolsonaro no logre destruir Brasil. Esperemos que haga algo bueno por Brasil…pero lo dudo", dice.

El expresidente se muestra consternado por los supuestos vínculos entre Bolsonaro y el crimen organizado. Desde el año pasado, cuando fue asesinada Marielle Franco, una popular concejala de Río de Janeiro, han salido a la luz varias fotos del presidente posando junto a los sospechosos de matarla, que están presuntamente vinculados a oscuros grupos paramilitares. "En una época era raro hablar de grupos paramilitares… Hoy vemos al presidente rodeado de ellos", afirma Lula. Y Bolsonaro no sólo se equivoca en su política interna, dice Lula. "Su sumisión ante Trump y Estados Unidos es algo que da vergüenza", remarca.

La opinión de Lula la comparte una generación de diplomáticos que está horrorizada por el daño que se está causando al poder blando de Brasil bajo el gobierno de Bolsonaro, cuyo ministro de relaciones exteriores, Ernesto Araújo, cree que el cambio climático es un invento marxista. "En este momento, la imagen internacional de Brasil es realmente negativa. Tenemos un presidente que no gobierna y que se sienta a hablar de noticias falsas las 24 horas del día", asegura. "Brasil debe tener un papel en la escena internacional".

Lula dice que está "emocionado" de ver que Argentina y México han vuelto a tener gobernantes de izquierdas, pero se muestra muy triste por la crisis actual en Bolivia, donde Evo Morales fue forzado a renunciar en medio de acusaciones de fraude. "Mi amigo Evo cometió el error de intentar ir por un cuarto mandato como presidente", dice Lula. "Pero lo que le hicieron es un crimen. Es un golpe de Estado y esto es terrible para América Latina".

Lula pasó 580 días en la cárcel por una polémica acusación de corrupción que él siempre afirmó que era un plan político para impedir que se presentara como candidato a presidente en las elecciones de 2018.

Recientemente, han salido a la luz conversaciones de Sergio Moro –el juez que lo condenó– conspirando con los abogados de la acusación. Más tarde, Moro se convirtió en el ministro de Justicia de Bolsonaro. "Espero que algún día Moro sea juzgado por las mentiras que dijo", dice Lula.

Lula afirma que ha podido sobrevivir a su detención gracias a las decenas de seguidores que acamparon frente a la sede de la policía en la ciudad de Curitiba, donde estuvo preso. "Salí de prisión con el corazón más grande. Gracias a los activistas, no me he amargado por dentro", asegura.

Tras su liberación, Lula habló frente a decenas de miles de seguidores en Recife, un bastión del Partido de los Trabajadores en la región nordeste del país. Este viernes se canceló otro evento en Sao Paulo en el último momento por mal clima, pero están previstos más mitines para el año que viene.

Lula dejó el Gobierno en 2011 con un índice de aprobación de casi el 90% tras ocho años de notable crecimiento e inclusión social en uno de los países más violentos y desiguales del mundo. Sin embargo, sus años en el poder también se vieron manchados por escándalos de corrupción que involucraban a figuras de todo el espectro político y le abrieron paso a la extrema derecha.

Bolsonaro, que antes era una figura política marginal, ascendió al poder en medio de una tormenta perfecta de recesión económica y crisis política tras el encarcelamiento de Lula. "Nadie predijo la elección de Bolsonaro. Ni siquiera él mismo", afirma Lula.

Los años que precedieron a la implacable campaña electoral de 2018 –durante la cual Bolsonaro fue apuñalado por un hombre con problemas mentales– estuvieron marcados por una polarización en aumento. "Me apena que Brasil se esté convirtiendo en un país donde el odio forma cada vez más parte de la vida cotidiana de la gente", señala Lula.

"Yo soy seguidor del Corinthians, pero no me voy a pelear con un fan del Palmeiras. Tengo que aprender a convivir con él", añade, utilizando la rivalidad entre los dos mayores equipos de fútbol de Sao Paulo para ilustrar cómo "aceptar y respetar las diferencias entre nosotros".

Lula descarta las afirmaciones de que su regreso a la arena política pueda polarizar aún más la situación. "En su mayoría, la gente votó por Bolsonaro porque Lula no era candidato", advierte. "La mejor forma de recuperar esos votos es hablándoles mucho".

El Partido de los Trabajadores sigue siendo el partido más popular de Brasil por bastante margen, a pesar de haber sido acosado y manchado por los escándalos. Pero también es el partido más rechazado –después del Partido Social Liberal, el antiguo partido de Bolsonaro–: casi el 40% de las personas encuestadas afirmaron que nunca votarían por el partido de Lula. "Por supuesto", se ríe Lula. "Pero la gente habla más de Pelé que de los otros jugadores".

Traducido por Lucía Balducci

El Ayuntamiento de Madrid deberá pagar 90.000 euros en concepto de honorarios al autor del Memorial de la Almudena en homenaje a los fusilados entre 1939 y 1945, Fernando Sánchez Castillo, pese a que el proyecto fue paralizado por el actual gobierno municipal al considerar que no favorece "la concordia". 

Así consta en el expediente municipal 300/2019/00692, al que ha tenido acceso Europa Press, donde se recoge asimismo una partida denominada "costes indirectos" para dicha obra de arte por un importe de 26.205 euros, que engloba el concepto de gastos financieros y de gestión.

El equipo municipal de Manuela Carmena anunció en febrero de 2018 que levantaría un memorial en el cementerio de la Almudena en el que figuraran todos los nombres de los cerca de 3.000 represaliados durante la posguerra. La previsión es que fuera inaugurado ese mismo año, pero no se cumplió. Tampoco se terminó en 2019. 

La nueva delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, aseguró que no se llevaría a cabo el Memorial porque era "sectario e injusto", y lamentó que no se hubieran seguido los postulados del Comisionado de la Memoria.

Por su parte, la Plataforma Millán Astray ve desproporcionada esta cifra teniendo en cuenta el Memorial, que "consistente en cuatro troncos de árboles amontonados sobre el suelo, y tres paredes de hormigón que los abrazan en forma de U superpuestas". "Es un coste excesivo para las arcas públicas municipales de la Capital de España, habiendo otras prioridades sociales como las existentes en la actualidad, hecho que incluso podría ser analizado bajo el prisma de la malversación", han asegurado a través de un comunicado.

Asimismo, esta Plataforma ha criticado que "todavía cuelgan de los muros del Memorial los nombres de los chequistas, incumpliéndose con ello lo acordado por el actual Gobierno municipal del Partido Popular y Ciudadanos de que se retirarían las placas con sus nombres".

El ex presidente boliviano Evo Morales ha sido acusado formalmente de delitos como terrorismo y sedición por el Gobierno interino de Bolivia. La acusación se sustenta en "pruebas" como el vídeo filtrado por el ministro interino de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, en el que se escucha una voz atribuida a Morales, supuestamente, incitando a bloqueos de ciudades en el país. La denuncia contra Morales, asilado en México, fue presentada en la fiscalía de La Paz por el propio Murillo.

El ministro ha declarado ante los medios que el Gobierno de la presidenta provisional boliviana, Jeanine Áñez, pide las máximas penas por estos delitos. Las penas por terrorismo en Bolivia van de quince a veinte años de prisión y la sedición está penada con de uno a tres años de cárcel.

"Las pruebas están claras", ha defendido Murillo, en referencia a un vídeo en que se escucha una voz asignada a Morales, cuya autenticidad no ha sido demostrada por fuentes independientes. "Evo dice que maten a los bolivianos haciendo cerco a las ciudades", ha afirmado el ministro, quién ha denunciado que "esa es la verdadera cara, el verdadero rostro " de Morales.

La denuncia es también contra el que fuera ministro de Presidencia, Juan Ramón Quintana, en paradero desconocido. El titular de Gobierno recordó que Quintana, un ex militar metido en política que representó el núcleo duro de varios gobiernos de Morales, amenazó con que Bolivia se convertiría en "un nuevo Vietnam".

Murillo ha asegurado también que el 70 por ciento de Bolivia no presenta conflictos, pues se localizan especialmente en puntos como el Chapare, una zona cocalera donde se dio a conocer Evo Morales como sindicalista antes de llegar al poder, donde mantiene muchos seguidores. Además de Senkata, un punto de la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, donde afines a Morales protestan frente a una refinería.

El ministro ha afirmado que se intenta "agotar la vía del diálogo" con los manifestantes antes de emplear la fuerza para levantar bloqueos. El Gobierno interino de Áñez no prevé "medias excepcionales" para afrontar las protestas, porque "prácticamente todo está controlado", ha aseverado.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, ha dicho en una rueda de prensa que el Ministerio Público ya investiga la veracidad del vídeo que se atribuye a Morales. Para ello ha pedido a la Cancillería de Bolivia que contacte con la de México por si necesita su apoyo.

La investigación incluye pruebas periciales para determinar la veracidad de la voz. Además, se ha solicitado a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) de Bolivia que informe si el teléfono desde el que supuestamente habla Evo Morales desde México es del Estado boliviano. Si fuera así, podría incurrir en un uso indebido de bienes del Estado, advirtió Lanchipa.

La Policía Boliviana localizó en la región oriental de Santa Cruz el celular en el que se descubrió el vídeo con la supuesta conversación entre un dirigente cocalero y Evo Morales, recordó el fiscal.

Bolivia lleva sumida en un grave conflicto desde el día después de las elecciones del pasado 20 de octubre, cuando comenzaron las denuncias de fraude a favor de Evo Morales, que fue proclamado después vencedor para un cuarto mandato consecutivo.

El pasado 10 de noviembre, la Organización de Estados Americanos advirtió en un informe graves irregularidades en los comicios y Morales anunció su renuncia, presionado por las Fuerzas Armadas, para al día siguiente salir asilado hacia México.

La renuncia de Morales ha sido calificada de "golpe de Estado" por varios Gobiernos y políticos latinoamericanos, mientras que otros países han reconocido al Ejecutivo interino de Áñez y parte de la comunidad internacional ha instado al diálogo sin pronunciarse sobre la crisis política.

Tanto el PSOE como ERC lo tienen todo preparado para comenzar a negociar la semana que viene las condiciones para que los independentistas permitan la investidura de Pedro Sánchez. Este viernes han acabado de concretar los equipos que acompañarán a Adriana Lastra y Gabriel Rufián, y ambos equipos tratan de coordinar ahora sus agendas para reunirse ya la semana que viene, después de que ambos conozcan los resultados sobre las sendas consultas a las bases de ambos realizarán entre este sábado y el lunes.

Los equipos estarán formados en total por tres personas a cada lado de la mesa. Por parte del PSOE, el secretario de organización del PSC, Salvador Illa, flanqueará a Lastra, y a ellos se les podría unir alguno de los ministros más cercanos a Sánchez, bien José Luís Ábalos o bien la vicepresidenta Carmen Calvo, según ha avanzado esta tarde Nació Digital. Por parte de los republicanos a las reuniones acudirá la portavoz del partido, Marta Vilalta, y uno de los hombres fuertes del partido, Josep Jové. Este último, señalan fuentes de ERC, es una persona que, como "represaliado" –está a la espera del juicio por su participación en el referéndum del 1-O cuando era secretario general de la vicepresidencia–, "garantizará que se hable de la represión".

Con la constitución de estos equipos, ambas formaciones preparan una inminente negociación, en la que los republicanos exigen detallar una mesa de partidos para abordar posibles soluciones al conflicto catalán. Una opción que, en los últimos días, el PSOE no ha rechazado. Sin embargo ambos partido prefieren esperar a conocer los resultados que arrojan las consultas que harán a sus militancias. El PSOE la celebra este sábado y preguntará por el preacuerdo para un Gobierno de coalición alcanzado con Unidas Podemos. La formación de Pablo Iglesias hará lo propio, pero dando a sus inscritos más margen temporal, hasta el miércoles.

ERC, por su parte, ha apostado por una pregunta a sus bases de redacción más complicada y que trata de fijar los mínimos en la negociación con el PSOE. "¿Está de acuerdo con rechazar la investidura de Pedro Sánchez si previamente no hay un acuerdo para abordar el conflicto político con el Estado a través de una mesa de negociación?", preguntarán los republicanos a sus 9.500 militantes. El lunes a las 20:30 la dirección del partido ya conocerá la respuesta.

Será una vez los negociadores hayan recibido el aval de sus bases cuando se espera que comience la negociación sobre contenido político. Entre los socialistas ha cundido la idea de que puede haber suficientes puntos de encuentro como para mover a ERC del 'no' a la abstención, aunque temen que la presión de los otros dos grupos independentistas, Junts y la CUP, suman en la parálisis a los de Rufián. Mientras, Esquerra está esforzándose para trasladar por todos los medios a los socialistas que están perfectamente dispuestos a hacer fracasar una investidura de Sánchez si no encuentran contrapartidas de calado. ERC reclama una mesa de partidos para abordar el tema catalán, y concretar de forma previa tanto los participantes como el calendario.

Irlanda. Australia. Estados Unidos. Austria. Alemania. Suiza. Italia. Francia. Incluso la tradicionalista Polonia. Prácticamente todas las conferencias episcopales del mundo afectadas por "este delito casi blasfemo", en palabras del portavoz de la CEE, Luis Argüello, han abierto comisiones de investigación, y habilitado indemnizaciones para las víctimas de la pederastia. Pero no la española.

Se esperaba mucho del borrador que los obispos de nuestro país han estudiado –y aprobado– esta semana en su Asamblea Plenaria. Pero al final, la montaña parió un ratón. O mucho menos, porque los obispos no han avanzado prácticamente en nada. Por no hacer, ni se ha nombrado al sustituto de monseñor Menéndez –fallecido en mayo de un infarto– como presidente de la comisión antipederastia.

Presunción de inocencia de los acusados

Roma no ha dado el ok a la petición de la Iglesia española de poder establecer un marco jurídico único, por lo que los obispos se limitan a aprobar un borrador con "indicaciones" de carácter jurídico, sobre el trato en los procesos y para asegurar "tanto los derechos de las víctimas como la presunción de inocencia de los acusados", espetó Luis Argüello. Por no poder, el Episcopado no puede obligar a las diócesis a que abran oficinas de atención a las víctimas, pese a que el Vaticano les dio el plazo de un año en su reunión del pasado mes de febrero. Apenas quedan tres meses, y son muy pocas las diócesis que las han abierto.

"La Iglesia tiene que darse golpes de pecho del tiempo anterior es haber podido mirar para otro lado ante determinados comportamientos. Mirar para otro lado y no afrontar los asuntos de manera directa", reconoció Argüello, quien no obstante matizó que "en los últimos dos-tres años, la reacción de la Iglesia ha querido ser inmediata ante las denuncias que hubiere".

El borrador no contempla abrir los archivos

Sin embargo, no para investigar los casos del pasado, ni para asumir responsabilidades como institución ante las peticiones de los supervivientes. "No está contemplado en el borrador", reconoció Argüello, quien sí apuntó a la "posibilidad de acoger las denuncias, y poder tomar iniciativas a la hora de la negociación", caso por caso, y no desde la Conferencia Episcopal, sino cada diócesis o congregación. En este sentido, órdenes como jesuitas, maristas o salesianos sí que se han lanzado a abrir sus archivos, y a admitir denuncias ya prescritas. No así los Obispados ni la CEE.

Sobre las posibles indemnizaciones económicas, más de lo mismo. "Estamos haciendo un camino con las personas vulnerables", subrayó el portavoz de la CEE. "Hemos de estar atentos a cada rostro, a cada situación. En cada sitio concreto donde se han producido denuncias de las víctimas de este delito tan grave en la sociedad, y casi blasfemo en la vida de la Iglesia". Pero ninguna orden, ningún atisbo de que las víctimas serán compensadas.

En otro orden de cosas, y preguntado por el futuro Gobierno que pueda surgir del acuerdo Unidas-Podemos y PSOE, Luis Argüello hizo referencia a un libro de Christian Solomon, 'La era del enfrentamiento', para criticar "momentos como el que vivimos que tienen capacidad para robarnos los sueños, y generan una época que refuerza el vivir desde el sentimiento y el enfrentamiento".

Frente a ello, los obispos "pretendemos buscar el encuentro, y un diálogo que tenga que ver con la racionalidad, y no con la emotividad o el sentimiento", siempre desde "la afirmación de la libertad de las personas y las instituciones, y la búsqueda del bien común".

¿Pero les preocupa la entrada de Pablo Iglesias en el Gobierno?, preguntaron los periodistas. Respondió el gerente del Episcopado y responsable de TRECE y Cope, Fernando Giménez Barriocanal, volviendo a intentar explicar que "la Iglesia mantiene el mismo régimen fiscal que el resto del sector no lucrativo en España, y el resto de confesiones religiosas en España". Vamos, que no hay privilegios fiscales, que "la Iglesia no es una empresa, y que con los recursos que tiene, tiene que hacer el bien. Si no tiene más recursos, tendrá que seguir haciendo lo que tiene que hacer".

Aumenta el presupuesto, sin partidas para TRECE

Entre los recursos propios, el presupuesto de la Conferencia Episcopal para el próximo año, que asciende a 266 millones de euros (un 3,9% más que en 2019), y en el que no se incluye una partida para TRECE.

Barriocanal asumió que "la CEE no destina partidas de gasto al mantenimiento de TRECE. Lo que ha habido y seguirá habiendo serán aportaciones de capital de acciones y participaciones en la empresa" 11 millones en 2018, que se redujeron un 30% en 2019, explicó, y que "se seguirá reduciendo". Es más: en 2019, anunció, COPE y TRECE "obtendrá beneficios consolidados. No suponen un agujero para la Iglesia, este año no van a generar déficit".

Argüello sí insistió en uno de los diez puntos del preacuerdo de legislatura "que nos preocupa", el referido a la eutanasia, y explicó que los obispos han aprobado un documento sobre el final de la vida en el que apuntan que "el debate sobre eutanasia y suicidio asistido no es planteado como una cuestión médica, sino más bien ideológica, desde una determinada visión antropológica. Este planteamiento olvida que la dignidad de la persona radica en el hecho de ser humano, con independencia de cualquier otra circunstancia, incluida la salud, la edad o la capacidad mental o física".

Sobre el resto de cuestiones, los obispos se mostraron dispuestos a "afrontar las dificultades" con diálogo, no sólo en el respeto a la Constitución y los Acuerdos Iglesia-Estado, sino a todos los convenios suscritos. Muchos de ellos, recordó el portavoz, firmados con gobiernos socialistas, como el aumento en el IRPF o los conciertos educativos.

Regresando a la polémica con la ministra Celáa, Luis Argüello quiso explicar que el derecho a elegir centro está especialmente protegido por la Constitución, a diferencia de lo planteado por la titular de Educación en funciones. Y lo hizo con un titular casi provocador, carne de titular: "No es lo mismo el derecho a la vivienda, siendo importante, que el de enseñanza. En el marco teórico, su protección es menos importante que la que debe tener la libertad de educación".

Toda la información en www.religiondigital.org

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a desmarcare de la estrategia oficial de su partido y del plan del líder del PP, Pablo Casado, que no quiere abrir ningún atisbo de opción a acercarse al presidente en funciones, Pedro Sánchez, ni de facilitar su investidura. Feijóo, en cambio, ha defendido este viernes el diálogo con el líder socialista "si quiere hacer una política de Estado".

En una entrevista en la Cadena Cope, el presidente gallego ha recordado que "el PP es un partido de estado y ese sentido de estado es incompatible con firmarle un cheque en blanco a Pedro Sánchez y mucho menos firmarle un cheque en blanco al señor Iglesias, y mucho menos aceptar que el futuro de España dependa del señor Torra o del señor Junqueras".

No obstante, a renglón seguido ha añadido: "Ahora, como somos un partido de Estado estamos dispuestos a hablar con Sánchez si realmente quiere hacer una política de Estado". Feijóo ha dicho que ese ofrecimiento se ha realizado y se mantiene por parte del PP, pese a la rotunda posición de Casado de ruptura con Sánchez.

"Eso se lo hemos ofrecido y todavía mantenemos esa esperanza", ha dicho el líder del PP gallego durante la entrevista. "Yo era más optimista hace una semana que ahora", ha añadido, sobre la posibilidad de que ese acercamiento con Sánchez se produzca. 

"Nadie se ha movido y el PSOE es una organización en la que los sensatos no pueden hablar y los insensatos están al frente de la nave. Y esta nave no sabemos a dónde va, ni cuál es su rumbo", ha zanjado.

La dirección popular de Casado ha rechazado de plano las declaraciones de Aznar –que el lunes pidió una "alianza de partidos constitucionalistas"–, de la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo y de algunos de los barones territoriales con más peso en el partido, como el propio Feijóo, el castellano leonés, Alfonso Fernández Mañueco, o el líder del PP vasco, Alfonso Alonso, que se han mostrado públicamente en los últimos días a favor de buscar entendimientos con los socialistas.

La dirección popular se vio incluso forzada a remarcar el pasado martes que solo "Casado habla en nombre del partido" y no otros dirigentes como Aznar, Feijóo, Alonso o Mañueco, el presidente de Castilla y León que aseguró que si Sánchez cambiaba de opinión "allí encontrará siempre al PP".

Entre gritos de "asesinos", la Policía de Bolivia dispersó este jueves con gases lacrimógenos una multitudinaria marcha realizada en La Paz con los féretros de varios de los fallecidos en un operativo de las fuerzas del orden, en el marco de los disturbios y protestas contra el Gobierno interino.

Varios de los participantes declararon a Efe que se sentían "tratados como perros", tras haber desarrollado "pacíficamente" su protesta para denunciar la intervención militar y policial del martes en El Alto.

La manifestación de miles de personas llegó hacia las 14.30 hora local (18.30 GMT) a la céntrica plaza paceña de San Francisco con los ataúdes de los fallecidos en el operativo del pasado martes en la vecina ciudad de El Alto, en el que murieron ocho civiles.

La multitud se había detenido en una avenida junto a la plaza, cuando agentes de la Policía Boliviana comenzaron a lanzar gases y los manifestantes se dispersaron por calles adyacentes.

Un grupo de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), especializada en disturbios, intervino en motocicletas. "Hemos sido matados", gritó una mujer, "y ahora somos gasificados".

Algunos de los féretros fueron bajados al suelo en plena calle por los manifestantes, tras haber acompañado a los vehículos que los traían de El Alto, mientras pedían ayuda para atender a gente afectada por los gases.

El Alto es foco de protestas contra el Gobierno interino de Bolivia, que asumió el poder tras la renuncia de Evo Morales a la Presidencia, el pasado 10 de noviembre, y que califica las manifestaciones de actos de "terrorismo", además de asegurar que en las acciones de respuesta no se ha disparado ni una bala por parte de los militares.

La Defensoría del Pueblo confirmó hoy que los ocho civiles fallecidos recibieron impactos de proyectiles de armas de fuego, cuya autoría se investiga.

El Gobierno interino de Bolivia mantiene que los disparos mortales no son de militares, pero por ahora no hay versión oficial sobre los autores.

El operativo militar y policial escoltaba un convoy de camiones cisterna desde la refinería de una empresa estatal a La Paz, donde escasean y están racionados combustibles como el gas y la gasolina.

Con los ocho fallecidos en El Alto, la cifra de muertos desde que estalló la crisis en Bolivia tras las fallidas elecciones del pasado 20 de octubre subió a 32.

El país está sumido en uno de los conflictos más graves de su historia reciente, desde que el día después de los comicios comenzaran las denuncias de fraude a favor de Evo Morales, quien fue proclamado vencedor para un cuarto mandato consecutivo por la autoridad electoral.

El 10 de noviembre la Organización de Estados Americanos (OEA) advirtió en un informe graves irregularidades en los comicios y horas después Morales anunció su renuncia tras casi 14 años en el poder, forzado por las Fuerzas Armadas, para al día siguiente salir hacia México, donde está asilado.

La renuncia de Morales ha sido calificada de "golpe de Estado" por varios Gobiernos y políticos latinoamericanos.

Otros países han reconocido al Ejecutivo interino de Jeanine Áñez, mientras que parte de la comunidad internacional ha instado al diálogo sin pronunciarse sobre la crisis política.

La empresa de seguridad de Antonio González Pacheco, Billy el Niño, facturó casi 700.000 euros durante el periodo en que el inspector jefe Constancio Riaño, imputado en el caso Villarejo, estuvo destinado en la sección encargada de recabar datos confidenciales de empresas privadas y administraciones públicas, entre 2010 y 2016. Riaño confesó ante el juez Manuel García-Castellón que había entregado datos de matrículas y teléfonos a su "amigo" Billy el Niño y añadió que lo hizo porque el policía acusado de torturas se sentía "amenazado".

Constancio Riaño está imputado en el caso Villarejo por los indicios hallados por la investigación de cómo utilizó su puesto en la lucha antiterrorista para entregar información confidencial bajo cuerda a la banda del comisario encarcelado con la que ésta elaboraba dosieres que luego vendía a precios millonarios. 

Billy el Niño goza de una pensión como inspector de Policía engordada por las medallas al mérito concedidas durante su carrera. Un informe encargado por el Ministerio del Interior concluye que González Pacheco ha incrementado su pensión un 50% gracias a esas condecoraciones. Además, durante casi dos décadas, el policía sumó a esos ingresos los obtenidos por Servicio de Prevención de Atentados y Secuestros (SPAS S.L), una suerte de consultora de seguridad que, según fuentes policiales, también elaboraba informes contra terceros. 

Riaño declaró como investigado ante el juez Manuel García-Castellón el pasado 23 de septiembre. El magistrado tiene en su poder correos electrónicos que evidencian su relación con Antonio Bonilla, otro policía retirado y colaborador de Villarejo que está imputado en varias piezas separadas de la causa. En esos correos se incluyen archivos adjuntos que muestran cómo Riaño facilitaba al clan de Villarejo datos de carácter reservado y confidencial de organismos públicos, empresas telefónicas y de bancos como BBVA y Bankia.

La tesis de Riaño ante el juez fue que él facilitaba esa información a Bonilla por orden de su superior directo, el comisario Enrique García Castaño, uno de los principales imputados en la causa, porque creía que eran para investigaciones antiterroristas. García Castaño niega que él ordenara a Riaño entregar esa información al colaborador de Villarejo.

En el turno de preguntas del abogado de García Castaño, el letrado preguntó a Constancio Riaño si además de a Bonilla había facilitado información confidencial a algún policía más. "Ya sé por dónde va", comenzó a contestar Riaño, advertido por la información de El Mundo según la cual García Castaño había contado al juez en una declaración anterior que Riaño colaboraba con González Pacheco. 

En ese momento, el inspector jefe Constancio Riaño defendió, primero, que los datos que entregó a Billy el Niño eran para que se protegiera de los seguimientos y el supuesto acoso que estaba viviendo. También aseguró que la información que facilitó a su "amigo" no era confidencial porque cualquiera puede obtener el titular de una matrícula pagando "dos euros y medio en Tráfico". A continuación reconoció que también averiguó el titular de números de teléfono para González Pacheco. Por último, afirmó que lo hizo porque su "amigo" no podía acudir a la policía por el "desprestigio" al que le han sometido los medios de comunicación.

Constancio Riaño dejó la Policía para convertirse en jefe de Seguridad de La Caixa en Barcelona durante dos décadas. Según fuentes de la lucha antiterrorista, en 2010 volvió a entrar en la puerta giratoria para regresar al Cuerpo y ser destinado al frente de la Sección de Relaciones Institucionales de la Comisaría General de Información (CGI), la estructura antiterrorista.

En esa Sección, una decena de inspectores obtienen datos de bancos, telefónicas, administraciones públicas y cualquier organismo a petición de cualquier unidad del Cuerpo. Relaciones Institucionales está enmarcada en la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) que mandaba Enrique García Castaño, conocido en la Policía como 'El Gordo'.

Riaño llegó a la CGI en 2010 y permaneció allí hasta su jubilación en 2016. El año de su aterrizaje en la policía antiterrorista, la empresa de González Pacheco facturó 141.581,66 euros. Los ingresos superaron los 100.000 euros hasta 2012, pero a partir de ese año fueron cayendo progresivamente por debajo de esa cifra, hasta los 53.642,62 euros de 2016, último ejercicio en el que presentó cuentas. En total, 684.663,01 euros en los seis años que Constancio Riaño estuvo al frente de la sección que conseguía información confidencial de administraciones y empresas privadas.

El triángulo del tráfico de información confidencial 

Constancio Riaño dejó otro detalle de relevancia en su declaración. El inspector jefe jubilado no negó haber facilitado más información confidencial a otros expolicías distintos a Billy el Niño o Villarejo. Esa respuesta ambigua adquiere más relevancia si se coloca sobre el triángulo que forman los policías en activo, con acceso a información reservada; los que dejan el Cuerpo para trabajar en grandes empresas y bancos; y un tercer grupo, que funda empresas de seguridad para las que los datos confidenciales son una valiosa mercancía. 

"Además de a Billy el Niño, ¿ha ayudado, como dice usted, a otros policías que no se encontraban en actividad?", preguntó el abogado de García Castaño a Constancio Riaño en la Audiencia Nacional. "Solo a él", respondió en un primer momento el policía investigado. "¿Solo al señor Billy el Niño?", insistió el abogado. Y Riaño matizó: "Creo que sí". "¿Fue una excepción que hizo usted por humanidad?", inquiere el letrado. "Puede ser", respondió Constancio Riaño.

Las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos para un Gobierno de coalición están dominadas por la discreción y el silencio. Las partes se han conjurado para que una crisis mediática provocada por declaraciones disonantes o filtraciones interesadas no tire por tierra las opciones de un Ejecutivo progresista. Además, los gabinetes de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han decidido coordinar sus agendas y mensajes públicos en lo referente a los asuntos más delicados, por ejemplo Catalunya. Eso sí, respetando las diferencias programáticas y discursivas, los matices que cada partido tiene.

"No llevamos un control exhaustivo de lo que decimos unos y otros", apuntan desde Podemos a eldiario.es. "Pero sí nos coordinamos para saber la agenda que tenemos y los mensajes que vamos a decir", añaden. "Claro que los partidos hablan, no puede extrañarle a nadie que haya coordinación", señalan fuentes socialistas. Esto no quiere decir que se pacten las declaraciones ni que se sometan a las directrices de unos y otros. Las partes también han pactado sus diferencias, para que estas no embarren la relación. Por norma no se informa de cada declaración o mensaje concreto. Pero en temas delicados, explican las mismas fuentes, sí suele haber comunicación.

Uno de estos asuntos delicados en los que existe cierta coordinación es Catalunya. La investidura de Pedro Sánchez y el Gobierno de coalición con Unidas Podemos está en manos de ERC. Es algo que ya han asumido en el PSOE, a pesar de las reticencias que provoca la dependencia de los independentistas. En la cúpula socialista son conscientes, por un lado, de que es complicado para los republicanos catalanes facilitar la gobernabilidad en este momento y ven aún más difícil los apoyos posteriores, pero por ahora lo consideran la única opción para que el preacuerdo con Pablo Iglesias salga adelante. Por eso la dirección del PSOE mantiene todas las cautelas para que nada descarrile y evita incluso pronunciarse sobre la decisión de ERC de someter a las bases la posición en la investidura.

PSOE y Unidas Podemos mandan, no obstante, guiños a ERC para evitar la obstaculización. Un ejemplo se produjo este mismo jueves. En sendas comparecencias ante la prensa, Pablo Iglesias y la portavoz socialista, Adriana Lastra, insistieron en que la intención que tienen es que el futuro Gobierno, si se concreta, haga una apuesta por el diálogo. "Vamos a tener un Gobierno que asuma el diálogo", señaló Iglesias antes de ofrecer una conferencia en la Facultad de Derecho de la UCM.

Ferraz, por su parte, evitó reaccionar a la convocatoria de la consulta a los afiliados de la formación de Oriol Junqueras. "Respetamos los procedimientos internos de otras organizaciones", se limitó a decir la vicesecretaria general, Adriana Lastra, que pilota las conversaciones con las formaciones que se requieren para sacar adelante la coalición. Pero después de esa afirmación envió un mensaje a ERC: "Solo hay dos formaciones que han defendido el diálogo en el marco de la Constitución y son Unidas Podemos y PSOE". El recado en tono conciliador ya lo lanzó el propio Sánchez con esas mismas palabras tras el encuentro entre Lastra y Gabriel Rufián en el que ERC manifestó que se mantenía en el ‘no’. 

Los socialistas han modulado el tono con el independentismo respecto al discurso que ha mantenido en los últimos meses. El presidente en funciones no cerró la puerta a la exigencia de ERC de abrir una mesa de negociación, aunque emplazó a que primero se circunscribiera al ámbito autonómico a través de la creada en el Parlament, que no se ha puesto en marcha.

Desde ERC también hay voces que apuestan de forma decidida por el diálogo y por dar una oportunidad a la alianza del PSOE y Unidas Podemos. "Sería difícil de entender que no seamos capaces de construir una solución", apuntaba el jueves el histórico dirigente republicano Joan Tardá

La convocatoria de la consulta por parte de ERC ha provocado distintas reacciones en las filas socialistas. Mientras que algunos dirigentes consideran que se eleva la presión dificultando el camino de la investidura otros consideran que la pregunta se formula en términos muy abiertos y asumibles por parte del PSOE. El Gobierno de Sánchez llegó a aceptar un "diálogo efectivo" a través de la comisión bilateral Estado-Catalunya y una mesa de partidos en la que, tras mucha presión de la Generalitat, se sentaran formaciones de ámbito estatal. Ese es el escenario de Pedralbes al que ERC quiere volver.

Ese guiño en favor del diálogo ratifica lo que ya sellaron Sánchez e Iglesias en el texto del preacuerdo para el Gobierno de coalición respecto a Catalunya en el que Unidas Podemos asume la posición del PSOE –que rechaza de plano un referéndum de autodeterminación por el que sí apuesta el grupo confederal–. "El Gobierno de España tendrá como prioridad garantizar la convivencia en Cataluña y la normalización de la vida política. Con ese fin, se fomentará el diálogo en Cataluña, buscando fórmulas de entendimiento y encuentro, siempre dentro de la Constitución", dice el escrito rubricado por los dos dirigentes. "Hemos firmado un documento que dice que el Gobierno va a ser coherente y leal", señalan fuentes socialistas sobre la discurso coordinado sobre Catalunya.

Desbandada en Ciudadanos. El abandono de la política de Albert Rivera tras la debacle electoral del 10N ha provocado un goteo de bajas en el que fuera su núcleo duro. El primero en anunciar su marcha fue Juan Carlos Girauta, que dejó la política un día después de las elecciones en las que no consiguió revalidar su escaño. Este jueves tiraban la toalla dos de los pesos pesados del partido y responsables de la estrategia de campaña: José Manuel Villegas, secretario general, y Fernando de Páramo, secretario de Comunicación.

Con la marcha de los tres prácticamente desaparece el núcleo de dirigentes que iniciaron con Rivera la andadura del partido en Catalunya, territorio que, uno tras otro, fueron abandonando para dar el salto a la política nacional. Villegas, Girauta –que fue durante un corto periodo de tiempo también eurodiputado–, y De Páramo conformaban el círculo más cercano al líder, con los que ha vivido todos los éxitos del partido: desde la victoria de Inés Arrimadas en Catalunya, hasta el logro de alcanzar 57 diputados en el Congreso en las elecciones generales del 28A. 

Seis meses después de lo que entonces calificaron como una "proeza", los tres escuderos de Rivera han querido corresponsabilizarse del fracaso del 10N para dejar que comience una nueva etapa capitaneada, si no hay sorpresas, por la portavoz parlamentaria, que ha aceptado coger el testigo. 

El relevo de la cúpula de Ciudadanos se decidirá en una Asamblea General extraordinaria que se celebrará en la primera quincena de marzo, según los plazos que marcan los estatutos, aunque antes habrá unas primarias a las que se podrá presentar cualquier afiliado. De momento, Arrimadas, que concita el apoyo de la mayoría de los dirigentes, ha sido la única que ha dado un paso al frente.

Dos dimisiones en una sola mañana

Esta semana, tras la tempestad vivida, parecía que iba a acabar en calma. La cúpula del partido estaba centrada en preparar la reunión del Consejo General del próximo 30 de noviembre en el que se nombrará una gestora que será la que pilote todo el proceso hasta el cónclave de marzo. 

Por la mañana Villegas, que no logró el 10N su acta por Almería, fue el primero en confirmar algo que ya había dejado entrever en una de sus recientes ruedas de prensa: que no seguirá en el cargo ni formará parte de la nueva dirección después de ese congreso extraordinario. "Se cierra una etapa apasionante y exitosa y se abre una nueva en lo personal", señaló en una entrevista en Telemadrid.

No obstante, permanecerá en la dirección como miembro de esa gestora ayudando al partido en la transición. Los acontecimientos le han pillado tan de sopetón que aún no ha decidido si volverá a Barcelona y medita si continuar en política o irse a la empresa privada. 

La otra sorpresa llegaba escasas horas más tarde. Fernando de Páramo, el dirigente más joven del equipo de Rivera –el próximo lunes cumplirá 32 años–, se despedía de la política y anunciaba a través de una carta pública que renuncia también a su escaño por Barcelona, que ocupará su compañero José María Espejo-Saavedra.  

"Cierro una etapa, ha sido un honor y un orgullo servir a los españoles", explica en su misiva en la que también asegura estar convencido de que Arrimadas será capaz de conseguir todo lo que se proponga: "He trabajado con ella estos años y es la mujer más valiente que he conocido".

Fuentes cercanas a De Páramo aseguran que su renuncia ha sido una "decisión personal, vital, más allá de lo profesional" que llevaba dándole vueltas hace una semana y que decidió materializar este mismo jueves después de hablar previamente con Villegas.  

El joven dirigente de Ciudadanos, licenciado en Derecho y en Periodismo y Máster en Gestión de Empresas de Comunicación, ha sido el artífice de los eslóganes de campaña y de las estrategias de Rivera en todos los debates electorales. Ni él ni Villegas, con el que ha trabajado codo con codo en todas las elecciones celebradas desde 2015, abandonan la militancia del partido.  

Días antes de estas dos renuncias, también Juan Carlos Girauta que se marchaba asegurando que no tenía sentido permanecer en política sin Rivera. "No quiero estar sin Albert ahí. Llámeme romántico, pero no", afirmó en su despedida, en una entrevista en esRadio. Girauta se quedó sin revalidar su acta por Toledo, provincia en la que recaló tras la decisión de Arrimadas de encabezar la lista por Barcelona. 

El foco se dirige al secretario de Organización

Ante las renuncias de los principales pesos pesados de la Ejecutiva, todas las miradas están ahora puestas en Fran Hervías, el secretario de Organización del partido, otro de los dirigentes más cuestionados internamente. Muchos en la formación se preguntan si va a seguir el ejemplo de Villegas y De Páramo.

El 'número tres' del partido se ha colocado esta última semana en el foco de la polémica. Muchos militantes han pedido su dimisión en los chats internos, no solo de Andalucía sino de varias agrupaciones de Madrid y otras autonomías. Estos afiliados han criticado con dureza su labor y le acusan de perseguir al discrepante y de estar "manejando los hilos" en Andalucía pese a no haber logrado siquiera su escaño por Granada el 10N.  

Ante esta campaña en su contra, la dirección envió un WhathsApp interno para pedir a los cargos del partido que expresaran su apoyo a Hervías a través de Twitter. Tras ese llamamiento, varios compañeros y excompañeros publicaron al unísono este miércoles una cadena de tuits en los que le mostraban su agradecimiento por "el buen trabajo" realizado.

El responsable de Organización ha dejado fijado el mensaje que subió a la red el sábado pasado, dedicado a "los agoreros".   

En cuanto a la posible recuperación de dirigentes que se marcharon por no estar de acuerdo con la decisión de no facilitar la investidura de Pedro Sánchez, entre ellos Toni Roldán, Francisco de la Torre o Xavier Pericay, Arrimadas ha insistido en que tiene que preparar su propuesta de partido, pero que tiene una relación "fantástica" con los que lo han dejado.

El 'no es no' a la investidura de Pedro Sánchez que ha instaurado el líder del Partido Popular, Pablo Casado, desde que el pasado 10N el PSOE volvió a ganar las elecciones, y la desautorización por parte de la dirección del PP a todos aquellos dirigentes que han planteado la posibilidad de un acercamiento al PSOE tienen una explicación, según cargos de responsabilidad de la propia formación conservadora.

La cúpula popular encabezada por Casado teme que esos mensajes de barones, dirigentes como Cayetana Álvarez de Toledo e incluso del expresidente José María Aznar –padrino político de Casado–, que plantean una posible abstención en la investidura o un Gobierno de gran coalición con los socialistas con tal de evitar la coalición con Unidas Podemos y las fuerzas nacionalistas, allanen precisamente el camino a Sánchez en la negociación de su Ejecutivo de izquierdas.

Dirigentes del PP consultados por eldiario.es explican que el equipo de Casado cree que el presidente del Gobierno en funciones utilizará en las próximas semanas la baza de un posible acuerdo con la derecha para presionar a Unidas Podemos y, sobre todo, a ERC, de quien necesita su abstención, en las negociaciones para tratar de ser reelegido.

Según esta tesis, planteada por distintos cargos populares, Sánchez estaría pensando en amenazar a las fuerzas de izquierda con ser relegadas a la irrelevancia en la próxima legislatura si no atienden a sus exigencias y al reparto de cargos planteado por Moncloa –en el caso de Unidas Podemos– o con que no haya posibilidad de diálogo en Catalunya –en el de ERC– si percibe que es posible lograr la ahora improbable abstención o incluso el apoyo de PP y Ciudadanos en la investidura.

Un acuerdo "altamente improbable"

Todo ello puede ocurrir –explican las fuentes consultadas– siempre que sigan proliferando las declaraciones de barones y otros dirigentes del PP y de Ciudadanos en favor de ese acercamiento, que hagan creer al PSOE que existe la opción de que las dos derechas –descartan por completo a Vox– le puedan respaldar para establecer un "cordón sanitario" a los de Pablo Iglesias y los independentistas, sin cuyo apoyo o abstención resulta por el momento imposible conformar el Ejecutivo de izquierdas pactado entre PSOE y Unidas Podemos.

La dirección popular de Casado ha rechazado de plano las declaraciones de Aznar –que el lunes pidió una "alianza de partidos constitucionalistas"–, de la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo y de algunos de los barones territoriales con más peso en el partido, como el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, el castellano leonés, Alfonso Fernández Mañueco, o el líder del PP vasco, Alfonso Alonso, que se han mostrado públicamente en los últimos días a favor de buscar entendimientos con los socialistas.

Este jueves, Álvarez de Toledo volvía a abogar por ese "Gobierno de concentración constitucionalista" por el que ha apostado desde el 10N, pese a que sus palabras no gustaron nada en Génova 13. La dirección popular se vio incluso forzada a remarcar el pasado martes que solo "Casado habla en nombre del partido" y no otros dirigentes como Aznar, Feijóo, Alonso o Mañueco, el presidente de Castilla y León que aseguró que si Sánchez cambiaba de opinión "allí encontrará siempre al PP"

Para la aún portavoz de los populares en el Congreso las elecciones generales solo dejaron tres escenarios posibles para la gobernabilidad: "Un Gobierno de sedición de PSOE, Podemos y ERC, un Gobierno de concentración de PP, PSOE y Ciudadanos o terceras elecciones". "Si me preguntan cuál prefiero yo, la segunda. Si me preguntan si es posible, diría que es altamente improbable", señalaba en una entrevista en EsRadio

Contra "la ideología de género"

En opinión de Álvarez de Toledo esa gran coalición "sólo sería posible con condiciones tajantes, como la ruptura del PSOE con los nacionalismos y los independentistas" en muchas partes de España. La diputada electa por Barcelona apoya en cambio sin fisuras la negativa de Casado a la abstención. "La abstención no es patriotismo, es masoquismo. Sería entregar los votos a Sánchez para que los ponga al servicio de ERC", concluía.

Casado ya dejó claro el miércoles, en su primera rueda de prensa con preguntas desde el 10N, la ruptura total con Sánchez. "El PP no puede facilitar la investidura al candidato del partido que ha protagonizado el escándalo mayor de corrupción de la historia de España", aseguró el presidente de los populares en alusión a la sentencia de los ERE conocida el martes.

Lo hizo en Zagreb, donde participó en una reunión del PP europeo en la que este miércoles cargó contra los "populismos" y los "identitarismos", entre los que incluyó "la ideología de género", término con el que la derecha descalifica la lucha feminista, o "la religión verde" con la que se refirió a la batalla contra el cambio climático.

Pero aunque Casado recalca que "no hay ningún pacto que ofrecer a Sánchez más que los que están en la Constitución", en referencia a los 11 acuerdo de Estado que Casado planteó en la campaña, el líder del PP sí deja "abierta la puerta para la estabilidad y la gobernabilidad".

En contra del doble discurso

"El PP dejó claro que es un partido con el que se pueden pactar cuestiones esenciales. Seguimos con la puerta abierta para que se negocien los Presupuestos, para que no se suban los impuestos, para que podamos aplicar la Constitución en Catalunya o para desbloquear la negociación del pacto de Toledo. En lo que no podemos estar es en la agenda del cordón sanitario que ha vuelto a tejer Pedro Sánchez", zanjó el martes el líder de los populares.

El objetivo principal de la dirección popular es que haya Gobierno para poder iniciar cuanto antes su consolidación como el principal partido de la oposición, un papel que han tratado de arrebatarle en los últimos meses Ciudadanos –cuando en las elecciones del 28A logró 57 escaños, solo nueve menos que el PP, que obtuvo 66, su peor resultado de la historia– y Vox, que ha conseguido ser tercera fuerza el 10N con 52 escaños, frente a los 88 de los populares.

Lo que no quieren Casado y los suyos es que el electorado de derechas perciba que existe un doble discurso en el PP sobre su relación con el PSOE y, sobre todo, que sus votantes puedan creer que han puesto las cosas fáciles a Pedro Sánchez en su plan de formar un Gobierno de coalición con Unidas Podemos y la ayuda de las fuerzas nacionalistas. 

El golpe de Estado para expulsar a Evo Morales del gobierno de Bolivia, que a la postre le forzó a abandonar el país, está apoyado por una campaña de lavado de imagen en redes sociales dirigida al exterior. Según ha podido comprobar eldiario.es gracias a los datos facilitados varios expertos e investigadores, la maniobra se vale de decenas de miles de cuentas de Twitter creadas en apenas dos semanas (más de 23.000 dadas de alta entre los días 11 y el 12, inmediatamente después de la salida de Morales de la capital) que se están usando para aumentar la sensación de apoyo a los líderes opositores, atacar al exmandatario y ayudar a propagar desinformación sobre él en otros países.

El uso de bots (cuentas falsas en redes sociales operadas de forma automática) y cyborgs (cuentas falsas gestionadas por una persona que maneja manualmente 10, 20 o 30 de ellas para aumentar la sensación de que hay una identidad real detrás de cada una) está aún más extendido en Latinoamérica que en España. Las operaciones de guerra sucia para manipular la opinión pública a través de Internet son frecuentes, tanto las dirigidas hacia dentro del mismo país como hacia el exterior. Venezuela o Brasil, por ejemplo, son a la vez puntos de origen y objetivos habituales de estas operaciones de intoxicación basadas en propaganda opaca. En el caso del golpe de Estado contra Morales en Bolivia, existen indicios suficientes para señalar la existencia de una maniobra coordinada en redes sociales para influir en la conversación internacional e imponer la narrativa de que no ha existido tal golpe de Estado y que Morales ha tenido que abandonar el país por fraude electoral y por estar vinculado al narcotráfico.

Un ejército de novatos más preocupados por la imagen del golpe en el exterior que de echar a Morales

Las protestas en las calles contra Morales comenzaron el 21 de octubre, un día después de la celebración de elecciones en el país. Seguidores del ex presidente y bolivianos críticos con su mandato se echaron a la calle entre acusaciones de fraude electoral. La tensión se fue elevando durante tres semanas y el conflicto creciente entre ambos grupos y las fuerzas policiales provoca varios muertos. Durante este largo período de convulsión social en Bolivia no se detecta un crecimiento de usuarios de las redes sociales.

Finalmente, el 10 de noviembre, un informe preliminar de la Organización de Estados Americanos (OEA), organización con sede en Washington, ve indicios de fraude electoral y recomienda una nueva convocatoria de elecciones. Morales acepta la petición, pero el líder de la ultraderecha Luis Fernando Camacho pide su renuncia. Las protestas se tornan en violencia y la violencia en amotinamiento policial. El Ejército se pone del lado de la oposición y exige la dimisión del presidente. Horas más tarde Morales comunica que deja el poder y abandona La Paz. Jeanine Áñez, vicepresidenta segunda del Senado, se autoproclama presidenta.

En los dos días siguientes, 11 y 12 de noviembre, se crean 23.900 cuentas de Twitter que nutren la comunidad de seguidores de Camacho. En apenas unos días pasa de tener 2.000 seguidores a más de 135.000. Es un fenómeno similar al que ocurre como la comunidad de Áñez, que pasa de 8.000 a 168.000, 22.000 de las cuales son dadas de alta entre el día 11 y 12. eldiario.es ha podido comprobar que esta cifra coincide en las bases de datos de hasta cuatro investigadores diferentes, tanto españoles como latinoamericanos, que están estudiando el fenómeno de creación masiva de perfiles de Twitter para influir en la conversación internacional sobre Bolivia.

 

Según los datos publicados por el investigador argentino Rodrigo Quiroga, miembro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (COCINET, dependiente del Ministerio de Ciencia argentino) y docente universitario, 52.412 de los perfiles que siguen a Camacho se crearon en los últimos 15 días. En el caso de la autoproclamada Áñez sus seguidores novatos ascienden a unos 42.000. Quiroga es uno de los científicos que ha compartido su base de datos en bruto con eldiario.es, que ha podido contrastar sus resultados.

El investigador repitió el análisis con Adriana Salvatierra, expresidenta del Senado y referente del MAS (Movimiento al Socialismo, el partido de Morales). El resultado fue que casi 14.000 de sus 52.000 seguidores habían creado su cuenta en las últimas dos semanas. Sin embargo, al cruzar su base de seguidores con los de Camacho y Áñez, Quiroga encontró que unos 9.000 de sus seguidores con un perfil novato eran cuentas que también formaban parte de la comunidad de los líderes golpistas. Para completar el análisis, observó la actividad de esos nuevos seguidores de los tres líderes bolivianos. En su discurso predomina abrumadoramente el apoyo al golpe.

En un período de convulsión política no es extraño que haya una crecimiento de usuarios de las redes sociales, que extienden su activismo al terreno digital. No obstante, en Bolivia se ha dado solo en un sentido. "No encontré casi ninguna cuenta nueva creada en noviembre que apoye a Evo y/o al MAS", ha explicado Quiroga en su cuenta de Twitter. Entra en detalles en conversación con eldiario.es: "Aunque no podamos determinar con certeza si son usuarios reales o falsos, lo que sí sabemos es que hubo una enorme cantidad de usuarios nuevos y que están organizados para tuitear constantemente a favor del gobierno de Áñez y en contra de Evo", constata.

Pese a que muchas de las nuevas cuentas pueden ser reales, del ejército de críticos de Morales llama la atención que se hayan organizado para defender el golpe en el exterior. No aparecieron para forzar la salida del ex mandatario del país, sino para defender que quienes han ocupado el poder en Bolivia no han cometido un golpe de Estado.

Estrategia: amplificación de los mensajes de bolivianos emigrados y desinformación 

Twitter se ha negado a proporcionar la cifra de usuarios que tiene en Bolivia a requerimiento de este medio. Pese a ello, un ejército de cuentas nuevas aparecido de la nada llama la atención. Más en un país como Bolivia, de 17 millones de habitantes y donde el uso de esta red social no está extendido. Este lunes, el medio estadounidense especializado en tecnología The Verge se hacía eco de que algo raro estaba pasando e informaba de que había detectado una red de 4.320 perfiles falsos "difundiendo confusión" sobre la situación en el país tanto en inglés como en español: "Queridos amigos, no ha habido golpe en Bolivia", fue el mensaje detectado.

El medio de EEUU no ofrecía detalles técnicos sobre las características de esos más de 4.300 bots que había localizado. Sí lo hizo, un día antes, Julián Macías, responsable de redes de Podemos. En un análisis publicado en Twitter el pasado domingo, Macías empleó herramientas profesionales de análisis de comunidades digitales para evidenciar que tanto Áñez como Camacho habían visto cómo sus seguidores pasaban a ser decenas de miles, y luego cientos de miles, nutriéndose de cuentas recién creadas. 

Su último análisis, cuya base de datos también ha compartido con esta redacción, concluye que en la conversación sobre el golpe de Estado en Bolivia han participado más de 92.000 perfiles creados en noviembre.

eldiario.es está analizando estas nuevas cuentas, su actividad y sus conexiones con ayuda de investigadores independientes. En este momento no está en disposición de afirmar con rotundidad si un porcentaje de ellas son falsas, pero sí que su nacimiento coincide en el tiempo con una operación que encaja punto por punto en los parámetros de la estrategia de propaganda política conocida como astroturfing. Este término, un juego de palabras en inglés con la marca de un fabricante de césped artificial, enuncia una táctica que consiste en hacer pasar por un movimiento social surgido desde abajo lo que en realidad es una campaña propagandística de un actor concreto. 

Además de engordar la comunidad de Áñez y Camacho, el ejército de novatos creado en dos semanas han impulsado hasta 14 hashtags (etiquetas sobre las que pivotan las conversaciones en Twitter) críticos con Evo Morales y que niegan la existencia de un golpe de Estado, un lavado de cara dirigido al exterior de Bolivia, no a sus propios ciudadanos. Su estrategia es aumentar artificialmente el impacto de usuarios que, a pesar de contar con comunidades muy pequeñas y encontrase fuera de Bolivia, han visto como sus mensajes son compartidos miles e incluso decenas de miles de veces.

eldiario.es ha podido comprobar que se ha dado este caso en varios de los 14 hashtags críticos con Morales que se han reproducido en las últimas semanas. En el caso de #NoFueGolpeFueFraude por ejemplo, la publicación más compartida es la de Carito Eyzaguirre, que según su cuenta de Instagram es una boliviana residente en Cascais (Francia). En Twitter creó su cuenta este mes de noviembre y a pesar de que el 11 de noviembre acumulaba menos de una veintena de seguidores, vio como un tuit escrito ese día se compartía 1.800 veces.

 

El caso más llamativo es el que se ha dado en #EvoEsFraude, cuyo comentario más compartido corre a cargo del estudiante boliviano radicado en Barcelona Eduardo Baeza, que va camino de los 13.500 retuits. Desde la ciudad condal, Baeza acusó a Morales de ser "jefe de un cartel de narcotráfico" relacionado con el cartel de Sinaloa, denuncia que fundamenta en el trabajo del periodista David Beriain, autor del documental Clandestino (Discovery). "Es falso, en el documental no se afirma eso", aclara Beriain en conversación con eldiario.es.   

"He repasado todos los guiones por si acaso había algún punto al que podían agarrarse para sustentar una acusación así –detalla el periodista un par de horas después de ser contactado por esta redacción– pero no se cita ni una sola vez a Evo Morales ni a Bolivia, ni siquiera en la voz en off". "Con esto no quiero decir ni una cosa ni la contraria sobre Morales, solo que es falso que el documental afirme eso", continúa Beriain, cansado de que "unos y otros" empleen su trabajo sobre el narcotráfico "como arma arrojadiza" de propaganda política.

Este medio ha intentado ponerse en contacto por diferentes vías con Baeza, que no ha contestado a los requerimientos.

Desinformación proveniente de Venezuela 

Las acusaciones de narcotráfico contra Morales se han distrubuido en casi todas las conversaciones en las que ha actuado el ejército de nuevas cuentas que amplía el mensaje de los líderes opositores. Se apoya tanto en desinformación, como la que intenta utilizar el prestigio de David Beriain, como en bulos fabricados para atacar al líder indígena. Uno de estos últimos se distribuyó con especial intensidad en los primeros días tras el golpe, mostrando a Morales rodeado de narcos como Pablo Escobar o Chapo Guzmán. Se trata de un montaje proveniente de Venezuela.

 

El rastreo de la imagen señala la cuenta de un usuario de ese país como foco de la desinformación. No obstante, según el análisis que ha facilitado a eldiario.es la investigadora Mariluz Congosto, investigadora de la Universidad Carlos III, el principal amplificador del bulo fue el diputado opositor venezolano Henrique Salas, que la tomó poco después y masificó su impacto, logrando que se extendiera por varios países.

El resultado elaborado por la investigadora refrenda además el nulo peso de los usuarios bolivianos en la conversación y la importancia del discurso en el exterior en la narrativa general de los hechos que se suceden desde principios de noviembre en Bolivia.

Los ojos de Primitivo Quisbert se inyectan de sangre y se llenan de lágrimas al ver la cara hinchada y sin vida de su hijo. Trata de entender por qué un enfrentamiento político que siente lejano ha condenado al joven a una muerte temprana. "Es tan doloroso, señor. Tan, tan doloroso" dice el carpintero, de 61 años, entre sollozos. "Solo mire lo que le han hecho a mi niño".

Ante él, sobre el banco de madera de una iglesia, yace también el cuerpo de otro de los al menos ocho bolivianos asesinados el martes en El Alto después de que la crisis política que azota Bolivia pasara a cobrarse víctimas mortales. Es el cadáver de Pedro Quisbert Mamani, trabajador en una fábrica de 37 años y padre de dos hijos.

Alrededor de él asoman bajo sábanas y banderas los pies de otros cinco cuerpos que pueden identificarse porque alguien ha escrito sus nombres en folios y los ha dejado sobre los cadáveres. "Joel Colque Patty, 22". "Devi Posto Cusi, 34". "Antonio Ronald Quispe Ticona, 23". "Clemente Eloy Mamani Santander, 23". "Juan Jose Tenorio Mamani, 23".

Alguien había puesto tres vasos de usar y tirar sobre las baldosas para recoger las gotas de sangre que manaban sin parar de una herida de bala abierta en la parte trasera de la cabeza del joven.

"Fue un tiro en la nuca, mira cómo sale la sangre", le dice su padre a uno de los forenses, vestidos con traje y máscara blancos, que se disponen a practicar autopsias a los cuerpos justo frente al altar de la iglesia. "Crié a mi hijo con todo el amor y ahora me toca enterrarlo ¿Sabe lo que supone esto para mí?". "¿Criar, educar… y luego enterrar?"

Evo Morales, exiliado en México, se ha referido a lo sucedido en El Alto como una "masacre". "En Bolivia están matando a mis hermanos y hermanas", dijo Morales el miércoles durante una conferencia de prensa en México. "Este es el tipo de cosas que hacían las dictaduras militares tradicionales".

El Gobierno provisional de derechas que ha asumido el poder después del derrocamiento de Morales el pasado 10 de noviembre rechaza las acusaciones contra el ejército por los asesinatos del martes. Pero los muertos estaban participando en un enfrentamiento entre militares y partidarios de Morales frente a un depósito de combustible que los manifestantes bloqueaban.

El Ministro de Defensa, Fernando López, dijo a la prensa que sus fuerzas "no han disparado una sola bala" y acusó a los manifestantes de ser "terroristas" a las órdenes de Evo Morales. En El Alto, una ciudad ubicada junto a la capital, La Paz, y considerada feudo de Evo Morales, la población no alberga dudas respecto a la culpabilidad del Gobierno en lo que consideran una masacre de trabajadores inocentes.

"No podemos permitir que nos sacrifiquen así" grita Joana Quispe, de 40 años, una de las miles de manifestantes indígenas que tapona las calles, repletas, alrededor de la iglesia de San Francisco de Asís para protestar por los asesinatos.

Frente al edificio –una modesta construcción de ladrillo–, el ambiente es tenso, de furia y resistencia; de ataques constantes contra la presidenta interina Jeanine Áñez y la coalición derechista en la que se apoya. "Nuestro Gobierno es racista" gritaba enfurecido Benito Mamani, de 56 años. "Están pisoteando la democracia. Esta señora presidenta tiene que irse".

La zona parece un escenario de guerra debido a las patrullas de las fuerzas de seguridad, fuertemente armadas y las barricadas improvisadas con bloques de cemento, señales, neumáticos ardiendo y restos de coches desguazados que han logrado levantar los habitantes de esta comunidad en las montañas.

Y dentro de la iglesia, la misma ira. "El mundo debe conocer la verdad", pide Aurelio Miranda, de 54 años. "Lo que ha pasado fue una masacre… usaron armas de guerra. No pensaron en las consecuencias. Por eso hay tantos muertos". "Siento mucho dolor como boliviano por ver que otros bolivianos están sacrificando a sus hermanos", añade.

Primitivo Quisbert está aún demasiado afectado por su pérdida como para hacer acusaciones. Mientras a su alrededor todo son gritos de "¡Justicia!, ¡Justicia!, ¡Justicia!", él habla de cómo su familia se estaba preparando para un nacimiento y no para un funeral.

La mujer de su hijo muerto está embarazada de ocho meses. Ese hijo ya nunca conocerá a su padre. "No militamos en ningún partido. No nos interesa esto. Somos personas humildes, trabajadoras, ¿Cómo pueden matarte como si fueras un perro?" se preguntaa Quisbert.

En la pared, justo sobre el padre de luto, al lado de la morgue improvisada en el altar, escrita con elegantes letras metálicas se lee la oración por la paz de San Francisco de Asís:

'Señor, haz de mi un instrumento de tu paz.
Que allá donde hay odio, yo ponga el amor.
Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón.
Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión.
Que allá donde hay error, yo ponga la verdad.
Que allá donde hay duda, yo ponga la Fe.
Que allá donde desesperación, yo ponga la esperanza.
Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz.
Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría'.

"Aquí llevo toda la noche. Junto a mi hijo. No puedo dejar que se vaya", lamenta Quisbert.

Cindy Jimenez Becerra en El Alto y Jo Tuckman en Ciudad de México contribuyeron a este reportaje.

Traducido por Alberto Arce

"Es víctima del aparato del PSOE" y "víctima de una sistemática del PSOE para mantenerse en Andalucía". Así ha presentado este jueves el presidente de la Xunta y del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo al expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, que acaba de ser condenado a seis años de cárcel por el caso de los ERE. Feijóo, licenciado en Derecho, suele pedir respeto por la Justicia ante todo tipo de decisiones judiciales y asegurar que los políticos no están por encima de la ley, pero en esta ocasión considera que el condenado Griñán es "víctima" y no culpable porque a él así se lo "parece".

En la rueda de prensa semanal posterior al Consello de la Xunta de este jueves la televisión pública gallega preguntó a Feijóo por su valoración de la sentencia de los ERE conocida esta semana y por las negociaciones entre PSOE y Podemos para la formación del Gobierno central. La respuesta del presidente de la Xunta fue la de considerar lo ocurrido en Andalucía "el mayor caso de corrupción" de la historia de la democracia en España. Pero sin que nadie le preguntase en concreto por la figura de Griñán, el propio Feijóo lo exculpó: "Yo lo siento por Griñán porque me parece que es una persona que no se caracteriza por ser una persona corrupta", dijo, para añadir más tarde una nueva opinión al respeto. "Me parece que paga él una forma de hacer política de su partido".

Más allá de sus pareceres sobre Griñán, Feijóo no quiso comparar el caso de los ERE con la Gürtel que condenó la financiación ilegal del PP. "No voy a utilizar el ‘tú más’", dijo, tras asegurar que el caso andaluz "afecta a todo el aparato y toda la estructura del PSOE".

Sin embargo, a pesar de considerar que el caso de los ERE afecta a todo el PSOE, Feijóo viene defendiendo que el PP podría apoyar una gran coalición con los socialistas si el presidente en funciones Pedro Sánchez se aparta. En esa línea insistió este mismo jueves poniendo al tiempo el foco del caso ERE sobre el Gobierno de Pedro Sánchez, al que pidió explicaciones. Según dijo, la sentencia andaluza permite "reflexionar sobre la doble vara de medir" de las condenas por corrupción y el "carrusel de hipocresías e incoherencias del PSOE y Podemos".

créditos

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